Durante el bloqueo en el bulevar de Las Naciones, en la zona Diamante, maestros de la zona 42 de Educación Primaria discuten con automovilistas que exigían el retiro de la protesta porque ya llevaban mucho tiempo bajo los rayos del sol Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
Alrededor de 100 maestros de primarias de la zona escolar 42, bloquearon más de tres horas el bulevar de Las Naciones, para exigir la libertad del docente de educación física, David Beltrán Salas, detenido por efectivos de la Marina en Coyuca de Benítez.
Los familiares informaron que están preocupados por el docente de 50 años, con 26 de servicio en la SEG, porque fue golpeado y es díabético, que no está tomando sus medicamentos. Informaron que están detenido en la Fiscalía General de la República y que fue detenido el sábado.
Aseguró Marcela Beltrán, hermana del detenido, que tienen pruebas de que su hermano es inocente, que hay testigos de cómo fue detenido en Espinalillo y no en Pénjamo, como dice la versión oficial. Señaló que interpondrá una queja en la Comisión Estatal de los Derecjos Humanos, por la violacion a sus derechos y al debido proceso.
Añadió que uno de sus hermanos pudo platicar con David Beltrán y se dio cuenta que no podía caminar, porque recibió golpes, y están preocupados porque es diabético, “no hemos obtenido ninguna respuesta del gobierno estatal”.
Durante la protesta hubo un altercado con automovilistas, que desesperados pedían a los manifestantes que los dejaran pasar, porque ya tenían mucho tiempo varados bajo los intensos rayos del sol.
Luego de ese altercado, los manifestantes abrieron cinco minutos y volvieron a bloquear media hora más. Luego decidieron retirarse, ante la presión que ejercieron los automovilistas que no dejaron de tocar sus bocinas.
Los conductores enfrentaron verbalmente a los manifestantes y les arrebataron las lonas de la protesta y estuvieron a punto de llegar a la violencia física. También los manifestantes arremetieron contra un taxista, de la ruta a Colosio, a quien le estrellaron el parabrisas del vehículo.
En declaraciones, la hermana del profesor, Marcela Beltrán, explicó que ellos son originarios de Espinalillo y que habían ido a una peregrinación, que luego su hermano se dirigió al domicilio de un amigo en el mismo pueblo, donde “cayó la policía y se lo llevaron y al buscarlo, lo encontramos en la Fiscalía”.
Señaló que desconocía los cargos que se le estaban imputado, pero al estar en la Fiscalía quería decir que eran delitos federales. Subrayó que el maestro es una persona honorable y por eso estaban sus compañeros de zona, exigiendo la libertad inmediata de su hermano, “no tiene nada que ver en los hechos que se le están imputado, porque están diciendo que es delincuente”.
Indicó que formalmente no saben de qué se le acusa, más lo que han escuchado y que es por portación de armas. Dijo que exigen la libertad de su hermano, porque no tiene nada que ver con los hechos que están imputado. “Mi hermano esta cerrado injustamente”, aseguró.
Mientras, el inspector de Educación Física, Ignacio Calderón Navarro, dijo que estaban en protesta para exigir la libertad del maestro y que esperaban una respuesta de la Dirección de Gobernación del estado, porque hasta el mediodía no se había dado un acercamiento. Agregó que lo que quieren es la liberación del profesor, quien da clases en la primaria Juan N Alvarez, ubicada en la comunidad La Concepción, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Indicó que en la zona escolar incluye 12 planteles, ubicados en comunidades como San Pedro Las Playas, Amatillo, Oaxaquilla, Ranchito, Sal si Puedes y Agua Caliente.
Aseguró que estaban exigiendo una pronta solución a la situación legal para que lo dejen en libertad.
Los manifestantes quitaron el bloqueo casi a la 1 de la tarde, porque no querían golpes, pero dijo la hermana de de David: “Esto fue pasivo, estamos esperando la respuesta del gobierno, pero de no darse, lo harán más agresivo y contundente”.
Portaron una manta donde se leía: “La zona escolar 42 de Educación Primaria exige la liberación inmediata del profesor de educación física, David Beltrán Salas. Paro laboral hasta la liberación del profesor”.
La Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que encabeza José Alfredo Romero Olea, aseguró que se hace la investigación correspondiente por las cámaras localizadas en los baños de la preparatoria 29 Emiliano Zapata, ubicada en Tixtla, el pasado 23 de febrero.
En un comunicado, la UAG indicó que respecto a la denuncia, relacionada con actos de vulneración a la intimidad de jóvenes estudiantes de la preparatoria, la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, con apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, inició un procedimiento de forma oficiosa, para investigar los hechos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las estudiantes.
Detalló que se inició la investigación por presuntas vulneraciones a la integridad y seguridad personal de las alumnas, para tal efecto se radicó la queja DDHU/002/2023, en virtud de que se detectó una mini cámara espía en el baño de las mujeres.
Aseguró que la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios dictó medidas cautelares, para proteger la integridad de las estudiantes; asimismo, se han practicado diversas diligencias en las que personal especializado en informática de la UAG, realizó los estudios técnicos del artefacto relacionado con los hechos, para el deslindamiento de las responsabilidades correspondientes.
“En plazo breve se concluirá con la investigación y el caso será turnado al órgano facultado para sancionar, de acuerdo con la legislación universitaria”, se leía en el boletín.
