Aprueba Itaig una demanda en contra de la SEG; no respondió a una solicitud ciudadana

En la 12 sesión del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaig), fue aprobada una demanda en contra de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), por falta de respuesta a una solicitud de información dentro del plazo establecido.
En el pleno del consejo también se acordó la revisión de la respuesta dada por la Secretaría de la Juventud y la Niñez, ya que no se cumplió con toda la información que solicitó un ciudadano.
En un boletín de prensa, en el que no se da mayor detalle sobre quiénes son los ciudadanos que solicitan la información, y en el que tampoco se revela el carácter de la información requerida a las instituciones públicas. De forma escueta y en un lenguaje técnico incomprensible, sólo se da a conocer el nombre de dos secretarías que no cumplen con su obligación de transparentar la información.
En la sesión se resolvió también que se sujetarán a revisión las respuestas de cuatro instituciones públicas, pero sólo se dio a conocer a la Secretaría de la Juventud y la Niñez, a la que acusan de incumplir en una respuesta al solicitante de información.
En el documento se explica que en el pleno del instituto se acordó que cuatro de los ciudadanos que solicitaron información a las dependencias, deberán revisar las solicitudes enviadas porque no están bien redactadas, por lo que tienen un plazo de tres días hábiles para que “subsanen su escrito”.
En el orden del día, los comisionados resolvieron dos proyectos de resolución de denuncias contra instituciones, debido a la falta de respuesta a sus solicitudes, ya que no se cumplió durante el plazo establecido por la ley en la materia.
Uno de ellos, en contra de la SEG, donde se “propone declarar como fundada la denuncia por falta de respuesta a la solicitud de información, dentro del plazo establecido por la ley”.
Sobre la segunda resolución planteada, no se reveló el nombre de a quién se estaría demandando por la falta de transparencia. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

Debe resolver la SEG las demandas de la CETEG y no amenazar, dice el líder de la CETEG

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, debe resolver las demandas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y no amenazar a sus agremiados, declaró el secretario general Arcángel Ramírez Perulero.
Durante el arranque de la estrategia en el sector educativo para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, que se realizó el lunes en la escuela de música estatal Margarito Damián Vargas, González de la Vega Otero llamó a los integrantes de la CETEG a no “meterse en líos de descuentos” y que las próximas protestas que realicen sean en sábados y domingos, para evitar la suspensión de clases.
Consultado en el edificio de la CETEG en la capital, al respecto de la postura del secretario de Educación, Ramírez Perulero reprobó la actitud del funcionario y dijo que a él le corresponde resolver la falta de maestros en las escuelas de nivel básico, aunque no proporcionó cifras; mejorar las instalaciones y cumplir con la incorporación de todos los trabajadores del sector al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone), demandas que el magisterio disidente presentó al gobierno estatal hace más de un año.
“Es preocupante esa actitud por parte del secretario (González de la Vega Otero) puesto que nosotros esperamos de él soluciones y ningún tipo de amenazas”, expresó Ramírez Perulero, quien también consideró que hay hermetismo del gobierno federal, que el estatal replica, en perjuicio de los trabajadores del sector educativo y con esta postura las autoridades sólo demuestran que “no les interesa la educación”.
Manifestó que el magisterio disidente “percibe” que las autoridades pretenden poner a los padres de familia en su contra, pero que ellos saben que una de las consecuencias de la reforma educativa es la contratación de docentes por periodos semestrales y hasta bimestral, que el hecho de contar con “maestros temporales” molesta a los padres, porque no hay una continuidad en la educación de sus hijos. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

