No se pronuncia el TEE sobre el plazo para la integración de nuevos municipios

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE), desechó los juicios para la integración de nuevos municipios, en contra del acuerdo de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso local, por el cual la Mesa Directiva aprobó una prórroga de 120 días para presentar ante el pleno las propuestas de las personas que integrarán los ayuntamientos instituyentes de Las Vigas, Ñuu Savi, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón.
Los juicios fueron promovidos por Roberta Castro de los Santos, Felipe Avilés Mendoza y otras personas, en contra del acuerdo de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.
De acuerdo con el proyecto TEE/JEC/010/2022 Y TEE/JEC/014/2023 acumulados, propuesto por el Magistrado José Inés Betancourt Salgado, y aprobado por unanimidad de votos se determinó desechar el acto impugnado “en virtud de un cambio de situación jurídica, razón por la cual quedó sin materia”, lo que impide que este órgano jurisdiccional “se pronuncie respecto al fondo de la litis (controversia) planteada, al quedar superados los efectos del acuerdo impugnado”.
El pleno del TEE también ordenó al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) llevar a cabo el desahogo de las etapas planteadas en su propuesta de trabajo de agosto de 2020, para realizar la consulta ciudadana en la que se preguntaría a los ciudadanos de Ayutla de los Libres si están de acuerdo a modificar el sistema de elección de sus autoridades en el municipio y pasar del actual, de usos y costumbres al sistema de partidos políticos y candidatos independientes.
Los promoventes, Sixto Cruz Ortega “y otros”, acusaron que a partir de la resolución del 3 de marzo del 2020, emitida por el TEE y de la declaratoria nacional del Semáforo Verde de riesgo epidemiológico Sars-Covid19, por parte de Secretaría de Salud Federal, el IEPC no han reiniciado con las actividades para consultar a los ciudadanos de este municipio.
El tribunal dio al IEPC un plazo de 48 horas para presentar ante este órgano jurisdiccional el calendario de actividades “con los ajustes correspondientes, y las constancias que acrediten el inicio de las mismas, y se advierte que de no acatar lo ordenado, se harán acreedoras a una medida de apremio”.
En la sesión, el TEE también declaró “parcialmente fundado” el Juicio Electoral Ciudadano (JEC) promovidos por Carlos Arturo Millán Sánchez y Jorge Francisco Hernández Pablo, en contra de la resolución dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, en la cual confirmó la elección de consejeros estatales de ese partido.
Se declararon parcialmente fundados los agravios hechos valer por los quejosos, por lo que deberá dictar una nueva resolución, debido a que el Consejo Nacional del PAN omitió resolver, debidamente fundado y motivado, el sobreseimiento sobre la impugnación del Acuerdo COP-PANGRO/08/2022 emitido por la Comisión Organizadora del Proceso.
Además de que tampoco fue exhaustiva y congruente para pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas, el total de asistentes a la asamblea cuestionada y si procedía o no el recuento total de votos solicitado por los actores.

Reinicia el Congreso el proceso de selección de titulares de órganos de control interno

La coordinadora parlamentaria de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Yoloczin Domínguez Serna platica con sus compañeros de bancada durante la sesión extraordinaria de este jueves Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

A un año y cinco meses de la actual legislatura, finalmente este jueves el pleno del Congreso local dejó sin efectos los procesos de selección y designación de titulares de los órganos internos de control del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro); de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum); de la Fiscalía General del Estado (FGE); del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), y emitieron nuevas convocatorias.
Los procedimientos los había iniciado la pasada legislatura hace dos años, pero el proceso no se concluyó a pesar de que en los últimos minutos del 31 de agosto del 2021 intentaron aprobar los dictámenes de los nombramientos, pero no se logró porque los grupos parlamentarios del PRI y PRD demandaban a cambio, aprobar la propuesta del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores para que el Legislativo le aprobara al gobierno estatal constituirse como deudor solidario de las secretarías, dependencias y entidades paraestatales del gobierno que tenía un adeudo de más de 13 mil millones de pesos con el ISSSTE.
Pero desde el primero de septiembre de 2021 la actual legislatura no había retomado el procedimiento. Finalmente ayer, un año y cinco meses después, durante el periodo extraordinario de sesiones del Congreso local se dejó sin efectos el proceso de selección y designación de titulares de los órganos internos de control.
Por separado, el pleno aprobó los acuerdos parlamentarios para dejar sin efecto los procesos de selección y designación, y en las nuevas convocatorias se establece que los aspirantes a estos cargos deberán registrarse en la presidencia de la Mesa Directiva del 27 de febrero al 3 de marzo, es decir, sólo tendrán cinco días de lunes a viernes de la próxima semana.
Otros requisitos son ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, preferentemente guerrerenses, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la designación, gozar de buena reputación, haber residido en la entidad durante los cinco años anteriores al día de la designación, contar con conocimientos especializados y con experiencia debidamente comprobada en la materia, así como poseer título y cédula profesional de licenciatura en áreas afines a la materia, con un mínimo de cinco años.
Además, no haber sido titular de ninguna dependencia, entidad u organismo de la administración pública estatal o municipal, ni representante popular federal o estatal; no ser ministro de ningún culto religioso ni dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular durante los tres años previos al día de su nombramiento, no estar inhabilitados para ejercer cargos públicos, y contar con probada honradez, honorabilidad y probidad.

