A 21 años de la conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC), es un proyecto inacabado y corresponde a todos mejorar lo que no se ha hecho bien, dijo el consejero de la institución, Sabás Aburto Espinobarros, quien con el también consejero Juan Horta Cruz, son autores del libro El origen de la Policía Comunitaria-Montaña y Costa Chica y fundadores de la organización.
El texto fue presentado la tarde de este jueves en el Palacio de la Cultura, en donde hubo reclamos y la exigencia de la libertad de los presos de la CRAC Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez García.
Además de los autores el libro también fue comentado por el representante del senador perredista Armando Ríos Piter, Mario Hernández Herrera.
Los autores explicaron que en el texto retoman el proceso que vivió la institución indígena desde su formación en octubre de 1995 a 1998, aunque también se incluyen dos de las crisis más fuertes que ha vivido, la del 2002 durante la primera “embestida” por el gobernador René Juárez Cisneros, cuando integró averiguaciones previas y liberó órdenes de aprehensión en contra de las autoridades comunitarias, así como la del 2013 cuando del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien intervino para dividir a la CRAC-PC mediante Eliseo Villar Castillo, ahora preso.
Juan Horta explicó que el libro “es un bebé que fue deseado desde el 2015”, cuando comenzaron a concebirlo, aunque aclaró que ya había habido muchos intentos, que tres veces estuvo a punto de abortar, pero que afortunadamente nació sano.
Sabás Aburto explicó que en el libro está el contenido “del por qué de los por qué” surgió la Policía Comunitaria, después de varios intentos y reuniones con el procurador de justicia y el secretario de Seguridad Pública, sin que se hubiera logrado.
Aclaró que no fueron esas reuniones con los funcionarios las que ayudaron a la formación de la Policía Comunitaria, sino las prolongadas asambleas de los pueblos que buscaban acabar con la inseguridad, los robos, asaltos, violaciones a las mujeres y asesinatos en el corredor Montaña-Costa Chica.
Añadió que después se vinieron acontecimientos como la masacre de Aguas Blancas, los asesinatos del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, el asesinato del ex gobernador José Francisco Ruíz Massieu y la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, “todo eso nos empujó a la organización, y si no fuera por esos acontecimientos la Policía Comunitaria no hubiera surgido”, reconoció.
Detalló que también fue fundamental la participación de las organizaciones sociales, como Los de la Montaña, 500 Años de Resistencia Indígena, las Triple S y los Consejos Comunitarios de Abasto de Diconsa. Todo eso se conjuntó “para que la semilla de la Policía Comunitaria germinara”.
Juan Horta destacó que los logros de 1995 a 1998 fueron el desmantelamiento de las bandas delincuenciales, algunas de hasta 50 criminales, la disminución de la inseguridad, la desaparición de la Policía Motorizada que fue la responsable de la masacre del vado de Aguas Blancas, así como el reconocimiento a la CRAC-PC por el Gobierno, cuando se reconoció que la Policía Comunitaria no se trataba de una guerrilla como se le acusaba.
Sin embargo añadió que 21 años después, la defensa de la CRAC-PC sigue porque los embates del gobierno continúan, “todavía hay algunos funcionarios que nos siguen llamando ilegales porque desconocen el marco legal, o lo interpretan a su manera y conveniencia.
Frente a estas circunstancias, explicó que los retos son la defensa de la CRAC-PC ante los ataques extornos e internos, que sea reconocida dentro de la Constitución Política del Estado porque en la última reforma, “casi nos ponen un freno y nos hacen a un lado”.
Asimismo dijo que otro reto es concientizar para que no se siga confundiendo a la CRAC-PC con otros grupos que también se dicen policías comunitarias, pero que no cuentan con un reglamento y no tienen como base las asambleas.
Otro de los comentaristas, el representante del senador Armando Ríos Piter, Mario Hernández explicó que el proyecto deja un aprendizaje para replicarlo en todo el estados, “es el mejor ejemplo que existe en el estado del poder popular”, definió.
Agregó que este modelo está afianzado en las asambleas comunitarias y que por eso ha funcionado muy bien, a diferencia del sistema gubernamental en el que ya no hay confianza y la inseguridad está a la orden del día.
En la etapa de preguntas el presidente del Colegio de abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García manifestó que ya hacía falta un documento de este tipo.
Asimismo de entre el público surgieron inquietudes y cuestionaron a los autores y consejeros de la CRAC-PC, cosas como la falta de autonomía al recibir recursos de los ayuntamientos, reunirse con funcionarios del gobierno del estado y aceptar la credencialización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Yo me quedo con lo que era antes la CRAC, que su esencia era su autonomía y que se regía por sus usos y costumbres”, dijo por ejemplo, Maricela Juárez Ocampo, de la colonia Comunidad Emperador Cuauhtémoc.
Roberta Campos Adame integrante de la CRAC-PC La Patria es Primero de El Fortín, criticó que hayan recurrido para la edición del libro al senador perredista Armando Ríos Piter, “que ha aprobado leyes en contra del pueblo, ¿dónde está esa autonomía?, preguntó y luego cuestionó al senador que se quiera montar en el prestigio de la CRAC.
