Piden indígenas la opinión de la ONU y el apoyo de ONG para la ley que promueven

 

El integrante del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecodec), Abel Bruno Arriaga informó que se pidió la intervención de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) sobre la iniciativa popular legislativa para la Ley Integral sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero que promueven.
Dijo que como parte de la representación de los pueblos con Alfonso Ayala Vicario y Abad Cantú Gómez, se ha acercado a organizaciones e instituciones para que respalden la propuesta, y por eso solicitaron una audiencia con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México y con el relator especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas en México, para darles información sobre la iniciativa popular y conocer su opinión del contenido y alcance de la ley que promueven, surgida de la comunidad.
Además piden que los acompañen en el proceso y la intervención institucional para que la iniciativa sea discutida y aprobada por el Congreso del Estado de Guerrero, ante “la existencia del temor fundado de que los legisladores muestran buena disposición, pero deliberadamente sea ignorada o mutilada durante el proceso legislativo por la influencia de actores gubernamentales, políticos, empresariales, interesados en que no prospere por considerar que afecte sus intereses”.
Mencionó que el lunes visitaron las casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán y Espino Blanco (Colombia) de Malinaltepec, además de la CRAC de los pueblos fundadores en Santa Cruz del Rincón del municipio de Malinaltepec, para invitarlos a constituir un frente común en defensa de los derechos de las comunidades indígenas.
Agregó que se reunieran este 24 de marzo con Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ- PCP) de Temalacatzingo, municipio de Olinalá para generar las condiciones y la posibilidad de “ir juntos por la ratificación y ampliación de los derechos contenidos en la Ley 701”.
Comentó que San Luis Acatlán y Espino Blanco analizarán la propuesta y Santa Cruz del Rincón se localizará posteriormente.
El Congreso del Estado le solicitaron el calendario con las fechas en las que se reunirán los asesores, las comisiones para analizar y discutir la construcción y el contenido del dictamen sobre la ley presentada, o las que existan y se les cite para que puedan estar y participar en el desarrollo del proceso, ya que cuando acudieron sólo les dieron una agenda de trabajo, pero sin fechas.
También solicitaron copias simples de las iniciativas presentadas sobre el tema.
Informó que también le hicieron llegar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos sus solicitudes, para conocer su opinión y pedir acompañamiento, por lo que están a la espera de las repuestas para hacer y escuchar sus planteamientos, dijo.

Paran labores maestros de la Técnica 132 de Tlapa; exigen el pago de 156 horas

Maestros de la Escuela Secundaria Técnica número 132 Caritino Maldonado Pérez, de Tlapa, pararon labores ante la falta de pago de 156 horas de trabajo.
La madre de familia, Rosa González explicó que en una reunión que tuvieron el martes en la escuela, los maestros les informaron que pararían labores de manera indefinida, porque a muchos de ellos se les adeuda. Más de mil 500 alumnos no tienen clases desde ese día.
La quejosa pidió a las autoridades educativas que pongan atención y resuelvan la demanda de los maestros, porque “nuestros hijos no tiene la culpa de la irresponsabilidad y la ineficiencia del gobierno”.
En su cuenta de Facebook, los maestros subieron una foto para informar del paro de labores, “por culpa de las autoridades corruptas estatales y federales que dan prioridad a intereses personales y se olvidan de sus obligaciones”.
Esta es la tercera Secundaría Técnica que para labores en municipios de la Montaña; el 27 de enero, padres de familia tomaron la número 64 Rubén Figueroa Figueroa, de la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas, para exigir profesores y pagos; y en días pasados padres y profesores de Acatepec, de secundarias técnicas de Zontecomapa y Xilotlancingo bloquearon la carretera federal Tlapa-Chilapa para exigir el envío de profesores, y que se les pagaran los adeudos y los dotaran de personal administrativo y obras.

Sólo con la CRAC los pueblos indígenas tienen seguridad, dice la madre del comunitario preso

 

