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La Policía del Estado y el Ejército están a cargo de la seguridad en Zihuatanejo

 

Ayer policías municipales instalaron un plantón en el Ayuntamiento de Zihuatanejo para exigir que el gobierno municipal envíe a Acapulco los expedientes para comprobar que los 60 policías municipales detenidos trabajan en la corporación.
Los agentes se retiraron a las 2 de la tarde luego de que vieron que el director de Asuntos Jurídicos, José Luis Amador Abarca salió al puerto de Acapulco con la documentación de sus compañeros.
Desde el martes en la tarde la Policía del Estado tomó el control absoluto de la Dirección municipal de Seguridad Pública y junto a los soldados son los encargados de la seguridad en el puerto y en el resto del municipio. Se han visto patrullajes continuos.
Ayer antes de las 11 de la mañana unos 30 policías uniformados llegaron al Ayuntamiento para buscar al presidente municipal perredista, Gustavo García Bello, para pedirle que se dé prisa en la integración de los expedientes de sus compañeros detenidos el martes por policías estatales y militares del 75 Batallón de Infantería, pues aseguraron que tenían pocas horas para presentar las pruebas de que son agentes municipales en activo.
Los policías aseguraron que no se retirarían del Ayuntamiento hasta que los expedientes de sus compañeros fueran enviados a la Procuraduría General de la República (PGR), y a la Fiscalía General del Estado (FGE) en el puerto de Acapulco.
Se quejaron de que sus compañeros detenidos están en “condiciones inhumanas”, pues a los que ya se encontraban en el interior de las dependencias como los que todavía estaban arriba del autobús en el que fueron trasladados, “no les han dado de comer ni les arriman agua, no se han bañado. El martes sólo les dieron un bolillo y un vaso de agua, fue todo, no les permiten ni ir al baño, eso va en contra de nuestros derechos humanos”.
Aseguraron que el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia miente porque sus compañeros no son delincuentes y pretenden incriminarlos con algún grupo delincuencial, pues afirmaron que ellos los conocen porque tienen años trabajando como policías.
Antes del mediodía una comisión se reunió con el secretario particular del alcalde, Arturo Arzeta Serna, a quien le exigieron que el gobierno se dé prisa en la integración de los expedientes y que no se retirarían hasta que fueran enviados al puerto de Acapulco. El servidor público les aseguró que estaban trabajando en ello y que el director de Asuntos Jurídicos, José Luis Amador Abarca, acudiría a dejar la documentación de 31 policías que estaban declarando en la Fiscalía.

Un mando del Ejército autorizó que se armaran, dicen los policías

Los policías comentaron a Arzeta Serna que luego del asesinato de tres de sus compañeros ocurrido el 25 de abril en el módulo de Ixtapa, tomaron las armas con la autorización verbal de un alto mando del 75 Batallón de Infantería, “nos dijo que no había problema, que nos armáramos porque le dijimos que queríamos organizarnos para buscar y dar con los que mataron a nuestros compañeros, por eso agarramos las armas, porque además no teníamos con qué defendernos”.
Mientras esperaban a un costado del estacionamiento del Palacio Municipal, los policías dijeron a los reporteros que la última vez que supieron del director municipal de Seguridad Pública, David Nogueda Salmerón, fue cuando éste se reunió con los familiares de sus compañeros detenidos, “no nos ha dado la cara, así como tampoco nos ha dado la cara el encargado del Fortaseg (Fortalecimiento para la Seguridad en los Municipios), Armando Castro Taboada, que son los responsables directos de no tener a nuestros compañeros registrados en la licencia colectiva 110 (que permite el uso de armamento)”, por lo que exigieron la destitución de ambos servidores públicos.
A pregunta expresa los policías dijeron que desde el martes en la tarde la Policía del Estado tomó el control total de la Dirección municipal de Seguridad Pública y con militares del 75 Batallón de Infantería recorren este puerto y el resto del municipio, “nosotros permanecemos en las instalaciones pero no estamos trabajando, no salimos a recorridos porque no tenemos armas y ellos son los que están encargándose de la seguridad. Sí podemos entrar y salir de las instalaciones, pero no estamos trabajando”.

Ya entregó el Ayuntamiento la documentación de los policías

Vía telefónica, el director de Asuntos Jurídicos, José Luis Amador Abarca dijo que a las 8 de la mañana de ayer, la Fiscalía solicitó con un plazo de 5 horas a la presidencia municipal de Zihuatanejo los documentos que demuestren que los 31 detenidos sí son policías preventivos municipales, y agregó que esos documentos fueron entregados ayer a las 2 de la tarde, “entendemos que estos policías, con esa información que se dio, van a salir libres”.
Amador Abarca se refirió a 31 policías porque dijo, esa fue la cantidad de personas de las que la Fiscalía solicitó a la presidencia municipal que presentaran documentación que pruebe que son agentes municipales.
“No tenemos otros datos de las otras personas (detenidas), no sabemos inclusive en estos mismos (31) si se les atribuye algún delito o si solamente fueron presentados, no sabemos porque el oficio nada más nos requería documentación”, dijo.
Indicó que hay certeza de que con las pruebas que presenten a la Fiscalía queden en libertad “porque lo que decían era que no eran policías y con esto se está acreditando que sí son policías y no son policías que fueron contratados en esta administración, hay algunos que tienen hasta 15 años de antigüedad”.
Agregó que sólo llevaba las pruebas “porque por parte de la PGR no nos han solicitado ninguna documentación, sabemos que en esa dependencia hay otra cantidad de policías, pero no nos han requerido todavía nada”.

