Integrantes del Frente del Rescate del Acapulco Tradicional plantan en las jardineras de la avenida Costera frente la playa Suave para ayudar a resarcir el daño que dejó el huracán Otis Foto: Jesús Trigo
Argenis Salmerón
Durante la siembra de plantas conocidas como delfas en las jardineras de la avenida Costera, la presidenta de la organización Frente del Rescate del Acapulco Tradicional (FRAT), Dulce María Gómez Velasco, criticó la reforestación que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), frente a las playas Tlacopanocha y Manzanillo, “da mucho que decir, no es el trabajo adecuado, y porque están poniendo plantas que no aguantan la salitre”.
Ayer los miembros de la organización colocaron 600 platas tipo delfas y 60 palmeras en las jardineras de la avenida Costera, frente a playa Suave.
En declaraciones a reporteros, la presidenta de la organización, Dulce María Gómez Velasco, aseguró que la reforestación en la avenida Costera ayuda a resarcir el daño que dejó el huracán Otis y los incendios forestales.
“Todo lo que es planta para Acapulco es bueno, porque modificará nuestro clima y la lluvia, si no hay plantas no hay lluvia”, aseveró.
Explicó que se decidió colocar las plantas tipo delfas en la jardinera abajo de las palmeras para dar una muestra a la Sedatu.
Añadió que la reforestación con las plantas tipo delfas, sirve como ejemplo para la Sedatu, que está reforestando con palmas de coco, en el área de Tlacopanocha y Manzanillo, hace tres semanas.
“Están preciosas las palmeras, ahora sí le dieron al clavo la Sedatu, pero desgraciadamente las jardineras que vienen reforestado, lo está haciendo mal”, acotó.
Por otro lado, dijo que la organización que ella encabeza colocó también palmeras de la Vía Rápida hasta el Asta Bandera, otorgadas por el gobierno del estado.
Añadió que después de iniciar la temporada de lluvias, se analizará qué árboles o palmeras se quitan y se reponen.
“Queremos dar la muestra en un pedazo de playa para quitar las palmeras que quedaron chuecas por el huracán Otis y reponiendo por una nueva”, puntualizó.
Recomendó a la ciudadanía y empresarios reforestar su espacio para contrarrestar el daño ambiental que dejó el huracán Otis y los incendios forestales.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, criticó a los integrantes del Poder Judicial por no cumplir con destinar 15 mil millones de pesos de sus fideicomisos para la atención a las personas damnificadas por el impacto del huracán Otis en Acapulco.
Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente recordó que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, estuvo de acuerdo con usar esos fondos para ese fin, pero nunca se formalizó.
“Todavía la presidenta cuando lo del huracán, imagínense si nos hubiésemos atenido a eso, a los fondos. Llegó a decir que no veía mal que esos fondos se utilizaran para ayudar a damnificados en Acapulco y luego les dijeron no o ella cambió de parecer, el caso es que no dieron nada y ahí siguen los fondos”, externó.
El 31 de octubre el presidente propuso al Poder Judicial el uso de 15 mil millones de pesos de sus fideicomisos para los damnificados, y en un escrito ese mismo día la ministra Piña respondió que habría que buscar los mecanismos para ello.
El 10 de noviembre, López Obrador dijo que la ministra “se echa para atrás” en la propuesta y sugirió que hubo presiones externas a la decisión. Un día después el presidente calificó como una “vergüenza” que los integrantes del Poder Judicial no quisieran entregar los 15 mil millones de pesos para las personas damnificadas. (Juan Luis Altamirano Uruñuela).
El Club de Golf de Acapulco funciona en un 80 por ciento a seis meses del huracán que arrasó con 80 por ciento de árboles y palmeras que había en sus 27 hectáreas. En tanto, vecinos de la colonia Barranca de la Laja denunciaron que una barda de más de 15 metros cayó en el canal pluvial y temen que el agua se desborde a sus casas. Finalmente la AHETA llamó a los visitantes a no caer en fraudes en redes sociales que anuncian paquetes en hospederías que no tienen fecha de reapertura Foto: Carlos Carbajal
Funciona en un 80% el Club de Golf a
seis meses del huracán, informa el director
Destaca Efrén Leyva que el césped ha reverdecido en casi las 27 hectáreas, luego de la rehabilitación de la planta de tratamiento. Además están en óptimas condiciones la cancha de tenis, la alberca, y dentro de los nuevos proyecto está la construcción de dos canchas de pádel
Jacob Morales Antonio
El presidente de la asociación civil, Club de Golf de Acapulco, Efrén Leyva Acevedo, informó que hay un avance del 80 por ciento del funcionamiento del inmueble, a seis meses del impacto del huracán Otis que arrasó con el 80 por ciento de los árboles y palmeras que había en las 27 hectáreas.
En conferencia de prensa, el presidente de la asociación llamó a la población en general a utilizar las instalaciones, pagando una membresía de 4 mil pesos al mes por familia, o en su caso acudir a las clases de tenis, golf, al gimnasio, o el restaurante, que se pueden pagar y usar de forma independiente sin la necesidad de la membresía.
Informó que en la actualidad hay 140 socios con una membresía mensual recurrente, pero se necesitan al menos 250 para poder cumplir con todos los gastos que se generan y garantizar el salario de los 40 trabajadores sindicalizados que dan mantenimiento a todo el inmueble.
Recordó que el Club de Golf no recibe ningún subsidio y se mantiene por los ingresos propios desde su creación hace 66 años, además es una Unidad de Manejo Ambiental donde viven actualmente 62 venados cola blanca de los 74 que había antes del huracán Otis, además de seis hembras preñadas.
Leyva Acevedo dio a conocer que en enero cuando recibió la presidencia, lo hizo con una deuda de más de millón y medio de pesos, que se ha ido cubriendo y están por terminar de pagar. Pero también hay otras como las prestaciones de seguro social y vivienda de los trabajadores, y de Hacienda, en este último caso se busca proceder legalmente porque al ser una asociación civil, están exentos del pago de impuestos.
