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Toman normalistas y padres de los 43 la caseta de Paso Morelos; 200 policías federales los rodean

Unos 40 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa tomaron durante dos horas la caseta de Paso Morelos, de la Autopista del Sol, en el municipio de Huitzuco, como parte de las acciones para difundir la realización de la Sexta Convención Nacional Popular, a celebrarse los días 17 y 18 de este mes.
Por separado, a través de un comunicado, el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que unos 200 policías federales realizaron un “encapsulamiento”, es decir rodearon, a alumnos y padres de los desaparecidos en la caseta de Paso Morelos, a quienes supuestamente amenazaban con agredir.
Fuentes de la Policía Federal reportaron que a las 11:40 de la mañana, unos 40 jóvenes, que se identificaron como alumnos de la normal de Ayotzinapa, llegaron a la caseta de peaje con el rostro cubierto y la tomaron; después desviaron las cámaras de seguridad, para evitar que los grabaran, y levantaron las plumas de metal, permitiendo el paso a los automovilistas, a quienes no les cobraban la cuota establecida por la caseta, pero sí les pedían cooperaciones económicas.
En la caseta colocaron una manta, en la que demandan un seguimiento urgente a las cuatro líneas de investigación sugeridas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La investigación a policías municipales de Huitzuco, la participación de soldados del 27 batallón de infantería de Iguala en los ataques y desaparición de sus 43 compañeros; la telefonía celular de los normalistas después de su desaparición y el trasiego de droga en autobuses de la ruta Chicago-Iguala.
Las mismas fuentes policiacas reportaron que el grupo de normalistas terminó su protesta a la 1:55 de la tarde y después de esa hora regresaron, en el autobús que viajaban, con dirección a Chilpancingo, sin que reportaran algún incidente con los estudiante.
Cerca de las 2 de la tarde, a través de un comunicado difundido en redes sociales, el abogado de los padres de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, denunció un “intento de agresión” por parte de unos 200 policías federales, en contra de los normalistas y una comisión de padres que los acompañaba.
“El día de hoy, a las 10 horas, un contingente de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y padres de los 43, arribaron a la caseta de Paso Morelos para realizar un mitin y difundir la realización de la Sexta Convención Nacional Popular, a celebrarse los días 17 y 18 de los corrientes”, dice el comunicado.
Agrega: “Sin embargo, en este momento más de 200 policías federales mantienen encapsulados a los que protestamos y amenazan con agredirnos”, dice en referencia de que los tenían rodeados.
De este hecho, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, hizo responsable a los gobiernos federal y estatal de lo que pudiera ocurrir, y advirtió que no darán ni un paso atrás en su protesta. “No les bastó desaparecer a nuestros 43 compañeros, se empeñan en seguirnos hostigando y negando la verdad y la justicia. Se empeñan en seguirnos reprimiendo. Hasta cuándo soportaremos este gobierno represor y corrupto”.
Más tarde, en un segundo comunicado de la normal de Ayotzinapa se informa que “el intento de agresión de la Policía Federal no pasó a mayores. Los padres, madres y estudiantes de Ayotzinapa realizamos la protesta pese al hostigamiento, y en estos momentos nos encontramos en las instalaciones de nuestra normal rural”.
Reiteraron su agradecimiento por las denuncias hechas y por estar pendientes de ellos, “sin duda alguna, el apoyo de ustedes fue decisivo para frenar a los policías corruptos”.

 

Rechazan organizaciones en Tlapa políticas del gobierno, aumentos y Ley de Seguridad Interior

