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Se plantan vecinos de Palantla, Chilapa, en Palacio de Gobierno para que la CRAC libere a detenidos

Habitantes de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, e integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) se plantaron cinco horas en Palacio de Gobierno para exigir al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que intervenga para que policías comunitarios de Rincón de Chautla, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), liberen a cinco campesinos detenidos “de manera irregular”, entre ellos el comisario Alfonso Orjil Castro, y otorgue seguridad a las comunidades.
A las 11:30 de la mañana, 50 vecinos de San Jerónimo Palantla y del FDP llegaron a Palacio de Gobierno, donde colocaron una lona para cubrirse del sol y una manta en la que se leía, “La comunidad de San Jerónimo municipio de Chilapa, exige la liberación de nuestros compañeros que se encuentran secuestrados, que se detengan las amenazas a todos nuestros compañeros, exigimos justicia y paz en nuestro pueblo”.
El integrante del FDP, Efraín Torres Fierro solicitó una audiencia con el gobernador para hablar sobre la seguridad en las comunidad de San Jerónimo Palantla y la liberación de sus cinco compañeros detenidos en la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, porque los policías comunitarios los acusan del asesinato de cuatro vecinos de la comunidad de Atzacolaya.
El 24 de noviembre, cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas Isaac Xochitempa Chautla de 43 años, quien era consejero de seguridad de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, y tres más resultaron heridas en un ataque a balazos contra una Urvan del transporte público en las inmediaciones de la comunidad de Atzacoaloya.
Por su parte, un vecino de San Jerónimo Palantla, Florencio Salgado Tlatempa relató que después de los asesinatos de los cuatro vecinos en Atzacoaloya, los policías comunitarios de Rincón de Chautla irrumpieron en la comunidad San Jerónimo Palantla y detuvieron al comisario Alfonso Orjil Castro, a Francisco Hernández Tepetate, Apolinar Calvario Tlatempa, Eladio Díaz Calvario y Claudio Diego Cortez.
Otros cinco huyeron y se refugiaron en Chilpancingo por temor a que los policías comunitarios los detengan de manera arbitraria.
Salgado Tlatempa, los pobladores han recibido amenazas de detención e irrupción en sus viviendas, “porque, según dicen, estamos cubriendo a delincuentes, lo cual es mentira; en mi caso, abrieron la puerta de mi casa y me robaron 7 mil pesos”.
Pidió una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, porque los habitantes huyen de sus comunidades ante el temor de que atenten contra de su integridad física, “amenazaron a las compañeras, (les dijeron) que las van a quemar porque participaron en la protesta”.
Dijo que ya interpusieron las demandas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) por estos hechos, pero aún no tienen respuesta.
Consultado por teléfono, el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro informó que fueron atendidos por la Subsecretaría de Asuntos Políticos, con la que acordaron que intervendrán para que hoy los cinco detenidos, entre ellos el comisario de San Jerónimo Palantla, sean liberados.
Dijo que los cinco desplazados que se encuentran en Chilpancingo tendrán seguridad personal para trasladarse a su comunidad.
A las 4: 30 de la tarde los inconformes se retiraron de Palacio de Gobierno.

Se reúnen el gobernador y el fiscal con familiares de desaparecidos en Chilapa; prometen una comisión especial

