Catean las cárceles de Iguala, Teloloapan y Taxco policías federales, estatales y soldados

 

Policía federales, con resguardo de soldados del Ejército y policías estatales, entraron de forma sorpresiva y simultanea la madrugada de ayer a los penales de Iguala, Taxco y Teloloapan, donde confiscaron televisores, ventiladores y hasta un aire acondicionado, así como más de 350 puntas y navajas.
La acción en los tres reclusorios de la zona Norte fue encabezada por la Policía Federal, que está a cargo de la seguridad en esos tres municipios.
A cada penal entraron más de 100 policías federales, resguardados por soldados y policías del estado con equipo antimotines, simultáneamente, entre las 12:15 y las 3:30 de la madrugada de ayer, informaron fuentes oficiales.
En el reclusorio de Iguala, que tiene una población de 410 hombres y 28 mujeres, el dispositivo en el que participaron 130 policías federales, más de 70 militares y 29 estatales con equipo antimotines, que llegaron en cinco patrullas y tres autobuses, duró más de tres horas, concluyendo a las 3:30 de la mañana.
En la pesquisa participaron también el agente del Ministerio Público, el coordinador regional de la Comisión de Derechos Humanos (Codehum), Policarpo Gatica Ramírez y el notario público número tres, Francisco Rompan Jaimes.
Revisaron los dormitorios y dormitorios conyugales, la tortillería, la refresquería, la panadería, la tienda de abarrotes, el templo, los talleres y las áreas verdes.
Según informes, fueron decomisados 30 televisiones de diferentes tamaños, tres reproductores de MP3, un mini componente, cinco ventiladores, un equipo de aire acondicionado, cinco bocinas de diferentes tamaños, 147 navajas y seguetas, dos cargadores para celular, medicamento para el dolor de muelas, inhalador farmacéutico, pomadas, Vaporub y medicamentos caducos.
En Teloloapan, donde hay 61 hombres y cuatro mujeres, también participaron el agente del Ministerio Público y el notario público, así como 100 policías federales, 50 militares y 29 policías del estado con equipo antimotines.
Ahí, decomisaron 131 puntas, 55 navajas, 31 encendedores, tres televisiones, una bocina, un control de televisión, cuatro rasuradoras para cabello, dos calculadoras, seis memorias USB, pegamento, dos mancuernas para hacer ejercicio, 30 tijeras, espejos, medicamentos y herramientas de trabajo.
Y en el penal de Taxco, donde hay 87 reclusos y cinco reclusas, participaron 120 policías federales, 80 militares y 29 policías estatales con equipo antimotines, entre las 12:20 a las 2:15 de la madrugada.
Ahí fueron confiscadas 16 tarjetas telefónicas, una tarjeta bancaria, un cargador de celular, 69 encendedores, 22 navajas, 20 puntas, 14 tijeras, seis cortaúñas y dos martillos, entre otros objetos menores.
Los objetos asegurados fueron puestos a disipación de las autoridades, y no se reportaron incidentes en ninguno de los penales.

Peinan desde un helicóptero cuatro comunidades de Apaxtla y una de Arcelia en busca de los 17 levantados


