Asesinan en Taxco a activista por los derechos de la mujer María Luisa Ortiz; estaba desaparecida

Alina Navarrete Fernández/Luis Blancas/Jacob Morales Antonio

Chilpancingo / Acapulco

La activista María Luisa Ortiz Arenas fue encontrada asesinada cerca de la comunidad de Mezcaltepec, municipio de Taxco, entre Agua Bendita y La Granja.
Ortiz Arenas fue reportada como desaparecida por sus familiares el viernes pasado mediante redes sociales, según uno de ellos, la activista de 42 años viajó de Chilpancingo a Taxco, de donde era originaria, para asistir a un convivio al que no llegó con sus ex compañeros de escuela, aunque no precisó de qué nivel educativo.
De acuerdo con el reporte policiaco, el lunes a las 8 de la noche agentes de la Policía Estatal y del Ejército localizaron el cuerpo de una mujer que vestía una blusa azul y ropa interior rosa, presentaba golpes y por la forma que fue encontrada pudo haber sido violada, aunque después la información oficial lo descartó. No se hallaron casquillos percutidos en la escena.
Ortiz Arenas estudió en la Escuela de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en Acapulco, trabajaba en Chilpancingo y promovía las actividades feministas en el estado para exigir los derechos de la mujer, alto a la violencia y a los feminicidios; además, pertenecía a un grupo pastoral en Chilpancingo. Le sobreviven una hija adolescente y una nieta de meses según datos de familiares.
Según sus familiares, el último contacto que tuvieron con Ortiz Arenas fue cerca de las 7 de la noche del viernes, la activista le escribió a su hija y a una amiga suya de Taxco mediante la aplicación de mensajería Whatsapp para informales que estaba en Iguala y que tomaría un taxi hacia el pueblo mágico pero no llegó al lugar y no volvió a comunicarse con nadie.
Por su parte, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) Roberto Álvarez Heredia difundió la noche de ayer un boletín de prensa que indica que la Fiscalía General del Estado investiga bajo el protocolo de feminicidio, el homicidio doloso en agravio de la activista que fue encontrada la noche del lunes en la carretera federal Iguala-Taxco y “el fiscal Javier Olea Peláez, instruyó que un equipo especializado se concentrara en el esclarecimiento del hecho”.
Álvarez Heredia dijo que al lugar del hallazgo se trasladaron agentes ministeriales y peritos del Servicio Médico Forense, que iniciaron la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio “en contra de quien o quienes resulten responsables”.
Informó que de acuerdo con declaraciones de familiares, la mujer que fue encontrada asesinada había desaparecido el viernes cuando salió de Chilpancingo rumbo a Taxco, al cumpleaños de una amiga.
“Los peritos forenses han corroborado que el cuerpo no fue ultrajado ni presenta impactos de arma de fuego. Por ello, la práctica de necropsia será fundamental para conocer las causas de su muerte”, indica el comunicado.
Agregó que los familiares de la víctima acudieron al Semefo de Iguala para realizar la identificación del cuerpo.
Feministas como María Luisa Garfias Marín, Marina Reyna Aguilar exigieron justicia y que las autoridades investiguen el hecho como un feminicidio.
También reclamaron la falta de seguimiento al protocolo de investigación de los casos y que la Fiscalía General del Estado (FGE) señale que todos son investigados bajo la premisa de feminicidios, cuando este protocolo no se conoce, además de que persiste la impunidad.

Recomienda un Tribunal Popular reparación del daño y protección a mujeres indígenas víctimas de violencia

