Luego de ocho días de mantener tomados los centros de maestros ubicados en la unidad habitacional El Coloso y en el Centro, los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación en Guerrero (CETEG) los abrieron, al iniciar una mesa de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
En declaraciones telefónicas, el responsable de la comisión política de la CETEG en Acapulco, Walter Añorve Rodríguez, quien encabezó esas tomas de instalaciones, informó que los trabajadores decidieron abrir las oficinas, como una “tregua” ante una mesa de trabajo que se les ofreció. Indicó que las labores se reanudaron este miércoles en ambos lugares, pero precisó que “no se han llegado a acuerdos”.
Dijo que se podría ser un acuerdo en torno a realizar una tregua, para que en semana y media “nos den respuesta, ante la demanda del fin de comisión de quien ejerce la coordinación general del centro de maestros ubicado en El Coloso. De no ser así, nos reservamos el derecho a movilizarnos”.
Como informó El Sur, integrantes de la CETEG cerraron con cadenas y candados las oficinas del centro de maestros de esos lugares, para exigir la destitución del coordinador general de la sede en El Coloso, Oliver Texta Mongoy, a quien señalan de acoso laboral y que les pide dinero a los trabajadores cada quincena.
Mientras que sobre la toma de la escuela Prutarco Elías Calles, ubicada en el Centro y que tienen cerrada también agremiados a la CETEG, para exigir la salida de la directora Rosalía Chávez Alonso, a quien acusar de colocar cámaras de vigilancia sin autorización y hostigar a los maestros, el dirigente cetegista dijo que el martes hubo un acercamiento con autoridades, pero no hay acuedos y decidieron que permanecerá cerrada, “vamos a esperar una siguente fecha de una mesa de trabajo”.
Los maestros y padres cerraron la escuela el martes, para exigir la salida de la directora, así como del supervisor de la zona escolar 58, Rubén Santoyo Guillén, porque aseguran que la proteje, a pesar de todas las quejas que han presentado por su actuar.
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército
De acuerdo con documentos confidenciales obtenidos por el grupo Guacamaya, la Sedena mantiene desplegados “pelotones de información”, que vigilan movimientos sociales y políticos, y a defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos. Militares reportaron actividades de Abel Barrera, Vidulfo Rosales, Melitón Ortega… El propósito es trasmitir al alto mando “información relevante” para darla al “mando supremo” en las “reuniones diarias de Palacio Nacional”
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
En Guerrero no se van a permitir más ni persecución política ni represión, promete Evelyn
Va la gobernadora a la Codehum y entrega vehículos y computadoras
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.
Maestros y padres de familia de la primaria Plutarco Elías Calles, ubicada en el barrio de El Comino, durante la toma de las instalaciones del plantel, para protestar en contra de la directora por la instalación de cámaras en la escuela Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y padres de familia de la primaria Plutarco Elías Calles, tomaron el plantel, ubicado en la colonia Centro, para exigir la salida de la directora, Roselia Chávez Alonso, a quien acusan de instalar cámaras de vigilancia y hostigar a los profesores.
Desde las 8 de la mañana, los manifestantes cerraron la escuela, colocaron cadenas y candados, para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) atención a sus demandas y con este paro quedaron sin clases alrededor de cien alumnos.
Manifestaron que ellos, como docentes, no proponen a nadie para la dirección, que sea la SEG quien decida a quién mandar, pero sí que sea una persona que respete a los maestros y padres de familia.
El profesor de segundo año, Marcos Ricardo Castrejón Méndez, acusó a la directora de colocar “cámaras de vídeo en la dirección, desconocemos en qué otros lugares, por lo que nos sentimos intimidados como trabajadores. Ha expuesto (la directora) de manera verbal a algunos niños que hay cámaras en los baños, por lo que por mucho se atenta contra la privacidad de los infantes”.
Indicó que a los docentes los ha atropellado, hostigado y amedrentado, que la directora se siente intocable al ser protegida del supervisor de la zona escolar 58, Rubén Santoyo Guillén, de quien también exigen su salida y mientras eso no se dé, no abrirán la escuela, por lo que exigen la pronta atención de las autoridades educativas al problema que hay en la escuela.
