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Rechaza el INE imponer sanciones a Ebrard y Abelina por proselitismo y actos anticipados

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), resolvió como improcedentes dos solicitudes de medidas cautelares en contra del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por considerar que no incurrieron en actos anticipados de precampaña o proselitismo, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada de cara al proceso electoral de 2024.
En caso de Marcelo Ebrard, la comisión resolvió que son improcedente las sanciones debido a que su asistencia a tres eventos en Acapulco, junto con la alcaldesa Avelina López, se trataron de “actos protocolarios, con finalidades específicas, relacionadas con la presentación del proyecto de inversión internacional en colectores de aguas residuales”.
La medida cautelar fue solicitada como preventiva en contra de la presidente municipal de Acapulco Abelina López Rodríguez, y de Marcelo Ebrard, “derivado de su asistencia y participación a tres eventos realizados en ese municipio, en los que a decir del quejoso, se llevaron a cabo manifestaciones que enaltecieron cualidades personales y profesionales a favor del funcionario federal, hechos de los cuales las personas denunciadas dieron cuenta en redes sociales, así como en sitios oficiales de internet, ostentándose como posible candidato a la Presidencia de la República y adelantado propuestas de campaña de cara al proceso federal 2023-2024”, se lee en un boletín del INE.
El órgano electoral determinó que “no existe indicio alguno respecto a que se hubiere tratado de un evento proselitista o que tuviera como efecto presentar propuestas de campaña o exaltar cualidades de los servidores públicos presentes en el citado evento”, en este caso, el denunciante acusaba a la alcaldesa de enaltecer cualidades personales y profesionales a favor del canciller durante los tres actos.
El canciller Marcelo Ebrard estuvo en Acapulco el 21 de julio del año pasado, para presentar el Poyecto de Inversión Internacional en Colectores para Captación, Conducción y Tratamientos de Aguas Residuales.

 

Exigen en Iguala castigo para los asesinos de Arturo Hernández Cardona a cuatro años del crimen

