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Cuidado al planeta y el bienestar y respeto a los derechos humanos, reclamos de la niñez

La vocal de Organización electoral Silvia Meza, el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Donaciano Muñoz y el vocal secretario Gregorio Aranda, durante la presentación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de dependencias del gobierno del estado, así como del Congreso local y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), participaron en la mesa de deliberación de los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que se instaló en la Junta Local del INE.
El objetivo, según se explicó, es la elaboración de políticas públicas y programas de gobierno para fortalecer los derechos de los niños y adolescentes a raíz de tres planteamientos en los que coincidieron en la consulta: contaminación, discriminación e igualdad entre mujeres y hombres.
Encabezaron la reunión el vocal ejecutivo del INE, Donaciano Muñoz Loyola, y el vocal de capacitación Esteban Vargas.
Al encuentro asistieron en representación de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, el subsecretario para el Desarrollo de la Juventud y la Niñez, Luis Alberto Salvador Sierra; en representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez, la magistrada Mariana Contreras Soto; en representación del rector de la UAG, José Alfredo Romero Olea, estuvo el abogado Fernando Xochihua San Martín.
También hubo representantes del Congreso local, de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) y de las distintas dependencias del gobierno estatal cuyas acciones impactan en la niñez y adolescencia.
Ante los representantes de los tres poderes del estado, el INE concluyó que el cuidado al planeta, el bienestar y el respeto a los derechos humanos “son reclamos legítimos de la niñez mexicana”. Ello derivado del análisis de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
Asimismo, el organismo determinó priorizar entre las propuestas para la planeación gubernamental y reforzar los derechos de los niños y adolescentes, la igualdad de género y no discriminación, el combate a la violencia política contra las mujeres y el fortalecimiento de las sanciones hacia los delitos comiciales.
Para cumplir con dichos objetivos planteó contribuir a la reflexión colectiva en materia de derechos de la población infantil y juvenil, así como sobre las condiciones para su pleno ejercicio, con base en los resultados de la expresión en la Consulta.
Además, articular una agenda para la instrumentación de acciones para la atención de los resultados de la Consulta con la participación de instituciones gubernamentales, académicas y organizaciones de la sociedad civil, “a fín de implementar políticas públicas y programas que den respuestas a las demandas y peticiones expresadas en la Consulta”.
En un boletín de prensa la Junta local del INE informó que los funcionarios que representaron a las distintas dependencias e instituciones de los tres poderes del estado, participaron en mesas de análisis “en las que destacaron los compromisos que realizaron las instituciones del estado y asociaciones civiles para atender las necesidades de la niñez y juventud guerrerense”.
Agregó que se expuso la importancia de traducir en cuatro lenguas (de pueblos originarios del estado) el material de la prevención de la violencia y la discriminación hacia las mujeres, para propiciar su difusión y concientización.
“De igual forma se atenderán el uso plásticos y el cuidado del agua (con el apoyo de los ayuntamientos); la erradicación del maltrato de los animales, y la utilización e implementación de los botones de seguridad en lugares estratégicos o de mayor concurrencia, para salvaguardar, sobre todo, a las mujeres”.
El organismo electoral agregó que con respecto al problema de la inseguridad, se advirtió que hay un incremento del secuestro virtual, en lo que abarca los grupos de edad de los 12 hasta los 18 años y que se tienen registrados 134, y que ante ello “se implementarán pláticas en las escuelas para abatir estas actividades delictivas”.
Refirió que en las mesas de trabajo se concluyó en la necesidad de “visibilizar a las sociedades indígenas” y atender la segregación, así como implementar la socialización de valores entre niños y adolescentes, utilizando instrumentos mediáticos, como la radio escolar en las escuelas.
También se dijo que se va a implementar el programa “ciudad de valores”, el cual cuenta con cinco ejes que enarbolan los 17 puntos de la agenda 2030 (desde un enfoque humanista y formativo).
En su intervención, el vocal ejecutivo, Muñoz Loyola, subrayó que se desarrollarán acciones para atender los reclamos de las niñas, los niños y adolescentes, con el firme propósito de “hacer valer su voz”.
Adujo que este tipo de consultas permiten tomar decisiones más certeras y, a la vez, coadyuvan a generar políticas públicas.