Agradeció el apoyo del gobierno de estado y municipio que ayudaron a retirar toda la basura que se generó dentro de las instalaciones, sobre todo de los troncos de los árboles de mango y palmeras que había.
El presidente dijo que el subsidio de la energía eléctrica por parte del gobierno federal ha ayudado en mucho al pago de medio millón de pesos que se debía a la CFE, y se han dado facilidades por parte de la CAPAMA para el pago de un millón de pesos de agua, y ahora se busca un crédito para la colocación de paneles solares.
Resaltó que el césped ha reverdecido en casi las 27 hectáreas del Club de Golf, luego de la rehabilitación de la planta de tratamiento, además están en óptimas condiciones la cancha de tenis, la alberca, y dentro de los nuevos proyecto está la construcción de dos canchas de pádel.
Luego del daño que provocó el huracán a los árboles, informó que una asociación civil colocará un vivero con 5 mil plantas en el club, para ayudar a la reforestación del lugar que va a ser declarado área ecológica. Mientras se han sembrado algunos árboles.
En un recorrido en el cerro de 4.8 kilómetros que se encuentra a espaldas del Club de Golf están a los árboles doblados, algunos que retoñaron y otros que están secos. Sus cuatro rutas están libres de maleza y se puede entrar a caminar o trotar durante las mañanas y tarde.
Respecto al espacio que ocupan agentes de la Guardia Nacional, indicó que es un predio de 4 hectáreas de un particular que lo prestó a cambio de que hicieran la limpieza del lugar.
Proponen monitorear la calidad del aire y del agua del mar para estudiar el cambio climático
Se busca contar con alertas tempranas de futuros fenómenos meteorológicos. Es el primero de seis foros que organiza la UAG, el siguiente será Economía y desarrollo sustentable
Ramón Gracida Gómez
Durante el foro Cambio Climático, Vulnerabilidad y Sustentabilidad en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), académicos propusieron la creación de un “laboratorio de resiliencia climática y ecosistémica” que monitoree la calidad del aire y del agua del mar para estudiar los problemas del cambio climático en el estado y tener alertas tempranas de futuros fenómenos meteorológicos.
En el foro que se llevó a cabo ayer en un salón del Forum Mundo Imperial, el investigador de la Facultad de Turismo, Alfredo Zárate, propuso “la creación de un laboratorio de resiliencia climática y ecosistémica para Acapulco y obviamente para el estado de Guerrero”.
“Nosotros queremos hacer una plataforma integral que mida la calidad del aire, –que aquí en Acapulco decimos, cómo crees aquí no hay contaminación porque el viento se lleva todo; no es cierto, que vayan al área de La Sabana en la mañana o en la tarde cuando la gente está quemando la basura porque no hay recolección de basura–”.
“Sí hay contaminación ambiental en el aire en Acapulco y no la medimos; nosotros queremos monitorear el aire, por eso la plataforma integral, y también queremos monitorear el agua”, dijo y agregó que el monitoreo no se limita a la medición de temperatura del agua con satélites, “para poder entender los problemas del cambio climático, necesitamos bajar más en el mar; el regulador número uno del cambio climático sigue siendo el océano”.
Comentó que en la UAG desarrollaron un dispositivo para medir calidad del aire, pero está inconcluso porque un laboratorio para medir el aire es “muy caro y por eso es difícil implementar, aunque por ley, las ciudades de más de 300 mil habitantes deberían tener; obviamente es letra muerta”.
El monitoreo del mar se haría por medio de censores, “nosotros con tecnología propia, medimos y almacenamos en un servidor los datos que se están arrojando para que después nosotros o cualquier persona que necesite estudiar cómo se ha comportado, no solamente las variables de contaminación, sino también el clima de Acapulco y no tener el clima que nos dan los satélites”.
Es para saber, explicó, “cómo está el oxígeno, cómo está la contaminación del mar, la turbiedad del mar; son datos que debemos estar registrando, si no los registramos, no sabemos qué está pasando; y queremos, para poder llegar a una alerta temprana, necesitamos tener todo esto” para hacer modelos de predicciones.
Respecto al mismo proyecto, su colega de Ciencias Ambientales, Maximino Reyes, indicó que los aparatos existentes midieron hasta 329 kilómetros por hora los vientos del huracán Otis y no pudieron continuar el monitoreo porque se rompieron.
El tercer integrante del proyecto del laboratorio y doctorante de Ciencias Ambientales, Juan Barnard Ávila, planteó el problema del blanqueamiento de los corales en Acapulco por el aumento de la temperatura del agua del mar, uno de los impactos más significativos del cambio climático, de los cuales el 99.5 por ciento están muertos, por lo que se desarrollan estrategias para preservarlos.
Otras ponencias consistieron en la contaminación de la laguna de Coyuca y educación ambiental para el desarrollo sustentable de Pie de la Cuesta, y la propuesta de la detección de la contaminación microplástica y orgánica de distintos cuerpos de agua de Acapulco.
Durante la inauguración del foro a mediodía de este lunes, la secretaria general de la UAG, Berenice Illades Aguiar, dijo que hace falta pasar a la investigación interdisciplinaria para identificar problemas, tener respuestas e incidir.
El director de Investigación y Posgrado, Gabino Solano Ramírez, destacó que se está creando una maestría en restauración ambiental, está la propuesta de una especialidad en cambio climático y se ha hablado con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado (Semaren) para formar el Instituto de Cambio Climático del gobierno del estado.
El director del Instituto de Investigación de Ciencias Naturales y Cambio Climático, Octavio Klimek Alcaraz, dijo que Guerrero es uno de los estados vulnerables a los efectos del cambio climático, los ejemplos son el huracán Otis, la reducción de la disponibilidad del agua, inundaciones, sequías y el aumento del nivel del mar; y la propuesta es crear una red de formación, investigación y divulgación sobre estos temas en la universidad.
El director municipal de Ecología y Protección al medio ambiente, Jesús Castillo Aguirre, informó de la creación de un catálogo de biodiversidad en Acapulco y del avance en la aprobación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL).
