La esposa del preso político Ausencia Honorato denunció que después de que operaron en un hospital de Iguala a su esposo,el promotor de la Policía Comunitaria en Tixtla, Gonzalo Molina González, y fue trasladado al penal de la capital ningún médico ni enfermera lo ha revisado, quien le hace las curaciones es ella.
El 10 de diciembre el promotor fue dado de alta del hospital general Jorge Soberón Acevedo de esa ciudad, después de que se le practicó una ureterolitotomía del uréter derecho por laparoscopía, que es un procedimiento para extraer cálculos del uréter que es el conducto del riñón a la vejiga.
Consultada telefónicamente la esposa del coordinador reprochó que desde que dieron de alta a Molina González en el penal no lo ha revisado un médico o una enfermera, que sólo ella ha estado pendiente de él haciéndole las curaciones pertinentes.
Mencionó que en el hospital de Iguala no le dieron un buen trato, pues dijo que el 2 de diciembre le intentaron extraer los cálculos renales, pero se complicó porque los médicos no le hicieron estudios previos, usaron estudios de meses antes.
Agregó que después de ese intento de extraer los cálculos le dijeron que lo darían de alta y que ingresaría nuevamente el 7 de diciembre para hacerle estudios, y ahora sí operarlo definitivamente, sin embargo dijo que la familia alegó para que no lo sacaran hasta que terminaran las cirugías definitivas, “porque lo trajimos para llevárnoslos bien”. Finalmente se quedó internado para la operación quirúrgica.
El 7 de diciembre operaron a Gonzalo Molina y el 10 de diciembre lo dieron de alta y regresó al penal.
“Está tranquilo, está recuperándose, pues nosotros vemos nuevamente aquí la mala atención que dan aquí en el Cereso (Centro de Readaptación Social), porque yo digo desde que él llegó no lo ha revisado ninguna enfermera, ningún médico, ahí yo estoy sirviendo como enfermera porque ahí yo estoy curando las heridas”, relató sobre su recuperación.
También se quejó que cuando el promotor estuvo en el hospital de Iguala “se portaron muy mal las enfermeras, jamás le limpiaron las heridas, jamás lo curaron, pues ahí también la hice de enfermera”.
Agregó que hubo ocasiones que el suero se le tapaba y tenía que llamarle a las enfermeras, dijo no era la atención médica que esperaba.
Expuso que probablemente este jueves lo lleven al Hospital General porque ya le toca que le retiren los puntos de la cirugía.
Además manifestó que le dejaron un catéter dentro, debido a la extracción de los cálculos, y que le programarán una cita para la revisión que no saben aún cuando.
Etiqueta: CRAC
Se desvanecieron dos procesos penales por secuestro contra Arturo Campos, informa Tlachinollan
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra declaró que ve la posibilidad de que el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Ayutla, Arturo Campos Herrera, salga libre pronto.
Explicó que después del careo que Campos Herrera sostuvo el miércoles con quienes lo acusan de secuestro se desvanecieron los dos procesos penales que tenía por ese delito, y que solamente quedaron dos por portación de arma de fuego y uno por robo.
Rosales Sierra acusó que es evidente que el promotor de la CRAC, quien fue detenido el 1 de diciembre del 2013, sigue preso por consigna política y no porque los jueces hayan encontrado elementos para procesarlo.
Consultado por teléfono explicó que la causa penal 196/2013-III por secuestro era la más difícil, pero que durante el careo con cinco de las presuntas víctimas el miércoles, reconocieron que nunca lo vieron en la Casa de Justicia de El Paraíso donde estuvieron detenidos y que tampoco les pidió dinero, por lo que no se configura el delito.
Dijo que quienes acusaban al promotor de la CRAC explicaron que estuvieron detenidos en El Paraíso por acusaciones que les hicieron en sus comunidades, y deslindaron a Campos Herrera.
La causa penal 196/2013-III es la misma que enfrentó por secuestro Nestora Salgado García, quien fue liberada en marzo pasado. También es la misma que enfrenta el promotor de la CRAC de Tixtla Gonzalo Molina González y por la que fueron juzgados y liberados los cinco policías comunitarios de El Paraíso y su coordinador Bernardino García Francisco.