A siete días del levantón de unos 17 vecinos de comunidades de Apaxtla y Heliodoro Castillo (Tlacotepec), no se ha logrado ubicarlos ni rescatarlos, informó el alcalde de Nueva Alianza, Salvador Martínez Villalobos.
Ayer, por tercer día consecutivo, en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del estado se sobrevoló el área en la que se cree que hombres armados podrían tener a las personas retenidas desde el 8 de diciembre de una Urvan del servicio público que los delincuentes interceptaron en la carretera Apaxtla-El Caracol, de donde se llevaron a dos vecinos de Tetela del Río y a tres de Amacahuite, del municipio de Heliodoro Castillo, que viajaban de la cabecera municipal de Apaxtla a sus comunidades.
De la Urvan, los pistoleros dejaron ir ilesas a tres mujeres y a un menor, que fueron quienes dieron parte a las autoridades.
En su huida, los hombres con armas largas y vestimenta tipo militar privaron de su libertad a otras personas que se fueron topando a su paso; dos lograron escapar y dieron a conocer la versión de lo sucedido.
La tarde de ayer, vía telefónica, el alcalde Salvador Martínez, que ha participado en la búsqueda aérea, informó que se ha estado “peinando” la zona de las comunidades de San Felipe del Ocote, Liberaltepec, Xochitepec y la cabecera municipal, así como la comunidad de Tierra Blanca, del municipio de Arcelia, sin obtener resultados positivos.
A pregunta realizada, dijo que el cerco en el que participan soldados del Ejército, policías militares, policías federales y estatales, cada vez se va cerrando más hacia la zona en la que se cree que los pistoleros tienen retenidas a las personas, de las que el número exacto se desconoce, pero que se estima que son 17 ante los testimonios de las que lograron escapar. El alcalde dijo que, de acuerdo con las denuncias de los familiares de las personas levantadas, se tienen confirmadas a nueve.
Informó que, aunque hasta ayer no había coordinación con los alcaldes de los municipios colindantes, es decir Teloloapan y Arcelia, ya están alertados de lo que está sucediendo para que tomen “providencias”.
Dijo que la ruta de posible escape hacia el municipio de Teloloapan, que está muy retirado de la cabecera municipal, es de muy difícil acceso.
Declaró que ayer, en el tercer día del sobrevuelo con el helicóptero, se recorrieron rutas específicas de posible escape de los delincuentes, “no hay indicios todavía, pero vamos a seguir con esta búsqueda porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados”.
Se le preguntó si hay huellas o rastros de basura que permitan seguirles el paso a los delincuentes y las personas retenidas, a lo que respondió que, “es un poco difícil porque hay caminos que son transitados por ganado, y hay zona en donde el tipo de terreno es arcilla y no quedan las huellas marcadas, son pocas las partes donde hay tierra y quedan bien pintadas las huellas, a menos de las zonas que yo he llegado a caminar, así son, uno pisa sobre el bosque o el pastito, y poco queda de huellas ahí”.
Al cumplirse hoy una semana del plagio, el también general retirado del Ejército dijo que la alimentación de los levantados es una de “las incógnitas y la incertidumbre que nosotros tenemos, por agua no hay problema, todos los arroyos llevan agua, pero la alimentación ¿cómo es que están recibiendo apoyo? y ¿cómo les están haciendo llegar algunos víveres?, es lo que también nosotros vemos de raro”.
No descartó que el grupo armado con las personas retenidas hayan llegado al poblado de San Felipe o Xochitepec, donde podrían estar recibiendo alimentación, y que “es terreno que ellos dominan mucho más”.
Antes, el 19 de septiembre, hombres armados identificados con una célula de la organización delictiva La Familia Michoacana, que opera en la zona entre los municipios de Teloloapan, Apaxtla y Arcelia, irrumpió en los poblados de San Felipe del Ocote, Liberaltepec y Xochitepec, municipio de Apaxtla, donde sometieron a los pobladores y secuestraron a los maestros de los dos primeros pueblos, a unos los dejaron escapar, a otros los golpearon y al menos por dos de ellos pidieron rescate.
El alcalde de Apaxtla informó que, hasta ayer nadie se habían comunicado para pedir algún rescate o “intercambio de alguna persona que les interese a ellos”.
Martínez Villalobos dijo que ya en las comunidades de San Felipe y Liberaltepec hay presencia del Ejército, “pero no hay forma de entrar a las casas, lo cual debería ser a través de una orden específica, que tal si están escondidos en alguna casa”.
A pregunta expresa, respondió que para los próximos días prevén seguir sobrevolando la zona.