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores y el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, se reunieron con familiares de desaparecidos de la región, y se comprometieron a formar la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa, que había prometido el gobernador desde octubre.
A siete meses de que familiares de desaparecidos en la ciudad comenzaron a exigir su presentación, el gobernador y el fiscal general se reunieron con ellos en la cabecera municipal.
Un día antes, el vocero de los desaparecidos, José Díaz Navarro anunció que el fiscal estaría en la ciudad para hablar con ellos, sin embargo no tenía confirmada la presencia del gobernador.
Aunque tenían programado el encuentro para las 10 de la mañana, cerca de las 2:20 de la tarde ambos funcionarios llegaron junto con el alcalde Jesús Parra García, y la diputada federal Verónica Muñoz Parra. La reunión tuvo lugar en el salón de fiestas y reuniones Mi Pueblito, donde se mantuvo una reunión a puerta cerrada.
Unos 40 minutos después, se abrió una rueda de prensa en la que Astudillo Flores señaló que en enero acudirá a Chilapa junto con el fiscal, para crear la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa.
Sin embargo, Héctor Astudillo Flores ya se había comprometido el 15 de octubre, cuando vino a la ciudad en calidad de gobernador electo, a crear esta comisión, y entonces aseguró que al tomar protesta regresaría a Chilapa con ese objetivo.
El gobernador dijo también que se creará un grupo especial de investigación sobre el paradero de los desaparecidos del 9 al 14 de mayo, cuando ingresaron a la ciudad civiles armados proveniente de comunidades del sur de Chilapa, que dijeron que venían en busca de delincuentes.
Manifestó que firmará una iniciativa para crear la comisión estatal de atención a víctimas, con funciones similares a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El gobernador dijo que, independientemente de la creación de la comisión especial para atender los casos de desaparecidos en Chilapa, verán que desde la Fiscalía General del Estado (FGE) se cree un grupo institucional que esté permanentemente con los familiares.
Por otro lado, ordenó a Parra García que atendiera las demandas de los familiares, una de ellas la destitución del secretario de Seguridad Pública en el municipio, Juan Suástegui Epifanio.
“Yo le pido aquí al presidente municipal que cambie al secretario de Seguridad Pública, yo no veo porqué tenga que sostenerlo; cámbialo. Se originó un problema aquí, yo diría, presidente, que vea la manera de relevarlo que busque una persona que no genere inconformidad en la propia gente, yo te lo quiero pedir de la mejor manera, el asunto de los hilos negros, tanto el Ejército nacional, como la Marina, como la Policía Federal, están dispuestos a apoyar en los hilos negros”, remarcó Astudillo Flores, e insistió, “sé que el municipio es independiente pero yo creo que ante un señalamiento de que el secretario de seguridad no estuvo a la altura de las circunstancia (…) se tiene que relevar, te lo pido como gobernador”.
Ante la inconformidad de los familiares con el Ministerio Público del fuero común que no atiende adecuadamente a las víctimas, el gobernador instó a Xavier Olea en que lo cambien.
Otra de las quejas que manifestaron los familiares al gobernador es que, pese a la presencia del Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal, la violencia sigue en Chilapa y en Zitlala.
Indicó que este jueves tratará este tema con el grupo de Coordinación Guerrero, para que el Ejército y la Policía Federal, “también hagan algo más de lo que vienen haciendo”.
Una familiar exigió que acuda a la región la Marina, porque pese a la presencia de las tres corporaciones policiacas, continúa la violencia.
Sobre las deudas acumuladas por los familiares que se han dedicado a buscar a sus desaparecidos, que ascienden a 900 mil 400 pesos, el gobernador también ordenó al presidente municipal que atienda ese caso, y dijo que si no podía resolverlo, él lo haría.
El gobernador reprobó quevecinos de comunidades del sur de Chilapa se hagan pasar por policías comunitarios, “vinieron a hacer actos que todavía nos tienen en la situación de dolor, principalmente a las madres”.
Dijo que está pendiente del caso, que no es fácil, y pidió a los familiares que no pierdan la fe de que van a encontrar a sus desaparecidos.
Posteriormente, Díaz Navarro declaró que tienen un registro de 57 desaparecidos, sin embargo recordó que son más, 200 desaparecidos y 200 homicidios, pero que la mayoría de los familiares temen denunciar, se han ido del municipio o desconfían en las autoridades.

El fiscal Xavier Olea se reunirá con familiares de desaparecidos hoy en Chilapa, informan

 

Hoy visitará la ciudad de Chilapa el nuevo fiscal general del estado, Xaviel Olea Peláez, para reunirse con familiares de desaparecidos en la región y tratar los puntos que aquéllos dialogaron con el gobernador Héctor Astudillo Flores cuando visitó la ciudad como gobernador electo.

El 7 de diciembre los familiares de desaparecidos cancelaron una protesta que tenían programada en Chilpancingo para exigir la aparición de sus parientes, tras siete meses de exigir su búsqueda y no tener respuesta.

