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A 25 años de El Charco, pide el obispo Vera que López Obrador no mantenga la impunidad

Pobladores de El Charco, integrantes de la Red Solidaria De?cada Contra la Impunidad, organizaciones sociales marchan a 25 an?os de la masacre Foto: Lenin Ocampo Torres

Maribel Gutiérrez

El Charco, Ayutla de los Libres

Hace 25 años, 10 indígenas na savi y un estudiante universitario fueron asesinados por efectivos del Ejército, en la escuela primaria bilingüe de esta comunidad, y ayer, por la masacre, exigieron justicia el obispo emérito Raúl Vera López, el sobreviviente de la masacre Efrén Cortés Chávez, representantes del municipio indígena Ñu Savi que está en proceso de constitución y del gobierno municipal por usos y costumbres de Ayutla, así como dirigentes políticos de izquierda.
El obispo ofició una misa en medio de la cancha de la escuela, frente a las aulas, donde fueron acribillados los indígenas y el joven estudiante Ricardo Zavala Tapia, y con énfasis de manera reiterada llamó a los militares “asesinos”, “asesinos con grado militar”, que merecen castigo.

Nin?as se esconden de la foto en un aula de la primaria Caritino Maldonado de la comunidad de El Charco, donde fueron masacrados 10 indi?genas y un estudiante por el Eje?rcito. A la derecha mujeres escuchan la misa del obispo eme?rito, Rau?l Vera Lo?pez, que ofició en la cancha de la comunidad Foto: Lenin Ocampo Torres

Ahí dirigió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador: “No tiene por qué el actual jefe del Ejecutivo seguir manteniendo en la impunidad ese asesinato vil”. Y de seguir así, “cada día que pase va contra usted”, “automáticamente usted se está haciendo cómplice del entonces jefe máximo del Ejército, que era Ernesto Zedillo”.
El obispo emérito viajó a esta tierra del sur, y desde Acapulco en una caravana que subió a la montaña de Ayutla, por una polvorienta carretera en parte de terracería, para pensar en los 10 indígenas y el joven estudiante ejecutados, y en los 27 sobrevivientes que hace 25 años fueron detenidos y torturados y cinco de ellos heridos, y en particular mencionó a Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, que sufrieron tortura y estuvieron cuatro años en prisión. El segundo mensaje fue de aliento a las comunidades de esta región que después de 25 años siguen luchando por la justicia.
El tercer mensaje a las comunidades y a las víctimas es que sigan unidas, que nadie las divida por dinero que les dé el gobierno, que estén juntas en su lucha. Se refirió a las viudas de los campesinos ejecutados y a la mayoría de los sobrevivientes que por separado, en la cabecera municipal de Ayutla, participaron en una manifestación también para exigir justicia en esta fecha.
En su cuarto mensaje elogió el esfuerzo del pueblo na savi, que está constituyendo su nuevo municipio indígena, llamado Ñu Savi, formado por las comunidades antes llamadas mixtecas del municipio de Ayutla, y lo llamó a tener fortaleza.
Cuando llegó a El Charco, el obispo Vera, de 77 años, vestido de sotana blanca que usan los sacerdotes dominicos, caminó al frente de un contingente de poco más de 100 personas, al lado de mujeres na savi de la región con sus faldas de colores brillantes, que sostenían una manta con las frases: “Masacre de El Charco. 25 años de lucha por la justicia y contra la impunidad”.
Marcharon también hombres indígenas de la región, y visitantes, líderes políticos de izquierda, que después de la misa oficiada por el obispo participaron en colectivo en la colocación de una ofrenda de flores y veladoras dentro de uno de los salones de clases de la escuela primaria Caritino Maldonado donde hace 25 años se encontraban representantes indígenas de la región y miembros de una columna guerrillera del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que fueron atacados por tropas del Ejército. Adentro, los salones están pintados por murales alusivos a la masacre cometida en este lugar, del pintor indígena Nicolás de Jesús.
Ahí se encuentra una cruz de piedra con los nombres de los masacrados: Fernando Félix, Zeferino Damián, Manuel Francisco, Fiden-cio Morales, Apolonio Jiménez, Honorio García, Mauro González, Mario García, Daniel Crisóforo, José Rivera y Ricardo Zavala.
Entre los asistentes, a quienes Efrén Cortés llamó “liderazgos estatales” estuvieron el ex rector y nuevamente rector electo de la UAG Javier Saldaña, y los luchadores sociales y políticos Higinio Torres, Antonio Pérez, René Lobato, Javier Vázquez, Javier Manzano, Florentina Rosario y el subsecretario de Gobierno Óscar Chávez.
La secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López Paulino, pidió en el mitin que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que en diciembre de 2018 admitió la petición de investigar el caso– rinda el informe de fondo, con el que se espera que la investigación se turne a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sean juzgadas las violaciones a los derechos humanos y se emita sentencia.
Desde el día de la masacre la escuela bilingüe no volvió a ocuparse para la enseñanza, se reservó, para guardar la memoria de los caídos, sin ocultar los cientos de balazos, y se construyó otra primaria cerca de ese lugar. En frente sigue el aula donde estudian los niños de kínder, y en los alrededores existe ahora un albergue para alumnos que vienen de otros pueblos, un centro de salud con nuevo edificio este año, la comisaría y una telesecundaria. Sin embargo, la población se ha reducido, hace 25 años se contaban unos 300 y ahora son 146, algunos emigraron tras la masacre y otros se fueron en los siguientes años a las ciudades, principalmente por falta de empleo en El Charco.