 

Mantendrá los foros de consulta ciudadana, dice Evelyn; aportan a programas de gobierno

La gobernadora Evelyn Salgado en el Foro Regional de Planeación en el auditorio José Joaquín de Herrera en la sede del Poder Ejecutivo. En la imagen, la alcaldesa de Zumpango Sara Salinas; el delegado federal Iván Hernández; la diputada de Morena y la presidenta de la Jucopo Yoloczin Domínguez; el secretario de Planeación René Vargas; el presidente del TSJ Raymundo Casarrubias; la presidenta del DIF Liz Salgado; el rector de la UAG, Alfredo Olea y el alcalde de Taxco Mario Figueroa Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, informó que en todo su gobierno habrá foros de consulta a la ciudadanía sobre todos los rubros, como los que se realizan ahora para elaborar programas regionales del sexenio.
Durante el acto de inauguración del foro de planeación de la región Centro, en la sede del Poder Ejecutivo estatal, enfatizó que tendrá prioridad la opinión del pueblo, el respecto irrestricto a los derechos humanos, la equidad y perspectiva de género, además de la agenda para el desarrollo sostenible 20-30, para el cuidado del medio ambiente.
“Vamos a seguir integrante todas las propuestas, no será llamarada de petate, este ejercicio continuará, haremos consultas en diferentes rubros; arte, cultura, educación, salud, habrá foros en toda la administración”, indicó en el acto de inauguración.
Al cierre de los foros la gobernadora ponderó la labor la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso , Yoloczin Domínguez Serna, allí presente, de quien destacó su valentía y que está rompiendo paradigmas, un día después de que en el pleno diputadas se solidarizaran con ella y denunciaran las declaraciones “misóginas” del morenista Alfredo Sánchez Esquivel.

Participaron 3 mil 700 personas: Vargas Pineda

Por la tarde, el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, indicó que este fue el último de los ocho foros Por tu región tú decides, que incluyó por primera ocasión al polígono Sierra, reunió a más de 3 mil 700 personas, alrededor de 600 por cada actividad. Se recibieron 294 ponencias hasta ayer, 624 en las mesas de trabajo y 70 vía correo electrónico.
Sobre el desarrollo de los foros, informó que hubo ocho grupos de trabajo sobre temas de educación, cultura y bienestar social; bienestar y salud; bienestar con desarrollo e infraestructura, que de manera general reúne el mayor número de propuestas en salud y educación.
Asimismo, señaló las mesas de productividad y desarrollo económico sustentable; turismo ecológico y cultural; protección civil y seguridad; bienestar con equidad, juventud con equidad social; pueblos indígenas y afromexicanos.
Aclaró que hubo flexibilidad en los temas, y en el foro de la región Norte en Iguala, el sector minero solicitó un noveno grupo de trabajo para eso de manera particular.
Reconoció que el gasto de inversión se vincula siempre con obra pública, aunque también hubo otro tipo de demandas como programas sociales, el grupo 3 de trabajo, de infraestructura tuvo el mayor número de ponencias. Es entendible, porque recibimos el estado con un déficit de estructura física”.
Aclaró que el requisito para integrar las propuestas, que les ayudarán a elaborar planes regionales, es que tengan una influencia en dos o más municipios, salvo Acapulco que por sí mismo es una región, para poder integrarlas al programa sectorial.

Aumentó Ramo 33 a municipios

Del proyecto del paquete económico enviado en septiembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, y del que envió el 15 de octubre la gobernadora el Congreso local, destacó la proyección de un incremento de 18 por ciento, en los dos fondos del Ramo 33 de los ayuntamientos.
Es decir, en el Fondo de Infra-estructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Fortalecimiento Mu-nicipal (Fortamun), que son parte del gasto federalizado programable, y una vez aprobado en el Congreso, “esos recursos llegan como gota de agua sin cambio alguno”.
Explicó que este gobierno ya tiene un antecedente del ejercicio fiscal 2022, que le permitirá empatar las propuestas ciudadanas que recibieron mediante las ponencias en los foros de planeación, “y con los recursos de los dos fondos nos permiten planear las metas financieras que van a necesitar nuestros programas regionales de los años subsecuentes hasta concluir el sexenio”.
Además, los programas tendrán indicadores de evaluación, para medir las metas y objetivos que se planteen en los programas regionales se cumplan.
Estimó que no más allá diciembre, como presidenta de Copladeg, la gobernadora va a presentar estos programas regionales, para problemas concretos del estado: infraestructura, salud, educación, social y seguridad pública.
“Queremos construir programas de desarrollo, programas sectoriales y programas especiales, concretos, reales, objetivos. Un problema general del estado es la pobreza que abarca absolutamente todo, por ello tenemos que ver ventajas comparativas de las regiones.

