Así llaman familiares de desaparecidos a votar en la elección del próximo domingo Foto: Carlos Carbajal
Aurora Harrison
Las integrantes del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia exhortaron a los ciudadanos a que el próximo domingo 2 de junio voten por las personas desaparecidas como un acto para visibilizar el delito y contra el borrado de personas no localizadas en el censo federal.
El sábado a las 10 de la mañana, las integrantes se concentraron en el muro Memoria y Verdad, ubicado en el Zócalo de Acapulco, ahí colocaron unas pegatinas con la leyenda “vota por los desaparecidos” y mostraron fichas de desaparecidos.
Detallaron que el colectivo tiene un registro de 20 personas no localizadas, y sus nombres pueden ser anotados en las boletas en caso de que quieran anular su voto.
Socorro Gil Guzmán, madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil, detenido desaparecidos por policías, dijo que la campaña fue una idea que surgió de La Glorieta de las y los Desaparecidos, para visibilizar a sus seres queridos que no han sido localizados.
“Estamos invitando a las personas que van acudir a las votaciones, o que vaya a anular su voto, o que lo haga de manera voluntaria anotar el nombre de nuestros desaparecidos, en el recuadro que hay debajo donde no viene el nombre de ningún candidato”, mencionó.
Abundó que así pretenden hacer visibles a sus desaparecidos para que el gobierno “se obligue a tomarlos en cuenta, ya que los han borrado por segunda ocasión en las listas que existen de los desaparecidos”.
“Es para presionar al gobierno para que volteen a ver a nuestros desaparecidos, para que no lo estén desapareciendo y para que las autoridades no digan que no hay tantos desaparecidos como lo tenemos en el registro”, explicó la representante quien abundó: “hasta ahorita no tenemos ningún candidato que se preocupe por la desaparición”.
Reveló que todos los días desaparecen más personas y “para eso lo estamos haciendo para ver si algún candidato voltea a ver y hacer algo para que paren con las desapariciones, porque no solamente queremos que se preocupen por los que están desaparecidos, sino por los que siguen desapareciendo porque no queremos repetición de hechos”.
A los nuevos representantes populares y autoridades municipales Gil Guzmán les pidió que “ hagan su trabajo como debe ser, que tengamos seguridad en las calles, que ya no siga habiendo personas desaparecidas, que no sigan matando y que hagan algo por las personas que ya están desaparecidas y que no hagan caso omiso, que no nos minimicen porque el problema no es pequeño, es un problema muy grande”.
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en la conferencia de prensa de ayer en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, afirmó que si se demuestra que cometió un delito al reunirse con el jefe criminal de Los Ardillos, Celso Ortega, sí pedirá licencia, pero por ahora no, pese a quienes se lo demandan, y que el Congreso no tiene jurisdicción en el asunto.
En la conferencia que ofrece cada lunes, la alcaldesa morenista afirmó que mantiene coordinación con “la gobernadora y el ingeniero”, en alusión a Evelyn Salgado Pineda y el senador Félix Salgado Macedonio, luego de la difusión de un fragmento del video del encuentro cuando parece reclamar que no la consideran en las reuniones de seguridad.
Respecto al llamado que hizo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de que tendría que pedir licencia, sumándose a las demandas de los dirigentes del PRD y PAN, e incluso el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien dijo que eso ayudaría al partido, señaló que esas opiniones no son legítimas.
“Creo que hablamos de un Estado democrático, donde la libertad de expresión está garantizada. Aquí yo no persigo a nadie por una situación o me molesta porque opinen. Lo único que puedo pensar es que estas opiniones no son legitimadas por la ley”, respondió.
Agregó que los puestos de elección popular son irrenunciables y que sólo la “autoridad competente” puede determinar esta eventualidad luego de sustanciar el debido proceso. Llamó a ser prudentes a “quienes de manera irresponsable se han pronunciado, han adelantado juicios, fomentan el escarnio, el linchamiento y ponen en riesgo no nada más la gobernabilidad, sino la seguridad de mi persona y mi familia, y eso sí es un delito”.
Recordó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que en los gobiernos pasados, al señalar alguien con algún nexo con el crimen, sólo se le retiraba del cargo pero no se le investigaba, como se hace ahora.
Y en alusión al oficio enviado al Congreso local por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, la alcaldesa dijo que los diputados no tienen jurisdicción para juzgar estos temas, que hay órganos, instancias y procesos, y que va a esperar. Aseguró que si cometió un delito sí pedirá una licencia, “yo no tendré ninguna situación de oponerme, pero de entrada no voy a pedir licencia”.
Sobre la filtración de un extracto de la plática que tuvo con el líder criminal, insistió en que “es un video manipulado. Sin embargo lo hemos dicho, me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Yo estoy abierta a cualquier investigación”.
Hernández Martínez agregó que la investigación va a en dos vertientes, una por la cartulina dejada junto a los restos de siete personas dejados junto a la iglesia de San Mateo; y otra por el video que se difundió de la plática que tuvo con el líder de Los Ardillos y que serán las instancias que investigan las que informarán qué sucedió, no obstante se volvió a negar a hablar de qué platicó, dónde, cuándo y cómo se dio el encuentro que según diversas fuentes tuvo lugar en un restaurante ubicado en la carretera hacia Quechultenango.
“Me encantaría poderlo compartir, hoy que hice un análisis de esta situación, yo tengo muy clara la película, pero no puedo, la verdad, por el tema de que ya estamos en un proceso de investigación”, justificó.
Siguió: “Yo sé que saldrá la verdad, yo sí se los aseguro. No hay pacto, ustedes vean ahí la situación y cómo se tergiversa el video, y si sale uno y otro yo estoy clara y responsablemente lo que estoy comentando. No hay un pacto”.
La alcaldesa también enfatizó que la violencia desatada en Chilpancingo del sábado al martes de la semana pasada no está ligada al encuentro que tuvo con el líder criminal. “Una cosa es la cartulina, una cosa es el video y otra cosa son los hechos delictivos. Muchos se aprovecharon de esa situación para poder vincularlos”, aseguró en alusión al asesinato de cinco choferes y la quema de vehículos el sábado, y a la irrupción de más de 3 mil campesinos pobres y transportistas que enfrentaron a policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional y que irrumpieron en Recinto del Ejecutivo y del Congreso del Estado el lunes.
Añadió que el momento fue aprovechado “para manchar mi imagen, lo digo y lo sostengo, no hay nada que ocultar. Si sale otro video no me ocupa, ni me preocupa, porque yo ya comenté cuál es la situación que guarda en este video”.
La edil agregó: “Seguimos con una misma coordinación con el gobierno estatal, con la gobernadora, con el ingeniero y con todos los órdenes de gobierno y poderes. Siempre con respeto a nuestras esferas y autonomía, lo que nos corresponde”.
Subrayó que no hay un alejamiento entre el gobierno estatal y ella, “no creo, hemos tenido incluso comunicación con sus funcionarios, seguimos en la misma línea de coordinación”.
Si hay delito pedirá licencia pero por ahora no, adelanta la alcaldesa de Chilpancingo
El Congreso no tiene jurisdicción en el caso y no están “legitimadas” las opiniones de quienes le piden que se separe del cargo, dice Norma Otilia Hernández. Asegura que mantiene coordinación con “la gobernadora y con el ingeniero”
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en la conferencia de prensa de ayer en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, afirmó que si se demuestra que cometió un delito al reunirse con el jefe criminal de Los Ardillos, Celso Ortega, sí pedirá licencia, pero por ahora no, pese a quienes se lo demandan, y que el Congreso no tiene jurisdicción en el asunto.