Señaló que como profesores están de acuerdo en que los padres de familia tengan el control de la escuela y no son los docentes los que quieran que los niños no tengan clases, pero se ha tenido que llegar a esta situación, porque no hay atención de las autoridades y ya desde hace varios meses han denunciado la situación de hostigamiento de la directora e, incluso, una de las maestras de jubiló de manera prematura, porque ya no soportó la forma en que la trataba Chávez Alonso.
Indicó el profesor que quieren fuera de la escuela a la directora Roselía Chávez por su despotismo, por falta de “humanidad hacia los alumnos, padres y maestros, porque es una persona que sólo ejerce autoridad para intimidar y hacer mal uso de los recursos que los mismos padres entregan a ella”.
Señaló que el viernes tuvieron un Consejo Técnico extraordinario y se dieron cuenta de que los estaban grabando sin autorización, pero además, la cámara de vigilancia fue puesta sin que se autorizara en la escuela.
Mientras, la madre de familia Deniss Torres Villanueva dijo que están en desacuerdo con el actuar de la directora, pues desde hace meses han estado denunciando que el baño son usados por alumnos de ambos sexos, así como por las maestras, con lo que se están violentando los derechos de sus hijos porque existe otro baño, pero según la directora, no se puede habilitar por instrucciones de IGIFE, cuando no es cierto, porque apenas hicieron una visita y el ingeniero responsable dijo que no presenta daño estructural.
La Secretaría de Educación Guerrero (SEG), que encabeza Marcial Rodríguez , entregó a miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), 918 recategorizaciones de plazas de claves bajas.
Marcial Rodríguez informó que junto con servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública, tuvieron una reunión de trabajo con representantes de la CETEG, que encabeza Héctor Torres Solano.
Dijo que lograron un “gran avance” en las recategorizaciones, que son nombramientos, de 918 plazas de claves bajas, lo cual beneficiará a docentes que ganaban poco salario.
Rodríguez Saldaña manifestó que este apoyo se debe a las gestiones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya.
En la reunión estuvieron Carlos Ramírez Sámano, director general de Relaciones Institucionales; Adela Piña Bernal, titular de la Usicamm, y Miguel Guerrero, director jurídico; así como Enrique Estrada, de la jefatura de la oficina de la SEP. También acudieron subsecretarios de la SEG, de Administración y Finanzas. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) bloquean la avenida Ignacio Ramírez, en Chilpancingo, para exigir el pago de salarios, rehabilitación de plazas comunitarias y la aplicación de exámenes Foto: Lenin Ocampo Torres
Karina Contreras
El dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) de la región Acapulco, Walter Añorve Rodríguez, informó que continúan cerrados los dos centros de maestros, porque la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha abierto la mesa de trabajo para tratar varias de sus demandas.
Señaló que en lugar de abrir el diálogo, los funcionarios lo que han hecho es amenazar a los trabajadores con presentarles denuncias penales por cerrar las oficinas, con lo que sólo agravarán el conflicto, por lo que pide la intervención del secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña.
Como informó El Sur, el 6 y 7 de marzo cerraron las instalaciones de los centros de maestros ubicado en la unidad habitacional El Coloso y el de la calle Hornitos de la colonia centro, respectivamente, para demandar una mesa de trabajo con el titular de la SEG, Marcial Rodríguez, y la principal demanda es la destitución del coordinador general, Oliver Texta Mongoy, a quien acusan de hostigar y exigir dinero a los trabajadores cada quincena.
Los cetegistas colocaron cadenas con candados en las oficinas, así como las sellaron con el logotipo de la organización, para que no puedan abrir las cerraduras y habrían advertido que la toma de ambos centros es indefinida.
En declaraciones telefónicas, Walter Añorve dijo que las instalaciones siguen tomadas por la CETEG, porque no hay avances en la atención que piden, pero la mañana de este jueves los trabajadores le comentaron que los están amenazando con “que les van a fincar responsabilidades ante el Ministerio Público”.