Una luz desde Guerrero para seguir luchando

El obispo Raúl Vera rezó para que esta comunidad siga luchando por su dignidad, y le agradeció porque “es una luz desde acá del estado de Guerrero para todo nuestro país y más allá, donde se conozca este vil asesinato colectivo cometido por miembros del Ejército mexicano”.
Llamó a los asistentes a seguir trabajando para que en México exista verdaderamente la justicia, y existan verdaderos gobernantes que tienen la obligación desde su quehacer político de garantizar a los ciudadanos el derecho y la justicia.
Dijo que “lo que vinieron a hacer aquí miembros del Ejército mexicano es una injusticia gravísima”, cometida por quienes reciben la encomienda de defender y proteger a la población, pero lo que hicieron fue venir a matar.
Vera López, que conoce a fondo el caso, y como presidente honorario de la organización no gubernamental Red Solida-ria Década contra la Impunidad presentó la petición a la CIDH con sede en Washington de investigar el caso, explicó que los indígenas y sus atacados por soldados del Ejército en la escuela, habían participado en una asamblea para analizar proyectos para mejorar sus condiciones de vida.
Dijo que López Obrador, es sucesor de Ernesto Zedillo, que garantizó a los militares impunidad.
Manifestó que esa masacre, las injusticias cometidas, no pueden seguir impunes, y “que lo sepa el actual jefe máximo del Ejército, eso no puede seguir impune señor presidente, cada día que pase ya va contra usted, automáticamente usted se está haciendo cómplice, del entonces jefe máximo del Ejército, que entonces era Ernesto Zedillo. Entiéndalo”.

Los indígenas reunidos en la escuela ya buscaban formar un nuevo municipio

El obispo Vera, el sobreviviente Efrén Cortés, representantes municipales de Ayutla y Ñu Savi, y los visitantes hablaron de uno de los objetivos de la asamblea que se llevó a cabo hace 25 años en esta escuela.

Fue formar un nuevo municipio indígena Ñu Savi, para tener su propio gobierno que se encargara de mejorar la vida de los indígenas de esta región. Ahora, después de seguir el procedimiento legal en el Congreso del Estado, está muy cerca la constitución del nuevo municipio Ñu Savi, que tendrá cabecera en Coapinola.
“Que este municipio sea el comienzo de una nueva vida, en donde todos piensen en todos, y tengan una vida digna a la que tienen derecho al mismo trato digno”, dijo el obispo.
Efrén Cortés recordó que en la reunión hace 25 años se buscaba formar un municipio indígena, para tener una sociedad más justa, y atender la educación, la salud, las carreteras, la producción que los pueblos de la región necesitan.
En el mitin después de la ceremonia religiosa, el secretario del Comité de Gestión del nuevo municipio, Melquiades Gregorio Porfirio, recordó que hace 25 años, se reunieron representantes de las comunidades, comisarios y líderes, y uno de los tantos anhelos que tenían era el nuevo municipio”.
Manifestó que ahora “las condiciones siguen siendo las mismas, los niños siguen sin recibir una educación de calidad, los caminos siguen igual, los pocos que logramos salir (a estudiar) es por esfuerzo propio, el sistema nos enseña que tenemos que ser individualistas, la educación nos enseña eso, cuando en los pueblos originarios no se trabaja de manera individual, se trabaja en colectivo, y por eso hace 25 años muchos líderes se reunieron para plantear, soñar con un nuevo municipio que permitiera mejorar la calidad de vida, mataron a muchos líderes naturales, mataron a muchos hermanos nuestros, pero afortunadamente hay personas que tenemos memoria y vamos a lograr que más niños en la región recuerden y exijan justicia por los compañeros que han caído, estaremos aquí para que se logren los sueños que ellos tenían y por los que han caído”.
Reflexionó: “Se ha logrado avanzar para tener un nuevo municipio, pero ese municipio no vale la pena si nada más es de nombre”, y planteó “lo que necesitamos es tener una educación de calidad, no importa ser un profesional y no estar al servicio del pueblo”.
También integrante del Comité de Gestión, Donaciano Morales Porfirio, expuso: “Hace 25 años cuando se encontraban campesinos reuniéndose para impulsar el desarrollo, entre esos proyectos estaba tener un gobierno propio y además había la idea de crear nuestro propio municipio, que ahora tiene avance 98 o 99 por ciento en el Congreso”.
Entre los personajes asistentes, el rector electo de la UAG, Javier Saldaña Almazán –que trajo una ofrenda de flores blancas en honor a los 11 asesinados– recibió peticiones de ayuda.
Efrén Cortés planteó hacer en la escuela de El Charco un memorial o un museo para exponer esta historia, y Saldaña respondió que está abierto a la propuesta, cuando asuma nuevamente su función de rector y lo podrá plantear en el Consejo Universitario.
También se planteó que la UAG contribuya a elaborar un Plan de Desarrollo para el nuevo municipio Ñu Savi.