Con una exigencia de justicia y castigo a todos los responsables por omisión o complicidad, ayer, a cuatro años de la desaparición forzada y ejecución del dirigente de la organización Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, los familiares, amigos y miembros de organizaciones colocaron una ofrenda floral y participaron en un mitin político.
En la actividad también se exigió que se considere como una prueba absoluta la declaración notarial del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa.
A las 11 de la mañana, los participantes colocaron una ofrenda floral en el monumento a la Independencia, las hijas del asesinado Hernández Cardona, Soledad, Carolina y Reyna Hernández Mena; el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Mendoza Villa; miembros de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, integrantes de la Unión Campesina Emiliano Zapata, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y miembros del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala.
En declaraciones a reporteros después del acto y durante el mitin político en el auditorio del Palacio municipal, la activista Soledad Hernández Mena denunció que las dependencias de gobierno han dado nulos resultados en sus investigaciones, la Fiscalía General del Estado, el Congreso local, el Grupo de Coordinación Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR), “permitieron ver el grado de impunidad y de encubrimiento por miembros del Estado”.
Evidenció el encubrimiento al ex alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez; de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y de su jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, que a cuatro años de los hechos no han sido juzgados por el crimen, a pesar del señalamiento de uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza Villa.
A la demanda de justicia y castigo a los culpables, se sumó la petición de que la declaración del sobreviviente Nicolás Mendoza sea considerada como prueba testimonial absoluta para incriminar al ex edil Abarca Velázquez.
Demandó también una ley federal que castigue a funcionarios públicos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, que se reclasifique el delito por el que los detenidos por este caso sean juzgados por desaparición forzada y ejecución extrajudicial en lugar de secuestro.
Hizo responsable al Estado mexicano por una pérdida más de vidas, víctimas directas o indirectas. Que se castigue por omisión y encubrimiento a todas las corporaciones y las instituciones involucradas y que haya un cese de la represión en contra de luchadores y líderes sociales.
“Hoy estamos recordando esta fecha a cuatro años de los hechos, donde el Estado mexicano nos negó la justicia pronta y expedita en todos los ámbitos, desde la comisión instructora, la Fiscalía General del Estado y las distintas corporaciones e instituciones que no actuaron, por omisión o complicidad”.
Recordó que por la falta de cumplimiento a las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ella tuvo que abandonar con su familia su domicilio en la colonia Fovissste de Iguala, ya que era su vecino el ex jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, implicado en este crimen.
Señaló que, a pesar de que ya hay algunos detenidos por la PGR, aún siguen esperando justicia y castigo a los involucrados, ya que estos no han sido juzgados.
Por separado, en declaraciones a reporteros el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, denunció que el estado de Guerrero y el pueblo de México están sufriendo una de sus peores crisis de inseguridad.
Señaló que los tres niveles de gobierno han fallado en la estrategia de combatir al crimen organizado, “ya que se ha comprobado que las más altas esferas de gobierno han estado coludidas con las mismas, lo que ha hecho que, en lugar de detener o disminuir la violencia, ésta se vaya incrementando”.
“A cuatro años de la desaparición forzada y la ejecución del activista Arturo Hernández, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los tres niveles de gobierno y los cuerpos de seguridad han quedado evidenciados… no hay garantías para los luchadores sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y la sociedad en general”.
Dijo que ante el próximo proceso electoral, “los partidos políticos hacen estrategias de exterminio en contra de quienes les estorban para poder avanzar en sus cotos de poder”.
Agregó que “los criminales de cuello blanco que pertenecen a la delincuencia organizada han gozado de una impunidad total y se han escudado en el fuero constitucional, y de ocupar algunos cargos públicos que pone en riesgo la legitimidad de un gobierno que prometió orden y paz.
En el mitin, fueron presentados videos de testimonios entre el 28 de mayo y el 3 de junio de 2013, desde la confrontación que tuvo Cardona con Ángeles Pineda Villa durante una sesión de Cabildo y después la demanda presentada en la agencia del Ministerio Público en la que los miembros de la UP responsabilizaron de muerte a la pareja y su jefe policiaco.
También se denunció que, a cuatro años de los hechos no se ha dado cumplimiento a las demandas de obra social y fertilizante que en la protesta del 30 de mayo de 2013 reclamaban los líderes sociales.

Sabían que podían ser cambiados de adscripción, responde el secretario de Salud a los trabajadores

