La Comisión Nacional del Agua (Conagua) sancionó al Ayuntamiento de Atoyac por contaminar las aguas del río Atoyac ya que la planta tratadora de agua no funciona. Por su parte el alcalde Dámaso Pérez Organes señaló que la multa ha mermado las finanzas municipales.
En la toma de protesta de delegados de Atoyac el presidente Dámaso Pérez anunció que se está presentando un proyecto para reactivar la planta tratadora de aguas residuales.
El presidente señaló que la dependencia federal ha sancionado al municipio por vaciar aguas residuales en el río Atoyac y están en riesgo las participaciones que manda la federación al municipio.
Dijo que la planta tratadora “quedó como un elefante blanco”, agregó que las sanciones fueron de hasta 2 millones de pesos y la última de 300 mil pesos además de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
Abundó que las aguas del drenaje descargan directamente al río y están en espera de la validación del proyecto de reactivar la planta tratadora.
Preciso que ahora sería en el esquema de una laguna de oxidación para sanear el río y evitar más sanciones.
De concretarse el proyecto que será validado por Conagua se ejecutaría en un plazo de cinco meses para ser laguna de oxidación.
La construcción de la planta tratadora que está a un costado del bulevar Atoyac-Y Griega se inició en la administración (1993-1996) de la entonces perredista, María de la Luz Núñez Ramos, sin embargo la obra nunca operó a pesar de que costó millones de pesos, generando pérdidas al municipio por el saqueo de equipo como turbina, transformadores y cableado en las pasadas administraciones.
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Los problemas de Guerrero son muchos, hay que cerrar filas, pide Astudillo a vecinos de Los Arcos
El gobernador Héctor Astudillo Flores, junto al director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Guerrero, José Humberto Gastélum Espinoza, reinauguraron la planta de tratamiento de aguas residuales del fraccionamiento Los Arcos, en la zona Diamante, en la que se hizo una inversión de más de 9 millones de pesos.
Allí, pidió a los vecinos mantener el ánimo, “los problemas que tiene Guerrero son muchos y entre todos hay que cerrar filas”.
Durante el acto, vecinos de la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio pidieron al gobernador que también les arreglen la planta tratadora de ese lugar, pues ya tiene más de 22 años que no sirve y eso ocasiona que las aguas residuales y pluviales se junten, por lo que la ayuda debe ser de manera urgente.
Sobre ello, el gobernador pidió a los responsables de la Conagua, CAPASEG y la CAPAMA que “coordinadamente puedan hacer un proyecto para ponerla a funcionar”.
Al acto no acudió el presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre y en su representación lo hizo el secretario general, Daniel Meza, quien fue apapachado por Astudillo Flores –luego de semanas distanciamiento con el gobierno municipal– quien le manifestó: “siempre es grato que nos acompañe”.
Se informó que en la obra se invirtieron 9 millones 72 mil pesos, de los cuales la federación entregó 1 millón 77 mil y el estado 7 millones 95 mil.
En su mensaje ante los vecinos, el gobernador resaltó la importancia de la obra, pues dijo que aunque casi no se ven sí son importantes, especialmente para las familias; que el que opere con toda normalidad esta planta tratadora permite que una gran cantidad de familias que viven en esta zona puedan estar con la seguridad de que se cumplen las normas para evitar la contaminación.
Añadió que la rehabilitación de la planta va a ayudar al mejoramiento y saneamiento de toda esa zona, especialmente de la laguna.
Astudillo Flores se comprometió con los vecinos de la Colosio a rehabilitar la planta tratadora del lugar. Allí le informaron que el problema “es que está partido el cemento de la base del pozo, entonces hay que volver a hacerlo”.
Dijo que se va a trabajar lo más pronto posible “y ver de dónde vamos a meterle un dinerito para que la arreglemos”.