En la conferencia que ofrece cada lunes, la alcaldesa morenista afirmó que mantiene coordinación con “la gobernadora y el ingeniero”, en alusión a Evelyn Salgado Pineda y el senador Félix Salgado Macedonio, luego de la difusión de un fragmento del video del encuentro cuando parece reclamar que no la consideran en las reuniones de seguridad.
Respecto al llamado que hizo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de que tendría que pedir licencia, sumándose a las demandas de los dirigentes del PRD y PAN, e incluso el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien dijo que eso ayudaría al partido, señaló que esas opiniones no son legítimas.
“Creo que hablamos de un Estado democrático, donde la libertad de expresión está garantizada. Aquí yo no persigo a nadie por una situación o me molesta porque opinen. Lo único que puedo pensar es que estas opiniones no son legitimadas por la ley”, respondió.
Agregó que los puestos de elección popular son irrenunciables y que sólo la “autoridad competente” puede determinar esta eventualidad luego de sustanciar el debido proceso. Llamó a ser prudentes a “quienes de manera irresponsable se han pronunciado, han adelantado juicios, fomentan el escarnio, el linchamiento y ponen en riesgo no nada más la gobernabilidad, sino la seguridad de mi persona y mi familia, y eso sí es un delito”.
Recordó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que en los gobiernos pasados, al señalar alguien con algún nexo con el crimen, sólo se le retiraba del cargo pero no se le investigaba, como se hace ahora.
Y en alusión al oficio enviado al Congreso local por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, la alcaldesa dijo que los diputados no tienen jurisdicción para juzgar estos temas, que hay órganos, instancias y procesos, y que va a esperar. Aseguró que si cometió un delito sí pedirá una licencia, “yo no tendré ninguna situación de oponerme, pero de entrada no voy a pedir licencia”.
Sobre la filtración de un extracto de la plática que tuvo con el líder criminal, insistió en que “es un video manipulado. Sin embargo lo hemos dicho, me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Yo estoy abierta a cualquier investigación”.
Hernández Martínez agregó que la investigación va a en dos vertientes, una por la cartulina dejada junto a los restos de siete personas dejados junto a la iglesia de San Mateo; y otra por el video que se difundió de la plática que tuvo con el líder de Los Ardillos y que serán las instancias que investigan las que informarán qué sucedió, no obstante se volvió a negar a hablar de qué platicó, dónde, cuándo y cómo se dio el encuentro que según diversas fuentes tuvo lugar en un restaurante ubicado en la carretera hacia Quechultenango.
“Me encantaría poderlo compartir, hoy que hice un análisis de esta situación, yo tengo muy clara la película, pero no puedo, la verdad, por el tema de que ya estamos en un proceso de investigación”, justificó.
Siguió: “Yo sé que saldrá la verdad, yo sí se los aseguro. No hay pacto, ustedes vean ahí la situación y cómo se tergiversa el video, y si sale uno y otro yo estoy clara y responsablemente lo que estoy comentando. No hay un pacto”.
La alcaldesa también enfatizó que la violencia desatada en Chilpancingo del sábado al martes de la semana pasada no está ligada al encuentro que tuvo con el líder criminal. “Una cosa es la cartulina, una cosa es el video y otra cosa son los hechos delictivos. Muchos se aprovecharon de esa situación para poder vincularlos”, aseguró en alusión al asesinato de cinco choferes y la quema de vehículos el sábado, y a la irrupción de más de 3 mil campesinos pobres y transportistas que enfrentaron a policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional y que irrumpieron en Recinto del Ejecutivo y del Congreso del Estado el lunes.
Añadió que el momento fue aprovechado “para manchar mi imagen, lo digo y lo sostengo, no hay nada que ocultar. Si sale otro video no me ocupa, ni me preocupa, porque yo ya comenté cuál es la situación que guarda en este video”.
La edil agregó: “Seguimos con una misma coordinación con el gobierno estatal, con la gobernadora, con el ingeniero y con todos los órdenes de gobierno y poderes. Siempre con respeto a nuestras esferas y autonomía, lo que nos corresponde”.
Subrayó que no hay un alejamiento entre el gobierno estatal y ella, “no creo, hemos tenido incluso comunicación con sus funcionarios, seguimos en la misma línea de coordinación”.
Pone en riesgo a la investigación que se filtrara la solicitud de la FGE, dice Jacinto
Pide una pesquisa interna en el Congreso que determine cómo llegaron los oficios a los medios
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, Jacinto González Varona, aseguró que la filtración de las solicitudes que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local, sobre las constancias y documentales que acrediten como servidores públicos a siete alcaldes y una diputada local, implicados en investigaciones sobre delitos graves, pusieron en riesgo el debido proceso y a los involucrados.
En consulta telefónica, el también diputado local opinó que los procedimientos penales deben “ir bien”, porque la dependencia no avisa de lo que hace hasta la ejecución de las acciones. Sin embargo, la filtración pudo poner en alerta a los actores, por la difusión de los nombres.
Consideró que debe haber una investigación interna, para determinar cómo trascendieron los datos y con qué fin.
“Para el esclarecimiento de hechos en la investigación”, la fiscalía solicitó copias certificadas de las constancias o documentales que acrediten que son servidores públicos los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de
Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea; de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, y la diputada Elzy Camacho Pineda. En otro oficio, se piden los documentos que acrediten como servidores públicos a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle, respectivamente.
González Varona señaló: “La Fiscalía está haciendo su trabajo, sólo que en el Congreso debieron cuidar mucho la secrecía de la información, pues se viola el debido proceso. La Mesa directiva, incluso, debe investigar quién filtró ese documento. No es ético, pone en riesgo los resultados y a los propios que están investigando”.
Consideró que las autoridades competentes tendrán que “buscar proteger todo el proceso, para que no se venga abajo, y el Congreso debería fincar responsabilidades a quien haya hecho la filtración”.
El PAN pide a la FGE que investigue sin simulación
Por separado, el presidente del CDE del PAN, Eloy Salmerón Díaz, exigió a la FGE que aplique la ley en los hechos investigados, que involucran a autoridades municipales.
Añadió que los gobiernos de Morena, desde la federación, se caracterizan por la simulación, pasando por alto incluso la Constitución.
Por ello, insistió en pedir a la FGE que esclarezca todos los actos que se presumen como delitos, que les den puntual seguimiento y se aclaren los hechos.
“Especialmente en la capital del estado, que hacen referencia a la alcaldesa y síndico, que no sea una simulación de este gobierno”, dijo y enfatizó sobre la mención a la autoridades en una cartulina dejada junto a siete cuerpos.
Sobre las dos averiguaciones previas en curso contra autoridades municipales y una diputada, reconoció que la dependencia está apegada al procedimiento de desafuero, pero el camino más fácil para la alcaldesa de Chilpancingo es que pida licencia, para que no haya trabas en la investigación.
“Ella dice que lo ha planteado (separarse del cargo) ante la Fiscalía General de la República y la del estado. Si tiene la voluntad de ser sometida a la investigación, sin trabas en el procedimiento, que lo haga”, insistió.
Con duda, añadió que deben esperar los resultados de las investigaciones para determinar hasta donde está decidida a llegar la Fiscalía para averiguar el involucramiento de autoridades con grupos de la delincuencia.
“Exigimos que se investigue de manera puntual, que se esclarezcan los hechos. No pueden enviar ese mensaje, de que lo que acontece en Chilpancingo es la normalidad. En los cargos de elección, debe haber ciudadanía responsable, honesta, comprometida con la comunidad y una conducta transparente”.