El dirigente cetegista informó que habló con el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña, donde “supuestamente mañana (hoy) vamos a ver si hay posibilidades de que nos sentemos, por lo que vamos a esperar que así sea”.
Insistió en que hay amenazas contra los trabajadores sin “solucionar el problema” y las advertencias son por cerrar los centros de trabajo, pero no prevén que el conflicto se agrave y como organización van aguantar.
Integrantes de la CETEG de la fracción que encabeza Antonia Morales Vélez, durante el bloqueo que realizaron en la avenida Lázaro Cárdenas, cerca del monumento Las Banderas en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Dos facciones disidentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) bloquearon por separado avenidas en la capital, para exigir mejoras laborales.
Los integrantes de la Dirección Colectiva de la CETEG, que representa Antonia Morales Vélez, bloquearon las avenidas Lázaro Cárdenas y Juan Ruiz de Alarcón minutos después de las 11 de la mañana, en ambos sentidos, en el monumento Las Banderas.
En la protesta participaron unos 70 manifestantes, quienes indicaron que piden a la Secretaría Educación Guerrero (SEG) el pago de horas, basificaciones y recategorizaciones para maestros de las distintas regiones del estado.
En el bloqueo, un integrante de esa fracción, Miguel Ramírez Marino, informó que piden la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y del titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, para solucionar sus demandas.
En total, explicó que son 50 casos de horas adeudos en el nivel secundaria, porque los maestros cubren vacantes en escuelas de las regiones Centro, Acapulco y Norte, sin que se les paguen su salario.
Destacó que “los problema educativos no han cesado desde que Marcial Rodríguez Saldaña asumió la titularidad de la SEG y a pesar de que se les atiende en mesas de trabajo, no hay respuesta a nuestras peticiones”.
Protestan en el ISSSTE y bloquean avenidas
En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, otro grupo de la Coordinadora Sectorial de la Región Centro de la CETEG, que encabeza Reyna Bello de Jesús, se manifestó en la clínica hospital del ISSSTE en Chilpancingo, para denunciar falta de atención médica.
Unos 80 manifestantes salieron en marcha del sitio donde estaban las oficinas centrales, hasta llegar a la glorieta de la avenida Ruffo Figueroa, frente al hospital, donde colgaron una lona en la fachada del lugar, para exigir mejor atención.
En la protesta, Reyna Bello de Jesús recordó que el 8 de marzo es un día en el que varias mujeres murieron por exigir mejores condiciones laborales y sociales, “gracias a esas compañeras se lograron varios derechos”.
Dijo que los derechos ya adquiridos, el sistema se ha encargado de quitárselos, “estamos aquí ante una clínica, en la que el gobierno no le dinteresa la salud de los guerrerenses”. Manifestó que también el hospital general Raymundo Abarca Alarcón tiene infraestructuras colapsadas, sin personal ni medicinas.
“Todo el saqueo que hicieron los gobiernos del PRI y que Morena prometió reivindicar y redireccionar los recursos, estamos viendo que fue lo contrario”, destacó la cetegista.
Consideró que es necesario que la gobernadora Evelyn Salgado acuda a consulta a una clínica del ISSSTE, para que se dé cuenta de las deficiencias que tienen las clínicas y la atención que reciben los pacientes, en su mayoría mujeres, que padecen sufrimiento y angustia por no contar con atención médica.
Después de realizar un mitin, la marcha continuó al cruce de las avenidas Ruffo Figueroa y Lázaro Cárdenas, frente al museo interactivo La Avispa.
En las dos protestas acudieron autoridades de Gobernación estatal, para dialogar con los inconformes. Los de Reyna Bello se retiraron a las 2:30 de la tarde y los de Morales Vélez dos horas y media después.
Maestros integrantes de la CETEG en el cierre con sellos y candados del centro de maestros, ubicado en la ex zona militar, en calle Hornitos en el centro de Acapulco Foto: Jesús Trigo
Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) cerraron con sellos y candados el Centro de Maestros, ubicado en la calle Hornitos, para demandar una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), que encabeza Marcial Rodríguez Saldaña.