Denuncia la Red Década Contra la Impunidad amenazas contra su secretaria ejecutiva

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad que da acompañamiento a varios casos de violaciones a derechos humanos en Guerrero, denunció amenazas en contra de su secretaria ejecutiva, Magdalena López Paulino.
“Ni siquiera sabes lo involucrado que estoy en la desaparición forzada de guerrero, guerra sucia, mi caso es el segundo después de lucio cabañas, investiga antes de creer que me puedes hacer caer”, le mandaron decir a través de un mensaje vía Messenger de Faccebook.
En un boletín de prensa, los integrantes de la red Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortes Chávez, expresaron ayer su “preocupación” por el mensaje “intimidatorio y amenazador” que le mandaron el 2 de febrero a López Paulino.
Informaron que ese día, aproximadamente a las 19:30 horas, la defensora de derechos humanos y secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, recibió vía Messenger el texto: “Ni siquiera sabes lo involucrado que estoy en la desaparición forzada de guerrero, guerra sucia, mi caso es el segundo después de lucio cabañas, investiga antes de creer que me puedes hacer caer”.
Detallaron que el texto fue enviado a través del Facebook de John Titor, pero que están seguros que se trata de un perfil falso.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, actualmente da acompañamiento y litiga los casos de la masacre de El Charco, en este caso representa a Ericka Zamora Pardo, Efrén Cortes Chávez y a la familia Zavala.
Asimismo lleva el caso del luchador social de Iguala asesinado en el 2013, Arturo Hernández Cardona, y el asunto de los policías comunitarios masacrados en Ometepec en mayo del 2015.
Aunado a ello, el organismo de derechos humanos, informó que el 27 de enero, recibió la notificación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) de la Sentencia del caso Jorge Tzompaxtle Tecpile en el que ese tribunal internacional ordena al Estado mexicano la eliminación de la figura del arraigo “en la Constitución y leyes, y la armonización de la prisión preventiva con la convencionalidad”.
La Red, exigió al gobierno federal un alto al hostigamiento e intimidación a la defensora de derechos humanos María Magdalena López Paulino.
Asimismo responsabilizó al Estado de la integridad física y psicológica de la defensora y demás integrantes de esa Red.
El organismo recuerda que López Paulino cuenta con medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde el 2014.

 

Denuncia Efrén Cortés intimidación de presuntos agentes de Migración

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Presuntos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) intentaron detener la noche del martes al sobreviviente de la masacre de El Charco y defensor de derechos humanos, Efrén Cortes Chávez, denunció éste ayer vía telefónica.
El defensor declaró que los agentes argumentaron que “es extranjero” pero dijo que ve que se trata de una intimidación en su contra por la postura que ha asumido en el caso Ayotzinapa, pues ha dicho que si es un crimen de Estado, el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y llegar hasta las últimas consecuencias.
Contó que el martes salió de Chilpancingo a las 7 y media de la noche y aproximadamente a las 9:50 cuando el autobús pasaba por la caseta de Alpuyeca, ya en el estado de Morelos, se detuvo unos 15 minutos con las luces apagadas.
Agregó que en ese tiempo se subieron dos personas exigiendo a los pasajeros que se identificaran, explicó que él se encontraba en uno de los últimos asientos y que cuando llegaron hasta él uno de ellos le preguntó. “¿quién eres tú?”.
Explicó que le respondió que por qué la pregunta; “primero dime quién eres tú”, le respondió Efrén pero la reacción del supuesto agente de migración fue agresiva y lo acusó: “Tu eres sospechoso de ser extranjero y te vamos a bajar”.
Pero Efrén Cortes lo retó: “Bájame si puedes, tú no me puedes bajar porque soy defensor de los derechos humanos”, dijo que al escuchar esto algunos de los pasajeros se levantaron de sus asientos y confrontaron a los dos que se dijeron agentes.
Explicó que cuando éstos vieron que unos siete pasajeros los encararon y les advirtieron que no lo podían bajar y uno de ellos le advirtió que era abogado y que su actitud era violatoria de los derechos humanos, los desconocidos aclararon que eran agentes del Instituto Nacional de Migración, pero que nunca se identificaron.
El pasajero que se dijo abogado les aclaró que aun así no tienen por qué andar parando a los autobuses, aparte de que no se habían identificado, “y que eso es violación a la Constitución”, los acusó.
Cortés Chávez denunció que se trató de un acoso en su contra, “creo que había la intención de bajarme del autobús, no sé para qué”.
Explicó que el trato que recibió fue distinto al que utilizaron con los demás pasajeros y que eso le hace suponer que ya iban directamente contra él.
“Cuando les dije que antes se identificaran me dijeron: es lo que queríamos oír; tu eres extranjero, te vamos a bajar”, contó que le respondieron.
“Yo lo veo como algo planificado. Yo tengo medidas cautelares y cómo es posible que haya esta situación de acoso”, se quejó.
Cortés Chávez declaró que cree que si la gente no se hubiera opuesto lo hubieran bajado.
Explicó que los tipos iban vestidos de civil y con corte tipo militar, aunque no alcanzó a ver si iban armados, pero dijo que cree que afuera del autobús se quedaron más personas y sólo subieron dos.
Cortés Chávez cree que lo iban monitoreando desde que salió de Chilpancingo y que sus datos los obtuvieron por las medidas cautelares que tiene.
El sobreviviente de la masacre del Charco, dijo que supone que fue para intimidarlo por la postura que ha asumido en el caso Ayotzinapa.
“Yo he estado en el debate en algunos medios de comunicación con respecto al reciente informe de Ayotzinapa; he dicho que si fue crimen de estado el gobierno tiene que asumir su responsabilidad para que no se vuelva a cometer y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y castigar a los autores materiales e intelectuales, a los que ordenaron este crimen”.

