Pobladores de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, bloquearon la tarde de este domingo la salida de ese pueblo y retuvieron casi tres horas a unos 100 agentes de la Policía Federal (PF) a bordo de entre 15 y 20 patrullas, quienes finalmente se abrieron paso con el apoyo de un helicóptero que sobrevoló a unos metros de altura para dispersar a los inconformes.
Los vecinos habían denunciado atropellos, arbitrariedades y abusos de los efectivos de la PF, que desde el miércoles pasado mantenían un operativo en esta cabecera municipal, a raíz del ataque la noche del martes que derivó en un enfrentamiento en el que murió un agente de la corporación y dos más resultaron heridos.
Los habitantes habían instalado desde las 4 de la tarde dos bloqueos, uno frente al mercado municipal, en donde la noche del martes ocurrió el enfrentamiento entre civiles armados y agentes de la PF que habían llegado en dos patrullas. Otro bloqueo, en el que participó un grupo más numeroso de vecinos, fue instalado a la salida del pueblo, en la desviación hacia los pueblos de la sierra.
Sin embargo, el primero fue dispersado fácilmente con el sobrevuelo del helicóptero que arrojó aire y polvo al sobrevolar a baja altura. También en este punto los agentes federales arrojaron cuando menos dos granadas de gas lacrimógeno para dispersar a los pocos manifestantes que eran en su mayoría hombres adultos.
En el segundo bloqueo, que instalaron a la altura de la Ermita, había mujeres y niños.
Allí llegaron más de 15 patrullas que se habían abierto paso en el primer bloqueo y también de inmediato llegó el helicóptero que sobrevoló el área. Los policías fueron retenidos desde cerca de las 5 hasta casi a las 8 de la noche.
Los habitantes reclamaron a los agentes que pretendían salir, las acciones arbitrarias que cometieron durante los operativos, como detenciones arbitrarias, allanamiento de casas sin orden de cateo, robo de teléfonos celulares e interrogatorios a menores de edad.
La tensión duró más de una hora mientras el helicóptero sobrevolaba incesante sobre el área, pero los vecinos no se intimidaron y lanzaban acusaciones a los agentes quienes en ocasiones sólo atinaban a explicar que llegaron al pueblo porque les mataron a uno de sus compañeros y que en esos momentos sólo querían retirarse y que ya no iban a volver.
Los vecinos por su parte, acusaron a los agentes de haber golpeado a varias personas y que a algunas hasta les dispararon para asustarlas. Los pobladores advertían a gritos que no se retirarían hasta que llegaran sus superiores y que impedirían que se llevaran a algún detenido.
Finalmente, accedieron a que se retiraran los policías federales tras de una revisión minuciosa a cada una de las patrullas para cerciorarse de que no se llevaran a nadie detenido.
Asimismo, de algunas de las unidades policiacas bajaron dos motocicletas y algunos objetos que habían decomisado. También obligaron a bajar un vehículo que se llevaban a bordo de una grúa.
Molestos por los atropellos, los habitantes se habían convocado a través de perifoneo para concentrarse desde las 3 de la tarde en el punto conocido como la Ermita, en la desviación que lleva a la sierra para evitar la salida de los agentes de la PF tras los rumores de que pretendían salir con algunos detenidos.
Los manifestantes denunciaron que desde el miércoles, un día después del enfrentamiento en la entrada a la cabecera municipal entre policías federales y presuntos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, unos 100 agentes a bordo de unas 15 o 20 patrullas mantenían un operativo de búsqueda, presumiblemente de quienes perpetraron el ataque a agentes de la PF la noche del martes.
Uno de los pobladores, Israel Radilla, había denunciado por la mañana vía telefónica que el problema es que los agentes estaban cometiendo graves violaciones a los derechos humanos.
Dijo que los agentes entran violentamente a las casas sin mostrar orden de cateo, revisan arbitrariamente los vehículos, e interrogan a mujeres y a niños, a quienes les preguntan adónde están o se esconden los sicarios.
Otro vecino que omitió su identidad denunció que lo grave ocurrió el sábado cuando policías federales detuvieron a un joven estudiante de preparatoria en la colonia El Calvario entre las 12 y media y una de la tarde y se lo llevaron por la carretera rumbo a la sierra, ya cuando estaban fuera del pueblo lo golpearon y le exigieron que les dijera dónde se esconden los sicarios.
Los vecinos contaron que en la cabecera municipal ya no hay elementos del Ejército ni policías federales. Informaron que sólo se quedaron unos 100 agentes federales quienes a bordo de unas 20 patrullas se encuentran recorriendo toda la cabecera municipal cometiendo violaciones a los derechos humanos de los pobladores.
Israel Radilla denunció que, por ejemplo, “ven a una persona con teléfono celular y se lo quitan para revisárselo pero que ya no se lo regresan, se meten a las casas sin orden de cateo, en las calles detienen y revisan hasta a menores de edad aunque vayan con sus madres y les exigen que les digan adónde han visto hombres armados”.
Dijo que los operativos no se centraron en alguna colonia o punto de la población, sino que recorrieron toda la cabecera municipal, “por eso los vecinos con justa rezón nos preguntamos que ahora de quién nos vamos a cuidar, si de los delincuentes o de los policías, porque creo que los delincuentes son más respetuosos, los federales detienen a los automovilistas con palabras como: a ver hijo de tu puta madre, párate”.
Contó que ayer durante la llamada telefónica (aproximadamente a las 11 de la mañana) los agentes federales ya se estaban concentrando en el crucero de la entrada del pueblo para bajar en convoy y comenzar con el operativo.
Otro vecino, vía whatsapp, manifestó: “los ciudadanos de Chichihualco queremos denunciar y hacer conocimiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nuestra localidad está siendo invadida por policías federales que tienen a dicho poblado en un estado de sicosis por estar abusando y violando nuestras garantías individuales”.
Agregó: “solicitamos a esa dependencia (CNDH) que nos ayude a resolver esta situación de terror ya que la Policía Federal anda amenazando a todos los ciudadanos allanando los hogares sin ninguna orden por parte del gobierno, golpeando a jóvenes, mujeres, niños como si fueran unos delincuentes”.
En más denuncias, otros vecinos se quejaron de que los agentes revisan “con prepotencia los carros”. Otro más denunció que forzaron y abrieron su camioneta “con lujo de violencia”, a pesar de que es legal, y aseguró que sólo la revisaron porque estaba mal estacionada.
“Están entrando a las casas sin autorización, están saqueando, me parece injusto el comportamiento de estas personas, no muestran orden de cateo. Hay ciudadanos que no queremos ni buscamos conflictos con nadie, sólo queremos que haya respeto en el pueblo”, se quejó a través de la red social.
Siguió: “por favor, que esta denuncia llegue a donde corresponda porque este terror lo estamos viviendo desde el día martes 25 de julio del 2017. Realmente no sabemos qué buscan en este pueblo, si todos saben que tiene años de estar tranquilo. Exigimos como personas físicas nuestros derechos y garantías individuales”.