Tres especialistas analizan cuatro casos de violencia institucional, obstétrica y feminicidio, que padecieron indígenas en su demanda de justicia y atención médica. Piden también que se investigue y sancione a funcionarios que fallaron en sus responsabilidades. Es muy importante discutir casos concretos, “y hablarle de frente al poder para que pare esa complicidad que han asumido con grupos de la delincuencia y perpetradores”, dice Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Para analizar cuatro casos de mujeres indígenas que padecieron violencia institucional, obstétrica y feminicidio, durante su demanda de justicia y atención médica, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan convocó a tres especialistas a ser jueces en un tribunal popular.
En la actividad, que tuvo lugar en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en Chilpancingo, la periodista y activista argentina, Marta Dillon Taboada; la directora ejecutiva del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), Regina Tamés, y la asesora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (ONCF), Ana Yeli Pérez Garrido, recomendaron, entre otras medidas, reparación del daño, investigación y sanción a los servidores públicos que no atendieron sus responsabilidades, y protección para familiares de la joven me’phaa Florencia Sánchez San Martín, víctima de feminicidio el 24 de agosto de 2014, que se solicitaron a través de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado (Codehum), y no han sido atendidas pese a que sufren amenazas de muerte recurrentes de parte de los perpetradores del crimen.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández pidió disculpas a las víctimas, Juana, Elvia, Verónica y Florencia, y a sus familiares, por la falta de preparación y compromiso de los servidores públicos, “para juzgar sin el debido conocimiento, y sin el uso adecuado del derecho para garantizar justicia”.
Expresó preocupación por la seguridad de Catalina y Florentina, madre y hermana de Florencia Sánchez Joaquín (asesinada por su expareja y otros cómplices), que regresan a su domicilio “mientras los perpetradores todavía tienen el machete en la manos quieran actuar, y no podamos impedirlo porque físicamente no podemos estar en su comunidad, porque el sistema de justicia no implementa mecanismos para neutraliza acciones violentas”.
Señaló que la madre, la hermana y las hijas de Florencia están amenazadas de muerte, “viven en una choza donde una tranca de manera es el único candado de su seguridad”.
Barrera Hernández insistió en que es muy importante discutir casos concretos, “y hablarle de frente al poder para que pare esa complicidad que han asumido con grupos de la delincuencia y perpetradores”.
Lamentó el asesinato en Taxco de la activista María Luis Ortega Arenas, que se dio a conocer ayer, “no podemos seguir documentando noticias donde las autoridades siguen impasibles, sin atender el clamor de las mujeres que quieren que pare ya la ola de violencia que se ha ensañado contra ellas”.
Ana Yeli Pérez Garrido consideró que esta actividad debe ser un llamado al TSJ de Guerrero y de todos en México, para que las sentencias otorguen verdadera justicia, “el Poder Judicial puede ser la salvación de contextos graves como los que se viven en el país y que han rebasado al Ejecutivo, incluso Legislativo, y que el Poder Judicial ha dado la cara, es importante que los tribunales estén a la altura de la justicia que merecemos todas las personas”.
El juicio popular, fue inaugurado por el presidente del TSJ, Alberto López Celis, que reconoció que la justicia pasa necesariamente por perspectiva de género en todos los actos sustantivos del proceso judicial. “Cumplir con este designio (es) uno de nuestros principales compromisos”, y se retiró antes de la conclusión del segundo caso.

Florencia

Catalina Prisciliano y su hija Florentina Sánchez Martín, presentaron en el tribunal popular en su lengua materna, con el apoyo de un traductor, el caso de Florencia, víctima de feminicidio.
Recordaron que vivió cinco años en concubinato con una pareja y procrearon dos hijos de 5 y 3 años. Cuando él la dejó, ella exigió una manutención en la sindicatura de Tlapa, y el mismo día que se firmó el acuerdo, él la amenazó de muerte.
Asimismo, hablaba abiertamente de la forma en que la iba a matar. Por miedo Florencia regresó a vivir a casa de su madre, un día que llevó a su hija a la clínica de salud, llovía, no pudo cruzar el río para volver con su mamá, y se quedó a pasar la noche en el domicilio conyugal.
Ahí fue atacada por su esposo y cuatro hombres, que madre y hermana de la víctima vieron salir en la mañana del domicilio, cuando fueron a buscarla la siguiente mañana. El dictamen pericial de genética estableció que también fue violada tumultuariamente.
Denunciaron que el Ministerio Público llegó ocho horas después al lugar de los hechos, y recabó evidencia sin la debida diligencia, pues los familiares encontraron después el martillo con el que la golpearon, colillas de cigarro alrededor de la casa y un pasamontaña, que no fueron integrados a la investigación como pruebas para elaborar perfiles genéticos de los agresores, porque ya estaban contaminadas.
Un año después, en 2015, se consignó el caso como feminicidio, el primero de la región, y en mayo 2017 fue detenida la ex pareja de Flor, y los demás agresores; entonces empezaron a amedrentar a sus familiares, con disparos afuera de su casa y amenazas directas, a pesar de que se ordenaron rondines policiacos para disuadir la violencia, como medidas cautelares, que no se concretaron.
Aclararon que siguen pendientes peritajes del caso, y que temen parcialidad y que el agresor sea exonerado.
Pérez Garrido, del Observatorio Ciudadano, pidió que el caso se analice desde una perspectiva de género y enfoque de interculturalidad, así como la violencia ejercida contra la menor de edad sobreviviente.
Además, que se considere todas las razones de género de tipo penal, sobre los otros procedimientos que aún no inician, contra las personas que no han sido detenidas, y que la Fiscalía ordene la mejora de la investigación y perfeccionamiento, de los peritajes, en el contexto de violencia que se presentó ayer.
Asimismo, la investigación a servidores públicos que no reunieron evidencia, que no dieron órdenes de protección y reparación integral del daño, y medias de no repetición en las instituciones obligadas a impartir justicia.