Consultaba el ERPI en comunidades cuando ocurrió la masacre de El Charco: Efrén Cortés

Durante la Jornada del Estudiante Detenido-Desaparecido, el sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez reveló que hace 20 años, cuando ocurrieron los hechos, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) se encontraba en la zona porque hacía una consulta en las comunidades de Ayutla ante el rompimiento interno del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
También confirmó que, antes del ataque a los indígenas civiles desarmados y a una columna de milicianos del ERPI que se encontraban en la escuela Caritino Maldonado Pérez y que ya se habían rendido, hubo dos enfrentamientos de miembros del ERPI con el Ejército, que duraron de las 2 de la madrugada a las 6 de la mañana en las comunidades de Cozcatlán y Amate Amarillo.
Consultado al final de su intervención, el estudiante de la UNAM que sobrevivió a esa masacre, dijo que no se ha confirmado pero que en estos dos enfrentamientos pudo haber militares muertos o heridos, lo que explicaría “el odio” con el que actuaron los soldados en el Charco, donde ya no fue un enfrentamiento sino una masacre de los militares en contra de los indígenas indefensos y los milicianos del ERPI que ya se habían rendido.
En esa masacre del 7 de junio de 1998 murieron nueve civiles y dos miembros del ERPI, además hubo cinco heridos y 22 detenidos.
A casi 20 años de los hechos, el sobreviviente de la masacre, Cortés Chávez declaró durante su intervención en la Jornada del Estudiante Detenido-Desaparecido, “vi a unas fuerzas armadas camuflajeadas y con mucho odio”.
Dijo que también lo escuchó en la respuesta del militar que encabezaba las tropas federales, el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, cuando les pidieron que no dispararan, que se rendían, él contestó: “les vamos a dar chilate con pan”, que es una expresión que se usa en la zona cuando se advierte a alguien que se le va a dar un escarmiento.

Las desapariciones y la violencia se han masificado hacia la población para ejercer el control mediante el terror, coinciden

Durante la jornada organizada por el colectivo Revueltas, de la Unidad Académica de Filosofía y Letras, con motivo del Día del Estudiante, Cortés Chávez, y Janahuy Paredes, hija del desaparecido de Michoacán, Francisco Paredes Ruíz, coincidieron que a diferencia del periodo de la guerra sucia, cuando las desapariciones, la represión y la persecución política se ejercía sólo contra luchadores sociales, ahora las desapariciones y la violencia se ha masificado hacia la población, para ejercer el control mediante el terror y la violencia con fines económicos y el saqueo de los recursos naturales.
En esta jornada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se exigió la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y de universitarios desaparecidos en la llamada guerra sucia, como Carlos Díaz Frías, Carlos Benavides y Victoria Hernández Brito.
Janahuy Paredes, hija de Francisco Paredes, desaparecido en 2007 en Michoacán, narró cómo después de la desaparición de su padre su familia ha sido perseguida, criminalizada y permanentemente hostigada por las policías de los tres órdenes de gobiernos.
Agregó que, a diferencia de lo que se vivió en la llamada guerra sucia de los años setentas y ochentas, ahora la estrategia de represión del gobierno no es solamente contra los luchadores sociales, estudiantes, periodistas o defensores de derechos humanos, sino que las desapariciones forzadas, los asesinatos y la violencia en general se ha masificado en contra de toda la población, principalmente en contra de los jóvenes, como una estrategia de terror sicológico con intereses económicos.
“Se trata de una política de estado con la intención de mantener atemorizada a la población con el objetivo del saqueo de los recursos naturales y el control del territorio”, dijo.
Janahuy Paredes recomendó que la población recurra “a los mecanismos de organización en contra del sistema jurídico-político que no nos garantiza justicia”.
Por su parte, Efrén Cortés dijo que la situación de violencia, las desapariciones forzadas y los asesinatos, no son porque haya un Estado fallido, “sino porque tenemos un Estado delincuencial, que tolera a la delincuencia, y él mismo delinque y recurre a la ilegalidad como una estrategia para generar terror, sobre todo en las zonas donde se genera capital y hay recursos naturales, como madera, agua y minerales.
Dijo que por eso recurre a la desaparición forzada, por un lado, y por otro a la militarización, como una estrategia de terror y para lograr el control político de las zonas en disputa.
Agregó que eso pasó con la masacre de El Charco hace 20 años, cuando el gobierno sabía de la presencia de grupos armados como ERPI y el EPR.
Reveló que, el 8 de junio del 1998, los milicianos del ERPI hacían una consulta en las comunidades de Ayutla ante el rompimiento interno del EPR, e incluso antes de la masacre en El Charco se dieron dos enfrentamientos con el Ejército en las comunidades de Cozcatlán y Amate Amarillo, de las 2 de la mañana a las 6 de la tarde, cuando pudo haber algunos militares muertos o heridos.
Añadió que, en El Charco ya no fue enfrentamiento, sino un ataque y una masacre a mansalva contra unos 100 civiles indígenas que pernoctaban en la escuela Caritino Maldonado Pérez, entre los que había niños y comisarios de las comunidades cercanas, y una columna del ERPI que ya se había rendido.
Comentó que los militares, encabezados por el general Oropeza Garnica, que había llegado alrededor de las 7 de la mañana, “dijeron que la íbamos a pagar, que a ellos no les importaba, que si estábamos con la guerrilla, teníamos responsabilidad”.
Fue entonces que el general amenazó, “les vamos a dar su chilate con pan”.
Dijo que esa reacción pudo haber sido porque la gente armada “no se dejó”, y que se enfrentó con los soldados en las comunidades de Cozcatlán y Amate Amarillo, “cuando ya todo mundo estaba rendido empezaron a disparar en contra de la gente que ya estaba en la cancha”.
Denunció que si el Ejército hubiera respetado el derecho a la vida, no hubiera habido tanto muerto civil desarmado, nueve, y sólo dos miembros del ERPI.
Insistió que los militares actuaron así porque la masacre del Charco fue parte de la militarización y la desaparición forzada, pero que ésta última no se dio porque hubo muchos muertos y detenidos, y no pudieron ocultarlos.
Indicó que los hechos se encuentran dentro de la lógica que tiene el gobierno, de la militarización y el terror sicológico para controlar y someter a los pueblos en donde supone que hay peligro y riesgos de insurrección.
Añadió que el gobierno sabía que en Ayutla había grupos guerrilleros, y que por eso envió a 5 mil GAFES que siguieron operando en ese municipio después de la masacre, y no precisamente para decomisar drogas y armas, sino que iban sobre los grupos insurgentes, “el Estado siempre supo que en Ayutla había guerrilleros, pero no estaban por valientes, estaban por la represión sistémica que siempre se ha dado en contra de los pueblos indígenas, era como una necesidad la guerrilla allí”, dijo.

