Siguen retenidos sus salarios por orden del gobernador, se queja Nicolás Chávez Adame

El integrante de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame informó que siguen retenidos sus pagos de cinco quincenas y su aguinaldo, así como los de su compañero Alfonso Simón Tavira, sin que el gobierno del estado les dé una explicación.
El 23 de diciembre, Simón Tavira y Chávez Adame, junto con compañeros de otras organizaciones agrupadas en la Dirección Colectiva, denunciaron la retención de sus pagos.
En consulta telefónica, el también dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez manifestó que el gobierno no ha liberado sus pagos por orden del gobernador Héctor Astudillo Flores. Dijo que esperarán esta semana antes de actuar jurídicamente, porque además no es la primera vez que les pasa.
El líder social atribuye la retención de los pagos al rompimiento de diálogo que tuvieron con el gobernador el 7 de diciembre, cuando le cuestionaron que en su gabinete estaba filtrada la delincuencia organizada, y le exigieron la destitución del secretario de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega Otero.
En 2007, en el periodo del ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, al dirigente de la APPG le borraron de la base de datos de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) las dos plazas en Educación Especial que tenía y a Simón Tavira le borraron 36 horas de clases de música. Después de un acuerdo, desde 2011 les pagan por honorarios, mientras se resuelve el problema con sus plazas, lo que no ha ocurrido.

Retienen pagos a líderes de la Dirección de Organizaciones que rompieron con Astudillo, denuncian

 

Los integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame y Alfonso Simón Tavira denunciaron que por instrucciones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, les retuvieron sus salarios quincenales y aguinaldos.
En conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la Normal Margarita Viguri, en compañía de integrantes de la Dirección, denunciaron la retención de sus quincenas y aguinaldos.
Recordaron que en 2007, en el periodo de Zeferino Torreblanca Galindo, a Chávez Adame le borraron de la base de datos de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) las dos plazas en Educación Especial que tenía, mientras que a Simón Tavira le borraron 36 horas de música. Tras un acuerdo, desde 2011 les comenzaron a pagar por honorarios, mientras se resolvía el problema con sus plazas, lo que no ha ocurrido.
El 7 de diciembre, la Dirección Colectiva rompió su diálogo con el gobernador, luego de que Héctor Astudillo Flores se molestó cuando le cuestionaron la infiltración de la delincuencia en su gabinete y le exigieron la destitución del secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero. Chávez Adame denunció que comenzó a recibir amenazas después del desencuentro con el gobernador.
Recordaron que cuando Astudillo Flores comenzaba su periodo, les retuvieron cinco quincenas y también el aguinaldo, lo que relacionan con el rompimiento del diálogo.
“El gobernador ha estado actuando más con las vísceras que con la inteligencia política para resolver este conflicto”, sostuvo Nicolás Chávez.
“El gobernador vuelve a cometer un error porque está influenciado por los zeferinistas, por un lado, José Luis González de la Vega Otero”, refirió el dirigente.

Ya interpusieron una queja ante la Codehum, dicen

Los dirigentes manifestaron que ya interpusieron su queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), pero que les llama la atención que el ombudsman, Ramón Navarrete Magdaleno, primero dijo que es una cuestión laboral que no compete al organismo, pero que después dijo que sí, pues no fueron notificados de la retención, y además no se ha resuelto el problema de sus plazas.

 

Denuncia amenazas Chávez Adame ante la Codehum; comenzaron tras su ruptura con el gobernador, declara