Dejan pendientes dictamen de donación de predios

A la sesión no llegaron los suficientes diputados para aprobar tres dictámenes de la Comisión de Hacienda con los que se autoriza la donación de predios y la cesión de derechos de una fracción de un predio, para la Guardia Nacional y uno para Tribunal de Justicia Administrativa.
En el orden del día para el periodo extraordinario de sesiones del Poder Legislativo se habían enlistado estos tres dictámenes, los cuales, para ser aprobados necesitaban 35 votos a favor, en estos casos, cuando se requiere un número específico de votos, los coordinadores de los grupos parlamentarios aseguran la asistencia de sus diputados para garantizar la aprobación, pero eso no ocurrió ayer.
A la sesión sólo llegaron 28 diputados. Quienes solicitaron permiso para faltar fueron Angélica Espinoza García, Nora Velázquez Martínez, Flor Añorve Ocampo, Julieta Fernández Márquez, y Ana Lenis Reséndiz Javier. Al percatarse que no alcanzarían los votos para aprobar estos dictámenes, el presidente de la Comisión de Hacienda, Bernardo Ortega Jiménez, pidió que se reprogramaron para otra sesión, por lo que finalmente se convocó a un segundo periodo extraordinario de sesiones para el próximo lunes.
Se trata de un dictamen por el que se autoriza la donación de un bien inmueble propiedad del Ayuntamiento de Iguala en favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como el respectivo cambio de uso de suelo de dicho predio para el desarrollo de actividades castrenses. El otro es la cesión de derechos de propiedad de una fracción del predio rústico ubicado en El Llano de La Concepción, en el paraje La Carretera, propiedad del Ayuntamiento de Pilcaya, en favor de la Sedena y para la construcción de un cuartel para la Guardia Nacional.
Y el tercero es uno por el que se autoriza a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para dar en donación pura, gratuita y simple el inmueble propiedad del estado denominado La Cinca, en favor del Tribunal de Justicia Administrativa.

 

Se inconforman abogados de las regiones Norte y Tierra Caliente por nuevas juezas Protestan afuera del Palacio de Justicia de Iguala. Afirman que Anastasia Barrueta Mendoza y Lorena Benítez Radilla, nombradas titulares en los juzgados Primero y Segundo de lo familiar, se han beneficiado de forma personal de los cargos que han ocupado

Abogados de la zona Norte y Tierra Caliente ayer en su protesta en la sede del Palacio de Justicia en Iguala, en contra de la imposición de las juezas Anastasia Barrueta y Lorena Benítez Foto: El Sur

Alejandro Guerrero

Iguala

Miembros del Colegio de Abogados de las regiones Norte y Tierra Caliente, protestaron este miércoles en el Palacio de Justicia de esta ciudad en contra de los nombramientos de Anastasia Barrueta Mendoza y Lorena Benítez Radilla en los juzgados Primero y Segundo de lo familiar, a quienes señalan de beneficiarse de forma personal de los cargos que han tenido; además, exigen una auditoría el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para ver cómo está funcionando.
Una comisión de 20 abogados, encabezados por su presidente Francisco Javier Brito Brito, ase concentraron a las 11:30 de la mañana en una de las puertas de acceso al edificio pero sin ingresar a las instalaciones ni impedir el paso a las personas.
Allí colocaron una lona que llevaban con el texto: “El Colegio de Abogados de las regiones Norte y Tierra Caliente, así como los postulantes rechazamos la imposición de juzgadores (Anastacia Barrueta Mendoza y Lorena Benítez Radilla), en los juzgados 1 y 2 familiar en el Distrito Judicial de Hidalgo, por lucrar con la justicia en su beneficio personal”.
En declaraciones con reporteros, el presidente del Colegio, Francisco Brito denunció la falta de sensibilidad del presidente del TSJ (Raymundo Casarrubias Vázquez) y de los magistrados, luego de que afirmó, que les ha hecho llegar escritos con sus peticiones e inconformidades de estas áreas de los juzgados de lo familiar y del civil, sin que hayan dado respuesta.
Indicó que entre las demandas que han hecho, está la agilización de los casos que llevan los abogados y que son alrededor de 50 casos “atorados” sin resolución en esos juzgados; asimismo exigen la “unificación” de criterios en las resoluciones y rotación de personal que lleva mucho tiempo en estos juzgados “para evitar que creen intereses”.
“Estamos pidiendo que se le haga una auditoría al Tribunal Superior de Justicia para ver cómo está funcionando, porque nada más dicen que no hay dinero para arreglar y darle solución a los asuntos que se les están pidiendo que son mínimos”, destacó.
También informó que han solicitado un espacio para los abogados litigantes en el que puedan revisar los expedientes de los casos que llevan, que tengan un área apropiada para eso y porque lo hacen donde se puede. “Lo que se percibe es una falta de sensibilidad y de disposición del presidente del Tribunal”, declaró.
Brito Brito destacó que el Colegio que representa y que aglutina a 200 abogados, rechazan la imposición de las juezas debido a presuntas irregularidades. Mencionó a la jueza Anastasia Barrueta, de la que afirmó que hay pendiente una queja en su contra que lleva más de un año sin resolver, “y porque han hecho acciones que la gente ya las conoce y que se han beneficiado de forma personal de los cargos que han tenido y hay señalamientos”, dijo sin entrar en detalles..
Afirmó que las juezas “no son confiables para el gremio litigante” y mencionó que hay antecedentes y de otros juzgados como Taxco y Zihuatanejo, de los que las han movido debido a denuncias contra ellas.
El abogado consideró que el presidente del TSJ y el Consejo de la Judicatura deben analizar esta situación y determinar sobre las denuncias. Y destacó que los litigantes no están de acuerdo con la designación de estas juezas y “definitivamente lo que pretendemos es que haya jueces limpios, agilidad en los trabajos que se desarrollan en beneficio de los usuarios, que es a la que se le está quedando mal con la administración de la justicia”.

