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Difieren el careo de Arturo Campos porque las autoridades no lo trasladaron a Tlapa

 

El careo procesal del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Arturo Campos Herrera, fue diferido porque el subdirector operativo de Seguridad, Custodia y Traslado de Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado no acató la solicitud hecha el 7 de septiembre, de trasladarlo al penal de Atlamajac en esta ciudad.
Campos Herrera está acusado de secuestro agravado en la causa penal 196/2013-I en agravio de Víctor Cid Cisneros y otros, que son cerca de 20 personas, de las cuales sólo acudieron tres que quedaron apercibidos que de no presentarse al careo el 7 de diciembre a las 10 de la mañana, serían presentados por la fuerza pública.
Campos Herrera se encuentra recluido en la cárcel de Ayutla que depende del juzgado Mixto del centro penitenciario de Allende, su defensa solicitó su traslado al penal de Atlamajac para el desahogo de las diligencias sin que el subdirector operativo de Seguridad y Custodia y Traslado de Internos cumpliera, como se lo ordenó un juez.
También pide a la Dirección General de Seguridad que acate el mandato o de lo contrario se le pondrá una multa de 20 días de salario mínimo.
Acudieron a la diligencia en el juzgado segundo de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Morelos tres abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, a cargo de Rogelio Téliz, quien consultado en el penal dijo que la responsabilidad de que no se hiciera el proceso, fue el director de Traslados que no acató la orden del traslado de la que estaba enterado hace más de un mes y medio.
Agregó que se entorpece el proceso jurídico a Campos Herrera con la intención de que no recupere su libertad, porque hay elementos suficientes para hacerlo.
Dijo que no es la primera vez que se difiere una audiencia, el 13 de octubre en Acapulco el Ministerio Público adscrito a la Cuarta Sala Penal no se presentó, y eso fue una forma de retrasar la justicia y ahora “se entorpece el desahogo de tres agraviados que estuvieron presentes y parece que el Estado entorpece las cosas”, dijo
Agregó que acudieron tres de los 23 agraviados que fueron citados a comparecer y que también se retiraron molestos por la suspensión.
Exhortó a las autoridades a que garanticen el traslado de Campos Herrera para que continúe el proceso
Vía telefónica Arturo Campos consideró que el que no los trasladaran a esta ciudad fue debido a un asunto político del gobierno, que lo quiere mantener en la cárcel, pues tiene todo en sus manos para agilizar los trámites y no lo hace pese a que está informado formalmente mediante oficio y por un juez.
Dijo que en donde está escucha que la gente se sigue organizando y eso está bien para seguir combatiendo la inseguridad que según el gobierno ataca, pero hay muertos constantemente en Acapulco, Chilpancingo y el estado en general.
Remarcó que en los territorios donde está la Policía Comunitaria la delincuencia es menor, no ha entrado, que esa organización es más eficiente porque emana del pueblo, de los saberes de los ancianos, de los sabios y que está comprobado que es más eficiente aunque no le guste al gobierno.
Agregó que está sustentada en los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, la Constitución y en la Ley 701 del estado de Guerrero.
De su salud dijo que se encuentra bien.

 

 

Es albañil, futbolista y tlacololero; a los 32 años, con su esposa embarazada y un hijo, entró a la Normal de Ayotzinapa