A doña Beatriz Gálvez Macario le cambió la vida cuando organizó a la gente de Zitlaltepec en contra de la violencia que mantenía a raya a ese y a otros pueblos de la Montaña.
Ella formó la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en el 2013. Eso le trajo como consecuencia que a su hijo Samuel Ramírez Gálvez lo encarcelaran.
Después su marido la dejó porque la culpó del encarcelamiento de su hijo, y el año pasado la metieron 17 días a la cárcel tras de que los familiares de su esposo la acusaron de asesinarlo, sin que se haya encontrado su cadáver.
Ella supone que su marido huyó para no enfrentar el problema de su hijo preso.
A punto de salir libre Samuel, un na savi como ella, Beatriz dice que no se arrepiente de su participación en la CRAC y que seguirá en la Policía Comunitaria porque es la única manera de tener la seguridad que no garantiza el gobierno a los pueblos indígenas.
Entrevistada después de la audiencia de su hijo Samuel el mediodía de este martes, la mujer indígena contó que en 1997 la gente de su pueblo, Zitlaltepec, no podía vivir tranquila “porque estaba muy complicada la situación, no podíamos salir a comprar a Tlapa porque en el camino había de todo, secuestro, violaciones a las mujeres, asaltos y eso fue lo que hizo que comenzáramos a organizarnos en la comunidad para darnos seguridad nosotros mismos”.
Ese pueblo se encuentra a 8 horas caminando a Metlatónoc, la cabecera municipal, en vehículo llegan en dos a Tlapa.
Dijo que la única alternativa en ese tiempo fue formar su policía comunitaria, “porque nuestra comunidad es una de las más apartadas de la montaña, y tenemos que pasar por lugares muy solitarios, escabrosos y peligrosos”.
Beatriz Gálvez fue una de las más activas para formar la Policía Comunitaria, incluso a ella le deben los habitantes de varios municipios en la Montaña que la Casa de Justicia de la CRAC se haya instalado en Zitlaltepec, “allí comenzamos a dar el servicio de seguridad y muchos pueblos vecinos se incorporaron”.
Uno de los primeros que se enrolaron en la Policía Comunitaria para cuidar al pueblo fue su hijo Samuel Ramírez Gálvez, “él así lo quiso, pero la gente también así lo decidió”, dijo la mujer entrevistada en las instalaciones del juzgado Séptimo de Distrito, minutos después de que Samuel asistiera a la última audiencia de vista en la que su defensa ratificó los argumentos de descargo para que la jueza emita una sentencia a su favor.
Por su activismo doña Beatriz fue nombrada en el 2013 coordinadora de la CRAC, “estaba yo prestando ese servicio cuando detuvieron a mi hijo sólo porque estaba interesado en dar seguridad a su comunidad. Él estaba convencido que era la única forma de que viviéramos con tranquilidad y que no hubiera robos, asaltos, que pudiéramos salir sin que nos pasara nada”, declaró.
Recordó que Samuel entró de voluntario en la Policía Comunitaria cuando apenas había entrado a los 18 años, en 2012. Iba para dos años en la organización cuando lo detuvieron.
“Yo veo muy mal que lo hayan detenido, porque empezando desde el municipio el estado y el gobierno federal no nos dan seguridad, pero todos están en contra de los comunitarios. No sé por qué están en contra de nosotros cuando nos protegemos entre los mismos paisanos. Ellos quieren quedar bien pero no hacen las cosas como debe de ser, no nos dan la seguridad. Los policías municipales cuidan la cabecera municipal, el Palacio, pero no dan seguridad a las comunidades que pertenecen al municipio, mucho menos los policías estatales y federales, no van para allá a ver si estamos bien o mal, ellos están en las ciudades”, se quejó.
Denunció que, sin embargo, cuando las comunidades indígenas se organizan para formar su propia policía, “se quejan de que les estorbamos y nos detienen como si fuéramos delincuentes, secuestradores, pero no es cierto, estamos para defender a los pueblos y si hacemos algunas actividades sólo es para detener a los que están maleados, y al detener a los policías comunitarios se ve que el gobierno está del lado de los malos”, dijo.
–Usted contribuyó a resolver el problema de la inseguridad en su pueblo, pero por el otro se creó problemas en su familia. Detuvieron a su hijo, la dejó su esposo, la acusaron de homicidio y la detuvieron por esa causa, ¿está arrepentida?- se le preguntó.
–No, no estoy arrepentida. Yo formo parte del Comité de la Carta de los Derechos de la Mujer. Yo siempre he estado en contra de los hombres. He visto muchos casos de mujeres golpeadas, discriminadas, golpeadas y no pueden hablar porque no hay gobierno que las defienda, porque se cree que la mujer nació para atender a su marido.
“Yo he participado en reuniones y conozco los derechos para defender a la muer, estoy consciente, por eso no me arrepiento de lo que estoy haciendo porque sé que estoy haciendo algo bueno para mi comunidad y para las demás mujeres, que necesitan despertar para saber que no pueden estar humilladas ante el hombre”, expuso.
–Pronto va a resolverse la situación legal de su hijo Samuel, en caso de que salga libre y decide seguir siendo policía comunitario, ¿usted lo respaldará?
–Sí, sí lo respaldo porque yo sé que él no está haciendo nada malo, está defendiendo al pueblo y no me arrepiento de que él esté dando su servicio, aunque el gobierno esté en contra de él y de la Policía Comunitaria.
“El gobierno saca a la luz lo que le conviene, y lo que no lo hecha debajo de su mesa, y eso creo que no se vale, pero mientras el pueblo esté organizado y haga lo que más le convenga estoy de acuerdo en participar”, agregó.
Beatriz Gálvez aceptó que después del encarcelamiento de Samuel se retiró un rato por falta de recursos, “yo soy madre de familia, tengo una familia que mantener y tengo que visitar a mi hijo y es un problema bien fuerte para mi. A parte de eso estoy mal de salud”.
Y es que dos años después de que cayó en la cárcel su hijo, su esposo Raúl Ramírez Onofre la abandonó, al acusarla de ser la responsable de que lo hayan detenido porque ella era coordinadora de la CRAC cuando se lo llevaron.
Después de que su esposo la abandonó en 2015 los familiares de Raúl la acusaron del homicidio de éste, sin que se haya encontrado el cuerpo. Sin embargo estuvo encarcelada 17 días, “pero yo sé, tengo testigos que el señor se fue, me abandonó pero para culparme a mi sus familiares planearon que estaba muerto para encarcelarme, pero mientras yo no tenga culpa no me da pena, no me deprime porque sé que no soy culpable de lo que se me acusa”.