 

Nombran director del Centro de Conciliación Laboral; es un experto en derecho electoral

El director general del Centro de Conciliación Laboral del estado de Guerrero Emmanuel Salazar Ibarra El Sur

Lourdes Chávez / Daniel Velázquez

Chilpancingo / Acapulco

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda designó como director general del Centro de Conciliación Laboral (CCL) de Guerrero, del nuevo sistema de justicia laboral que comenzará a operar el próximo 3 de octubre, al ex funcionario del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Emmanuel Salazar Ibarra.
Su nombramiento fue dado a conocer este lunes mediante una fotografía de la toma de protesta por el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez. Sin embargo, Salazar Ibarra aclaró que fue designado desde el 1 de agosto, hace un mes, y buscó los acercamientos con los integrantes de la Junta de Gobierno del CCL, y que sesionó por primera ocasión este martes 6 de septiembre.
El CCL depende de la Secretaría del Trabajo y es obligatorio acudir a este antes de presentar demandas laborales en el Tribunal Superior de Justicia, que sustituye a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
De acuerdo con la Ley 175 del CCL, aprobada por el Congreso local el 30 de marzo de este año, y publicada en el periodo oficial el 19 de abril, la Junta de Gobierno es presidida por la titular del poder Ejecutivo. Se integra con las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Finanzas y Administración, de Contraloría y Transparencia Gubernamental, de Fomento y Desarrollo Económico, de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, además del director general del centro con funciones de secretario técnico, y el órgano interno de Control.
De acuerdo con información pública disponible en internet, Salazar Ibarra es licenciado en derecho con maestría en derecho electoral. Los cargos que ha desempeñado son: en 2020 capacitador adscrito al Centro de Capacitación, Investigación y Difusión Electoral del Tribunal Electoral del Estado; en 2019 analista adscrito a la Dirección Jurídica y de Consultoría del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; en 2018 secretario instructor del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; en 2015 juez instructor adscrito a la quinta sala del Tribunal Electoral del estado, y secretario de estudio y cuenta del Tribunal Electoral del Estado.

En consulta telefónica, Salazar Ibarra indicó que la primera sesión ordinaria y de instalación de la Junta de Gobierno del CCL se realizó a las 10 de la mañana en la Sala Emperador Cuauhtémoc de la sede del poder Legislativo.
“De hecho ayer (martes), al momento que el secretario del Trabajo, Luis Armando Baños Rendón hizo uso de la voz, anunció a los integrantes de la Junta mi presentación como director del Centro y como secretario técnico de la Junta, y ahí hizo de conocimiento que mi nombramiento fue expedido por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el primero de agosto”.
Explicó que desde esa fecha asumió el cargo con otras que se han incorporado en las áreas jurídicas, sobre todo recibiendo capacitaciones relacionadas sobre dos sistemas que se van a utilizar para la atención de controversias, el Nacional de Conciliación Laboral y de Gestión de Notificaciones, cuyas plataformas proporciona la federación.
También buscó acercamientos con los integrantes de la Junta para exponer el reglamento interno y la aprobación de convocatoria que se publicó este miércoles para seleccionar y contratar a nueve conciliadores laborales, y de los instrumentos jurídicos que dan certeza legal al CCL.
Añadió que ya se incorporó el personal responsable de brindar orientación jurídica e invitadores, “se están sumando a las capacitaciones correspondientes para el manejo y operación de los sistemas. En el momento que los conciliadores se incorporen al Centro, el 26 de septiembre, también estarán tomando ya un curso de introducción al manejo de estas plataformas para que cuenten ya con información suficiente para comenzar la operación el 3 de octubre”.
Destacó que atendiendo el principio de paridad de género, de cuatro direcciones instaladas, tres son ocupadas por mujeres y una por un hombre; de cuatro jefaturas tres son para mujeres y una por un hombre. Asimismo, dijo que la contratación de nueve conciliadores por concurso será paritaria.
La convocatoria pública de conciliadores laborales, publicada en la página de Facebook de la Secretaría General de gobierno, señala el periodo de recepción de documentos del 6 al 15 de septiembre, la difusión de nombres de quienes cumplan con los requisitos el 16; el 17 se aplicará el examen de conocimientos, y el 19 se publicarán sus resultados; el 20 y 21 se realizarán las entrevistas a quienes avanzaron en esta etapa y, el 22 de publicarán los seleccionados y su designación.
En nueve vacantes, el estado ofrece una percepción mensual bruta de 19 mil 910 pesos.
En cuanto a la operación del sistema de justicia laboral, el funcionario precisó que, hasta el 2 de octubre, las Juntas de Conciliación y Arbitraje recibirá las controversias laborales que continuarán operando hasta la resolución de todos los juicios bajo su control.
A partir del 3 de octubre, todas las controversias serán atendidas por el CCL, para procurar en la mayor medida posible un acuerdo común entre las partes y evitar el juicio laboral, que, en su caso, ya correría a cargo del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
“De forma estadística, en los estados que corresponden a la primera y segunda etapa de implementación del sistema de justicia laboral, tienen un índice de 75 por ciento de controversias laborales resueltas en mediación”, destacó.
Guerrero se encuentra en la lista del tercero y último bloque, y para la implementación del CCL. Informó que la federación contempla un subsidio gestionado oportunamente por la STPS del estado, que pronto será radicado para la compra de mobiliario, adecuación de la sede, que ahora se encuentra en un espacio provisional.
De su perfil, Salazar Ibarra informó que tiene 20 años de experiencia como servidor público en cargos principalmente en el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, cuya competencia también es laboral, los medios de impugnación del sistema electoral contemplan dirimir los conflictos laborales entre el personal del tribunal y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), y se aplican las leyes laborales.
“La formación actual de un operador jurídico está enfocada a la protección de derechos humanos, a la interpretación y ponderación de principios constitucionales, como la paridad de género y distintos elementos que son importantes en toda implementación a una reforma en materia de justicia. El nuevo sistema de justicia laboral tiene como objetivo principal toda la implementación de este sistema combinado entre la instancia prejudicial, a cargo del CCL, y la instancia judicial, a cargo de los tribunales, lograr protección mayor y mejor a los del trabajador”, argumentó.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Armando Baños Rendón, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del estado de Guerrero (CCL), encabezó la Primera Sesión Ordinaria en la que, por unanimidad, se aprobó el reglamento interior del Centro de Conciliación Laboral, entre otros acuerdos.
A la sesión asistieron, como integrantes de la Junta, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Salgado Parra; el titular de la Sefina Guerrero, CPC Raymundo Segura Estrada; el director General del CCL, José Emmanuel Salazar Ibarra, así como los representantes de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental Guerrero y de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico.