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 José Ángel Campos Cantor

Lourdes Chávez

Tixtla
26 de diciembre de 2015

Con 32 años, su esposa embarazada y un hijo, José Ángel Campos Cantor, decidió estudiar en la Normal Rural de Ayotzinapa; contó con el apoyo de su papá, Bernardo Campos, que se comprometió a ayudar en la manutención de su familia que vivía en la casa materna. Se dedicaba a la albañilería.
Después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, sus padres, su esposa cargando en brazos a una niña de dos meses de nacida y un hijo se convirtieron en decididos activistas del movimiento por los 43, y están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para dar con su paradero.
Particularmente el señor Bernabé, que no falta a una reunión, hace guardias constantes por las tardes en la escuela donde con otros padres esperan noticias de los estudiantes.
Son originarios de Tixtla, y en una manifestación por los 43 en la cabecera municipal, habló de cuánto le gustaba el futbol, que era danzante de los Tlacololeros en las fiestas de todos los barrios de la cabecera municipal, y de niño se iba a tocar con las bandas de música de chile frito las tarolas y redoblantes, unas especies de tambores.
Dijo que es un joven serio, sin vicios, al que le gusta reír. Son vecinos del barrio de El Fortín, sede de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia La Patria es Primero perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Esta comunidad encabezó algunas manifestaciones en la ciudad en los primeros meses de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.
Su papá recordó que él mismo lo animó a entrar a la Normal, porque el trabajo de campo y la construcción son muy pesados, y los jóvenes aún tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas.
“Yo le dije, los rayos del sol son pesados, hablaba yo y les hacía ver las cosas, nosotros ya estamos impuestos, pero ustedes son jóvenes”, decía.
Un buen día, José Ángel le dijo que quería que lo apoyara con su familia para estudiar la Normal, se enteró por otros estudiantes que la edad no sería limitante. Dos de sus cuñados son maestros egresados de la Normal Rural. Recordó que desde antes lo apoyaba, y sólo le pidió que le echara ganas.
José Ángel estudió la preparatoria abierta para terminar el bachillerato y en el ciclo escolar 2014-15 participó en la convocatoria de nuevo ingreso a la Normal de Ayotzinapa, con la que también se accede a una beca de alimentos y hospedaje.
“Yo le dije a su mamá, a este muchacho le va a hacer los mandados la semana de prueba”, un periodo de adaptación a cargo de los estudiantes, donde los alumnos de nuevo ingreso realizan ejercicios físicos, trabajo de campo y lecturas de teoría socialista.
Recordó que el día que informó a su familia que fue aceptado en la escuela, que era domingo, volvió a su casa temprano porque les dieron un descanso, estaban todos muy contentos.
La noche de la tragedia, escucharon que en un automóvil vocearon que los estudiantes estaban en peligro en Iguala. No sabían de los muertos, horas después se hablaba de más de 70 desaparecidos.
A las 10:30 de la mañana del 27 de septiembre, llegaron los primeros autobuses con estudiantes a la Normal, “corrimos con el ansia de ver a nuestros hijos y él no aparece, no llegaron, pensamos que lo tenían en otro lado, nadie imaginó llegar a este tiempo”.
Jugaba con el equipo de Los Vaqueros de El Fortín, aún estando casado, y obtuvo dos trofeos de goleador en torneos regionales..
Nueve días antes de las fiestas patronales que se acostumbran en Tixtla, iba a bailar a los barrios y un día antes de la fiesta patronal, iba al encuentro de danzas con su traje de tlacololero, una costumbre tixtleca.
El normalista desaparecido es el segundo de cinco hijos. El señor Bernardo aseguró que los hermanos son muy unidos y en particular siempre pensó que la escuela de Ayotzinapa era un espacio de desarrollo para los hijos de las familias pobres, porque observó hace varias décadas, como albañil en la construcción de uno de los dormitorios, que los estudiantes recibían uniformes, chamarras, botas, pero ya no es igual.
Consideró que si reducen los materiales, los estudiantes deben manifestarse por la falta de presupuesto. “Antes no había mucho mitin como ahora, los alumnos protestan porque cada vez son menos los recursos, y (ahora) claro que tenemos que protestar, por lo que ha pasado, por nuestros hijos”.
A 15 meses de la desaparición forzada, consideró que aún existe una esperanza de encontrarlos porque los extranjeros del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), les han dicho que si no hay indicios de dónde pueden estar, ellos (el gobierno) los tienen.

Presentan una brigada infantil comunitaria de la CRAC en El Fortín, Tixtla, y exigen la libertad de los presos

Familiares de los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarios (CRAC) Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez Gálvez exigieron su libertad inmediata durante la presentación de la brigada infantil comunitaria Mi Patria Es Primero de la CRAC, con base en El Fortín en Tixtla.
La reunión se convirtió en un foro de denuncia y asistieron padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa quienes declararon que a casi dos años del ataque a los normalistas sigue la impunidad, y que las investigaciones para localizar a sus hijos se mantienen en cero.
Al encuentro también asistió una comisión de la Policía Comunitaria de Olinalá encabezada por Geovani Torres Salgado, padres de los 43 normalistas encabezados por Emiliano Navarrete, además de Beatriz Gálvez Macario madre de Samuel Ramírez Gálvez quien es policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec y está detenido en el penal de Chilpancingo, y la esposa del promotor de la CRAC de Ayutla, Arturo Campos Hernández, Agustina García de Jesús.
En el encuentro fue presentada la brigada infantil comunitaria que está compuesta por niñas y niños y que tiene el objetivo de “empezar de nuevo el proyecto comunitario, ante el escenario adverso en que se encuentra la organización comunitaria”, explicó el auxiliar del proceso educativo, Carlos Hernández.
El acto comenzó con honores a la bandera los cuales estuvieron a cargo de las 30 niñas y niños de entre 5 y 16 años que integran dichas brigadas, fue en la explanada del barrio de El Fortín, que sirve de base para la CRAC-PC.
Después, Gonzalo Molina González, promotor y fundador de la CRAC-PC en Tixtla y actualmente preso en el penal de Chilpancingo, mandó un mensaje vía telefónica desde la cárcel y celebró la formación de la brigada infantil comunitaria, “debemos estar contentos porque hoy se le da formalidad a la brigada infantil comunitaria”, dijo.
Molina González es el impulsor del proyecto de la brigada infantil.
Explicó que la intención es que “los niños se formen con otra forma de ver las cosas, con valores que les permitan alcanzar el nivel más alto del ser humano, y de esta manera honrar la memoria de nuestros compañeros caídos que murieron por defender a su pueblo”.
Desde el penal, Gonzalo Molina convocó a los asistentes a retomar el proyecto de seguridad y justicia comunitaria, la salud, la educación, la comunicación y la producción, con la idea de trabajar en la construcción del poder popular.
A los ciudadanos les pidió que no dejen solos a los comunitarios, “recuerden que los policías comunitarios defienden al pueblo y el pueblo defiende a su Policía Comunitaria”.
El promotor de la CRAC saludó a los padres de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos y a los maestros que luchan por echar abajo la reforma educativa.