Otro de los asistentes preguntó la postura de los consejeros y autores del libro de los presos. Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez García, para entonces algunos de los asistentes comenzaron a desplegar y a alzar pancartas: “Libertad a Gonzalo Molina, preso político de la CRAC”, “Atención médica a Gonzalo Molina”, “Libertad a Samuel Ramírez García”, “Respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas”, se leyó en algunas de las cartulinas.
En respuesta a las críticas Sabás Aburto dijo que el camino de la CRAC no tiene fin, “nos vamos a ir nosotros a descansar y la CRAC-PC va a seguir porque es un proyecto inacabado, y con el esfuerzo de todos debemos mejorar lo inacabado y lo que no se hizo bien”.
Luego dijo que la autonomía es un proceso que se va construyendo poco a poco, pero precisó que la CRAC-PC es apartidista y que no está sometida a algún partido político, y menos a algún candidato, “lo que nos une es el problema de la inseguridad” y explicó que tienen que recurrir a representantes populares como al senador, a los presidentes municipales porque es un derecho acudir ante ellos.
Aclaró que la CRAC no es apéndice del gobierno ni de ningún partido, “pero no podemos ni debemos permanecer como en una isla, necesitamos mantener relaciones buenas o malas”. Aseguró que la libertad de los presos la tratan mediante la defensa jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, pero que no se sabe de su intervención, “porque poco nos gusta salir en los medios de comunicación”.
Aclaró que en 2013 se dio la credencialización de los policías comunitarios “por las prácticas desviadas” del entonces coordinador de la casa matriz con sede en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, debido a la intervención del gobernador Ángel Aguirre.
Subrayó que el ahora ex coordinador, (actualmente preso por homicidio), recibió el apoyo del gobernador para desmantelar a la CRAC-PC y con ello frenar a la institución, porque su función no es sólo velar por la seguridad, sino también evitar que avancen los proyectos mineros en la Montaña y Costa Chica.
Preció que a la Policía Comunitaria no se le respeta por las armas, sino por el respaldo con el que cuenta, “así carguen sólo un machete, cuentan con el poder popular”, y denunció que por eso ha habido muchos intentos de destruirla.
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Mil 818 asesinatos de enero a octubre, 358 más que en 2015; sube 24.5 por ciento
En los primeros 10 meses del año han ocurrido mil 818 asesinatos en el estado, en los que aparentemente participó el crimen organizado, 358 más que en el mismo periodo de 2015 lo que representa un 24.5 por ciento de incremento.
En octubre de este año se registraron 162 ejecuciones, 18 más que en septiembre que tuvo 144 homicidios según un recuento de lo publicado en El Sur, lo que representa un incremento de 12.5 por ciento ese mes.
El 24 de octubre hubo un enfrentamiento entre civiles armados del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, que dejó siete muertos, pero esos no se consideran en este recuento porque no hay indicios de que participara el crimen organizado, como sí ocurre en los otros casos.
El 3 de octubre en una actividad en Tixtla el gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró que el índice de homicidios dolosos en el estado disminuyó en septiembre en un 40 por ciento en Acapulco y 32 por ciento en el resto de la entidad.
El mes pasado en Acapulco aumentaron los asesinatos, sumaron 70, el 44 por ciento del total en el estado y fueron ocho más que en septiembre cuando hubo 62, es decir, en el último mes aumentaron un 11 por ciento.
En los 31 días de octubre de las 162 víctimas cinco fueron mujeres. Sin contar Acapulco en el conteo hubo 18 jóvenes entre 18 y 26 años, una niña de 14 que fue secuestrada y después hallada cerca de la comunidad de Iyotla en Leonardo Bravo (Chichihualco). Las edades de las demás víctimas oscilan entre 30 y 60 años.
La mayoría de los homicidios fueron a balazos, le siguen los asesinados con arma blanca, lapidados, a golpes y desmembrados. En algunos casos les dejaron narcomensajes.
Las regiones en las que se cometieron más ejecuciones son Acapulco, Centro, Costa Grande, Norte y la Montaña.
Los municipios en los que se cometieron más hechos de violencia fueron Chilpancingo con 25 muertes, Coyuca de Benítez con 11, Zihuatanejo con siete, Iguala y Atoyac de Álvarez con cinco, Chilapa de Álvarez con cuatro, Eduardo Neri (Zumpango) con tres, en San Marcos, Buenavista de Cuéllar, Atenango del Río, Ometepec, Tixtla, Petatlán, Huitzuco y Pilcaya se registraron dos, en Tecpan de Galeana, Leonardo Bravo, Marquelia, Telolopan, Cruz Grande, Zitlala, Metlatónoc, La Unión, San Luis Acatlán, Copala, Ayutla de los Libres, Cuetzala del Progreso, Tlapa, Tepecoacuilco y Tlacoapa hubo uno.
Entre las víctimas están un trabajador de una empresa de Tecpan, un campesino, el ex secretario particular del ex diputado PRD Miguel Cantorán, el director de asuntos indígenas de Chilapa Apolinar García Palatzin y el comisario Zizicazapa en Chilapa Bartolo García Tlalamolteco, el chofer del secretario de Finanzas de Chilapa Edgar Salmerón, un líder priista en Metlatónoc, la doctora del IMSS Adela Rivas Obé, dos presuntos asaltantes de Oxxos en Chilpancingo, y un policía ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Además un ingeniero, un comandante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y chofer de Petaquillas, Julio Alarcón Astudillo, dos taxistas, un carnicero, el ex secretario particular del alcalde del PRI Javier Escobar, dos hermanos, dos choferes de la ruta a Chilapa, tres albañiles, un mecánico, un pasajero de un taxi, el director de Tránsito de Cocula Luis Alberto Bahena Mora, un trabajador del Ayuntamiento de Acapulco, un maestro de primaria, un comerciante, dos estudiantes de Telebachillerato en Ometepec y un indígena me’phaa.