El secretario de Salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos reiteró que el cambio de adscripción de trabajadores se mantiene por un recorrimiento a empleados que tienen más años en la dependencia.
Consultado al finalizar una gira de trabajo en Acapulco con su homóloga del estado de Morelos, calificó como inadecuada la declaración de la doctora  Roxana Tapia, quien el jueves dijo que mil 800 trabajadores de Acapulco fueron enviados a zonas de riesgo.
De la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) que emitió medidas cautelares a 16 trabajadores que interpusieron su queja, el secretario de Salud respondió que es un asunto laboral y que ellos conocían de la posibilidad de ser cambiados de adscripción.
Carlos de la Peña Pintos consideró inadecuada la declaración de la médica del Hospital General Donato G. Alarcón en Ciudad Renacimiento, Roxana Tapia Carbajal, que el jueves declaró en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, en Chilpancingo, que mil 800 trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria 07 eran enviados a zonas de riesgo en las que hay repunte de violencia, violando sus derechos laborales y humanos.
Ayer, de la Peña Pintos explicó que se ponderó la antigüedad de los trabajadores y también cumplir la exigencia de la población en zonas donde se requiere la presencia de trabajadores de Salud, “hay muchos compañeros médicos que se encuentran con ocho, 10 o 15 años en lugares de la Sierra de Tierra Caliente, que han pedido su cambio de adscripción; obviamente no se les ha dado ese cambio de adscripción porque no había con quién suplirlos”.
Reiteró que los trabajadores que tienen su adscripción en zonas urbanas y que  entraron en el proceso de formalización, aprobaron con la Secretaría de Salud y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), desde el inicio, que serían cambiados, “en cuanto se llevara a cabo esa  formalización ellos se iban a ir a esas áreas que iban a quedar descubiertas por los cambios de adscripción; así lo aceptaron, está normado; es un acuerdo que tenemos entre el Sindicato y la Secretaría de Salud”.
En casos especiales, como trabajadores con funciones especiales en un hospital, se analizará a detalle, “a lo mejor a un técnico radiólogo le llega su formalización y tiene que cambiarse a un lugar donde ni siquiera pueda tener Rayos X, entonces, obviamente esto lo estamos cuidando, en común acuerdo con el Sindicato”.
Informó que hay más trabajadores que se han inconformado pero se han apegado a la institucionalidad  y se les da atención.
De la intervención de la Codehum con los 16 trabajadores que interpusieron su queja y fueron otorgadas medidas cautelares, le recordó que se cumple con una necesidad de la población que requiere servicios médicos y son parte de los derechos humanos, con todo respeto para la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, “esto es un aspecto netamente laboral que tiene que plantearse desde el punto de vista laboral y que obviamente cuando piden médicos en la Montaña, Tierra Caliente, en fin, nosotros es lo que estamos haciendo, una redistribución de nuestro recurso humano para solventar la demanda de los guerrerenses”.
Del acercamiento entre la Codehum, el Sntsa y trabajadores inconformes, dijo que está en la disposición, cuando se lo indique la comisión.
Con relación a los señalamientos de la falta de material en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo, dijo que sí se atendió, pero “a veces se buscan otros canales para llamar la atención, yo soy respetuoso de eso”.
Precisó que por el presupuesto, la administración de los recursos materiales y de medicamentos se ha vuelto “muy estrictos” en el control.
Explicó que el problema en el Hospital Raymundo Abarca Alarcón, fue que el proveedor entregó jeringas sin agujas, que se solucionó, “e incluso, antes que se diera la conferencia de prensa llegaron las agujas. Yo llamé al proveedor y antes de la conferencia de prensa, ya estaba surtido”.
El funcionario estatal concluyó que seguirán problemas como los del Raymundo Abarca, por lo dinámico de la atención médica, pero aseguró que se atienden las necesidades de forma inmediata.

Convenios de colaboración con gobierno de Morelos

Ayer, el secretario de Salud participó en la clausura de curso de Análisis de procedimientos técnico médico y fundamentos legales para el proceso de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante y la participación del Ministerio Público, al que asistió la secretaria de Salud del estado de Morelos, Ángela Patricia Mora González.
La funcionaria del estado vecino indicó que, este viernes se analizó la posibilidad de reactivar un convenio de colaboración interestatal entre Morelos y Guerrero, en el que, a través del Seguro Popular se puedan atender niños Guerrerenses de municipios lindantes, como Arcelia, Taxco, Iguala e incluso Chilpancingo. Ya que, por registros de la Secretaría de Salud de Morelos, hay menores de Guerrero que son atendidos en el Hospital del Niño Morelense.
Otra de las actividades fue el analisis de un convenio de servicios médicos a intercambiar como el de la atención de diferentes tipos de cáncer que no se atienden en Guerrero, como el cáncer de ovario, colon y recto.

Otorgarán medidas cautelares a 39 familiares de desaparecidos en Iguala; son amenazados