La UAG refrendó el compromiso de proteger y garantizar los derechos humanos y universitarios de la comunidad universitaria, así como sancionar, de acuerdo con su legislación, cualquier acción u omisión que viole derechos fundamentales.
El miércoles, alumnas de la preparatoria 29, ubicada en Tixtla, denunciaron que no había avances en las investigaciones por las cámaras localizadas en los baños y advirtieron que acudirían a la Agencia del Ministerio Público, por la nula atención del rector José Alfredo Romero.
Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.
Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército
De acuerdo con documentos confidenciales obtenidos por el grupo Guacamaya, la Sedena mantiene desplegados “pelotones de información”, que vigilan movimientos sociales y políticos, y a defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos. Militares reportaron actividades de Abel Barrera, Vidulfo Rosales, Melitón Ortega… El propósito es trasmitir al alto mando “información relevante” para darla al “mando supremo” en las “reuniones diarias de Palacio Nacional”
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
En Guerrero no se van a permitir más ni persecución política ni represión, promete Evelyn
Va la gobernadora a la Codehum y entrega vehículos y computadoras
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.
Arriba, las personas que se manifestaron en solidaridad con el Ejército la mañana de este domingo en el Campo Militar 35-C del 27 Batallón de Infantería de Iguala, y abajo las que lo hicieron en la sede del 109 Batallón de Infantería en El Ticuí, vecino de Atoyac Fotos: El Sur y Francisco Magaña
Luis Blancas / Alejandro Guerrero / Francisco Magaña
Chilpancingo / Iguala / Atoyac
Pobladores y familiares de militares se manifestaron en Chilpancingo, Iguala y Atoyac, para apoyar al Ejército mexicano, solicitar respeto a los derechos humanos de los soldados y exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador la liberación de cuatro efectivos acusados de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamau-lipas, en acción ocurrida el domingo 26 de febrero.
En la capital unos 40 manifestantes marcharon desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar; en Iguala la protesta fue afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional. Mientras que los familiares de soldados de Atoyac lo hicieron en el cuartel del 109 Batallón de Infantería.
Desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar, cerca del Panteón Central de Chilpancingo, a las 9:50 de la mañana, unos 40 manifestantes partieron en marcha y se dirigieron hacia la entrada, que se encuentra en la lateral del bulevar Vicente Guerrero en que se convierte la Autopista del Sol en el tramo de la ciudad.
Familiares de los militares, soldados retirados, jóvenes y niños portaron playeras verde olivo, banderas de México y pancartas en las que se leía: “Todo nuestro apoyo al Ejército”, “El soldado no se toca ni se golpea”, “El Ejército es pueblo”, “AMLO, comandante en jefe de los delicuentes no de los militares”, “Los esperamos en casa sanos y salvos” y “Por mi padre, por mi hijo, por mi esposo, también tiene derechos”.
Al llegar al segundo acceso comenzaron a manifestarse y gritaron consignas: “Soldado amigo el pueblo está contigo” y “libertad, libertad, libertad, libertad”.
La vecina Modesta Santiago Sánchez comentó que esta movilización se realizó en todo el país, para que no se criminalice a los soldados por sus acciones en tareas de seguridad pública, luego de la vinculación a proceso de cuatro militares acusados de matar a cinco jóvenes, lo que ocurrió a principios de marzo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Santiago Sánchez dijo que la manifestación también es para apoyar al Ejército mexicano, para que se respeten los derechos humanos de los uniformados, porque también son ciudadanos, y exigió al presidente López Obrador la liberación de los cuatro militares.
“El militar da su vida por nosotros, nosotros podemos dar algo a cambio a ellos, para apoyarlos, que haya justicia a todos ellos. Ahora el militar no puede matar un delincuente, lo ven feo, los castigan; sin embargo, un delincuente mata a un militar y no hacen nada, los derechos humanos siempre los castigan”, declaró.
Dijo que los militares también tienen familia, hijos, esposas y sobrinos que los esperan en sus casas con bien, y que no les pase algo, “por eso pedimos que los respeten, les garanticen sus derechos humanos y que no sean castigados y agredidos injustamente”.
Por su parte, una participante exigió que se audite a los mandos militares, porque no entregan el presupuesto a los soldados para la compra de alimentos, limpieza y mantenimiento de las patrullas, “exigimos que auditen al Ejército. Los soldados tiene que pagar su material, también allá arriba hay corrupción”.
Indicó que había rumores de que la movilización había sido convocada por la delincuencia, lo cual negó: “Somos hijas, hijos, padres, madres y esposas de soldados, para defenderlos, porque han sido golpeados, maltratados, les quitan sus derechos, los amenazan, los alto mandos no hacen nada”.
“Los delincuentes tienen más derechos que militares. Los militares trabajan, son más honestos que los delincuentes, exigimos la liberación de los cuatro militares del caso de Tamaulipas. Si AMLO libera al hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán que los libere también”, concluyó un participante de la movilización.
Después el contingente de personas se trasladó a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, donde realizaron una parada simbólica frente al Ayuntamiento de Chilpancingo y después se retiraron.
El 27 batallón de Infantería en Iguala
Unas 40 personas, entre ellas niños, se sumaron a la convocatoria nacional y participaron en la movilización para apoyar al Ejército, afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, de Iguala, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional, en la que exigieron la liberación de cuatro cabos, que fueron detenidos y vinculados a proceso por el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo.