Si no luchamos ni hablamos, nadie lo hará por nosotros

La esposa de Arturo Campos Herrera, Agustina García de Jesús acusó que el gobierno quiere cansarlos para que dejen de luchar por la libertad de los presos y por la presentación de los 43 normalitas de Ayotzinapa, “quiere que nos cansemos de luchar, de hablar y de ver lo que está pasando en nuestro estado” manifestó.
Convocó a los asistentes a seguir luchando, “si no lo hacemos ¿quién va a luchar por nosotros? Si no hablamos ¿quién va a hablar por nosotros? Nadie va a venir a hablar de afuera porque no conoce la situación que estamos viviendo”, dijo.
Expresó que el gobierno está equivocado al encarcelar a los luchadores sociales, “que mal están (los del gobierno) cuando se supone que están preparados. Ellos hablan de educación, pero donde está la educación de ese gobierno corrupto, que encarcela a las personas que luchan por su pueblo y por el bienestar de su comunidad”, se quejó.
Planteó que a ella le da coraje que tengan presa a la gente que lucha por la comunidad, “que coraje y que lástima me da ese pinche gobierno corrupto que siga tratando así a la gente de las comunidades indígenas”, expresó.
Preguntó que hasta cuando los indígenas van a tener tranquilidad y paz, “nosotros estamos muy lejos de alcanzar la tranquilidad y la paz, porque nos siguen golpeando y asesinando”, denunció.
En su intervención, la madre de Samuel Ramírez Gálvez, Beatriz Gálvez Macario aclaró que la tarea de la Policía Comunitaria no se acaba cuando el gobierno mete a un comunitario a la cárcel.
Explicó que antes, en la Montaña, los delincuentes podían matar y violar y que por eso ella y su esposo promovieron la creación de la Policía Comunitaria y que a raíz de esa lucha tiene a su hijo preso en el penal de Chilpancingo, de quien reclamó su libertad.
Criticó que en esa lucha hay gente que se vende y mencionó a quienes encabezan la Casa Matriz de San Luís Acatlán. Recordó que ellos, en el anterior gobierno de Rogelio Ortega Martínez, firmaron un convenio que también querían que lo firmaran los comunitarios de la casa de Zitlaltepec.
Detalló que el convenio consistía en recibir apoyo económico, cartuchos y uniformes a cambio de que entregaran a los que detuvieran.
Dijo que ellos se negaron a firmar porque la CRAC es autónoma y tiene su propio Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria y los detenidos son sometidos a un proceso de reeducación, “mientras que ellos (los del gobierno) venden la justicia y sus policías le dan seguridad al presidentes municipales y al gobernador nada más, no al pueblo”.
Emiliano Navarrete, representante de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos dijo que a casi dos años del ataque a los normalistas en Iguala no han encontrado justicia y que las investigaciones para encontraros siguen en cero.
Agradeció el apoyo que ha recibido el movimiento de los 43 por agrupaciones como la CRAC-PC de El Fortín y la de Olinalá.
Expresó que en estos dos años han visto el apoyo de mucha gente, aunque reconoció que en este camino “también hemos visto gente que se ha aprovechado de nuestra situación”, acusó sin precisarlo.
Añadió que ante la falta de resultados en las investigaciones, los padres han sabido dar la cara a un gobierno que “ha resultado ser una pinche porquería”.
Por su parte, el comandante de barrio de la Policía Comunitaria de Olinalá, Geovani Torres Salgado exigió la libertad de los tres miembros de la CRAC que siguen presos; Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez. Exigió que los detenidos obtengan su libertad de manera incondicional.
Aclaró que les dio gusto que salieran libres los seis policías comunitarios que estaban presos en Ayutla, pero que estos fueron liberados bajo fianza y que actualmente siguen sujetos a proceso.