A siete días del paro de trabajadores del IEEJAG, la SEG los atiende, señalan

Luego de siete días de paro laboral, trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) de Acapulco, que demandan el reconocimiento de su base y la inscripción al ISSSTE y Fovissste, anunciaron que en caso de no se les dé respuesta se van a sumar a las movilizaciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación Guerrero (CETEG).
En tanto que en Zihuatanejo permanecen cerradas las oficinas, para demandar que los seis trabajadores de la coordinación 1208 sean reconocidos como trabajadores de base.
Del paro en Acapulco, la coordinadora técnica docente, Gabriela Toledo, reprochó la negativa de las autoridades a dar cumplimiento al laudo, pues no respeta la legalidad, “le pedimos de manera urgente que nos atienda. Si no nos dan una propuesta, el día de mañana nos uniremos a la CETEG para hacer paros laborales en carreteras, cerrar la Autopista del Sol”.
“Si no hay respuesta bloquearemos el viernes la Costera y cerraremos la dirección general, esperamos que el gobernador dé una respuesta, que nos dé solución y que no haga caso omiso o estaremos bloqueando”, dijo la trabajadora, quien recordó que tienen siete días en paro, porque se niegan a reconocer la base de 69 trabajadores y la inscripción al ISSSTE y al Fovissste de manera retroactiva, tal como lo ordena el laudo 662/2013, emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Por su parte, la trabajadora Marisela Flores Memije recordó que el paro es porque las autoridades no quieren cumplir el laudo, “primero alegaban que no era firme, a partir del 9 marzo del 2017 quedó firme y siguen sin cumplir lo que establece: Que el instituto reconozca a 69 trabajadores de base de Ciudad Altamirano, Cruz Grande, Ometepec, Tlapa, Zihuatanejo, Atoyac, Marquelia y nosotros en Acapulco, que somos 14”.
Sobre las declaraciones del director del IEEJAG, Miguel Mayrén Domínguez, quien los calificó como “radicales”, la trabajadora respondió que “no nos están dejando de otra, tenemos que ponernos en esa posición para que cumplan”, porque no han hecho nada para que evitar el paro.
“Si se hubieran hecho las gestiones en oficinas nacionales, nosotros no estaríamos en paro, pero fue hasta que nosotros hicimos el paro que se busco una comunicación con nosotros”, declaró la trabajadora, quien indicó que en el laudo están los 69 trabajadores, pero hay otros procesos a los que todavía no se da una resolución.
Del paro en Zihuatanejo, su representante, Ricardo Corrales Nogueda, dijo que esperan la reunión que se dé entre el director general del IEEJAG, Miguel Ángel Mayrén, y el director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, (INEA), Gerardo Molina Álvarez, en la que tratarán el reconocimiento de 69 trabajadores del organismo estatal como trabajadores federales de base.

 

No tienen las autoridades interés en resolver crímenes de Estado, coinciden organizaciones en Chilpancingo

En el Primer encuentro de articulación de los distintos sectores sociales para fortalecer el movimiento cívico popular, representante de organizaciones coincidieron en que las autoridades no tienen interés en resolver los crímenes de Estado y criminalizan a las víctimas de desaparición forzada.
El encuentro es la continuación del foro El proceso electoral y su impacto en la lucha social en el país, para formar un Frente Popular para el rescate del país integrado por organizaciones sociales, magisteriales y sindicatos de trabajadores en el estado; se trata de una iniciativa de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, a la que se unieron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos del 60, las Preparatorias Populares de la Costa Grande, la sección 69 del Sindicato de Telefonistas y otros colectivos y organizaciones.
La reunión se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la capital, y fue presidida por la dirigente del sindicato de Telefonistas, Erika Sevilla Lucas; la representante de las preparatorias populares de la Costa Grande, Juana Guzmán Reyna; el integrante del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Odón Rodríguez Mendoza; de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Arturo Campos Herrera; y de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega, así como la representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino.
Si bien el objetivo del encuentro era acordar la fecha del Congreso Estatal de organizaciones sociales, magisteriales y sindicatos, primero se abrió una ronda de participaciones en las que intervinieron la activista Roberta Campos Adame y el integrante del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Jacob Nájera Hernández, así como Arturo Campos, Norma Mesino, Melitón Ortega, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, y otros representantes.
Las posturas fueron encontradas debido a que mientras unos se enfocaron en informar el contexto de represión, criminalización, violencia e impunidad en Guerrero, otros llegaron a proponer que la lucha social se uniera al proyecto de “bienestar social” que propone el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que el tema político se agotó durante las sesiones del foro dedicadas a ello.
En su intervención, Melitón Ortega informó que la Asamblea Nacional Popular (ANP) acordó distintas actividades que comenzaron en abril pasado a 43 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se trata de jornadas que tienen el objetivo de que la investigación se mantenga y “por ningún motivo” se cierre el caso; señaló que es necesario que a nivel internacional se sepa que la lucha por la presentación con vida de los jóvenes sigue vigente y que próximamente los padres y madres se reunirán con el secretario de Gobernación, en ese encuentro en el que esperan que las autoridades informen de la relación de los ataques en Iguala con criminales de Guerrero Unidos radicados en Chicago, Estados Unidos.
Norma Mesino, a cinco años del asesinato de su hermana Rocío, también integrante de la OCSS, y a ocho del de su hermano Miguel Ángel, señaló que “no hay interés de las autoridades” en resolver los casos, además de que la impunidad se ha vuelto general y ya no sólo afecta a los sectores organizados. Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hizo cargo de ambos crímenes sin que fueran resueltos, y que en el caso de la matanza de Aguas Blancas, el Estado optó por dividir a los familiares de las víctimas entregándoles casas y otros apoyos económicos; “las viudas que se mantuvieron firmes ya fallecieron, y otras están enfermas” pero esto no significa que su lucha haya terminado, pues el 4 de junio próximo protestarán en la Ciudad de México.