Con aplausos y “vivas” para el Ejército, las familias llegaron a las 9:35 de la mañana de este domingo, con vestimenta color verde olivo y algunas banderas de México, a la puerta del acceso principal del 27 Batallón de Infantería, junto al Periférico Oriente, y estuvieron allí con un automóvil, al que le instalaron una bocina, acción que duró unos 20 minutos.
Asimismo, mostraron cartulinas con muestras de apoyo al Ejército: “Soldado, amigo, el pueblo está contigo”, “todos somos Ejército”, “exigimos justicia para nuestras fuerzas armadas”, “al soldado no se toca” y “gracias por cuidar de la ciudadanía”.
Una de las oradoras durante el mitin, quien no se identificó, exigió la liberación de los soldados detenidos por los recientes hechos ocurridos en Tamaulipas, relacionados con el asesinato de cinco jóvenes durante una persecución.
Al terminar la actividad, las personas guardaron un minuto de silencio por los militares asesinados en cumplimiento de su deber, luego cantaron el Himno Nacional mexicano.
La acción convocada en todo el país, mediante las redes sociales, se deriva de la aprehensión y vinculación a proceso de cuatro cabos de Caballería, por desobediencia y delitos del fuero militar, luego de que el domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, persiguieron a cinco jóvenes que viajaban en una camioneta pick up y fueron abatidos por los militares.
Apoyo al Ejército en Atoyac
Con una manifestación de apoyo, familiares de militares del 109 Batallón de Infantería realizaron una manifestación, en la entrada de las instalaciones, ubicadas en la localidad El Ticuí, en el municipio de Atoyac, para apoyo a los soldados del país.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, pidieron al presidente de México, al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y al almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que se respeten los derechos de los trabajadores castrenses, al señalar que son los que resguardan a la población y dan seguridad al país.
Con pancartas indicaron que “si hay situaciones que no pueden ser controladas, que no se le den armas y que los mantengan acuartelados para evitar este tipo de situaciones”.
En contraste, compararon que no hay esa atención cuando los militares son agraviados por civiles.
Los manifestantes estuvieron alrededor de 20 minutos en la entrada del cuartel del 109 batallón.
Señalaron que llegó una patrulla del Ayuntamiento de Atoyac, con torreta encendida a tomar fotografías, lo cual consideran una intimidación, ya que de acuerdo con vecinos del lugar, la policía no hace recorridos por esa zona.
Pidieron que no haya represalias contra los familiares de quienes expresan su apoyo al Ejército mexicano.
Destacaron que lo que piden no es más que un derecho como ciudadanos y como parte de la columna de militares que dan seguridad al país, al ser los primeros que responden cuando hay contingencias.
En un documento enviado al gobierno federal, los soldados que apoyan a sus compañeros encarcelados destacan: “Soy militar, pero no soy cualquier militar. Soy aquel adolescente que, con 15 años, entró con el corazón lleno de emoción y orgullo a la Heroica Escuela Naval; soy ese cadete del Heroico Colegio Militar que cantó el himno de la institución durante los desfiles, debajo de la lluvia. Soy el teniente que no pudo presenciar el nacimiento de su hijo por estar en comisión del servicio. Soy el soldado que se enteró de la muerte de su madre después de dos meses, por estar aislado en la sierra. Soy el médico que sostuvo la cabeza del amigo que fue herido en combate. Soy el capitán que pasa semanas navegando lejos de su familia. Soy el comandante que entrena a su personal con máximo rigor y soy la enfermera que limpia las heridas de las fuerzas especiales”.
Abundaron que en tiempos tranquilos el Ejécito es ignorado, pero en tiempos de urgencia o desastre es convocado.
Citaron también: “Soy el marino que despues de 30 años de servicio, fue comisionado a la Guardia Nacional, aquel capitán de caballería que no fue consultado si quería pertenecer a GN, soy ese militar, el que cumple órdenes”.
Lamentaron que deban esconderse en la cobardia del anonimato para escribir esas líneas y no ser perjudicados, pero que entregan su vida y su trabajo por su país, “soy ese militar que no tiene derechos humanos, pero que en medio de la batalla debe respetarlos o ser enjuiciado. Soy el que soñó con ser de la naval y terminó de policía, soy ese fusilero paracaidista que no tiene libertad de expresión”.
Señalaron carencias para su trabajo, al ser oficiales como de transmisiones, que no reciben equipo, presupuesto o siquiera raciones suficientes, “mientras diputados y senadores llenan sus bolsillos”.
Al igual que el maestro, que cubre cinco puestos porque no hay suficiente personal, como el subteniente que hace guardias al uno por uno.
Exponen: “El señor presidente nos usa a su antojo cada vez que su política genera un problema que después no sabe resolver. Soy el que cuida instalaciones estratégicas, el que pelea con huachicoleros, soy el piloto y el administrador que ahora administrarán bajo sus órdenes un aeropuerto. Soy el del servicio de sanidad, que ahora es responsable de resolver la crisis de salud cuando ya es demasiado tarde”.
Donde, además, el militar que recientemente vio a su familia peligrar por causa de la familia de El Chapo Guzmán, “a quienes usted ofrece ahora ayuda humanitaria”.
Señalaron que estan cansados y hartos de los secretarios, que México no merece esto. Las fuerzas armadas no lo merecemos, “así que decimos ya basta”.