Organizaciones de la Montaña emitieron una postura política y de protesta social contra las políticas calificadas de entreguistas del presidente Enrique Peña Nieto, de los senadores y diputados durante el año, y rechazaron la Ley de Seguridad Interior, y el alza de impuestos y la gasolina.
Las organizaciones, en un comunicado declaran que, haciendo uso de su derecho de asociación, de petición, de organización, llaman al pueblo a sumarse a la inconformidad por la política entreguista de los recursos naturales y la soberanía nacional.
Cuestionaron el régimen económico de riqueza excesiva para unos cuantos y pobreza extrema para más de 60 millones de mexicanos, así como contra el enriquecimiento ilícito y la corrupción desmedida desde el poder y el encarcelamiento de los que se oponen o denuncian esas prácticas.
Rechazan el encarecimiento de la vida, que se recrudecerá con el aumento del costo de la canasta básica, el gas, electricidad y gasolinas, ante la aplicación de más impuestos a servicios e hidrocarburos que fueron plasmados en la Ley de Egresos aprobada por el congreso el 12 de diciembre, por lo que se manifestaron por un enérgico “no al gasolinazo” en 2018.
Además, señalan que los pueblos originarios se oponen a la Ley de Seguridad Interior promulgada por Peña Nieto el 21 de diciembre, a la que consideran anticonstitucional y que violenta los derechos humanos de todos los mexicanos, además de legalizar el actuar del Ejército en labores de seguridad pública, supliendo a las autoridades civiles con militares.
Remarcan que no aceptarán la militarización del país, porque el Ejército es el que más crímenes de Estado y lesa humanidad ha cometido en el país, y recordaron lo ocurrido en 1968, en 1971, el Charco, Acteal, Tlatlaya, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el asesinato de Antonio Vivar en 2015.
Enfatizan que no están de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior, que no es otra cosa que el fascismo del gobierno mexicano, y piden unidad para hacer frente de manera organizada a “la política criminal de la oligarquía extranjera y nacional”.
Asimismo, exigen la libertad de los presos políticos, la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la derogación de las reformas estructurales, y advierten que continuarán la defensa del territorio y la construcción del poder popular desde abajo.
Firman el texto el Frente Popular de Tlapa, la Organización de Popular Independiente de Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, colectivo El Grito, el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos, la CNCU, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC).

Aplaza el STTAISUAG el pago a los defraudados por la caja de ahorro; se entregará en enero, informan

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG), Brenda Alicia Alcaraz González, informó que el pago de la caja de ahorro 2016 se entregará a los defraudados en enero del próximo año.
El grupo de defraudados, encabezados por el trabajador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Pedro Salazar Trinidad, difundió un comunicado en redes sociales, en el que citó a los universitarios en distintas oficinas y centros de trabajo en el estado, para que recibieran el pago de la caja de ahorro 2016; esto, como resultado de las reuniones con el secretario general de la institución, José Alfredo Romero Olea, quien según Salazar Trinidad se comprometió a entregar los recursos este lunes y aunque los afectados solicitaron el pago de sus aportaciones, más el 20 por ciento de los intereses que les corresponden, no se informó si recibirían el monto total.
Según el comunicado, los defraudados debían asistir a las 2 de la tarde a las oficinas del Comité Ejecutivo Central del STTAISUAG en Chilpancingo, a la facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales en Iguala, al Centro de Enseñanza y Superación en Acapulco, y a la Preparatoria 23, con sede en San Jerónimo, según la zona a la que pertenecen, para recibir el pago correspondiente.
En las oficinas del sindicato en la capital  cerca de 20 defraudados acudieron a la cita y esperaban recibir el pago de la caja de ahorro 2016, pero fueron atendidos por Alcaraz González, quien les informó que en enero del próximo año se resolverá la situación.
Alcaraz González dijo que el comunicado que se difundió en redes sociales no está firmado por nadie y no se trata de información oficial, verídica, de la situación de la deuda con los universitarios afiliados a la caja de ahorro.
Puntualizó que el 7 y 8 de diciembre se llevó a cabo el Congreso General Ordinario del STTAISUAG en Acapulco, el máximo órgano del sindicato, y ahí se acordó que los recursos que se deben a los defraudados se cubrirán con los pagos de préstamos que unos cien universitarios no han entregado a la caja de ahorro.
Explicó que a los universitarios que deben préstamos se les descontarán los recursos de su salario de diciembre y el aguinaldo, que el capital que se colecte se utilizará para pagar a los defraudados que aún no reciben lo correspondiente a 2016, pero el trámite se hará en enero próximo.