Siguen apostando a la persecución y criminalización de los luchadores sociales, señalan

Arturo Campos dijo que las autoridades le siguen apostando a la persecución y criminalización de los luchadores sociales, como ocurrió con los integrantes y promotores de la CRAC-PC y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), siguen presos Gonzalo Molina González, Samuel Ramírez Gálvez y Marco Antonio Suástegui Muñoz, entre otros.
Contó que a pesar de que fue liberado, aún tiene una averiguación previa en su contra por lo que, si las autoridades así lo deciden podría volver a la cárcel, porque “fabrican delitos”, pero sólo con el movimiento social se logrará la libertad de los presos políticos.
En algún punto de la discusión hubo una polémica por la frase Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, palabras del maestro y líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, pues algunos de los asistentes consideraron que el también egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa hizo las dos primeras cosas, pero el ex presidente Carlos Salinas de Gortari “también es pueblo”.
Fue entonces que algunos asistentes coincidieron en que es hora de la que la lucha social se una a Andrés Manuel López Obrador, debido a las coincidencias con su proyecto, pero la propuesta fue rechazada.

Denuncia Roberta Campos la irrupción de militares a su casa

Roberta Campos recordó que organizaciones como la CRAC-PC surgieron no de un interés personal o político, sino para acabar con la inseguridad y proteger a sus familias, por ello es grave el divisionismo de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y deben parar estas prácticas.
Denunció que militares ingresaron a su casa en la capital porque recibieron un supuesto reporte de un robo de vehículo, y encañonaron a su familia, incluso a niños, por eso “vivo con miedo de llegar y que falte alguien de mi familia”, y es necesario que la lucha social se mantenga firme con sus principios apartidistas.
Chávez Adame dijo que la CETEG planteó en el foro, el paro laboral de 72 horas al que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), durante el cual destrozaron la biblioteca y oficinas del Congreso del estado, “están en otra dinámica” y por ello hay órdenes de aprehensión contra sus integrantes, sin embargo, “tenemos que hacer un concentrado de las demandas populares y propuestas” de todas las organizaciones, siendo los ejes centrales la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de todas las víctimas de desaparición, solución a los asesinatos y la libertad de los presos políticos.
Reconoció que hace falta un proceso de concientización, porque las organizaciones abandonan la lucha cuando sus demandas particulares no se resuelven, mientras que los problemas internos deben solucionarse de acuerdo con los principios correspondientes y es necesario “defender” el proyecto original de la CRAC-PC, “que no pensó en las elecciones, pensó en la seguridad”.
Al final se acordó que el Congreso estatal se llevará a cabo el próximo 2 de junio en la Normal Rural de Ayotzinapa, una comisión acudirá a dialogar con el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón para iniciar los preparativos; además, el 18 de mayo acudirán a la sierra para conmemorar el natalicio de Lucio Cabañas y el 7 de junio a Ayutla para conmemorar la masacre de El Charco.

 

 

Tienen denuncias penales 11 normalistas por toma de oficina; piden que intervenga el gobernador

Estudiantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) y maestros idóneos de Educación Física, pidieron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, ante la apertura de 11 averiguaciones previas por denuncias presentadas contra el mismo número de normalistas.
En conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), los estudiantes responsabilizaron al director general de Operaciones de Servicios de Educación Media Superior y Superior, Edwin Morales, de las denuncias.
La estudiante Virginia Salinas recordó que en diciembre las oficinas del funcionario fueron tomadas de manera pacífica, luego de que quiso imponer a un director en la Escuela Normal Centenaria del Estado.
Mientras, Francisco Javier Cabrera narró que se enteraron de las denuncias hace dos semanas, cuando fueron a la Fiscalía Regional en Acapulco, a tramitar cartas de antecedentes no penales, y por ello les negaron el documento.
El normalista Emanuel Zamora Ferrer indicó que los denunciados pertenecen a los comités de las normales Viguri Viguri, Rafael Ramírez, la Centenaria del Estado y la Escuela Superior de Educación Física, sin embargo, algunos de los inculpados no participaron en las actividades de protesta.
El dirigente de los estudiantes idóneos de Educación Física, Isaí Torres, dijo que estas denuncias les afectan porque al no contar con la carta de antecedentes penales no pueden pedir o participar en algún concurso para obtener un trabajo.
Los normalistas solicitaron la intervención del gobernador y lamentaron que en un estado lleno de violencia se intente criminalizar a los estudiantes, que consideraron como un acto de autodestrucción social. (Jacob Morales / Chilpancingo).