No cumple con el perfil el director del
Centro de Conciliación Laboral: abogado

La designación de José Emmanuel Salazar Ibarra como director general del Centro de Conciliación Laboral, no cumple con el perfil, pues es “abogado electoral” y no laboral.
En una llamada a la Redacción de El Sur, Carmelo Loeza Hernández indicó que los abogados laborales preparan conferencias de prensa en Acapulco y Chilpancingo para fijar una postura porque no están de acuerdo en esa designación.
Loeza Hernández confirmó que el nombramiento de Salazar Ibarra se dio el lunes. Dijo que como abogado respeta su trabajo, pero al frente de los Centros de Conciliación Laboral que entran en vigor en octubre en el estado debe estar alguien que conozca del derecho laboral porque la intención de este nuevo sistema es que los juicios laborales se resuelvan con prontitud.
Abundó que con el nuevo sistema de justicia laboral, las nuevas demandas laborales se presentarán en los Centros Conciliación Laboral, donde el primer paso será buscar la conciliación entre el patrón y el empleado y en caso de que no haya acuerdos se procederá al juicio pero debe existir una constancia emitida por el Centro de Conciliación de que no hubo acuerdo entre las partes.
En tanto, las juntas de Conciliación y Arbitraje seguirán en operación para resolver los juicios acumulados hasta que concluyan.

 

No consentir la compra de voto ni presión para dárselo a alguien, pide el arzobispo

No consentir la compra de voto ni presión para dárselo a alguien, pide el arzobispo a ciudadanos

Convoca Leopoldo González a que los conflictos se resuelvan sin enfrentamientos. Es momento de discernir qué candidato luchará contra la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, dice

Mariana Labastida

El arzobispo Leopoldo González González convocó a no consentir la compra del voto ni la presión para dárselo a alguien, y expuso que es momento de discernir qué candidato luchará contra la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la violencia y la fragmentación social.
Convocó a que los conflictos los resuelvan las instituciones encargadas, y no sean ocasión de enfrentamientos y agresiones.
González González viajará a Roma esta semana para recibir, el 29 de junio, del papa Francisco el Palio arzobispal, que es una especie de estola blanca circular que se lleva sobre los hombros, y lo usan el Papa y los obispos que tienen a su cuidado una provincia eclesiástica como la de Acapulco.
En el comunicado dominical de la Arquidiócesis de Acapulco, el arzobispo convocó a que “nadie consienta que le compren su voto o lo presionen a hacerlo en una determinada línea. Esto acaba con la democracia. Nuestro voto es completamente libre para ayudar a esta libertad y responsabilidad, el voto se emite en secreto”.
Pidió a los ciudadanos que lleguen a las casillas sabiendo por quién van a votar, y para eso en los días que faltan les pide que reflexionen y haga un juicio acerca de la confiabilidad, transparencia y firmeza de cada candidato.
“Es momento de discernir quiénes nos dan la seguridad de que, con sentido de justicia, lucharán contra la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la violencia y la fragmentación social. Nos hemos dado una idea acerca de sus capacidades para administrar o para legislar”, indicó.
González González convocó a reflexionar en el México que se desea construir para tener una vida acorde con la propia dignidad humana, derechos a la vida, al matrimonio y a la familia, a la libertad religiosa fincada en valores éticos y morales que salvaguarden el bien propio y ajeno. “Dentro de ocho días habrá que ir a las urnas y mediante el voto expresar lo que cada uno juzga lo más conveniente”.
(México, Guerrero, Acapulco, arzobispo, Leopoldo González González, compra de voto, presión candidatos, pobreza, desigualdad, inseguridad, violencia, fragmentación social, proceso electoral).