 

La fiscalía no informa los avances del caso de su sobrino asesinado hace 3 meses, acusa Efrén Cortés

El gobierno mexicano ha incumplido con el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas que tiene su sede en Ginebra, Suiza, y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición, tortura y ejecución del joven Jorge Cortés Carmona, denunció su tío el sobreviviente de la masacre de El Charco en Ayutla, Efrén Cortés Chávez.
Cortés Chávez informó que el gobierno mexicano se comprometió oficialmente ante el Comité contra la Desaparición Forzada a informar mes con mes a los familiares del joven sobre los avances de la investigación, mientras que a la CIDH no le ha contestado su petición sobre la situación del caso.
Jorge Cortés Carmona de 24 años era de Cruz Grande, municipio de Florencio Villarreal, desapareció la noche del 28 de octubre en Cuajinicuilapa en donde cursaba su seminario de titulación y fue encontrado ejecutado con balazos y con huellas de tortura cerca de esa misma población el 7 de noviembre.
Su tío denunció que al cumplirse tres meses del asesinato los familiares no han recibido información de los avances de la investigación para detener a los responsables, por lo que suponen que el gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) encubren a alguien.
Agregó que el gobierno de México se comprometió ante el Comité contra la Desaparición a informar a los familiares del avance de las investigaciones, pero que han pasado tres meses y no han sido informados.
“Eso para nosotros es preocupante, se ha filtrado que ya hay órdenes de aprehensión, pero la fiscalía no ha informado directamente a los familiares”, se quejó Efrén Cortés.
“Por eso nosotros exigimos que la FGE informe de cómo va la investigación”, insistió.
También denunció que el Estado mexicano no ha contestado a la CIDH sobre este caso y que eso todavía es más grave porque es un organismo vinculante.
Según el reporte de la Policía Ministerial que acudió al lugar donde fue encontrado el cadáver su sobrino, estaba en una fosa clandestina de unos 80 centímetros de profundidad, en un terreno en la carretera entre Cuajinicuilapa y San Nicolás.
Cortés Chávez declaró que la CIDH ha pedido información al gobierno mexicano sobre el caso pero no ha contestado, “y eso no es algo que el gobierno quiera, sino que es una obligación contestarle. No sabemos por qué el gobierno está siendo omiso con respecto a este caso, si tiene los instrumentos y es una obligación legal”.
Explicó que a los familiares les interesa conocer si la fiscalía tiene avances, y en caso contrario que ésta se declare incompetente y sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que atraiga el caso, pues dijo que hay materia legal pues se trata de un delito de desaparición forzada y tortura.