Largas filas para pedir actas de nacimiento verdes en Chilpancingo; las exigen en las escuelas, dicen

En Chilpancingo, ciudadanos realizaron largas filas en el cajero del Registro Civil ubicado en el edificio Juan N. Álvarez y en la tienda Aurrera Sur, para solicitar las actas de nacimiento verdes, porque en las escuelas les exigen ese nuevo documento, pese a que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en un comunicado aseguró que recibirían el formato pasado.
Además, trabajadores de los cajeros que expiden las actas informaron que antes de junio, julio y agosto tenían un promedio de 300 entregas, pero ahora aumentaron a 600 diarias.
En un recorrido se constató que en Aurrera Sur, ubicada en la avenida Ruffo Figueroa, había filas largas de ciudadanos, la mayoría eran padres de familia que acudieron a sacar el acta con el nuevo formato.
Una usuaria, Dalia Román informó que acudió al cajero para sacar el acta con el nuevo formato porque en la Escuela Secundaria Federal Antonio I. Delgado a los padres de familia les exigen el nuevo formato.
A pregunta expresa dijo que sabía que la SEG informó que se recibiría el formato pasado, pero que el personal directivo exige el acta verde, porque de lo contrario no inscriben a los alumnos.
Reprochó que las autoridades educativas no estén al pendiente del proceso de inscripción, porque “la SEG dice una cosa y los directivos actúan de otra manera”.
En los cajeros ubicados en el edificio Juan N. Álvarez también había largas filas, ahí los usuarios informaron que iban a sacar el acta con el nuevo formato, porque en las escuelas donde ingresarán a sus hijos les piden los nuevos formatos.
Las madres de familia consultadas en el lugar aseguraron que las escuelas no respetan el comunicado que emitió la SEG, pero que no tenían otra opción más adquirir el nuevo formato, porque sus hijos no podrían estar inscritos.
La señora Guadalupe Nava dijo que “yo sólo quiero el nuevo formato para no tener problemas más adelante con algún trámite”, pero dijo que su hija también tramitó el acta con el nuevo formato porque desde la semana pasada las escuelas en los requisitos piden el “acta verde” y si no llevaban todos lo que se les pedían no inscribirían a sus hijos.
Por su parte, los trabajadores encargados de expedir las actas informaron que antes de junio, julio y agosto, al día era 300 actas que se expedían, pero ahora se duplicó el numero ahora son 600.
Informaron que la demanda también aumentó debido a que hay programas como Prospera, o los que otorga la Sedesol que piden el nuevo formato.
En el edificio Juan N. Álvarez había circulares de la SEG, donde se precisa que no es obligatorio sacar el acta con el nuevo formato, pero las letras eran poco visible para las personas que acudían a tramitarla.
Incluso se consultó a las personas que si habían visto la circular y mencionaron que no, incluso no sabían que la SEG había emitido el comunicado.

Denuncian padres en Petatlán que les exigen el acta verde

Madres de familia de las primarias Rosario Castellanos y Justo Sierra, ubicadas en la cabecera municipal de Petatlán, denunciaron que los directores de ambos planteles les exigieron presentar el acta de nacimiento de color verde, como requisito para inscribir a sus hijos.
La señora Elsa Hernández Arizmendi manifestó que la directora de la primaria Rosario Castellanos no autorizó la inscripción de su hijo, porque llevaba el acta de color café (sepia) por lo que tuvo que acudir a la oficina del Registro Civil a hacer el trámite para conseguir el documento.
La ama de casa aseguró que no fue la única madre de familia a la que le negaron el trámite, “fuimos muchos padres los que nos regresamos porque según la directora, era un requisito obligatorio; creo que sus jefes hablaron con ella, porque después de nosotros ya no pidió el acta verde”.
Por su parte, don Juan Carlos Valdovinos, padre de familia de la primaria Justo Sierra, se quejó que el director de ese plantel también exigió el acta de nacimiento con el nuevo color, de lo contrario no les permitía la inscripción de los niños.
Comentó que en su caso, aunque argumentó que no era un requisito obligatorio, “de todos modos dijo que teníamos que llevar el acta verde que porque después se nos iba a olvidar y ya no la íbamos a llevar”.
La directora municipal de Educación de Petatlán, Bertha Díaz Garzón, confirmó las inconformidades de los padres de familia de ambas escuelas, “cuando supimos de este malestar de los padres de familia, hablamos con el delegado regional de los Servicios Educativos y con los supervisores, para que nos ayudaran a sensibilizar a los directores en ese sentido y no siguieran presentándose más quejas”. (Brenda Escobar / Petatlán).

