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Analiza la Policía Ciudadana Independiente de Petaquillas integrarse a la Rural: comisario

 

El comisario municipal de Petaquillas, Mario Flores Castrejón dijo que analiza la propuesta del gobierno del estado para que la Policía Ciudadana Independiente de Petaquillas se integre como Policía Rural de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y se regularice.
El martes en su comparecencia ante el Congreso local, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame indicó que si no se convence a los policías comunitarios del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y a los de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de regularizarse e integrarse a la Policía Rural, se procederá a su desarme.
Consultado en la comisaria municipal de Petaquillas, el comisario Mario Flores Castrejón comentó que al surgir el movimiento de autodefensa en la comunidad, el 8 de noviembre, para brindar seguridad ante el conflicto entre el FUSDEG y la UPOEG por la disputa del territorio, la nueva Policía Ciudadana ha tenido la aceptación de la población.
Flores Castrejón señaló que, junto con la Policía Ciudadana de Petaquillas analizarán la propuesta de integrarse a la Policía Rural y regularse, “nuestros policías están trabajando bien; no han bajado los hechos delictivos en esta zona, por lo que tendremos que valorar si nos conviene la petición de gobierno estatal”.
Comentó que el gobierno del estado y el municipal no han atendido sus demandas para que envíe seguridad a la comunidad de Petaquillas, ubicada al sur de la capital, “lo cual fue el motivo de que los vecinos se armaran para proteger su integridad física”.
Agregó que tiene un registro de 30 policías ciudadanos que continúan con los recorridos de vigilancia y retenes de revisión en las entradas y salidas de Petaquillas, para atender delitos del fuero común, y que los delitos graves los atenderán las autoridades correspondientes.
Asimismo, se observó un retén de unos ocho policías ciudadanos en el puente peatonal en la entrada del fraccionamiento Zolamaitic, al sur de la capital, en la carretera federal México-Acapulco.
Hace 10 días, vecinos de Petaquillas que encabeza el comisario Mario Flores Castrejón bloquearon más de dos horas los dos carriles de la carretera federal a Acapulco, en la salida de Chilpancingo, para exigir que se quite el retén de la Policía Estatal y se instale uno de la Policía Ciudadana de la comunidad de Petaquillas.
Un día después, en Petaquillas surgió un nuevo grupo de autodefensa de hombres armados que se autodenominan Policía Ciudadana Independiente, y que se deslindó de la UPOEG y del FUSDEG, que se disputan el territorio en el corredor de Xaltianguis, en Acapulco, a Petaquillas, en el municipio de Chilpancingo.

 

Toman el Palacio de Teloloapan comunitarios de la Tecampanera en su segundo día de protestas

En su segundo día de protestas y el bloqueo de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, policías comunitarios y autodefensas cerraron la tarde de ayer el Palacio municipal de Teloloapan, para presionar a las autoridades estatales a que atiendan sus exigencias de seguridad de la Marina y la Policía Federal, el rescate de los tres herreros secuestrados y permitir que las comunitarios sigan operando armados.
En el segundo día de protestas, los comunitarios de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala cumplieron más de 33 horas del cierre de los accesos a Teloloapan con los dos bloqueos a la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano, en las salidas hacia Arcelia e Iguala, en el primer bloqueo total que se mantuvo desde la 1:30 de la tarde del jueves, y el segundo intermitente, que se abría cada dos horas para dar paso a algunos automovilistas.
A las 3:30 de la tarde y ante la desatención del gobierno estatal, unos 100 comunitarios armados tomaron la sede del Ayuntamiento de Teloloapan, el cual ya había sido desalojado por trabajadores y funcionarios, y al llegar ya estaba cerrado.
Afuera del Palacio, comunitarios en su mayoría armados, se quedaron en plantón, en tanto que los otros grupos en los que participan integrantes del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) y la autodefensa de Cuetzala, se mantuvieron en los bloqueos de la carretera.
En la tarde, uno de los coordinadores de la Tecampanera informó de la integración de una comisión que había salido a las 7 de la noche de Teloloapan para reunirse en Chilpancingo con el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame. Minutos antes de las 10 de la noche, informó que ya habían entrado a la mesa de negociaciones en la que también estaba el alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño y otros funcionarios del gabinete estatal.
En el segundo día de protestas, las calles quedaron vacías, casi dos mil negocios cerrados, las clases suspendidas en 30 escuelas de diferentes niveles y el transporte paralizado.
El jueves, unos 3 mil comunitarios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan, marcharon en esa cabecera municipal, hicieron un mitin y bloquearon la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que también es la entrada desde la región Norte a la Tierra Caliente, lo que dejó varios vehículos varados.