Rosales Sierra mencionó que esta causa penal fue resuelta por los jueces federales, quienes no encontraron elementos para que se configurara el delito de secuestro y absolvieron a los acusados, pero que son los jueces locales los que no han querido pronunciarse en el mismo sentido, “por eso vemos que en el caso de Arturo Campos y Gonzalo Molina siguen presos por consigna política”.
Agregó que ahora que se echó abajo la acusación por la declaración de las supuestas víctimas que exculparon al detenido, la jueza de la causa tendrá que pronunciarse por la libertad de su defendido.
Informó que las otras dos causa penales por los delitos de portación de arma y otra de robo son fáciles de impugnar, y que Molina González tendrá que ser puesto en libertad.
Se recupera Gonzalo Molina de una operación en Iguala; indigna a activistas que esté esposado
El promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Gonzalo Molina González se encuentra en recuperación tras una cirugía en la vía urinaria.
Activistas denunciaron que la Policía Estatal mantiene encadenado al policía comunitario a una cama del hospital, lo que provocó indignación de quienes lo acompañan.
El canta autor Lenin Fernández denunció en redes sociales la situación del luchador social detenido desde 2013, “es indignante el trato al vocero de la CRAC Policía Comunitaria, Gonzalo Molina después de su operación con éxito es esposado como si en esas condiciones pudiera escapar, Gonzalo Molina es un preso político, su delito es defender a su comunidad del crimen organizado”.
Su familia, que antes dio a conocer la inadecuada atención a la salud de Molina González, no ha dado declaraciones desde su traslado de la cárcel de Chilpancingo al hospital general Jorge Soberón Acevedo de Iguala por cuestiones de seguridad.
Fuentes del sector Salud y de Seguridad Pública confirmaron que el viernes de la semana pasada se haría la cirugía para extraer cálculos de la vía urinaria y del riñón, por medio de una técnica poco invasiva llamada ureteroscopia con litrotripsia quirúrgica, sin embargo, debido su salud agravada, la operación se pospuso para el miércoles, hasta estabilizar su sistema, para hacer una operación abierta. El paciente será custodiado hasta sea dado de alta y regrese a Chilpancingo.
Marchan la CRAC, Ayotzinapa y organizaciones en Tixtla; piden seguridad y justicia por Irineo Salmerón
Policías comunitarios de Tixtla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) incorporados a la Casa de Justicia matriz de San Luis Acatlán, integrantes de organizaciones sociales y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa marcharon ayer en esta cabecera municipal y exigieron seguridad para la población y justicia por el asesinato de su coordinador, Irineo Salmerón Dircio.
Denunciaron que los asesinatos en contra de integrantes de la CRAC en este municipio suman siete en el último año, y tienen el propósito desde el gobierno de generar las condiciones para debilitar y desarmar a la Policía Comunitaria. Mientras que los crímenes contra activistas pretenden desarticular a las organizaciones que en el proceso electoral pasado impidieron las elecciones en protesta por el ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y la desaparición de 43 la noche del 26 de septiembre del 2014.
En la movilización participaron policías comunitarios de las comunidades de Acatempa, El Troncón y El Durazno, así como de colonias de la cabecera municipal, todos portaban un moño blanco en la punta del cañón de sus armas largas de bajo calibre. Uno de los voceros explicó que el detalle fue un mensaje de que la Policía Comunitaria fue creada para la paz y no para la guerra y que su función es brindar seguridad a la población.
El contingente de más de 100 participantes partió del arco de la entrada de la ciudad, cerca de la gasolinera. Los policías comunitarios, la mayoría cubiertos del rostro, caminaron adelante en silencio. Atrás marcharon las organizaciones sociales y al final los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que permanentemente corearon consignas.