Si son vistos con gente coludida con la delincuencia, no pueden darle cuentas a la sociedad, enfatizó.
Se respondió ya a la FGE que no le toca al Congreso dar los informes que pide: Apreza
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el Congreso del Estado ya respondió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la presidente de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, a las solicitudes de información sobre las actas de protesta o, en su caso, las constancias que acrediten como servidores públicos, por un lado, a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, y por otro, a siete alcaldes y una diputada local.
La respuesta de la presidente de la mesa, como representante del poder Legislativo, fue que el Congreso local no es la instancia responsable de emitir copia certificada de estos documentos, como los requirió la dependencia estatal.
En consulta telefónica, indicó que el martes de la semana pasada supieron, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que un representante de la FGE, el fiscal especializado en la Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, solicitó el 7 de julio, a la representante legal del Congreso local, copias certificadas de las constancias de mayoría de la alcaldesa y síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle.
Con otro oficio, de la misma fecha, pidió copias certificadas de las constancias de mayoría de los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Alvarez; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como de la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
En esa reunión, indicó que la presidente de la mesa les informó que la respuesta que dio a la FGE fue que el Congreso no es la instancia responsable de emitir o salvaguardar las constancias de mayoría, ni las actas de toma protesta, que son un asunto de cada Ayuntamiento.
Es decir, la FGE solicitó información que el Congreso local no es responsable de emitir, que la instancia responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), precisó.
Sobre las causas penales en que están implicadas autoridades municipales y una diputada local, respondió que es respetuoso de las atribuciones legales de la FGE, y no va a opinar ahora, porque no tiene información acerca del tipo de investigación que se realiza, más que el oficio que se conoció este lunes en los medios.
Consideró que le toca a la FGE explicar qué hay detrás de cada procedimiento. Al insistirle sobre algún trasfondo político, aclaró que no niega ni afirma nada, porque “nosotros estamos ante la nada jurídica. No sabemos más”.
El Congreso debe entregar información a la FGE
Consultado por separado, el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, coincidió en que la FGE está cumpliendo su papel al requerir información de autoridades que fueron electas, aunque la constancia de mayoría y de representación popular las emite el IEPC cuando concluye el proceso electoral, la cual es pública.
“Ya después de que emite la constancia de mayoría, es cuando el Congreso local aprueba permisos o licencias a las autoridades electas”, aclaró.
Sin embargo, recordó que ya después, el IEPC remite al Congreso del Estado la información sobre quiénes son las personas electas y que tienen su constancia de mayoría. “Hay un comunicado al respecto, y en ese sentido, tienen seguimiento los permisos que autoriza”.
Opinó que el Congreso local sí podría informar de estas documentales a la Fiscalía.
De las investigaciones que involucran a autoridades municipales del PRI, PRD y Morena, señaló que en Guerrero existe una situación crítica, que no es la primera vez que las investigaciones involucran a autoridades. “Ha sido una constante. Los ciudadanos ya no queremos que se repitan acciones, que finalmente representan un retroceso” y llamó a todas las autoridades a “establecer el orden”.
Ante la falta de consensos, la madrugada de este jueves los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, firmaron un acuerdo para establecer el 19 de julio como fecha límite para integrar y designar a la Mesa Directiva para el tercer y último año de la actual legislatura.
Después de que la mayoría del pleno del Congreso rechazó la planilla integrada por diputados de Morena y encabezada por Joaquín Badillo Escamilla, y tras una reunión de unos 40 minutos en la que no se pusieron de acuerdo respecto a la integración de la Mesa Directiva, acordaron prorrogar la designación.
El acuerdo de la Jucopo fue establecer el 19 de julio como fecha límite para integrar y designar a la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio constitucional.
En la sesión de este miércoles, hasta en dos ocasiones el pleno del Congreso rechazó la planilla que presentó Morena para integrar la nueva mesa directiva, las dos encabezadas por Badillo. La primera integraba a diputados, incluidos sin su consentimiento, y la segunda se presentaba sólo con diputados morenistas. Esa candidatura fue apoyada por la propia presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez, aunque no por todos los diputados de su partido, por lo que no logró la mayoría para ser aprobada.
El coordinador del PRI argumentó en el debate de la noche del miércoles que Badillo era inelegible como presidente, porque se pasó al PVEM sin renunciar a Morena, en una maniobra para que ese partido controlara los dos órganos de dirección, lo que consideró inaceptable.
El secretario de la mesa, Ricardo Astudillo Calvo, leyó el acuerdo de la Jucopo que apunta que la firma del documento se da con “el fin de llegar a los acuerdos y consensos necesarios para preservar la armonía en la integración y conformación de la Mesa Directiva”, la cual “se lleve a cabo a más tardar el 19 de julio del año 2023”.
La presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez, que seguirá en funciones mientras tanto, solamente señaló que “atenderá lo conducente una vez que el pleno ha tomado conocimiento”.
La violencia vicaria
En la última sesión del periodo ordinario de sesiones del Congreso local, el pleno aprobó incluir y tipificar como delito la violencia vicaria, que consiste en causar sufrimiento a una mujer, causando daños físicos o emocionales a sus hijas o hijos o personas significativas para ella, la cual alcanzaría una pena de 4 a 8 años de prisión y hasta 12 años si hay daño físico.
También el victimario perdería los derechos con respecto a las víctimas directas e indirectas, incluidos los de guardia y custodia, patria potestad y de carácter sucesorio de hijas e hijos.
Se trata de reformas y adiciones a los Códigos Civil y Penal del Estado y a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, para incluir y tipificar este delito.
En tribuna la diputada Gabriela Bernal Reséndiz fundamentó el dictamen en el que se precisa que comete el delito de violencia vicaria quien mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio y concubinato que busque dañar a una mujer utilizando como medio a las hijas o hijos, personas adultas mayores, personas en situación de dependencia económica, personas con un vínculo afectivo.
Las penas que se plantean van de 4 a 8 años de prisión y estas se incrementarán hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo es decir hasta 12 años si se incurre en daño físico a las víctimas indirectas, o en casos en que la familia de quien agrede incurra en complicidad o haya ejercido algún tipo de violencia en contra de la mujer madre.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Yanelly Hernández Martínez, dio lectura al informe de los trabajos legislativos del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero.
A las 2 de la mañana se clausuró el periodo ordinario de sesiones, y se citó de inmediato a los integrantes de la Comisión Permanente para realizar la sesión de instalación de ésta, integrada sólo por 12 de los 46 diputados y diputadas locales que sesionarán una vez a la semana.
Prorroga la Jucopo la integración de la Mesa Directiva del Congreso al 19 de julio
La madrugada de este jueves, luego de que en la sesión nocturna del miércoles se rechazó la planilla que presidiría el morenista Joaquín Badillo, de nueva cuenta los diputados no se pusieron de acuerdo. Tipifican el delito de violencia vicaria
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Ante la falta de consensos, la madrugada de este jueves los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, firmaron un acuerdo para establecer el 19 de julio como fecha límite para integrar y designar a la Mesa Directiva para el tercer y último año de la actual legislatura.
Después de que la mayoría del pleno del Congreso rechazó la planilla integrada por diputados de Morena y encabezada por Joaquín Badillo Escamilla, y tras una reunión de unos 40 minutos en la que no se pusieron de acuerdo respecto a la integración de la Mesa Directiva, acordaron prorrogar la designación.
El acuerdo de la Jucopo fue establecer el 19 de julio como fecha límite para integrar y designar a la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio constitucional.