La brigada infantil

El auxiliar del proceso educativo, Carlos Hernández explicó que con la brigada infantil comunitaria se trata de evitar la división que ocurrió con los que formaron la casa de Santa Cruz del Rincón (Malinaltepec, los llamados Pueblos Fundadores), cuando abandonaron la CRAC de la Casa Matriz de San Luis Acatlán.
Detalló que la idea es comenzar el proceso de refundación y reeducación desde abajo, desde los niños.
Manifestó que “ante lo que viene”, se pretende entrar a un proceso para lograr una comunidad más armoniosa y orgánica mediante talleres de reeducación en los que se retroalimenten los niños y los adultos.
Explicó que esta fue una propuesta de Gonzalo Molina.

Analizarán la actuación arbitraria de la Policía Comunitaria en Agua Xoco, Acatepec: OPIM

 

El próximo domingo habitantes de varios pueblos del municipio de Acatepec se reunirán con los coordinadores de la Casa de Justicia de Espino Blanco (Malinaltepec) de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) para dialogar sobre la detención del indígena de Agua Xoco, Silvestre Crescencio Higinio, ocurrida el 9 de septiembre pasado en esa comunidad, anunció el secretario de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez.
Ramírez Rodríguez confirmó que el detenido pertenece a esa organización y agregó que en la reunión del domingo se tratarán otros casos más en los que la Policía Comunitaria de la CRAC ha actuado arbitrariamente.
El lunes, la esposa de Silvestre Crescencio, Elidia Díaz Flores denunció vía telefónica que policías comunitarios de la CRAC de Agua Xoco detuvieron, golpearon y robaron 5 mil pesos a su esposo quien es representante de la OPIM.
Según la esposa, la detención fue ordenada por el comisario municipal de Agua Xoco, Artemio Morales Cornelio, quien los acusa a los dos del cambio del profesor Modesto Remigio Flores.
Consultado vía telefónica, el secretario de la OPIM dijo que efectivamente Silvestre Crescencio y su esposa acusaron a dicho profesor de quedarse con un dinero de la escuela, motivo por el cual fue cambiado, y que el fondo del asunto es el añejo conflicto que existe entre la familia de Los Remigio de El Camalote, municipio de Ayutla, de donde es originario el profesor, y los miembros de la OPIM de esa comunidad.
Explicó que el profesor acusado es originario de El Camalote y que trabaja en Agua Xoco, en donde entró en conflicto con Silvestre Crescencio.
Añadió que se reunirán con los coordinadores de la CRAC en la comunidad de Tres Cruces, municipio de Acatepec.
Aseguró que los comunitarios que detuvieron al integrante de la OPIM actuaron arbitrariamente por órdenes del comandante Leopoldo Cornelio.
Anunció que la reunión será con varios coordinadores de la CRAC, porque no es el único caso en los que han actuado arbitrariamente los comunitarios, “hay más problemas en otras comunidades”, aseguró el dirigente de la OPIM.

Policías de la UPOEG golpearon a seis vecinos en Chapultepec, Azoyú, denuncian autoridades

El presidente del ejido de Chapultepec y el comisario municipal de esa localidad, del municipio de Azoyú, denunciaron que la tarde del sábado unas 120 personas y policías ciudadanos del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) irrumpieron y golpearon a seis vecinos.
En una llamada a la redacción, el presidente del ejido, Juventino Carmona Viviano, y el comisario municipal, Enrique Mozo Ramírez, pidieron al gobierno del estado y autoridades agrarias intervenir en el conflicto por 2 hectáreas de tierras que fueron reservadas para la ampliación de la comunidad, pero que una familia reclama.
La comunidad de Chapultepec está integrada a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC). Los representantes de la comunidad denunciaron los hechos ayer en una reunión en la Casa de Justicia matriz en San Luis Acatlán.
De acuerdo con el relato de las autoridades, alrededor de las 4 de la tarde unas 120 personas, a bordo de 11 carros, entre ellos policías ciudadanos armados, encabezados por quien se dijo llamar y ostentarse como comandante regional, Estaban Ramos Gallardo, irrumpieron en la comunidad.
Ante la llegada de los integrantes de la UPOEG, unos 50 habitantes se reunieron en la comisaría municipal, donde Carmona Viviano se presentó como autoridad, pero fue cuestionado por Ramos Gallardo, del por qué había policías comunitarios de la CRAC, “le dije que estaban registrado en San Luis Acatlán”.
El ejidatario manifestó a los integrantes de la UPOEG que ellos no estaban autorizados por la asamblea del pueblo para intervenir en conflictos en la comunidad, porque la comunidad tenía su propio sistema de seguridad integrada a la CRAC. Además de que en el conflicto estaban interviniendo el alcalde de Cuautepec, y de Marquelia para solucionarlo.
Denunció que los policías llegaron a amenazar al pueblo y agredieron a golpes a seis personas, además de que encañonaron a otros vecinos. Del problema explicó que “tenemos el conflicto con un señor del pueblo (Valentín García Guzmán), porque un área quedó para crecimiento del pueblo de 2 hectáreas, y dice que son de su terreno”.
Después de más de una hora, las personas se retiraron de la comunidad en las 11 camionetas en que iban. Por su parte el comisario municipal, Mozo Ramírez llamó al gobierno del estado a intervenir porque el pueblo no quiere problemas con la UPOEG, además de que la comunidad está con la CRAC.