Guerrero, muy vulnerable a la compra del voto y al condicionamiento de programas, advierten

El Primer Atlas de Riesgo Político-Electoral en México elaborado por organizaciones civiles muestra que el estado es el segundo en número de víctimas mortales de la violencia política desde 2006, y el primero en el actual proceso electoral

Ramón Gracida Gómez

Los 36 municipios con grado “muy alto de marginación” y los 67 municipios con “baja cohesión social” de un total de 81 municipios de Guerrero posicionan al estado como uno de los tres con una “vulnerabilidad muy alta” para la compra de voto o el condicionamiento de programas sociales con fines electorales, de acuerdo con el Primer Atlas de Riesgo Político-Electoral en México.
Además es el segundo estado con mayor número de víctimas mortales de violencia política desde el 2006 al 8 de mayo de este año, con 105 casos y primero tan sólo en el actual proceso electoral, de septiembre de 2017 al 8 de mayo de 2018 (fecha de corte del estudio) con 25 casos. Plantea que la violencia política “va debilitando las estructuras del Estado”.
También es uno de los estados que ha presentado participaciones electorales que no corresponden al comportamiento histórico de votación, participación o votación nula desde 1994, primera elección que organizó el IFE, ahora INE.
Presentado el pasado 7 de junio en la Ciudad de México, el Primer Atlas de Riesgo Político-Electoral fue elaborado por las organizaciones civiles Artículo 19, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Movimiento ProVecino, Rompe el Miedo, Tendiendo Puentes, Democracia MX y Propuesta Cívica.
El documento de presentación del proyecto, que se puede encontrar en la página de internet atlasriesgoelectoral.mx, señala que el atlas “permite identificar y visualizar algunos de los principales factores de riesgo que amenazan la integridad del actual proceso electoral mexicano.”
Para el desarrollo del proyecto se establecieron tres variables: Vulnerabilidad, Atipia Electoral y Violencia Política.
La variable de Vulnerabilidad tiene como propósito identificar a los grupos más vulnerables que “son susceptibles de que se cometan delitos electorales con ellos como: la compra de voto o el condicionamiento de programas sociales con fines electorales.”
Para la conformación de esta variable se utilizaron dos indicadores basados en el Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi: Índice de Marginación del Conapo y Coeficiente de Cohesión Social del Coneval.
De acuerdo con el Índice de Marginación, en Guerrero hay 36 municipios con muy alta marginación.
La lista está conformada por municipios de casi todas las regiones del estado, principalmente de la Montaña como Metlatónoc y Coachapa el Grande. Destacan también municipios en los que la violencia ha golpeado en los últimos años como Chilapa y San Miguel Totolapan.
En todo México, 817 municipios están catalogados como de muy alta marginación. Por arriba de Guerrero sólo se encuentran Oaxaca con 135 y Yucatán con 63 como los dos estados con mayor número de municipios en esa situación.
Respecto a la cohesión social, el documento explica que este indicador “permite aproximarse al nivel de equidad y solidaridad que existe en una sociedad” y conformado con base en la desigualdad económica, de ingreso y condiciones de vida entre los habitantes, y su percepción sobre la facilidad de apoyo entre ellos.
En Guerrero hay 67 municipios catalogados con baja cohesión social, cifra que lo ubica entre los seis estados con mayor número de municipios en la misma situación. El primer lugar lo ocupa es Oaxaca con 472 municipios. En todo México existen mil 264 municipios con baja cohesión social.
Por estas cifras, el atlas clasifica a Guerrero como uno de los tres de vulnerabilidad muy alta a la par de Oaxaca y Chiapas.
Asimismo, la variable de Atipia Electoral determina las unidades electorales “que a partir de su comportamiento en una o más elecciones no corresponden a su comportamiento normal histórico de votación, participación o votación nula”.
Se utilizaron las elecciones presidenciales de 1994 a 2012, la de senadores del 2000 al 2012 y la de diputados de 2000 a 2015.
En el caso de Guerrero, el documento pone de ejemplo que en las elecciones federales de 1994 la participación de la sección 98 del estado fue de 299%, es decir, la lista nominal era de 391 y la votación fue de mil 169.
Para las elecciones de 2006 y 2012, el atlas sitúa a Guerrero entre los estados con “riesgo extremo” de Atipia Electoral.
En cuanto a la Violencia Política, la variable incluye hechos de violencia clasificados en dos grados a precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, ex alcaldes o alcaldes en funciones, periodistas (de notas políticas y elecciones) y servidores públicos. Los datos provienen de diversas instituciones e investigación hemerográfica.
El primer grado de violencia incluye el acoso, hostigamiento, amenaza, intimidación, desplazamiento forzado y privación de la libertad.
En Guerrero están contabilizados 60 casos, cifra que lo ubica en cuarto lugar en la lista que encabeza la Ciudad de México con 149 casos.
El segundo grado incluye el asesinato, atentado, tortura y desaparición. Guerrero se ubica en segundo lugar con 45 casos, 14 tan sólo en el actual proceso electoral; Oaxaca en total tiene 53 casos.
El documento explica que la violencia política “va debilitando las estructuras del Estado, debido a que un asesinato no sólo es la pérdida del individuo, sino que se va debilitando a las instituciones que representa.” En todo México son 292 víctimas mortales.