 

Detiene el Ejército a 62 policías de Zihuatanejo; se infiltró la delincuencia, dice el vocero

Policías estatales apoyados por militares del 75 Batallón de Infantería ocuparon durante 9 horas la Dirección municipal de Seguridad Pública de Zihuatanejo, donde detuvieron a 62 policías municipales, corporación que según el vocero Roberto Álvarez Heredia está infiltrada por criminales.
Poco después de la una y media de la tarde Álvarez Heredia dijo que “derivado de la infiltración y usurpación de funciones de individuos vinculados a la delincuencia en el cuerpo de la Policía Municipal de Zihuatanejo, el gabinete de seguridad federal del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tomó la determinación de efectuar el desarme de los elementos de dicha corporación”.
Dijo que “en una acción conjunta de la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Policía Federal, Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado, a partir de las 7 horas del día de hoy (ayer), se logró la detención de tres presuntos delincuentes que están siendo trasladados fuera del municipio para someterlos a proceso”.
“Dichos individuos desde hace días tenían la operación de la Policía Municipal del municipio de Zihuatanejo de Azueta, y están vinculados con grupos delictivos”, afirmó.
Añadió que fueron detenidos también “otros 42 individuos que sin estar debidamente acreditados como elementos policiales fueron sorprendidos dentro de las instalaciones portando armas, uniformes e insignias oficiales, por otro lado fueron detenidos otros 15 miembros de la corporación que habiendo reprobado sus exámenes de control de confianza, portaban armamento de la licencia oficial colectiva número 110 autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional” y que los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades.
La Dirección de Seguridad Pública está en la avenida Bicentenario frente a los campos de fútbol de la unidad deportiva, y a un costado del penal de esta ciudad.
Poco antes de las 8 de la mañana, una hora antes de que concluyera el turno, más de 28 patrullas de la Policía Estatal y de militares se estacionaron a lo largo de la avenida. Sus ocupantes ingresaron a las instalaciones de la dependencia donde durante nueve horas tuvieron a los policías formados en la explanada, mientras que a los trabajadores administrativos los mantuvieron en sus áreas de trabajo vigilados.
Según la información que se dio en el transcurso de las horas, los policías estatales revisarían el armamento de los municipales, declaró a su llegada casi a las 9 de la mañana el director de Seguridad Pública, David Nogueda Salmerón, quien visiblemente desencajado dijo que se trataba de una revisión de rutina y que estaba ahí “para dar la cara”.
Sin embargo conforme pasaba el tiempo se observó que sacaron a tres policías municipales y a dos trabajadores administrativos y los subieron a las patrullas con dirección al centro de la ciudad, un rato después regresaron con ellos a las instalaciones.
Después entró el comandante de la Policía Ministerial de Zihuatanejo acompañado de dos agentes ministeriales y uno del Ministerio Público del fuero común, quienes llevaban documentos en las manos.
Poco después de las 11 de la mañana los policías estatales sacaron de uno por uno a tres uniformados, el primero fue el comandante Víctor Manuel, a quien durante la revisión que los militares y policías estatales hicieron al armamento de la corporación municipal el 10 de abril, le encontraron un fusil Galil y una pistola escuadra calibre 9 milímetros sin licencia. El segundo policía fue identificado como el comandante Martiniano S.R. y el tercero como Javier C.S., ex director municipal de Seguridad Pública de Petatlán, quien de acuerdo a las fuentes policiacas tenía dos semanas de haber llegado a esa corporación a ocupar el cargo de coordinador operativo.
A estos tres agentes los subieron en una patrulla y junto a ellos los policías estatales subieron una mochila en la que iban armas cortas y un radio portátil. La patrulla enfiló hacia la zona oriente de la ciudad y aunque se dijo que habían sido llevados a la subdelegación de la PGR, se conoció que de inmediato fueron trasladados al penal del puerto de Acapulco. No se conoció el motivo de la triple detención.
Poco a poco llegaron más policías municipales llevados por los estatales, algunos estaban resguardando instalaciones públicas y otros de descanso pero fueron llamados a presentarse de manera inmediata.