 

Secuestran a una mujer en Zacacoyuca, Iguala; la abandonan luego con una camioneta robada

 

Hombres armados, vestidos de negro y encapuchados, irrumpieron la madrugada de ayer en una casa de la comunidad de Zacacoyuca, Iguala, de donde se llevaron a una mujer y una camioneta, que dejaron abandonadas horas después en una gasolinera de Iguala.
Fuentes del Ejército informaron que minutos después de la 1 de la mañana de ayer, a través de un reporte al número de emergencias 066, pobladores de la comunidad de Zacacoyuca, al sureste de la cabecera municipal de Iguala, reportaron la presencia de al menos cuatro hombres con armas cortas y largas, vestidos de negro y encapuchados, que habían irrumpido en una vivienda.
Según el reporte, luego de la irrupción violenta de los pistoleros, éstos robaron de la casa una camioneta Nissan X-Trail gris en la que se llevaron a una mujer de 30 años, con rumbo desconocido.
Minutos después, policías federales y estatales implementaron un dispositivo de búsqueda de la mujer secuestrada y de los plagiarios, sin obtener resultados positivos.
Tres horas después, cerca de las 4 de la madrugada, los plagiaros dejaron abandonada a la joven y la camioneta cerca de una gasolinera en la entrada a Iguala, de donde fue devuelta a su casa, con resguardo de policías estatales y federales.
Según se informó, la familia se negó a denunciar penalmente los hechos en el Ministerio Público, por temor.

Instala el Ejército un módulo de canje de armas en Iguala; ofrece 5 mil 500 pesos por AK-47

En menos de dos meses 25 personas han sido ejecutadas en Iguala, una de ellas menor de edad, y 11 han resultado heridas en diferentes ataques, ante lo que ayer y hasta el 1 de diciembre, soldados del 27 Batallón de Infantería con sede en esta ciudad instalaron un módulo de canje y registro de armas de fuego en la plaza central del Palacio Municipal.
El módulo de canje y registro de armas, permanecerá hasta el 1 de diciembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
En declaraciones un mando del Ejército, encargado del módulo, quien omitió su nombre, dio a conocer que el canje de armas, municiones o granadas útiles y no útiles, se hará en especie, con productos que aportará el Ayuntamiento o en efectivo, desde 500 pesos hasta 2 mil 500 en armas cortas, y hasta 5 mil 500 por rifles calibre 7.62 como AK-47 o G3 según el armamento y sus condiciones de utilidad, mientras que por las municiones entre un peso, en caso de que sean de uso exclusivo del Ejército, y 50 centavos los calibre .22.
Por las granadas ofrecen de 500 pesos hasta dos mil 500 por las que están cargadas.
El mando del Ejército dijo que el canje de armas y municiones es para disminuir los índices de violencia y de inseguridad en el municipio, así como los riesgos o incidentes dentro de los hogares.
Comentó que a las personas que llevan a canjear sus armas o municiones no se les realiza ninguna investigación, y la información recabada es completamente anónima y confidencial.
Del registro de armas aseguró que sólo son las de uso permitido que son de bajo calibre como .22 milímetros y hasta 38 especial.
Hasta las 2 de la tarde de ayer al menos seis armas ya habían sido llevadas al módulo para su canje en efectivo: tres calibre 380, dos 38 especial y un rifle calibre 30-30, las armas fueron destruidas en el mismo lugar con una cortadora eléctrica.
El entrevistado omitió hacer declaraciones en relación con la escalada de violencia en las últimas semanas en el municipio.

Reciben en Ayotzinapa padres de los 43 a damnificados de La Montaña que van en marcha hacia la capital