El pliego de peticiones

En su pliego de peticiones, los comunitarios exigen el recate con vida de los tres herreros secuestrados hace una semana en Totoltepec, a manos de un grupo armado de la organización La Familia Michoacana. Piden también la captura de los principales líderes de la organización criminal y la investigación al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, a quien señalan de proteger a la organización.
En las demandas también exigen que brinden seguridad la Marina y la Policía Federal, ante la falta de resultados del Ejército.
En declaraciones por teléfono ofrecidas la mañana de ayer, uno de los comunitarios advirtió que no dejarán las armas, y dijo que entre sus exigencia está que el gobierno deje trabajando a los comunitarios, ante la exigencia y la amenaza del gobernador Héctor Astudillo Flores de desarmarlos.
En ese momento, había advertido que no levantarían sus protestas hasta que se firme un acuerdo en el que el gobierno se comprometa a dejar a los comunitarios seguir trabajando.
Por la tarde, después de la toma del Palacio otro comunitario dijo, también vía telefónica, que esa determinación fue porque, “el señor gobernador no ha resuelto nada de nuestras peticiones, no ha tomado cartas en el asunto y ayer (jueves) quedó que mandaría a alguien para hablar con nosotros, su secretario no llegó y hoy nos mandó un comunicado que en una hora estaba en Teloloapan, y volvió a pasar lo mismo, no llegó nadie”, dijo molesto.
Dijo que su lucha no es contra el gobierno ni la ciudadanía, “queremos que nos entiendan, que la desesperación en Teloloapan es grande, nuestros tres compañeros herreros son personas que salieron a buscar la vida, fueron a buscar el pan de cada día para su familia y fueron secuestrados por la Familia Michoacana”.
Señaló que, “creemos justo que el gobernador tome cartas en el asunto, que ya busque a estas personas que se dedican a secuestrar y a hacerle daño a muchas personas. Como vecinos de Teloloapan hemos vivido años de terror a causa de esa gente”.
Dijo al gobernador Astudillo y a la población que, “nosotros nos hemos visto en la necesidad de levantarnos en armas porque los que somos parte de la Policía Comunitaria somos comerciantes, campesinos, maestros o transportistas, y todos tenemos familia que han sido víctimas del crimen organizado con secuestros, extorsiones, desapariciones o asesinatos”.
“Hoy lo estamos haciendo por nuestros tres hermanos herreros, y después si hay necesidad, lo haremos por cualquier ciudadano de Teloloapan, aquí ya no se le va a dejar solo a ningún ciudadano de Teloloapan”, sostuvo.
A las 12 de la noche, aún no concluía la reunión de integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera, en Palacio de Gobierno, con el secretario general, Florencio Salazar Adame, y con el fiscal general de estado, Xavier Olea Peláez.
Tampoco se daban a conocer todavía los acuerdos entre la organización que exige que se respete su derecho a usar armas.