La violencia en 30 municipios
El 1 de octubre un joven de 26 años fue asesinado a balazos cuando viajaba en una camioneta Urvan del transporte público en Tecpan. Al siguiente día dos hombres fueron asesinados a balazos dentro de un vehículo en Alto Ventura, municipio de San Marcos en la Costa Chica.
El 4 de octubre el ex secretario particular del ex diputado local perredista Miguel Cantorán Gatica, Manuel Pérez Lazca fue ejecutado a balazos a unas cuadras del Zócalo de Chilapa.
La tarde del mismo día los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, y el trabajador del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (IEEJAG), Juventino Carranca Tejacal fueron asesinados en el viejo libramiento a Tixtla en un supuesto asalto. Los presuntos asaltantes al huir asesinaron a balazos al chofer de la Urvan de la ruta Reforma-Mercado, Marco Antonio Organista Lorenzo en la colonia Ampliación Revolución en la capital. Los cinco delincuentes fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General del Estado.
Dos días después el director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Chilapa, Apolinar García de 29 años y su tío el comisario de la comunidad de Zizicazapa, Bartolo García Tlalamolteco de 43 años fueron torturados y asesinados con arma punzocortante.
Los cadáveres fueron encontrados la mañana de este miércoles en la carretera de El Limón a Refugio en el lugar conocido como La Pila, en Chilapa. A un lado de los cuerpos había un narcomensaje.
El día 7 de ese mes el chofer del secretario de Finanzas de Chilapa, Israel Salmerón fue ejecutado y encontrado en la orilla del nuevo libramiento a Tixtla, a un kilómetro de la caseta de cobro.
El 11 de octubre el cuerpo de la doctora del IMSS Adela Rivas Obé, desaparecida el 22 de septiembre, fue encontrada en un barranco de la playa La Majahua en Zihuatanejo.
Después de tres días un ingeniero topógrafo de unos 30 años fue ejecutado a balazos en el negocio Pizza Bar La U en la plaza Las Palmas cerca del Congreso del Estado en Chilpancingo.
El domingo 17 de octubre vecinos e integrantes del FUSDEG de Petaquillas y El Ocotito, municipio de Chilpancingo, y de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, bloquearon más de seis horas en estos tres sitios la carretera federal Chilpancingo-Acapulco para exigir el esclarecimiento del asesinato del comandante y chofer de Petaquillas Julio Alarcón Astudillo quien fue asesinado dentro de su Urvan en el estacionamiento del mercado San Francisco en la capital.
El 18 hombres armados ejecutaron a balazos a dos vecinos de la cabecera municipal de Huitzuco, y el cuerpo de un hombre con el tiro de gracia en la cabeza fue hallado en la entrada de la comunidad de San Vicente Palapa, municipio de Tepecoacuilco.
El 19 de octubre cuatro hombres fueron encontrados asesinados en dos hechos distintos. En las inmediaciones del poblado de Atoyaquillo en la sierra de Coyuca de Benítez hallaron a tres víctimas que habían sido levantadas en Aguas Blancas, entre ellas al ex secretario particular del alcalde priista Javier Escobar Parra, Gabino Ramos Flores.
Hace 12 días dos choferes del transporte público de la ruta Chilapa-Chilpancingo fueron ejecutados a balazos en la cabeza a un lado del parque Margarita Maza de Juárez en la capital.
En un enfrentamiento a balazos entre la Policía Estatal y civiles armados hace ocho días hubo tres hombres muertos y uno herido en la gasolinera cerca del entronque al aeropuerto de Zihuatanejo.
El 27 de octubre dos hermanos fueron ejecutados con el tiro de gracia y hallados en una brecha de terracería en la cabecera municipal de Atenango del Río.
Un día después hombres armados entraron, mataron a un estudiante e hirieron a dos más en el Telebachillerato Comunitario 82, de la comunidad Las Iguanas, Ometepec, luego murió uno de los heridos.
Hace cinco días el director de Tránsito Municipal de Cocula, Luis Alberto Bahena Mora de 40 años, fue hallado asesinado en la carretera Iguala-Cocula, en la comunidad de Mextitlán, Teloloapan, con huellas de tortura y un narcomensaje clavado en el pecho con un picahielos, en el que advirtieron al ex alcalde Ulises Ramírez Crespo que no asumiera el cargo.
El último día de octubre en Chilpancingo dos hombres fueron ejecutados a balazos en distintos hechos, uno era chofer de una Urvan de transporte público.
En Acapulco 70 asesinatos
En Acapulco en octubre ocurrieron 70 homicidios, ocho más que en septiembre cuando hubo 62, lo que es un aumento de 11 por ciento y en lo que va del año suman 844 en el municipio.
Según las notas publicadas en El Sur el mes pasado de las 71 muertes en las que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, 10 fueron mujeres.