Foro Sierra

Del foro de la región Sierra que se realizó el 26 de octubre en la comunidad de Santa Bárbara, de donde es originario el ex rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, Vargas Pineda aclaró que se realizó allí para empatar una gira de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pues cualquier otra localidad estaría muy separadas de las otras.
Subrayó que el polígono Sierra se integra con mil 213 comunidades muy alejadas de 15 municipios, ubicadas arriba de mil metros sobre el nivel del mar, juntas representan el 3 por ciento de la población estatal, y como 9 por ciento de todas las comunidades en Guerrero.
Destacó la representatividad de autoridades agrarias y comisarios que asistieron a esa reunión, además de que ha recibido solicitudes de más reuniones en otros puntos para recabar las propuestas sobre la forma de desarrollo de la región. Y recordó que el paquete económico que la gobernadora envió al Con-greso, incluye obras para la sierra.
Asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias; la presidenta del Sistema DIF Estatal, Liz Salgado Pineda; la presidenta de la Comisión de la Juventud y el Deporte del Congreso, Angélica Espinoza García; el secretario de Finanzas, Raymundo Segura Estrada, y el de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, entre otros.

 

Es un mensaje de impunidad el del Adán Augusto en el Congreso local: Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El aval de los congresos locales a la continuidad del Ejército en labores de seguridad pública hasta 2028 envía un mensaje de impunidad a los perpetradores de los crímenes, del pasado y el presente, sobre todo, preocupa que en esta coyuntura diputados ignoren a las víctimas para congraciarse con el presidente, denunció el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Se da un discurso falaz aquí (en Guerrero) de que el Ejército es diferente, cuando sabemos que hay mandos que cometieron graves violaciones a derechos humanos, que han sido condecorados y que siguen encubiertos, como ahora sucede con Ayotzinapa”, señaló Barrera.
Como referencia, señaló la cancelación por la Fiscalía General de la República (FGR) de 21 órdenes de aprehensión relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural, de las cuales 16 son contra militares.
Entrevistado vía telefónica, sobre la defensa del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a la reforma del Senado al artículo quinto transitorio constitucional, en materia de Guardia Nacional, en la tribuna del Congreso local y las posturas de las fracciones políticas, Barrera Hernández señaló que nadie puso en primer plano a las víctimas de desaparición forzada, de los crímenes del pasado, como de hechos más recientes.
Recordó el “papel lamentable” del Ejército en graves violaciones a los derechos humanos y que ahora las autoridades, a tabula rasa, hablan de un Ejército moderno, que no viola los derechos humanos, “como si fuera otra institución”.
Aclaró que la milicia no rinde cuentas a las autoridades civiles y tiene vetos en cuanto a los agentes de Ministerio Público, que no se atreven, regularmente, a investigar a militares, “es una estela de impunidad que persiste en Guerrero, desde los años cruentos de guerra sucia, y los años trágicos de la desaparición de los 43 normalistas”.
Asimismo, refirió las ejecuciones arbitrarias de 11 indígenas y actos de tortura en la comunidad mixteca de El Charco, hace dos décadas, “causó terror en las comunidades y no se investigó ni se encarceló a nadie. Las viudas siguen cargando con el estigma de que sus esposos eran guerrilleros, de que ellos estaban cometiendo delitos”.
Del acto político en el Congreso, enfatizó que nadie recordó los hechos atroces cometidos por militares, en un recinto donde los representantes populares deben proteger los derechos de la población más vulnerable.
“Los posicionamientos dejaron fuera a las víctimas. No hubo cuestionamiento sobre el proceder el Ejército en Guerrero, tampoco retomaron las recomendaciones de mecanismo de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en materia de seguridad pública). Más bien, el Congreso está flaco de conocimientos en jurisprudencia, que le den sustento a su quehacer como legisladores y legisladoras”.
Añadió: “Están carentes de una visión de Estado. Responden a intereses facciosos políticos para congraciarse con el poder, para mantenerse dentro del presupuesto, para aplaudir a quien en este momento tiene en sus manos el control de la seguridad interior (el presidente Andrés Manuel López Obrador)”.
Consideró que no están a la altura de los sentimientos de la nación, que proclamó José María Morelos. “Es en verdad lamentable esta comparecencia, porque pisoteó, se ignoró los sentimientos de las víctimas. Subieron a un pedestal a los militares, con una afirmación letal, para madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: que han quedado atrás noches oscuras, como la de Iguala”.
Además, lanza una bofetada a madres y padres, usurpó la función del juez que debe pronunciarse en el caso y de la misma Comisión para la Verdad y la Justicia (Covaj) para el caso Ayotzinapa, denunció.