Piden obispos a quienes generan violencia que se arrepientan de sus “malas acciones”

Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco convocaron a quienes generan violencia en el estado a arrepentirse de sus “malas acciones”, así como a los fieles católicos les recordaron que nadie es inmune al sufrimiento, por lo que los llamaron a tener una vida de misericordia.
El comunicado, firmado por el obispo de Chilpancingo-Chi-lapa, Salvador Rangel Mendoza; de Tlapa, Dagoberto Sosa Arria-ga; el de Ciudad Altamirano, Maximino Martínez Miranda y el administrador diocesano de Acapulco, Rafael Valencia González, fue aprobado en el encuentro de Provincial de Pastoral que se realizó en la parroquia de Santiago Apóstol de Zumpango del Río, municipio de Eduardo Neri y al cual asistieron 28 sacerdotes de las diócesis del estado.
Los obispos expusieron que les duele “profundamente” el sufrimiento que vive el estado a causa de la violencia que esta afectando las familias, las instituciones sociales y comunidades enteras, en su integridad física, en su economía y estabilidad. “Así como el desprecio de la vida y dignidad de las personas, de la convivencia respetuosa y del trabajo honesto”.
Expusieron que se acercan a la realidad de Guerrero “con ojos y corazón de pastores, que ven y sienten los sufrimientos de los pueblos, que están viviendo esta realidad dolorosa”. Expresaron su intención de mantenerse cerca de quienes necesitan consuelo y acompañamiento.
Aprovecharon para invitar “con paternal firmeza” a todos los que generan los diversos tipos de violencia en las comunidades, a que no se olviden “que somos hermanos y los exhortamos al arrepentimiento de sus malas acciones”.
Los obispos llamaron a quienes generan la violencia a acercarse a Jesucristo, “que renueva y redime a la persona, transformando el corazón de piedra en corazón de carne, que ama a pesar de los pecados”.
A los fieles católicos les recordaron que todos tienen necesidad de consuelo, porque “ninguno es inmune al sufrimiento, al dolor y a la incomprensión” y empezarse a que todos vivan en la paz con misericordia. Los llamaron a trasmitir el amor a través del consuelo ofreciendo a los hermanos, “una palabra que da ánimo, un abrazo que te hace sentir comprendido, una caricia que hace percibir el amor, una oración que permite ser más fuerte”.
A los que integran las comisiones y dimensiones de la Iglesia, a que hagan su mejor esfuerzo para impulsar iniciativas y acciones que “permitan volver a mirarse como hermanos, con la confianza mutua de ser gente de bien, con el compromiso de luchar hombro con hombro para mejorar los ambientes en los que vivimos, siendo artesanos de paz”.

Niega el gobierno balaceras en la capital; son dos ataques y un vehículo quemado: vocero