Finalmente el gobernador le pidió a los vecinos mantener el ánimo, “los problemas que tiene Guerrero son muchos y entre todos hay que cerrar filas y hay que mantener el ánimo, somos muchos y muchas más los que queremos que a Guerrero y a Acapulco le vaya bien ¿están de acuerdo?” a lo que recibió un sí.
Mientras que el director general de la CAPASEG, Arturo Jesús Palma Carro, aseguró que con la rehabilitación de la planta se hará el saneamiento de la laguna Negra de Puerto Marqués, y se beneficiará a 9 mil personas del fraccionamiento Los Arcos y Villas Diamante.
Recordó que la planta fue construida en 1998 por los responsables del desarrollo habitacional y fue entregada a la CAPAMA en 2008, pero dejó de operar en 2013 al resultar dañada por la tormenta Manuel, “durante todo esos años dejó de operar y vertía negras al canal meándrico que desemboca en la laguna Negra”.
Palma Carro agregó que se dejarán de verter 20 litros por segundo de aguas negras, y resaltó que en el gobierno de Héctor Astudillo se han invertido más de 95 millones de pesos en acciones encausadas al saneamiento, entre ellas reparar plantas tratadoras y colectores, con lo que Guerrero dispone del 97.5 de infraestructura necesaria para el tratamiento de las aguas residuales que se recolectan en la ciudad.
Reconoció que en todo el estado hay plantas que no son eficientes y otras que no trabajan porque no han tenido mantenimiento adecuado, y que los municipios carecen de los recursos para el pago de las mismas, sobre todo de energía eléctrica, y por eso se debe hacer conciencia para el pago de servicio.
Por su parte, al dar la bienvenida a Héctor Astudillo, el secretario general del Ayuntamiento le dijo que quería a Acapulco “mucho más de cualquiera de los que estamos aquí porque hemos visto el respaldo, el apoyo que ha dado al municipio”.
Añadió que estaba convencido que trabajando de manera coordinada se va a construir la paz que se busca para el puerto.
Indicó que con la entrega de los proyectos se estaba construyendo la paz y dando beneficios a las familias para el sustento de sus hijos, y que es la educación en donde se debe de apostar, “y es bueno que los padres tengan de dónde sacar para dar una buena educación y que el día de mañana tengamos más y mejores ciudadanos”.
Meza Loeza dijo que con la inversión que se hizo a la planta se contribuye con el medio ambiente y “son acciones que se reconocen, acciones que debemos estar agradecidos los acapulqueños con nuestro gobernador”.
Definitivamente –añadió Daniel Meza– “le digo que para esa construcción que todos necesitamos, Acapulco requiere y necesita que jalemos todos parejos desde la sociedad y los órdenes de gobierno. Acapulco necesita de la sociedad, Acapulco necesita del gobernador y desde luego Guerrero nos necesita a todos”.
Durante el acto el gobernador y su esposa, la presidenta del DIF estatal, Mercerdes Calvo, entregaron sillas de ruedas, muletas, andaderas, bastones, 110 kits de costura y mil 200 paquetes del programa alimentario.
Acompañando al gobernador estuvieron el diputado federal Ricardo Taja; los locales, Pilar Vadilllo, Roxana Agraz, Eduardo Cueva; los regidores Vicky Trani, Luis Miguel Terrazas, Emma Reyes y Olga Salmerón, entre otros.
Ayudará la Conagua a vecinos que habitan cerca del arroyo de Renacimiento: Gastélum
El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Guerrero, José Humberto Gastélum Espinoza, informó que se ayudará a los vecinos que viven en los alrededores del arroyo Del Perro, en Ciudad Renacimiento, pero dentro de sus posibilidades, pues, dijo, no se debe olvidar que están de manera irregular en el lugar.
Dijo que la Conagua tiene una autorización vigente de 980 millones de pesos en Hacienda para hacer trabajos en el río de La Sabana y sus afluentes, como los arroyos Del Perro y Del Muerto, pero que no les ha llegado el dinero porque es por remesas.