Nos tienen secuestrados, grita uno los municipales

Afuera se escuchaba cómo algunos policías preventivos decían que no tenían la culpa de no contar con la credencial que los incluye en la licencia colectiva 110 que les permite portar armas, pues no se las habían renovado, así como tampoco eran responsables de acreditar los exámenes de control de confianza, ya que los trabajadores administrativos y el director no llevan un registro de las fechas en que los policías deben de presentarse ante las dependencias porque no les quieren apoyar con viáticos pese a que es dinero que envía el gobierno federal para tal fin.
Un policía preventivo que se identificó como Marco Antonio Pérez Peralta subió a una de las torres de vigilancia que dan a la avenida Bicentenario en donde estaban los reporteros, gritó que los agentes estatales y soldados “nos tienen secuestrados” y que no les permitían comer, tomar agua ni ir al baño”, y que tampoco sabían a qué hora los dejarían salir, “no nos están golpeando pero se ponen agresivos, revisan hasta las bolsas, eso va contra la ley”.
Después de las 2 de la tarde llegaron unos 200 militares más, así como dos camionetas con marinos del Sector Naval a apoyar el traslado de, primero de 17 policías y posteriormente de 42, entre estos tres hombres vestidos de civil, según los mismos policías preventivos que no fueron detenidos.
Además de llevarse el armamento de la corporación municipal, los policías estatales sacaron en una cubeta de plástico varios radios de comunicación portátiles.
Poco antes de las 2 de la tarde llegaron esposas, madres e hijas y familiares de los policías a preguntar por los que tenían que regresar a sus casas el martes en la mañana, y se encontraron con la operación conjunta.
Cuando se dieron cuenta de la situación al ver el traslado de los primeros 17 uniformados, hombres y mujeres rompieron en llanto abierto y a gritos decían que sus familiares eran inocentes. Exigieron que el director también fuera detenido “porque él es el principal responsable de que no tengan sus credenciales de policías”.
Para cuando se dio el traslado de los 42 policías, varias de las esposas, madres e hijas se plantaron frente al portón con la intención de impedir que se los llevaran, pero fueron superadas en número y fuerza por los militares y policías estatales que a empujones las quitaron del camino para que pasaran las patrullas.
Los uniformados fueron llevados en un autobús a la unidad deportiva de la cabecera municipal de Petatlán, donde los esperaban dos helicópteros de la Policía Federal. Una versión indicó que serían llevados a la PGR en Acapulco y otra que los llevarían a la PGR en la Ciudad de México.

Encaran familiares al director de Seguridad

Pocos minutos después de las 4 de la tarde todos los policías estatales y los soldados se retiraron, entonces los familiares de los uniformados detenidos entraron a las instalaciones en busca de director David Nogueda, a quien encararon y responsabilizaron de haber permitido que sus familiares fueran detenidos.
El funcionario les mostró un documento firmado por el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Francisco Montesinos Baños, con fecha del 15 de mayo, dirigido al alcalde perredista Gustavo García Bello, en el que le informa entre otras cosas que se haría una revisión extraordinaria al armamento de la corporación.
Agregó que él se sorprendió por lo que sucedió y que estaba en desacuerdo en que se los hayan llevado, aunque sostuvo que le informaron que sólo iban como presentados y no de detenidos. Aseguró que mediante la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento y del grupo de abogados de la corporación, se trasladaría a Acapulco a ofrecer las pruebas de que sí son policías municipales.

Sus policías tomaron armamento tras el asesinato de sus compañeros, dice el alcalde

Para el presidente municipal perredista de Zihuatanejo, Gustavo García Bello, la detención de los 62 policías preventivos municipales “no fue algo extraordinario”.
Afirmó que aunque no tenían permiso tomaron el armamento para buscar a los responsables materiales del asesinato de tres de sus compañeros ocurrido en el módulo de vigilancia en la zona comercial de Ixtapa el 25 de abril, pero que ahí él no pudo hacer nada para impedirlo.
Ayer a las 8 de la noche García Bello ofreció una conferencia de prensa en la sala de Cabildo, para hablar de la detención de los policías hecha por policías estatales apoyados por militares y marinos. García Bello aseguró que fueron 48 policías los que se llevaron detenidos.
Dijo que ya había instruido al jefe jurídico del Ayuntamiento y a los abogados que emprendan la defensa legal de los policías, “todos son policías, por ahí creo que se decía que algunos habían sido detenidos sin acreditar ser elementos, pero todos son policías preventivos y ya estarán los abogados por ahí para ver su situación legal y llevar en este caso los documentos para aclarar su situación jurídica”.
De la versión del vocero del Grupo de Coordinación Guerrero en el sentido de que tres de los detenidos son presuntos delincuentes, el alcalde respondió, “yo no desmiento a nadie, son órdenes de gobierno que debemos que respetar, en este caso la revisión del armamento le compete al gobierno federal a través de la Sedena y si hubiera alguno de los elementos involucrados en algún delito, eso es ya una cuestión que tiene que ver con el armamento, aquí no estamos desmintiendo a nadie, pero si hay alguna investigación en contra de alguno de los elementos que están ahorita detenidos pues la va a haber, ahí no podemos meter nosotros la mano, cada quien es responsable de sus hechos”.
Luego de que se fueron los policías estatales y los militares de las instalaciones de Seguridad Pública, el director David Nogueda Salmerón, informó que sólo se llevaron a 50 policías “en calidad de presentados, no de detenidos”.
Los policías estatales traían una lista de los agentes que no cuentan con una identificación como policía “cosa que es mentira”, dijo.