Recorren comunitarios de la CRAC la Montaña, Costa Chica y el Centro; piden que no se modifique la Ley 701

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) hicieron una campaña de información en carreteras y caminos principales de la Montaña, Costa Chica y la región Centro para pedir que la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Originarios del estado no se pueda modificar ni derogar y exigir la libertad de los presos políticos de organización.
La CRAC indicó que ayer se movilizaron 12 grupos de policías comunitarios de Huamuxtitlán, siete de Tixtla, cinco de Tecoanapa, uno de Espino Blanco, cinco de Chilixtlahuaca, cinco de Dos Ríos, dos de Tlacoachistlahuaca y 12 de San Luis Acatlán.
Por medio de folletos, los comunitarios demandaron que el Congreso local modifique el artículo 1 de la Ley 701, para que sea reglamentaria de los artículos que van del 8 al 14 de la nueva Constitución del estado, y que en caso de que se modifique, tendría que hacerse previa consulta de los pueblos afectados.
Además exigieron la libertad inmediata de los detenidos en penales de Ayutla y Chilpancingo por asumir la defensa de sus comunidades bajo el sistema comunitario, como Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez, y la cancelación de las concesiones de exploración y explotación minera otorgadas por el gobierno federal a empresas transnacionales sin el consentimiento de los pueblos afectados.
En la Montaña se hizo una caravana de 10 vehículos y más de 70 policías comunitarios salieron a las 10 de la mañana de Huamuxtitlán a Xochihuehuetlán y se regresó sobre la carretera de Puebla a Tlapa pasando por las comunidades donde tienen presencia como Santa Cruz, Alpoyeca, Tlapa, Tlatlauquitepec del municipio de Atlixtac, Pochutla del municipio de Ahuacuotzingo y la cabecera municipal y se culminó en Olinalá.
La caravana, informó el comité de enlace incorporado a la Casa Matriz de San Luis Acatlán, Manuel Alejandro Gutiérrez, fue para recordar que la Ley 701 reconoce la existencia del Sistema de Justicia Comunitario como un sistema establecido formalmente por los pueblos para impartir justicia y brindar seguridad.
Dijo que es para recordar que el Sistema Comunitario debe ser respetado por las autoridades estatales y federales y que éstas coadyuven a que sea reconocido como ya se establece en la ley al ser parte del sistema normativo de los pueblos originarios.
Recordó que la Ley 701 entró en vigor en abril de 2011 pero con la reforma hecha a la Constitución de Guerrero en junio de 2014, la ley reglamentaria quedó desfasada por lo que piden se ajuste a las nuevas disposiciones.
Pidió a los diputados locales que hagan su trabajo y por plazos ésta no pueda adecuarse y termine desapareciendo o la deroguen porque no conviene a los intereses del gobierno.
Mencionó que cualquier adecuación, cambio o modificación debe ser consultado a los pueblos indígenas y las organizaciones que pudieran ser afectados.
En el recorrido por carretera los policías entregaban folletos a la gente que estaba al paso.
Hicieron un alto en Tlatlauquitepec para tomar agua y seguir el camino a Ahuacuotzingo donde llamarían a la población a incorporarse al Sistema de Justicia Comunitario ante el aumento de la delincuencia en la zona.
El cierre sería en Olinalá, de donde es la comandanta Nestora Salgado, quien tras dos años de prisión ahora se encuentra en los Estados Unidos haciendo activismo en favor de los presos políticos.