 

No informan a la familia del estudiante asesinado en Cuajinicuilapa del avance en la investigación

El sobreviviente de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, Efrén Cortés Chávez denunció que a casi un mes del asesinato de su sobrino, estudiante de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jorge Cortés Carmona ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni el gobierno estatal le han informado si hay avances en la investigación.
Insistió que por la actitud sospechosa y omisa de las autoridades sigue pensando que el asesinato fue un acto de represalia y advertencia hacia él, por su activismo en el estado.
Cortés Carmona, originario de Cruz Grande la cabecera municipal de Florencio Villarreal, desapareció en Cuajinicuilapa el 29 de octubre y su cuerpo fue encontrado el 7 de noviembre en una fosa clandestina.
“Después de todo esto el gobierno del estado y la Fiscalía no han presentado ningún resultado. Otra de las cosas es que los gobiernos federal y estatal no acataron el requerimiento de los amparos que promovimos ante el juzgado Octavo de Distrito, y ni el Ejército ni la Marina realizaron la inspección que se pidió”, denunció vía telefónica Cortés Chávez.
El sobreviviente denunció que hay una “total cerrazón” de las autoridades federales y estatales para dar información con respecto de lo que está pasando.
Agregó sigue pensando que fueron gentes del gobierno quienes participaron en la privación de la libertad y posterior ejecución de su sobrino, “de lo contrario ya hubieran dado a conocer qué fue lo que pasó, quiénes participaron y cuáles son los móviles”.
Denunció que va para un mes y no se sabe qué fue lo que pasó y menos si hay algún detenido, ya sea autor material o intelectual, “si el gobierno sabe algo que lo diga y que ejerza la acción penal en contra de los autores materiales e intelectuales”.
Añadió que extraoficialmente saben que hay lagunas en la investigación y que pretenden dar una versión en el sentido de que no iban sobre él, que lo confundieron, “pero hay varias cosas que no cuadran con respecto a eso”.
Insistió en que para la familia es sospechoso que a casi un mes no haya resultados de la investigación y ningún detenido, a pesar de que hubo gente que vio cuando se lo llevaron y que, además, Cuajinicuilapa no es un pueblo grande y todos se conocen como para obtener información.
“El estado cuenta con los instrumentos para ordenar la detención en contra de quienes hayan sido los responsables. Por ejemplo el presidente municipal y el director de Seguridad Pública tienen que saber algo de lo que sucedió, porque la desaparición se dio frente a testigos y en el centro, pero no se investiga nada”, se quejó.

La familia del alumno de Veterinaria asesinado teme que las autoridades cierren el caso sin investigar

El luchador social y sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez, insistió en una investigación exhaustiva del contexto amplio del asesinato de su sobrino, el estudiante de Veterinaria de la UAG, Jorge Cortés Carmona, cuyo cuerpo fue encontrado en Cuajinicuilpa, después de nueve días sin saber  de su paradero, con rastros de tortura (pudo ser asesinado a golpes), y  los responsables pretendieron desaparecer su cuerpo.
En una llamada a la redacción de El Sur, advirtió que la familia teme que las autoridades quieran cerrar el caso con una tesis de tipo personal, sin ahondar en la autoridades de los tres niveles de gobierno que operan en la zona y que debieron tener conocimiento de los hechos.
Estimó que durante la desaparición forzada, se hizo mucho daño a sus familiares, y en caso de homicidio simple, su cuerpo habría sido hallado de inmediato. Consideró que las corporaciones municipal, estatal y federal, y el propio Ejército, que tiene retenes en esta carretera, deben tener información de lo que le ocurrió a su sobrino. “No se puede llevar a una persona del centro del pueblo sin que las autoridades se den cuenta”.
Pidió que se investigue al director de Seguridad Pública del municipio, a la Policía Estatal de la región, y a los militares que son parte del entorno, y si hay responsabilidades por acción u omisión, que se castigue a los responsables.
Subrayó que el único interés de los familiares es que haya resultados objetivos, creíbles, y que se llegue hasta las últimas consecuencias, y si fuera un tema sólo de particulares que lo sustenten con pruebas.
Insistió en que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga, porque se lastimó mucho a su familia, o tal vez son muchas familias que están sufriendo la misma situación.
Ratificó que la víctima estaba dedicado a sus estudios, “me pongo a pensar por qué tanta saña respecto a un joven que su vida era como cualquier otro muchacho”.
Consideró que “no se puede vivir con tanta impunidad, donde todo pasa y nada se investiga, todo queda en el olvido, no podemos quedarnos callados frente a eso”.
Insistió en que un delito con estas características, no puede realizarse sin el aval de la autoridad, por lo tanto existe la presunción de que intervinieron agentes estatales.

El estudiante de Veterinaria de la UAG asesinado en Cuajinicuilapa fue torturado, revela Efrén Cortés