Cierran la autodefensa de Totolapan y vecinos el paso de soldados y policías a La Gavia

Debido a una serie de confrontaciones entre militares y policías y la autodefensa de San Miguel Totolapan se mantiene tenso el ambiente en la zona ante un posible choque, porque las autodefensas cerraron las entradas a la cabecera municipal, pues no quieren permitir el ingreso de más efectivos con el argumento de que ayudan al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, y se mantienen cerca del puente de la entrada unos 300 uniformados en espera de órdenes para ingresar a la zona que controla el Movimiento por la Paz.
Desde las 4 y media de la madrugada, llegaron policías ministeriales, estatales y peritos con militares de la base de San Miguel Totolapan, intentaban acudir al pueblo de La Gavia, para hacer las diligencias a los ocho muertos, que según el gobierno del estado dejó un enfrentamiento entre la banda de Los Tequileros y de La Familia Michoacana el miércoles.
Integrantes de la autodefensa Movimiento por la Paz y vecinos bloquearon el paso más de cuatro horas a soldados, policías ministeriales, estatales y peritos del MP que se dirigían La Gavia.
Fuentes del pueblo informaron que el hecho ocurrió porque la autodefensa acusa al Ejército de que ayer, cuando resguardaba la población de La Gavia tras el enfrentamiento, dio servicio médico y trasladó a dos heridos del grupo delincuencial que encabeza Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, a una clínica fuera de Totolapan.
Cuando llegaron los policías comenzó el bloqueo en las entradas con unidades del transporte público. Policías y personal que iba a la diligencia comentó que “entendieron eso como un encierro y que no los dejarían salir”, pero además esperaban un acuerdo para que les autorizaran entrar a La Gavia.
A las 9 de la mañana líderes de la autodefensa se dieron cuenta que los ministeriales se decían “retenidos”, y acudieron a decirles que se podían salir cuando quisieran, y acordaron que para evitar confusiones el convoy saldría del municipio.

Se reagrupan más de 300 soldados y policías

Más de 300 agentes entre militares, policías estatales y ministeriales se reagruparon en la tarde, se instalaron en el poblado de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, a 2 kilómetros del puente de entrada a San Miguel Totolapan en espera de órdenes de ingresar, y al anochecer se mantenían en sus puestos.
Los militares encabezan el grupo más grande, con más de 200 efectivos, siguen cerca de 10 patrullas del estado con unos 50 elementos y 5 patrullas más de la Policía Ministerial con otros 50.
Los integrantes del Movimiento por la Paz al enterarse del grupo que intentaba ingresar reunió a cerca de 100 personas en el puente, entre mujeres y hombres, con intenciones de impedir el ingreso del convoy.
Había vehículos particulares, tractores y del transporte público listos para cerrar el paso. Solamente permitían el paso a particulares y vecinos de la localidad.
Vecinos y choferes del transporte público se sumaron al movimiento luego de que les pidieron apoyo, y bloquearon la carretera estatal en el poblado de Poliutla del municipio de Tlapehuala, a un kilómetro de la carretera federal.
El bloqueo comenzó antes de las 2:30 de la tarde en la carretera estatal, luego de que los pobladores se enteraron de que en el poblado de Santa Ana del Águila, entre Totolapan y Tlapehuala, hay unos 300 soldados y policías estatales y ministeriales.
En Poliutla se observaron unas 30 combis del transporte público de la ruta Tlapehuala-Arcelia bloqueando la carretera.
Cerca de las 5 de la tarde llegó otro grupo de 30 taxistas de Arcelia y bloqueó la entrada al pueblo del Escondido, en Santo Niño municipio de Tlapehuala, que es una localidad entre Altamirano y Arcelia, a 3 kilómetros de este último municipio. Esta es otra entrada de camino rural que tiene acceso a rutas que llevan a Santana del Águila.
La intención de los bloqueos es impedir que lleguen refuerzos a los militares y grupos policiacos en la zona.
Cerca de las 5 y media de la tarde llegaron al crucero de Poliutla tres patrullas cargadas con escudos y equipo antimotines, que al parecer intentaban llevar a Santana del Águila, pero no alcanzaron a cruzar.