En algunas de las pancartas se leyeron consignas como, “Organizados podemos cuidarnos”, “Tixtla quiérete”, Tixtla es nuestro cuidémoslo”, “Sólo el pueblo salva al pueblo”, “Alto al hostigamiento a la CRAC”, y “Justicia”.
Una de las demandas fue el esclarecimiento y castigo a los responsables del asesinato del coordinador de enlace de la CRAC de Tixtla, Irineo Salmerón Dircio, quien fue levantado por hombres armados el 23 de noviembre en Tixtla y encontrado ejecutado junto con otro hombre el 25 de ese mes cerca de Chilapa.
En el trayecto de la marcha los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa corearon consignas por la libertad de los presos de la CRAC, Gonzalo Molina González de Tixtla, Arturo Campos Herrera de Ayutla, y Samuel Gálvez Ramírez de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc.
La marcha llegó hasta el Zócalo, ahí hubo un breve mitin y el único orador fue el policía comunitario Ricardo quien explicó que el moño blanco fue un mensaje que indica que la Policía Comunitaria “no somos una fuerza punitiva, que no fuimos creados para la guerra sino para la paz, para la defensa de nuestro territorio, del pueblo, de nuestras familias, del agua”.
Denunció que la CRAC y su Policía Comunitaria llevan un año sufriendo hostigaminto y violencia, con la intención por parte del gobierno de debilitarla para desarmarlos.
“Pero desde aquí le decimos no. No estamos en ni queremos la guerra, pero les decimos que vamos a seguir armados, las agresiones que hemos sufrido nos han fortalecido y no nos van a doblegar, vamos a continuar a pesar de los asesinatos y desapariciones”, advirtió.
Al final de su breve discurso exigió la presentación y justicia por los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y por todos los desaparecidos.
Los asesinatos de miembros de la CRAC son para desarmar la comunitaria
Consultado después de su intervención, Ricardo declaró que desde el 26 de noviembre del 2015 han sido asesinados siete integrantes de la CRAC, los cuatro policías comunitarios que fueron asesinados ese 26 de noviembre, otros dos asesinados en el transcurso de este año pero que la agrupación decidió no hacer la denuncia pública, y el más reciente el de Irineo Salmerón Dircio.
“Sabemos que son agresiones directas contra la CRAC y en el fondo lo que quieren es desarmar a la Policía Comunitaria por ser (Tixtla) una zona estratégica y cercana a Chilpancingo, pero vamos a continuar armados”, dijo.
Agregó que con la marcha de este domingo “quisimos decirle al gobierno y a las organizaciones que nos quieran desarmar que vamos a continuar armados y en la lucha. Nosotros no tenemos armas de guerra, son armas de paz para la defensa de nuestros territorios, para la defensa de nuestra gente, para la defensa de la población”.
Denunció que la violencia es parte de una estrategia del Estado, porque si bien algunos casos son parte de la violencia general que se vive, hay agresiones directas no sólo contra la CRAC, sino contra las organizaciones sociales, y contra la Normal de Ayotzinapa que participan en el movimiento social.
“Por eso nosotros decimos que es una estrategia en contra del movimiento social y desde luego contra la CRAC, porque es un referente de justicia a nivel estatal”.
Dijo que no ven que la violencia en Tixtla sea un simple enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado como lo plantea el Gobierno, “no vamos a negar que en Tixtla hay grupos de la delincuencia, sin embargo ellos no se mandan solos, sabemos de su relación que tienen con el Estado, y nosotros hemos sufrido agresiones sin ser parte de ninguna de las organizaciones delincuenciales. Somos Policía Comunitaria, somos CRAC, y nosotros decimos que esas agresiones no vienen de la delincuencia organizada, sino del Estado”, acusó.
Pero añadió que para el gobierno es fácil decir que son parte del enfrentamiento entre las bandas del crimen organizado para dar por cerrado los casos, “y así se lava las manos y deja que siga todo igual”.
Explicó que por eso piden al gobierno un diálogo, para plantearle que garantice la seguridad en donde les corresponde, como en la cabecera municipal, “ya que para nosotros la Ley 701 es muy clara, nos impide salir a otros territorios en donde no tenemos el control. Por eso le pedimos seguridad en los lugares que no cubrimos y justicia en el caso de nuestros compañeros asesinados.