 

Volverán a las protestas, advierten secundarias de la Montaña; la SEG no manda maestros

 

Padres de familia y personal de escuelas secundarias técnicas en la Montaña alta y baja, podrían retomar su movilización social debido a que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha cumplido con el envío de maestros faltantes y ha emitido nombramientos sin techo presupuestal, acusaron directivos de la zona.
Directores de las 20 secundarias técnicas de la zona 16 tuvieron una reunión con el supervisor escolar, José Guadalupe Rodríguez García, para tratar la falta de directivos, originada por las recientes jubilaciones.
Personal administrativo también se presentó para exigir al supervisor que cumpla su compromiso de mover a la trabajadora de nuevo ingreso, Elissa Nicole Gutiérrez Ruiz, quien obtuvo su plaza por el movimiento de los padres y bases, y que fue designada arbitrariamente en la secundaria ubicada en Topiltepec, a unos 15 minutos de Chilapa.
Consultado al final sobre la falta de personal en la zona, el directivo y parte del movimiento magisterial, Nicéforo García Navarrete, informó que no ha habido avance con las autoridades educativas, en el cumplimiento de una minuta firmada a finales de septiembre del año pasado, donde la SEG se comprometió a cubrir unas 400 horas faltantes y a emitir nombramientos de personal administrativo y de apoyo.
“En vez de avance se están agudizando los problemas, sobre todo porque (las autoridades educativas) dieron algunos nombramientos para salir del paso, que no tienen techo financiero o nombramientos que pagaron una o dos quincenas, y otra vez quedan sin sustento financiero”.
Otro problema adicional, dijo, es que debido a las jubilaciones de directivos, las escuelas se están quedando sin esa figura.
Dijo que a causa de la falta de cumplimiento de la SEG, el descontento se está generalizando entre los trabajadores y los padres de familia, que ven que sus hijos no tienen clases por falta de maestros.
Ejemplificó que hay al menos dos escuelas que carecen de hasta 70 horas docentes a la semana.
“Ya se habla de que posiblemente la próxima semana inicie la movilización”, advirtió y adelantó que este viernes 27, en una asamblea de bases de la zona, se determinarán las acciones para la nueva movilización.
Nicéforo García, quien fue propuesto para dirigir la delegación regional de los servicios educativos, dijo que se verán obligados a armar comisiones para retomar la movilización social.
Lamentó que el alcalde de Chilapa, el priista Jesús Parra, no haya cumplido el compromiso que hizo en diciembre pasado, de ser intermediario con las autoridades.
“El alcalde nos pidió que antes de cualquier movilización se le comunicara, para que intercediera, y hasta el momento no lo ha hecho”, finalizó.

Del 11 de diciembre de 2015 al 30 del mismo mes de 2016 la Fiscalía detuvo a mil 671 personas

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la Policía Investigadora Ministerial detuvo a mil 671 personas, algunas en flagrante delito, del 11 de diciembre de 2015 al 30 de diciembre de 2016 en todo el estado.
Según un boletín emitido ayer, en Acapulco los agentes ministeriales detuvieron a 784 personas, en la región Centro a 346 y la en Costa Grande a 98.
En Costa Chica en operaciones y retenes detuvieron por diversos delitos a 121 personas, en la región Tierra Caliente a 48, en la Montaña a 57 y en la zona Norte a 78. Mientras que en flagrante delito fueron 139 detenciones en la entidad.
Las detenciones corresponden a secuestros, homicidios, violaciones, extorsiones, robos, posesión de enervantes y portación de arma, entre otros delitos, según la misiva.