Padres de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa llamaron a los pueblos de la Montaña a no tener miedo de luchar por sus derechos, en la bienvenida a la caravana del Consejo de Comunidades Damnificadas por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel en 2013, que emprendieron una segunda cruzada para demandar a los gobiernos estatal y federal la dotación de granos básicos, vivienda y obras públicas que acordaron en la contingencia.
La caravana llegó a Tixtla alrededor de las 2 de la tarde, en decenas de camionetas tipo Nissan de las que se utilizan en el servicio público entre comunidades; a las 3, marcharon al poniente de la ciudad sobre la carretera federal para pernoctar en la normal rural y protestar hoy en Chilpancingo.
En el arco que señala la entrada a la cabecera municipal, una comisión de padres de familia y normalistas recibió a cerca de 2 mil campesinos indígenas, hombres en su mayoría, delegados y comisarios particularmente, para marchar junto a la Normal Rural por un sendero de curvas sin pavimentar y concluir con un mitin en el casco de Ayotzinapa.
En el encuentro, padres y madres de los normalistas detenidos-desparecidos compartieron su experiencia de 14 meses de búsqueda de sus hijos, y los convocaron a no dejarse vencer frente al gobierno que miente de forma descarada. Insistieron en que el gobierno, como el Ejército, conoce el paradero de los estudiantes, y aunque quiera descargar la responsabilidad en el crimen organizado, la responsabilidad es del Estado.
Ahí, en la carretera, la mujer de origen nahua Cristina Bautista, madre de tres hijos, uno de ellos Benjamín Ascencio Bautista, detenido desaparecido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en voz alta dijo que es momento de levantar la voz, “les pido que se sumen a nuestra lucha, y si (Miguel Ángel) Osorio (Chong, secretario de Gobernación) dice que ya basta de echar la culpa al gobierno federal por el caso Ayotzinapa, yo le respondo: ya basta de tanta gente asesinada, de tanta desaparición forzada y de tanta impunidad”.
“La Montaña se levanta contra el hambre y la discriminación”, estaba escrito con letras rojas en la manta que usa como bandera el movimiento indígena. Por su parte, los normalistas de Ayotzinapa presentaron una manta con la leyenda: “Ayotzinapa se solidariza con los pueblos del mundo, explotados por los gobiernos burgueses. Alto a los ataques belicosos y militares del capital”.

El 11 de noviembre se repitió la pesadilla, dice la mamá de normalista desaparecido

En la Normal Rural, hablaron madres y padres de los desparecidos. La mamá de Miguel Ángel Hernández Martínez dijo que el 11 de noviembre se repitió la pesadilla de la desaparición forzada de Iguala, tras conocer la persecución de policías a normalistas en la carretera Tierras Prietas-Tixtla, incluso en los cerros, así como la detención de nueve, entre ellos otro de sus hijos, un normalista de cuarto grado.
Revivió la angustia en el relato, “están bien, me decían, están detenidos, (pero) no se da cuenta que los detuvieron, no ves que es lo mismo decir que los detuvieron, es como desaparecerlos”. Los estudiantes fueron liberados horas después en las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Aclaró que los padres no pidieron estar en el movimiento, pero ahora que están aprendiendo a luchar no se van a dejar, porque tiene la convicción de que su hijo está vivo.
“Ya no hay que dejarnos, somos pobres, pero no pendejos. Lo que vivimos tal vez nos lo merecemos porque el gobierno llega y se lleva todo. Nosotros no nos metimos con el gobierno, el gobierno se metió con nosotros llevándose niños inocentes, y vamos a defenderlos porque ellos nos necesitan. No se rindan, sigan luchando, no nos vamos a vender”, declaró.
Un padre denunció que le ofrecieron 2.5 millones de pesos para dejar de buscar a su hijo, “pero, aceptarlo es como vender a nuestros hijos”, dijo. Añadió que las autoridades siempre han querido dividirlos, para que, como las masacres de Aguas Blancas y de El Charco, los crímenes queden impunes.
El papá de Mauricio Ortega, primero en me’phaa y luego en español recordó que, primero, el gobierno dijo que 18 estudiantes desaparecidos estaban en una fosa y fue desmentido por los peritos argentinos, luego que fueron quemados en Cocula, pero no había rastros de piedras ni de vegetación quemada alrededor, como campesino supieron desde un principio que mentían.
Ahora, tiene claro que fueron los policías municipales con el Ejército los que se llevaron a sus hijos, a pesar de los esfuerzos de decir que los responsables de la desaparición forzada fueron narcotraficantes. “Si ellos (el gobierno) son los mismos narcotraficantes. Nosotros en este país estamos vendidos”, señaló.
Reconoció el respaldo que han recibido del extranjero, donde les dijeron que los gobiernos que reprimen son los mismos que privatizan hasta el agua en sus países, como está pasando en México.
Insistió en que las autoridades se los devuelvan, “ellos saben dónde los tienen, una persona desaparecida es cuando no sabe donde está. Pero estos, se los llevaron los policías, y el gobierno sabe dónde los tiene”.
Por el Consejo de Damnificados, uno de los representantes agradeció la hospitalidad, a una de las regiones más golpeadas por las lluvias de 2013, y que dos años ha cargado con la negligencia del Estado en la reconstrucción de todas las obras y el abasto de los pueblos que perdieron sus cosechas. Precisaron que no piden más que lo que las autoridades se comprometieron a entregar.