Juana y Elvia

Juana Ramírez y Elvia Méndez fueron acusadas por sus ex parejas de agresiones, y sufrieron violencia institucional de la misma jueza de Tlapa, María Celia Fernández, que favoreció a los hombres y desechó las pruebas de las víctimas, dijo la argentina Marta Dillon Taboada.
Denunció que también la jueza las criminalizó y descargó en ellas la responsabilidad de llevar las pruebas, lo que corresponde a las autoridades.
Antes, se detalló que el esposo de Juana llevó a vivir a la casa conyugal a otra mujer, con la que tenía una relación. La agraviada, explicó que estuvieron conviviendo bajo el mismo techo un periodo. Cuando ella salió a trabajar a los campos agrícolas, su ex esposo y sus hermanos sacaron sus pertenencias a la calle y la mercancía que una tienda de abarrotes que Juana tenía.
En 2013, fue acusada por su ex pareja y su nueva esposa de lesiones, para sacarla definitivamente de su casa. Una jueza de Tlapa, resolvió en 2016 que Juana era culpable del delito de lesiones, la condenó a un año de prisión y a pagar una multa.
No obstante que Juana presentó recibos de nomina de campos de Sinaloa, la credencial del IMSSS, constancia de la trabajadora social de los campos agrícolas, las pruebas no fueron valorada por la jueza. Tampoco consideró los testimonios de trabajadores en los campos. La sentencia se revirtió en la primera sala del TSJ, y fue absuelta.
Después, Juana denunció que fue violada por su ex pareja cuando fue a su ex domicilio conyugal para recoger documentos de sus hijos para inscribirlos en la escuela; pasó un año para que el MP consignara el expediente, y durante el proceso su agresor fue exonerado, porque no se aseguró la custodia de las pruebas genéticas y la perito responsable no estableció el perfil genético del agresor. El caso sigue en apelación.
En este caso, el tribunal estableció que hubo violencia física, sexual, patrimonial y violencia institucional.
En otro caso, en 2014 Elvia Méndez fue acusada de herir a su esposo cuando se defendía de una agresión, y él resultó herido con una botella que llevaba consigo. Se habían separado por violencia familiar.
Ella aclaró que cuando ocurrieron los hechos quiso denunciar la agresión, pero en la agencia del Ministerio Público no aceptaron la demanda en tanto no hablaran con él, porque estimaron que si él no presentaba una querella, tampoco era necesario que ella lo hiciera.
Supuestamente, el herido no presentaría cargos, y meses después la llamaron a comparecer por la agresión; sólo entonces recibieron su denuncia, que fue desestimada por la misma jueza de Tlapa, porque la presentó después. También le pidieron 5 mil pesos para no llevarla a prisión, y enfrentó un proceso judicial.
“Nadie me creyó, por ser pobre e indígena, presenté todas las pruebas. Cuando la licenciada me dijo que yo era la culpable, porque era mayor que él y porque era gorda, es una discriminación. Pido que cambien las cosas que escuchen a las mujeres, lo que pido es justicia, cinco años de gastar dinero que no tengo”.