En Acapulco familiares del estudiante desaparecido de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jorge Cortés Carmona, acompañados de visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acudieron al Servicio Médico Forense donde reconocieron a la víctima y reclamaron el cuerpo.
En declaraciones, Efrén Cortés Chávez, uno de los tíos del joven de 24 años y sobreviviente de la masacre de El Charco, reveló que el joven fue torturado, y recriminó que desde que la Fiscalía General del Estado tomó el caso de la desaparición de su sobrino, quien realizaba un seminario de titulación en la escuela de Veterinaria y Zootecnia de la UAG, no informó nada a los familiares quienes se enteraron del hallazgo del cuerpo por otras personas.
Fuentes de  la Fiscalía indicaron que el cuerpo no sería entregado hasta que se realizaran los exámenes de ADN para una mayor certeza, pero a la una de la tarde los familiares informaron que en 2 horas les sería entregado y trasladado a su natal Cruz Grande.
En una llamada informaron que el cuerpo fue entregado a las 3 de la tarde y que las pruebas de ADN se las entregarían después, pero que identificaron plenamente al joven por señas particulares y la ropa que llevaba el día que desapareció.
Según el reporte de la Policía Ministerial que acudió al lugar donde fue encontrado el cadáver del joven desaparecido el 28 de octubre en el centro de Cuajinicuilapa, estaba en una fosa clandestina de unos 80 centímetros de profundidad, en un terreno ubicado en la carretera entre Cuajinicuilapa y San Nicolás.
Dice que el hecho fue reportado a las 10:30 de la mañana del martes por el comandante de la Policía Municipal de Cuajinicuilapa, Benito Gracia Morales, quien informó del lugar donde estaba enterrado el cuerpo reportado por los vecinos.
En un diámetro de 10 metros del terreno ubicado cerca de la comunidad de Montesillo, había ramas de árboles cortados y tierra removida, encontrado una fosa de 80 centímetros de ancho,  un metro con cuarenta centímetros de largo y 90 centímetros de altura, donde estaba la víctima.
El reporte indica que al cuerpo se le apreciaron “múltiples fracturas de cráneo, observándose atado del cuello con una cuerda de plástico de color blanco, así como la mitad de una camiseta de color blanco con rojo con el numero 85”.
El joven sólo vestía un “pantalón de mezclilla de color azul, bóxer gris, cinturón piteado el cual tiene la figura de la cara de caballo en la hebilla, y puesta sobre los brazos una playera tipo polo de color verde con figuras de Mickey Mouse en color rojo”.
El cuerpo no fue trasladado a la morgue a las 2:10 de la tarde, hora en que terminaron las diligencias. En el Servicio Médico Forense los familiares estuvieron acompañados de integrantes del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

Llama a las autoridades estatales a hacer una investigación ejemplar

El luchador social y sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortes Chávez insistió en que la desaparición y el asesinato de su sobrino, el estudiante de Veterinaria Jorge Cortés Carmona, fue un crimen político por su relación de parentesco.
En una conferencia de prensa con representantes del Colectivo de Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero denunció que el gobernador Héctor Astudillo Flores guardó silencio cuando se le pidió su intervención, y la Fiscalía General del Estado (FGE) fue muy lenta en la localización del joven de 24 años, además de que el cuerpo tiene indicios de tortura.
Aseguró que el siguiente día al de su desaparición, el lunes 30 de octubre, hombres desconocidos llamaron al número telefónico del papá de la víctima, y desde el anonimato dieron a entender que ellos sabían dónde estaba el muchacho y podían ayudarlos a localizarlo, sin pedir rescate.
Indicó que los registros telefónicos fueron entregados a las autoridades y no hubo más información del caso, hasta que encontraron su cuerpo enterrado en un paraje rumbo a la comunidad de San Nicolás, por la colonia Miguel Alemán de la cabecera municipal de Cuajinicuilapa, y la localidad de El Comal.
Estimó que el cuerpo fue enterrado para desaparecerlo, y eso implicaría que el gobierno sabía dónde se encontraba, “¿o quién le dio el pitazo?”.
En tanto no haya una investigación profesional con resultados comprobables y científicos, dijo que insistirá en que el ataque a su sobrino pudo tener una motivación política, debido a las actividades políticas del luchador social. Subrayó que la vida de su familia es lícita.
Aclaró que independiente de los resultados del caso, sean responsables o no las autoridades, hay responsabilidad legal del Estado que debe garantizar la vida de los ciudadanos.
Señaló que la FGE no actuó hasta que la Red Solidaria Década contra la Impunidad solicitó acciones urgentes a las autoridades del Estado mexicano y a organismos internacionales. Entonces, comenzó la aplicación del protocolo de investigación compartida para casos de desaparición forzada.
Llamó a las autoridades estatales a hacer una investigación ejemplar “no de simulación. Si hay agentes estatales culpables materiales o intelectuales, o no, debe haber una sanción ejemplar”.
También exigió un pronunciamiento o deslinde del gobernador Héctor Astudillo Flores, “para que explique por qué la autoridad cayó, hubo silencio gubernamental, no hubo comunicación con la familia”.
Del Colectivo estuvieron representantes la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), de los mineros de Taxco, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), colonos del Nuevo Mirador, y el integrante de la desaparecida Comisión de la Verdad, Nicomedes Fuentes García.
Consultado sobre la inseguridad en la entidad, Fuentes García aseguró que el grado de violencia no puede entenderse sin la connivencia de las autoridades.
Aunque hay operaciones militares y policiacas, estimó que hay cierto grado de contención en lugares estratégicos, como Acapulco, no así en las regiones.
“Es grave todo lo que ocurre, no basta toda esa movilización del Ejército y cuerpos de seguridad porque hay presunción de que están involucrados, y en esa circunstancia no puede hacer ninguna seguridad para nadie”,  advirtió.
Mencionó que en la época conocida como la guerra sucia, de la década de 1970, hubo una decisión de Estado para localizar y eliminar un movimiento guerrillero, que no llamaban así, sino de delincuentes, pero no fueron sólo contra los guerrilleros sino tras los familiares y la población que podía protegerlos, “el daño de aquel tiempo no ha sido reparado, no ha habido justicia ni verdad”.
Ahora, señaló que la situación es más compleja por el involucramiento de grupos criminales, “que no podría ocurrir sino fuera por la connivencia del Estado”.