Destacan en un simulacro dudas por los apodos o motes en las boletas

En el cuarto simulacro de votación en la sección 1266, de la colonia Jardines del Sur, los funcionarios de casilla se mostraron confundidos luego de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de tomar como válidos los votos donde se marque toda la boleta con el apodo, acrónimo o motes de los candidatos.
Durante una hora, los capacitadores del INE del distrito 07 y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) correspondiente al distrito 01, explicaron a los 10 funcionarios que llegaron al simulacro, citado a las 5 de la tarde, en el parque de la colonia.
De los 10 funcionarios de casilla, cuatro manifestaron su preocupación porque el INE decidió contabilizar los votos de la candidata independiente Margarita Zavala, quien renunció a su postulación, porque el PAN podría exigir esos votos, señalaron; sin embargo, los capacitadores aseguraron que únicamente son para datos estadísticos, pero que lo votos serán nulos.
A excepción de que si un ciudadano marca el emblema de un partido o más, que conformen una coalición, y también marquen el recuadro correspondiente a Zavala, el voto será valido para la coalición, pero si es marcado por el candidato Jaime Rodríguez, El Bronco, el voto será nulo porque el candidato aún sigue contendiendo.
Los funcionarios de casilla, entre ellos dos jóvenes que apenas cumplieron la mayoría de edad, se mostraron con duda sobre si validar cualquier tipo de raya, letra o incluso insultos sobre el emblema de un partido, pero sin salirse del recuadro que ocupa en la boleta, lo que fue aclarado por los capacitadores, quienes señalaron que era un voto válido, siempre y cuando no abarcara otro recuadro de un partido distinto.
Así también aclararon que si un votante raya toda la boleta con el apodo de uno de los candidatos, el voto es válido y será contado para la coalición y no a un solo partido, es decir, si se coloca AMLO, Peje, Anaya, Canayín, Meade o Yo Mero.
Luego de la plática, se procedió a armar las unas e instalar las casillas, en un tiempo de diez minutos. Pero no se realizó ningún sufragio de simulación, debido a que la mayor parte del tiempo fue absorbido en aclarar las dudas. (Jacob Morales Antonio / Chilpancingo).

Amenazan en  narcomanta a la candidata de Por Guerrero al Frente en Pilcaya

Luis Blancas

Chilpancingo

La mañana de este domingo, una narcomanta fue encontrada en el mercado municipal de Pilcaya, donde amenazan a la candidata a la alcaldía de ese municipio de la coalición Por Guerrero al Frente, Sandra Velázquez Lara.
Fuentes de la Secretaría se Seguridad de Pilcaya recibieron el reporte minutos después de las 9 de la mañana, de que había una narcomanta en el mercado municipal.
La manta, blanca con letras negras, estaba colgada en una tela ciclónica, en la que se leía: “Sandra, hija de tu puta madre, te crees muy verga. Así quieres que te sigamos ayudando a ser presidente cule. Nosotros ya cumplimos levantando gente y echando a correr algunos candidatos”.
Después sigue: “Tú no eres de palabra y ahora vas a ver lo que (le) pasa a gente pendeja que no cumple. Te damos de aquí al cierre de tu campaña. Allí estaremos, para que veas de lo que somos capaces de hacer. Te vas arrepentir hija de la verga. Tú declaraste la guerra, te dejamos basura como lo que tú eres, pendeja. Guerreros Unidos”.
La manta fue retirada por la Policía Municipal de Pilcaya y fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, para deslindar responsabilidades.
Velázquez Lara fue presidenta municipal de Pilcaya, por el PAN, en el periodo 2012-2015.
En Guerrero no es el único caso en que han amenazados a candidatos que participarán para un cargo de elección popular el 1 de julio.
El 23 de mayo, el candidato del PVEM a la alcaldía de Pilcaya, Ignacio Rafael Guzmán, pidió la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, autoridades locales y federales ante el grave problema de violencia y de inseguridad en su municipio; después de dos balaceras que ocurrieron a pocas calles de donde tuvo su arranque de campaña.
El 21 de junio, el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, Arturo Álvarez Angli, denunció que su candidato a la alcaldía de Pilcaya, Guzmán Rojas, recibió constantes amenazas para obligarlo a retirarse de la campaña, hecho que lo orilló a salir del municipio desde hace unos 15 días.
El 8 de ese mes, el alcalde de Ixcateopan, el priista Víctor Delgado Nava, denunció que en su camioneta le fue dejado un mensaje en el que lo amenazan con matar a su esposa y candidata a la presidencia de ese municipio, Sandra Villarejo Bustamante, en caso de que no entregue una cuota de 100 mil pesos.
El sábado, más de 10 coronas funerarias de flores fueron dejadas afuera de las oficinas del Comité Directivo Municipal del PRI, junto con dos narcomensajes contra los “hermanos Granda”, uno de ellos, Carlos Granda, candidato a diputado local por el distrito 06.