Piden seguridad al Congreso los comisarios de Carrizalillo, Tenantla y Amatitlán, Eduardo Neri

Ayer, comisarios de las comunidades de Carrizalillo, Tenantla y Amatitlán del municipio de Eduardo Neri (Zumpango), tuvieron una reunión a puerta cerrada con el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, el priista Héctor Vicario Castrejón, y con el coordinador de la fracción del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, para demandar su intervención para que los gobiernos federal y estatal les envíen seguridad a sus localidades.
El vocero de las tres localidades, Nahúm Bravo Catalán dijo que hace dos semanas las tres comunidades se quedaron sin vigilancia, pues los aproximadamente 60 militares y policías federales se retiraron del pueblo y no han regresado.
Informó que tampoco ha regresado el personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para continuar con la búsqueda de restos humanos en las fosas que han sido descubiertas por los habitantes de la comunidad.
Ayer en la reunión que tuvieron los comisarios de Amatitlán, Fernando Celso Cerón; de Tenantla, Felipe Parra Rodríguez y de Carrizalillo, Nelson Figueroa Peña, pidieron a los diputados su intervención para que los gobiernos federal y estatal les manden elementos de la Marina o soldados del 50 Batallón de Infantería de Chilpancingo, (no quieren a los del 27 Batallón de Iguala), porque temen que regresen los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que a finales del año pasado se alojaron en este pueblo y mantuvieron secuestrados a sus habitantes.
“Los pueblos pidieron al Congreso local seguridad, quieren que se establezca un destacamento de la Marina o de soldados de la 35 Zona Militar, al que pertenece el 50 Batallón”, dijo el vocero.
Añadió que están pidiendo que la seguridad sea para los tres pueblos que se encuentran en la zona, porque han tenido problemas de violencia cuando ha regresado el grupo criminal.
Dijo que en la reunión el diputado del MC Ricardo Mejía Berdeja se comprometió a llevar el caso a la tribuna del pleno y a proponer un exhorto a los gobiernos federal y estatal para que manden seguridad a las tres comunidades que quedaron desprotegidas hace dos semanas.
Agregó que el Ejército se retiró desde hace dos semanas y que los pobladores temen ser nuevamente víctimas del grupo criminal que cometió atropellos en contra de los habitantes tanto de Carrizalillo, Amatitlán y Tenantla.

Deja cuatro muertos y cinco heridos un enfrentamiento entre civiles en Guayameo, Zirándaro

 