Cancelaron la protesta porque el gobernador se comunicó con ellos para informarles que esta semana estaría en la ciudad, después de que se designara al nuevo fiscal, para que ambos se reunieran con ellos.
Ayer el vocero de los familiares, José Díaz Navarro señaló que tienen confirmada la asistencia del fiscal para hoy.
También manifestó que todavía no tenían confirmada la asistencia del gobernador, pero esperan que sí llegue a la reunión.
Y comentó que el punto principal es la creación de una comisión especial para la búsqueda y localización de los desaparecidos de Chilapa, y que el gobernador se comprometió a crear esa comisión para conocer detalladamente cómo se llevaron a sus familiares y dónde están.
Entre otros puntos, están la inmediata presentación de sus desaparecidos; un informe detallado de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre investigaciones y detenciones de las desapariciones de mayo; establecer un enlace directo con ellos y atender las necesidades básicas de los familiares.
El 9 de mayo ingresaron a la ciudad de Chilapa civiles armados provenientes de comunidades del sur del municipio y estuvieron cinco días en la cabecera municipal, y durante ese tiempo pobladores denunciaron la desaparición de 30 vecinos.
Posteriormente sólo familiares de 16 desaparecidos decidieron denunciar, 14 lo hicieron ante el Ministerio Público federal y otras dos familias están esperando a que el MP federal acuda nuevamente a Chilapa. Posteriormente a este grupo de familiares se sumaron más familias de desaparecidos de antes y después de mayo, para exigir juntos la búsqueda de sus parientes.

Son de Los Rojos los pistoleros que atacaron una Urvan en Chilapa, informa Cirino Plácido

La banda de narcotraficantes Los Rojos están detrás de las agresiones a la Casa de Justicia Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, que pertenece a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Originarios, denunció el luchador social Cirino Plácido Valerio.
En una llamada telefónica dijo que en las seis detenciones de la Policía Comunitaria hace dos semanas, entre ellos del comisario Jerónimo Palantla por el asesinato de cuatro personas que iban en una Urvan de la ruta San Jerónimo Palantla-Chilapa, el martes 24 de noviembre, los implicados confesaron ser parte de la banda criminal.
En el ataque fue asesinado el consejero de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, Isaac Xochitempa Chautla, y lesionados tres pasajeros, entre ellos una adolescente y una niña de 4 años.
Plácido Valerio añadió que resultado de las investigaciones se confirmó que Los Rojos también son responsables de la emboscada del 8 de febrero contra vecinos de San Jerónimo Palantla, donde fueron asesinados cinco personas, entre ellos una mujer, y hubo 10 heridos.
De los detenidos, se identificó a uno llamado Antonio, que acusó al comisario de San Jerónimo Palantla y a otro de nombre Domingo, de la misma comunidad, como líderes de Los Rojos.
Reveló que la emboscada del 8 de febrero tuvo la intención de justificar la intervención del Ejercito y la Policía Federal para desarticular la Casa de Justicia. Por esa razón, emboscaron ahora al consejero. Agregó que la organización comunitaria continúa las investigaciones.

Cancelan protesta familiares de desaparecidos en Chilapa; el gobernador promete visitarlos

 