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) que su familia y él han recibido amenazas telefónicas, después de que se rompió el diálogo con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, sobre la filtración de la delincuencia organizada en su gabinete, y de que le exigiera la destitución del secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero.
El 6 de diciembre, la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, se reunió con el gobernador en Casa Guerrero, después de que marcharon para solicitar una audiencia para plantear sus demandas.
Ese día, a Astudillo Flores le plantearon 10 puntos, entre ellos que atienda la seguridad en el municipio, la filtración de la delincuencia en el gabinete y la destitución del secretario de Educación, lo que molestó al gobernador, que abandonó la reunión.
Tras el rompimiento de diálogo, la Dirección Colectiva se reunió con el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, para exponerle la situación, minutos después de la 1 de la tarde en la oficina del ombudsman.
Durante la reunión, Chávez Adame expuso a Navarrete Magdaleno la inquietud de la Dirección sobre la reunión sostenida con el gobernador.
El dirigente resaltó que, en aquella reunión, Astudillo Flores se molestó cuando le pidieron la destitución del secretario de Educación y le plantearon la filtración de la delincuencia en su gabinete.
Después de esa reunión, Chávez Adame dijo que el gobernador, “ya lo agarró personal”, y de lo que les había pasado con de la Vega Otero le dijo que, “ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie, y si tú tienes pruebas de que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas”.
Después de esa reunión, Chávez Adame ha recibido amenazas telefónicas, así como su esposa y su hija, lo que le dijo le preocupa y le hace temer por su vida.
Después de la reunión, Chávez Adame fue consultado por reporteros, y detalló las amenazas que ha recibido. Aseguró que las llamadas no son algo nuevo, pero que ahora ya se dirigen a su familia, “después del 6 (de diciembre)… he visto esas personas (sospechosas que portan radios), por eso yo mandé la alerta a los compañeros, de lo que pudiera ocurrir; pero sí, nosotros creemos que son derivados de ese incidente”, expuso.
Narró que, en una ocasión, supuestos policías federales citaron a su esposa y a su hija cerca de la tienda Comercial Mexicana, diciéndoles que él estaba detenido, lo que resultó falso.
Añadió que las llamadas que recibe son cortas y le dicen frases como, “hijo de tu puta madre, vamos a ir contra ti, contra tu familia; si no le bajas, pues aquí vas a quedar”, además, su esposa recibe llamadas preguntándole por su hija.
Dijo que interpondrán una denuncia penal “contra José Luis González de la Vega Otero; en esa denuncia vamos a señalar, de lo que nos pueda pasar a nosotros, a… Astudillo, al secretario de Gobierno (Florencio Salazar Adame) y a De la Vega Otero, porque ya lo conocemos”.
Nicolás Chávez contó que la situación que prevalece en el estado tiene que ver con que no se ha podido parar la violencia, y que el gobernador también sabe qué grupos delincuenciales están operando en Chilpancingo.
Dijo que en el asesinato del dirigente de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia, la delincuencia y estado son lo mismo, que se ponen de acuerdo para determinar quién les estorba.
“Yo creo que aquí hay algo interesante que se tiene que resolver, y que las instituciones, con las secretarías de Estado, están coludidas con la delincuencia organizada, eso lo hemos dicho porque algunos funcionarios del propio gabinete, siendo ellos los responsables para resolver los asuntos, te mandan a negociar con la delincuencia organizada”, ahondó el dirigente de la APPG.
Ejemplificó que esto sucede en Transportes, en Seguridad y en la Secretaría General de Gobierno; que uno de los involucrados es el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, que tiene mucho que ver con lo que sucede en estado, lo que también dijo en la reunión con el gobernador.
Sostuvo que, “si a nosotros nos pidieran un careo con el gobernador y los propios funcionarios, nosotros les diríamos que ellos mismos están avalando ese procedimiento inusual que se ha dado en estas administraciones”. Indicó que los gobiernos pasados y los actuales son aliados para mantener el poder, y que son capaces de matar con tal de seguir conservado el poder.

 

Denuncian organizaciones que el gobernador abandonó molesto una reunión y piden garantías de seguridad

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se levantó molesto de la mesa de diálogo de ayer, cuando le dijeron que su gabinete está infiltrado por la delincuencia organizada y le pidieron la destitución del secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero.
Ante la actitud de Astudillo las organizaciones declararon roto el diálogo con el gobierno del estado y pidieron medidas de protección para el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, pues temen que el gobernador pueda atentar contra su integridad física.
El 28 de noviembre integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, familiares de la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada Rocío Mesino Mesino, los mineros de Taxco en huelga, damnificados del fraccionamiento Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Frente de Defensa Popular (FDP) protestaron afuera de Casa Guerrero para exigir audiencia con Astudillo Flores.
Ayer en conferencia de prensa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo, Chávez Adame dijo que le expusieron su inconformidad sobre los altos índices de violencia e inseguridad las persecuciones políticas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Agregó que se le presentó un pliego petitorio de 10 puntos, como el esclarecimiento del asesinato de Rocío Mesino, la presentación con vida del integrante del FDP Manuel Alejandro Moreno, voluntad política para la ubicación de los restos de asesinados durante la guerra sucia, y apoyo a Josefina Margarito Rosendo la hija de Patricio Margarito Rivera quien fue encarcelado tras ser acusado por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio a pesar de que existe un contrato de compra-venta.