En la sesión de este miércoles, hasta en dos ocasiones el pleno del Congreso rechazó la planilla que presentó Morena para integrar la nueva mesa directiva, las dos encabezadas por Badillo. La primera integraba a diputados, incluidos sin su consentimiento, y la segunda se presentaba sólo con diputados morenistas. Esa candidatura fue apoyada por la propia presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez, aunque no por todos los diputados de su partido, por lo que no logró la mayoría para ser aprobada.
El coordinador del PRI argumentó en el debate de la noche del miércoles que Badillo era inelegible como presidente, porque se pasó al PVEM sin renunciar a Morena, en una maniobra para que ese partido controlara los dos órganos de dirección, lo que consideró inaceptable.
El secretario de la mesa, Ricardo Astudillo Calvo, leyó el acuerdo de la Jucopo que apunta que la firma del documento se da con “el fin de llegar a los acuerdos y consensos necesarios para preservar la armonía en la integración y conformación de la Mesa Directiva”, la cual “se lleve a cabo a más tardar el 19 de julio del año 2023”.
La presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez, que seguirá en funciones mientras tanto, solamente señaló que “atenderá lo conducente una vez que el pleno ha tomado conocimiento”.
La violencia vicaria
En la última sesión del periodo ordinario de sesiones del Congreso local, el pleno aprobó incluir y tipificar como delito la violencia vicaria, que consiste en causar sufrimiento a una mujer, causando daños físicos o emocionales a sus hijas o hijos o personas significativas para ella, la cual alcanzaría una pena de 4 a 8 años de prisión y hasta 12 años si hay daño físico.
También el victimario perdería los derechos con respecto a las víctimas directas e indirectas, incluidos los de guardia y custodia, patria potestad y de carácter sucesorio de hijas e hijos.
Se trata de reformas y adiciones a los Códigos Civil y Penal del Estado y a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, para incluir y tipificar este delito.
En tribuna la diputada Gabriela Bernal Reséndiz fundamentó el dictamen en el que se precisa que comete el delito de violencia vicaria quien mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio y concubinato que busque dañar a una mujer utilizando como medio a las hijas o hijos, personas adultas mayores, personas en situación de dependencia económica, personas con un vínculo afectivo.
Las penas que se plantean van de 4 a 8 años de prisión y estas se incrementarán hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo es decir hasta 12 años si se incurre en daño físico a las víctimas indirectas, o en casos en que la familia de quien agrede incurra en complicidad o haya ejercido algún tipo de violencia en contra de la mujer madre.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Yanelly Hernández Martínez, dio lectura al informe de los trabajos legislativos del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero.
A las 2 de la mañana se clausuró el periodo ordinario de sesiones, y se citó de inmediato a los integrantes de la Comisión Permanente para realizar la sesión de instalación de ésta, integrada sólo por 12 de los 46 diputados y diputadas locales que sesionarán una vez a la semana.
El secretario general de la CTM en el estado, Rodolfo Escobar Ávila, líderes sindicales y la diputada local priista Julieta Fernández Márquez de invitada en la asamblea y conferencia de prensa en las instalaciones de la sección 28 ubicadas en la avenida Constituyentes del Barrio de la Fábrica en Acapulco Foto: Jesús Trigo
Jacob Morales Antonio
La diputada local priista Julieta Fernández Marquez, afirmó que es “terrible” qué en el Ministerio Público no haya protocolos para la protección de las víctimas que acuden a denunciar.
En declaraciones luego de asistir a una reunión en las oficinas de la Federación de Trabajadores de Guerrero (FTG), la diputada opinó que es necesario la aplicación de la Ley de Trata donde se establecen protocolos.
Agregó que muchos jóvenes y adolescentes que están en calidad de desaparecidos pueden haber sido víctimas de este delito, sobre todo en las colonias populares, donde les ofrecen trabajo y salario alto.
Indicó que hay un registro en Guerrero de 369 personas desaparecidas en los primeros tres meses en el estado de entre 15 a 25 años.
La diputada expresó que muchas mujeres víctimas son amenazadas de muerte si van y denuncian, por eso dejan de hacerlo “y es terrible”.
Dijo que a esto se suma que no hay una fiscalía especializada en la trata de personas y el delito es diferente porque no se tiene que comprobar que fueron engañadas, sino que con el hecho de ser explotadas sexualmente será suficiente para ordenar la captura del victimario. “Necesitamos que la ley se aplique y que se aplique bien”.
La priista dijo que “pareciera” que el delito de trata no existe porque no hay datos ni indicadores y todos los que existen son de organizaciones civiles.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Adrián Alarcón Ríos dijo que el presidente municipal, el priista Marco Antonio Leyva Mena manipuló las cifras en las que se muestra una disminución de los delitos comunes en el municipio, “lo que refleja su falta de oficio y capacidad porque esconde la realidad”.
El dirigente empresarial quien se encuentra fuera de la ciudad y fue consultado por teléfono afirmó que como consecuencia de la no investigación de los delitos y la impunidad, cualquier persona contrata a un sicario para cobrar venganza, deudas atrasadas, e incluso para resolver pleitos pasionales.
Dijo que es la causa de tanto muerto en las calles y carreteras y que no todos son por el pleito por la plaza entre los cárteles de la droga, por la siembra y trasiego de amapola, lo que ha repetido continuamente el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.
Se quejó de que las autoridades de todo le echan la culpa a la delincuencia organizada para no investigar, “porque ese tipo de delitos nunca se investigan”, pero aclaró que la violencia en la capital está “campechaneada” porque se está recurriendo a los sicarios de la delincuencia organizada para resolver asuntos del orden común.
El martes el presidente municipal Marco Antonio Leyva Mena presentó cifras que según él revelan que los delitos del orden común van a la baja. Informó que en enero del 2016 se registraron 225 delitos de éste tipo, mientras que en enero de este año van 93.
“El problema es que ahora las autoridades se guían y hablan por percepciones, pero el asunto de la delincuencia es de realidades”, dijo el presidente de la Coparmex, quien declaró que las cifras del alcalde fueron manipuladas para dar la percepción de que hay resultados en la prevención del delito, cuando no es así.
Agregó que el alcalde tomó como ejemplo un mes que no refleja la realidad ni es significativo, “como si los ciudadanos fuéramos ingenuos o tontos. Es un insulto a nuestra inteligencia”.
Destacó que siempre que viene el secretario de Gobernación habla de que la criminalidad va a la baja, y los funcionarios locales repiten lo mismo mientras que los delincuentes “les contestan con más muertos, con más crímenes y cada vez que viene sube la criminalidad en Guerrero”.
Alarcón Ríos informó que desde hace seis meses solicitaron al gobernador Héctor Astudillo Flores la instalación de una mesa de seguridad y justicia para trabajar de manera conjunta una nueva estrategia, pero no han recibido respuesta.
Añadió que el secretario de Gobernación también se comprometió a que encabezaría una reunión con los funcionarios del gabinete de seguridad, pero tampoco ha cumplido.
Dijo que ahora buscan al gobernador para que la mesa se instale aunque sea con las representaciones en Guerrero de la PGR, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal, el Ejército y la Marina para que escuchen a los empresarios, a las organizaciones sociales, sindicales y a los religiosos.
“Vamos a reunirnos para empezar a ver algunas medidas, vamos a insistir al gobernador en que se instale la mesa de seguridad y justicia, para determinar estrategias, nuevos mecanismos que nos ayuden, ya no a solucionar el problema de la violencia, sino a contener esta nueva ola criminal”. Informó que también buscará al obispo Salvador Rangel Mendoza, “para ver de qué manera nos podemos ayudar”.