 

Es un atentado a los derechos de los pueblos originarios la reforma al Artículo 14, dice el FDPFV

La dirigente del Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDPFV), Clemencia Guevara Tejedor dijo que el gobierno y el Congreso estatal atentaron contra los derechos humanos de los pueblos originarios con la reforma al Artículo 14.
En conferencia de prensa en Atoyac en el obelisco a Lucio Cabañas denunció que se violan los derechos de los ciudadanos como ocurrió este miércoles en Comitán, Chiapas, donde fueron asesinadas cinco personas, entre ellas menores de edad, y 40 resultaron heridas.
Expuso que fueron atacados por un grupo de choque de más de 100 hombres armados que irrumpieron en la central de abasto.
Hizo un llamado a manifestarse en la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México, donde entregaron un escrito para exigir un alto a la represión a sus compañeros que lo que hacían era trabajar cuando fueron atacados.
Abundo que se programó una audiencia sobre el caso para el 7 de agosto. Lamentó que estos casos también se den en Guerrero donde hay presos políticos y se viola la Ley 701 con la reforma al Artículo 14, “que atenta contra los derechos de los pueblos originarios”.
Dijo que esta reforma debe de ser derogada por la próxima legislatura, “debemos estar en alerta máxima porque no podemos permitir que se sigan cometiendo estos atropellos”.
Llamó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que estos temas sean parte de su agenda, ya que su organización ha venido pugnando por derechos y servicios para los pueblos y de los problemas que sufren las organizaciones sociales y sus dirigentes.
“Estos diputados se aceleraron, como perdieron con el PRI a nivel nacional quieren hacer estas reformas que atentan contra los derechos humanos, es un papel que deben defender los diputados que prometieron en campaña”, agregó.
Llamó a que las policías comunitarias nombradas por sus comunidades sigan adelante, “pero si fueron nombradas arbitrariamente y fuera de los consejos, eso deja mucho que decir, que sigan las policías confiables”.
Consideró necesaria una revisión de los consejeros de esas policías comunitarias y que el gobierno deje de meter las manos.
“En muchos pueblos se retractan de formar policías comunitarias porque ven que el gobierno mete sus manos”, afirmó.
Dijo que los nuevos legisladores deben de frenar estas leyes y pidió un alto a la represión a los activistas sociales.

 

Ya no buscarán justicia tras un acuerdo con el gobierno, informan viudas de El Charco

Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

Después de 20 años de la masacre de El Charco, Ayutla de los Libres, las viudas informaron que se acabó su exigencia de justicia y reparación del daño, porque algunas organizaciones sociales y de derechos humanos han lucrado con el caso.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, Eustolia Castro Ramírez a nombre de 10 viudas denunció que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad les exigió el pago de 250 mil pesos, para seguir impulsando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la acusación contra el Estado para obtener justicia y reparación del daño.
La mujer me’ phaa leyó un posicionamiento en el que reclamó que la muerte de sus esposos no ha sido aclarada “por actos del Ejército, mucho se ha dicho y escrito sobre eso, nosotras no estábamos ahí, no podemos atestiguar, pero los sobrevivientes sí estuvieron presentes en los hechos en ese instante”.
Agregó que durante 20 años “hemos sido traídas y llevadas por dirigentes de organizaciones sociales y líderes que sospechamos han lucrado con nuestro dolor, en esos años en las que varias de nosotras éramos adolescente sólo hemos recibido una canasta de despensa y cobijas por las autoridades municipales.
En 1998 les dieron 10 mil pesos por el gobernador René Juárez Cisneros, pero a algunos sobrevivientes no les tocó nada.
“Nuestra soledad y necesidad económica como viudas y sobrevivientes por nuestros hijos nos hizo esperanzarnos en organizaciones internacionales, que han sido sordas y ciegas a nuestro sufrimiento. Motivo por el cual decidimos acudir ante la SAICA (Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas) para que pudiéramos ser atendidos”.
“Por lo anterior hemos consensado cerrar este capítulo de nuestra vida, y para lograrlo venimos a solicitar al gobernador del estado –Héctor Astudillo Flores– nos reciba en una audiencia y seguras estamos de que con su apoyo y guía por fin hallaremos una salida hacia la luz de nosotras y nuestros hijos”.
Abundó que solicitarán al gobierno del estado proyectos productivos para trabajar el campo, pero insistió en que el caso se tiene que cerrar porque algunas organizaciones sociales han utilizado el tema para sacar provecho, “ninguna de las organizaciones sociales, ya no hablen de este caso”.
Dijo que la desesperación que les causaba la deuda de 250 mil pesos que le reclama la Red Solidaria Década Contra la Impunidad las obligó a dejar de pedir justicia ante la Comisión Interamericana.
Dijo que los representantes de la organización les solicitaron 39 mil 400 pesos para tramitar unos proyectos productivos a nivel federal, pero no cumplieron.
También solicitaron ser libres y dejar de estar “fichadas” por las autoridades, además de que el diálogo con el gobierno del estado será en paz, y negaron cualquier presión para dar la conferencia.
Castro Ramírez reclamó que los sobrevivientes Efrén Cortez Chávez y Éricka Zamora Pardo, no les han informado si ellos continuarán luchando para exigir justicia, una decisión que respetan.
Una hija de un sobreviviente, Delfina Trinidad Oliva coincidió en la postura de las viudas, aunque reconoció que el daño no será reparado, “queremos que se cierre el caso y que se cierre bien, porque algunos sobrevivientes no han recibido apoyos”.
Un sobreviviente que fue apresado un año y medio, Anastasio Ramírez Simona demandó al gobernador un buen apoyo a las mujeres y a todos los detenidos, porque no han recibido nada.
El sobreviviente y ex policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Bernardino García Francisco solicitó que el caso se cierre de una vez por todas, porque muchos se aprovechan y a los verdaderos afectados no se les apoya.
El 7 de junio de 1998 el Ejército disparó y mató a 10 campesinos y un estudiante universitario, además dejó cinco heridos y 22 detenidos, según lo que han narrado los sobrevivientes del ataque.

 

Anuncian caravana de Cdmx a Acapulco para exigir justicia en la masacre de El Charco

Por el 20 aniversario de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, integrantes de organismos de derechos humanos anunciaron una marcha caravana de la Ciudad de México (Cdmx) al puerto de Acapulco para mañana miércoles, para exigir justicia.
Vía telefónica la secretaria técnica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, organizadora de las actividades, Magdalena López Paulino dijo que “responsabilizamos al gobierno del estado de la seguridad de quienes participamos en esta caravana”.
Dijo que participarán integrantes de la Red Década Contra la Impunidad, así como de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem-Fedefam), además de integrantes de agrupaciones locales como la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG).
En las actividades participarán el fray Julián Cruzalta, fundador y asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir, y fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.
Así como los pastores y defensores de derechos humanos Arturo Carrasco y Hugo Gallardo.
López Paulino informó que la marcha- caravana partirá el 6 de junio a las 8 de la mañana del metro de Ciudad Universitaria (CU) en la Ciudad de México con destino al puerto de Acapulco, donde realizara un mitin a la 1 de la tarde en los juzgados federales, para recordar que se llevaron allí procesos “injustos” en contra de los sobrevivientes de la masacre del Charco Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez.
Dijo que también exigirán justicia en el caso del activista y dirigente de la APPG Nicolás Chávez Adame.
Informó que el 7 de junio la marcha-caravana saldrá del puerto de Acapulco hacia la comunidad de El Charco a las 5 de la mañana, para la actividad del 20 aniversario de la masacre. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Se reúnen la CEAV y la CNDH con víctimas en El Quemado, Atoyac, para la reparación de daños