Cerraron el paso a las autoridades

En un primer momento la tarde de este jueves la autodefensa consideraba permitir el ingreso de los policías estatales y ministeriales, pero no del Ejército, a quienes señalaron de estar coludido con El Tequilero, pero luego de la visita del vocero a La Gavia por aire, y ante la falta de diálogo con el movimiento de autodefensa acordaron que no permitirían la entrada a ningún grupo policiaco.
En la tarde se mantuvo en el poblado de Santana el grupo militar y policiaco pero tampoco se movieron los bloqueos, lo que dejó prácticamente cercadas las salidas para ellos.
Las autodefensas pidieron la salida del grupo militar que se ubica en la cabecera municipal, al considerar que no combatió a El Tequilero, sino que incluso le prestó auxilio a su gente para escapar.

El Ejército protege a El Tequilero y el vocero miente sobre Totolapan, declara el alcalde

El alcalde de San Miguel Totolapan, perredista, Juan Mendoza Acosta dijo que el Ejército brinda protección al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, y que ha ayudado a hombres con órdenes de aprehensión a salir de esa localidad.
En conferencia de prensa en su oficina dijo que “algunas autoridades se han visto mal, como ocurrió el pasado viernes para amanecer sábado, hubo un operativo en La Gavia y resultó al revés. Ya traían a delincuentes detenidos como El Mulero, que es el que descabeza, el que mata gente inocente, ya lo traían detenido pero un grupo de mujeres, entre ellos su suegra, sus cuñadas, se amontonaron y qué pasó, les quitaron al detenido y además las corporaciones salieron secuestradas”, expuso sobre la retención de militares.
Afirmó que para poder salir tuvieron que pagar, “el acuerdo al que llegaron primero fue la liberación de los detenidos y segundo el pago de 70 mil pesos como un rescate por permitirles salir de La Gavia, la verdad es que se han visto mal”.
Agregó que “el Ejército en lugar de ayudar a la gente inocente que está pidiendo que detengan a El Tequilero es al revés, le están dando protección. Allá sacaron delincuentes tiene como 20 días que sacaron a esa gente con órdenes de aprehensión y se prestaron a eso. Sin embargo yo soy presidente municipal y no soy quien debe de juzgar”.
Dijo que el combate al grupo criminal Los Tequileros es un tema de “voluntad”, “el gobierno ha agarrado delincuentes grandes en el país pero aquí no le han puesto interes a El Tequilero, que esa persona ha hecho más ofensa a la sociedad que algunos que se dedican al trabajo ilícito pero no se dedican a perjudicar a la sociedad. Me parece que el gobierno tiene la tecnología para detenerlo pero no ha querido”.
Juan Mendoza mencionó que el grupo de la comunidad de San Antonio le ha llamado para salir del pueblo y que los atiende como parte de sus obligaciones como alcalde.
“Yo estaba en Chilpancingo firmando el convenio del fertilizante y por la noche del martes me enteré de que la gente de San Antonio se había ido a defender sus casas, porque tenían reportes de saqueos”, expuso.
“Ayer la gente que es de La Gavia y que no tiene nada que ver con El Tequilero salió del pueblo, aquí llegaron y yo di respaldo, los acomodé en algunas casas de amigos, aquí están en San Miguel Totolapan, les damos comida”, dijo.
Son unas 15 familias que salieron de sus hogares y saldrán más.
“Yo quisiera una audiencia con el gobernador para hablar del tema y el presidente la República, quisiera decirle que regrese a ver a San Miguel Totolapan, que regrese a ver La Gavia que ha sido muy ofendida, y que está fácil terminar este asunto, la gente quiere trabajar, sembrar y dedicarse a sus funciones pero este sujeto al que no le gusta trabajar no los deja”, agregó.
En redes sociales se mencionó que una de las camioneta que usó el grupo armado que intentó ingresar a La Gavia a combatir a El Tequilero, era del alcalde, quien ayer dijo que eso era falso.
Afirmó que el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia difunde información falsa de San Miguel Totolapan, “le pido al vocero respeto hacia mi persona, que primero investigue las cosas y luego las saque a relucir”, dijo que hay personas que intentan relacionarlo con grupos criminales, “que hagan una investigación real de mi persona, no tengo nada que esconder”.

Presuntos integrantes de Los Rojos intentaron asesinar a un vecino de San Jerónimo Palantla, denuncian