Entre las víctimas están tres tortilleros, un trabajador administrativo de una escuela, un teniente de corneta, una vendedora de jugos, cuatro taxistas, un jardinero, un cobrador de cuotas, un mecánico, un arquitecto, un abogado, un policía municipal, dos comerciantes, una trabajadora de pastelería y un estudiante de enfermería, un taquero, un carnicero, la dueña de un autolavado, una secretaria de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), un vendedor de chicles y dos militares.
En algunos de los casos fueron desmembrados y dejados con narcomensajes, degollados, torturados a golpes y otros ejecutados a balazos.
Las colonias donde ocurrieron los hechos de violencia son Alianza Popular, Clemencia Figueroa, Andrés de Urdaneta, Costa Azul, Renacimiento, Bella Vista, Unidos por Guerrero, Loma Bonita, Industrial, Ampliación Miguel de la Madrid, Zapata, Cumbres de Figueroa, Ampliación Villa Madero, Fraccionamiento Magallanes y Las Parotas.
El 6 de octubre tres personas fueron asesinadas a balazos en distintos hechos, entre ellas una vendedora de jugos en el fraccionamiento Costa Azul.
Después de cuatro días un taxista y su pasajero fueron asesinados a balazos en la colonia Unidos por Guerrero y esa noche otro hombre fue ejecutado en la calzada conocida como carretera federal Acapulco-México, en el punto conocido como la Y Griega.
El día 12 del mes pasado dos hombres fueron asesinados, otro fue desmembrado, y hubo un ataque a balazos contra la fachada de la Coordinación de la Policía Ministerial en la colonia La Laja.
Asimismo dos hombres fueron ejecutados a balazos la noche de ese día luego que fueron sacados de su casa en la colonia Industrial, cerca de Paso Limonero.
Hace 17 días tres cuerpos, una mujer y dos hombres, fueron exhumados de una fosa clandestina en la colonia Ampliación Miguel de la Madrid en la parte alta de Las Cruces. Además una cabeza y el brazo de una persona fueron hallados afuera de un negocio de comida en la avenida Ruiz Cortines en la colonia Quebradora, tenían un narcomensaje.
El 22 de octubre siete personas fueron asesinadas a balazos en distintos hechos en Acapulco, entre ellos un policía municipal acribillado frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y dos trabajadores de la pastelería Charlotte, en el fraccionamiento Magallanes, una era mujer estudiante de enfermería quien trabajaba para sostener sus estudios.
El domingo una pareja fue asesinada a balazos y se hallaron dos cuerpos envueltos en sábanas debajo del puente de la Vía Rápida.
Un joven fue asesinado a golpes dentro de su vivienda en el fraccionamiento Las Playas, mientras que otro, muerto a pedradas, quedó abajo del puente de la Vía Rápida. Mientras que los dos militares levantados el sábado en el Mercado Central fueron localizado el domingo envueltos en sabanas en Acapulco.
Lo hostigan porque evidenció que no se ayuda a los pueblos, denuncia dirigente de la Montaña
El presidente de la organización Por mi raza indígena, Abundio González Reyes denunció que ha recibido amenazas y hostigamiento de trabajadores de la Secretaría de Protección Civil (PC) estatal debido a que evidenció que no han entregado las láminas, colchas, colchonetas y despensas para las comunidades de la Montaña que fueron afectadas por las lluvias del 30 de agosto.
Consultado por teléfono, González Reyes comentó que no ha recibido respuesta de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) para atender las demandas del ex alcalde de Atlixtac, Raúl Aguilar Ortega, quien informó que hace 15 días granizó en San Juan Bautista Coapala y 250 hectáreas de cultivo de maíz resultaron afectadas.
Comentó que ha recibido mensajes privados “que me amenazan y me hostigan a través de las redes sociales que pueden venir de Protección Civil porque hemos evidenciado las cosas que no han entregado”.
González Reyes relató que a las 4:50 de la tarde de ayer le hackearon su cuenta de Facebook.
Hizo un llamado al gobierno del estado para cesar el hostigamiento ya que “es un derecho pedir a las dependencias el apoyo”.
El jueves, organizaciones sociales de la Montaña exigieron la renuncia del secretario de PC estatal, Marco César Mayares Salvador a quien acusaron que no atiende a las comunidades.
El miércoles, integrantes de dicha organización acudieron a PC estatal en Chilpancingo y denunciaron que la dependencia no ha entregado las colchonetas, colchas, despensas y láminas. (Luis Blancas / Chilpancingo).
Piden al gobernador en la Montaña médicos, carreteras, puentes y unidades deportivas
En gira por las cabeceras municipales de Alcozauca, Xalpatláhuac y Alpoyeca, el gobernador Héctor Astudillo recibió peticiones de médicos, consttrucción de unidades deportivas, carreteras y puentes.
El gobernador dijo que en un estado rezagado, pobre y con un montón de problemas hacía lo posible por atenderlo, y él lo hace visitando las comunidades, no desde la Casa Guerrero.
En Alcozauca, poblado natal del legendario líder magisterial Othón Salazar, Astudillo escuchó las peticiones del alcalde priista Nicolás Diego Herrera, quien solicitó médicos especialistas para el hospital comunitario de la cabecera, “porque de manera política los mueven y comisionan a otras partes”.
