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Forman un frente social para apoyar la candidatura de López Obrador en 2018

Jacob Morales Antonio

Este domingo fue conformado el Frente Progresista Guerrerense (FPG) para apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018 y sus dirigentes lanzaron un llamado de unidad de los partidos de izquierda PRD, MC, PT y Morena para no permitir el regreso de quienes han vendido el país y evitar un posible fraude electoral.
En una asamblea realizada en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), donde asistieron unos 400 maestros, dirigentes sindicales, representantes de organizaciones sociales, activistas y simpatizantes del PRD, se manifestaron a favor de la defensa del patrimonio de la nación.
En su intervención, el luchador social y ex presidente estatal del PRD, Eloy Cisneros Guillén dijo que el nuevo agrupamiento busca formar una política social donde exista una verdadera democracia, que sea incluyente, tolerante y patriótica.
La mesa de los debates fue dirigida por Nemesio Soberanis, Uriel Real, Rafael Aréstegui, y María de los Ángeles Santiago Dionicio, quienes leyeron un posicionamiento donde se advierte de un posible fraude electoral para impedir que la izquierda llegue al gobierno.
“Hacemos el llamado al pueblo de México, para que en una sola mujer y un solo hombre impidamos que continúe el saqueo de la nación, la exclusión de los pueblos originarios y afrontar con la mayor desigualdad económica y social que vive nuestra patria”.
Además, señalaron que la clase política que gobierna ha llegado a “extremos intolerables”, lo que ha puesto al país en la indefensión ante psicópatas como el presidente de los Estados Unidos de Norte América, que pone en amenaza a los migrantes mexicanos que en el país no encontraron una oportunidad.
Reclamaron la inseguridad y la violencia que se vive bajo el cobijo de la impunidad, “los poderes fácticos del crimen organizado han penetrado a los distintos partidos y se disputan un territorio, que como parte del abandono del campo se ha convertido en el principal productor de amapola”, que está reclutando a miles de jóvenes sin oportunidades.
Urgieron que se implemente una política de cese al saqueo de los recursos naturales, donde se atiendan los problemas de los pueblos originarios, servicios públicos y caminos adecuados; apoyos para mejorar el campo, capacitación para la producción y no al asistencialismo que sólo usan los partidos en tiempos de elecciones.
“Hacemos un llamado a las fuerzas políticas, para que antepongan el interés de la patria y el pueblo, que se abandone la soberbia y el pragmatismo que sólo pretende conservar el registro de un sistema electoral extremadamente oneroso que no garantiza la democracia ni la participación ciudadana”, dice el documento.
Los integrantes del frente indicaron que debe ser por la vía pacífica el derrocamiento de los poderes fácticos y la oligarquía que gobierna el país e hicieron un llamado “al PRD, a Movimiento Ciudadano, al Partido del Trabajo y a Morena, para que depongan sus intereses de partido y pongan por delante los intereses del pueblo y apoyar al mejor posicionado” y respaldar la propuesta de un programa que haga posible la reconstrucción de la nación.
Exhortaron para que los candidatos que surjan provengan de la ciudadanía y no decisiones unipersonales o de corrientes que sólo buscan conservar o conquistar espacios y que defraudan al pueblo.
Al término del acto de protesta de los integrantes del frente, que no tendrá un comité central, los integrantes, Cisneros Guillén y el ex presidente del Consejo Nacional del PRD, Camilo Valenzuela, solicitaron al Congreso proceder contra el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, José Luis Gallegos Peralta, por la amenaza de muerte contra Javier Morlet.
Entre los integrantes del nuevo frente están el maestro Rodrigo Ramírez Justo, el integrante del CEAV, Javier Morlet; el ex rector de la UAG, Alberto Salgado; el dirigente sindical de maestros Robespiere Moreno; el opositor a La Parota, Felipe Flores; el maestro y dirigente de la organización Justicia y Gestión Popular, Adolfo Plancarte; el representante de maestros de educación media superior Pericles Ramírez. Al acto acudió el representante de Morena en el municipio, Juan Carlos Manrique García.

Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana

En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.

El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz

Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.