Desde un carro negro Malibú dispararon a los agentes

La noche del martes, policías federales a bordo de dos patrullas que recién habían llegado a esa cabecera municipal ubicada a unos 50 minutos de Chilpancingo, fueron atacados en la entrada de pueblo en la colonia Amacochtli, casi frente al mercado municipal. Después se dio un enfrentamiento que dejó un policía federal muerto y dos heridos.
Este domingo, a cinco días de los hechos, vecinos de la cabecera municipal aseguraron que quienes agredieron a los policías federales no son de ese pueblo.
Contaron que los agresores fueron de 3 a 4 desconocidos que llegaron a la cabecera municipal en un vehículo Malibú negro.
Los vecinos aseguran que el carro Malibú llegó atrás de las dos patrullas de la Policía Federal que entraron a la cabecera municipal y que se quedó en la entrada, cerca del mercado.
Algunas personas aseguran que los ocupantes del extraño vehículo iban también vestidos como policías federales y que pensaron que eran parte del convoy de los agentes federales, pero que cuando los agentes de las dos patrullas regresaban del centro del pueblo fueron atacados por los ocupantes del vehículo negro con quien se desató el enfrentamiento.
Los vecinos explicaron que después de que se incendió una camioneta que estaba cerca de un deshuesadero, en una calle ubicada frente al mercado municipal, los del carro negro huyeron a la salida, rumbo a Chilpancingo. Esa noche en la capital en distintos puntos pero casi a la misma hora fueron incendiados cinco vehículos, tres de ellos taxis.
Con esta versión, los pobladores de Chichihualco aseguraron que quienes atacaron a los policías federales no son de esta cabecera municipal, pero que los agentes federales mantienen un operativo que sólo está violando los derechos humanos de los habitantes.

Destruyen sembradío de amapola

El sábado, la Policía Federal de la División de Fuerzas Federales informó mediante un boletín de prensa que los elementos de esa corporación destruyeron cerca de Chichihualco 960 mil plantas de amapola.
Mediante el boletín se informó que en un dispositivo realizado el sábado, los agentes localizaron en el punto conocido como Cerro Grande, cerca de Chichihualco y ubicado a 38.1 kilómetros de Chilpancingo un terreno de 3 mil 200 metros cuadrados, con un total de 960 mil plantas de amapola de una altura de aproximadamente 60 centímetros.
Se informó que los efectivos federales tomaron muestras del enervante y que fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal.
Añadió que el resto de las plantas fueron destruidas e incineradas en el lugar. “Además se resguardó el lugar para no ser utilizado, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades”, destacó el comunicado.
Entrada la noche, uno de los organizadores del bloqueo informó que el objetivo es llamar la atención de los organismos nacional y estatal de derechos humanos para que acudan a esa población a verificar los atropellos, arbitrariedades y abusos que están cometiendo los agentes federales.