Pidió mantenimiento a la carretera a Tlapa y que se construya la unidad deportiva que por ahora sólo cuenta con cancha de futbol de pasto sintético y se le quieren agregar otras instalaciones, y un relleno sanitario, para el cual el ayuntamiento ya cuenta con el terreno.
En su intervención, Astudillo Flores ofreció un millón de pesos para la unidad deportiva y planteó que en la medida en que se comprueben destinaría más, dijo.
Informó que está listo el presupuesto para el mantenimiento de la carretera , por 5 millones de pesos y ocho kilómetros de los 32 que tiene.
Agregó que Guerrero ocupa el segundo lugar de contagios por virus del zika, por lo que busca con el secretario de Salud la manera de atender el problema; expresó que si es necesario fumigar desde aviones, se hará.
La señora Liduvina Vergara Mena lo interrumpió y le dijo que ella iba a hablar por todos sus paisanos, y aunque ya lo habían dicho pedía médicos, pues uno a uno se fueron yendo del poblado, “ya no queremos ni ir a consulta porque pasamos toda la mañana y al final no se nos atiende porque no hay médicos, somos mu-chos”, se quejó.
El titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aero-portuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Javier Taja anunció la rehabilitación de la carretera a Tlapa con una inversión de más de 5 millones de pesos.
El de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-miento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Arturo Palma Carro anunció el cambio de alcantarillado y drenaje en la cabecera municipal por 8 millones de pesos, y dijo que en un primer momento la Comisión Nacional para el De-sarrollo de los Pueblos Indíge-nas (Cdi) asumió que haría la obra y luego por recortes presupuestales “los dejó fuera”, por lo que el gobierno del estado la hará para terminar en el 2017.
El del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) anunció la rehabilitación de 18 escuelas en el programa “Al 100”, por más de 19 millones.
Dijo que otras 21 escuelas recibieron apoyos, por lo que suman 39 escuelas primarias y preescolares atendidas con más de 27 millones.
El alcalde Nicolás Diego informó que la rehabilitación de la carretera fue licitada y la tendrá la empresa regional Grupo CYRMA MART SA de CV, “de quien espero que haga bien las cosas y no deje los trabajos abandonados como lo han hecho otras empresas que vienen a la Montaña”.
En Alpoyeca el alcalde petista, Osiel Humberto González Almazán, reiteró la petición de la construcción de un puente en la comunidad de Ixcateopan, el corte de un cerro en la de Tecoyo para desviar el río y así evitar inundaciones, y la protección ribereña en todo el municipio.
El gobernador se comprometió a hacer el corte del cerro. Aquí su visita fue breve y hubo quejas de vecinos por ellos.
Pobladores que pretenden que las tierras comunales cambien de uso de suelo para fraccionarlas y venderlas le pidieron que escuchara y atendiera el asunto porque el presidente municipal los ignora.
Ismael Sierra Martínez, uno de los inconformes, dijo que Astudillo les dijo que no era el momento pero que les programarían una audiencia.
El presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comu-nales, Francisco Arroyo, quien dijo que el asunto ya se dirime en el Tribunal Agrario.
En Xalpatláhuac el alcalde priista Rosendo Larios Rosas pidió que se construya la unidad deportiva, ya que tenía conocimiento de que se destinaron recursos que no llegaron pese a que el ayuntamiento consiguió el terreno.
Astudillo anunció obras por 10 millones para pavimentar ocho calles de la cabecera con la gestión del diputado federal petista Victoriano Wences Real, quien por primera vez acompañó en una gira al gobernador en esta región.
También reparación de aulas por 27 millones, y rehabilitación de carreteras.
En las tres cabeceras municipales el gobernador entregó latas de leche para madres en lactancia, zapatos para hombres y mujeres, sillas de rueda para discapacitados, lentes, bicicletas, láminas y repelente para el zika.
Se inunda de lodo el albergue del Consejo de Jornaleros de la Montaña en Tlapa
El albergue del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña se inundó de lodo, agua y basura por la lluvia que cayó el lunes y martes en esta ciudad, donde la profundidad del agua alcanzó unos 20 centímetros.
El comedor está en la Unidad de Servicios Integrales (USI) que depende de la Secretaria de Desarrollo Social Federal (Sedesol), pero lo maneja el Consejo de Jornaleros para el ascenso y descenso de autobuses que usan indígenas que migran a los campos del norte del país para la siembra o el corte de hortalizas, este martes amaneció lleno de azolve que quedó estancado en el inmueble que no tiene salida a la calle por las recientes construcciones de casas que obstruyen la salida del agua.
En un recorrido por la USI se observó que en la puerta el agua alcanzó 30 centímetros de alto.
Adentro del comedor un refrigerador y algunos cartones flotaban en el agua que se quedó estancada y que rodeaba las sillas, las mesas, las parrillas, garrafones y otros enseres que hay en el lugar.
El comedor está cerrado por el incumplimiento de los acuerdos de la Secretaria de Asuntos Indígenas y Comunidades Afroamericanas (SAICA) con el Consejo, de que darían un pago simbólico a uno de sus integrantes para que se hiciera cargo del espacio durante estos meses que no están considerados como de alta migración, informó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Agregó que hay mucha indiferencia de las autoridades estatales con este sector ya que el secretario de la SAICA no se ha acercado para conocer los problemas y atenderlos.