 

 

Destacan en un simulacro dudas por los apodos o motes en las boletas

En el cuarto simulacro de votación en la sección 1266, de la colonia Jardines del Sur, los funcionarios de casilla se mostraron confundidos luego de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de tomar como válidos los votos donde se marque toda la boleta con el apodo, acrónimo o motes de los candidatos.
Durante una hora, los capacitadores del INE del distrito 07 y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) correspondiente al distrito 01, explicaron a los 10 funcionarios que llegaron al simulacro, citado a las 5 de la tarde, en el parque de la colonia.
De los 10 funcionarios de casilla, cuatro manifestaron su preocupación porque el INE decidió contabilizar los votos de la candidata independiente Margarita Zavala, quien renunció a su postulación, porque el PAN podría exigir esos votos, señalaron; sin embargo, los capacitadores aseguraron que únicamente son para datos estadísticos, pero que lo votos serán nulos.
A excepción de que si un ciudadano marca el emblema de un partido o más, que conformen una coalición, y también marquen el recuadro correspondiente a Zavala, el voto será valido para la coalición, pero si es marcado por el candidato Jaime Rodríguez, El Bronco, el voto será nulo porque el candidato aún sigue contendiendo.
Los funcionarios de casilla, entre ellos dos jóvenes que apenas cumplieron la mayoría de edad, se mostraron con duda sobre si validar cualquier tipo de raya, letra o incluso insultos sobre el emblema de un partido, pero sin salirse del recuadro que ocupa en la boleta, lo que fue aclarado por los capacitadores, quienes señalaron que era un voto válido, siempre y cuando no abarcara otro recuadro de un partido distinto.
Así también aclararon que si un votante raya toda la boleta con el apodo de uno de los candidatos, el voto es válido y será contado para la coalición y no a un solo partido, es decir, si se coloca AMLO, Peje, Anaya, Canayín, Meade o Yo Mero.
Luego de la plática, se procedió a armar las unas e instalar las casillas, en un tiempo de diez minutos. Pero no se realizó ningún sufragio de simulación, debido a que la mayor parte del tiempo fue absorbido en aclarar las dudas. (Jacob Morales Antonio / Chilpancingo).

 

Bloquean trabajadores del IEEJAG una avenida en la capital; exigen que se nombre nuevo director

Integrantes de la sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA) bloquearon de manera intermitente la avenida Ignacio Ramírez, frente a la dirección general del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), para exigir el nombramiento de un director general.
El secretario general de esta sección del SNTEA, Ausencio Venegas Munivis, informó que desde que Jorge Salgado Parra dejó la dirección general del IEEJAG, el 28 de marzo pasado, para coordinar la Campaña Permanente sin Candidato de la coalición Todos por México, cuyo candidato presidencial es José Antonio Meade Kuribreña, las autoridades no han nombrado a un nuevo director general, lo que significa una inestabilidad en el instituto.
Dijo que ninguna autoridad les ha informado a los trabajadores quién está a cargo de la dirección general del IEEJAG de manera provisional, sin embargo, trascendió que el ex secretario particular de Salgado Parra, Alejandro Peralta Cruz, está al frente del instituto, pero se trata de una persona déspota y corrupta que no puede asumir esa responsabilidad.
Ante las circunstancias, los inconformes pararon labores y bloquearon la avenida Ignacio Ramírez, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. El cierre de la circulación vial era de 30 minutos y después lo liberaban por un lapso similar, para evitar afectar a la sociedad.
Los manifestantes también portaban pancartas en las que se leyó: “Exigimos asignación de un titular”, “exigimos transparencia en los recursos económicos del IEEJAG” y “fuera Alejandro Peralta”.
Venegas Munivis dijo que los trabajadores del instituto quieren una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien le solicitarán de manera personal que asigne a un nuevo director general, que sea capaz de estar al frente de la dependencia sin afectar a los programas, estudiantes y empleados.
Después del bloqueo, el secretario general de la sección 12 del SNTEA dijo que ningún representante del gobierno estatal se comunicó con los manifestantes para atender sus demandas, por lo que se acordó que hoy se reunirán para determinar qué acciones llevarán a cabo ante la falta de respuesta.

 

Cumple cinco días cerrada la SEG en la Montaña; piden manejar carrera administrativa

La delegación de los Servicios Educativos de la Montaña baja, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en Chilapa, cumplió cinco días cerrada por trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que reclaman el manejo del programa de carrera administrativa.
El pasado miércoles 21, decenas de trabajadores de la misma delegación colocaron candados y pancartas con sus demandas. La oficina se encuentra sobre el boulevard Eucaria Apreza, ya en la salida hacia los municipios de la Montaña.
Representantes sindicales de la delegación D-III 25, que encabezaron la protesta y que pidieron omitir nombres por temor a ser despedidos, informaron que su principal reclamó es que el director regional de Administración y Finanzas, Víctor Manuel Martínez, colocó en diciembre y a discreción, al frente del programa de carrera administrativa a la maestra Patricia Romero Díaz, ya que ambos simpatizan con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
Justificaron que esa trabajadora tiene otra carga de trabajo, que consiste en ratificar nombramientos y realizar adscripciones, así como validarlas.
Acusaron que el funcionario junto con el delegado regional de la SEG, Jerónimo Maurilio Morales, también propuesto por la CETEG, hacen a un lado de las decisiones y movimientos en ese centro de trabajo a las dos delegaciones del SNTE ahí aglutinadas.
Los manifestantes indicaron que los 20 trabajadores que apoyan a Víctor Manuel Martínez y a Jerónimo Maurilio fueron colocados en esas oficinas con una comisión, dejando desprotegidas a sus escuelas.