Denunció que en Chilpancingo “ahora cualquiera dice yo voy a contratar a un sicario. Por ejemplo, si hay alguien que tiene un familiar que se dedica a delinquir y tiene por allí algún pendiente con algún vecino, incluso con algún familiar, lo contrata y allí está la ejecución”.
Dijo que esto está llegando a la anarquía y que es grave que los delincuentes ahora cometan delitos “hasta en su recreo”.
Este domingo, militantes y simpatizantes del PRD y Movimiento Ciudadano, lo mismo que transportistas realizaron actividades contra el aumento en las gasolinas en Ciudad Altamirano, Chilpancingo, Chilapa y Tlapa. En Acapulco la actividad programada fue cancelada debido a la escasa convocatoria.
En Guerrero se cumplieron ayer 15 días consecutivos de manifestaciones de diversa dimensión e intensidad –la mayoría marchas y algunos bloqueos por parte de transportistas– en contra del incremento a los combustibles. Este domingo hubo marchas y colecta de firmas, como parte de las acciones para revertir la decisión del gobierno federal de aumentar el precio de las gasolinas.
El 1 de enero, el precio del litro de las gasolinas en México subió un 20 por ciento. La gasolina Magna de 13.98 pesos por litro ahora cuesta 15.99 pesos por litro, un aumento de 2.01 pesos; la gasolina Premium de 14.91 pesos subió a 17.79 pesos por litro, un incremento de 2 pesos con 98 centavos; y el Diesel de 14.63 pesos ahora se vende en 17.05 pesos, un aumento de 2 pesos con 42 centavos.
En febrero está previsto un nuevo incremento a las gasolinas del 8 por ciento. También aumentó el costo del gas y la energía eléctrica.
En Ciudad Altamirano, unos 500 militantes del PRD y Movimiento Ciudadano de los municipios de Tlalchapa, Ajuchitlán, Tlapehuala, Coyuca de Catalán y Pungarabato marcharon por la avenida principal del centro, para protestar por el aumento al precio de las gasolinas.
Los manifestantes hicieron un mitin y luego salieron en marcha de la glorieta de los Héroes. Se dirigieron al puente que cruza a Michoacán, y al llegar no se detuvieron sino que dieron la vuelta para retornar a la glorieta.
“Gasolinazo es traición”, “Peña burro”, “ya basta Peña no más gasolinazos”, se leía en las pancartas que portaban.
En esta ocasión la marcha no contó con la presencia del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes este viernes tuvieron una reunión en la facultad de Veterinaria, donde les hicieron un llamado a dedicarse más a la promoción del partido que a las marchas contra el incremento.
Vino a la región Pablo Sandoval, quien habló con los líderes, y les hizo el llamado para que la lucha contra el gasolinazo la respetaran a través de la sociedad civil, pero que el partido realizará otras acciones de promoción de sus actividades. Morena no participó en esta ocasión.
Sólo estuvieron militantes de Movimiento Ciudadano de Ajuchitlán, encabezados por Ángel Vergara Chamú, quien es coordinador regional.
El grueso del grupo fueron militantes del PRD. Vinieron de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán, Tlalchapa, Cutzamala y Pungarabato, principalmente.
Tlapa
Unos 80 taxistas realizaron una marcha-caravana desde la comunidad La Providencia, que se ubica sobre la carretera Tlapa-Chilpancingo, hasta el Ayuntamiento de Tlapa. En la movilización estuvieron los dirigentes estatales del PRD y un líder transportista identificado con el PRI.
Los transportistas llevaban al frente una lona en la que se leía: “Transportistas de La Montaña democráticos en contra del gasolinazo”, liderados por el ex delegado de Transportes y transportista Diego Méndez Rodríguez, quien es identificado como priista, pues ya fue precandidato a la candidatura a alcalde de Tlapa por ese partido y forma parte de la CNC; el transportista Ángel Espinobarros Urbano, identificado como perredista, y dirigentes del Comité Estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán y Demetrio Saldívar Gómez.
El recorrido que hicieron de la comunidad a la explanada en el centro fue de más de tres kilómetros. En un principio los transportistas se instalaron en el corredor del Ayuntamiento con su lona y luego de unos minutos se trasladaron a la explanada, donde hicieron un mitin.
En el mitin se vio una participación dispersa de unas 100 personas, porque el lugar no tenían donde refugiarse del sol, el dirigente de Nueva Alianza de Transportistas de La Montaña de Guerrero (Natremg), Diego Méndez, dijo que los transportistas se levantaron en lucha en contra del incremento del precio de la gasolina y sus efectos en la economía del pueblo. Aseguró que tienen el respaldó en 17 municipios y que no darían su voto a los diputados y senadores que volverían a pedirlo.
En este espacio, rodeado de lonas que decían “Gasolinazo es traición y aumento salarial, la solución se apostaron los dirigentes estatales, presidentes municipales del PRD, regidores y militantes”.
En su intervención el dirigente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, dijo que sólo el pueblo organizado puede frenar el golpe a la economía familiar de los más pobres y advirtió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que no descansarán hasta dar marcha atrás al gasolinazo porque México es un país petrolero y paga más por la gasolina.
Advirtió que con el incremento al precio de las gasolinas subirán todos los productos de la canasta básica, que sólo organizados y en un movimiento social podían lograr que el presidente de la República nulifique el impuesto y que los partidos políticos están dispuestos a que se reduzca su financiamiento, pero no al pueblo y que el gobierno no siga gastando a costa de los más necesitados.
El líder transportista Ángel Espinobarros dijo que estaba en contra de las porquerías del gobierno y cuestionó dónde estaban los diputados locales, Yuridia Melchor, y el diputado federal, Victoriano Wences, de quien dijo que también estaba en contra del aumento.
Durante el mitin invitaron a los asistentes a firmar un documento que enviarán al Congreso, para pedir que se de marcha atrás al incremento.
Chilpancingo
Por la mañana en el zócalo capitalino, a un costado del monumento al general José María Morelos y Pavón, dirigentes municipales y estatales del partido colocaron una mesa donde empezaron a recibir las firmas de los ciudadanos que rechazan la liberación del precio de los combustibles y que serán presentadas ante el Congreso de la Unión.
En la actividad estuvieron presentes el secretario de Asuntos Electorales, del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Estephano Cervantes García, quien fue el responsable de toda la organización; el de Formación Política, Miguel Flores Morales; el ex diputado local, Nicanor Adame Serrano; y el presidente del Comité Ejecutivo Municipal (CEM), Asunción Martínez Ortiz.
En conferencia de prensa, Asunción Martínez demandó que se investigue “el despilfarro” ocurrido en Pemex, tanto en los gobiernos federales del PRI como en las administraciones panistas.
“Desde este pedazo de patria le exigimos a Peña Nieto y a la elite corrupta que lo acompañan en este saqueo al pueblo de México, que den marcha atrás a sus ambiciones desmedidas, les decimos no al gasolinazo, ya basta de corrupción y despilfarro”.
Dijo que el gobierno federal “estranguló a la gallina de los huevos de oro y hoy les urge enterrarla, para cobrarle al pueblo su muerte”, por ello convocó a todos los ciudadanos guerrerenses a organizarse y trabajar unidos para defenderse “de los embates” del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por su cuenta, el secretario de Asuntos Electorales, Estephano Cervantes, dijo que el incremento en el precio de las gasolinas no es un tema de partidos políticos, sino un asunto ciudadano.
Los perredistas explicaron que comenzó formalmente la colecta de firmas en contra del gasolinazo en todo el país, actividad que forma parte del plan de acción del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y que se replicará en el transcurso de la semana en diferentes colonias de Chilpancingo.