El encuentro se tornó ríspido

Chávez Adame expuso que se tornó ríspida la reunión cuando le exigieron la destitución del secretario González de la Vega.
Cuando le plantearon el tema de inseguridad y le dijeron que la delincuencia organizada estaba inmiscuida en la política y en su gabinete de gobierno, le pidieron que les ayudara porque no querían ser otras víctimas de desapariciones, entonces el gobernador señaló directamente a Chávez Adame, y molesto le dijo “claro que te voy a contestar”.
“Ya lo agarró personal y dijo que en el caso de nosotros, de lo que nos había pasado con de la Vega Otero y el compañero Alfonso, que nos encontramos todavía en esa circunstancia donde nos desapareció de la base de datos de Educación dijo ‘ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie y si tú tienes pruebas que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas’”, relató el dirigente de la APPG.
El gobernador subrayó que no podía despedir al secretario de Educación porque no tenía evidencias contundentes de malos manejos, de inmediato se paró de la mesa y sin despedirse se retiró de la reunión, agregó.
“Si algo me llegara a pasar a mi, a mi familia o a mis compañeros que representan a esta Dirección Colectiva yo hago responsable directamente a Héctor Astudillo Flores como ejecutivo del estado y al secretario de gobierno, así como al secretario de Educación que lo conocemos, son personas vengativas y me parece que un gobernador no puede perder la cabeza, no puede ser intolerante ante una realidad que vivimos”, advirtió.
“Todo puede suceder porque un gobernador enojado, un gobernador molesto es capaz de todo, nosotros decimos que en lo particular el profesor Alfonso Simón Tavira y su servidor, si aquí se rompe la relación decimos que entre nosotros veremos los canales legales para iniciar una denuncia formal ante las instancias de gobierno en contra de José Luis González de la Vega Otero y en contra del propio gobernador”.
Aclaró que el secretario González de la Vega no es una persona física, y era el secretario de Educación cuando les quitaron sus derechos laborales, “no es un pleito personal que tenemos, pero si el gobernador quiere un pleito personal pues está rebajando su nivel, se supone que los gobernadores deben tener la capacidad política de aceptar la crítica, de revisarla y dar una solución, no hacer berrinches o caprichos”.
Dijo que la Dirección Colectiva definió no aceptar ninguna mesa de trabajo más con el gobernador, y que definirá sus próximas acciones.
En su intervención el integrante de la extinta Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes expuso que el tema de derechos humanos en los tiempos de la guerra sucia, cuando el Ejército sitió el estado y desapareció a cientos de civiles en busca de jefes guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, lo plantearon al gobernador.
“Se requiere de un oficio de colaboración de alguien del estado que puede ser la Fiscalía o el gobernador del estado, dirigido a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal” para que entregue los restos a sus familiares.
De los restos informó que uno es Eliseo Flores Vázquez originario de Acuentla, Chilapa, y el otro es Martín Mario Organés, que vivió desde niño en la comunidad de Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac de Álvarez.
Contó que “ellos eran Guerrilleros, cayeron allá en un cerco del Ejército. Fueron encontrados en el lugar donde cayeron a unos 300 metros de distancia en el cerro de las Clavellinas, lugar cercano a la comunidad del Posquelite (Coyuca de Benítez)”.

En Atoyac exigen seguridad

En Atoyac la Dirección Colectiva demandó al gobernador Héctor Astudillo garantías de seguridad ante el desplante que tuvo en la reunión en Chilpancingo.
En conferencia de prensa Norma Mesino y Clemencia Guevara Tejedor informaron que se rompió el diálogo de parte del gobernador al abandonar de manera ríspida una mesa de trabajo.
Dijeron que en la reunión plantearon, antes de que se supiera que estaban asesinados, la presentación del líder transportista Juan Mendoza Tapia, su esposa y los dos hombres que los acompañaban.
Norma Mesino adelantó que habrá una difusión en todos los organismos internacionales no gubernamentales porque al igual que están demandando la alerta de género piden una alerta humanitaria, “porque desde que inició el gobierno de Peña Nieto hay asesinatos de maestros, campesinos, periodistas”.