El dirigente de la CETEG en Acapulco, Walter Añorve Rodríguez dijo que esa acción se suma a la que hicieron este lunes en el centro de maestros de El Coloso, pues exigen la destitución del coordinador general de éste, Oliver Texta Mongoy, por acoso laboral.
Añorve Rodríguez dijo que esa toma era para hacer un llamado al subsecretario de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña, para sentarse en una mesa de trabajo y ver todas las anomalías que hay en los centros de maestros.
El dirigente cetegista reiteró que ya pasaron varios meses con la situación del Centro de Maestros de El Coloso, donde en mesas de trabajo se han expuesto las diversas anomalías que se tiene en esas oficinas, donde tambien tiene conocimiento el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, y que, sin duda, los demás centros no son la excepción.
“Estamos esperando ser atendidos por el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña, porque hay muchas anomalías, como el que Oliver Texta cada quincena les pide dinero, lo que no es apropiado”. (Karina Contreras).
Miembros de la CETEG ingresan a las instalaciones para colocar cadenas y candados, con lo que declaran iniciada la toma de las oficinas Foto: El Sur
Karina Contreras
Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) cerraron las instalaciones del Centro de Maestros, ubicado en la unidad habitacional El Coloso, para exigir la destitución del coordinador general, Oliver Texta Mongoy, a quien acusan de acoso laboral y crear división en las oficinas.
Los cetegistas llegaron alrededor de la 1 de la tarde, encabezados por el dirigente de la CETEG en Acapulco, Walter Añorve Rodríguez, e ingresaron a las instalaciones, ubicadas en la etapa 10, por la Secundaria 100, para colocar cadenas y candados, con lo cual declararon la toma de las mismas de manera indefinida, para exigir respuesta a sus demandas a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
El dirigente cetegista, Walter Añorve, demandó al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, una mesa de trabajo con una postura clara sobre la destitución del funcionario Oliver Texta y explicó que éste ha puesto trabas para la reincorporación de un trabajador, al que se había alejado del Centro de Maestros por recibir amenaza de muerte de un mismo compañero, aplicando los protocolos de seguridad, y ahora no lo deja regresar.
Recordó que ese tema se trató, hace más de seis meses, con el secretario de Educación en una mesa de trabajo, así como con el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña, y el jefe del Departamento de Formación Continúa, Mateo Rodríguez Jiménez, donde se solicitaron las medidas preventivas, pero ahora que solicitaron su reincorporación, de manera amañada y tramposa tanto Rodríguez Jiménez como Oliver Texta, “manipulan a una parte del personal, anteponiendo un acta donde ya no se le permitía la entrada a Ricardo Leyva”.
Acusó que los funcionarios utilizan un argumento absurdo para no dejarlo ingresar al trabajo, diciendo que “haría espionaje”.
Walter Añorve señaló que han visto una serie de anomalías en el Centro de Maestros, donde dijo que los trabajadores le manifestaron que Oliver Texta les pide dinero cada quincena, cuando es una institución pública que tiene un presupuesto; además, quita a los funcionarios cuando no están acorde con sus intereses.
Subrayó: “Lo que estamos pidiendo es la remoción del coordinador regional del Centro de Maestros, Oliver Texta, por todo lo que hemos estado observando”.
Mientras, el trabajador afectado, que es Asesor Técnico Pedagógico (ATP), Ricardo Leyva Jiménez, dijo que en su momento se siguieron los protocolos de seguridad y ahora, por una manipulación de quien se “supone debe ser el responsable de generar un ambiente de trabajo adecuado y solucionar adecuadamente los problemas, resulto ser un generador de problemas”.
Señaló que el coordinador general Oliver Texta lo que ha hecho es hostigamiento laboral, por el “simple hecho de no comulgar con sus ideas, como si fueran las únicas y las mejores. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, sin embargo, esta persona en los hechos no ha demostrado estar dispuesto al diálogo”.
Señaló que Texta Mongoy ha abusado del cargo para acosar a los trabajadores, “la situación ya debe solucionarse, ya que él llegó gracias a una lucha, donde se hizo un proyecto de trabajo y se hizo un compromiso institucional, de que al primer problema se iba y él aceptó”.