Informó que ya buscan un diálogo directamente con el gobernador, Héctor Astudillo Flores.
El vocero también reprochó que no basta solamente reconocer que Tixtla es con Chilpancingo y Chilapa, la ciudad en donde repunta la violencia y que requiere de mayor atención, como lo declaró el nuevo comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle, sino que se necesita actuar.
“A mí me preocupa que ni si quiera se conoce un plan de seguridad real. Se hacen declaraciones, se dicen cifras, se dice que ya no hay tanta delincuencia, que ya bajaron los índices delictivos y que sólo es una cuestión de percepción, cuando los que vivimos la delincuencia a diario sabemos que no sólo es una cuestión de percepción, sino una cuestión de violencia real, y es en medio de ésta cuestión que a la CRAC la quieren desarmar y desaparecer”, insistió.
El comunitario argumentó que al gobierno le dolió que la Policía Comunitaria de Tixtla haya entrado armada a la capital el 8 de abril del 2013 cuando reclamaron la libertad de su compañero Pedro Bartolo de El Troncón quien había sido detenido.
Añadió que también pretenden desarticular al movimiento en el que participó también la CRAC que logró impedir la elección en el municipio de Tixtla el año pasado en el marco de las protestas por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Detiene la Policía Comunitaria a dos jóvenes que extorsionaban a taxistas en San Luis Acatlán
La Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) detuvo en flagrancia el sábado a dos jóvenes de 21 años que estaban extorsionando a diez taxis locales y foráneos en el centro de San Luis Acatlán.
Ayer fueron citadas las autoridades comunitarias a una asamblea de consejeros pero por falta de quórum fue pospuesta para el jueves 8 de diciembre, sin embargo por la urgencia de tratar el caso de dos jóvenes detenidos cuando estaban “cobrado cuota” las autoridades que llegaron, comandantes, policías comunitarios y los taxistas hicieron una reunión.
El encuentro sólo fue entre las partes implicadas y se pidió a la prensa que se retirara por lo complicado del asunto, y porque representaba también un riesgo para quienes estaban ahí. Por la noche el vocero de la CRAC de la Casa Matriz, Sabás Aburto Espinobarros informó que el viernes 9 se acordó convocar a una asamblea amplia, incluidos los vecinos de la cabecera municipal para tomar una decisión para los detenidos.
Dijo que en la reunión fueron presentados los dos jóvenes quienes fueron reconocidos por los taxistas que acudieron y que solicitaron el apoyo a los policías comunitarios luego de que ambos se presentaran a los sitios a pedir “de entrada” mil 500 pesos y 100 pesos semanales de cuota por cada taxi.
Los jóvenes detenidos son Alejandro, originario de la comunidad de Cruz Quemada, Ayutla, y Elías originario de Marquelia. Según lo indicado ayer por el vocero de la CRAC, ambos jóvenes aceptaron haber pedido dinero a los sitios de taxis, además solicitado de los nombres de los dirigentes.
En el reporte de la detención indicó que uno de los jóvenes traía tres celulares y un radio de comunicación desde donde recibía las órdenes, el otro sólo traía un celular. Según lo comentado en la reunión en los aparatos había mensajes y fotos sobre armas y drogas.
Pide el promotor de la CRAC Arturo Campos al gobernador que pare la violencia
El preso político y promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores desde la cárcel a que pare la delincuencia o renuncie, y sostuvo que el modelo de la Policía Comunitaria es el mejor y debe de seguir avanzando en las comunidades del estado y del país.
En un pequeño espacio que ocupa una oficina en la cárcel de Ayutla, Arturo saludó y abrazó unos 20 minutos a los representantes de las organizaciones sociales y de derechos humanos que lo visitaron ayer. Después un grupo de reporteros entró para charlar con él.
Vestía una playera blanca del equipo Los Pumas y un pantalón de mezclilla. Se veía fuerte a pesar de lo difícil que ha sido estar encerrado tres años en condiciones precarias, la falta de medicamentos y de doctores.