Del llamado que hizo el sábado el gobernador Héctor Astudillo Flores, para un acuerdo de todos los sectores a fin de enfrentar el aumento en los combustibles, el secretario de Formación Política, Miguel Flores, dijo que el partido no lo atenderá porque “nosotros estamos en otra ruta”.
Al concluir la conferencia, un grupo de poco más de 50 personas que atendieron a la convocatoria se colocaron sobre la plancha del zócalo, frente al Ayuntamiento, y formaron la palabra NO, en rechazo al incremento. A las 5 de la tarde concluyó la colecta de firmas.
Chilapa
Dirigentes y militantes históricos del PRD en Chilapa, acompañados de ciudadanos, colocaron calcomanías a los automovilistas contra el gasolinazo. Los dirigentes históricos dijeron que salieron a dar la cara por sus diputados, senadores y los caciques del PRD, que aprobaron el incremento y que han provocado el rechazo a ese partido.
Desde las 10 de la mañana y por unas dos horas, unos 25 perredistas y ciudadanos, encabezados por el dirigente municipal, Abraham García Carbajal, se concentraron en la glorieta Eucaria Apreza para colocar y regalar calcomanías con la leyenda “No al gasolinazo”.
El militante histórico Jesús García Rendón se dijo desconcertado de los legisladores que apoyaron las reformas del gobierno federal de Enrique Peña Nieto. “La gente ya no cree en el PRD, sólo le estamos haciendo al pendejo (con la protesta)”, dijo.
En tanto, Roque Nava Calvario, otro perredista emblemático en el municipio, dijo que las bases se ven obligadas a sacar la cara por sus diputados. “La gente que rechaza a la clase política y a los legisladores del PRD tiene razón: no nos consultaron”.
“Esa es la chingadera, con qué cara vamos a salir a manifestarnos o a pedir apoyo a la militancia, yo no tengo cuadros en las comunidades. Tenemos críticas, mientras el caciquismo del PRD come bien y no voltean a ver abajo”, señaló Nava Calvario, originario de Atzacualoya y uno de los primeros regidores del PRD en el Ayuntamiento de Chilapa.
Acapulco
En Acapulco, el Comité Ejecutivo Municipal del PRD convocó a una parada cívica para este domingo a las 10 de la mañana, en el Asta Bandera del parque Papagayo, pero la actividad se suspendió a las 11 de la mañana. En el lugar se habían congregado una decena de personas.
El presidente del Comité, Isaías Arellano Maldonado, justificó que la actividad se canceló porque varios grupos del partido tuvieron reuniones para definir acciones y van a salir unidos en las protestas.
En asamblea estatal, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) acordó movilizarse contra el incremento al costo de los energéticos, tendrán una marcha nacional el 31 de enero.
En la reunión se informó de las actividades que pueden realizar en sus municipios, como pintas en vehículos, hacer brigadas informativas con reparto de volantes, realizar reuniones en colonias y regiones y se les dio la instrucción de que se sumen a las movilizaciones de otros partidos.
En el caso de Acapulco, se acordó que el miércoles a las 4 de la tarde habrá una pinta de vehículos, en el Asta Bandera del parque Papagayo.
Las fracciones parlamentarias del PRD, Movimiento Ciudadano y la representación del PT interrumpieron ayer la sesión del Congreso local y tomaron la tribuna para presionar a los diputados del PRI y del PVEM a admitir un exhorto a la Cámara de Diputados para revertir el incremento en el precio de las gasolinas.
La protesta obligó a la Mesa Directiva a suspender la sesión y reprogramarla para mañana jueves, sin embargo los diputados que se expresaron en contra del llamado “gasolinazo” advirtieron que mañana insistirán en que se apruebe su iniciativa.
Este martes se celebraría la primera sesión ordinaria del Congreso este año, en la que la mayoría de los puntos a tratar estaban relacionados con el incremento en el costo de las gasolinas que empezó a aplicarse el primero de enero y que ha motivado protestas en diferentes estados del país.
En el orden del día había tres propuestas de exhorto dirigido a diputados federales, al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores, en las que se planteaba revertir la liberación del precio en los combustibles y que esta medida se aplique hasta el 2018, como lo programó en un principio el gobierno federal.
Las propuestas eran del grupo parlamentario del PRD, del de Movimiento Ciudadano y del diputado Sebastián de la Rosa Peláez; además, la coordinadora de los diputados perredistas, Erika Alcaraz Sosa, registró una participación para fijar una postura.
En tanto, Movimiento Ciudadano logró presentar una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS), para que sea turnada a la Cámara de Diputados y por la que se plantea dejar sin efectos las disposiciones que permitieron el “gasolinazo”.
La sesión de ayer comenzó al medio día y se suspendió una hora después, luego de que se informara de los comunicados y la correspondencia que recibió la Secretaría de Servicios Parlamentarios.
Minutos antes de la protesta, el diputado del PRD Ernesto Fidel González Pérez presentó a nombre de su fracción una propuesta para que el Congreso local se pronunciara en contra del incremento en el costo de los combustibles, “porque representa una afectación directa a la economía de las familias y un incremento en los precios de los productos de la canasta básica”.
El exhorto incluía a la cámara de Diputados y al Senado, para que convocaran a un periodo extraordinario de sesiones a fin de que aprueben las iniciativas de reforma a la Ley de Ingresos de la Federación y del IEPS, presentadas por el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, por las que plantean posponer la liberación del precio de las gasolinas y prevalezcan los costos que tenían en diciembre de 2016.
También se extendía al gobernador Héctor Astudillo, a quien se exhortaría a establecer mecanismos de coordinación con la federación a efecto de que en Guerrero no se dé el incremento, “buscando el mayor beneficio para las familias con menores recursos económicos y a la clase trabajadora”.
El PRD solicitó que la propuesta fuera aprobada como un asunto de urgente y obvia resolución, sin embargo las fracciones del PRI y el PVEM, que son mayoría, lo rechazaron.
Los votos del PRD, Movimiento Ciudadano, PT y Morena no fueron suficientes, por lo que la Mesa Directiva turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Hacienda.
Toman PRD, PT y MC la tribuna
Cuando la Mesa Directiva pretendía pasar al siguiente punto, que era una propuesta similar de Movimiento Ciudadano, los 13 diputados del PRD presentes, encabezados por su coordinadora Erika Alcaraz, junto al del PT, Freddy García Guevara, tomaron la tribuna y advirtieron que no permitirían el desarrollo de la sesión hasta que los grupos parlamentarios del PRI y PVEM reconsideraran su postura y admitieran la iniciativa que presentaron.
Desde ahí invitaron a los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja y Silvano Blanco de Aquino, a que se sumaran a la acción. La presidenta de la Mesa Directiva, Magdalena Camacho Díaz, de MC, se mantuvo al margen de la protesta.
También convocaron a la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, a que se integrara, sin embargo ésta no atendió el llamado y permaneció en su curul.
Los legisladores que protestaron llevaban consigo cartulinas en las que se leía “PRD no al gasolinazo”, “No a la reforma energética”, “No al gasolinazo”, “No al alza del pasaje”, entre otras consignas.
En declaraciones a reporteros, Alcaraz Sosa aseguró que esa acción respondía a la molestia de los diferentes sectores de la población que han expresado su rechazo a la medida del gobierno federal.
“Nosotros estamos tomando esta tribuna porque hemos dicho que vamos a acompañar al gobernador, que acompañaremos al Ejecutivo cuando le beneficie a Guerrero, cuando las cosas vayan bien, (el aumento en el precio de la gasolina) es una acción que han tomado y que no le beneficia al país, que no le beneficia a las familias más necesitadas”, dijo.