Revisará el gobierno el padrón de damnificados de la Montaña antes de entregarles los granos, acuerdan
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que, de manera oficial se acordó una segunda etapa del programa Que Llueva Maíz en la Montaña, en la que se hará una revisión del padrón de las 16 mil familias beneficiarias, para después entregar granos básicos, como maíz, frijol y arroz, y sal a los campesinos, luego de las afectaciones que dejó la tormenta Manuel en 2013 en la región.
Asimismo, indicó que formarán un equipo de trabajo con las dependencias federales involucradas en el programa, como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) para la revisión del padrón de beneficiarios.
Detalló que de los 122 millones de pesos autorizados para el programa, el gobierno estatal aportará 30 millones, la Cdi otros 61 millones de pesos y el gobierno federal aportará unos 30 millones.
A las 11:30 de la mañana, unos 60 integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y el director de Tlachinollan se reunieron en la sala de la República de Casa Guerrero con el gobernador Héctor Astudillo Flores, funcionarios estatales y federales para tratar el asunto de la entrega de los granos básicos a los campesinos beneficiarios del programa Que Llueva Maíz en la Montaña.
De acuerdo con Barrera Hernández, ese programa lo obtuvieron los pueblos gracias a que lucharon para hacer valer su derecho a la alimentación, lo que no está garantizado en la región de la Montaña, donde hay un gran déficit alimentario y la gente tiene que emigrar para cubrir esa necesidad o, en otros casos, no les queda otra más que sembrar cultivos ilícitos.
Consultado al término de la reunión, que fue privada y duró casi una hora y media, Abel Barrera expuso que, formalmente acordaron la segunda etapa del programa Que Llueva Maíz, impulsado por el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña.
Explicó que quedó definido el mecanismo de operación, pues fue entregado el padrón de familias beneficiarias que será revisado en el transcurso de la semana para que en la próxima reunión se defina si atiende a las familias más afectadas tras la tormenta.
Recordó que en reuniones pasadas con representantes de la Sagadegro, fue excluida la sal para las 16 mil familias; sin embargo, externó que luego de la reunión fue reconsiderada la petición de integrarlo al paquete, lo que asciende a unos 7 millones de pesos.
Detalló que hasta que se depure el padron, que se verifique que no haya duplicidad de nombres, que no haya más de dos miembros de una familia y que realmente están en pobreza extrema, se programará la distribución de los granos.
También agregó que se prevé una distribución en seis entregas de 100 kilos de maíz, 20 kilos de frijol, 20 kilos de arroz y un kilo de sal, preferentemente de manera anual y no mensual.
El director de Tlachinollan informó que en la reunión estuvieron pobladores de los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Atlamajatzingo del Monte, San Luis Acatlán, Tlapa, Alcozauca e Iliatenco.
Remarcó que los acuerdos con los tres niveles de gobierno son gracias a la movilización del Consejo, ante la falta de atención a los pueblos y comunidades de la Montaña, “donde un punto central es cómo garantizar el derecho a la alimentación, y una alimentación suficiente y adecuada”.
“Se debe hacer un programa compensatorio con compromisos muy concretos, donde las familias deben habilitar con este apoyo sus parcelas para que a mediano plazo sean autosuficientes, ya que la apuesta es por la autosuficiencia”, expresó Barrera Hernández.
El director de Tlachinollan mencionó que otro punto a tratar es el problema de la vivienda en la Montaña, pues luego de las contingencias de Ingrid y Manuel en 2013, casi 2 mil 900 casas resultaron afectadas.
Agregó que en la reunión estuvieron el titular de Sagadegro Juan José Castro Justo, el delegado de la Cdi, Julio César Licona y el secretario de Finanzas y Administración estatal, Héctor Apreza Patrón.
Barrera Hernández reiteró la exigencia de que haya un manejo transparente de los recursos económicos, y que se amplíe el apoyo a los municipios más marginados.
Adeudan cafetaleros de La Montaña 23 millones; buscan el saneamiento financiero: Erasto Cano
El coordinador general del Consejo Estatal del Café (Cecafé), Erasto Cano Olivera dijo que las organizaciones cafetaleras Luz de la Montaña y Productores Rurales de la Montaña de Guerrero ARIC, mantienen un adeudo de 23 millones de pesos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debido a los arrastres financieros con diversas instituciones para acopiar el café.
Expuso que por ello se reunieron el pasado jueves con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para solicitarle que el gobierno estatal colabore en el conflicto pues las organizaciones cafetaleras requieren de un “saneamiento financiero”, lo que beneficiaría a unos 9 mil 400 productores en el estado.
Consultado vía telefónica, Erasto Cano manifestó que la reunión se dio por una solicitud de las organizaciones cafetaleras, las que plantearon al gobierno estatal que las respalde en una reunión que tendrán con funcionarios de la SHCP en la Ciudad de México.
Informó que en dicho saneamiento también está involucrada la organización de Productores Orgánicos del Pacífico de la Costa Grande, y que en total el adeudo de diferentes fuentes asciende a unos 23 millones de pesos.
“Es un problema con un cúmulo de varios años, bien entiendo que desde el 2007; el problema es que fue poco el crédito, pero los intereses se fueron sumando y asciende a una cantidad tan fuerte como se ve en el monto”, expresó.