El gobierno federal otorgará medidas de vigilancia individualizadas, en los casos de mayor riesgo, a familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala que han recibido amenazas, luego de la petición de medidas cautelares para 39 familiares de desaparecidos, que se hizo a través de la Organización de las Naciones Unidas y cinco organizaciones nacionales, al Estado mexicano.
Uno de los integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala informó que entre los acuerdos con las autoridades federales está que, a partir del domingo 31 de enero, se proporcionará seguridad al grupo de buscadores de fosas, así como un carro, chofer y combustible para que se puedan desplazar en su búsqueda, acompañados de un agente del Ministerio Público y policías federales.
Asimismo, recibirán herramientas para las búsquedas, capacitación para los buscadores de fosas, protección a los familiares con mayor riesgo y rondines de vigilancia en las casas de los 39 familiares para los que se piden las medidas cautelares.
El jueves, una comisión de familiares de desaparecidos se reunió con funcionarios de la Secretará de Gobernación, con el apoyo de cinco organizaciones nacionales de desaparecidos y organizaciones no gubernamentales (ONG), como el centro Prodh, Idheas, la Comisión Mexicana de Enlaces Nacionales y el Instituto Mexicano para la Defensa de los Derechos Humanos, donde se acordó el otorgamiento de medidas de protección individualizadas para los casos con mayor riesgo, es decir para los familiares de desaparecidos que han recibido amenazas.
La fuente informó que entre los compromisos hechos con el gobierno federal, con base en la petición de medidas cautelares para 39 integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, algunos de ellos como parte del grupo de búsqueda de fosas clandestinas y otros que han recibido amenazas, las medidas de vigilancia serán individualizadas en los casos de mayor riesgo con rondines policiacos en su casas.
Se acordó también que, bimestralmente se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, mayor seguridad en las asambleas de los martes a los familiares de desaparecidos en la parroquia de San Gerardo, y seguridad en las búsquedas de fosas clandestinas.
En el encuentro del jueves, las autoridades federales reconocieron el logro de Los Otros Desaparecidos de Iguala, que en un año han logrado el hallazgo y la recuperación de 123 cuerpos inhumados en fosas clandestinas, “un logro que ha superado por mucho al Estado”.
Informó que las ONG reconocieron también ante las autoridades federales que las acciones de búsqueda de los familiares de desaparecidos de Iguala han superado “por mucho” a las de la PGR.
Con este encuentro, dijo, se da reconocimiento al grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala, a nivel nacional e internacional, por los logros alcanzados a más de un año de su creación tras el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Niega el gobierno del estado medidas cautelares para defensoras de Iguala; no hay dinero, dice

 

El gobierno del estado de Guerrero, encabezado por Héctor Astudillo Flores, no tiene dinero para proveer de medidas cautelares a las defensoras de derechos humanos de Iguala Evelia Bahena García y Diana Carolina Brito, quienes dejaron sus hogares tras ser amenazadas de muerte.
“No hay esperanza de volver pronto, no hay esperanza de mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, no hay esperanza de seguir luchando por los derechos humanos”, enfatizó Bahena García.
La mañana de este miércoles, las dos luchadoras sociales se reunieron en la Secretaría General de Gobierno con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas, quien no les dio una respuesta sobre las atenciones a las medidas cautelares dictadas en su caso.
“Uno de los puntos para poder regresar es que el gobierno ayude a mejorar la calidad de vida”, agregó Bahena García.
La reunión tuvo lugar en el despacho del subsecretario, quien únicamente recibió las propuestas de las activistas para atender su caso, sin darles una solución o fecha para darles una respuesta.
Al concluir la reunión, Bahena García explicó que el gobierno del estado únicamente recibió sus propuestas, y justificó que no puede darles ayuda porque no hay dinero.
“Nos dijo tajantemente que no hay recursos, que ellos no manejan dinero, que este gobierno entró sin dinero y que el otro gobierno los dejó endeudados”, señaló.
La activista cuestionó que el gobierno del estado siempre tenga apoyo para gestores que lucran y se aprovechan de otra gente, pero no abonan ni trabajan para mejorar las condiciones de los defensores de derechos humanos.
Bahena García detalló que la propuesta entregada al gobierno del estado para poder regresar a Iguala es que mejore sus condiciones de vida, ya que la casa en la que vive una de ellas es de cartón y no cuenta con los servicios básicos.
Agregó que se solicitó alumbrado público para su colonia, aunque reconoce que no es suficiente garantía de seguridad, “por lo menos para correr y salvar la vida”.
Recordó que el beneficio no es sólo para ellas sino para las familias que viven en la colonia Tlachinollan, de Iguala, así como la ayuda a la regularización de los predios.
Las activistas Evelia Bahena García y Diana Carolina Brito huyeron de la ciudad porque recibieron amenazas de muerte.
Evelia y Diana han recibido agresiones, amenazas, hostigamiento y difamación por su trabajo en ese asentamiento, que se incrementaron a mediados de 2015.
El 30 de julio 2015, Evelia Bahena recibió una llamada telefónica a las 7:16 de la tarde: “¡Ah!, contigo quería hablar, tu eres la que se siente líder chingona y que todos te la pelan, te aviso que te tienes que largar de aquí, tú, el licenciado Félix Rodríguez y Diana Carolina, porque se los va a cargar la verga”, señaló.
Luego de la llamada, la defensora recibió un mensaje de texto del mismo celular que reiteraban la amenaza de muerte.
Las amenazas obligaron a ambas defensoras y sus familias a desplazarse de Iguala, y solicitar su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