Exigen estudiantes del Tec de la Montaña al gobernador que resuelva la falta de director


Estudiantes del  Instituto Tecnológico Superior de La Montaña (ITSM) exigieron solución a la designación del director y al pliego petitorio que acordaron el 22 de febrero, cuando se movilizaron para pedir que el directivo tuviera perfil académico y no respondiera a favores políticos.
Anunciaron que si este viernes no les dan una fecha de reunión con carácter resolutivo, el lunes se movilizarán en autobuses a Chilpancingo hasta que les resuelvan la designación del director, luego de que el acuerdo con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, fue que el gobierno enviaría una terna y ellos otra, y que ésta sería evaluada por integrantes de Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Los estudiantes, en conferencia de prensa frente a las instalaciones del Tecnológico, que tienen tomadas hace más de 20 días, dijeron que se sienten engañados por el gobernador, Héctor Astudillo Flores, quien les dijo que resolvería el problema y les programó una reunión para el 8 de noviembre, que fue cancelada.
Los estudiantes contaron que se reunieron con Astudillo Flores el 31 de octubre durante sólo tres minutos, y les dijo que el problema sería resuelto en una semana, sin que hasta la fecha se haya concretado, “les falta voluntad porque desde marzo debieron hacer las gestiones con los del IPN y presentar la terna, es un tema académico que no necesita dinero”, dijeron.
Contaron que debieron estar el martes en Chilpancingo, pero les cancelaron la reunión, y esperan que este viernes les den una cita con carácter resolutivo, ya que el secretario de Educación, el de Gobierno y el gobernador, “nos prometieron solución y hasta difundieron en periódicos que estaba resuelto, sin ser cierto”, se quejaron.
Mencionaron que en su pliego está la implementación de un comedor, de una casa de estudiantes para los cientos de jóvenes indígenas que acuden a esta ciudad a estudiar en el ITSM, y un autobús para sus prácticas.
La movilización de los estudiantes inició en enero de 2016, cuando comenzó el semestre y el gobernador designó a Eugenio González Rodríguez como director del plantel, pero este fue recibió con un paro de profesores  y luego rechazado por los alumnos, al entrar  por la fuerza  a tomar posesión de la dirección con apoyo de algunos maestros y alumnos.
A eso se sumó que es hermano del diputado local Eusebio González Rodríguez y no tiene ninguna experiencia laboral, por lo que su designación es un favor político y eso no abonaba a la vida académica del Tecnológico, por lo que salió del lugar entre gritos.
Esa movilización duró más de un mes, y el 22 de febrero firmaron una minuta con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar y, como interlocutor, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, estableciendo que la designación sería mediante una terna para que se eligiera al que tuviera mejor perfil académico.
Sin embargo, a más de siete meses del acuerdo no les dieron repuesta para cambiar al director interino Rafael Rojas Herrera con quien no pudieron establecer acuerdos, por lo que reiniciaron su movilización el 11 de octubre para exigir que se cumpla la minuta y se designe al director.
Los jóvenes acusaron al director y a algunos profesores de hostigamiento ante la toma de las instalaciones, y los hicieron responsables de su integridad.
Más tarde, informaron por teléfono que se entrevistaron en esta ciudad con el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), Gilberto Arreaga Solano, quien les dijo que les tendría una fecha para atenderlos, y que quien se negaba a acatar los cambios era el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, porque el gobernador ya había dado indicaciones de que se atendieran de manera resolutiva las demandas de los estudiantes.

Posponen la reunión de damnificados de Chilapa con autoridades; hablarían de su reubicación