En declaraciones antes de la entrega de la planta tratadora rehabilitada en el fraccionamiento Los Arcos, a Gastélum Espinoza se le preguntó sobre las declaraciones de la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipal, María Meraza Radilla, quien dijo que pedirá ayuda a la Conagua y a la CAPASEG para encauzar el arroyo Del Perro en Ciudad Renacimiento, a lo que respondió: “Vamos a apoyar en la medida que podamos”.
Reconoció que el río es responsabilidad de la Conagua y las personas están pegadas de manera irregular, pero aún así se va a apoyarlas.
Dijo que en el lugar hay alrededor de cien casas pero –insistió– están en la zona de manera irregular; “primero fue el río y después las personas; son lugares donde alguien les dio permiso de que se asentaran, el Ayuntamiento en su momento”.
Sobre la queja de los vecinos de que se está socavando el muro de contención, comentó que esa pared es de mampostería y se hizo hace muchos años, “unos 30”, y que cuando se tenga dinero se podrá hacer uno similar o de concreto.
Sobre si se podrían reubicar a las familias, el funcionario federal dijo que “la gente ya está ahí, cómo la reubicas”.
Indicó que la protección se la ha llevado la lluvia y “nosotros vamos a apoyar en la medida que podamos y que tengamos presupuesto. Tenemos nosotros una cartera de proyectos vigentes en Hacienda para el río de La Sabana y sus afluentes y esos dos son afluentes, pero ahorita en este momento no contamos con recursos, estamos tramitando y cuando tengamos atenderemos esas y otras cosas”.
Las lluvias dañaron los cimientos del puente de la Sinaí, alertan vecinos
Vecinos de la calle Río Jordán, de la colonia Sinaí, denunciaron que luego de las lluvias registradas hace el ocho días, el Ayuntamiento no atiende su llamado para verificar las condiciones del cimiento del puente de la colonia.
En un recorrido por la colonia, los vecinos mostraron un socavón de un metro y medio de profundidad en el cimiento que sostiene la estructura del puente, provocado por la corriente del agua que bajó por las lluvias de la noche del domingo y madrugada del lunes pasado.
La misma corriente también se llevó unos cien metros de tubos del drenaje, que ahora es vertido a la corriente del río. Los muros de contención que se encuentran cerca del puente también tienen socavones, y los vecinos temen que toda la estructura colapse, porque sobre el puente pasan los camiones de la ruta Sector 6-Hospital, así como volteos de carga.
El vecino Melchor Jiménez indicó que desde el martes avisó a Protección Civil de las condiciones del lugar, sin embargo hasta ayer ninguna autoridad había acudido, “están esperando a que alguien muera para venir”.
Dijo que luego de la tormenta Manuel, en septiembre de 2013, trabajadores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) acudieron y quitaron varias piedras con ayuda de una retroexcavadora del cause, y las colocaron a un costado, lo que ahora provocó que la corriente del agua escarbara los muros de los costado y se llevara el drenaje.
El vecino dijo que los trabajadores de la Conagua le habían dicho que iban a cimentar el cause y ampliar los muros de contención, pero nada de eso se hizo.
El único trabajo que realizaron los trabajadores de la Conagua fue escarbar el cimiento que pasa abajo del puente y colocaron dos tubos, supuestamente eso ayudaría a la estructura y el agua correría ahí, sin embargo los tubos ahora están tapados por basura y tierra que arrastró la corriente.
El señor exhortó a las autoridades a que de manera urgente realicen trabajos para que el puente no se fracture o colapse, porque conecta a la colonia Sinaí y la Guerrero 200, además de que sea arreglado el drenaje, porque río abajo hay personas que usan el agua o tienen pozas que pueden ser contaminadas.