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se reunió en la localidad de El Quemado, en la sierra del municipio de Atoyac, con familiares y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos del gobierno cuando combatía la guerrilla de Lucio Cabañas en la década de 1970, época conocida como de terrorismo de Estado.
Informó de los adelantos que hay en cuanto al proceso de reparación del daño para los familiares y víctimas.
A la localidad acudieron médicos que llevaron atención gratuita y un módulo del Registro Civil para registros de nacimientos y matrimonios.
La reunión fue asistida por el dirigente social y defensor de derechos humanos Arturo García Jiménez.
De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue Edmundo Estefan Fuentes y de la CEAV estuvo Silvano Cantú, quienes se reunieron con los sobrevivientes en la comisaría del lugar donde detallaron información y aclararon dudas a los afectados de la también llamada época de la guerra sucia.
Edmundo Estefan dijo que lo ocurrido en El Quemado forma parte de la historia contemporánea del país, que le están dando seguimiento a la recomendación 26/2001 y quieren que esta historia llegue a su fin.
Silvano Cantú dijo que han llevado a cabo 10 brigadas en El Quemado, y resaltó la contribución de la agrupación Guerrero es Primero.
Agradeció que la CNDH los haya convocado a esta reunión informativa y agregó que hay avances importantes en registro nacional de víctimas están cerca de tener cubierto el 80 por ciento, lo que sigue es cerrar las resoluciones y pasar a la reparación del daño.
Dijo que de los 82 casos de violaciones a los derechos humanos de El Quemado, 69 están inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), y que esta reunión era para evitar rumores y malos entendidos.
Abundó que el 79 por ciento de las desapariciones que se dieron en todo el país en el periodo del terrorismo de Estado son de Atoyac.
Para la reparación del daño la CEAV está juntando las listas de la CNDH, la fiscalía especial y la Comisión de la Verdad para hacer un mapeo y ubicarlos en su lugar de origen.
La investigación histórica fue hecha por la Comisión de la Verdad, por eso no se les pidieron más pruebas.
Destacó que no se necesita más investigación. Informó que para la reparación se seguirán los estándares internacionales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), con base en la resolución del caso Rosendo Radilla Pacheco.
Con este hecho la reparación del daño para la gente de El Quemado está muy cerca, afirmó. (Francisco Magaña / Atoyac).

 

Que se indague la tortura en el caso Ayotzinapa, pide el Parlamento Europeo

El subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo exigió al gobierno de México indagar “de manera exhaustiva” los señalamientos de tortura y otras violaciones de derechos humanos, denunciadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en su informe sobre el caso Ayotzinapa.
“Pido a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva e imparcial sobre las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de los derechos humanos”, indicó el presidente del subcomité, Pier Antonio Panzeri.
El legislador cuestionó la capacidad del gobierno mexicano para hacer una investigación imparcial sobre la desaparición de los 43 normalistas, y consideró inaceptable que se haya sometido a los detenidos a tratos inhumanos.
“Desde 2014 las autoridades mexicanas no han sido capaces de llevar a cabo una investigación imparcial sobre el caso Ayotzinapa que respete plenamente los derechos a la defensa, la presunción de inocencia y la ley general contra la tortura, en particular durante la fase de instrucción”, señaló.
Para el socialista italiano, las autoridades que están a cargo de las investigaciones deben respetar la Ley General contra la Tortura y las normas y estándares internacionales.

Hubo en Guerrero ocho ejecuciones por motivos políticos en 2017, según ONG de derechos humanos