Representantes de las comunidades de San Marcos Majada de Toro, 3 de Mayo, Ocotito y Tierra Blanca, del municipio de Chilapa, que serán reubicados al predio Loma de los Pinos, en la comunidad de Xicaixtlahuac, informaron que se pospuso la reunión programada con autoridades de los gobiernos estatal y federal, debido a la indisposición del secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, “por cuestiones de salud”.
El 7 de junio, unos 100 vecinos de las comunidades damnificadas de Chilapa protestaron en las oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) en la capital, para exigir la conclusión de las 217 casas que se construyen en el predio Loma de los Pinos, donde serán reubicados.
En ese momento, el gestor de la comunidad, Carlos de Jesús Alejandro, y una comisión de damnificados se reunieron en Palacio de Gobierno con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar, para darle a conocer las irregularidades.
Acordaron entonces reunirse ayer con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y los delegados de las dependencias involucradas en la construcción de las viviendas, para facilitar los trabajos de planeación y construcción de las casas.
Ayer a las 10 de la mañana acudió a Casa Guerrero una comisión de siete pobladores, para darle seguimiento a la mesa de trabajo programada junto con las autoridades una semana antes; pero luego de una hora y 20 minutos de espera, al lugar acudió la secretaria particular de Florencio Salazar Adame, quien, de acuerdo con el gestor de la comunidad, les informó “que reconsideráramos la cita para el próximo jueves, porque había indisposición por parte del secretario, que por cuestiones de salud se había tenido que atender”.
Según el gestor de la comunidad, la secretaria expresó que el secretario General informó desde temprano de “un problema de salud que se le complicó”; y tras un intercambio de opiniones con el secretario particular de gobierno, César Armenta Adame, creyeron prudente posponer la reunión para el siguiente jueves.
En su momento, los pobladores reconocieron el malestar generado ante la espera de otros dos días para reunirse con los funcionarios, sin embargo, consideraron prioritaria la presencia de Salazar Adame para dar seguimiento a la mesas de trabajo con cada una de las dependencias, además de para retomar una minuta de acuerdos que en su momento suscribió el ex secretario general de Gobierno, David Salgado Cienfuegos. Los pobladores aceptaron y confiaron en que se lleve a cabo la reunión.
“Así quedó agendado y acordado, no se pospone para otra fecha más, y eso fue el acuerdo que llegaremos a informar a las comunidades, y si no se lleva a cabo ese día tomaremos otras medidas o alternativas”, advirtió el representante de Majada del Toro, Pedro Reynoso.

Exigen pescadores de Petacalco al gobierno el estudio ambiental y la asesoría que prometió

El dirigente del sector pesquero en Petacalco, municipio de La Unión, Gilberto Barrera Reyes se quejó de que han pasado 22 días desde que en una reunión el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame se comprometió a ofrecerles asesoría jurídica, para reclamar una indemnización a la empresa propietaria de una pipa de doble remolque que volcó y derramó combustóleo en el brazo izquierdo del río Balsas, “pero no ha habido ningún avance porque ni siquiera ha iniciado el estudio ambiental al que también se comprometió”.
En una llamada telefónica Barrera Reyes dijo, “estamos desesperados porque nos hemos comunicado con la persona que el secretario Florencio Salazar designó en la Semaren para que estuviera al tanto del estudio ambiental, que haría el despacho contratado por el gobierno del estado para determinar el nivel de afectación en el mar y en la bahía de Petacalco, y nos dice que no hay nada todavía, que no hay avances”.
“Nosotros queremos hacerle saber al gobernador que también le hicimos una petición de audiencia por escrito en la que le decimos que queremos hablar con él para plantearle cómo está la situación en el sector pesquero y la CFE, por las afectaciones de la termoeléctrica”.

Urgen pescadores de Petacalco al gobierno a que pida un avance del estudio del ecocidio en el río Balsas

Pescadores de la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión, urgieron al gobernador a que pida un avance de los estudios ambientales de un despacho contratado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Guerrero (Semaren), sobre la contaminación y el ecocidio en la bahía y el litoral causada por el derrame de combustóleo en el río Balsas.
Ayer miércoles, vía telefónica, uno de los líderes de los pescadores de Petacalco, Gilberto Barrera Reyes dijo que están desesperados, “porque ha disminuido mucho la captura tanto de peces como de otros productos como la langosta (y el) pulpo, a causa del combustóleo que acabó con todo”.
El 13 de febrero pasado, una pipa de la empresa FLENSA con 32 mil litros de combustóleo volcó en el puente Dr. Ignacio Chávez, que atraviesa el río de la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, provocando la muerte de gran cantidad de flora y fauna del río, los esteros y del mar, recordó Gilberto Barrera, quien el 15 de marzo fue atendido junto con otros líderes de pescadores por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
Acordaron que les ayudarán con dos abogados para que inicien las acciones legales contra la empresa responsable y los indemnice, pero la Semaren contrataría a los especialistas de un despacho ambiental para determinar las afectaciones causadas, “por eso estamos pidiendo al gobernador, Héctor Astudillo, que nos ayude pidiendo un avance de esos estudios”.
Añadió que viven en la incertidumbre, “porque ahora los compañeros arriesgan más su vida porque se meten más allá de las 80 millas mar adentro con sus lanchas, con la esperanza de tener una buena pesca, pero no es posible porque la contaminación es terrible”.