Violencia obstétrica

Verónica denunció el caso de su hija, que a los 16 años tendría a su primer bebé y llevaba seguimiento médico de un especialista por ser menor de edad; todo el embarazo transcurrió sin complicaciones.
La noche que en que su hija entró en labor de parto comenzó su viacrucis, porque sólo había una médica de guardia, y en tres ocasiones la enviaron al área de partería. Para aliviarla le dio un té de epazote y fomentos calientes.
La tercera vez que se internó, supo que había un código rojo, de riesgo de muerte, no sabía que se trataba de su hija hasta que la medico de guardia le gritó en el pasillo que por su culpa su hija se iba a morir, porque le dio un té de epazote y se la había salido el útero y la matriz. Cuando su hija volvió en sí, supo que después de dar a luz, al jalarle la placenta sacaron también el útero, tal vez practicantes.
Su hija le dijo que trataron de regresarlo en varias ocasiones, sólo la lastimaban y pusieron en riesgo su vida.
Tamés La directora de GIRE, explicó sobre la violencia obstétrica que se pensó mucho tiempo que era normal, testimonios como el de la hija de Verónica comenzaron a cambiar esta idea. Hoy, los médicos y enfermeras tienen la obligación de defender los derechos de las mujeres.
Lamentó que continúen la complicidad del sistema de Salud, para encubrir esta violencia, “lo mas fácil es echarle la culpa a los parientes, es claro que el té no tuvo nada que ver, no hubo calidad en la atención”.
Aclaró que una salida fácil es llevar a los médicos a la cárcel, pero lo que se tiene que hacer es cambiar la cultura de negligencia, “son violaciones a derechos humanos, al proyecto de vida que llevará a tomar otras decisiones a tu hijo”.
Opinó que, en este caso urge una opinión del organismo de derechos humanos que señale a los responsables, y que la hija de Verónica diga qué cree que se requiere como reparación.
“La comisión tiene gran oportunidad para decir ya basta, no queremos que suceda a ninguna otra mujer”, comentó.

Exigen que el caso de la doctora Adela Rivas se condene como feminicidio y no como homicidio

Presentan el libro Adela Rivas Obé, heroína de la honestidad, en la Biblioteca Siervo de la Nación del Congreso del Estado, ante activistas y estudiantes del Cesgro

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Durante la presentación del libro Adela Rivas Obé, heroína de la honestidad, en la Biblioteca Siervo de la Nación del Congreso del estado, feministas y familiares de la doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asesinada en 2016, exigieron que el caso se condene como un feminicidio y no como un homicidio doloso.
El libro escrito por Wilivaldo Rojas Arellano, ex esposo de Rivas Obé, fue presentado ante activistas y estudiantes del Centro de Estudios Superiores Guerrero (Cesgro) por la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, y comentado por la integrante de la asociación civil Aliadas por la Justicia, María Luisa Garfias Marín, y la jueza con perspectiva de género del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Indalecia Pacheco León; en el acto estuvieron Rojas Arellano y su hijo Bolívar Darío Rojas Rivas.
Garfias Marín dijo que, “atrás de los números de feminicidios hay una historia de vida”, aunque no conoció en vida a Rivas Obé, reconstruyó su rostro, que fue golpeado hasta desfigurarse por su asesino, sus manos y sus pies que le fueron arrebatados, “reconstruir estas partes es también recuperar quién era la doctora Adela Rivas Obé”.
Habló de su activismo, su labor como directora de micro zona de clínicas del IMSS en Petatlán, Papanoa, Petacalco y La Unión, presentó su biografía desde su nacimiento hasta el 22 de septiembre de 2016, cuando “manos asesinas la desaparecen para quitarle la vida, porque su vida era obstáculo para los intereses oscuros de ciertas personas”.
Señaló que el asesino la conocía y pudo haber asesinado a Rivas Obé porque descubrió que robaba medicamentos del IMSS, “hoy queremos señalar que existe el riesgo de que pueda quedar libre, y entonces la autoridad dará un golpe más a la justicia, significando con ello nuevamente, igual que en otras ocasiones, que la vida de una mujer es solamente un número más”.
Manifestó que a las integrantes de la Comisión de Seguimiento de la alerta de Violencia de Género, que tienen un compromiso por la vida de las mujeres, “nos duele cada mujer a la que le arrebatan la vida”, y que su dolor las motivó a presentar la solicitud de la alerta ante las autoridades federales.
Puntualizó que, en el caso de Rivas Obé “hay una persona” de la que sus defensores están haciendo lo posible para que quede libre, “en complicidad con las autoridades”, por ello es necesario que las voces de Guerrero se hagan una para exigir que el crimen sea castigado, que no quede en el olvido y no sea “un número más”.
Por su parte, Pacheco León contó que tuvo el gusto de conocer a la doctora y de convivir con su familia, por ello la recuerda con cariño, la admira, “ella exponía que las mujeres debemos tener un movimiento muy aparte e independiente de los hombres, porque igual que los hombres, nosotras también tenemos la necesidad de comer, de tener un salario, de tener una casa, de sobrevivir en este mundo de opresión”.
Informó que “en términos legales” para que el asesinato de una mujer sea calificado como un feminicidio, es precisamente que esté como fue encontrado el cuerpo de Rivas Obé, “no tenía pies, no tenía manos, ya no tenía rostro”; sin embargo, el caso fue calificado como un homicidio doloso, por el cual la condena para el culpable podría ser de 8 a 25 años de prisión, mientras que un feminicidio tiene una pena de 40 a 60 años.
Ante la situación, las feministas llamaron a las autoridades a revisar éste y todos los casos de las mujeres asesinadas en el estado, pues según Reyna Aguilar la cifra va en aumento, en comparación con el año pasado.
Manifestaron su solidaridad con la familia de Rivas Obé y propusieron la firma de un documento para exigir al gobierno que se haga justicia.