Vecinos nahuas de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, denunciaron que Constantino Calvario Merino, quien se jacta de pertenecer al grupo criminal Los Rojos, junto a dos hombres intentaron asesinar al campesino Jacinto Ayulteco Calvario el viernes 5 de mayo cuando regresaba de juntar leña.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, unos 30 pobladores denunciaron que el más reciente ataque de Calvario Merino y su gente ocurrió el viernes a las 5 de la tarde.
Ayulteco Calvario explicó que ese día cuando regresaba de trabajar, Calvario Merino a bordo de una camioneta junto con otros dos hombres que iban armados, lo detuvieron, se bajaron del vehículo y le dijeron que “estaba haciendo su desmadre”.
Dijo que intentó dialogar con sus agresores, pero corrió en sentido contrario a la camioneta cuando mostraron sus armas y le dispararon, pero no fue herido.
Los pobladores leyeron un comunicado sobre la inseguridad dirigido al gobernador Héctor Astudillo Flores, éstos formaban parte de la Coordinara Regional de Autoridades (CRAC) de los Pueblos Fundadores, que pertenecía a la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, pero consideran que ya no pertenecen desde que fueron desarmados y ahora, aunque no han roto oficialmente con el movimiento, ya no brindan justicia.
“Nos han asesinado 11 hermanos nahuas de esta región; fabricaron 45 órdenes de aprehensión y 15 órdenes por liberarse todas son dolosas; detuvieron (a) 14 compañeros de manera ilegal el 11 de junio de 2016, en las órdenes de aprensión acusan (a) tres mujeres indígenas de usar armas AK-47 y AR-15, esta ola de violencia e ingobernabilidad (se) desataron de 2015 a 2016, seguimos viendo caminar en nuestro pueblo a los delincuentes”, declararon.
Afirmaron que el grupo liderado por Constantino Calvario Merino es protegido por el gobierno.
Detallaron que los principales responsables de los asesinatos y de la inseguridad en San Jerónimo Palantla son: Constantino Calvario Merino, Domingo Orgín Calvario, Antonio Bolaños Calvario, Apolinar Calvario Tlatempa, Facundo Bolaños Reyes, Florencio Calvario Tlatempa, Evodio Calvario Merino, Justiniano Tolentino Atempa, Alfonso Orgín Castro, Eladio Orgín Trinidad, Eladio Díaz Calvario y Francisco Hernández Tepetate.
Los pobladores reprocharon que a pesar de que en esta comunidad está un destacamento de la Policía Estatal no hacen nada para frenar a los delincuentes.
“El grupo delictivo encabezado por Constantino Calvario Merino, de sus propias palabras afirma que ellos pagan a la Fiscalía para que no sean recluidos en la cárcel, porque además, dicen que pertenecen a Los Rojos”, afirmaron.
Los pobladores advirtieron que si las autoridades no intervienen tendrán que hacer justicia por su propia mano ante las constantes amenazas de muerte hacia los pobladores.
El 16 de junio de 2016, el gobernador informó que los dos grupos de policías comunitarias que operaban en Rincón de Chautla y en San Jerónimo Palantla, fueron desarmados, pero señalaron que el grupo contrario encabezado por Calvario Merino retomó las armas.
Los inconformes reprocharon al gobernador que en vez de cuidar a quienes sufren por la violencia, dejan que los criminales actúen con libertad.
También denunciaron que el 3 de mayo, a las 3:30 de la tarde acudieron con el comisario, José Miguel Orgín, para solicitarle constancias para el programa Procampo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), pero Calvario Merino no permitió que el comisario autorizara las constancias.
Los 30 pobladores hicieron responsable a Constantino Calvario de lo que les pueda ocurrir o si son asesinados.
Exigieron al gobernador que frene la violencia, que no les inventen delitos, que investiguen a los verdaderos culpables y no detengan a gente inocente, “¿Hasta cuándo señor gobernador?”, expresaron.
Además, denunciaron que el mismo grupo cobra 2 mil 500 pesos a los pobladores para que tengan agua en sus viviendas.

Hay avances en la investigación del ataque a turistas en el retén de Petaquillas, dice el fiscal

El fiscal general del estado, Javier Olea Peláez informó que hay avances en las investigaciones del ataque de presuntos policías rurales que operan en Petaquillas a la pareja de turistas, que ocurrió la madrugada del sábado en el retén en la salida de Chilpancingo.
Consultado por teléfono Olea Peláez señaló que no podía dar detalles porque se entorpecería la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), para deslindar responsabilidades por la agresión a la pareja proveniente de la Ciudad de México.
El sábado el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó de la agresión a balazos por los “policías comunitarios”, que según el comisario Mario Flores Castrejón son policías rurales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, pero el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa afirma que son integrantes del grupo criminal Los Ardillos.
Los afectados no presentaron denuncia por la agresión, pero el vocero afirmó que las autoridades investigarían el caso.
El sábado, Álvarez Heredia informó en un boletín de prensa que la madrugada de ese día “personas armadas que se llaman policías comunitarios” atacaron a balazos a un vehículo que viajaban cuatro personas, dos de ellos resultaron heridos en el retén” que tienen en la entrada a Chilpancingo.