Se ampararán Los Otros Desaparecidos de Iguala; el Estado no les brinda medidas cautelares

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron en la asamblea de ayer que interpondrán un amparo, ante la negativa del Estado mexicano, dos veces, de brindar medidas cautelares para 33 familiares que salen a buscar fosas clandestinas o que han recibido algún tipo de amenaza.
La petición de las medidas cautelares para los 33 familiares de víctimas de desaparición forzada al Estado mexicano se hace a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y fue una petición conjunta a este organismo internacional de las diferentes organizaciones nacionales de víctimas de desaparición forzada, como Idheas y Organización de Enlaces Nacionales, informó ayer uno de los familiares.
La fuente informó que, la Secretaría de Gobernación dijo que desde diciembre se estaban brindando las medidas cautelares a los familiares de desaparecidos, lo cual fue desmentido ayer en la asamblea.
Se informó también que, a través del Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –al que el grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala tienen como asesor jurídico independiente– se elaborará un amparo para exigir al Estado mexicano el otorgamiento de las medidas cautelares para estas familias.
Denunció que a pesar de que había un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal de que cada domingo una comisión de policías federales acompañaría al grupo de familiares durante la búsqueda de fosas clandestinas, ya en dos ocasiones, incluyendo este domingo, cuando la búsqueda se hizo en cerros de Cocula, la Policía Federal no dio seguridad a los familiares.

No buscará la PGR restos en fosas de Iguala en vacaciones; familiares de desaparecidos sí, advierten

 

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron ayer que peritos y antropólogos de la Procuraduría General de la República (PGR) suspenderán las excavaciones en fosas clandestinas, ante el periodo vacacional, y las reanudarán hasta el 5 de enero, aunque advirtieron que ellos no suspenderán sus salidas a buscar posibles entierros clandestinos.
Durante la asamblea que cada martes se lleva a cabo en el sótano de la parroquia de San Gerardo, al sur de la ciudad, los familiares de desaparecidos informaron que el Estado mexicano no había otorgado, hasta ayer, las medidas cautelares que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el respaldo de organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada de todo el país, como Idheas y Red de Enlaces Nacionales, había solicitado en un primer momento para 13 familiares del equipo de búsqueda de fosas clandestinas.
Ayer, el familiar de una víctima de desaparición forzada informó que en un segundo envío al Estado mexicano las solicitudes de medidas cautelares para familiares que buscan a sus desaparecidos en fosas de Iguala se incrementaron a 39, ya que en ésta se incluyen el equipo de buscadores de entierros clandestinos y familiares de desaparecidos que han recibido algún tipo de amenaza por buscar a su familiar ausente.
La fuente consultada confirmó que ante el periodo de vacaciones y la ausencia de peritos y antropólogos, la PGR suspenderá las excavaciones y exhumaciones, en su caso, de cuerpos de fosas clandestinas, que reiniciarían el 5 de enero.
Sin embargo, a pregunta realizada, informó los familiares de víctimas de desaparición forzada no abandonarán su trabajo de búsqueda de entierros clandestinos en cerros de Iguala, Taxco y Cocula, para que a su regreso la PGR realice los trabajos de excavación y exhumación de los cuerpos que sean hallados.
Desde el 23 de noviembre de 2014, los familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala han hallado más de 80 fosas clandestinas de las que la PGR ha recuperado 116 cuerpos, el último, de una mujer, el 17 de diciembre en el ejido Tijeritas, al norte de la ciudad, y de los cuales la PGR ha identificado y entregado 15 a sus familiares en poco más de un año.