No hay voluntad de autoridades para tipificar feminicidios pese a la legislación, dice experta

En estados con contextos de crimen organizado, como Guerrero, sólo se clasifica ese delito cuando ocurre en su entorno familiar, señala la integrante del OCNF, Ana Yeli Pérez Garrido

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Ana Yeli Pérez Garrido denunció que en Guerrero no hay voluntad de las autoridades para tipificar feminicidios, porque pese a que cuenta con una buena legislación, ésta no se traduce en una mejor clasificación del delito.
Del asesinato de la activista de los derechos de la mujer, María Luisa Ortiz Arenas, ayer en Taxco, Pérez Garrido señaló que en estados con contextos de crimen organizado como Guerrero, las autoridades sólo tipifican feminicidios cuando hay indicios del hecho en su entorno familiar.
Consultada al término del juicio popular que se instaló en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia en la capital, para analizar cuatro casos de violaciones a derechos de mujeres indígenas, explicó que “lamentablemente” en estados como Guerrero, los asesinatos de las mujeres tienen particularidades relacionadas con el crimen organizado, por la extrema saña, pero la violencia de género no se reduce al ámbito familiar.
Dijo que, precisamente “estas dinámicas delictivas impactan en los feminicidios, en las formas o razones en que las mujeres son asesinadas”. Sin embargo, añadió que en los estados con mayor violencia feminicida, las autoridades no consideran feminicidios a las muertes donde se presume intervención de la delincuencia organizada, y condenan a las víctimas al hacerlas participes del crimen.
Aclaró que esa condición no exime al gobierno de investigar la muerte violenta de una mujer como feminicidio, al contrario, le da mayor responsabilidad de visibilizar los escenarios delicados en los que ocurren las agresiones contra las mujeres.
Añadió que las cifras de las fiscalías o procuradurías de homicidios dolosos o feminicidios son casos en investigación o en proceso, consignados en el anterior o el nuevo sistema penal, donde la regla general, es que las sentencias condenatorias son mínimas.
Aseguró que “tramposamente”, en algunos estados los asesinatos de mujeres que sí tienen relación con feminicidios, son tipificados como homicidios dolosos. Sólo aplican feminicidio a casos del ámbito privado.
De Guerrero, detalló, no hay cifras públicas de los casos que se consignan, cuántos se procesan y cuántos llegan a sentencia condenatoria, a pesar de que fue el primer estado de la República que tipificó el delito de feminicidio, hizo una reforma de mejora en 2012, y en 2014 homologó la legislación con la Constitución, “tiene un buen tipo penal”, aseguró.
A partir de los informes de la alerta de violencia de género de Guerrero, y de los datos de Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, tienen datos para establecer que se acreditan muy pocos feminicidios, dijo.
Tras la homologación de la Ley, en 2014 se reconocieron 16 feminicidios, 13 en 2015, 14 en 2016 y 13 en 2017, el ultimo año se habían contabilizaron 219 muertes violentas de mujeres.
Opinó que no hay voluntad de la Fiscalía para acreditar el delito de feminicidio, pues en el análisis del observatorio, encontraron que hay correspondencia de un buen tipo penal (legislación local), con la acreditación alta del delito. Donde no hay un buen tipo penal, la acreditación es nula.
En este sentido, declaró que si el tipo penal es bueno y la acreditación de feminicidios es casi nulo, como en Guerrero, el problema es de voluntad política y de capacidades técnicas.
También indicó que la alerta de violencia de género que se decretó en Guerrero el año pasado es un mecanismo noble, que permite a la sociedad civil exigir que la federación, como garante de derechos, coordine con autoridades estatales las cosas que no se hacen en la entidad, “si las cifras de muertes no disminuyen, es que no hay medidas implementadas ni hay una medición para cuantificar la efectividad de las mismas”, agregó.