Marchan en la capital organizaciones sociales, cierran el Cecyteg y se plantan en Casa Guerrero

Unos 300 integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero marcharon en esta ciudad e instalaron un plantón afuera de Casa Guerrero para pedir una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Entre sus demandas está la indemnización para los vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, justicia para la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada, Rocío Mesino Mesino, respuesta a los mineros de Taxco que llevan 9 años en huelga, atención para los damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, y la presentación con vida del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia.
También la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y justicia al asesinato del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Irineo Salmerón Dircio de Tixtla.
Rechazaron la reforma educativa y exigieron la destitución del secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega Otero.
Subrayaron que el motivo de salir a la calle a manifestarse es para exigir en conjunto sus demandas. En Casa Guerrero integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) los esperaba en la puerta uno.
El contingente iba encabezado por un carro con sonido por el cual reiteraron sus demandas. Además portaron lonas de sus organizaciones.
Mediante el micrófono los manifestantes externaron su rechazo a las reformas estructurales como la reforma educativa y la reforma al sector salud, señalaron que el gobierno en lugar de dar más apoyo a la educación o al campo habla de reducción de presupuesto.
“No podemos continuar así, nosotros debemos pedir estar de una manera estable con seguridad social, con educación. Imaginen cada uno de estos hechos, nosotros somos ciudadanos, también a parte de que somos trabajadores, vivimos en este lugar y pagamos impuestos. Tenemos derecho del libre tránsito, derecho o a exigir todo lo que nosotros estamos remunerando al estado”, pronunció una profesora.
Exigieron que el gobierno del estado encabezado por el priista Héctor Astudillo Flores se sentara con ellos en mesas de trabajo, para analizar sus demandas y darles solución.
Cuando el contingente llegó a las oficinas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) en la avenida Lázaro Cárdenas, exigieron que los trabajadores desalojaran las instalaciones.
Pidieron la destitución del director de la institución Jaime Carmona Huerta porque les hace retenciones salariales en nómina para pagar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) préstamos que solicitan, sin embargo el Cecyteg no está haciendo los pagos, por lo que tienen adeudos y padecen de acoso laboral.
Cuando comenzaron a salir los trabajadores se escucharon las consignas: “¡Fuera, fuera por corruptos! ¡Estamos hartos!”.
“Precisamente en esta dirección general hay mucho recurso desviado, aquí hay mucha gente que aparece en nómina y que no tiene un techo financiero, sin embargo ese techo financiero lo toman de los trabajadores de base a los cuales no se les dan las prestaciones”, acusó un profesor.
Los manifestantes cerraron el portón de las instalaciones, colocaron una cartulina y el contingente siguió su trayecto a Casa Guerrero.
Del edificio salió el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado, quien dijo a los manifestantes que vería para cuando les programaban una reunión.
La Dirección Colectiva acordó que no se sentarían a dialogar con ningún funcionario porque no resuelven sus demandas, que sólo lo harían con Héctor Astudillo.
Presentaron las calcomanías que pegarán en los parquímetros como muestra simbólica de clausura, ante el rechazo de la población. La calcomanía dice “lo exige el pueblo, no al parquímetro, no a la basura”. Como ejemplo colocaron las primeras calcomanías en el que está afuera de la puerta uno del edificio.
Después, como a las 4:45 de la tarde llegó el secretario particular del gobernador, César Armenta, para programar una cita con el gobernador para este martes, le pidieron que les firmara un documento con el compromiso pero no quiso pero los comunicó telefónicamente con Astudillo Flores.
El gobernador les dijo que con “humildad política” se comprometía a reunirse con ellos el martes a las 10:30 de la mañana. Los manifestantes aceptaron y cerca de las 5:30 de la tarde terminó su protesta.
La Dirección está conformada por organizaciones como los mineros de Taxco, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (CETEG), la Universidad Pedagógica Nacional, vecinos del Nuevo Balsas y el Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDP).

Retiene la Policía Federal al líder de la APPG Chávez Adame cuando regresaba del aniversario de la CRAC, denuncia

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame denunció que la noche del sábado fue retenido, junto con dos compañeros, por policías federales durante dos horas en la caseta de La Venta, donde le dijeron que tenía siete órdenes de aprensión de 2004, y que no lo detuvieron porque dialogó por teléfono con un comandante para que le esclareciera la situación.