Familiares de desaparecidos cancelaron una protesta programada para este lunes en Chilpancingo, porque el gobernador Héctor Astudillo Flores les dijo que la próxima semana acudirá a verlos a Chilapa, después de que se nombre al nuevo fiscal general del Estado.
Ayer los familiares de unos 55 desaparecidos en Chilapa se reunieron para trasladarse al Palacio de Gobierno y protestar porque no han tenido respuesta del gobierno para localizar a sus familiares. Pero el vocero de los familiares, José Díaz Navarro informó que el sábado Astudillo se contactó con él para pedirle que no fueran.
Dijo que se comprometió a ir la siguiente semana, después de que nombren al nuevo fiscal del estado para que se reúnan con las víctimas de desaparecidos en la región, pero no se ha confirmado la fecha.
Mañana se cumplen siete meses de que a la ciudad irrumpieron unos 300 civiles armados provenientes de distintas comunidades del sur de Chilapa, que se llevaron a vecinos del lugar, que siguen desaparecidos.
Durante los cinco días de mayo que estuvieron, pobladores denunciaron la desaparición de unos 30 vecinos, posteriormente solamente familiares de 16 denunciaron formalmente: 14 lo hicieron ante el Ministerio Público (MP) federal, y otras dos familias están en espera de que el MP federal regrese a Chilapa para hacer la denuncia.
Conforme pasaron los meses, otras familias de desaparecidos de antes y después de mayo se acercaron a los familiares de los desaparecidos, y se han unido para exigir a las autoridades la búsqueda.
Al principio se reunían diariamente para estar al pendiente de las noticias que pudieran darles, o por los trámites que esta búsqueda les ha implicado, pero ahora sólo se reúnen cada miércoles.
Pese a que se han reunido con autoridades estatales y federales no han tenido noticias de sus parientes.
La semana pasada denunciaron que además de la incertidumbre que les provoca no saber de sus familiares, esta situación les ha dejado una deuda de unos 900 mil 400 pesos.
Algunos familiares se han quejado de que las autoridades no buscan a sus desaparecidos, o que solamente envían a la región efectivos de la Policía Federal, Ejército y policía estatal, “pero no hacen nada”.

El gobierno no investiga y sólo envía a Chilapa policías, dicen familiares de desaparecidos

 

A casi siete meses de la desaparición de vecinos de Chilapa tras la irrupción de civiles armados a la cabecera municipal entre el 9 y el 14 de mayo pasados, los familiares de los desaparecidos reprocharon que el gobierno envíe policías a Chilapa, pero no investiga.
Como cada miércoles, familiares de 55 desaparecidos de Chilapa, se reunieron en el centro de la ciudad, y en esta ocasión reprocharon que, a pesar de que a la ciudad llegan policías federales, estatales y militares, estos “no investigan” el paradero de sus familiares.
Desde que comenzaron a exigir la presentación de sus desaparecidos, los familiares se han encontrado con funcionarios federales como el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián; y con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Éber Omar Betanzos.
Los tres se comprometieron a coadyuvar en la localización de los desaparecidos, sin embargo, los familiares siguen sin saber el paradero de sus parientes.
El 9 de mayo, civiles armados irrumpieron en la cabecera municipal; entonces dijeron que venían en busca de líderes criminales; permanecieron en la ciudad hasta el 14 de mayo, cuando acordaron su salida con el Ejército.
Entonces, vecinos de Chilapa reportaron la desaparición de 30 familiares durante ese lapso, aunque sólo han denunciado 16 casos.
Después se fueron sumando más casos de desaparecidos de antes de esa fecha y posteriores a ese tiempo.
Los familiares vinculan con un grupo delictivo a los civiles armados, ahora constituidos como Policía Comunitaria por la Paz y Justicia AC, pero en una reunión que tuvieron con el alcalde Jesús Parra García en el auditorio municipal, aseguraron que sí retuvieron a los pobladores pero los entregaron a la Gendarmería.

Paramilitares disfrazados de sicarios asesinaron a los cuatro comunitarios, declara la CRAC