Ejecutan a un hombre en Zihuatanejo; lo hallan con las manos atadas y el rostro cubierto

Un hombre de unos 30 años ejecutado a balazos fue hallado con las manos atadas hacia atrás y cubierto del rostro con sudaderas, atrás del Conalep en la colonia Huajal en Zihuatanejo.
Con este caso en lo que va del año han ocurrido 20 asesinatos en Zihuatanejo en los que presuntamente está involucrada la delincuencia organizada, según un recuento de la información publicada en El Sur.
Fuentes policiacas informaron que a las 2:40 de la tarde recibieron el reporte de que el cuerpo de una persona asesinada a balazos estaba en ese lugar.
Policías municipales y estatales hallaron el cadáver tendido boca abajo con las manos atadas hacia atrás, vestía un pantalón negro, playera azul fuerte y la cabeza la tenía cubierta con sudaderas.
Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias correspondientes y el cuerpo fue trasladado a una funeraria habilitada como Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.
El jueves el dueño de una pollería fue asesinado por hombres armados que lo bajaron de su vehículo cuando iba a la comunidad rural de Barrio Nuevo, a 15 minutos de la cabecera municipal de Zihuatanejo en la zona costera.

Se queja el grupo Paz y Justicia en la Codehum contra policías estatales por amenazas a uno de sus integrantes

 


El grupo por la Paz y Justicia de la comunidad de Tlatempanapa, Zitlala, presentó una queja contra policías estatales en la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), por la detención y amenazas a uno de sus integrantes, informó el presidente de esa asociación civil, que está constituida ante notario público, presuntamente vinculada al grupo criminal Los Ardillos , Tranquilino Palatzin Tranquero.
Denunció el probable vínculo de integrantes de Fuerza Estatal con la delincuencia organizada, porque su compañero Fidel Cuchillo aseguró que en su traslado a Chilpancingo los policías le dijeron que si los militares no hubieran visto que lo llevaban detenido, lo habrían llevado con un grupo del crimen organizado, a modo de amenaza.
Chilapa y Zitlala, municipios ubicados en la entrada de la Montaña de Guerrero, siguen vigilados por policías estatales y soldados desde la incursión en Chilapa del grupo armado por la Paz y la Justicia, autodenominado policías comunitarios, el año pasado. En la zona hay una disputa del territorio entre dos grupos de narcotraficantes: Los Rojos y Los Ardillos.
De la violencia generada en esta disputa, Palatzin Tranquero señaló que la situación “sigue crítica” y “hay temor de los ciudadanos” en la cabecera municipal de Zitlala y en algunas localidades cercanas aún con la presencia de soldados y policías, incluso, advirtió que podría sería mayor sin militares, “imagínense cómo sería”.
Aseguró que en los pueblos donde opera la policía de esa organización ya no tienen problemas de inseguridad, y están difundiendo sus estatutos en comunidades aledañas para invitarlas a ser parte de su proyecto, además que ya se entrevistó con el coronel Aragón del Ejército para coordinarse y que haya respeto a la población organizada.
Deslindó al movimiento de las acusaciones de familias de Quetzalcoatlán de las Palmas, Zitlala, que responsabilizaron al grupo del ataque a balazos del 6 de enero de 2016, que tuvo un saldo de seis muertos, y que el lunes pasado ratificaron en una denuncia pública por la falta de garantías a las familias de los tres niveles de gobierno.
Afirmó que Quetzalcoatlán no participa en el movimiento por la seguridad, ni ellos han entrado a ese pueblo.
Ayer, el presidente de la organización llegó a la Codehum acompañado de unos 40 campesinos para denunciar la actuación de los policías estatales.
Mencionó que el viernes pasado hubo una asamblea en la comunidad que se extendió más de lo previsto, y enviaron a la cabecera municipal a Fidel Cuchillo a comprar alimentos, pero fue detenido en un filtro de seguridad en las inmediaciones de la cabecera municipal de Zitlala por la portación de arma de fuego.
Sus abogados revisaron su situación legal y después de cuatro días su compañero salió de prisión para seguir el proceso en libertad. Ayer denunciaron las amenazas al detenido durante su traslado a Chilpancingo.
Destacó que Tlaltempanapa tiene a más de 700 hombres armados, y ayer sólo acudió una comitiva para ver qué podían hacer, dado que personal de la Comisión estuvo con ellos en septiembre del año pasado, y ofreció asesoría.
El grupo por la Paz y Justicia también es señalado por el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, del secuestro de 30 vecinos de Chilapa ocurrido en mayo de 2015, durante una irrupción de civiles armados.

En su último video, Cecilio Pineda habló de “compromisos muy fuertes” del gobierno estatal con El Tequilero