El dirigente cecafetalero explicó que debido al adeudo, las organizaciones no pueden operar un financiamiento, “y eso básicamente es la copia de la inserción del café, donde consiguen créditos, y operan o acopian, como se dice en el café”
Remarcó que de acuerdo con el padrón de las organizaciones, son unos 9 mil 400 productores involucrados, “todas las organizaciones se acopian y tramitan un crédito, y ellos disponen de un recurso para acopio como organización, donde llega el productor con su café y ellos lo pagan inmediatamente”.
Veinte días después lleva Astudillo ayuda a damnificados de los vientos en la Montaña
Después de 20 días de haber sido afectados por los vientos y lluvias del pasado 8, 9 y 10 de marzo, los indígenas na savi y me´phaa recibieron ayer apoyos del gobernador Héctor Astudillo Flores, aunque muchas familias damnificadas no fueron contabilizadas.
El gobernador se comprometió a concluir las obras pendientes en el municipio de Malinaltepec, como escuelas y viviendas, luego de las afectaciones de la tormenta Manuel del 2013, y concluir la construcción del Ayuntamiento que fue demolido.
En el evento habló la presidenta de DIF, Mercedes Calvo, quien dijo a los asistentes que cuentan con ella y con el gobernador, y que tiene la autorización para continuar recorriendo los municipios y entregar despensas a las familias.
Por su parte, el gobernador explicó que no pudo estar el domingo pasado porque tenía que despedir a los turistas en Acapulco, pero que su equipo ha estado revisando los daños en la zona.
“Me siento muy complacido de visitar este pueblo y he estado pendiente de las comunidades que fueron dañados por los vientos y las lluvias”, dijo.
Anunció que les entregaría los apoyos que el presidente Enrique Peña Nieto ha enviado al estado, colchonetas, láminas, despensas, cobertores, kits de limpieza (jabón, cloro, cubetas y escobas) y que estará en esta comunidad las veces que sean necesarias.
También adelantó que en los siguientes meses será entregado el fertilizante de manera gratuita y que los productores ya no pondrán su parte, sólo el gobierno estatal y municipal pondrán el cien por ciento.
Agradeció al presidente municipal de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández, y se comprometió a concluir las obras inconclusas, como las aulas.
Anticipó que apoyará para que la región tenga pronto la cobertura de telefonía celular para que los pueblos estén comunicados, y verá cómo apoyará con las viviendas junto con la Secretaría de Desarrollo Social.
Anunció que seguirá visitando La Montaña y que la próxima semana acudirá al municipio de Copanatoyac a entregar despensas.
Por su parte, el alcalde de Malinaltepec dijo al gobernador que no iba con reclamos y sí con propuestas concretas para combatir la marginación, y enumeró exigencias como pavimentación de carreteras, conclusión de la obra del Ayuntamiento, y centros de salud con equipo médico y medicinas a tiempo.
También solicitó apoyo a los productores de café, porque en el 70 por ciento del municipio los cafetales están dañados y el 80 por ciento de los campesinos dependen totalmente de la producción del café.
En cuanto a la educación dijo que le lastima que en las comunidades de Tilapa, Moyotepec, Unión de las Peras, la Lucerna y El Tepeyac estén las aulas inconclusas que inició el Instituto Nacional de la Infraestructura Física y Educativa (INIFED), y le hizo un llamado porque hay niños —como en Tilapa— que reciben clases bajo el sol.
Pidió la señal de celular para que las comunidades estén comunicadas, y dijo que tienen muchas necesidades y que si reciben apoyo del gobierno las comunidades tomarán otras medidas, pero que le apuesta al diálogo.
En breve entrevista, el gobernador Héctor Astudillo pidió que no se desprestigie al estado de Guerrero, pues si bien hay problemas hay que enfrentarlos y se necesita la participación ciudadana para salir adelante.
Sobre el retraso de los apoyos a las comunidades respondió que se debió a que los materiales ape- nas llegaron de la federación a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), aunque el gobierno estatal ya había hecho lo propio con sus recursos.
De acuerdo con un boletín del gobierno del estado, ayer se entregaron 24 mil insumos distribuidos en 6 municipios para beneficiar a 93 comunidades, mediante el padrón que levantó Protección Civil del estado y el DIF estatal.
También se ofrecieron consultas médicas y atención del Registro Civil con el programa gratuito de aclaraciones y correcciones de actas.
También hubo queja de ciudadanos y autoridades, como el delegado de la colonia San Lorenzo, anexo de la comunidad de San Miguel El Progreso, quien se quejó de los llevaron con engaños porque personal del presidente municipal de Malinaltepec le entregó un oficio donde le indicaba que llevara a toda su comunidad a recibir láminas, despensas y cobijas.
Pero cuando llegaron al lugar le dijeron que no les entregarían los apoyos porque no se encuentran en la lista y que esperaran para ver si sobraban despensas.
Lamentó la falta de apoyos pues dijo que le sale más caro pagar 200 pesos de pasaje que las despensas que tal vez les entrega- rían, pero sólo si sobraban.
Otro vecino de la comunidad de Huehuetepec, del municipio de Atlamajalcingo del Monte, dijo que las láminas que entregaron no son suficientes porque hubo casas que se daña- ron totalmente y ocho placas no le ayudarán mucho.
Dijo que este municipio reportó 136 viviendas afectadas, lo que consideró una cifra irreal porque a su comunidad no llegó nadie para levantar el censo.