Celebrarán el 21 aniversario de la CRAC en Horcasitas, San Luis Acatlán

Sobre Nestora Salgado, vía telefónica el abogado de la CRAC, Valentín Hernández Chapa informó que la Casa Matriz de San Luis Acatlán mantiene comunicación con la ex presa política sobre sus actividades en el extranjero, “por su seguridad se ha determinado que apoye las tareas de gestión y difusión por ahora, donde quiere que esté”.
Adelantó que se está afinando una propuesta para que en el 21 aniversario de la organización comunitaria, el 15 y 16 de octubre, Nestora Salgado se incorpore formalmente a una comisión de gestión, por acuerdo de los coordinadores y consejeros regionales.
Añadió que la primera propuesta es que la comunidad de Horcasitas de San Luis Acatlán sea la sede de los festejos del siguiente aniversario de la CRAC.
De las acciones en Tixtla, el representante de la Policía Comunitaria de El Troncón, en Tixtla, Pedro Santos Bartolo informó que de las 9:30 de la mañana a las 2 de la tarde se colocó un retén informativo en el internado Adolfo Cienfuegos y Camus, en la carretera que va a Chilapa. Indicó que hicieron algunas revisiones de vehículos, práctica cotidiana en el territorio comunitario, y se llevó a cabo sin incidentes, salvo el paso de una camioneta de militares que pasaron sin detenerse en este tramo carretero rumbo a Chilapa.
Indicó que participaron en la acción los grupos de la Policía Comunitaria de la colonia El Amate, El Zapote, Niños Héroes, las comunidades, La Estacada, El Troncón, Acatempan y El Durazno.

No tiene cargo en la CRAC pero colabora con la casa de San Luis Acatlán: Nestora

La ex presa política de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García reconoció que no ocupa ningún cargo dentro de esta organización de seguridad y justicia, pero sigue colaborando con la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán desde el extranjero.
En consulta telefónica desde Washington, Estados Unidos, la comandanta que dirigió en 2013 un movimiento de seguridad en Olinalá aseguró que sigue denunciando las violaciones a los derechos humanos, el abandono en que viven los pueblos y que está tratando de abrir espacios para apoyar a los campesinos y artesanos de La Montaña.
Adelantó que en diálogos con la comunidad latina han hablado de vender artesanías de Guerrero y de Oaxaca en Estados Unidos, Canadá y España, incluso de ayudar a reconstruir escuelas, “hay mucho que hacer aparte de denunciar todos los crímenes en el estado, estamos buscando la manera de incitar, invitar a la gente para que nos apoye”.
Anunció que traerán al país a algunos técnicos que capaciten a los campesinos para producir su propio gas, sus sistemas de riego, de purificación de agua, “estamos pidiendo que donen un tiempecito, hay mucha gente con muchos conocimientos que puede ayudar invitando a que regresen, que ayuden a las comunidades, que los cambios puedan empezar de abajo”.
Dijo que esta labor es en colaboración con la Policía Comunitaria de Olinalá y con la CRAC. Informó que el mes pasado en Estados Unidos la acompañó la consejera de la CRAC, Felícitas Martínez Solano y posiblemente se incorpore al siguiente viaje previsto para octubre en EU, Canadá y Europa.

El Ejército desarmará a comunitarios de El Ocotito que apoyan al comisario: FUSDEG


El integrante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Silvestre Plancarte  Mondragón informó que va haber una reestructuración de la Policía Comunitaria y dijo que los policías que  se separaron para apoyar al comisario Audifred Benítez Visoso tendrán que regresar a la base y que si se oponen a la regularización acordaron con el gobierno del estado que la Marina y el Ejército  los desarmarán.
Al término de la toma de protesta del comisario en Ocotito, después de que se originara un conflicto entre pobladores y el FUSDEG que quería imponer un comisario pese a que ya estaba electo, se consultó a Silvestre Plancarte sobre los 55 policías comunitarios que apoyan a Benítez Visoso, según informó este domingo.
Señaló que sólo son 27 policías que comenzaron a apoyar al comisario y que se separaron de la base que tienen en el Ocotito-Mohoneras instalándose en la comisaría.
Aclaró que de esos policías comunitarios sólo 14 han estado trabajando con el FUSDEG “y los  demás nunca han participado, ellos no pueden seguir en el edificio (comisaría), tienen que regresar a la base”, agregó que fue uno de los acuerdos que se tomó en las reuniones que sostuvieron con el gobierno municipal y estatal.
Advirtió que si quieren seguir dentro del FUSDEG tienen que regresar a la base.
Plancarte Mondragón añadió que sólo está reconocida como única instancia la Policía Comunitaria tolerada por el gobierno del estado.
“Entraremos a una etapa de regulación y reestructuración de toda la policía (comunitaria), esto nos obliga a que tenemos que regresar colonia por colonia pero al mismo tiempo la policía debe ir vestida de civil, porque cuando se presentan armados el pueblo difícilmente habla”, informó.
Abundó que ante el conflicto por el nombramiento del comisario sigue una herida “profunda y marcada” y va a depender de que todos sean inteligentes, pacientes y tengan calma “para que esto logre amarrarse en la vía del derecho”, y dijo que el trabajo pesa menos cuando se comparte.
Llamó a los policías que apoyan al comisario a reflexionar seriamente de que es hora de demostrar que querer al pueblo es defenderlo, refrendarlo, dignificarlo y ponerse a la altura de las condiciones en las que está.
El integrante del FUSEG expresó que por eso resultan problemas si no se regulan, porque es darles un arma y poder “y te friegan como pueblo, esa parte hay que entender”, y que se deben tomar en cuenta las experiencias que han surgido de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y las autodefensas de Michoacán.
Se le preguntó del rumor que surgió entre la población de que desarmarían a los policías comunitarios que apoyan a Benítez Visoso, y respondió, “nosotros estamos en una coordinación con el gobierno, quedaron ellos que con la fuerza Marina, la militar y la demás, para que si en un momento dado no acataban la orden de regularse pues ni modo (se desarmará)”, aunque dijo que espera que no se llegue hasta ahí “y que los compas entiendan que querer al pueblo es defenderlo”.