Al menos cuatro personas murieron y más de cinco resultaron heridas en Guayameo, municipio de Zirándaro, en un enfrentamiento entre civiles armados la tarde de este lunes.
Dos grupos antagónicos se enfrentaron en la población de Guyameo, sin que se conozcan las causas. Por lo menos cuatro personas perdieron la vida en el enfrentamiento, del que resultaron varios heridos.
Guyameo se ubica a 40 minutos de recorrido desde la cabecera municipal. Es la población más grande del municipio y la parte más urbanizada de la sierra, y aun cuando cuenta con varios servicios, está lejos de la atención de seguridad de los cuerpos policíacos.
Vecinos de la localidad enviaron reportes telefónicos de varios heridos en la localidad tras el enfrentamiento entre civiles armados. Más tarde se reportó que por lo menos cuatro personas estaban muertas. Los vecinos pidieron el apoyo del Ejército y la Policía Federal.
Cerca de las 6 de la tarde, se informó que irían hacia la comunidad el Ministerio Público, policías estatales y soldados del Ejército para investigar el caso. Desde Coyuca de Catalán tardarían casi dos horas para llegar al pueblo.
En esta misma zona, se reportó un enfrentamiento en octubre con policías federales, en los que perdió la vida una mujer policía, además de que se reportaron cuatro detenidos. En esta ocasión el enfrentamiento fue entre civiles.
Constantemente se han reportado grupos de la delincuencia que bajan de la sierra en la colindancia con Coahuayutla.

Avanzan los campesinos de la sierra hacia Chilpancingo contra el desarme de policías ciudadanos

Foto: Lenin Ocampo
Foto: Lenin Ocampo

11:30.   Unos 300 campesinos de más de 30 pueblos de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco), Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Eduardo Neri (Zumpango), avanzan hacia la capital en una caravana de vehículos para protestar en contra de que el Ejército continúe desarmando a los policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en la sierra.

“Exigimos la detención de Ángel Villalobos Arrellano y Juan Castillo Gómez” se lee en una pancarta que portan los pobladores de la comunidad de La Vuelta contra los presuntos jefes del grupo delictivo que opera en la sierra de Chichihualco; mientras que una de los vecinos de Los Bajos dice: “queremos que Héctor Astudillo investigue al coronel Arroyo y al teniente Zamora”, en referencia a los jefes militares que incursionaron el jueves en El Naranjo, a quienes acusan de desarmar a los policías ciudadanos y dejarlos a merced del crimen organizado.

A las 11 de la mañana de este lunes, el contingente salió de la cabecera municipal del Leonardo Bravo, y avanza hacia Chilpancingo en una caravana de unas 20 camionetas tipo estaquitas y automóviles.

Hoy los manifestantes no han hecho declaraciones, pero ayer por teléfono informaron que pretenden bloquear la Autopista del Sol para exigir la atención de las autoridades.

La inconformidad surgió por el desarme que realizaron los soldados del 50 Batallón el jueves, cuando unos 100 policías ciudadanos se enfrentaron a 500 sicarios en la comunidad de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo. Después del desarme, 15 integrantes de la UPOEG fueron emboscados por los sicarios, estuvieron escondidos en los cerros, uno de ellos fue hallado muerto y otro no ha sido localizado.

Entre la noche del jueves y la mañana del viernes, los habitantes de la sierra retuvieron a los militares en el poblado de Carrizal de Bravo para exigir la liberación de 60 policías comunitarios que habían detenido en El Naranjo.

Inician delincuentes el cobro de cuotas de fin de año a comerciantes de Ciudad Altamirano, dicen

 