Investigan la Codehum y la Ssa quién tomó fotos a las dos colombianas en el hospital

Señala el organismo de derechos humanos que con la difusión de las imágenes se invadió la privacidad y se violentó la dignidad humana. Afirma Salud que las pacientes fueron atendidas de acuerdo con los protocolos, aunque el área de quemados del hospital no está funcionando

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codehum) informó en un comunicado que está haciendo una investigación contra el hospital general de Chilpancingo por el caso de las colombianas fallecidas, Dayana y Tatiana, por invadir su derecho a la privacidad, violentar su dignidad humana y faltar a los procesos de calidad y respeto en la prestación de los servicios de salud.
En respuesta la Secretaría de Salud (Ssa) emitió ayer dos comunicados en los que afirmó que la atención a jóvenes colombianas “se realizó de acuerdo a los protocolos de atención correspondientes” y que hizo una supervisión al área de quemados del hospital general de Chilpancingo en la que se hallaron medicamentos caducados y la cual no está funcionando.
Los comunicados son del caso del choque del Ferrari ocurrido el 26 de febrero en la Autopista del Sol en el que dos jóvenes colombianas resultaron con quemaduras de tercer grado en 90 por ciento de su cuerpo y fueron atendidas en dicho hospital y después murieron.
Versiones periodísticas revelaron la existencia de un área especial para quemados que no funciona en el hospital Raymundo Abarca Alarcón y que incluso era utilizada como bodega.
En el comunicado la Codehum informa que iniciaron una investigación de manera oficiosa por la filtración y posterior difusión de fotografías y videos de las dos mujeres colombianas que murieron a causa de las heridas y quemaduras que sufrieron tras accidentarse el vehículo en el que viajaban, y que posteriormente recibieron un oficio del titular de la Ssa, Carlos de la Peña Pintos en el que solicitaba una investigación del caso.
En el comunicado se detalló que desde el viernes 2 de marzo la Codehum solicitó a la dirección del hospital un informe detallado de los médicos que participaron en la atención de ambas mujeres y de quiénes se encargaron de manejar sus cuerpos cuando fallecieron.
La Codehum fijó un plazo de tres días para que el hospital entregara la información y el tiempo venció el lunes 5 de marzo, sin embargo las autoridades hospitalarias solicitaron una ampliación del término.
Se informó que el lunes los médicos y abogados del organismo acudieron al hospital para una inspección del área donde las extranjeras recibieron atención médica y se hizo un análisis de las cámaras de circuito cerrado que hay instaladas en el lugar.
Según el comunicado difundido ayer, la Codehum “confía en que este registro de video permitirá la identificación plena de la o las personas que hayan fotografiado a Dayana y Tatiana mientras eran atendidas”.
También se informó que dentro de la investigación la Codehum “ahondará” en las denuncias por la supuesta falta de medicamentos, médicos y equipo médico en el hospital así como la supuesta inoperatividad del área especial para la atención a personas con quemaduras.
Finalmente se informó que hacen todos los dictámenes técnicos y periciales que requiera la integración de la investigación y que de ser necesario se solicitará el apoyo a peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) así como la contratación de profesionales particulares.