Dos horas antes de ser asesinado a tiros en Ciudad Altamirano, la cabecera de Pungarabato, el periodista Cecilio Pineda Birto señaló que hay “compromisos muy, muy fuertes” entre el gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores y el líder criminal de Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
En un video transmitido en vivo de 12 minutos y 37 segundos el periodista también acusó al coordinador regional de la Policía Estatal de estar coludido con El Tequilero, y con el diputado local priista Saúl Beltrán Orozco quienes convivían en fiestas populares, y los uniformados escoltan a las esposas de los delincuentes, “pareciera que hay compromisos muy, muy fuertes entre el gobierno y este líder criminal”.
Afirmó que existen videos como prueba de la relación, pero no alcanzó a publicarlos.
Cecilio Pineda era director de un semanario La voz de Tierra Caliente, que según fuentes de la región no se imprimía desde hace seis meses, y cuando lo hacía el tiraje era de mil ejemplares que él repartía en diferentes Ayuntamientos de la zona. También enviaba información para el periódico nacional El Universal y agencias locales, pero su mayor audiencia la tenía en los portales Youtube.com y Facebook.com.
En un video que el reportero transmitió en vivo en su cuenta de Facebook el día en que fue asesinado, informó que regresaba a Ciudad Altamirano después de visitar San Miguel Totolapan, “la mera verdad se siguen sumando escuelas, al paro, son alrededor de 104 escuelas que pararon labores en solidaridad con el movimiento (de autodefensa por la paz), se acuerdan que hace ocho días vino el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Educación, de derechos humanos y se hizo un argüende”.
Dijo en referencia a la reunión del 21 de febrero en ese municipio al que acudió el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero y el de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para dialogar con profesores que laboran en San Miguel Totolapan y con integrantes del Movimiento por la Paz, con la intención de analizar el regreso a clases pero los maestros les reiteraron que no volverán si el gobierno no detiene a El Tequilero.
A esa reunión asistieron unos 200 maestros en la escuela secundaria Técnica 38, que está cerrada desde hace dos meses.
“El chiste es que fracasó este operativo, como ven son pocos los policías estatales que recorren la cabecera y lo demás… pues no han agarrado a nadie, sigue igual”, dice a sus seguidores.
Después recordó que contrario a la promesa de detener a El Tequilero, el Congreso local concedió 10 días más de plazo antes de dictaminar si procede o no el desafuero del diputado local priista que es compadre del líder criminal Raybel Jacobo y que además tiene una orden de aprehensión por homicidio calificado contra un trabajador del Ayuntamiento.
Comentó que en la cabecera de San Miguel Totolapan se comentaba que al día siguiente habría otra reunión con el delegado de Servicios Educativos en la Tierra Caliente, y que ahí el Movimiento por la Paz haría un pronunciamiento “para dar a conocer ya, las medidas más drásticas que se van a tomar para obligar en este caso al Congreso del Estado y al fiscal estatal Javier Olea (Peláez), y al secretario de Seguridad Pública a que detengan a estas personas que siguen ahí en La Gavia”.
“Incluso sicarios de ellos mismos han salido y que estuvieron ahí en hechos recientes, ahí en el topón que se dieron con los militares y ministeriales, han desertado y ellos mismos están dando lugar, están dando a conocer donde se encuentra El Tequilero, dónde se encuentra El Vago, dónde se encuentran todos los sicarios, y el gobierno pues no, no los quiere detener y eso que ya saben dónde están todas sus posiciones, dónde están ubicados, dónde se encuentra El Tequilero, con quién se encuentra El Tequilero en estos momentos”, agrega.
El reportero insistió en que los sicarios del grupo de Los Tequileros que desertaron “están dando a conocer sicarios de ese grupo criminal dónde tienen todas sus guaridas, y ni así quieren ir a detenerlos (las autoridades)”.
Después habló de delicados transcendidos en San Miguel Totolapan, “incluso hay videos en los que acusan al coordinador regional de la Policía Estatal de estar coludido con El Tequilero y con el diputado, al grado de que convive con ellos en fiestas populares, incluso escolta a sus esposas a traer suministros ahí a la cabecera municipal, les da protección a las esposas de los sicarios, hay muchas cosas que no se entienden que uno como ser humano pues por lógica piensa que ahí hay algo de relación, entre el gobierno y este grupo criminal”.
Después del señalamiento dijo que “deberían hablar con El Tequilero y habrían de montar un show de que por lo menos hace como que se entrega, para así ya dar certidumbre a la gente y vuelvan a su chamba, a sus actividades y dejen el movimiento, pero no quieren hacerlo, pareciera que hay compromisos muy, muy fuertes entre el gobierno y este líder criminal”.
El periodista dijo que esperaría a saber cómo terminaría el caso “esperemos que no sea con más muertes, y va a seguir habiendo muertes, puesto que no quieren actuar como debe de ser, total esto ustedes lo han visto, hay esos señalamientos, han visto todo este procedimiento y pues la mera verdad llama mucho la atención del por qué no quiere actuar el gobierno sabiendo que hay sicarios de El Tequilero que están dando a conocer todos los puntos y guaridas de dónde está, y lo más grave es que señalen a elementos estatales coludidos con este grupo criminal”.
Después dijo que será el Movimiento por la Paz el que dé esa información y que él sólo comentaba lo que había escuchado, que son transcendidos de manera extra oficial.
Comentó que seguiría al pendiente del caso “que pudiera salirse de control al gobierno del estado si no atiende las demandas de los ciudadanos de aquí de San Miguel Totolapan”.