Exigen alumnos de la Centenaria Normal que la SEG?resuelva el conflicto y reanuden clases

Estudiantes de la Centenaria Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano (CENEIMA) exigieron que se reanuden las clases, de lo contrario se manifestarán en la capital para que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) solucione el conflicto.
En conferencia de prensa en la institución, la representante de los estudiantes de primero, segundo y tercer año, Hilda Rivera, dijo que a los normalistas les interesa regresar a clases, pero prevalecen las diferencias entre los maestros y trabajadores por el cambio de la dirección.
Señaló que “queremos una solución inmediata de parte de las autoridades, los exhortamos a que cumplan sus funciones, que si se tienen que apegar a la ley lo hagan, que sería lo ideal. Si van a llegar a acuerdos políticos, si esa es forma, adelante, pero que nos solucionen ya”.
Anunció que los siguientes días se movilizarán si no hay una respuesta inmediata, y puntualizó que los cerca de 380 estudiantes no están a favor de la directora Lucrecia Mondragón Sosa ni de la profesora Abigail Arcos Bello, sólo les interesa que se estabilice la situación.
De acuerdo con Hilda Rivera, los estudiantes aceptaron ser evaluados mediante un plan emergente, en el que profesores que no eran titulares de las materias calificaron sus trabajos; sin embargo, esto no se ha reflejado en el sistema, lo que les perjudica porque “tenemos que cerrar ciclos”.
Los normalistas tomaron la CENEIMA, ante la falta de acuerdos de los trabajadores. La escuela lleva cuatro meses en paro, las últimas semanas por parte de los jóvenes.

Persiste el conflicto, dicen maestros

De manera separada, maestros afines a Mondragón Sosa informaron que el grupo de Arcos Bello exige que se les otorgue la Subdirección Académica, que ya está a cargo del profesor Víctor Manuel Flores Jaimes.
Los maestros Hipólito León Reyes, Susana León de Jesús y Mondragón Sosa dieron a conocer que los opositores pretenden quedarse a cargo de la Subdirección Académica, y por eso no han vuelto a presentarse a sus labores normales.
Señalaron que Flores Jaimes fue nombrado subdirector junto con Mondragón Sosa como directora, luego de que se cancelaron los procesos de votación, y el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero, les otorgó los cargos.
Mondragón Sosa dijo que la responsable del conflicto es la ex directora Hidalia Cabañas Flores, quien no avaló la votación inicial en la que resultó electa y esto motivó las diferencias. Además, Cabañas Flores no ha hecho la entrega-recepción de la institución, lo que impide que se normalicen los procesos y detiene la entrega de becas de estudiantes.
Ante las circunstancias, los maestros llamaron a los opositores a volver a la normal, pues se respetaron sus horarios y materias, por lo que no habrá más desacuerdos y se debe estabilizar la situación por el bien de la CENEIMA.

Termina el paro en Ciencias Agropecuarias; otorgan puestos de trabajo al STTAISUAG

Agremiados al Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG) levantaron su paro de labores y liberaron por la mañana las dos sedes de las facultades de Ciencias Agropecuarias y Ambientales.
Las escuelas se mantenían tomadas desde el lunes y fueron entregadas tras el acuerdo de que se asinarán los nombramientos y cambios solicitados a Rectoría, entre éstos, los de personal de confianza que fue ingresado bajo la modalidad de becario.
En declaraciones ofrecidas por la noche, la secretaria general de la delegación de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Magaly Sotelo Real, dio a conocer que desde la noche del martes y hasta las 6 de la mañana realizó una asamblea con representantes del comité seccional y los paristas, en el que analizaron el pliego de peticiones y se acordó levantar el paro y liberar las instalaciones a las 7 de la mañana, tras llegar a acuerdos.
Del pliego de peticiones que habían presentado, dio a conocer que les aprobaron la contratación de dos compañeros, de los cuales harán las propuestas a Rectoría.
De los dos trabajadores que pedían su separación inmediata, Ulises Martínez Alonso y Manuel Hernández, que fueron ingresados como becarios en 2014, se les dio a conocer que ya fueron basificados, por lo que no pueden ser separados. Sólo se acordó que dejarán de hacer funciones administrativas, al igual que los policías auxiliares que realizaban actividades fuera de su función.
Dio a conocer que en su caso y de su compañero Néstor Carreón Carreón, de quienes piden su incorporación a sus funciones correspondientes, de acuerdo con su nueva categoría, fue aprobado y sólo quedó pendiente que se les entregue por escrito, así como que se les asignen sus nuevas tareas.
Declaró que de la lista de cinco personas que señalaban que habían entrado como becarios, pero que hacían funciones administrativas como personal de confianza, se les dio a conocer que dos de ellos sí son becarios y los demás dejarán de hacer funciones administrativas que les corresponden a los sindicalizados.
Informó que el acuerdo fue que a partir de este miércoles se empezaría a dar cumplimiento a las demandas y las demás se harán de forma progresiva, para que se concluya con el cumplimiento de todas a más tardar en agosto.
La representante sindical dijo que se dejó la advertencia de que en caso de que haya incumplimiento, se harán otras acciones de protesta.