Desde el pasado fin de semana, en Ciudad Altamirano la delincuencia organizada comenzó a cobrar la cuota anual de derecho de piso impuesta a los negocios en la Tierra Caliente durante los últimos cuatro años, sin que ninguna autoridad intervenga.
Jóvenes en moto, con una mochila al costado llegan a los negocios del centro de Ciudad Altamirano con un pedazo de papel en el que hay anotado un número telefónico al que les piden llamar para recibir indicaciones de lo que deben pagar, dijeron algunos locatarios vía telefónica.
El trato de los jóvenes que llegan a los negocios es amable. No dan más detalles de lo que piden, solamente que se comuniquen “de favor” al teléfono que les dan.
Los comerciantes de Ciudad Altamirano están acostumbrado a esta práctica. Durante los últimos cuatro años Los Caballeros Templarios impusieron una cuota a cada negocio, que varía de acuerdo al giro comercial, a su ubicación y a su tamaño.
En los últimos cuatro años, la Policía Federal y el Ejército han reportado por lo menos cinco detenciones relacionadas con los cobros de piso anuales. A los detenidos les han encontrado listados de nombres de negocios y cantidades. Los detenidos han sido procesados y más tarde liberados.
Aun así, no han impedido el pago de piso impuesto a los negocios por los delincuentes. En 2014, los comerciantes estimaron en una reunión de seguridad con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, que el 95 por ciento de los negocios pagan cuota, desde un comercio ambulante hasta las grandes tiendas.
Este lunes se observó a policías federales recorriendo todos los negocios de la avenida principal Lázaro Cárdenas, para levantar un censo y conocer a quiénes les están cobrando, así como las cantidades que piden.
A locales de venta de celulares les piden 50 mil pesos. Algunas farmacias reportaron solicitudes parecidas.
A partir de que reciben el número telefónico al que deben llamar par saber el monto del pago de piso, les dan un plazo para cobrar. El barrido de cobros continúa durante diciembre y enero, y de Altamirano sigue a Coyuca de Catalán, donde hacen lo mismo incluso con negocios cercanos a la base de la Policía Federal.

Deben declarar los militares sobre entierros en el ex cuartel de Atoyac, insiste la Afadem

 

El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel dijo que los peritos y expertos de la PGR que excavan en el ex cuartel militar de Atoyac, hoy Ciudad de los Servicios, no han encontrado evidencias de restos humanos sepultados en el lugar, y que para hallarlas es necesario citar a declarar a los militares.
El defensor de los derechos humanos dijo que las últimas lluvias adelantaron los trabajos en una excavación donde los peritos que los asesoran y expertos de la PGR determinaron que, ante la falta de evidencias por el estancamiento de lluvia, se pudo adelantar que en el lugar no había movimiento irregular de tierra.
Mata Montiel dijo que para hacer excavaciones con éxito se debe de citar a los militares que siguen siendo protegidos por el gobierno de la República.
Cuestionan que las búsquedas tienen su base en testimonios, “pero se anda tentaleando; lo ideal sería levantar todo lo que fue el cuartel, y otra (es) que tienen que venir los militares a señalar dónde fueron los entierros”.
Dijo que las excavaciones culminan el 14 de noviembre, “pero nosotros, como Afadem, vamos a seguir insistiendo que se cite a declarar a los responsables, al jefe supremo de las fuerzas armadas de aquel momento y a los expresidentes que estén vivos, así como a los secretarios de Gobernación”.
Cuestiono que los militares no sean citados a declarar y estén protegidos, “eso sigue pesando, la envestidura de los militares y de no tocarlos a pesar de la sentencia, y de que aporreantemente se han modificado algunas partes, a pesar de que el Ejército sigue haciendo labores de policía, cuando se supone que en tiempos de paz debería estar en sus cuarteles, y está en toda la República”.
Señalo que en Guerrero es en donde más presencia de militares se ve en la calles, “con poblaciones sitiadas, aparentando que están haciendo labores sociales, cuando no es cierto, son de inteligencia y contra insurgencia”.
Dijo que en otros países se ha enjuiciado a presidentes y militares, mientras que en México se mantiene el candado de que las leyes civiles no los toquen, “seria histórico que en México ocurriera, porque estamos viviendo un presidencialismo donde lo que diga el presidente, aunque sea absurdo, se acata”.
Indico que sólo 50 por ciento de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han cumplido, “siendo la búsqueda de Rosendo Radilla lo que no se ha hecho”.
Dijo que la CIDH está dando seguimiento y busca que se haga un llamado de atención, ya que sólo se aparenta que se investiga, y los militares no son citados a declarar.
Explicó que la observación internacional al Estado mexicano es la esperanza, “con las recomendaciones que hagan, como es con el examen periódico universal de la ONU que ha hecho recomendaciones en ese sentido, para buscar a los desaparecidos y terminar con la impunidad, casos de desaparición forzada, que se abrió con lo del caso Ayotzinapa”, dijo.