En conferencia de prensa afuera de la Procuraduría General de la República (PGR), integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos de Guerrero, a la que también pertenece, manifestaron su solidaridad con el dirigente.
Ahí, Chávez Adame contó que el sábado a las 10:43 de la noche, cuando regresaba a la capital después de acudir a la celebración del 21 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), cerca de la caseta de La Venta los detuvieron policías federales.
Añadió que detuvieron con violencia la camioneta donde venía con dos integrantes de la comisión política del APPG, Alfonso Simón Tavira y Raúl Nájera.
Dijo que comenzaron a buscar información sobre ellos y le dijeron que tenía siete ordenes de aprensión vigentes de 2004, desde el periodo de Zeferino Torreblanca Galindo.
Les pidieron que no opusieran resistencia, y que se dieran la vuelta para esposarlos y subirlos a un camión de la PF, expuso.
“Como si fuéramos criminales o capos de la mafia, nosotros le dijimos que eso no podía quedar así que nos permitieran hacer una llamada… nos contestó el comandante Trejo, de la Policía Federal, con quien se logró llegar al acuerdo de liberarnos”, detalló, y lamentó que lo que los haya salvado de ser detenidos fuera una llamada a un comandante de la Policía Federal.
Chávez Adame comentó que, “yo recibí una llamada del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, donde él decía que sentía preocupación por haberme detenido de esa forma. El día de ayer también se habló con el delegado de la PGR para ver nuestra situación. Decíamos nosotros que si es del 2004 cuando Zeferino Torreblanca nos toma presos, pues ya son 12 años… y la acción penal prescribe”.
Al salir de una reunión en la PGR, Chávez Adame contó que acordaron que se va a rastrear su situación jurídica y su expediente, en una reunión donde estarán presentes los jefes de operativos de la Policía Federal sector caminos, y después tomará la propuesta que le hizo el gobernador de reunirse para dialogar sobre su situación jurídica.

Amenazan otra vez a vecinos de Nuevo Balsas que denunciaron contaminación de la minera, informan

 

Pobladores de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, que han denunciado la contaminación que provoca la minera Media Luna, informaron que nuevamente los amenazaron presuntos miembros del crimen organizado.
“Atrévanse a instalar el plantón, para que vayamos por ustedes”, fue, según los inconformes, la amenaza que les hicieron vía telefónica a los dirigentes del movimiento.
La advertencia les llegó dos días después de que denunciaron que la minera ocultó el derrame accidental de 5 mil litros de cianuro en el cerro el Limón, y de que filtraron un audio en el que un ingeniero y un trabajador de la empresa reconocen la contaminación que provoca la minera y las consecuencias que provocará a futuras generaciones.
Uno de los dirigentes declaró que están convencidos de que las amenazas provienen del crimen organizado para amedrentarlos, luego de que han advertido que volverán a bloquear los trabajos de la mina si no tienen respuesta a su demanda de indemnización de 500 mil pesos anuales por los daños ambientales que han disminuido la pesca, la principal actividad económica de los habitantes de Nuevo Balsas.
Informó que fueron cuatro los líderes del grupo que recibieron las llamadas telefónicas con la misma amenaza. Aseguró que uno de ellos, incluso ya abandonó el movimiento, “yo no quiero tener problemas, los dejo”, les habría dicho a sus compañeros.
Acusó que la minera está recurriendo a las amenazas para que no sigan manifestándose contra la contaminación y exigiendo la indemnización. Reconoció que con algunos de sus compañeros está cumpliendo su objetivo, pero que el resto está dispuesto a correr el riesgo y seguir adelante.
Informó que el próximo lunes se reunirán en Chilpancingo con el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, para entregarle un oficio dirigido al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a quien insistirán en una audiencia con él para plantearle de manera directa el problema.
Informó que, dependiendo de la respuesta que reciban, determinarán el plazo para realizar los nuevos bloqueos a la minera, como ya lo habían acordado.
Desde el 6 de septiembre pasado, los vecinos de Nuevo Balsas denunciaron en esta capital amenazas, “al parecer de la delincuencia organizada”, para que dejen el movimiento que pide una indemnización de 500 mil pesos a la minera Media Luna por daños al medio ambiente, además de empleos para los residentes del lugar.
La denuncia la hicieron en conferencia de prensa en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Chilpancingo.
Después, el 20 de septiembre, los inconformes fueron visitados por dirigentes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales, y denunciaron que la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold que explota las minas Media Luna y Guajes-El limón, cerca de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, “ocultó” en febrero pasado, un mes antes de que fuera inaugurada, el derrame de unos 5 mil litros de cianuro combinado con agua en las faldas del cerro del que extrae oro y plata.
Ese mismo día, dijeron que directivos y trabajadores de la minera están conscientes de la grave contaminación que provocan al medio ambiente y de las consecuencias para los habitantes de la zona. Incluso entregaron un audio de una conversación entre un ingeniero de la minera y un vecino de Nuevo Balsas, en el que el funcionario de la empresa confirmó que la cal que utilizan para evitar que el cianuro que desechan contamine, no lo elimina completamente y que sólo lo “neutraliza”.