En un boletín oficial y en declaraciones radiofónicas del gobernador Héctor Astudillo Flores, el gobierno del estado negó que la noche del martes haya habido balaceras en colonias céntricas de Chilpancingo, como se publicó en éste y otros medios.
Temprano en la mañana, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, difundió un comunicado en el que negó “que hayan ocurrido múltiples balaceras”, sino que sólo se trató de dos ataques a casas y un vehículo quemado.
Más tarde, en un noticiero de radio de Acapulco el gobernador Astudillo Flores subrayó que “no pasó como se dice que pasó”, y responsabilizó a los reporteros de sobredimensionar la situación.
“Lo que pasó es que hubo una balacera de carro a carro, que recorrió varias calles, y esto generó que se pensara que había una balacera generalizada”, agregó.
El titular principal de la edición del miércoles de El Sur fue “Incendian un taxi y reportan 13 balaceras anoche en Chilpancingo”. En la nota se precisa que fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informaron que a las 9:30 de la noche recibieron el reporte de que había una balacera cerca del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla y de las dos centrales de autobuses, Estrella Blanca y Estrella de Oro.
Después hubo balaceras en las colonias San José, CNOP, Hujal, Sección Séptima, Xocomulco, Galeana, San Rafael Norte, El Amate, Electricistas, Los Ángeles, Los Sauces, el viejo libramiento a Tixtla, en el barrio de San Mateo y las calles Allende y 5 de Febrero en la colonia Centro.
“En ocasiones se dicen cosas de más, que no existen. Lo que pasó en Chilpancingo ayer, no pasó como se dice que pasó”, agregó.
A pesar de que existen los reportes al 911 e incluso los que recibieron los trabajadores de la Secretaría de Protección Civil, el gobernador Astudillo Flores insistió en que el 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, los reporteros y medios de comunicación deberían “revalorar la certeza y precisión del periodismo”.
“Vale la pena, porque fácilmente se utiliza, se sobre dimensiona o se exagera en el uso de las redes, notas del periodismo, que es un asunto de responsabilidad y no un ejercicio que va más allá de la objetividad, valorar hasta donde se tiene que llegar y sobre dimensionar. Estoy convencido de que se dicen cosas de más”, agregó.
En la entrevista de radio el gobernador recordó que hace dos años ganó las elecciones a la gubernatura, y que recibió al estado en la situación más complicada que pudo haber recibido cualquier gobernador del país.
“Ahí vamos, hay menos problemas en Guerrero, hay mayor gobernabilidad, mejor turismo, funciona el Acabús, se concluyó el Macrotúnel, la obra pública la hacen los guerrerenses”, agregó.
Por la mañana, el vocero en materia de seguridad distribuyó un boletín de prensa donde inicialmente explica que las “décadas de descuido” provocaron la situación de violencia que se vive en el estado.
En el corto comunicado, el funcionario estatal negó que se hayan registrado 13 balaceras, dijo que sólo se trató de que “personas armadas balearon dos casas e incendiaron un taxi, con la intención de generar caos”.
Se dice que “no ocurrieron múltiples balaceras”.
Dijo que el gobierno el estado, encabezado por Héctor Astudillo, emprende una lucha día a día contra la delincuencia en estrecha unidad y coordinación con las instituciones federales y estatales.

Suspende Profepa la extracción de pino en siete sitios de Petatlán ante tala ilegal

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) interpuso una suspensión total temporal al derribo y extracción de árboles de pino y encino en siete parajes en el municipio de Petatlán, porque no cuentan con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Mediante un comunicado, la dependencia federal informó que tras una inspección constató que en los parajes de La Soledad de los Enanos, Los Pantanos, La Hacienda, Puerta de la Teja, La Sierrita y el Soquial, pertenecientes al ejido Las Mesas, ninguno tenían la autorización para el derribo de árboles.
El séptimo paraje en el que se suspendieron las actividades no se especificó en el documento.
La tala ilegal afectó un bosque de pino y encino, y detalló que se contabilizaron 32 tocones de árbol de pino, de forma dispersa, de diferentes diámetros y estimó un volumen de 96 metros cúbicos de Rollo Total Árbol (RTA), indicó la dependencia federal.
La medida de seguridad de suspensión total temporal se interpuso de acuerdo con el artículo 161 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), que “establece que se podrá ordenar el aseguramiento precautorio de los productos y materias primas forestales, así como de los bienes, vehículos, utensilios, herramientas, equipo y cualquier instrumento directamente relacionado con la acción u omisión que origine la imposición de esta medida”, añadió el documento de la Profepa.