El presidente del Consejo de Políticas Públicas del estado de Guerrero, Carlos Álvarez Reyes, anunció la creación del proyecto Guerrero en el espacio, para formar científicos y desarrollar tecnología espacial con el apoyo de la Agencia Espacial Mexicana; y planteó que los especialistas presentes tengan una propuesta para que el gobierno de México acuda a la Convención de Cambio Climático a exigir el resarcimiento de los daños del huracán Otis.
El presidente del Consejo de Cuenca de la costa del estado de Guerrero, Justiniano González González, aseveró que si hubiera mayor resiliencia en Acapulco, o sea, “ser más capaces ante fenómenos adversos”, no se hubieran producido tantos muertos por el meteoro del 25 de octubre.
El presídium también fue integrado por los investigadores Mirella Saldaña Almazán, Alfredo Méndez Bahena y Ernesto Ruiz Gutiérrez, y en el público estuvo el ex gobernador y académico Rogelio Ortega Martínez.
El foro de cambio climático es el primero de seis y lo convoca el colectivo Por la Transformación: Ciencia y Academia de la Universidad Autónoma de Guerrero.
El cartel de invitación indica: “ante la coyuntura política nacional que representa el escenario probable de la continuidad del proyecto político de nación denominado Cuarta Transformación (4T), consideramos que es tiempo de generar propuestas sustentadas en la investigación y la participación social, con el fin de buscar alternativas que permitan superar los rezagos históricos que han caracterizado a nuestra entidad”.
El siguiente foro es el sábado en la Facultad de Contaduría y Administración y se llama Economía y desarrollo sustentable; los otros eventos son: Pueblos originarios: interculturalidad y derechos humanos; Procesos de construcción de paz, violencias y género; Educación, cultura, humanidades, ciencias y tecnologías; y Salud y bienestar.
AMLO: el Poder Judicial no entregó los 15 mil mdp prometidos a afectados por Otis
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, criticó a los integrantes del Poder Judicial por no cumplir con destinar 15 mil millones de pesos de sus fideicomisos para la atención a las personas damnificadas por el impacto del huracán Otis en Acapulco.
Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente recordó que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, estuvo de acuerdo con usar esos fondos para ese fin, pero nunca se formalizó.
“Todavía la presidenta cuando lo del huracán, imagínense si nos hubiésemos atenido a eso, a los fondos. Llegó a decir que no veía mal que esos fondos se utilizaran para ayudar a damnificados en Acapulco y luego les dijeron no o ella cambió de parecer, el caso es que no dieron nada y ahí siguen los fondos”, externó.
El 31 de octubre el presidente propuso al Poder Judicial el uso de 15 mil millones de pesos de sus fideicomisos para los damnificados, y en un escrito ese mismo día la ministra Piña respondió que habría que buscar los mecanismos para ello.
El 10 de noviembre, López Obrador dijo que la ministra “se echa para atrás” en la propuesta y sugirió que hubo presiones externas a la decisión. Un día después el presidente calificó como una “vergüenza” que los integrantes del Poder Judicial no quisieran entregar los 15 mil millones de pesos para las personas damnificadas. (Juan Luis Altamirano Uruñuela).
El activista por los derechos de las poblaciones LGBTIQ+, Alberto Serna Mogollón, denunció que la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Gloria Citlali Calixto Jiménez, quien busca la reelección por la vía plurinominal, usurpa un espacio de acción afirmativa destinado a la comunidad.
El pasado jueves 4 de marzo, Serna Mogollón informó que solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) una lista con los nombres de todos y todas las candidaturas registradas por acciones afirmativas para las poblaciones LGBTIQ+.
El objetivo de dicha solicitud, de acuerdo con el activista, es denunciar pública y legalmente a las personas heterosexuales que se registraron como LGBTIQ+ para usurpar el espacio.
Derivado de esa solicitud, la tarde ayer martes, en conferencia de prensa, Serna Mogollón denunció que en Morena, Calixto Jiménez y su suplente Alma Jessica Pérez Vargas, se autoadscribieron como personas bisexuales sin serlo para registrarse como una acción afirmativa.
“Nos llevamos otra gran desilusión, o se llevan mis amigos de Morena otra gran desilusión porque en la lista aparece como candidata a diputada plurinominal la actual diputada del Congreso de Guerrero Citlali Calixto y se autoadscribe a sus 25 años como bisexual”.
El activista agregó que Calixto Jiménez usurpa un espacio que no le corresponde, al igual que el presidente estatal de Morena, también diputado local, Jacinto González Varona, que en las elecciones del 2021 se registró como acción afirmativa LGBTIQ+.
“Respeto mucho su preferencia sexual, si es bisexual de clóset, pero las acciones afirmativas son únicamente para para las personas LGBT abierta, no queremos candidatos closeteros, ya tuvimos a Jacinto González Varona, quien es el presidente actual de Morena que usurpo y sigue usurpando un espacio porque se registró como acciones afirmativas en el 20212”.
En la conferencia, Serna Mogollón presentó la carta de autoadscripción de Calixto Jiménez, donde se asume como persona bisexual y una carta de respaldo del colectivo Orgullo Guerrero, firmada por el secretario de dicha organización, Uriel Mena Flores, documentos con los que la diputada se registró a la reelección por acciones afirmativas LGBTIQ+.
Mena Flores es activista por los derechos de las poblaciones LGBTIQ+ y Morena lo registró como candidato a regidor de Chilpancingo, y su suplente es el también activista y presidente del colectivo Orgullo Guerrero, Juan Carlos Salvador López.
“Que decepción tan grande nos llevamos con el grupo LGBT Orgullo Guerrero, que lo fundó nuestro amigo Orlando Pastor que en paz descanse, si Orlando Pastor viviera se revolcara ante este agravio que han hecho en contra”, sostuvo.
“Es un retroceso que nuestro compañero Uriel Mena Flores, secretario de esta organización gay, haya avalado esta usurpación, es un retroceso a nuestra lucha de más de 25 años en los que tratamos de equiparar los derechos políticos electorales”.