Urge el alcalde de Ometepec a la Conagua que se reúna con gravilleros y defensores del río
Jacob Morales Antonio
Marquelia
El alcalde de Ometepec, Omar Estrada Bustos urgió que representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) asistan a la tercera reunión de los integrantes del Frente de Defensa del Río Santa Catarina con los concesionarios gravilleros, para solucionar el conflicto que inició en marzo por la extracción desmedida de material pétreo.
El alcalde perredista dijo que ningún representante de la Conagua ha acudido a las dos reuniones en la presidencia municipal de Ometepec, en las que él está intermediando para solucionar el conflicto debido a la oposición de las comunidades al saqueo desmedido de grava y arena.
Informó que este lunes 10 de abril se hará una tercera reunión y espera que los representantes de la delegación federal en el estado acudan, porque los comisarios están molestos.
Afirmó que sólo han asistido a la reuniones representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Aseguró que se tienen que hacer acuerdos técnicos, ecológicos y sociales para que se evite una confrontación en el futuro, porque desde el pasado 2 de marzo los concesionarios dejaron de trabajar luego de que los vecinos de seis comunidades de Ometepec protestaron para exigir a las autoridades ambientales y a la Conagua que respeten el acuerdo firmado en 2009 que prohíbe la extracción de grava y arena del río Santa Catarina.
Estrada Bustos se manifestó a favor de un programa de reforestación de las 16 cuencas que hay en el municipio, en especial del río Santa Catarina.
Agregó que por acuerdo del Cabildo, el dinero que se recolecte del cobro del uso del espacio público de Ometepec durante la Semana Santa será utilizado para un programa de reforestación, el cual calculó será de unos 350 mil pesos.
El alcalde de Ometepec dijo que respeta el acuerdo de las 16 autoridades agrarias en la reunión del pasado 1 de abril, de destituir, procesar legalmente y reeducar a quien saquee los recursos naturales.
“Mi coincidencia con las organizaciones de defensa del medio ambiente es que no hay más que reforestar, racionalizar y cuidar los recursos naturales porque el calentamiento es un fenómeno a nivel mundial” que está afectando al planeta, comentó el funcionario.
No se vierten aguas negras a la laguna de Las Salinas, responde la CAPAZ a organizaciones
La directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ), Elizabeth Cruz López, negó que la planta tratadora La Marina sea la causante de la contaminación de la laguna Las Salinas, como lo señalaron en una manifestación los integrantes del Consejo Empresarial de Zihuatanejo-Ixtapa, (Cezi), además lamentó que los empresarios hagan señalamientos de esa naturaleza “sin conocer cómo es que actualmente funciona la planta tratadora de aguas negras”.
El sábado 10 de septiembre, integrantes del Cezi encabezados por su dirigente, Ricardo Sotelo Luna, así como representantes de organizaciones ambientalistas y alumnos del Instituto Tecnológico de la Costa Grande protestaron con pancartas en la laguna Las Salinas en La Rampa y demandaron el saneamiento de la laguna además de que tomaron muestras de agua para ser analizadas en un laboratorio.
Ayer, Cruz López convocó a los reporteros para hacer un recorrido por la planta tratadora La Marina, que hace apenas un par de meses la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) entregó a la CAPAZ, luego de una reconstrucción total en la que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) invirtió 184 millones de pesos y es considerada una de las mejores plantas tratadoras de aguas negras en el país.
Después de la polémica que generó la manifestación de empresarios, ambientalistas y estudiantes, Elizabeth Cruz acompañada del subdirector técnico de la CAPAZ, Eduardo Valencia Martínez, y del jefe de Saneamiento de las Plantas de Tratamiento. Dearin Melquiades Martínez explicaron que el funcionamiento de la planta cumple con las normas oficiales y rechazaron que haya descargas directas de aguas negras.
Valencia Martínez aseguró que hay otros factores que contaminan la laguna como el arrastre pluvial de basura orgánica e inorgánica, así como también es utilizada como defecadero de los pescadores y lancheros que fondean ahí sus embarcaciones, además de que en las inmediaciones hay talleres de reparación de lanchas que utilizan fibra de vidrio y otros contaminantes que van a dar directamente a la laguna.