Solicitan damnificados a la Sedatu seguridad en El Mirador, Chilpancingo; 130 casas siguen invadidas

Unos 50 vecinos de El Mirador, miembros de la Coordinadora de Colonias y Comunidades Afectadas por el Río Huacapa y sus Afluentes (Cocoarha), acudieron a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para reunirse con el delegado José Manuel Armenta Tello y solicitar garantías de seguridad en sus hogares, ya que al menos 130 viviendas están “invadidas” por desconocidos.
Los vecinos acudieron a las 11 de la mañana a las oficinas de la Sedatu para reunirse con el delegado Armenta Tello y el encargado de la Dirección Jurídica de la dependencia, Moisés Ávila Roman, donde hablaron de la seguridad en las viviendas del predio ubicado a un costado de la Autopista del Sol, al sur de Chilpancingo.
Consultado al término de la reunión, que duró 30 minutos, el dirigente de la Cocoarha, Gumaro Guerrero Gómez, dijo que las familias vivieron “días de incertidumbre” por el temor a ser desalojados por las familias que habitan de manera irregular en el terreno.
Precisó que el delegado Armenta Tello les indicó que las familias beneficiadas que firmaron su comodato o préstamo de uso, y que recibieron llaves de la dependencia federal, no tienen porqué temer un desalojo.
Indicó que la invasión de sus hogares les preocupaba, y temían ser desalojados y despojados de sus viviendas por todos los rumores de los últimos días.
Dijo que también hablaron sobre la firma del comodato firmado el 23 de diciembre, con vigencia de dos meses, “aunque el delegado (Armenta Tello) nos indicó que entregaremos un paquete de datos para que el comodato sea rectificado, y legalmente sigamos siendo legítimos posesionarios”.
Remarcó que en los próximos días harán un nuevo pliego petitorio todos los habitantes de El Mirador, que será entregado al Ayuntamiento capitalino y a la Sedatu, para pedir servicios de electricidad y agua potable, además de una cancha de futbol, un centro de salud, vigilancia y escuelas.
Por su parte, José Manuel Armenta Tello remarcó que la semana pasada se reunió con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien solicitó al delegado presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra las familias irregulares que actualmente habitan el predio, quienes tenían antecedentes previos por destrozos a las viviendas y de comercializarlas de forma ilícita.
Insistió en que estas familias no cuentan con un reconocimiento legal de la Sedatu y del municipio, “es gente que, de manera arbitraria se ha instalado en las viviendas rompiendo vidrios y abriendo chapas de manera ilegal”, expuso.
Dijo que ha solicitado al gobierno estatal y municipal reestablecer el derecho igualitario, y es necesaria una intervención para que las viviendas sean desocupadas y entregadas a los verdaderos beneficiados.
Remarcó que la denuncia fue entregada en la PGR el 8 de febrero y ratificada el 11 del mismo mes, y que esperan que el gobierno los apoye, ya que es indispensable que acuda fuerza pública a desalojarlos.
Armenta Tello expuso que el suministro de electricidad para el fraccionamiento fue un compromiso del Ayuntamiento y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes planean la construcción de un nuevo circuito eléctrico que abastezca las 598 viviendas del predio; mientras que en 10 días regresará la constructora a terminar los trabajos inconclusos.