El activista dijo que llamarán a las dirigencias de los partidos a reconsiderar dichas postulaciones y de no hacerlo las impugnarán ante el Tribunal Electoral del Estado.
Agregó que ni González Varona, ni Calixto Jiménez apoyaron a las poblaciones LGBTIQ+ y que si la actual legislatura aprobó el matrimonio igualitario en el 2022, fue por una iniciativa presentada por la diputada de Morena, Yoloczin Domínguez Serna, la entonces priista Gabriela Bernal Reséndiz, y el cabildeo realizado entre los activistas y los coordinadores parlamentarios del PRI y el PRD.
“Si la diputada (Calixto Jiménez) tuvo ya tres años en esta legislatura y no ha hecho absolutamente nada, ni un punto de acuerdo a favor de las poblaciones LGBT, que votó a favor del matrimonio, claro, que bueno, pero no fue un favor que nos haya hecho, porque entonces también el PRI votó, también los del PRD, ella no nos ha ayudado en nada”, agregó.
También acusó a González Varona de avalar la usurpación de espacios y aprovecharse de las acciones afirmativas desde el 2021.
Serna Mogollón militó en Morena y actualmente es candidato de Movimiento Ciudadano a un regiduría por Acapulco, aunque aseguró, que sus aspiraciones políticas nada tienen que ver con la demanda contra las candidaturas.
A la conferencia de prensa lo acompañó el suplente de González Varona, Fernando Agüero García, quien apoyó la postura de Serna Mogollón y aseguró que continuarán con denunciar públicamente y legalmente las candidaturas usurpadas a las acciones LGBT.
La presidenta de Acapulco, Abelina López Rodrigiez, y la nueva presidenta del Grupo ACA, Aleida Alarcón Domínguez, en la toma de protesta de la nueva mesa directiva de esa agrupación Foto: Carlos Carbajal
Daniel Velázquez
La presidenta entrante del Grupo ACA, Aleida Alarcón Domínguez, y el saliente, Rodrigo Reyes Rodríguez, criticaron el problema de inseguridad en Guerrero, la falta de resultados de la Fiscalía General del Estado (FGE) y pidieron que se aplique la Ley Dimayuga contra quienes bloquean las calles.
La Ley Dimayuga fue aprobada el 27 de junio de 2003 por el Congreso local y entró en vigor a partir del 18 de julio de ese año, cuando se publicó en el Periódico Diario Oficial del estado. Es un ordenamiento que castiga a quienes bloqueen la vía pública, en el artículo 336 del Código Penal del Estado de Guerrero se establecen penas de dos a ocho años de cárcel y de 100 a 400 días de multa a quienes incurran en esas prácticas, fue promovida por el entonces diputado local perredista Mariano Dimayuga Terrazas, socio del Grupo ACA y por eso se le conoce como Ley Dimayuga.
Los mensajes de Alarcón Domínguez y Reyes Rodríguez fueron casi idénticos en sus demandas y los acasocios les aplaudieron en manifestación de aprobación a sus dichos.
En su discurso, la presidenta entrante del Grupo ACA sostuvo que es legítimo el uso de la fuerza contra quienes bloquean, porque los ciudadanos no pueden ser secuestrados por otros ciudadanos.
“Grupo ACA rechaza absolutamente los bloqueos, los ciudadanos no podemos ser secuestrados por ciudadanos, se pierden 16 mil millones de pesos en cada jornada laboral que ciudadanos bloquean la avenida Costera Miguel Alemán y mi secretario de Turismo lo sabe, esa es la vida de Acapulco, el turismo, no podemos permitir a otro ciudadano que nos quite nuestro derecho”.
A la presidenta municipal, Abelina López, y al secretario de Turismo, Santos Ramírez Cuevas, les dijo: “apliquemos la ley, el uso de la fuerza, es legítimo y se tiene que usar bajo el protocolo de la actuación policial”.
Pidió que cuando movilizaciones o bloqueos hagan desorden en la vía pública las autoridades deben responderle a los ciudadanos, “es legítima la ley, hoy Grupo ACA les pide se aplique el uso de la fuerza legítima bajo el protocolo de actuación policial”.
También destacó que la Ley Dimayuga “se gestó” en el grupo ACA, y que el promovente fue presidente de la asociación.
“No pueden permitirse más bloqueos”
Antes en su discurso de entrega de la presidencia de la mesa directiva el presidente saliente, Rodrigo Reyes, dijo: “ya no pueden permitirse más bloqueos, que actualmente afectan a nuestros empresarios y por ende a toda la economía de nuestro estado. Vivimos tiempos difíciles y complicados, bloquean calles y arterias principales que colapsan a nuestro estado y su economía, si bien tienen derecho a manifestarse como ejercicio de libertad de expresión, rechazamos categóricamente los actos de violencia que afectan gravemente la paz social y la economía del estado”.
Pidió que los órganos de gobierno apliquen la ley. “La ley es dura, pero es la ley, y su aplicación debe ser estricta sin distingos de alguna persona que comenta un delito, porque todos debemos vivir en un estado de derecho, cuyo poder y cuyas actividades están reguladas por la ley”.
También se lanzaron contra la Fiscalía General del Estado, la presidenta entrante y el saliente recriminaron que no haya resultados del órgano responsable de la procuración de justicia. Reyes Rodríguez señaló que el año pasado se integraron mil 500 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, pero “la inactividad de la investigación, la incapacidad y la opacidad deja en el estado de indefensión a los ciudadanos”
Con la ceremonia de toma de protesta, Aleida Alarcón inicia su tercer período como presidenta de esa asociación civil, fue presidenta del grupo ACA en el periodo 2016, 2017, pero antes de concluir su segundo año en la presidencia de la asociacion renunció al cargo; en la asociación está identificada como parte del grupo del abogado José Luis Gallegos Peralta, fue funcionaria del gobierno estatal en la administración de Héctor Astudillo como titular de la Unidad Administrariva de Ingresos de la Secretaría de Administracion y Finanzas del gobierno del estado.