En instalaciones militares de Chilpancingo (imagen), Iguala y Atoyac, lo mismo que en la Ciudad de México y otras de la república, militares en activo y retirados y familiares de soldados se manifestaron para exigir respeto a lo que llaman sus derechos humanos, exigieron al presidente la liberación de cuatro efectivos acusados por la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo y reclamaron que si no se les va a permitir enfrentar con firmeza a los delincuentes que mejor los dejen en sus cuarteles Foto: Jessica Torres Barrera
Marchan familias de militares en la capital, Iguala y Atoyac; piden respeto a sus derechos humanos
También exigen al presidente López Obrador la liberación de cuatro efectivos acusados de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 26 de febrero
Luis Blancas / Alejandro Guerrero / Francisco Magaña
Chilpancingo / Iguala / Atoyac
Pobladores y familiares de militares se manifestaron en Chilpancingo, Iguala y Atoyac, para apoyar al Ejército mexicano, solicitar respeto a los derechos humanos de los soldados y exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador la liberación de cuatro efectivos acusados de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamau-lipas, en acción ocurrida el domingo 26 de febrero.
En la capital unos 40 manifestantes marcharon desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar; en Iguala la protesta fue afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional. Mientras que los familiares de soldados de Atoyac lo hicieron en el cuartel del 109 Batallón de Infantería.
Desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar, cerca del Panteón Central de Chilpancingo, a las 9:50 de la mañana, unos 40 manifestantes partieron en marcha y se dirigieron hacia la entrada, que se encuentra en la lateral del bulevar Vicente Guerrero en que se convierte la Autopista del Sol en el tramo de la ciudad.
Familiares de los militares, soldados retirados, jóvenes y niños portaron playeras verde olivo, banderas de México y pancartas en las que se leía: “Todo nuestro apoyo al Ejército”, “El soldado no se toca ni se golpea”, “El Ejército es pueblo”, “AMLO, comandante en jefe de los delicuentes no de los militares”, “Los esperamos en casa sanos y salvos” y “Por mi padre, por mi hijo, por mi esposo, también tiene derechos”.
Al llegar al segundo acceso comenzaron a manifestarse y gritaron consignas: “Soldado amigo el pueblo está contigo” y “libertad, libertad, libertad, libertad”.
La vecina Modesta Santiago Sánchez comentó que esta movilización se realizó en todo el país, para que no se criminalice a los soldados por sus acciones en tareas de seguridad pública, luego de la vinculación a proceso de cuatro militares acusados de matar a cinco jóvenes, lo que ocurrió a principios de marzo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Santiago Sánchez dijo que la manifestación también es para apoyar al Ejército mexicano, para que se respeten los derechos humanos de los uniformados, porque también son ciudadanos, y exigió al presidente López Obrador la liberación de los cuatro militares.
“El militar da su vida por nosotros, nosotros podemos dar algo a cambio a ellos, para apoyarlos, que haya justicia a todos ellos. Ahora el militar no puede matar un delincuente, lo ven feo, los castigan; sin embargo, un delincuente mata a un militar y no hacen nada, los derechos humanos siempre los castigan”, declaró.
Dijo que los militares también tienen familia, hijos, esposas y sobrinos que los esperan en sus casas con bien, y que no les pase algo, “por eso pedimos que los respeten, les garanticen sus derechos humanos y que no sean castigados y agredidos injustamente”.
Por su parte, una participante exigió que se audite a los mandos militares, porque no entregan el presupuesto a los soldados para la compra de alimentos, limpieza y mantenimiento de las patrullas, “exigimos que auditen al Ejército. Los soldados tiene que pagar su material, también allá arriba hay corrupción”.
Indicó que había rumores de que la movilización había sido convocada por la delincuencia, lo cual negó: “Somos hijas, hijos, padres, madres y esposas de soldados, para defenderlos, porque han sido golpeados, maltratados, les quitan sus derechos, los amenazan, los alto mandos no hacen nada”.
“Los delincuentes tienen más derechos que militares. Los militares trabajan, son más honestos que los delincuentes, exigimos la liberación de los cuatro militares del caso de Tamaulipas. Si AMLO libera al hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán que los libere también”, concluyó un participante de la movilización.
Después el contingente de personas se trasladó a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, donde realizaron una parada simbólica frente al Ayuntamiento de Chilpancingo y después se retiraron.
El 27 batallón de Infantería en Iguala
Unas 40 personas, entre ellas niños, se sumaron a la convocatoria nacional y participaron en la movilización para apoyar al Ejército, afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, de Iguala, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional, en la que exigieron la liberación de cuatro cabos, que fueron detenidos y vinculados a proceso por el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo.
Con aplausos y “vivas” para el Ejército, las familias llegaron a las 9:35 de la mañana de este domingo, con vestimenta color verde olivo y algunas banderas de México, a la puerta del acceso principal del 27 Batallón de Infantería, junto al Periférico Oriente, y estuvieron allí con un automóvil, al que le instalaron una bocina, acción que duró unos 20 minutos.
Asimismo, mostraron cartulinas con muestras de apoyo al Ejército: “Soldado, amigo, el pueblo está contigo”, “todos somos Ejército”, “exigimos justicia para nuestras fuerzas armadas”, “al soldado no se toca” y “gracias por cuidar de la ciudadanía”.
Una de las oradoras durante el mitin, quien no se identificó, exigió la liberación de los soldados detenidos por los recientes hechos ocurridos en Tamaulipas, relacionados con el asesinato de cinco jóvenes durante una persecución.