Policías Comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) del barrio de El Fortín en Tixtla señalaron que el asesinato de sus cuatro compañeros el jueves fue cometido por el “paramilitarismo disfrazado de delincuencia organizada”.
Responsabilizaron al secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de lo que pudiera sucederles, porque el viernes el funcionario se refirió al ataque que sufrieron un día antes como “un enfrentamiento entre sicarios”.
El jueves, cuatro policías comunitarios de La Patria Es Primero fueron asesinados en una emboscada  en el barrio de El Fortín en Tixtla.
Un día después, Salazar Adame entró a la cabina de Radio UAG, y en el noticiero matutino encaró al periodista Sergio Ocampo Arista, y se refirió a ese hecho como un “enfrentamiento entre sicarios”.
En respuesta, ayer en conferencia de prensa en el barrio del Fortín, policías comunitarios, con el rostro cubierto y encabezados por una mujer, reprobaron esa declaración y denunciaron que con esa postura, Salazar Adame los pone en una situación de riesgo porque involucra a esa organización con la delincuencia organizada.
La única mujer en el grupo de policías que dio la conferencia, deslindó a la CRAC de El Fortín de tener cualquier vinculo con grupos de la delincuencia organizada, y advirtió que con lo dicho por el funcionario estatal, éste abre la puerta al gobierno del estado para que reprima y detenga a miembros de la Policía Comunitaria, y lo responsabilizaron de cualquier cosa que pudiera sucederles.
Sobre el ataque que sufrieron el jueves, precisaron que fueron seis las camionetas que ingresaron a Tixtla con unos 30 sicarios que perpetraron la agresión y no diez vehículos como se informó en un primer momento.
Además, dijeron que por versión de los vecinos que presenciaron el ataque, saben que los agresores llevaban lanzagranadas y bazucas, además de los rifles de asalto AK-47 conocidos como cuernos de chivo.
Insistieron en que hubo complicidad de las autoridades estatales en el asesinato de sus cuatro compañeros porque antes del atentado, los retenes policiacos que estaban en la carretera que comunica a Tixtla y Chilpancingo se retiraron.
“Cabe resaltar que un día después de los hechos, como pretexto vuelven de nuevo los retenes, pero solamente para resguardar las elecciones que hoy (ayer) se llevaron a cabo, por eso también citamos a esta conferencia de prensa”.
Reiteraron que la lucha de la Policía Comunitaria no será frenada con balas, ni con cárcel, “la convicción de la Policía Comunitaria es más fuerte que la maquinaria del estado”.
“Nuestros compañeros caídos nos dejan un ejemplo de valor y camaradería que será recordado y por supuesto que su muerte no es en vano, seguiremos el camino que ellos nos trazaron de profundo amor a su pueblo y su incansable lucha por la libertad y un cambio verdadero”.

Marchan familiares y amigos de cinco profesionistas y empresarios secuestrados el año pasado en Chilapa

Ayer familiares, conocidos y amigos de los empresarios y profesionistas secuestrados el año pasado en Chilapa, acompañados de organizaciones y parientes de personas desaparecidas marcharon para recordar a sus familiares, colocaron cruces y celebraron una misa en donde hallaron cinco cuerpos desmembrados, decapitados y calcinados.
Familiares de los cinco secuestrados en la zona rural de Chilapa, el 26 de noviembre de 2014, informaron que por investigaciones propias concluyeron que sus cuerpos corresponden al hallazgo del mismo número de personas calcinadas dejadas en la cabecera municipal días después.
Los familiares denunciaron el año pasado que el 26 de noviembre de 2014 en las inmediaciones de la comunidad de El Jagüey, municipio de Chilapa, un comando armado se llevó a los empresarios Hugo y Alejandrino Díaz Navarro, al dueño de una constructora de Olinalá, Vicente Apreza García, y a los arquitectos Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer, de Cuautla, Morelos.
La marcha inició cerca del mediodía, participaron unos 100 vecinos, quienes portaron playeras blancas con los nombres de las cinco víctimas y la leyenda Alto al miedo y al silencio, también portaban lonas con fotos de desaparecidos y asesinados. Durante la marcha los familiares exigieron justicia.
Destacaron las leyendas: “Marcha contra la injusticia e impunidad. ¿Hasta cuándo seguiremos pagando con nuestras vidas la ineptitud del gobierno?” y “¿Las tragedias que nos unen en la tierra que queremos?” en alusión al eslogan que el alcalde priista Jesús Parra García puso a la feria local que inicia este primero de diciembre, “La feria que nos une en la tierra que queremos”.
Los familiares, conocidos y amigos recorrieron el principal circuito de la ciudad hasta la glorieta Eucaria Apreza, después continuaron la marcha en la carretera Chilapa-Acatlán hasta el crucero que conduce a la Universidad Tecnológica, a unos 3 kilómetros de la cabecera.
En este lugar, la noche del 29 de noviembre fueron hallados cinco cuerpos sin vida al interior de una camioneta de carga.
Ayer los familiares colocaron cinco cruces con los nombres de sus familiares y se ofició una misa.
Denunciaron que vecinos que dicen ser los dueños de esta área de tierra les destruyeron las bases donde pretendían colocar las cruces, por lo que después de la misa se las llevaron.