Dijo que Oliver Texta fue nombrado coordinador en febrero de 2020, días antes del inicio de la pandemia, y por eso ha tardado al estar trabajando de manera virtual, porque “ya en la interacción con nosotros, ya se notó que no tenía las características adecuadas para tener esa responsabilidad”.
La trabajadora y ex coordinadora académica, Socorro Rendón Hernández, quien tiene laborando 16 años en estas oficinas, acusó a Oliver Texta de estar dividiendo a los trabajadores, pues ellos no tienen ningun inconveniente en que se reincorpore su compañero.
Acusó al coordinador de no dar equidad en lo laboral y no hay justicia, por lo que “está crítica la situación y cada día estamos peor, y por eso no hay de otra más que la destitución, porque es la única solución”.
Docentes de la secundaria técnica 2 Juan Ruiz de Alarcón, en Teloloapan, toman más de 6 horas la delegación regional de la SEG en Iguala, debido al incumplimiento de la dependencia de los acuerdos firmados en enero y agosto pasados Foto: El Sur
Alejandro Guerrero
Iguala
Profesores de la secundaria técnica Juan Ruiz de Alarcón, en Teloloapan, tomaron la delegación de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) con sede en Iguala, por el incumplimiento de la dependencia en el pago de 248 de horas frente a grupo, debidas a jubilaciones y defunciones.
El representante sindical de la institución y miembro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Víctor Hugo Ocampo Rodríguez, denunció que el 30 de agosto pasado firmaron una minuta de acuerdos con la SEG y representantes del gobierno estatal, en la que se ofreció dar atención a sus demandas, pero sólo se cumplió con lo relacionado al mantenimiento y rehabilitación de la secundaria técnica 2, que cumplió 65 años.
En declaraciones por teléfono, dijo que la protesta es para buscar retomar el diálogo con la SEG y que se le dé cumplimiento al pliego de demandas que hicieron desde enero de 2022 y las minutas de acuerdo firmadas. Pero los manifestantes se retiraron de la delegación a las 2:40 de la tarde, sin que hayan sido atendidos por el delegado Salomón Beltrán Barrera.
Las oficinas, ubicadas en la calle Hermenegildo Galeana junto al mercado municipal, fueron tomadas poco antes de las 7 de la mañana, y con esta acción se suspendieron también las clases para 800 alumnos, de los dos turnos que tiene la escuela, informó el también coordinador académico de la técnica, Ocampo Rodríguez.
Recordó que desde el inicio del actual ciclo escolar, en el que se empezaron a normalizar las clases presenciales, luego de la ausencia en las aulas que provocó la pandemia por Covid-19, han demandado a la SEG que se repongan 248 horas frente a grupo, que fueron dejadas por profesores que se jubilaron y otros dos de tiempo completo que murieron debido a coronavirus; además del crecimiento de la matrícula escolar en el turno vespertino, que incrementó de tres a ocho grupos.
Explicó que exigen que la SEG pague esos adeudos a los docentes, quienes han cubierto en los últimos años esos grupos y los horarios que se quedaron sin profesor titular, y que a su vez, las horas vacantes se asignen a los docentes que las han trabajado sin recibir un pago, para evitar que los alumnos se queden sin clases.
Denunció que en la SEG falta disponibilidad, debido a que las autoridades “atienden (las problemáticas) pero no las resuelven, y queremos seriedad en los tratos que hace la secretaría. Hoy decidimos retomar la protesta, esperando entablar una vía de diálogo”.
Declaró que en enero del año pasado firmaron una primera minuta de acuerdos y una segunda el pasado 30 de agosto, luego de que bloquearon la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, en Teloloapan, de la que el único punto que se cumplió fue el mantenimiento y rehabilitación de algunas áreas de la escuela, en la que se invirtió 1 millón 750 mil pesos, por parte del Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE).
Por la tarde, el profesor Víctor Hugo Ocampo informó que habían liberado las instalaciones sin ningún acuerdo, ni atención de las autoridades, por lo que solicitarán el apoyo de los padres de familia en próximas acciones de protesta que realicen.