Al terminar la actividad, las personas guardaron un minuto de silencio por los militares asesinados en cumplimiento de su deber, luego cantaron el Himno Nacional mexicano.
La acción convocada en todo el país, mediante las redes sociales, se deriva de la aprehensión y vinculación a proceso de cuatro cabos de Caballería, por desobediencia y delitos del fuero militar, luego de que el domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, persiguieron a cinco jóvenes que viajaban en una camioneta pick up y fueron abatidos por los militares.
Apoyo al Ejército en Atoyac
Con una manifestación de apoyo, familiares de militares del 109 Batallón de Infantería realizaron una manifestación, en la entrada de las instalaciones, ubicadas en la localidad El Ticuí, en el municipio de Atoyac, para apoyo a los soldados del país.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, pidieron al presidente de México, al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y al almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que se respeten los derechos de los trabajadores castrenses, al señalar que son los que resguardan a la población y dan seguridad al país.
Con pancartas indicaron que “si hay situaciones que no pueden ser controladas, que no se le den armas y que los mantengan acuartelados para evitar este tipo de situaciones”.
En contraste, compararon que no hay esa atención cuando los militares son agraviados por civiles.
Los manifestantes estuvieron alrededor de 20 minutos en la entrada del cuartel del 109 batallón.
Señalaron que llegó una patrulla del Ayuntamiento de Atoyac, con torreta encendida a tomar fotografías, lo cual consideran una intimidación, ya que de acuerdo con vecinos del lugar, la policía no hace recorridos por esa zona.
Pidieron que no haya represalias contra los familiares de quienes expresan su apoyo al Ejército mexicano.
Destacaron que lo que piden no es más que un derecho como ciudadanos y como parte de la columna de militares que dan seguridad al país, al ser los primeros que responden cuando hay contingencias.
Marchan militares activos y en retiro; protestan
contra AMLO por arrestos y muertes de soldados
Cientos de personas salen a las calles en la Ciudad de México y en al menos otras 15 ciudades luego de que cuatro militares fueran vinculados a proceso acusados de matar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero. Versiones oficiales aseguran que las víctimas eran parte del crimen y se encontraban armados, pero un sobreviviente lo niega
Staff / Agencia Reforma
Ciudad de México
Militares activos y en retiro, así como sus familiares, marcharon ayer en la Ciudad de México y al menos 15 ciudades en apoyo a elementos del Ejército que participan en tareas de seguridad o que se encuentran presos a causa de su actuación en los operativos y en las calles.
Los manifestantes reclamaron por la estrategia de “abrazos no balazos”, porque no se les permite enfrentar con firmeza a los violentos criminales, lo que ha provocado un gran número de soldados muertos.
La iniciativa para manifestarse se originó luego de que cuatro militares fueron vinculados a proceso acusados de matar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero. Versiones oficiales aseguran que eran parte del crimen y se encontraban armados.
Sin embargo, Alejandro Pérez, de 21 años, sobreviviente del incidente, asegura que no llevaban armas.
“Liberen a nuestros militares. Ya no contarás con mi voto”; “En memoria de los militares que murieron en espera de una orden de disparo que nunca llegó” y “Respeto al Ejército mexicano ‘Liberación de los 4 sargentos’”, fueron algunos de los reclamos plasmados en las cartulinas durante la manifestación en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, cientos de personas marcharon del Ángel de la Independencia hasta Palacio Nacional.
También se reportaron manifestaciones en ciudades como Nuevo Laredo, Cuernavaca, Cuautla, Veracruz, Xalapa, Querétaro, Tampico, Puebla, Chilpancingo, Oaxaca, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez.
Algunos de los participantes portaban prendas color verde olivo o uniformes y equipo táctico y gritaban consignas como “¡Soldado amigo, el pueblo está contigo!”, “¡Libertad!” y “¡Justicia!”, incluso marcharon cantando el Himno Nacional.
En la capital mexicana el contingente partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, donde realizaron una protesta frente a Palacio Nacional.
“No traemos acarreados señor presidente, y sé que vas a decir lo contrario, traemos a personas con lealtad”, decían otras cartulinas.
“A mi no me trajo la delincuencia, me trajo el amor del uniforme verde olivo que entrega su vida por mí”.
También reprocharon en sus consignas la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Somos el pueblo de México”
“Señor presidente (López Obrador) los militares que ahorita se encuentran en la prisión militar no deberían estar ahí”, afirmó Rosalío, un militar retirado, quien encabezó la marcha en la Ciudad de México.
“Señor presidente no puedes dejar, no puedes hacer, que a un soldado lo maten porque como dice el himno nacional: “Un soldado en cada hijo te dio”“, dijo tras considerar que los elementos se sienten desarmados y sin posibilidad de actuar.
El militar afirmó que la protesta es legítima, luego de que el mandatario federal aseguró en días pasados que detrás de ella podría haber otros intereses e incluso estar implicado el crimen organizado.
“No queremos que en la mañanera digas que estamos comprados, que somos un grupo de choque, no señor presidente, te lo sostenemos, que somos el pueblo de México. Solicitamos que no haya represalias contra nosotros”, pidió
Rosalío aseguró que las autoridades están procesando militares mientras ellos defienden al Estado y al pueblo mexicano.