La PGR ya entregó tres cuerpos; dos permanecen en sus instalaciones

Al final de la misa, el profesor José Díaz Navarro dijo que con el tiempo, ante la falta de resultados de las autoridades ministeriales, y por sus propias indagaciones, se fueron convenciendo de que los cuerpos calcinados son los de sus familiares, “nos fuimos convenciendo que eran ellos, esperamos que las autoridades nos dieran los resultados y comenzamos a investigar; atando cabos concluimos que eran ellos”, dijo.
Informó que la Procuraduría General de la República (PGR) entregó a los familiares los cuerpos de Vicente Apreza García, Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer.
Dijo que en el caso de sus hermanos, en marzo la PGR llamó a los familiares para entregar sus cuerpos, pero se negaron a recibirlos porque no estaban completos y no les habían dado los resultados de la investigación.
Después la PGR les entregó “un bonche de hojas”, con las indagaciones que la familia había recabado por su cuenta y entregado a esa dependencia, incluido el rastreo satelital de la camioneta en que viajaban las víctimas el día que fueron raptadas y días posteriores, la camioneta se ubicó en la cabecera de Quechultenango.
Denunció que “con todo eso hicieron un simulacro de búsqueda, un operativo en Quechultenango. (Argumentaron) que era de noche, peligroso, temían a que los fueran a emboscar, eran mucho más que ellos y tenían mejores armas”.
Dijo que los cuerpos de Hugo y Alejandrino Díaz Navarro, aún permanecen en las oficinas de los servicios periciales de la PGR.
Agregó que “no aceptaron los cuerpos porque no los pueden cremar, sino enterrarlos y en caso de encontrar las otras partes, los tendrían que exhumar para determinar que corresponden a ellos”.

En una década van 500 homicidios y desapariciones en Chilapa, dice la organización Siempre Vivos

La asociación civil Siempre Vivos, integrada por familiares de personas desaparecidas en Chilapa, reveló que en una “década de terror” se han registrado alrededor de 500 homicidios y casos de desaparición forzada en este municipio de la Montaña baja.
Asimismo informó que tienen documentados 57 casos recientes, incluidos 14 registrados del 9 al 14 de mayo en la toma de la ciudad por parte de civiles armados, que han sido denunciados ante las autoridades ministeriales del gobierno del estado y federal.
La organización creada por familiares de desaparecidos suscitados del año 2013 a la fecha en este municipio marcharon e hicieron un pronunciamiento para conmemorar el hallazgo de los cuerpos sin vida de cinco profesionistas y empresarios.
En nombre de la organización, José Díaz Navarro quien ha coordinado los casos de las personas desaparecidas en el municipio, recordó que la asociación se conformó hace seis meses y que han sido 57 casos que han sido formalmente denunciados ante el Ministerio Público del fuero común y el federal.
Dijo que existen casos de familias que han callado su tragedia, la han escondido y han huido del municipio para ponerse a salvo o como una manera de poner fin a su martirio.
Exigió al nuevo gobierno estatal y municipal, los dos de extracción priista, que se investigue y se dé con el paradero de las víctimas.
“Seguimos exigiendo que se investigue, en la década que llevamos de terror en Chilapa, consideramos que tenemos más de 500 homicidios y desaparecidos, y no hay una sola investigación, un encarcelado o enjuiciado. Chilapa era la ciudad más tranquila, hoy se ha convertido en una de las más peligrosas a nivel mundial”.
Indicó que los policías estatales y federales que han arribado a esta cabecera municipal a raíz de la incesante violencia le han dicho que sólo vienen como “espantapendejos” porque no tienen la facultad de investigar.
“Estamos a merced de quien quiera llegar a agredirnos, en Guerrero no necesitamos que el gobierno (federal) nos regale televisores, necesitamos que nos regalen cuernos de chivo para defendernos porque vienen y nos masacran”.
Anunció que harán las gestiones para que el lugar donde fueron hallados sus familiares, en las afueras de la ciudad, se construya un monumento a los desaparecidos de este municipio.
En Chilapa, afirmó, hay una crisis de autoridad, donde manda el más fuerte, el más sanguinario y más cruel.
En tanto, la señora María Herrera Magdaleno de Pacajuarán, Michoacán, madre de cuatro hijos desaparecidos en 2008 en Atoyac de Álvarez, de la organización Enlaces Nacionales, pidió a los familiares de las vítimas en Chilapa dar un cauce digno al dolor luchando para que su tragedia no se repita en otras familias.
Para alcanzar el objetivo de la paz y la justicia, dijo, se deben de dar buenos cimientos y principios a los hijos.
Herrera Magdaleno dijo que en la búsqueda de sus familiares, muchos han quedado en el camino o han sido asesinados para infundirles miedo y temor pero que la lucha la seguirán dando hasta donde la fe les alcance.
La ahora activista lamentó que con las marchas y movilizaciones no se pueda lograr nada e invitó a crear una “red de hermandad” con organizaciones de familiares de desaparecidos nacionales e internacionales.
Dijo que la búsqueda por cuenta propia que comenzaron las organizaciones de familiares de personas desaparecidas en Iguala se ha replicado en estados como Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Coahuila y Nuevo León.
“El gobierno no puede buscar a los delincuentes porque son ellos mismos los delincuentes”.
Un hijo de la señora María Herrera, dijo que encontrar a una persona con vida y regresar la alegría a una de las familias es un bálsamo para todas las demás.