Liberan campesinos la presa El Guineo en Tecoanapa; les pagarán sus tierras en seis meses, acuerdan

Campesinos de la población Carabalincito del municipio de Tecoanapa liberaron este jueves las compuertas de la presa hidroeléctrica Revolución Mexicana El Guineo, luego de cuatro días de protestas en demanda de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les pague 284 hectáreas de las tierras que fueron expropiadas en 1970.
Este lunes los vecinos cerraron el acceso a la presa hidroeléctrica para exigir el pago de sus tierras, que la Conagua se comprometió a pagar en octubre y noviembre de 2015.
Este jueves a las 12 del día los inconformes liberaron los accesos a la presa y las compuertas, luego de que se les informó que serían atendidos en el Palacio de Gobierno en Chilpancingo.
El presentante de los afectados, Óscar Pineda informó por teléfono que el jueves en la noche se reunieron en Palacio de Gobierno con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien les prometió que el gobierno del estado intervendrá para facilitar el pago de las tierras que les adeuda la Conagua.
Dijo que en la reunión estuvo el representante de la Conagua y mostró disposición para pagar las tierras a los dueños que fueron despojados.
Afirmó que el pago de las tierras podría concretarse en los próximos seis o siete meses, ya que los inconformes exigen a la Conagua el pago de 100 mil pesos por cada hectárea, pero la dependencia ofrece 80 mil. (Jacob Morales Antonio).

Dan cinco organizaciones nacionales respaldo jurídico a Los Otros Desaparecidos de Iguala

Representantes de cinco organizaciones nacionales de defensa de derechos humanos dan su respaldo jurídico a familiares de víctimas de desaparición forzada del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala que ha logrado, en 14 meses, el hallazgo y recuperación de 123 cuerpos.
En la asamblea de ayer en el sótano de la parroquia de San Gerardo, representantes de las organizaciones Red de Enlaces Nacionales y la asociación Familias en Búsqueda María Herrera, se reunieron con unos 100 familiares de desaparecidos del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala.
“Ustedes son los expertos en las búsquedas, no la PGR”, les dijo a Los Otros Desaparecidos el representante de la Red de Enlaces Nacionales, Juan Carlos Trujillo Herrera en referencia a los 123 cuerpos que han hallado y recuperado de fosas clandestinas en 14 meses desde su integración.
En la asamblea, las organizaciones de familiares de desaparecidos en el país y de defensores de derechos humanos Red de Enlaces Nacionales, la asociación Familiares en Búsqueda María Herrera, la Comisión Mexicana de Promoción de Derechos Humanos, Idheas, Litigio Estratégico y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dieron su respaldo a Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Trujillo Herrera dijo que el comité de Iguala tiene lo que ningún otro comité de víctimas en el país tiene, que es la fuerza y el respaldo jurídico de cinco organizaciones de defensa de derechos humanos, “que ustedes les pueden sacar una muy buena ruta jurídica en base a sus principales necesidades que tengan”.
Informó que la reunión del jueves en la ciudad de México, que se realizará cada dos meses, incluyó a organizaciones nacionales de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos con funcionarios del gobierno de Guerrero encabezados por su secretario de Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame, y representantes de la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Dijo que con el “arropamiento” de las cinco organizaciones de defensa de derechos humanos se buscará que sean autorizados como asesores jurídicos externos de Los Otros Desaparecidos, para que los puedan representar y obligar al gobierno mexicano a que hagan una ruta jurídica de investigación en vida de los desaparecidos, y se les sigan generando las condiciones para continuar su búsqueda de fosas clandestinas.
Dio a conocer que, “la PGR, en voz de Joaquín (Torrez Osorno), reconoció que los expertos son ustedes, ante todas las instituciones, en las búsquedas de fosas, por esa desobediencia marcada, y que ellos están muy atrás de la realidad de buscar y encontrar”.
Informó que, a partir de este lunes la ex subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García Laguna se integró a la asociación Familiares en Búsqueda, “para seguir dando la batalla”.
Ayer, en el patio de la parroquia de San Gerardo, las organizaciones entregaron una camioneta pick up a los familiares de Los Otros Desaparecidos, que se adquirió con recursos donados en la parroquia de Cuajimalpa, estado de México, y que servirá a los familiares para continuar su búsqueda de fosas clandestinas; también se anunció la entrega de una segunda camioneta, adicional a la que la PGR dará en comodato cada domingo, con chofer y gasolina, para su búsqueda de fosas.