Este miércoles en la mañana se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta a los nuevos integrantes de la mesa directiva de la Asociación Civil Acapulco en el salón Luxor Palace, fue la alcaldesa Abelina López Rodríguez quien tomó protesta a la nueva mesa directiva.
En su mensaje la alcaldesa dijo que acepta la crítica y ofreció estar a la altura de las exigencias del grupo ACA, “me da gusto que no pierdan su contexto, que no pierdan su razón de ser, porque de la crítica también se aprende”.
López Rodríguez habló del impacto del huracán Otis, dijo que hay quienes critican desde fuera, pero de los que vivieron la tragedia “cada quien tiene una historia que contar, cada quien sobrevivió como pudo, estamos todos afectados emocionalmente” y pidió que no haya polarización porque eso es lo que no ayuda al estado.
Apenas la semana pasada un grupo de ciudadanos bloquearon por 36 horas la Costera en reclamo al gobierno federal para recibir los beneficios destinados a los damnificados por el huracán Otis, empezaron su protesta el lunes en la glorieta de La Diana la cual levantaron hasta el martes, debido a que no se cumplieron sus demandas. Los ciudadanos volvieron a bloquear el miércoles frente al Asta Bandera y el jueves en la avenida Cuauhtémoc fueron desalojados por la fuerza pública y una mujer fue detenida.
Invitados
Como siempre, a la ceremonia de cambio de mesa directiva del Grupo ACA asistieron varios actores políticos, pero la mesa más visitada fue donde estuvieron el ex gobernador Héctor Astudillo Flores y el candidato al Senado de Movimiento Ciudadano, Mario Moreno Arcos, la cual estuvo al frente del presidium y al centro del salón; los otros personajes de la política local fueron colocados en los extremos, entre ellos los diputados Julieta Fernández Márquez, Joaquín Badillo Escamilla, Ramiro Solorio Almazán y el empresario Lloyd Walton Álvarez.
A la ceremonia también estuvo invitada la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero no asistió y envió como su representante al secretario de Turismo, Santos Ramírez Cuevas.
Entre los asistentes también estuvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez; el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán; el líder de la CTM, Rodolfo Escobar Ávila; los diputados Gabriela Bernal Reséndiz y Ricardo Astudillo Calvo; el exalcalde de Acapulco, Alberto López Rosas; el ex secretario de salud, Carlos de la Peña Pintos; la ex comisionada para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Irma Figueroa; el regidor Manuel Añorve Aguayo, los ex regidores Luis Miguel Terrazas Irra, Rosaura Rodríguez Carrillo, la coordinadora de Nueva Izquierda, Azucena Salazar, y el líder municipal de Movimiento Ciudadano, Genaro Vázquez Flores.
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), revocó parcialmente la sentencia que emitió el Tribunal Estatal Electoral (TEE) en la que sancionó por violencia política de género al columnista Efraín Flores Iglesias y a la dirección del Diario de Guerrero, en contra de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez.
Derivado de ello, dejó sin efectos la sanción, las medidas de reparación y garantías de no repetición que ese órgano jurisdiccional estableció, “al no actualizarse la infracción denunciada”.
La Sala Regional resolvió en su sesión del jueves pasado con base a los expedientes SCM-JDC-376/2023, SCMJDC-379/2023 y SCM-JE-95/2023 acumulados que se integraron por la demanda presentada por la alcaldesa Hernández Martínez en contra de Efraín Flores Iglesias y el Diario de Guerrero.
El magistrado ponente, José Luis Ceballos Daza, estableció en su ponencia que las columnas de opinión que el TEE consideró constitutivas de violencia política de género, “más allá de enfocarse en crear o reforzar supuestos estereotipos de género como lo determinó en la sentencia impugnada, se orientaron a destacar el desempeño de la presidenta municipal en el ejercicio de sus funciones”.
Destaca que el TEE “no realizó una evaluación adecuada y ponderada en su conjunto de las columnas de opinión denunciadas y, por el contrario, se concentró solo en simples fragmentos sin considerar el contexto integral de las mismas”.
Y refiere que de un análisis integral se revela que las expresiones se centraron principalmente en cuestionar el desempeño y la gestión de dicha funcionaria en el ejercicio de sus funciones, “sobre los diversos temas que son de interés público, particularmente, sobre un presunto influyentismo o nepotismo en el gobierno municipal que encabeza la denunciante”.
Argumenta: “En este caso, dadas las especificidades del contexto que lo rodean, del análisis de dichas expresiones puede afirmarse que la crítica política que se hace en tales publicaciones, aunque ácida, es parte del debate público y no debe confundirse automáticamente con manifestaciones de violencia política de género pues siempre debe distinguirse entre los cuestionamientos legítimos sobre la gestión y desempeño de una funcionaria pública de aquellas que verdaderamente buscan menoscabar sus derechos político-electorales con base en su género”.
A diferencia de lo considerado por el TEE, la Sala Regional “no arroja indicios de que las columnas de opinión denunciadas hayan incurrido en violencia política de género, “de ahí que debieron de resguardarse en la protección de los derechos a la libertad de expresión y de imprenta, al carecer de un claro propósito de menoscabar o anular los derechos de aquella”.
“En consecuencia, esta Sala Regional considera que la apreciación del TEE “fue inadecuada”.
Sin embargo, se estableció en la sentencia que: “es necesario reconocer que, aunque el periodismo ejerce un papel vital dentro del debate democrático, ello no implica una posibilidad abierta para que se puedan transgredir los límites establecidos por la normativa electoral, en especial en lo que respecta a la comisión de posibles actos de violencia política de género”.
Antecedentes
El 11 de agosto del 2023 la alcaldesa Norma Otilia
Hernández Martínez, presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) una queja en contra del Diario de Guerrero y los periodistas Baltasar Jiménez Rosales, Abel Miranda Ayala, Juan Antelmo García Castro y Efraín Flores Iglesias.
La alcaldesa argumentó que los periodistas redactaron diversas publicaciones en dicho medio que estimó eran constitutivas de presunta violencia política de género en su perjuicio.