 

Incumplió el alcalde de Tlapa con dotar de agua y recoger la basura de colonos, se quejan

 

Vecinos de la colonia Mirasol se quejaron del incumplimiento del alcalde priista Jesús Noé Abúndiz García de proveerles los servicios de agua y recolección de basura, luego de que marcharon el jueves para exigirlos.
Ayer informaron que llevan más de un mes sin estos servicios a pesar de que sus recibos de agua ya los pagaron por adelantado, y ahora tienen que comprar el agua en pipas que cuestan 250 pesos.
Uno de los vecinos, Macedonio Mendoza Basurto lamentó la falta de cumplimiento del Ayuntamiento a cargo de Abúndiz García porque se les prometió que mandaría el carro de basura los martes y viernes de cada semana, y que el lunes los colonos ya tendrían agua, pero les mintió.
En la reunión del jueves trabajadores del ayuntamiento reconocieron que 15 colonias están sin el servicio de agua ante la falta de capacidad de la bomba, pero dijeron que este lunes la cambiarían por otras de más capacidad, pero eso no ocurrió.

Es lenta y sólo de maíz y sal la entrega de granos en La Montaña, señala el Consejo de Damnificados

Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificados de La Montaña señalaron que la entrega de granos a las comunidades damnificadas por la tormente Manuel en 2013 es lenta y sólo es de maíz y sal, porque las autoridades no han consolidado la compra del arroz y frijol, según les argumentaron.
De acuerdo con la integrante del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Martha Ramírez Galeana, quien acompaña en la gestión al Consejo, la entrega ya se hizo en las sedes de Cuatzoquitengo, municipio de Malinaltepec, así como en los municipios de Acatepec y Atlixtac, pero queda pendiente una parte de Malinaltepec.
Las comunidades de los municipios faltantes son de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Alcozauca, Atlamajalcingo y Tlapa.
Es la tercera entrega convenida con las autoridades federales; la segunda concluyó el 20 de noviembre de 2016.
El argumento del atraso en el resto de las comunidades es que, según Diconsa, no se ha hecho el convenio de compra con las empresas del norte del país que los abastecen.
El próximo sábado harán una reunión de evaluación para la cuarta, quinta y sexta entrega de los granos básicos, que ahora son sólo maíz y sal, anunciaron.
Dijo que de la primera a la tercera etapa fueron subsidiadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) y para las restantes lo hará el gobierno estatal priista de Héctor Astudillo Flores, por lo que deben ponerse de acuerdo para que no haya retrasos que los obliguen a movilizarse.
Agregó que en las comunidades entregan las listas de las familias beneficiadas, acorde a lo que les solicitan las dependencias.

No hay ningún proceso contra maestros por agresión a personal de la SEG, dice funcionario

El director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Abraham Godínez Maldonado, le informó a la Dirección Colectiva de La Montaña baja que no hay ningún proceso en contra de sus seis integrantes, acusados de agredir a trabajadores de la Dirección General de Administración de Personal y de la Subdirección de Pagos, durante una protesta el 9 de noviembre pasado.
A los maestros agremiados en la Dirección Colectiva de La Montaña baja, Marcelo Guillén Cruz, Héctor Bartolo Casarrubias, Armando Loreto Nejapa, Raúl Crispín Linares Rojas, Olga María Casarrubias Mora y Alejandro Francisco Jacinto, se les responsabilizó de la agresión a los trabajadores y por ello se les retuvieron las dos quincenas de noviembre, de las cuales ya se les pagó la primera.
Una comisión de la Dirección Colectiva se reunió con Godínez Maldonado este lunes en las oficinas alternas de la SEG, ubicadas en la colonia Burócratas, en la capital, para discutir la situación jurídica de los seis integrantes de la organización y la solicitud de cambio de adscripción de dos maestros.
En declaraciones luego de la reunión, Casarrubias Mora dijo que Godínez Maldonado informó que no hay procesos jurídicos en contra de los seis acusados, por lo podrán seguir trabajando de manera normal y que en el transcurso de esta semana se les pagará la segunda quincena de noviembre que se les retuvo.
También se discutió el caso de dos maestros de preescolar que laboran en escuelas de la comunidad Hueycantenango, municipio José Joaquín Herrera, que solicitaron su cambio de adscripción por la inseguridad.
Precisó que el cambio de adscripción por inseguridad se argumentó porque desconocidos asesinaron al esposo de una maestra y un profesor tuvo una discusión con el director del plantel, lo que terminó en agresión física, por lo que la Unidad de Asuntos Jurídicos les entregó dos dictámenes en los que se resuelve la solicitud de cambio a favor de los afectados, de manera que su trámite se agilice.
Por otra parte, dijo que la solicitud de 93 maestros que hacen falta en 25 escuelas de La Montaña baja se resolverá en otra reunión que se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre y que la Dirección Colectiva espera que las autoridades actúen en beneficio de los alumnos y padres de familia.