Hallan muerto al estudiante de Veterinaria en Cuajinicuilapa; estuvo 10 días desaparecido

El luchador social y sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez informó que a 10 días de no saber de su paradero, su sobrino Jorge Cortés Carmona fue hallado muerto en un paraje entre los poblados de San Nicolás y El Tamal, en el municipio de Cuaujinicuilapa.
Indicó que el cuerpo fue identificado por su hermano por la ropa que llevaba puesta el día que desapareció.
Sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en Acapulco para la necropsia de ley, con la que se determinará la causa de muerte.
De acuerdo con la ficha de la acción urgente que emitió la Red Solidaria Década contra la Impunidad, el joven de 24 años de edad originario de Cruz Grande, se encontraba en la cabecera municipal de Chuajinicuilapa cursando un seminario de titulación en la escuela de Veterinaria y Zootecnia, donde concluyó sus estudios de licenciatura.
Sus familiares detallaron que el sábado 28 de octubre por la noche estuvo en una reunión con sus compañeros de escuela, lo último que se supo de él es que acudió a una tienda de conveniencia la madrugada del domingo 29.
En la acción urgente se solicitó la intervención de los tres niveles de gobierno para garantizar su integridad física y su vida, también se dio vista a la Comisión Nacional de Derechos Humano y las representaciones en México de organismos internacionales.

Lleva 9 días desaparecido en Cuajinicuilapa el estudiante de veterinaria de la UAG

El estudiante de la Escuela de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jorge Cortés Carmona quien es sobrino del luchador social y sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez, cumplió nueve días desaparecido sin que las autoridades hayan informado a los familiares los avances de las investigaciones a pesar de que han presentado elementos claves para su localización.
Cortés Carmona de 24 años y originario de Cruz Grande del municipio de Florencio Villarreal desapareció la noche del sábado 28 de octubre en Cuajinicuilapa, región de la Costa Chica, ahí el joven cursaba su seminario de titulación.
Según sus familiares el joven esa noche acudió a una fiesta y desapareció cuando fue a comprar a una tienda de conveniencia.
Consultados vía telefónica, Efrén Cortés Chávez y la secretaria técnica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (organismo que da acompañamiento a los familiares del desaparecido), María Magdalena López Paulino informaron que las autoridades federales y estatales no les han dado a conocer avances de las investigaciones, incluso Magdalena López denunció que hay algunas irregularidades que obstaculizan la investigación.
Denunció que la mesa 8 del Juzgado Octavo de Distrito con sede en Acapulco en donde los familiares solicitaron un amparo para que las autoridades rindan un informe ante la posibilidad de que Cortés Carmona haya sido detenido por alguna corporación policiaca, se negó a recibir el viernes pasado documentos con los que Efrén Cortés quiso aportar elementos para su localización.
Informó que los trabajadores de ese juzgado argumentaron que esos documentos ya habían sido requeridos en la solicitud de amparo.
Magdalena López informó que los documentos rechazados son copias de lo actuado por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y los lugares donde pueden ir a buscarlo, entre éstos el cuartel militar de Acapulco.
Informó que en respuesta a la solicitud de amparo el viernes pasado ese Juzgado concedió la suspensión definitiva y les pidió a los familiares que el desaparecido tenía que ir a firmar, lo cual les pareció ridículo, Cortés Chávez les dijo que ante la ausencia de la víctima directa sería él quien firmaría.
Los familiares y la Red solicitaron el 31 de octubre la intervención del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Consultado vía telefónica, Cortés Chávez insistió que las autoridades investiguen la línea política ya que no descartó que la desaparición de su sobrino esté vinculada con su activismo social y político.
Exigió a las autoridades que respondan a los recursos legales y políticos a los que han recurrido para la presentación con vida de Jorge Cortés. “Se tiene que saber lo que pasó y dónde está, no se puede perder una persona así nomás y de esa forma”, expresó.
Dijo que la FGE ya tiene argumentos sólidos y que debe empezar a requerir a todas las personas implicadas o que saben quién se lo llevó, insistió que “nosotros pensamos que puede ser un móvil político, una represalia dirigida hacia mí pero que la estén enfilando hacia mi sobrino”.
Añadió que si no es así el gobierno debe actuar en su localización y deslindarse, “y presentar una investigación seria a efecto de que demuestre que si no son ellos (el gobierno) que presente a los responsables”.
Explicó que la población de Cuajinicuilapa no es muy grande, “allí todo mundo se conoce y a nosotros nos ha llegado información de que puede estar por acá (en Cuajinicuilapa), pero es la fiscalía la que debe de ver qué es lo que pasó”.
Admitió que aunque no tienen mucha confianza en la FGE ven que está investigando, “pero sí queremos que la agilice porque mi sobrino todavía no aparece, y si la fiscalía estatal no tiene la capacidad para resolver el caso, que intervenga la Procuraduría General de la República (PGR) porque se necesita que se avance”.
Declaró que ya entregaron a la Fiscalía estatal información valiosa que se debe rastrear, por ejemplo los teléfonos del desaparecido y de las personas que estaban con él el día que desapareció. “Hay personas que si no son culpables sí deben de saber qué pasó”, insistió que la FGE ya tiene toda esta información, pero que no hay avances.