También investiga la Ssa

La Ssa estatal emitió dos comunicados ayer, en el primero el secretario afirmó que la atención a jóvenes colombianas “se realizó de acuerdo a los protocolos de atención correspondientes” y en el segundo se detalló que se hizo una supervisión al área de quemados del hospital general de Chilpancingo.
El titular Carlos De la Peña Pintos afirmó en el primer comunicado que la atención que otorgaron a las dos jóvenes “fue de acuerdo a los protocolos establecidos y con el personal y material necesarios”.
Sin embargo justificó que ese este tipo de quemaduras son muy complicadas por lo que “el porcentaje de mortalidad es alto, no obstante que se hizo lo necesario como intubarlas lo que permitió mantenerlas un poco más de tiempo con vida”.
De la Peña Pintos argumentó que no fue posible su traslado a alguna otra unidad especializada fuera del estado por la gravedad de las quemaduras.
Y confirmó las versiones periodísticas en las que se señala que el área de atención a pacientes quemados no está habilitada, “efectivamente la actual administración estatal se encontró con esta situación ya que desde otras administraciones no se puso en funcionamiento (el área de atención a personas con quemaduras), e incluso se le dio uso de bodega”.
El funcionario estatal informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Codehum la investigación sobre la filtración de fotografías que les fueron tomadas a las dos jóvenes “y que se procediera contra quienes resulten responsables por considerarlo un hecho en contra de la dignidad humana de las pacientes y que lesiona la imagen, violentan la ética médica y van contra el servicio profesional”.
En ese comunicado se informó que el funcionario instruyó al director del hospital “brindar todas las facilidades a las instancias correspondientes para llevar a cabo las indagatorias para el esclarecimiento de la filtración de la información que fue difundida en redes sociales y medios de comunicación”.
En un segundo comunicado dado a conocer por la noche el secretario contradice lo difundido horas antes por su misma dependencia e indicó que el área de quemados “si bien no está en funcionamiento nunca ha sido utilizada como bodega ni está desmantelada”.
Según el escrito, el secretario hizo una visita en el área de quemados donde constató que no se trata de un espacio utilizado como bodega.
“Los equipos, las camillas, el quirófano con que cuenta están intactos en este espacio que existe desde que se construyó dicho hospital, sin embargo no ha sido posible su funcionamiento desde administraciones anteriores a la actual al no tener los recursos necesarios como personal de enfermería, médicos especialistas y anestesiólogos que se requieren para este tipo de tratamientos”, se detalló en el segundo comunicado.
De la Peña Pintos indicó que “se tiene la oportunidad de ponerla a funcionar mediante un adecuado trabajo de planeación para cumplir con todos los requisitos y la normatividad en esta materia” y que hará un estudio para eso.
Y precisó que el área que es utilizada como bodega es la que corresponde a encamados y que no tiene que ver con la de quemados, “efectivamente se encuentran medicamentos y material de curación caducado que data de los años entre 2012 y 2014, y que corresponde en su mayoría a la compañía proveedora en ese tiempo y que debió retirarlo. Asimismo también hay material con fecha vigente”.
Según el comunicado, el secretario instruyó a los directivos del hospital y de la Contraloría de la Ssa presentes en el recorrido, “rescatar lo que pueda ser utilizado” y lo que no que sea eliminado de acuerdo a los protocolos de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios.

Pide la CNDH al Senado aprobar una reforma para ampliar alertas por
violencia de género

Ante el aumento de la violencia contra las mujeres, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, llamó al Senado a concretar una reforma que fortalezca y amplíe la alerta de género, le dé seguimiento en los estados y cuente con parámetros de medición.
Al participar en el foro El feminicidio en México: Retos y perspectivas desde la sociedad civil, organizado por la Cámara alta, dijo que no es suficiente que sólo algunos municipios de 28 entidades cuenten con esta alerta.
En Guerrero, por ejemplo, la alerta por violencia de género se aplica solamente en ocho de 81 municipios.
“Cuando hablamos de 28 entidades federativas, no es la totalidad de las entidades, son en algunos municipios de esas entidades. Sí hay que poner atención, y parte de las modificaciones que requerimos es qué sigue después de que se decreta una alerta, cómo medimos una vez declarada. No hay parámetros”, indicó.
Planteó la entrega de recursos etiquetados para la implementación de las alertas, para que los gobiernos las acaten como una tarea de responsabilidad colectiva, y que más académicos y organizaciones puedan participar en los procesos de selección e integración del grupo de trabajo de las alertas.
En la reunión se informó que aún cuando se han creado leyes para proteger a las mujeres, hubo un incremento de 47.29 por ciento en los feminicidios, que pasaron de mil 755 en 2015 a 2 mil 585 en 2017. (Redac-ción con información de Agencia Reforma / Ciudad de México).