Atiende las denuncias de tortura en el caso Ayotzinapa, responde la PGR a la ONU-DH

 

La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que las denuncias sobre la posible comisión del delito de tortura en el caso Ayotzinapa, son atendidas “y se encuentran en investigación e integración en la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, en la misma institución, en donde con estricto apego a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y demás leyes aplicables, serán determinadas”.
Por medio de un comunicado la PGR mencionó que la resolución del agente del Ministerio Público Visitador “se realizó con estricto apego al ámbito de competencia que le confiere la Ley Orgánica de la Institución y su Reglamento, así como en cumplimiento a las disposiciones que regulan la valoración de la prueba y la calificación de las conductas, en apego irrestricto a Derecho”.
La PGR se refiere a los señalamientos vertidos en la resolución realizada por la Visitaduría General de la PGR sobre una investigación interna que llevó a cabo a raíz de las diligencias hechas en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, sobre el caso Iguala.
En dicha resolución, el visitador determinó imputar responsabilidades administrativas al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), actual secretario técnico de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, así como a nueve peritos y ministerios públicos.
Además responde al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DErechos Humanos (ONU-DH), que este miércoles señaló que al inicio de la investigación se documentaron “graves violaciones a derechos humanos y patrones en la comisión de las mismas, ligadas a la integración del caso”, como tortura, detenciones arbitrarias y transgresiones al debido proceso
“Cabe señalar que se llevan a cabo los Protocolos de Estambul, por lo que serán elementos técnicos y objetivos los que determinen la existencia de tortura”, agrega.
En su edición 2090, Proceso publicó que en la investigación que realizó la Dirección de Asuntos Internos de la PGR sobre las acciones irregulares cometidas en octubre de 2014 por Tomás Zerón de Lucio, a la cabeza de la AIC, en las indagatorias del caso Ayotzinapa, en primer lugar se evidencia el comportamiento ilícito del funcionario pero, más importante, queda claro que los testimonios de los presuntos ejecutores de los 43 normalistas, pilar de lo que el ex procurador Jesús Murillo Karam denominó “verdad histórica”, fueron obtenidos mediante tortura.

 

Ordena Salud al Ayuntamiento de Chilpancingo el cierre de negocios de comida ante la basura

Debido a la acumulación de la basura en las calles de Chilpancingo, la Secretaría de Salud estatal emitió una emergencia sanitaria ante los riesgos de daños a la salud de la ciudadanía.
Por medio de un comunicado la dependencia estatal informó que se ordena a la autoridad municipal -que encabeza el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena-, cierre de manera temporal los comercios fijos y semifijos que venden alimentos y bebidas de ingesta humana, hasta que existan las condiciones sanitarias favorables para la salud de la población.
En el documento la dependencia pide que las autoridades sanitarias y ambientales trabajen en conjunto para proteger la salud de la ciudadanía capitalina a la que también le exhorta depositar su basura en los lugares indicados para hacerlo.
Agregó que la declaratoria de emergencia sanitaria se emitió en cumplimiento de las disposiciones jurídicas de la Ley General de Salud y la Ley Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero, debido al deteriorio ambiental que provocó la acumulación de la basura en las calles.
El viernes 27 de enero, el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena anunció el cierre definitivo del tiradero de Chilpancingo. Luego de no tener un lugar dónde tirar la basura, durante tres días unas 70 camionetas cargadas con más de 40 toneladas de basura se estacionaron en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac en la capital, lo que ocasionó malos olores, moscas y gusanos en el lugar.

El gobierno no ha atendido la petición del alcalde para que el Ejército permanezca en Zitlala, se queja síndica