La organización defensora de derechos humanos, Comité Cerezo México, informó que en 2017 en Guerrero ocurrieron el mayor número de ejecuciones “extrajudiciales” en todo el país, entre ellos la del dirigente Ranferi Hernández Acevedo.
Afirma que en la entidad ocurrieron ocho y en los otros estados 40, y advierte que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior se incrementarán los casos en 2018.
En su informe publicado en su página de Internet, la organización dio a conocer que en el año que acaba de concluir ocurrieron en todo el país 48 asesinatos perpetrados por agentes del Estado, en contra de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.
Explica que “la ejecución extrajudicial es una violación grave a los derechos humanos usada como parte de las estrategias de control social, mediante el terror y de la represión política en México”.
En el informe se apunta que ocho de los 48 casos ocurrieron en Guerrero. El número de homicidios coloca al estado en el primer lugar en el país, con seis asesinatos cada uno le siguen Michoacán, Oaxaca, Jalisco y Veracruz.
El Comité Cerezo México hace referencia al caso de Ranferi Hernández Acevedo, fundador del PRD en Guerrero y dirigente de la Organización Independiente Campesina Vicente Guerrero, asesinado en octubre pasado junto a su esposa y otras dos personas.
“Viejo luchador social, quien debido a la represión contrainsurgente de los años noventa en Guerrero estuvo exiliado en Francia, y quien fue asesinado junto con su familia a escasos 500 metros de un retén militar”, dice el informe.
Señala que “como nunca en los años anteriores que se han documentado, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de Estado en contra de defensores de derechos humanos presentan una cifra tan elevada”.
El total de “ejecuciones extrajudiciales” cometidas en 2017 suman 48, y fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyo perpetrador fue un agente de Estado, se lee en el informe de la organización.
Continúa que es claro que a partir del inicio del sexenio actual del priista Enrique Peña Nieto se han intensificado las propuestas de ley “que violan legalmente” los derechos humanos, y criminalizan “el derecho humano a la protesta”.
En el informe se menciona que existe una estrategia de represión política, y ejemplifica con el Protocolo para el Control de Multitudes de la Ciudad de México, la llamada Ley Bala en Puebla, así como en Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México, Quintana Roo, Chiapas, Puebla, y otras entidades.
Las estadísticas proporcionadas por la organización advierten que el año pasado fueron ejecutados en el país 18 defensores de derechos humanos, diez periodistas, cuatro activistas que demandaban elecciones libres y democráticas, dos defensores del medio ambiente, tres líderes sociales, tres defensores de los derechos laborales, “entre otros”.
También advierte que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior existe el riesgo de que las violaciones a los derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales incrementen en 2018.
En el informe se lee que “la Ley de Seguridad Interior no sólo legaliza las violaciones a los derechos humanos que cometen las fuerzas armadas, sino que ensancha el marco de impunidad que permitiría el uso de la ejecución extrajudicial”.
“Si bien con los resultados de años anteriores existen elementos para suponer que la tendencia incrementará en 2018, hay factores que también podrían influir para que las cifras reduzcan, como el proceso electoral”, agrega.
“El ambiente electoral puede influir, como en otros años, para que el Estado mexicano se auto limite en el uso de la ejecución extrajudicial debido al costo político que genera, no en el electorado, sino en la estrategia de golpeteo que usualmente aprovechan los diferentes partidos políticos en el marco de la lucha por el poder político en México”, adelanta el informe.
Considera el “costo político” que podría generarle al gobierno la mirada internacional de organismos de derechos humanos que vigilan la situación que enfrenta el país en la materia.
“Lo que sí queda claro si se analizan las cifras desde el 2008, así como la tendencia al alza de los casos por año y el marco legal de impunidad cada vez más amplio, es que el defensor de derechos humanos que afecte los intereses políticos (léase económicos neoliberales) que impulsa y protege de manera acelerada el Estado mexicano, es una potencial víctima de una ejecución extrajudicial”, dice el informe.

Inegi: en dos años en Guerrero hubo 2 mil 686 quejas por violaciones a derechos humanos

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2015 y 2016 Guerrero acumuló de 2 mil 686 quejas por violaciones de derechos humanos.
Ayer difundió las cifras con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, según datos de los organizamos públicos de derechos humanos en el país se registraron 16 mil 821 casos en los dos años.
En 2015 en Guerrero hubo mil 327 quejas y en 2016 aumentó a mil 359, las acusaciones están relacionadas con el derecho a no sufrir tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, transgrediendo el Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Con estas cifras Guerrero se ubicó en el lugar 27 de los 32 estados con 37.9 hechos violatorios por cada cien mil habitantes. Los estados con más violaciones de derechos humanos, son la Ciudad de México donde ocurrieron 364.2 hechos violatorios por cada cien mil habitantes seguido de San Luis Potosí con 287.5, Jalisco con 244.8 y Baja California Sur con 231.4
De las 51 mil 641 víctimas, 24 mil 268 son hombres y 26 mil 855 mujeres. En 2016 los organismos emitieron  mil 774 recomendaciones, y al 31 de diciembre de 2016  el 24.3 habían sido incumplidas, 29.1 atendidas parcialmente, 31.8 aceptadas pero sin contar con pruebas de cumplimiento, 10.7 fueron rechazadas, y 4.1 pendientes de respuestas. (Jacob Morales Antonio).