Sobreviven en condiciones precarias en Ayutla 15 familias serranas desplazadas de La Laguna
Desplazados de La Laguna, Coyuca de Catalán, exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que cumpla la Ley Número 487 Para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, que se hizo a partir de que ellos fueron desterrados.
Los desplazados a las comunidades de Tepango y La Unión, en el municipio de Ayutla –donde sufren desnutrición, carecen de agua potable, atención médica, alimentos y tierras para sembrar–, no pueden salir a trabajar porque todos, hasta los más pequeños tienen órdenes de aprehensión en la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto secuestro de Homero Montúfar y el asesinato de dos sicarios que trataron de emboscarlos el 22 de junio del 2013, y fueron repelidos por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Por estas acusaciones, en la cárcel de Ayutla se encuentra preso Gildardo Díaz Pérez, detenido en marzo de 2015. Su esposa, María del Carmen Santana exige la libertad del padre de sus siete hijos.
En el lugar donde se refugian, las familias solicitaron que el gobernador Astudillo Flores y su área responsable de desplazados en el estado atienda a unas 15 familias que salieron desde diciembre de 2012 de su comunidad, La Laguna, en la sierra de Coyuca de Catalán, luego de ser perseguidos por delincuentes que saquean los bosques del ejido Huajes de Ayala, rica en encinos, donde se ubicaba la comunidad de La Laguna. Recordaron que por ellos se creó la Ley 487, que no se está cumpliendo.
Las familias fueron visitadas ayer por el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, para dar seguimiento y conocer en que estado se encontraban.
Una de las refugiadas, la señora Catalina Pérez reclamó la falta de ayuda del gobierno, y denunció que están olvidados y arrumbados a su suerte en los terrenos que son cuidados por policías del estado.
Informó que hace un mes acudieron a sus colonias el jefe del departamento de Agua Limpia de la Conagua, Fernando Cuevas Rosas; el jefe del departamento de Asistencia Técnica de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Arquímides Fernández García, y el director de Gobernación del municipio de Ayutla, Raúl Pacheco Sevilla, a quienes solicitaron un pozo de agua, pero hasta ayer ninguna autoridad había regresado.
Por otro lado, el municipio de Ayutla se niega a apoyarlos “porque no son su responsabilidad”, según cuentan que les dijo el director de gobernación, a quien han recurrido en múltiples ocasiones en busca de ayuda.
Las mujeres señalaron que los funcionarios se comprometieron a gestionar el pozo de agua, que es una urgencia, incluso han elaborado un proyecto del pozo de agua con un costo de 1 millón 40 mil pesos, que incluía una red de riego de traspatio, pero que les fue rechazado.
Las mujeres mostraron que sus hijos, unos 36 niños, tienen granos rojos en el cuerpo por beber y bañarse en agua de los pequeños pozos que han hecho en el cauce de un río que pasa cerca del terreno donde viven, en La Unión.
Exigen al gobierno del estado becas alimenticias y de transporte, y proyectos productivos
También solicitaron becas de alimentación y pasajes para sus hijos, ya que deben caminar 40 minutos para llegar al kínder, a la primaria y a la secundaria.
Asimismo, exigieron al gobernador proyectos productivos para subsistir y alimentar a sus hijos, cinco de ellos nacieron en las tierras que ocupan, mismas que no se les han entregado de manera formal, porque no han sido adquiridas por el gobierno del estado, tratándose de ejidos.
Los desplazados aclararon que no están pidiendo nada regalado, sino apoyo para vivir con dignidad. Algunas de las familias rentan tierras hasta por 2 mil pesos para sembrar maíz, pero en la temporada pasada la cosecha se perdió ante la falta de lluvias.