El lugar estuvo resguardado por policías municipales, estales y hasta policías comunitarios; hubo un gran número de asistentes por la cuota exigida a los seis municipios que recibirían los apoyos, aunque sólo fuera una despensa, un kit de limpieza o una torta.
Se observó que personal que entregó las despensas se reía de los indígenas cuando corrían de un lugar a otro siguiendo sus indicaciones para formarse; “pónganse aquí, no, mejor para acá, no, mejor del otro lado”, les decían.
Durante más de dos horas la carretera Tlapa-Marquelia fue cerrada al tránsito vehicular por el acto encabezado por el gobernador Héctor Astudillo.
Identifica el Consejo de Desarrollo Agrario 20 conflictos en el estado en su primera sesión
En el estado de Guerrero hay 20 conflictos agrarios identificados por la federación y el gobierno del estado en las regiones de la Tierra Caliente, Montaña, Centro y Costa Grande.
La tarde de este martes fue la primera sesión del Consejo de Desarrollo Agrario, en la que participaron la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social estatal y la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Agrarios.
El objetivo de la reunión fue identificar los conflictos en el estado, por lo que se hizo un cruce de padrones para determinar cuántos y dónde están los problemas agrarios.
A través de un boletín de prensa se detalló que el gobierno del estado, representado por la subsecretaría de Asuntos Agrarios, presentó una lista de 13 conflictos, mientras que la delegación de la Sedatu presentó 16.
Al revisar la lista de conflictos de las dos dependencias, se identificaron cuatro casos coincidentes, por lo que concluyeron que hay 20 conflictos agrarios en el estado.
En el boletín de prensa se dio a conocer que el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello explicó que el objetivo de la creación del Consejo de Desarrollo Agrario es que de manera coordinada los gobiernos estatal y federal establezcan una agenda prioritaria de asuntos agrarios, que no necesariamente deben tener el nivel de conflictos para ser atendidos.
Después de esta reunión, opinan que se podría elaborar una agenda agraria que posteriormente sea sometida a consideración del Consejo Agrario para asignar “las prioridades y encontrar las soluciones mediante la discusión de la problemática”.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel destacó que es necesaria la intervención de la federación y, como indica el artículo 19 de la Constitución, es competencia de la federación atender todos los problemas agrarios.
Gestionará Tlachinollan fondos para reconstruir casas dañadas en la Montaña en 2013, anuncia
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que buscarán gestionar los recursos para atender el problema de las casas dañadas en 2013 en la región, porque no hay presupuesto asignado para atenderlas, a más de dos años de las afectaciones de la tormenta Manuel.
Barrera Hernández, en entrevista telefónica dijo que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello reconoció que los datos del padrón que le entregó el Consejo de Damnificados de La Montaña es real en un 80 por ciento, ya que lo confirmaron en los recorridos que hicieron en las comunidades, de agosto a diciembre de 2015.
“Ahora ya está claro que hay un sub registro y que en su momento no se programó el presupuesto correcto porque desde el Fonden se hizo otro registro, y más de dos años y medio se ha complicado la entrega”, explicó Barrera Hernández.
Barrera Hernández precisó que se reunió con Armenta Tello en las instalaciones de Tlachinollan, este miércoles 23 de marzo, en lo que llamó una reunión ejecutiva para darle seguimiento a la vivienda que no han podido resolver porque no hay avances claros y porque se retrasó el cambio de delegados en la Sedesol y la Sedatu.
Agregó que la Sedatu ya tiene resultados del padrón de viviendas que el Consejo les presentó y que las autoridades no aceptaban, “pero ya hicieron los recorridos y ahora saben que la información que presentó el Consejo es veraz (…) aunque no sea al 100 (por ciento)”.
Dijo que 896 casas se tienen que construir en las comunidades; 287 se tienen que reubicar, es decir, conseguir el terreno y construirlas; 392 viviendas tienen daños parciales, y mil 134 daños menores, en los 12 municipios que se deben atender; “pero no hay fondos”, lamentó.
Barrera Hernández dijo que era bueno que la Sedatu reconociera el sub registro, aunque ahora viene el desafío de, “como conseguir esos recursos, y que son aproximadamente 185 millones de pesos” según valoraciones.
Agregó que se tendrán que buscar en el gobierno federal, en instituciones como el Consejo Nacional de Población (Conapo); “el consejo tendrá que gestionar y tocar puertas para resarcir esos daños”, explicó Barrera Hernández.
Dijo que buscarán reunirse con el subsecretario de Asuntos Políticos, Luis Enrique Miranda, para que los atienda como lo hizo en diciembre, cuando se habló del programa Que llueva maíz en La Montaña, que se entregaría en seis meses, pero se entregó más de un año después.
Agregó que volverán a plantear la necesidad del suministro de maíz, ante la crisis del precio del café, la plaga de roya en los cafetales, los fuertes vientos y las lluvias que siguen afectando las tierras de los indígenas.
Manifestó que era un compromiso político y social la dotación de granos básicos para las 185 comunidades afectadas, que ahora son más de 200.
Remarcó que la tarea será la búsqueda de fondos, las reuniones de alto nivel para que les resuelvan, ya que no hay un presupuesto asignado para construir viviendas rezagadas en los municipios de Acatapec, Malinaltepec, Copanatoyac, Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Metlatónoc, San Luis Acatlán y Cochoapa el Grande, entre otros.