“No podemos dejar que las personas que delinquen y causan daño al pueblo y al Ejército mexicano estén por arriba de los soldados mexicanos y los derechos humanos”, demandó.
El hombre, quien iba vestido de civil y portaba sombrero, emitió un discurso al llegar a la plancha del Zócalo y frente a Palacio Nacional aseguró que el Ejército vela por los intereses del pueblo de México, así como por los de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Afirmó que en la marcha participaron contingentes de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Fuerza Aérea, entre otros.
“Y que son activos, son retiros, son desertores, pero son buenas personas y como lo dice el señor Presidente: “Son pueblo de México”“.
Insistió en que la manifestación era pacífica.
“No vamos a dejar que se infiltren grupos subersivos, no permitimos que el Ejército mexicano involucre a personas que realicen el mal”, dijo.
Por su parte, Paulino Jiménez Hidalgo, un general retirado, afirmó que los soldados no le juran lealtad al Presidente, sino al pueblo de México.
“Nuestra lealtad es al pueblo mexicano. El Ejército no jura lealtad al comandante supremo. Los soldados juramos bandera ante nuestra insignia patria y juramos respeto a la Constitución”.
Asimismo, denunció que los recursos que deberían dirigirse al Ejército han sido desviados para otras tareas.
“Tengo entendido que le sacó dinero del Fondo de Adquisición de Material Militar para metérselo al Tren (Maya), ojalá algún día ese Tren pase y se lo lleve a su rancho”, expresó.
En la movilización participaron decenas de personas, quienes lanzaron consignas como: “Soldado, amigo, el pueblo está contigo”; “¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!.
“Liberen a nuestros militares. Ya no contarás con mi voto”, “En memoria de los militares que murieron en espera de una orden de disparo que nunca llegó” y “respeto al Ejército mexicano ‘Liberación de los cuatro sargentos’”, fueron otros de los reclamos plasmados en pancartas.
Los asistentes aseguraron que la marcha se realizó de manera simultánea en otras partes del país e incluso hay apoyo de Estados Unidos y Canadá.
“Somos militares, personal militar, personal retirado, personal de sector, que tienen buenos principios y buena fe. Son muchísimas personas, no solo las de aquí, en todo México y Estados Unidos, en Canadá, está pasando y está diciendo: los estamos apoyando”, expresó un participante que pidió el anonimato.
“No traemos acarreados señor presidente, y sé que vas a decir lo contrario, traemos a personas con lealtad”.
“Los detenidos no tienen apoyo del presidente”
“Mi familiar no tiene el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni del Ejército”, aseguró un joven quien marchó ayer del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México para demandar la libertad de los militares señalados de haber asesinado a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El joven, quien portaba una pancarta cuyo mensaje decía: “Hagamos valer sus derechos, Hagamos valer su trabajo! Hagamos valer su, esfuerzo, indicó que provenía del Estado de México y que es familiar de uno de los militares detenidos por los asesinatos de cinco jóvenes en Tamaulipas; sin embargo, prefirió omitir el tipo de vínculo que lo relaciona con éste.
“Venimos por todas las inconformidades que hay con el Ejército. No puedo platicar bien (lo que sucedió en Tamaulipas) porque sólo ellos saben por qué lo hicieron”, indicó.
Aseguró que existen constantes anomalías en esa institución, así como violaciones a los derechos humanos de sus miembros. “No tienen nada de apoyo”, lamentó.
Yasmín, una joven de 26 años, cuyo padre, hermanos y tíos forman parte del Ejército, también acudió a la protesta para exigir la liberación de los militares señalados por los asesinatos de los jóvenes en Tamaulipas.
“Exigimos su liberación, no hicieron nada, fue en defensa propia. Millones de militares han sufrido está situación y no se han dado a conocer cuántos militares han muerto en cumplimiento de su deber”, aseguró la joven, quien portaba una pancarta en la que se leía: “Levanto la voz y visto de verde olivo porque mi papá, hermano, tío, pertenecen a esta institución y no estoy dispuesta a perder a ninguno de ellos”.
Es el crimen organizado, dijo el presidente
López Obrador aseguró sobre la marcha de militares y sus familias que no tiene propósitos justos ni sanos y que hasta podría estar organizada por el crimen organizado.
Desde su conferencia mañanera el pasado viernes, el presidente aseguró que el motivo de la marcha era pedir que no se investigue a los soldados que asesinaron a cinco jóvenes en Nuevo laredo.
“No hay ningún descontento al interior de las Fuerzas Armadas; al contrario, están actuando con profesionalismo, con disciplina”, agregó.
La Defensoría de Derechos Humanos y Universitarios de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) lamentó lo que ocurrió en la Preparatoria 29 de Tixtla, y dijo que no es un órgano sancionador, pero recomienda que el director pida permiso de tres a seis meses, mientras se investiga.
En tanto, las alumnas que mantenían tomada la escuela la abrieron, al informarles que acudirá la policía cibernética para revisarla.
Por teléfono fue consultada la ombudsman universitaria, Olivia Álvarez Montalbán, quien dijo: “Es un asunto muy reprobable, desde ayer (martes) se instaló una mesa de diálogo”.
Consideró que eso no puede pasar en ninguna escuela, en ningún lugar, “quién va a querer ser vigilado haciendo sus necesidades fisiológicas. Eso no debe pasar”.