“Si el gobernador quiere a su estado, que pare la violencia, si no que renuncie”, soltó el promotor de la CRAC, y recriminó lo dicho por el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el martes, de que la violencia bajó en el estado, “sigue habiendo muertos”, además de que siguen los secuestros, cobros de cuotas y asesinatos.
El preso político dijo que “puede haber muchas leyes pero mientras no se respeten seguirá la violación de los derechos humanos” en el estado y el país. Culpó a los malos gobernantes de la “mala” situación del estado.
Señaló la incapacidad del gobierno de dar seguridad a las comunidades, y dijo que la CRAC es la única esperanza para la paz en el estado, “el modelo de la Policía Comunitaria es mejor, se tiene que copiar el modelo para seguir avanzando en las demás comunidades del estado”.
Campos Herrera expresó que “los pueblos tienen que hacer la reforma (a la Ley 701), se tiene que mejorar” y reclamó el presupuesto que se debe de dar a la Policía Comunitaria por el estado, que sigue gastando el dinero en una estrategia que ha fallado.
Expresó que “libertad sería justicia total, que no haya pobreza, corrupción”. Dijo que él afuera no se sentiría seguro y como todos tiene miedo, “pero si nos toca morir por una buena causa la lucha seguirá”, porque pese a los asesinatos de los integrantes de la CRAC, la única esperanza es la organización de los pueblos, donde la inconformidad crece.
Pide el alcalde “apoyo urgente” al gobernador para combatir la violencia en Tixtla
Debido a la violencia en el municipio de Tixtla el gobierno perredista de Hossein Nabor Guillén solicitó apoyo urgente para combatir la ola de violencia al gobierno del Estado.
“Nosotros estamos tratando de contener lo que más podemos, pero mientras no haya presencia del gobierno federal y estatal, pues obviamente se nos complican más las cosas”, enfatizó.
Tras el hallazgo de los tres cuerpos dejados a la orilla del nuevo libramiento a Tixtla, el alcalde se comunicó con el gobernador Héctor Astudillo Flores para manifestar su preocupación ante los continuos hechos de violencia.
El lunes de la semana pasada, 21 de noviembre, se hallaron los cuerpos de ocho hombres decapitados, este viernes fue hallado asesinado el coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Irineo Salmerón Dircio junto a otra persona, y este lunes fueron encontrados tres hombres muertos, entre ellos un ex regidor.
El gobernador “está integrando a Tixtla en la presencia del gobierno federal para los próximos días, se anunció pero no se ha dado”, dijo ayer el alcalde.
Insistió en que su gobierno repudia la violencia, principalmente contra los integrantes de la Policía Comunitaria, “quienes han sufrido dos levantones”.
Recordó que ante la ola de violencia se organizó la Policía Municipal para instalar retenes sobre la carretera.
“Mira nuestra capacidad económica del Fortamun sólo nos da para sostener 55 elementos de la Policía Municipal, esos 55 elementos para los 53 mil habitantes debes de tener claro que no alcanzan, pero tenemos en activo menos porque la mitad cubre un turno y el otro grupo el otro turno”, informó.
Reiteró que el gobierno municipal trata de combatir el problema de inseguridad, pero es urgente la intervención de la federación y del estado, para evitar que se “compliquen más las cosas”.
“El gobernador nos tomó la llamada por la mañana y anunció que se incrementará la presencia (de policías federales), obviamente esto obedece a algunas estrategias de seguridad que no nos van avisar, estamos esperando cuándo llegan y cuál será la estrategia a seguir”, mencionó.
Confirmó que uno de los cuerpos hallados en la mañana es Luis Tenero Encarnación, quien fue regidor y era uno de los promotores de la creación de la Universidad Intercultural Latinoamericana de Ciencias y Artes (UILCA).