Que los delegados de las dependencias indígenas sean elegidos mediante consulta, piden organizaciones

El Movimiento  Indígena por el Derecho a la Consulta de La Montaña acordó exigir que se consulte la designación de los titulares en Guerrero de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) y la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA).
Además de que se hagan los foros de consulta sobre la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas  antes de marzo y que se pida una prórroga para hacer llegar las aportaciones porque desde el Congreso no se está fomentando la consulta.
En una reunión la organización pidió a las instituciones que licitan las obras en las comunidades a que verifiquen que las empresas cumplan con calidad y las entreguen ya que las autoridades se vuelven omisas al seguir permitiendo que las empresas que no cumplen sigan teniendo proyectos, en relación a  los señalamientos de las comunidades de Ocotequila del municipio de Copanatoyac de que su obra de agua potable está inconclusa, o como pretendía ocurrir en San Pedro Petlacala donde les pretendían entregar la carretera con baches, en ambas la Cdi está involucrada.
Arturo Román García habló de los antecedentes de la exigencia de la consulta para que en las instituciones de gobierno en materia indígena sean ocupadas por indígenas por medio de la consulta y con ciertos requisitos, y dijo que eso no se ha consolidado porque lo gobiernos no respetan los acuerdos.
Informó que la Ley 701 debe ser atendida antes de marzo del 2017 pero no se han promovido las consultas  a los pueblos por parte del Congreso y que no se está garantizado que respeten las propuestas que se han discutido.
También de propuestas en la reglas de operación de instituciones del gobierno donde dan proyectos productivos porque luego el tiempo de apertura es corto y no pueden acceder a ese tipo de recursos.
En las instalaciones del Consejo Regional de la Montaña participaron las organizaciones de Ser Justos Para Ser Libres, Autogestiva de la Montaña, Red Maxcuilxóchitl, Mujer es voz y rostro,  Acciones Para el Desarrollo de Comunidades Indígenas, Espacio Jurídico, La Mujer y la Esperanza, El Grito y autoridades de los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Copanatoyac y se agregaron representantes del Frente Popular de Tlapa (FPT).

Entregarán granos a partir del 5 de diciembre a damnificados de La Montaña, acuerdan organizaciones y gobierno

 

Representantes del Consejo de Comunidades Damnificados de la Montaña y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) acordaron que a partir del 5 de diciembre iniciará la entrega de la tercera etapa de los granos básicos a los afectados de la tormenta Manuel del 2013.
El integrante del consejo, Abel Bruno Arriaga informó que la reunión se hizo en el centro coordinador de las instalaciones de la Cdi a las 11 de la mañana, estuvieron unos 40 representantes del consejo y la encargada del Programa alimentario de la Cdi estatal, Gloria Ocampo Hernández, junto con el director del centro, Bernardo Vázquez Pareja.
La reunión se trató sobre el seguimiento de la programación de entrega de granos básicos y se acordó que el día 5 de diciembre se iniciará con la entrega de maíz y sal y para el 15 se continuará con el arroz y frijol a los beneficiarios del programa porque Diconsa les dijo que no contaba con todo.
También los beneficiarios pidieron a la Cdi que les entregue los granos en buenas condiciones porque la entrega pasada algunos recibieron el maíz y arroz con gorgojos y por necesidad tuvieron que aceptarlo.
Lamentaron la ausencia de autoridades de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) porque no pudieron plantear el problema sobre las viviendas
Los acompañaron el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y los abogados, Martha Ramírez Galeana y Paulino Rodríguez Reyes
Al concluir la reunión con las autoridades de la Cdi y la comisión del consejo, los representantes del consejo se trasladaron a la casa de jornaleros donde los esperaban unos 200 damnificados para informarles los acuerdos y acordaron que a partir del día 12 de diciembre el consejo se movilizará para buscar una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob) federal y buscar la segunda etapa de granos básicos de otros seis meses para los indígenas.