La Coordinación de lo Contencioso Electoral del
IEPC integró el expediente IEPC/CCE/PES/VPG/011/2023, mismo que se admitió a trámite el 22 de noviembre del 2023, fecha en que se ordenó emplazar al periódico Diario de Guerrero, así como Efraín Flores Iglesias, Baltazar Jiménez Rosales,
Abel Miranda Ayala y Juan Antelmo García Castro, como presuntos autores de las notas y columnas periodísticas que en la queja se identificaron como generadoras de posible violencia política de género.
El 4 de diciembre del 2023 el TEE resolvió declarar como “inexistente” la violencia política de género en cuanto a las publicaciones atribuidas a Baltazar Jiménez, Abel Miranda y Juan Antelmo García Castro e impuso a Efraín Flores y al periódico Diario de Guerrero, una amonestación pública, les ordenó realizar una disculpa pública hacia la denunciante, retirar las mencionadas publicaciones del sitio electrónico del referido periódico y acreditar un curso encaminado a promover la protección de los derechos de las mujeres.
Además, instruyó al IEPC inscribirles dentro del registro estatal de personas sancionadas en materia de violencia política de género por un mes.
Tanto los dos sancionados como la propia alcaldesa Hernández Martínez apelaron a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, para inconformarse por la resolución del tribunal local, dado que la alcaldesa pretendía que se sancionara a los tres comunicadores que fueron absueltos en la instancia estatal y los dos sancionados demandaron revisar de fondo el tema.
La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, criticó ayer que el proceso interno de Morena para la designación de los candidatos a la senaduría, incluso para los de diputados federales,”esté bajo llave”, pues no se conoce cómo se están haciendo las encuestas y cómo se están llevando a cabo los acuerdos entre los grupos.
En la conferencia de prensa de los lunes, la alcaldesa respondió a la pregunta de un reportero respecto a cómo van las pláticas de sus aspiraciones a la senaduría.
“En Guerrero el tema político se está tomando de una manera muy especial, platiqué con unas compañeras aspirantes de que está bajo llave el tema, incluso el de las candidaturas a diputados federales”.
Agregó que cree que por la falta de información entre los aspirantes se imagina que “han de haber pedido una prórroga, porque hasta ahorita, ustedes saben, no ha habido ningún pronunciamiento de cómo se están haciendo estas encuestas, o como se están haciendo los acuerdos”.
La alcaldesa de Chilpancingo, no sólo aspira a la candidatura para la senaduría por parte de su partido, Morena, sino también se inscribió para la reelección como presidenta municipal de la capital.
Hernández Martínez opinó que Morena en Guerrero requiere para la designación de sus candidatos “una forma muy especial, un estudio profundo, una encuesta que permita que vayan a la cabeza los mejores hombres y mujeres, que generen confianza y certeza, porque se pude polarizar”.
Siguió: “Vean ahorita al PRI, a Movimiento Ciudadano, vean todos los contextos que hay. Vean a Pedro Segura (el empresario de Teloloapan del Partido Encuentro Social), que quiere ir como candidato por Acapulco”.
La presidenta morenista dijo que en Chilpancingo “se están moviendo las piezas profundamente, y ustedes saben que en Chilpancingo, de manera muy especial, se amanece, se almuerza, se come y se cena haciendo política, (la gente) es conocedora y el resultado, aquí, es que la gente no se come la publicidad, aquí creo que el trabajo debe estar bien incrustado en el territorio”.
Concluyó que en su caso, como aspirante a la candidatura a la senaduría, solo le queda esperar, “y no nada más yo, estamos esperando todos, la gente”.
En la conferencia de prensa de ayer se anunció el programa municipal Normalízate, para brindar facilidades en sus pagos a los contribuyentes municipales.
De acuerdo a la información que se dio, se va a entregar una tarjeta para digitalizar y agilizar el pago de impuestos.
Según explicó la alcaldesa también tiene el objetivo de transparentar los ingresos, combatir la corrupción, beneficiar a los grupos sociales y recuperar la cartera vencida”.
Es además, según se explicó, una manera de combatir el coyotaje, y la participación de intermediarios para realizar los pagos y trámites, “evitar que se pierdan en el camino los ingresos que van para obra social”.
Indicó que mediante ese programa y la tarjeta se podrán ofrecer descuentos de manera directa a los contribuyentes.
Amonesta el TEE a director de diario
al acreditar violencia política de género
El Tribunal Electoral del Estado (TEE), acreditó violencia política en razón de género contra la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en notas editoriales del periódico Vértice de Chilpancingo, y sancionó con una amonestación pública al director Dan Nobel Castorena Salgado.
Como medida de restauración, una vez que la resolución adquiera firmeza, señala que el infractor deberá publicar una disculpa pública en el mismo medio de comunicación, e instruyó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a inscribirlo por un mes en el Registro de personas infractoras de VPMG.
El proyecto del magistrado J. Inés Betancuort Salgado determina que se acredita la existencia de violencia política en razón de género, al considerar que en las notas de opinión Editorial y Cápsulas Letales, hubo expresiones con estereotipos de género, roles de dominación o sumisión, que tienen como resultado un efecto diferenciador y simbólico por ser mujer y por su condición de serla.
Dicha información no se ampara en el ejercicio periodístico y del derecho a la información, como parte de la libertad de expresión que poseen los periodistas, aseguró.
Calificó la sanción individual como “levísima”, porque no hay reincidencia, “y ante una actitud permisiva del director del medio de comunicación denunciado, lo procedente es imponer una amonestación pública” según lo previsto por el artículo 416 de la ley electoral”.
Exhortó al medio de comunicación a que, en lo subsecuente no permita que las notas y columnas publicadas sobre Hernández Martínez y de otras mujeres en el ejercicio de sus derechos político electorales, contengan expresiones que hagan alusión a estereotipos de género, roles de dominación, sumisión o cualquier otra expresión que tenga por objeto denigrar o descalificar a las mujeres.