Acusa la CRAC al gobierno de haber permitido la libre movilidad y acción de los asesinos de Irineo Salmerón
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán en un comunicado señaló que el asesinato del coordinador de enlace en Tixtla, Irineo Salmerón Dircio, se enmarca en una ejecución extrajudicial, que además es claro que se busca atentar directamente contra la organización y criminalizarla en todas su actividades en todo el territorio, por lo tanto exige el esclarecimiento de los hechos y que sean castigados los responsables.
El miércoles el profesor Salmerón Dircio fue privado de su libertad cuando se dirigía a su centro de trabajo, en la primaria de la comunidad de Zoquiapa, donde nunca llegó. De inmediato los policías comunitarios hicieron la búsqueda en los alrededores de Tixtla sin tener éxito.
El viernes fue hallado sin vida junto a otro cuerpo en una comunidad de Chilapa, ahí también fue localizado un mensaje de un grupo criminal: “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va para todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
Ante estos hechos la CRAC de la Casa Matriz emitió un comunicado en el que se lee: “El cargo de coordinador del Comité de Enlace que desempeñaba el profesor Irineo Salmerón es un nivel de dirección, que se depositó en el mejor hombre que la asamblea eligió, por ser la mejor carta que tenía en la región. Reconocemos su entrega y coraje al proyecto comunitario”.
Manifiesta que pese a la denuncia penal que interpusieron los familiares en el Ministerio Público de Tixtla por la desaparición, las autoridades municipales, estatales y judiciales no actuaron ni participaron en su búsqueda, argumentaron que el protocolo de búsqueda debía cumplirse, es decir esperar 72 horas (tres días) para iniciar el proceso de investigación.
Por lo tanto reclama que “esta falta de búsqueda e investigación permitió la libre movilidad y acción de los perpetradores que han ejecutado a nuestro compañero Irineo”.
En el escrito se indica que por tal omisión y la sabida colusión de las autoridades con el crimen organizado en la zona, este caso se trata de una ejecución extrajudicial, que además busca atentar directamente contra la CRAC y criminalizar sus actividades en todo el territorio comunitario, que ha sido incluso realizada y tolerada por el Estado.
Agrega que Tixtla ha sido escenario a últimas fechas de una escalada de violencia generalizada, que se caracteriza por la impune participación de grupos armados supuestamente vinculados con bandas del crimen organizado que se disputan el control del territorio y las vías de comunicación.
Este mismo hecho provocó que la población se organice y exista en este municipio dos expresiones de Policía Comunitaria (PC), expone el comunicado.
Además en el escrito se hace un recuento de los últimos hechos de violencia en este municipio.
Resalta que el 19 de noviembre fueron encontrados nueve cuerpos decapitados y desmembrados, en el distribuidor vial que conecta con este municipio con Chilpancingo, Atliaca y Chilapa.
Señala que la violencia ha afectado a las organizaciones sociales y miembros del sector educativo en la región.
Habla de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y dice que 14 de ellos son tixtlecos, tres estudiantes ejecutados y dos heridos de gravedad.
También que el 26 de noviembre de hace un año fueron ejecutados cuatro miembros de la Policía Comunitaria del barrio El Fortín, de la Casa de Justicia La Patria es Primero; el 4 de julio de este año fue ejecutado un profesor de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en el centro de Tixtla, horas después fue hallado su cuerpo en las in mediaciones del basurero.
El 18 de septiembre fue encontrado asesinado el segundo comandante de la Policía Comunitaria de la colonia El Zapote, Celso Nava Isidro, en el libramiento Tierras Prietas, cerca de la caseta de cobro ubicada en Tixtla; el 4 de octubre fueron ejecutados en un presunto asalto dos estudiantes normalistas de cuarto grado de Ayotzinapa Jonatan Hernández Morales y Filimón Tacuba Castro y el 28 de octubre fue hallado asesinado el policía comunitario de la colonia El Zapote Albert Rafael Navarrete Reynada en el camino que conduce al basurero de la capital.
En los colindantes municipios de Chilapa y Zitlala existe un grave problema de desapariciones forzadas. Sólo en Zitlala en los últimos tres días fueron encontrados 32 cuerpos, cuatro cabezas humanas dentro de una hielera y dieciséis fosas clandestinas”, añade.