Protestan comisario y suplente

Audifret Benítez Visoso rindió protesta como comisario del Ocotito y Román Vadillo Abarca del FUSDEG como comisario suplente, en presencia del alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena.
En el acto llamaron a la unidad en beneficio de la localidad, después del conflicto que se desató cuando pobladores denunciaron que el FUSDEG quería imponer a un comisario.
Este domingo Benítez Visoso tomó protesta como comisario, y Román Vadillo como su suplente, fue el acuerdo que tomaron junto con autoridades municipales y estatales.
Después de la una de la tarde se llevó a cabo la toma de protesta en la explanada de la comisaría municipal donde estuvieron en la mesa de honor el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena; del FUSDEG, Silvestre Plancarte, Alberto Valenzo Reyes, Jesús Santiago Sánchez; los pobladores Jorge León Robledo, Rosa Isela Enríquez Pérez, Gabino Palma, Eliseo Ramírez.
Pese a que se acordó que el comisario y el FUDEG trabajarían conjuntamente y en el evento se llamó a la unión, para trabajar en paz por el bienestar de la localidad se notó la división, donde acudieron unos 600 vecinos.
En las sillas se notó la presencia de pobladores afines a Visoso Martínez, quienes primero sólo aplaudían cuando se nombraba a alguna persona afin, mientras que los pobladores que acompañaron al FUSEG permanecieron parados a un costado, haciendo lo mismo que los demás pobladores, ovacionar a las personalidades afines.

La CRAC sólo reconoce a tres casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco y El Paraíso, dice la Casa Matriz

La Casa Matriz de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán aclaró ayer mediante un comunicado que sólo reconoce a tres casas del sistema comunitario: las de San Luis Acatlán, Espino Blanco, municipio de Malinaltepec y El Paraíso, municipio de Ayutla, así como cinco comités de enlace.
Además, en el documento se manifiesta por la libertad de los promotores Arturo Campos Herrera de Ayutla, Gonzalo Molina González de Tixtla y del policía comunitario de Zitlaltepec, Samuel Ramírez Gálvez.
Asimismo, rechaza la instalación de las empresas mineras en su territorio y se deslinda de las acusaciones de que la agrupación tiene vínculos con grupos delincuenciales.
La aclaración se hizo aparentemente en alusión al conflicto que surgió en San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, donde la semana pasada fueron detenidos 14 policías comunitarios de la CRAC-PC de Rincón de Chautla que pertenece a la Casa de Justicia de los Pueblos Fundadores, y otro policía más fue asesinado por comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco.
“Hasta esta fecha, reconocemos como parte de nuestro sistema comunitario las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco (Malinaltepec) y El Paraíso (Ayutla), así como a los comités de enlace de las regiones de Tecoanapa, Tixtla, Huamuxtitlan, Chilixtlahuaca (Metlatonoc) y Dos Ríos (Cochoapa El Grande)”, dice en el escrito la comisión de comunicación comunitaria de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán.
Destaca que la CRAC-PC “es única”, con las casas de justicia y comités de enlace reconocidos como oficinas operativas en cada una de las regiones del estado de Guerrero.
Y aclara: “ninguna otra supuesta Casa de Justicia es parte del sistema comunitario, y quienes se ostentan como CRAC-PC o declaran en su nombre, o portan nuestro uniforme, carecen de legitimidad y usurpan nuestro nombre”.
Reconoce que el sistema comunitario de seguridad, justicia y reeducación, se encuentra en un proceso de reorganización y reestructuración, “en el que estamos revisando y corrigiendo los errores cometidos en los últimos años que propiciaron un grave conflicto interno, el cual algunos personajes con intereses distintos al sistema comunitario pretenden continuar”.
En ese sentido establece que mantiene el llamado “respetuoso y fraterno” a las comunidades que quieran regularizar su participación en el sistema comunitario a que acudan a sus casas de justicia o comités de enlace, “para brindarles la información correspondiente y eviten de esta manera ser sorprendidos o engañados por promotores o falsos representantes comunitarios que sólo buscan fortalecer sus intereses personales”.
También rechaza “cualquier señalamiento de tener vínculos con grupos delincuenciales”, y califica de “irresponsables” a quienes lo hagan sin demostrarlo, “pues consideramos que tales aseveraciones tienen como objetivo ponernos como blanco de la represión gubernamental o de los diversos grupos del crimen organizado”.
Además llama a las organizaciones sociales, de derechos humanos, a las autoridades comunitarias, a los policías comunitarios y a los ciudadanos “a que denuncien ante nuestras instancias de autoridad comunitaria cualquier situación o dato que sea sospechoso de vinculación de nuestras autoridades o servidores comunitarios con la delincuencia”.
En otro de los puntos del documento, exige la libertad “inmediata e incondicional” de los presos políticos Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez.
Por otra parte, expresa “la exigencia de respeto a nuestro territorio comunitario, por lo que deben cancelarse ya todos los permisos de exploración y explotación minera, concedidos por el gobierno federal a empresas transnacionales en perjuicio de nuestros pueblos y comunidades”.
La Casa Matriz exige a las instancias de gobierno que se mantenga vigente y se respete la Ley 701, y que “cualquier modificación o reforma debe consultarse con los pueblos y comunidades que protege, lo cual es un derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y en el artículo 2 de nuestra Constitución Federal”.
Establece que ningún cambio a la Ley 701 será legítimo si carece de consulta con los pueblos.
También reitera la exigencia de justicia en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Demandamos que el gobierno federal atienda urgentemente la petición de diálogo con el magisterio movilizado y exigimos la libertad inmediata de los profesores dirigentes de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) presos por el gobierno federal”, indica en otro punto el comunicado.