Entre 2005 y 2012, asesinaron a 30 integrantes de las familias desplazadas. Su dirigente, Juventina Villa, y su hijo de 17 años, fueron asesinados el 28 de noviembre de 2012, cuando trataban de escapar con otras 45 familias de Puerto Las Ollas, donde buscaron refugio en abril de 2011, pero ante la falta de ayuda del gobierno regresaron a La Laguna.
Liberan campesinos la presa El Guineo en Tecoanapa; les pagarán sus tierras en seis meses, acuerdan
Campesinos de la población Carabalincito del municipio de Tecoanapa liberaron este jueves las compuertas de la presa hidroeléctrica Revolución Mexicana El Guineo, luego de cuatro días de protestas en demanda de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les pague 284 hectáreas de las tierras que fueron expropiadas en 1970.
Este lunes los vecinos cerraron el acceso a la presa hidroeléctrica para exigir el pago de sus tierras, que la Conagua se comprometió a pagar en octubre y noviembre de 2015.
Este jueves a las 12 del día los inconformes liberaron los accesos a la presa y las compuertas, luego de que se les informó que serían atendidos en el Palacio de Gobierno en Chilpancingo.
El presentante de los afectados, Óscar Pineda informó por teléfono que el jueves en la noche se reunieron en Palacio de Gobierno con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien les prometió que el gobierno del estado intervendrá para facilitar el pago de las tierras que les adeuda la Conagua.
Dijo que en la reunión estuvo el representante de la Conagua y mostró disposición para pagar las tierras a los dueños que fueron despojados.
Afirmó que el pago de las tierras podría concretarse en los próximos seis o siete meses, ya que los inconformes exigen a la Conagua el pago de 100 mil pesos por cada hectárea, pero la dependencia ofrece 80 mil. (Jacob Morales Antonio).
Cierran comuneros por tercer día la presa El Guineo en Tecoanapa; exigen el pago de sus tierras a Conagua
Campesinos de la población Carabalincito, municipio de Tecoanapa, cumplieron ayer tres días de mantener cerradas las compuertas de la presa hidroeléctrica Revolución Mexicana El Guineo, para exigir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el pago de 300 mil pesos por hectárea de las tierras que fueron expropiadas en 1970, informó el vecino Oscar Pineda.
Los campesinos afectados por el embalse solicitaron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores para que la Conagua cumpla un acuerdo pactado en 2015, en el que la dependencia se comprometió a pagar “bienes distintos de la tierra” en marzo, y en octubre y noviembre a pagar las tierras, pero no fue así.
Óscar Pineda recriminó que las autoridades federales dan largas al cumplimiento de las cuatro minutas que se han firmado para el pago de tierras, y la Conagua pretende pagar 80 mil pesos por hectárea.
A las comunidades afectadas se les adeuda el pago de 284 hectáreas, 134 son de Nuevo Tecomulapa, municipio de San Marcos, 40 corresponden a La Unión, municipio de Ayutla, 50 hectáreas a Tierra Colorada también del municipio de Ayutla, 30 a Carabalincito municipio de Tecoanapa y 30 a El Porvenir, municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande).
Dijo que por la exigencia del pago de tierras a la Conagua y a la delegación de la Secretaría de Gobernación (Segob), han amenazado con desalojar a los campesinos que mantienen cerrada la presa hidroeléctrica.
Este lunes los vecinos bloquearon el paso en la comunidad de Carabalí Grande, que es el acceso a la hidroeléctrica.
Los inconformes dijeron que no se retirarán del lugar mientras la Conagua no les pague. Hasta ayer a las 6 de la tarde ninguna autoridad los había atendido.
Se observaron algunas pintas en las paredes que están en la entrada de la presa, en donde se lee: “exigimos solución, no más mentiras” y “hace 40 años que se nos deben nuestras tierras, exigimos el pago inmediato”.