Tras la toma de la tribuna, la Mesa Directiva ordenó 10 minutos de receso con la finalidad de que la protesta concluyera, sin embargo no fue así.
En su oportunidad, el diputado del PT, Fredy García, dijo que es evidente la inconformidad de los mexicanos y criticó que el gobierno federal pretenda “engañarlos” argumentando que esa medida sólo se afectará a quienes tienen vehículos propios.
“Sabemos nosotros a la perfección que todo en este país se mueve con gasolina y diesel, por lo tanto todo subirá de precio, incluso eso ya lo estamos viviendo en la canasta básica. Hay el compromiso de continuar con las protestas, nosotros creímos que el punto de acuerdo pasaría porque creímos que todos estamos a favor del pueblo, pero al parecer no es así”, expuso.
Durante la protesta, el priista Héctor Vicario Castrejón mostró unas listas que presuntamente correspondían a las votaciones de los diputados federales en la Ley de Ingresos de la Federación, en la que se estipuló el incremento a los combustibles.
La lista mostrada por Vicario es la misma que se difundió desde la semana pasada en redes sociales, en la que se exhibe que el perredista David Jiménez Rumbo, el petista Victoriano Wences Real, la panista Guadalupe González Suástegui y la legisladora de Movimiento Ciudadano, Marbella Toledo Ibarra votaron a favor del “gasolinazo”.
Sin embargo esa lista no coincide con la gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados.
En respuesta, Alcaraz Sosa le expresó a los priistas que en diciembre de 2013 el gobierno federal promulgó la reforma energética aprobada en el Senado con 95 votos a favor del PRI, PAN y el PVEM, y 28 en contra del PRD, PT y algunos priistas y panistas; mientras que en la Cámara de Diputados la aprobación se dio con 354 votos a favor del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, y 134 en contra del PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
“Entonces no es como lo han manifestado, estamos tomando esta tribuna porque estamos con el pueblo, son a quienes nos debemos, son quienes nos dieron su confianza para estar aquí y hoy somos su voz y no descansaremos”, advirtió la perredista.
El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, expresó que lo que piden es que el Congreso se pronuncie en contra del llamado “gasolinazo”.
Recordó que el gobierno federal ya anunció que en febrero habrá más incrementos en el precio de las gasolinas, situación por la que hay “una gran irritación social” en Guerrero y el país.
Por ello expresó que el Congreso no debe ser omiso o partidizar el tema, “nosotros advertíamos que había una gran mentira en la propaganda de que iban a bajar las tarifas de la luz, del gas y la gasolina, esta mentira se confirmó con este macro gasolinazo que está generando una crisis económica más aguda en el país”.
El perredista Sebastián de la Rosa Peláez indicó que él, junto con los diputados Silvano Blanco y Ricardo Mejía, eran diputados federales cuando se aprobó la reforma energética y la fiscal, pero aclaró que ellos votaron en contra.
“Advertimos que la reforma energética iba en contra del pueblo y Peña Nieto se empeñó en decir que esto era para evitar gasolinazos y que esto era para evitar los aumentos, que iba a reducir los costos de gasolina, la energía eléctrica y el gas, pero el resultado que tenemos es todo lo contrario”, dijo.
PRI y PVEM se salen
Mientras los diputados inconformes intervenían desde la tribuna, los del PRI y el PVEM abandonaron la sala de sesiones. Cuando esto ocurría la fotógrafa de El Sur, Jessica Torres Barrera, quien cubría la sesión, fue interceptada por la diputada priista Flavia García, quien la jaló en dos ocasiones del brazo y le cuestionó, con tono alterado, por qué fotografiaba a los legisladores que en ese momento abandonaban el recinto.
Sin embargo la fotorreportera continuó con su trabajo e ignoró los cuestionamientos y la actitud de la priista, quien abandonó el recinto de manera apresurada.
Cuando concluyeron los 10 minutos de receso, la presidenta de la Mesa Directiva, Magdalena Camacho, suspendió la sesión al considerar que no había condiciones para continuar y la reprogramó para este jueves a las 11 de la mañana.
Pese a ello, Erika Alcaraz dijo que mañana el PRD presentará de nueva cuenta el punto de acuerdo que fue rechazado ayer y aseguró que buscarán a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Flor Añorve Ocampo, quien es también coordinadora de los diputados del PRI, para intentar un acuerdo.
Cinismo del PRD, PT y MC, acusa Morena
Cuando se suspendió la sesión y concluyó la protesta, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, citó a una conferencia de prensa en la que criticó el actuar de quienes minutos antes tomaron la tribuna y la marcha del domingo en Acapulco convocada por el PRD, PT y MC.
“Llegó el show de las poses y los deslindes del PRD, pero no será otra cosa que pura simulación, el PRD de la apariencia y del engaño. Miren a qué grado hemos llegado: el PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo tomando la tribuna y marchando, ya nada más falta que inviten a sus aliados del PRIAN (PRI-PAN) y al Verde Ecologista para que el cinismo sea completo, atajo de simuladores”, expresó.
Aseguró que todos esos partidos votaron a favor de la Ley de Ingresos de la Federación, en la que se avaló el incremento en el precio de las gasolinas.
“Los que se dicen de izquierda ahora crearon una nueva corriente, se llama la Izquierda Trepadora, la que se aprovecha de la inconformidad de la gente a sabiendas que ellos mismos provocaron esa inconformidad; les recomiendo que en la siguiente marcha lleven desplegada una manta que diga: por mi culpa, por mi gran culpa”.
Cisneros Martínez exigió la renuncia de todos los diputados federales que votaron a favor de la Ley de Ingresos de la Federación, y destacó que todos los legisladores de Morena, incluido el guerrerense Roberto Guzmán Jacobo, lo hicieron en contra, y por ello dijo que “no nos pueden etiquetar de oportunistas al salir a las calles contra el gasolinazo”.
Transportistas de Zihuatanejo y policías estatales antimotines se enfrentaron a pedradas ayer por la noche, cuando los uniformados pretendieron disuadirlos de que dejaran de parar a sus compañeros que daban el servicio de transporte y a gritos obligaban a los pasajeros a bajarse de las unidades.
Un taxista resultó herido y extraoficialmente se dijo que como resultado de la trifulca hubo dos choferes detenidos; después de la gresca, los dirigentes obligaron a los choferes a levantar el paro.
El enfrentamiento ocurrió 13 horas después de que más de mil 200 transportistas pertenecientes a 22 organizaciones de transporte pararan sus unidades en protesta por el aumento a la gasolina y luego de que sus dirigentes les propusieron que se retiraran a sus casas para que este martes continuaran con su protesta, ya que no tenía caso seguir manifestándose durante la noche.
Sin embargo, los inconformes rebasaron a sus representantes, quienes expresaron que ellos sí continuarían con el paro indefinido.
Poco después ocurrió la trifulca con los policías estatales.
De acuerdo con información conseguida en diversas fuentes, un grupo de choferes se encontraba en el punto conocido como el semáforo de la central camionera, frente a la gasolinera González, deteniendo a los choferes de los microbuses que inicialmente habían hecho caso a sus líderes y se habían retirado del plantón para dar servicio a la población.
A gritos detenían el microbús y obligaban a los pasajeros a descender de la unidad; en esas estaban cuando llegaron los policías estatales para conminarlos a que dejaran de violentar de esa forma el transporte, lo que provocó que ahí ocurriera un primer roce a empujones y gritos con los uniformados.