 

Denuncian desatención del gobierno estatal a demandas de organizaciones indígenas

 

Integrantes del Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y del Frente Nacional por la Libertad de los Pueblos (FNLP), denunciaron la desatención del gobierno del estado a sus demandas, luego de que el pasado miércoles, para convencerlos de desbloquear la lateral del bulevar Vicente Guerrero, en la capital, les prometieron programar una reunión con el gobernador para atender sus demandas, lo que no ocurrió.
El miércoles, líderes de las organizaciones se reunieron con el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno del estado, Martín Maldonado del Moral, quien los convenció de retirar un bloqueo en el bulevar, frente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Estado de Guerrero (Sagadegro), para exigir mil 800 toneladas de fertilizante.
En conferencia de prensa, integrantes de ambas organizaciones anunciaron una serie de movilizaciones ante la desatención a sus demandas.
El representante del FNLP, Hoger Morales Miranda precisó que las organizaciones llevan un mes trabajando juntas, y que tuvieron una audiencia con el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, para que atienda sus demandas.
Precisó que las demandas son la cancelación de 67 órdenes de aprehensión contra indígenas de San Jerónimo, municipio de Chilapa, la libertad de los presos políticos, y fertilizantes y proyectos productivos.
El pasado miércoles, en su reunión con el titular de la Sagadegro, éste les dijo que no hay dinero suficiente para los apoyos que piden.
Abundó que el fertilizante que les dan es de baja calidad y no llegan los paquetes completos a comunidades de Ayutla, Tecoanapa, regiones mixtecas y tlapanecas, de los bienes comunales de Cacahuatepec y comunidades de Chilpancingo.
Indicó que el Frete exige 600 toneladas de fertilizante, “los compañeros, en su momento hacen la petición de mil 500 (paquetes), pero establecimos una relación en la mesa y pedíamos que hablara el secretario de cuántas (nos podía dar)”.
Comentó que si el secretario no tiene la capacidad para resolver las situaciones, debe renunciar, y exigió al gobierno del estado dialogar, como les prometieron con el gobernador el miércoles.

Anuncia movilizaciones con padres de los 43

Anunció movilizaciones con padres de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa, la primera en Tecoanapa el miércoles, el jueves en Ayutla y el viernes en la capital.
Dijo que estas movilizaciones también son para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas, castigo a los culpables, y libertad a los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez.
Por su parte, el representante del CIPOG-EZ, Jesús Plácido Galindo dijo que, además de la cancelación de las órdenes de aprehensión y el fertilizante, demandan carreteras y tres bibliotecas para comunidades, que están pendientes.
Abundó que si no les dan los mil 500 paquetes, al menos les den una cantidad considerable para las familias.
Acusó que con las campañas electorales, seguramente están prometiendo el fertilizante para comprar la dignidad de la gente.
El dirigente Amador Cortés indicó que hasta ahora están siendo relegadas estas propuestas que promueven los pueblos, y no los partidos.
Finalmente acusó que el gobierno niega el derecho de los pueblos a la alimentación, ya que la entrega de fertilizante estimula la producción de granos básicos, “es un derecho que está consagrado en la Constitución, el derecho a la alimentación, y nos dicen que (no hay) presupuesto para los pueblos indígenas”.

 

Toman maestros del SNTE las oficinas de la SEG en Tlapa contra el delegado

Maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) del municipio de Metlatónoc, tomaron las instalaciones de los Servicios Educativos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para demandar de la destitución de su titular, Marciano Anastacio Cano, y del director de Educación Indígena, Silvio Joel Molina Ruiz, por no resolver sus peticiones.
A las 10 de la mañana, cerca de 100 maestros tomaron las oficinas en la colonia El Tepeyac, colocaron una manta en la entrada, con la exigencia de la salida de Anastacio Cano y de Molina Ruiz, por prepotentes e incapaces.
Como a las 12 del día, anunciaron que se reunirían con el delegado regional de Gobernación, Jorge Rodríguez Ponce, para que fuera interlocutor con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Se le preguntó al secretario de Organización tres el motivo de la toma, y respondió que se reuniría con los secretarios generales y se fue sin dar información. (Antonia Ramírez / Tlapa).