El ex secretario general del PAN, Carlos Millán Sánchez, responsabilizó al gobierno del estado sobre el riesgo del proceso electoral en curso, por la reducción en un 60 por ciento de los recursos solicitados para 2024 por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), porque el poder Ejecutivo suministra el financiamiento al organismo.
En conferencia de prensa para informar que de la asamblea para elegir consejeros anulada por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), sobre el recorte de recursos al IEPC, dijo que no sólo están en riesgo el financiamiento de los partidos y los salarios de los trabajadores del organismo electoral, sino la operación de los consejos distritales, la organización y el desarrollo de los votaciones del 2 de junio.
“El Congreso debió entrar en análisis y etiquetar suficientes recursos para los materiales, la logística, sin embargo, la estrategia de Morena es aniquilar a los órganos electorales”, denunció.
Para confirmarlo, indicó que son 15 Órganos Públicos Electorales Locales (Oples) en el país con insuficiencia financiera que pone en riesgo la operación del proceso electoral, y Guerrero va a entrar en esta misma situación.
Señaló que el año pasado, el Congreso local aprobó más de 400 millones de pesos para el IEPC en 2023, pero para el nuevo año, con votaciones locales, la cifra es menor, cuando la solicitud fue de más de 600 millones.
Consideró que la ciudadanía debe compartir esta preocupación ante las consecuencias de “una decisión unilateral o revanchismo” del gobierno del estado que pone en riesgo la legitimidad de las elecciones.
Enfatizó que el gobierno estatal debería fortalecer al IEPC, como arbitro de la contienda electoral para que haya comicios limpios y transparentes, “finalmente (el estado) decide cómo se manejan los recursos”.
Consideró que la recuperación de Acapulco tras las afectaciones del huracán Otis no es justificación para descuidar las elecciones. Aunque, estimó que Morena, el partido en el poder, “le apuesta al desastre en la elección para mantener el control de los municipios”.
Esto, porque los resultados de las encuestas no favorecen a sus alcaldes, comenzando por Chilpancingo”.
En otro asunto recordó el TEE dictaminó a su favor un largo juicio que promovió contra la elección del Consejo del PAN. Declaró la nulidad de la jornada electiva de la asamblea estatal del 30 de octubre de 2022 para la elección de consejeros estatales hombres de ese partido, pero mantienen los nombramientos de dos consejeros nacionales y de las mujeres consejeras estatales por diversas irregularidades en el proceso interno.
Indicó que se demostró que hubo votos inexistentes, que se habían validado delegados de cuatro municipios que reunían el quórum para participar en la asamblea, y dejaron pasar a personas sin credenciales,
Enfatizó que el TEE resolvió “en plenitud de jurisdicción” por el cúmulo de anomalías demostradas en la impugnación, porque la dirigencia estatal no resolvía de fondo, sólo de forma. Por lo anterior, se estableció un plazo de tres días para notificar al os 40 consejeros hombres sobre la sentencia, y un plazo de 20 días para convocar a nueva asamblea y elegir a nuevos consejeros estatales.
El promotor del nuevo municipio Ñuu’ Savi, Melquiades Gregorio Porfirio, informó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), se negó a darles un presupuesto para organizar a las comunidades y armar sus lineamientos para la próxima elección por usos y costumbres.
Aún así, ya se celebró la asamblea en la que se nombró el Comité para la Elección, Integración e Instalación del Gobierno Municipal de Ñuu’Savi, Guerrero, con cinco hombres y cinco mujeres.
Consultado vía telefónica, recriminó al órgano electoral que “no es posible que a los partidos políticos sí se les dé un presupuesto, pero se ningunea al sistema normativo de los pueblos indígenas”.
El IEPC intentó imponer elecciones por el sistema de partidos políticos en el recién creado municipio (el Cabildo instituyente se instaló el 25 de agosto), pero tras una queja de los pobladores, la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación (Trife), le ordenó apoyar a definir y organizar la elección por usos y costumbres.
Consultado al respecto, Melquiades Gregorio dijo que el organismo argumentó que no hay recursos para elecciones por sistema normativo propio, así que algunos gastos como los de papelería, los absorve el Ayuntamiento de Ñuu’ Savi.
Mientras que los gastos de traslado de gente y de alimentos los cubren los vecinos xencabezados por sus comisarios.
En cuanto al Comité para la Elección, dijo que esa fue la figura que acordó formar la asamblea, y que están en la etapa de creación de los lineamientos, en donde se definirá la estructura del próximo gobierno de ese municipio, después organizará elección y finalmente instalará el nuevo Cabildo o como se decida que se llame la nueva estructura.
Mencionó que tienen como fecha límite entregar los resultados al Trife el 30 de enero.
Se le preguntó si tienen algún tipo de apoyo del IEPC y respondió que no, “estamos por nuestra parte, ahorita en el IEPC están de vacaciones, pero la asamblea ya programó cinco reuniones, se han hecho dos, una el 15 y otra el 22, hoy 27 (de diciembre) tenemos otra, el 4 de enero se celebrará otra y otra el 8, porque el 15 de enero se tienen que entregar los resultados al IEPC”.
Dijo que se toman como base los lineamientos del gobierno comunitario del municipio de Ayutla, de donde se desprendió Ñuu’ Savi, pero con adecuaciones a la zona y la población.
Explicó que el proceso “es una labor comunitaria, social, lo primero fue informar a las asambleas de los pueblos que la próxima elección será por usos y costumbres, ahí nos ayudaron los comisario que ya avisaron”.
Consideró que la creación de sus lineamientos es la parte más laboriosa del proceso, “porque tenemos que ver lo de los insumos, organizar la elección, definir quiénes pueden ser candidatos, si habrá jerarquías, si se tomará la figura de presidente municipal, síndico, cuántos integrarán la estructura de gobierno, si habrá revocación de mandato y quién la puede solicitar, pero con la experiencia que tienen los compañeros estamos seguros de que cumpliremos en tiempo y forma”.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aceptó que no ha revisado la respuesta de padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, donde respaldan al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, al presidente se le preguntó sobre el conteo de los desaparecidos en México y su crítica al Centro Prodh, donde se le indicó si había visto la respuesta de los padres donde apoyan al Centro, a lo que respondió con un “no”.