Suman 174 asesinatos en Guerrero en el primer mes del gobierno de Héctor Astudillo

Al cumplir un mes de la administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores han ocurrido 174 asesinatos en el estado.
De acuerdo con un recuento del periódico El Sur, los municipios en los que han ocurrido más asesinatos son Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Iguala, Leonardo Bravo (Chichihualco), Cuajinicuilapa y Tixtla.
Asimismo, ha habido asesinatos en San Miguel Teloloapan, San Miguel Teloloapan, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac de Álvarez, La Unión, Coyuca de Benítez, Zumpango, Tepecoacuilco, Atenango, Ayutla, Zitlala, Quechultenango, Coyuca de Catalán, Huitzuco, Copala y Pungarabato.
La violencia en Guerrero se ha recrudecido contra mujeres, niños y adolescentes, activistas y familiares de policías, abogados, choferes, maestros, estudiantes y ex policías, así como contra policías comunitarios.
Al iniciar la administración de Astudillo Flores, en conferencia de prensa en Acapulco, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong anunció una nueva estrategia de seguridad para Guerrero, que sería coordinada por el comandante de la Novena Región Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández.
El 4 de noviembre, el comisario de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), Joaquín Romero Ríos, y su secretario Víctor González Luna fueron emboscados y asesinados por hombres armados en el camino de terracería Puentecillas-Polixtepec.
Después, el viernes 6 de noviembre, en la comunidad de Polixtepec hubo una balacera de siete horas que dejó heridos a siete policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y tres muertos del crimen organizado que opera en la zona.
El jueves 12 de noviembre, policías ciudadanos de la UPOEG se enfrentaron a balazos contra unos 500 sicarios que vestían uniformes tipo militar y armamento de grueso calibre en la comunidad de El Naranjo, en Leonardo Bravo. Tras esta acción, 15 policías ciudadanos estaban desaparecidos; después, uno de ellos fue hallado muerto; otro continúa desaparecido.
La medianoche del domingo, hombres armados irrumpieron en Polixtepec y asesinaron a cuatro vecinos: una mujer adulta y tres de sus hijos, entre estos una mujer. También incendiaron tres casas y se llevaron a dos hombres, uno de ellos era pareja y padre de las víctimas.
El 10 de noviembre, hombres armados asesinaron a 12 personas, entre ellas una mujer y dos menores de edad, y dejaron heridas a cinco en un ataque a balazos a un taller mecánico que fue habilitado para peleas de gallos clandestinas en Cuajinicuilapa.
Asimismo, ese día en la comunidad de Tetitlán de Limas, municipio de Chilapa, tres hombres, una niña, un niño y una mujer fueron asesinados en una incursión de civiles armados; cinco víctimas eran familiares del ex secretario de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto González.
La madrugada del miércoles cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a balazos contra una Urvan del transporte público cerca de la comunidad de Atzacoaloya.
El jueves de esta semana, hombres fuertemente armados emboscaron y asesinaron a cuatro policías comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, del barrio de El Fortín, de Tixtla.
El martes, al asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de las Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, en su discurso, el gobernador Héctor Astudillo Flores subrayó que debe cambiar la situación de violencia que se vive en el estado y que incluso hablará, “con el propio presidente de la República (Enrique Peña Nieto), o con el secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) para decirles lo delicado de la situación de Guerrero y lo importante y oportuna que debe ser su intervención nuevamente en Guerrero”.