El boletín resalta que como pueblos originarios de Guerrero se preguntan ¿hasta cuándo van a permitir que sigan los asesinatos y ejecuciones de los guerrerenses?, que en su caso responderán como CRAC-PC a esta agresión directa, organizándose en más comunidades, porque es hora de que el pueblo tome en sus manos el ejercicio de sus derechos de manera directa y contundente, “no basta con gritar en las calles”.
Por lo anterior subraya que exige a las autoridades federales, estatales y municipales el esclarecimiento del asesinato del coordinador del Comité de Enlace, para que sean castigados los autores materiales e intelectuales. Exige al gobierno justicia, con una respuesta inmediata del Estado mexicano para que no quede impune la ejecución de su compañero.
Con el asesinato del coordinador de la CRAC se alientan los homicidios contra líderes sociales
El Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y el Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero condenaron el asesinato del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio, además manifestaron que les queda claro que con esto el gobierno del estado pretende desactivar los movimientos sociales por medio de la cooptación, compra, división y destrucción de organizaciones populares independientes.
A las 6:45 de la mañana del pasado miércoles privaron de la libertad a Salmerón Dircio cuando se dirigía a su centro de trabajo en la primaria de la comunidad de Zoquiapa, a donde nunca llegó. El viernes pasado el cuerpo de Salmerón Dircio y el de otro hombre fueron encontrados envueltos con bolsas negras y con cinta café en el camino que conduce a la comunidad Lodo Grande y la colonia Claveles en Chilapa, a unos 500 metros del retén de militares.
En un comunicado del Tadeco y el Comité de Familiares se denunció que “en medio de un ambiente ya constante de inseguridad y violencia social, criminalización de la protesta social, imposición de políticas antipopulares y represión, el Estado Mexicano vuelve a cerrar la pinza contra el pueblo de Guerrero alentando el paramilitarismo y los asesinatos selectivos de dirigentes sociales”.
En el escrito se acusó que el gobierno del estado es fiel a sus compromisos con la clase política por la pérdida del control del país, que ha desarrollado en el estado y particularmente en la zona Centro una estrategia de desactivación del movimiento social por medio de la cooptación, compra, división y destrucción de organizaciones populares independientes, fomento de la militarización y paramilitarismo, protección de grupos del narco con quienes mantienen alianzas estratégicas de poder y limpieza (asesinatos) de luchadores sociales, dirigentes populares y defensores de derechos humanos.
“Por ello condenamos el asesinato del profesor (Irinero Salmerón)… exigimos la acción inmediata de las autoridades judiciales correspondientes de manera transparente conforme a su propia legislación vigente, esclarecimiento de este vil asesinato, castigo a los culpables y justicia para las víctimas, sus familias y sus compañeros de organización”.
Además en el documento se lee que el consentimiento del Estado es evidente y por ello es responsable de estos crímenes, que de lo contrario el Estado debe demostrar el hacer justicia en el caso del profesor y de todos los asesinatos extrajudiciales.
Desde el día en que desapareció el dirigente envió cinco grupos de policías, responde el gobierno
La Secretaría General de Gobierno rechazó que el gobierno sea responsable de la desaparición y homicidio del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio, después de que esta organización y organismos civiles culparon a las autoridades de no realizar la búsqueda de inmediato.
El miércoles el coordinador fue privado de su libertad cuando se dirigía a su centro de trabajo en la primaria de Zoquiapa, en Tixtla. En la tarde vecinos y policías comunitarios bloquearon el entronque Chilpancingo-Chilapa, donde se dividen los libramientos.
Representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía Antisecuestro dialogaron con los policías comunitarios, y lo único que lograron fue reunirse al siguiente día con el subsecretario de Desarrollo Político, José Martín Maldonado del Moral.