Informó que el jueves volverán a dialogar para quedar de acuerdo con los padres de familia, quienes están pidiendo la destitución del director José Francisco Calvo Hernández.
Olivia Álvarez enfatizó: “Nosotros estamos pidiéndole al director que pida permiso de tres a seis meses, para que de manera libre se pueda hacer la investigación”.
Indicó que la Defensoría Derechos Humanos no es “un órgano sancionador. Los padres están en su libre albedrío de recurrir a otras instancia, no somos órgano sancionador, pero sí podemos recomendar que no se repitan estos actos de dicha naturaleza”.
Las alumnas informaron que reanudarán las clases este jueves, luego de que les prometieron que acudirá la policía cibernética y trabajadores del área del jurídico de la UAG, para hablar con todos los docentes.
El acuerdo con el que también llegaron fue que no abrirán la dirección de la escuela, ni el área de cómputo, mientras se realizan las investigaciones.
El pasado 23 de febrero alumnas de la preparatoria localizaron “mini cámaras” en los baños. El lunes y martes se manifestaron y tomaron la escuela, para exigir una explicación y que se sancione a los responsables. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Mariana Díaz, de Coyuca de Catalán, desplazada por la violencia hacia Ayutla de los libres, presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) por el trato indigno que recibió su hijo de 11 años.
El niño estudia en la primaria Francisco I Madero, del poblado La Unión, y fue expulsado por su profesor Tedy Salazar Vargas, el jueves pasado, para que se fuera a vender chicles.
En consulta telefónica, indicó que la delegada regional del organismo, Gretell Dávila, le pidió enviarlo hoy de vuelta a la escuela, para que no pierda más clases, con el mismo docente.
La señora aclaró que antes, el martes, fue a hablar con el director de la escuela, Galdino García Pastrana, quien le reiteró su pedido de presentar un análisis clínico de su hijo, para comprobar que el menor de edad estaba recibiendo terapia o no podría llamar la atención al docente, por las quejas del niño y de la mamá.
Este miércoles, indicó que la delegada de la Codehum acudió a su comunidad para conocer el caso. Luego se dirigió a la escuela a hablar con el superviso de zona, el director y el maestros acusado.
“Yo no fui a la mera escuela, no fui. Dicen que mi niño se presente mañana (jueves), con el mismo maestro. Que los va a atender diferente”.
Mariana Díaz señaló que su hijo aún tiene miedo de que el maestro lo trate peor, porque sólo se levantó su testimonio y no el de otros niños.
Después, fue con la defensora a Cruz Grande a terminar los trámites para la queja.
Fue castigado por una tarea, dicen autoridades
Por separado, la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán, informó que recibió la petición de una organización civil para conocer este caso en el campo, y en el lugar, las autoridades de la escuela respondieron que el niño no está expulsado ni suspendido por parte del docente, “refieren que por una entrega de tareas se le hizo una observación. Se acordó que el niño volvería a la escuela, sin represalias”, dijo.
Reconoció que, siendo una escuela pequeña, no hay muchos grupos para cambiar al estudiante, pero como medida cautelar se llamó a las autoridades a abstenerse de violentar los derechos de los niños, que se respete su integridad emocional y si se siente atemorizado, que se trabaje esa parte.
Explicó que actuaron de inmediato, para no vulnerar el derecho a la educación del niño, pues el procedimiento ordinario puede durar hasta seis meses.
Sobre las quejas en el organismo contra la Secretaría de Educación Guerrero, indicó que el año pasado se emitieron cuatro recomendaciones, que a la fecha dos están parcialmente atendidas y dos siguen en proceso de investigación.
Aclaró que reciben muchas quejas contra esta dependencia, particularmente al inicio del ciclo escolar, y la mayoría no se toman en cuenta, porque no reúnen los requisitos, otras se agotan mediante procesos alternativos de solución.
La jueza de primera instancia en materia familiar, Iracema Ramírez Sánchez, señaló que desde 2012 en Guerrero hubo matrimonios e incluso divorcios de parejas del mismo sexo, con base en los derechos fundamentales, sin que hubiera una reglamentación como tal.
Informó lo anterior durante una capacitación a personal de Registro Civil, como parte de las actividades de la Semana Jurídica que se realiza cada año para conmemorar la promulgación de la Constitución de 1917.
En el auditorio del ayuntamiento de Chilpancingo, recordó que en el gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez hubo una iniciativa de reforma para establecer este derecho en el Código Civil, que no pasó el estudio correspondiente, pero hubo matrimonios, incluso divorcios que en Acapulco que le tocó conocer.
“Hoy me da mucho que se haya legislado, porque sí, nos urgía esa inquietud de saber: ¿con base en qué vamos a hacer un trámite de divorcio, si no tenemos una reglamentación que nos indique el procedimiento a seguir?”.
Como conferencista de la capacitación que organizó el Sistema Estatal del Registro Civil, explicó que la actuación del Poder judicial en divorcios de personas del mismo sexo, se basó “en el reconocimiento de los derechos humanos, en la dignidad y pues también en las mismas normas que rigen el matrimonio y su disolución”.
A partir de una leída a la Ley 495 del Registro Civil del estado, confirmó que en esta norma debe incluir los procedimientos. Por ejemplo, indicó que ya contempla el cambio de nombre y de sexo por una única ocasión.
Sin embargo, advirtió que no tiene reglamentación que diga cuáles son las pruebas para este trámite, y estimó que debería contemplarse en la modificación.