Ante la actitud de los choferes, según una versión, los policías decidieron retirarse con dirección hacia la salida de Zihuatanejo, sin embargo se encontraron con otro grupo de transportistas que estaba entre la gasolinera Tulipanes y la entrada a la colonia Nuevo Amanecer haciendo lo mismo con microbuses y urvans, además de que ya se había corrido la voz de que los uniformados habían agredido a sus compañeros, por lo que enfrentaron a los estatales a pedradas, quienes también lanzaron piedras a los inconformes; el enfrentamiento duró aproximadamente cinco minutos.
Hubo un taxista descalabrado que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y de manera extraoficial se dijo que dos choferes fueron detenidos.
Después de este incidente, los líderes nuevamente acudieron al crucero de la Fuente del Sol para hablar con sus representados y decirles que definitivamente se quitaba el paro y que se reunirían entre ellos para determinar qué acciones llevarían a cabo.
Desde las siete de la mañana de ayer lunes, choferes de 22 organizaciones de transportistas de las modalidades de taxis, microbuses, urvans urbanas y suburbanas del municipio, camionetas mixto-domésticas y microbuses de la empresa Dos Costas, que en promedio aglutinan a casi 5 mil trabajadores del volante, pararon sus unidades de manera indefinida para protestar contra el alza en el precio de la gasolina.
Al filo de las siete y media de la mañana, los transportistas llevaron a cabo una marcha a bordo de sus vehículos partiendo de la explanada de la unidad habitacional Infonavit El Hujal, ubicada en la zona poniente del puerto; recorrieron la lateral de la colonia El Limón hasta llegar al Palacio Municipal donde dejaron estacionadas algunas de sus unidades.
Hicieron lo mismo frente a las oficinas del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, ubicadas en la avenida Morelos, y llegaron a las oficinas donde están la delegación de la Secretaría de Finanzas del estado, la Contraloría General del estado y la delegación del Registro Público de la Propiedad, en cuyo portón principal colocaron dos mantas en la que expresaban su rechazo al aumento de la gasolina e invitaban a la población a no pagar impuestos.
Apoyados con un equipo de sonido, durante la marcha que recorrió las avenidas Morelos y Heroico Colegio Militar, los oradores hacían el llamado a la población en general a sumarse a este paro de transportistas, al tiempo que ofrecían disculpas por dejarlos sin transporte.
Marcaje policial
Desde temprano y durante todo el día, poco más de un centenar de policías estatales con equipo antimotines a bordo de 12 patrullas, les hicieron marcaje personal a los transportistas, quienes en uno de los primeros acercamientos les aseguraron que no eran vándalos, que no eran delincuentes y que no harían ningún acto de saqueo en tiendas ni negocios.
Desde antes de las siete de la mañana y así durante el transcurso del día, se observó a cientos de personas caminando hacia el centro de la ciudad y hacia la salida de Ixtapa, en espera de que pasara alguna persona conocida en su vehículo particular para que pudieran trasladarse a sus lugares de trabajo o a hacer alguna diligencia al centro de la ciudad.
Algunos choferes de microbuses, urvans y taxis que pretendieron no parar, fueron obligados a hacerlo por sus compañeros, quienes al descubrirlos, los obligaban a bajar a los pasajeros y a estacionar sus carros cerca del crucero del punto conocido como la Fuente del Sol, que fue el lugar donde se concentró la mayoría de los manifestantes.
Hacia el filo del mediodía, un grupo de transportistas se dirigió a las oficinas de Finanzas con la intención de cerrarlas, sin embargo éstas ya eran resguardadas por los policías estatales quienes tuvieron una ríspida discusión que no pasó a mayores.
Los transportistas decidieron regresar al crucero de la Fuente del Sol, no sin antes discutir con un conductor extranjero, quien se molestó porque los taxistas manifestantes pretendían rayarle el medallón de su camioneta con una leyenda contra el gasolinazo, por lo que éstos además de rayarla, le provocaron algunas abolladuras.
De igual forma, en el crucero, un taxista resultó con una fractura en su brazo derecho cuando fue golpeado por el conductor de una camioneta que no permitió que le rayaran su vehículo; fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y llevado al hospital general de esta ciudad.
A medida que el clima intensificaba la sensación de calor, algunos taxistas se refrescaban con cervezas, por lo que sus compañeros, a través del equipo de sonido, constantemente los conminaban “a no tomar bebidas embriagantes ni drogas” para evitar que su manifestación se saliera de contexto.
Debido al paro de los transportistas, el Ayuntamiento mantuvo cerradas sus puertas, así como también el Fibazi, la delegación de Finanzas, Contraloría y Registro Público de la Propiedad y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, a modo de “solidarizarse” con los trabajadores del volante según se supo, pero trascendió que éstas dependencias no dieron atención al público por temor a que ocurrieran actos vandálicos, pero eso no pasó.
Paro indefinido
A las tres de la tarde, cinco de los 22 líderes de las agrupaciones de transportistas ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer que el paro del transporte en el municipio es de manera indefinida hasta que no se revoque la reforma energética, pues aseguraron que el aumento a la gasolina “afecta a todo el pueblo de México, no sólo a nosotros como transportistas”.
Los dirigentes hicieron un llamado a la población del municipio a no pagar impuestos como una forma de hacerle saber al gobierno en sus tres niveles que no están conformes con el incremento y exigieron ser atendidos personalmente “por algún diputado local o federal” para hablar con ellos sobre la propuesta de que se eche abajo la reforma energética.
A pregunta expresa, los líderes lamentaron que a casi nueve horas de que pararon todo el transporte en el municipio, ninguna autoridad los había atendido personalmente, al tiempo que aseguraron que de no haber alguna respuesta a su demanda de derogar la reforma energética o en su defecto, que el gobierno les subsidie la gasolina, empezarán a ser más radicales en su protesta.
La conferencia de prensa la ofrecieron los secretarios generales de la Unión de Transportistas de Autos de Alquiler de Zihuatanejo (UTAAZ), Fidel Vázquez García; Rigoberto Mondragón Valdez, de la Alejandro Cervantes Delgado; Jorge Juan Herrera Pérezvaca, de la Siglo XXI; Manuel Arellano Bahena, de Bloque de Permisionarios Unidos de Zihuatanejo; y Alfonso Sánchez Rivera, de la Agrupación de Transporte Liviano de San José Ixtapa.
Después de las siete de la tarde, los 22 líderes se presentaron en la Fuente del Sol, donde propusieron a sus representados que se retiraran para que mañana de nueva cuenta, desde temprano pararan labores, sin embargo los ahí reunidos se enardecieron y a gritos dijeron que se había dicho que el paro era indefinido y que así tendría que ser, que ellos se quedarían en ese sitio durante la noche pese a que los líderes les manifestaron que era peligroso para la seguridad de todos, sin embargo, los choferes se mantuvieron en esa postura.
De igual forma, dijeron que harían bloqueos intermitentes cada 20 minutos en los principales cruceros de la ciudad, así como también en el aeropuerto internacional, pero sus representantes se deslindaron y les dijeron que eso sería bajo la responsabilidad de cada uno de los participantes en esas acciones, ya que corrían el riesgo de que fueran retirados con la fuerza pública.
Hasta las ocho de la noche los transportistas permanecían en la Fuente del Sol.
Por otra parte, desde las 10 de la mañana hasta las cinco de la tarde de ayer, un centenar de militantes perredistas encabezados por su dirigente, Rafael Abarca Fernández, marcharon del punto conocido como la Y griega, en la salida de Petatlán hacia Acapulco, y marcharon por el bulevar para tomar las dos únicas gasolineras que hay en esta cabecera municipal.