Autoriza el gobierno federal extraer agua del acuífero vedado Chilpancingo, informa la Conagua
El gobierno federal autorizó extraer 22.9 millones de metros cúbicos anuales de agua del acuífero Chilpancingo de los municipios de Chilpancingo, Leonardo Bravo (Chichihualco), Tixtla, Mochitlán y Eduardo Neri (Zumpango).
El acuífero Chilpancingo está vedado desde el 13 de febrero de 1975, hace 40 años y 11 meses, pero la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó este martes un estudio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en donde se recomienda establecer las reglas de operación para otorgar concesiones o asignaciones directas para la extracción de agua.
Este miércoles entró en vigor el acuerdo en donde se da a conocer el resultado del estudio técnico de aguas nacionales subterráneas del acuífero Chilpancingo, clave 1228, en el estado de Guerrero, Región Hidrológico-Administrativa Pacífico Sur, el cual recomienda, “decretar el ordenamiento procedente para el control de la extracción, explotación, uso o aprovechamiento de las aguas subterráneas en toda la superficie del acuífero Chilpancingo”, y suprimir la veda impuesta desde 1975.
El documento publicado establece que la veda de la extracción de agua del subsuelo sigue vigente, “hasta en tanto se expida el instrumento jurídico que la Comisión Nacional del Agua, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, proponga al titular del Ejecutivo Federal, mismo que permitirá realizar la administración y uso sustentable de las aguas nacionales del subsuelo en el acuífero Chilpancingo”.
El acuerdo también advierte que el acuífero tiene disponibilidad limitada de agua y existe riesgo de sobreexplotación si se permite la extracción desordenada, y sugiere que se haga un aprovechamiento controlado del recurso.
“El acuífero Chilpancingo clave 1228 se localiza en la porción central del estado de Guerrero, cubre una superficie de 543.53 kilómetros cuadrados, comprende parcialmente los municipios de Chilpancingo, Leonardo Bravo, Tixtla, Mochitlán y Eduardo Neri”.
De acuerdo con la información del censo de aprovechamientos de 2008 de la Comisión Nacional del Agua, “se registró la existencia de 150 aprovechamientos de agua subterránea, de los cuales 17 son pozos, 117 norias y 16 manantiales”.
“El volumen de extracción total estimado entre pozos, norias y manantiales es de 9.9 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales 5.2 millones de metros cúbicos, 52.5 por ciento, se destinan al uso público-urbano, 3.8 millones de metros cúbicos, 38.4 por ciento, se destinan a uso doméstico-pecuario, 0.4 millones de metros cúbicos, 4 por ciento, se destina al uso agrícola y 0.5 millones de metros cúbicos, 5.1 por ciento se utilizan para las actividades de servicios”.
En el documento se explica que, “el máximo volumen que puede extraerse para mantenerlo en condiciones sustentables es de 22.9 millones de metros cúbicos anuales, que corresponde al volumen de recarga media anual, menos la descarga natural comprometida”.
Riesgo de sobreexplotación del acuífero
El acuerdo también advierte que el acuífero tiene una disponibilidad limitada de agua y existe riesgo de sobreexplotación si se permite la extracción desordenada, se sugiere que se haga un aprovechamiento controlado del recurso.
“El acuífero Chilpancingo, clave 1228, actualmente tiene una disponibilidad media anual de agua limitada para impulsar el desarrollo de las actividades productivas, aunado al incremento en la extracción y aprovechamiento del agua subterránea, por consecuencia de alumbramientos que se efectúan de forma desordenada, para satisfacer el incremento de la demanda se podría originar un desequilibrio en la relación recarga-extracción y causar sobrexplotación”, se lee en el documento.
Hay un riesgo de “que se genere efectos perjudiciales causados por la explotación intensiva, tales como la inutilización de pozos, el incremento de los costos de bombeo, la disminución e incluso desaparición de manantiales, así como el deterioro de la calidad del agua subterránea”, por lo que es necesario prevenir la sobreexplotación y proteger al acuífero de un deterioro ambiental en la región, advierte el estudio.