No actúa el gobierno para erradicar la violencia de género denuncian organizaciones en Chilapa

La violencia generada por el crimen organizado ha afectado la vida de muchas mujeres, y el gobierno estatal no está actuando para erradicar la violencia, manifestaron en conferencia de prensa organizaciones sociales de la región ayer en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Las organizaciones sociales Noche Zihuame Zan Ze Tajome, Zihuame Xotlametzin, Casa de la Mujer Indígena (CAMI) Cihuachicahuac, Red de Derechos Reproductivos y Sexuales y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) denunciaron la situación de violencia que viven las mujeres en Guerrero.
La presidenta de la asociación Noche Zihuame, Isabel Dircio Chautla dijo que el motivo por el cual estaban reunidas era para, “hacer llegar la voz de las asociaciones y decir cómo estamos nosotras, cómo nos sentimos por todas nuestras hermanas que sufren violencia, de qué manera nosotras estamos actuando para que esa violencia se reduzca y se pueda eliminar desde nuestros contextos”.
Manifestaron que ante el clima de violencia generado por el narcotráfico las mujeres son víctimas constantemente.
La representante del Centro Morelos, Casiana Nava resaltó el caso de las mujeres que buscan a sus parejas porque han desaparecido, ellas se han quedado a cargo de sus hijos y no tienen acceso a la justicia.
También exigieron justicia para Ángela Casarrubias Cortez de 52 años, Victoria Díaz Bernabé de 34 y Ana Olguín Casarrubias de 22, mujeres asesinadas en el transporte público cuando viajaban a Chilapa, que fueron atacados por sicarios este martes.
La violencia “está arrastrando con muchas mujeres que no tienen nada que ver, son víctimas de la violencia, hoy salió en el periódico que se está pidiendo para Guerrero la alerta de género porque van en aumento los feminicidios”, dijo el integrante de Red de Derechos Reproductivos y Sexuales, Raúl Mendoza.
Dijo que a pesar del asesinato de mujeres en el estado no se ve una posición del gobierno del estado para combatir la violencia.
Reprobó que el gobernador Hector Astudillo Flores manda a hacer misas para parar la violencia.
Los manifestantes exigieron al gobierno del estado implementar programas que sirvan realmente para combatir la violencia hacia la mujer.
La abogada Rosaura Ramos dijo que las mujeres no tienen acceso a la justicia, en el Ministerio Público (MP) del fuero común “no tienen el profesionalismo y la sensibilidad” para atender a las mujeres víctimas de violencia.
La responsable de la Casa de la Mujer Indígena (Cami) Cihuachicahuac, Brígida Chautla Ramos manifestó que luchan para que las mujeres tengan acceso a derechos de salud materna, sexual y reproductiva.
La Casa de la Mujer Indígena atiende a mujeres de los municipios de Ahuacuotzingo, Atlixtac, Zitlala, José Joaquín de Herrera, Zitlala y Chilapa.
Los casos que han atendido de violencia hacia la mujer son de menores de 15 años con embarazos de alto riesgo que fueron víctimas de violación y que no han denunciado.
Brígida Chautla exhortó a los tres niveles de gobierno a que respeten los derechos de las mujeres y se mejoren sus condiciones de vida, ya que siete mujeres al día mueren a manos de sus parejas.
Dijo que las mujeres también son víctimas de la violencia en sus comunidades, como el caso de una mujer en la comunidad de Aguazarca, municipio de Ahuacuotzingo, quien fue detenida en su comunidad por no entregar unos documentos para un trámite del programa Prospera.
Por último, Isabel Dircio pidió que las mujeres y los hombres aporten desde sus hogares para disminuir la violencia, educando a las niñas y niños en igualdad, dijo que desde ahí se hace la diferencia.