En un comunicado de prensa la Secretaría General de Gobierno señala que “enviaron desde ese mismo día (de la desaparición) cinco grupos de elementos de Seguridad Pública y de Policía Ministerial, bajo la coordinación del Fiscal Regional de la zona centro, los cuales ante la presencia del presidente municipal y del personal de la Secretaría General de Gobierno, acordaron con los policías comunitarios de la CRAC de Tixtla, efectuar operativos de búsqueda conjunta a partir de las 21 horas”.
Al siguiente día representantes de la CRAC se reunieron con Maldonado del Moral, al término expusieron a El Sur que no obtuvieron la respuesta que necesitaban, que los funcionarios les dijeron que tenían que actuar bajo el tiempo que señala el protocolo y que tuvieron la impresión de que no se movilizarían como lo esperaban, pues dijeron que hasta ese momento no lo habían hecho.
La policía municipal mantuvo recorridos y retenes por su parte, y más tarde los comunitarios se dieron cuenta de que acudieron unas patrullas con policías ministeriales, sin que tuvieran coordinación con ellos.
En el documento se asegura que durante la reunión sostenida en Palacio de Gobierno acordaron dar seguimiento a la búsqueda, pero que al siguiente día fue hallado el coordinador de encale sin vida cerca de la ciudad de Chilapa.
“La Fiscalía ya ha abierto una carpeta de investigación, que incluye un mensaje dejado en el cuerpo dela víctima”, agrega. Y que por lo anterior, la Secretaría General de Gobierno rechaza las acusaciones en contra del gobernador Héctor Astudillo Flores de la desaparición y homicidio de Salmerón Dircio.
Posponen la reunión de autoridades de la Casa de Justicia de Cochoapa por falta de quórum
Autoridades e integrantes de la Casa de Justicia de Cochoapa que no está reconocida por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán suspendieron la reunión regional para nombrar nuevos coordinadores y comandantes por falta que quorum.
La reunión fue convocada a las 10 de la mañana e inició a las 12:30 del día y sólo se informó que sería reprogramada porque únicamente acudieron los comisarios de las comunidades de El Aguacate, del municipio de Juchitán; La Trinidad, y San Marcos Trinidad de Tlacoachistlahuaca; Reforma de Igualapa y de Coachoapa y de Ometepec, de un total de 16 comunidades que integran la Casa de Justicia.
Al encuentro fue invitado el alcalde de Tlacoacahistlahuaca, Juan Javier Carmona Villavicencio quien se retiró antes de que se informara la cancelación de la reunión. Ante unos 50 asistentes donde se observó a tres policías comunitarios armados con escopetas, el integrante Herminio Mejía Nicolás expresó que “hay personas que pretenden destruir la organización”.
Por la falta de asistencia explicó que ahora una comisión de la Casa de Justicia no reconocida por la Casa Matriz con sede en San Luis Acatlán, irá a cada una de las 16 comunidades de los municipios de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Marquelia, Igualapa, Ometepec y Cuajinicuilpa, para hacer asambleas. Se informó que posiblemente para enero del próximo año se convoque a una nueva asamblea.
Entre los propios asistentes se indagó el nombre de quien podría estar provocando la división y fue señalado el ex integrante de la CRAC, David Bracamontes Chona quien fue expulsado en julio del 2014 y reeducado por seis meses, luego de haber sido culpado en asamblea de haber liberado a un preso que robó 250 mil pesos.
Se trató de entrevistar al coordinador Rolando Romero y también a Mejía Nicolás pero ambos manifestaron que sería en otra ocasión.
La Casa de Justicia fue creada en el 18 aniversario de la CRAC por el entonces coordinador regional, Eliseo Villar Castillo, actualmente preso en el penal de Chilpancingo acusado de privación ilegal de la libertad.
El 15 de diciembre de 2013, con una marcha de 3 mil policías comunitarios comenzó a operar la Casa de Justicia que actualmente no es reconocida por la Casa Matriz, y que de acuerdo a algunos integrantes mantienen pláticas. Sin embargo hay comunidades de Xochistlatahuaca como Guadalupe Victoria que están integradas a la Casa de San Luis Acatlán, y en desacuerdo con la Casa de Cochoapa.