Plantea la CRAC de San Luis Acatlán el apoyo al magisterio y la reunificación con El Paraíso, Ayutla

 

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán plantearon apoyar la lucha de los maestros en contra de la reforma educativa y en defensa de la educación pública, además pretenden reunificarse con la Casa de Justicia de El Paraíso localizada en Ayutla.
Ayer, por falta de quórum de los comisarios municipales fue pospuesta para el próximo sábado la asamblea microregional. Antes de votar la propuesta de posponer la asamblea, la consejera Felícitas Martínez Solano propuso incluir dentro del orden del día el apoyo a la lucha del magisterio contra la reforma educativa y en defensa de la educación pública.
La promotora de la CRAC explicó la necesidad de defender la educación y los derechos de los maestros. Indicó que no es el único problema por el que las comunidades deben de estar en alerta, pues el gobierno también está privatizando el servicio de salud pública y está empeñado en que las empresas transnacionales extraigan el oro que hay en las tierras de la costa y la montaña.
A la reunión sólo llegaron 14 de los 33 comisarios municipales de los municipios de San Luis Acatlán, Iliatenco, Xochistlahuaca, y Marquelia, pero estuvieron presentes unos 60 asistentes, entre consejeros, delegados municipales y comandantes de la Policía Comunitaria.
En el orden del día también estaba planteada la reunificación de la Casa Matriz con la Casa de El Paraíso, que desde el 2011 se separó ante los ataques del ex coordinador, Eliseo Villar Castillo (detenido y apresado desde el 30 de abril de 2015), y para no ser sometida por el gobierno del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
Los consejeros de la CRAC informaron que el martes se realizará una asamblea en la comunidad de El Paraíso, de donde son los seis policías comunitarios que fueron liberados el pasado 12 de mayo.
Los miembros de la CRAC fueron detenidos en un aparatoso operativo de la Marina, el Ejército y la Policía Federal el 21 de agosto de 2013, acusados de secuestro, delito que no se acreditó y salieron libres. Aún permanece en la cárcel Arturo Campos.

Piden información de un taxista asesinado

En la breve reunión, los consejeros manifestaron su preocupación por la desaparición y asesinato del taxista Efraín Jerónimo Silva en la comunidad de El Aserradero, municipio de Iliatenco.
Además uno de los integrantes de la CRAC solicitó información de las investigaciones por el homicidio de ese joven encontrado el 22 de mayo, pues dijo que en la comunidad y sus cercanías hay policías comunitarios, además de que el taxi que manejaba no aparece y tuvo que haber pasado por las comunidades cercanas.
El promotor de la CRAC, Martín Candia Galindo, quien se sumó a la solicitud de información, dijo que en las comunidades cercanas a El Aserradero no hay equipo de radiocomunicación lo que ha dificultado la vigilancia y la seguridad.