Aclaró que si bien la ley reconoce a los transexuales o a las personas que quieren cambiar nombre y sexo por cuestión de género, también puede traer consigo otro problema, como ocultar un hecho delictivo.
Aunque hay jurisprudencia de que el cambio de nombre por género es un derecho a la libertad que cada persona tiene a decidir, y no libera a la de actos o hechos cometidos, recordó que sólo por cambio de nombre de una persona en el mismo género, hay una exigencia presentación de pruebas. “Sería necesario establecer un procedimiento adecuado para establecer de manera más concreta qué pruebas servirían para que, en un momento dado, en un caso así, las personas cambiaran de Juan a María, o el nombre que ellos quisieran”.
Asimismo, señaló el caso de las actas de adopción, del que hay un precedente jurídico de co-maternidades, “sería importante considerarlo en la ley porque en caso de separación y habiendo hijo, ¿quién de las dos personas se va a quedar con el niño, o en qué calidad? Me queda claro que en la co-maternidad, las dos siendo mujeres adquieren el rango de madres. A lo mejor es el mismo criterio para las parejas de hombres”.
Las actas de matrimonio también cambiarán en su estructura, ya no son hombre y mujer, sino contrayentes, recordó.
Añadió que antes, en el Código Civil, la pareja hombre y mujer tenía como finalidad la reproducción, pero a raíz de la reforma publicada el 30 de enero, cambia el paradigma del matrimonio, ahora se concibe la relación entre personas con la finalidad de forjar una vida en común, en la cual haya beneficios para ambos, satisfactores emocionales, afectivos y materiales.
El coordinador técnico del Sistema Estatal del Registro Civil, Roberto Barreto Bohorquez, abundó en la necesidad de formalizar los matrimonios igualitarios porque la institución conlleva deberes, obligaciones y consecuencias, y una es el divorcio con muchas vertientes que se tienen que actualizar en la ley.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) emplazó al Ayuntamiento de Acapulco a impartir un curso de formación y capacitación en materia de derechos humanos, libertad de expresión y dignidad humana a todos los ediles del Cabildo, debido a los comentarios del regidor Genaro Vázquez Flores contra un periodista.
El pasado 27 de septiembre, la Codehum emitió la recomendación 057/2022, como resultado de la queja presentada por el periodista Ángel Blanco contra el regidor Vázquez Flores.
La queja fue presentada el 28 de enero de 2022, con motivo de los mensajes enviados por el regidor de Movimiento Ciudadano a un grupo de Whatsapp, llamado Acapulco Press.
De acuerdo con el expediente disponible en la página de internet de la Codehum, el 2 de noviembre de 2021 a las 5:17 de la tarde, ocurrió está conversación en el grupo: “¿Cuántos nalgasprontas aceptarán vender su dignidad a Abelina por un desayuno con el priista embustero, que se hace llamar el vocero del pueblo? ¡Tantita ‘M’ compañeros!”.
En reacción a ese comentario, el regidor Vázquez Flores contestó: “¿Se puede saber qué te pasa seudoperiodista limosnero? ¿Ahora ya vas a empezar a chingar conmigo? ¿Estás enojado porque a ti nadie te pela? ¿Nadie te ha invitado? ¿No tienes comida en tu casa? ¿Podrás decir qué significa embustero para ti? Se pospone el desayuno por razones que a ti no te voy a comentar”.
Después, en un segundo mensaje, escribió: “Reacciona, maldito muerto de hambre. Yo nunca había contestado tus provocaciones y no quisiera hacerlo, porque te dejaré callado, pinche mantenido estiralamano”.
La discusión entre el regidor y el periodista ocurrió en el ambiente que se vivía desde el 29 de octubre de 2021, cuando la alcaldesa Abelina López Rodríguez azuzó a un grupo de ciudadanos, que protestaban por falta de agua en la avenida Farallón, lo que provocó jalones y golpes contra periodistas.
Luego de ese roce entre la alcaldesa, reporteros y vecinos, el regidor Genaro Vázquez propuso un desayuno de Abelina López con los trabajadores de los medios, pero la actividad no se llevó a cabo.
Por los comentarios del regidor, Ángel Blanco acudió a la Codehum, pues consideró que “constituyen crimen de odio y daño moral, así como atentan contra su dignidad humana y labor periodística”.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero concluyó que el regidor violentó los artículos sexto y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 11 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por lo que emitió sus recomendaciones, donde la primera fue que el Ayuntamiento instruya al edil a que ofrezca una disculpa pública, misma que debe publicarse en un medio local y debe remitir constancia su cumplimiento a la Codehum; la segunda es que la Contraloría realice una investigación administrativa sobre el caso, de acuerdo con lo que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado. También deberá informar a la comisión del inicio de la investigación, substanciación y resolución de la misma.
La tercera es diseñar e impartir un curso integral de formación y capacitación, especializado en materia de derechos humanos, libertad de expresión y dignidad humana a todos los ediles del Cabildo y a quienes ejercen el periodismo en el municipio, para lo que dio un plazo de cuatro meses, a partir de la aceptación de la recomendación.
La recomendación fue recibida por Ayuntamiento el 11 de octubre y aún está pendiente su cumplimiento.
Ángel Blanco tiene 35 años como reportero, difunde noticias en la página web y mediante redes sociales, ocasionalmente colabora con algunos medios nacionales para compartir información.