“No. Estoy esperando porque teníamos una reunión con padres de Ayotzinapa y de repente no participaron”.
El 14 de diciembre López Obrador aseguró que se mantenía comunicación con los padres y madres de los 43, además de que un día después sostendrían una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.
Ante esto le aseguraron que los padres y madres de los desaparecidos no consiguieron un camión para transportarse. López Obrador adelantó que en la conferencia del próximo 27 de diciembre presentará el documento donde el Prodh celebró la sentencia donde se liberaron a supuestos involucrados en la desaparición por sufrir tortura.
“Voy a traer el documento del Prodh sobre la sentencia, de cómo, lo explico así, una persona solicita un amparo, pide la protección de la justicia porque sostiene que fue torturado. El juez, en este caso magistrados, le dan al Ministerio Público diez días de plazo para que presente el Protocolo de Estambul a sabiendas de que era imposible. El Ministerio Público pide ampliación del plazo, se le niega y en automático dejan en libertad a esta persona, al primero. Y como se sentó el precedente con esta sentencia, se deja en libertad a 63 más. Pero voy a traer el documento”, prometió.
De igual forma se le planteó si sostendría una reunión con el Centro Prodh y otra con los padres, a lo que señaló que aceptaría que los representantes del Centro puedan responder a los señalamientos sobre una supuesta defensa de las personas que estuvieron involucradas en la desaparición.
“Claro que sí, que vengan aquí y digan por qué. Por qué a partir de ahí se dejó en libertad a quienes, me consta, porque después participaron como testigos protegidos y aseguran que habían ellos actuado en la desaparición de los jóvenes”.
Añadió que el origen de las liberaciones de los presuntos responsables de participar en la desaparición de los 43 normalistas, se basa en la sentencia la cual afirma que fue celebrada por organizaciones sociales.
“El origen legal de esas liberaciones de responsables (de la desaparición de los normalistas), es esa sentencia, que celebraron. Es gravísimo porque por un lado argumentando que habían sido torturados, se libera a responsables y por el otro se deja sin justicia a quienes también ellos presuntamente o supuestamente o realmente defienden, que son los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”.
Argumentó que tras las detenciones de militares y del ex procurador Jesús Murillo Karam, hubo oposición de organizaciones bajo el argumento de no seguir los procedimientos penales.
“Lo que más me sorprende es que se detiene a Murillo Karam, incluso a militares y en vez de decir ‘se está actuando en contra de los que crearon la Verdad Histórica’, porque Murillo Karam se responsabiliza él mismo, él dice ‘yo soy el responsable con Zerón’. Entonces, se le detiene y en vez de decir ‘qué bien que durante mucho tiempo se mantuvo la impunidad y se termina aquí’, se oponen”, afirmó.
El presidente aseguró que de no haber tomado las decisiones y acciones que se realizaron, “no hubiésemos detenido a nadie”, comentando que de lo contrario hubieran seguido de rehenes.
Reiteró su petición de que el gobierno de Israel extradite al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Al presidente se le preguntó sobre la ausencia de una postura de México en el conflicto armado de Israel y Palestina y si se debía por la búsqueda de la extradición de Zerón, a lo que aseguró que no hay ningún acuerdo “vergonzoso” con ningún gobierno y que la política exterior mexicana se basa en la Constitución.
“O porque tienen a Zerón y a otro mexicano y estamos buscando que los envíen. He dirigido dos cartas a dos primeros ministros de Israel, planteándoles que se extradite a Zerón por tortura y por otros delitos, a dos”.
Añadió que ha mandado dos cartas a dos primeros ministros de Israel reprochando que el gobierno del país tenga resguardado a una persona acusada de tortura, reiterando que no existen acuerdos no conocidos.
“En las cartas les digo que es una vergüenza que Israel proteja a un torturador. Entonces no hay ningún acuerdo en lo oscurito, también para que esto quede claro, es una decisión que hemos tomado, que consideramos es lo más adecuado” mencionó.
Revisa la SSPC la petición de libertad de la activista presa Kenia Hernández: AMLO
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el caso de la activista detenida Kenia Hernández, es revisado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y su titular Rosa Icela Rodríguez.
En la conferencia de prensa matutina de este jueves, se le indicó al presidente que en el caso de Hernández, buscaron hacer un acuerdo reparatorio con Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la dependencia se negó, además de cuestionar a quien pertenece la concesión de Viaducto Bicentenario en el Estado de México.
Ante esto el presidente López Obrador adelantó que solicitarán a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la información sobre el Viaducto y remarcó que Rosa Icela Rodríguez revisa el caso de Kenia Hernández.
“Vamos a pedirle a la Función Pública que nos informe. Y el otro tema, de la señora que está detenida (Kenia Hernández), con Rosa Icela, que sí me consta que lo está viendo”, afirmó el mandatario.
Señalaron que hubo un recibimiento por parte de la secretaria y el equipo de trabajo y les habían asegurado que no pueden ir más allá debido a que Capufe se niega a aceptar un acuerdo reparatorio, a lo que López Obrador indicó que “lo vamos a ver, lo vamos a ver con Rosa Icela”.
Por su parte el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, reiteró la postura de que Rosa Icela Rodríguez es quien revisa el caso de la activista Kenia Hernández. Además señaló que la concesión es operada por el gobierno estatal.
“La concesión está operada por el gobierno del estado. Hubo un convenio que se firmó antes de que yo asumiera como subsecretario, el convenio ha sido validado tanto por la parte de la Función Pública y entregamos toda la información a la Fiscalía General de la República”, declaró.
Kenia Hernández es activista y se encuentra privada de la libertad en el penal federal de máxima seguridad en Morelos desde octubre de 2020. En julio de 2022 señaló que ha vivido 14 violaciones graves de derechos humanos en la cárcel, además de que la han mantenido incomunicada con familiares y representantes legales.