Los gobiernos federal y estatal han desatendido el llamado de las autoridades de este municipio que desde el 8 de diciembre solicitaron por escrito la presencia permanente del Ejército mexicano, y de las policías federal y estatal para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La síndica municipal, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas informó que desde el 8 de diciembre pasado, el presidente municipal priista de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, solicitó mediante un oficio al secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes, apoyo para la seguridad, sin embargo hasta ayer no había recibido respuesta.
En el oficio número PM/072/2015, el alcalde Zapoteco Castro solicitó resguardo, sobre todo para la cabecera municipal.
Mediante el documento, las autoridades municipales piden que se “brinde seguridad al municipio de Zitlala, en especial a la cabecera municipal, ya que el día 07 del presente mes y año como entre las 15:15 y 15:30 se suscitó una balacera  entre individuos desconocidos observándose sólo  un coche de la marca Tida y una Urvan cerrada, esto sucedió en el barrio de San Francisco”.
Mientras tanto ayer, después de la irrupción de un grupo armado en la comunidad de Quetzalcoatlán de las Palmas, que ejecutó a seis personas, las autoridades municipales demandaron “con urgencia” a los gobiernos federal y estatal la instalación de un destacamento militar permanente en este municipio.
El Ayuntamiento difundió un comunicado dirigido a la opinión pública a través de su página de internet, en el que informa de los hechos de violencia ocurridos en esa comunidad y su petición a los gobiernos federal y estatal.
El comunicado dice: “El Gobierno municipal informa a la ciudadanía del municipio de Zitlala que lamentablemente hoy a las 8:30 de la mañana se nos informó que en la comunidad  de Quetzalcoatlán de las Palmas aparecieron seis cuerpos  sin vida, ante ésta situación de inseguridad se pide con urgencia al Gobierno del estado  y al Gobierno federal un destacamento militar permanente en nuestro municipio para salvaguardar la integridad física de todos los zitlaltecos”.
Y luego, a manera de reproche, el comunicado agrega: “esta petición se viene haciendo desde el 8 de diciembre del año pasado. El H. Ayuntamiento ha estado cumpliendo con su deber realizando las gestiones pertinentes ante la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública”.
Mientras tanto, en declaraciones a El Sur, el alcalde Roberto Zapoteco Castro hizo un llamado al estado y a la federación para que “atienda este problema (de violencia) que es muy grave para nuestro municipio”.
Informó que tras estos nuevos actos de violencia en Quetzalcoatlán de las Palmas, se trasladó a la capital del estado en busca de una audiencia con el gobernador Héctor Astusillo Flores para plantearle el problema de violencia que vive ese municipio y demandarle el apoyo para garantizar la seguridad a los ciudadanos.
“Tuvimos la oportunidad de dar a conocer el  incidente ocurrido en nuestro municipio (pero no precisó si lo hizo directamente al gobernador), y nos informan que nos van a dar el apoyo, de hecho hoy ya se encuentran aquí los militares y la Policía Estatal brindándonos el apoyo”.
Sin embargo agregó que lo que solicitan es que la presencia del operativo sea permanente en el municipio, “para lograr la estabilidad y alcanzar la tranquilidad que necesitamos aquí en nuestro municipio de Zitlala”.

Lo que se vive el municipio es lo misma que viven el estado y la república

Mientras tanto, la síndica municipal, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas matizó la preocupación del alcalde, pues declaró que la situación que se vive en este municipio es la misma que se vive en el estado e incluso en la República mexicana. Pero dijo que, “nuestro presidente está muy preocupado por esta situación”, y por eso ha girado oficios tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, “para que atiendan este asunto”.
Sin embargo añadió que hasta ayer sólo habían logrado que se realizaran rondines policiacos de militares, y de policías federales y estatales, pero añadió que se trata de un operativo insuficiente.
Explicó que incluye 35 soldados , “y unas patrullas de federales y estatales”. Agregó que los soldados y policías no solamente se encargan de la seguridad en el municipio de Zitlala, sino que  también son los que recorren los municipios de Chilapa, Atlixtac, José Joaquín de Herrera y Mártir de Cuilapan.
La síndica añadió que la Policía Municipal es insuficiente para atender la violencia, pues el municipio cuenta sólo con 17 policías para atender las 23 comisarías y cinco delegaciones, así como la cabecera municipal.
Declaró que por eso han enviado oficios a las autoridades federales y estatales para que no solamente se hagan estos recorridos, sino que se instale un destacamento permanente en este municipio para que se garantice la seguridad de los ciudadanos.