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Se reúnen padres de los 43 con la Covaj; exigen reactivar las 21 órdenes de aprehensión

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El abogado Vidulfo Rosales Sierra informó ayer que el pasado martes se reunieron las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014 con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), donde exigieron al fiscal especializado, Rosendo Gómez Piedra, reactivar las 21 órdenes de aprehensión canceladas en septiembre pasado, como condición para “darle el voto de confianza”.
También contó que en la reunión el debate central fue la falta de información del Ejército mexicano que está requiriendo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de los centros regionales de fusión de información, “hay datos de pruebas de gran relevancia” y que “pueden dar una ruta diferente a las investigaciones”.
Este miércoles el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez en un informe en la Ciudad de México dijo que se han incorporado 40 nuevas evidencias para fortalecer el proceso contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa.
Consultado al respecto vía telefónica, Rosales Sierra contó que esa información se les dio a las madres y los padres el pasado martes en una reunión ordinaria con la Covaj.
“Ahí se nos dio a conocer esa información que hizo pública el licenciado Encinas, fue una reunión complicada después de varios desencuentros con el gobierno federal por la reactivación de las órdenes de aprehensión, y de la Fiscalía (General de la República), de la renuncia obligada del fiscal Omar Gómez (Trejo, en septiembre pasado). En ese contexto se da la reunión y ellos lo que nos informaron fue de las búsquedas que se están haciendo, las diligencias que se realizan en las investigaciones”, reveló.
Agregó que uno los avances que les presentaron fue que dentro del proceso contra Murillo Karam, quien está en la etapa del proceso penal acusatorio o de investigación complementaria, han logrado reunir estas 40 evidencias que serán llevadas a la acusación y al juicio en su contra, “dentro del proceso que está enfrentando por los delitos de desaparición forzada de tortura y contra la administración de la justicia”.
Consideró que las 40 evidencias fortalecen la acusación y es un avance importante de esa investigación, pero mencionó que “el debate en la reunión con la Covaj se centró en la falta de información del Ejército, que está requiriendo el GIEI de los centros regionales de fusión de información”.
“Ahí hay datos de prueba de gran relevancia que el Ejército se ha negado hasta el día de hoy a dar al GIEI, y dentro de esa información, hay datos de suma relevancia que pueden dar una ruta diferente a las investigaciones”, consideró.
Afirmó que el Ejército se niega a otorgar dicha información y fue una exigencia y un debate fuerte en la reunión, agregó que la reactivación de las 21 órdenes de aprehensión también se debatió, “es más los padres pusieron como condición al nuevo fiscal (Rosendo Gómez Piedra) para sentarse a dialogar, para darle un voto de confianza, que él reactive las 21 órdenes de aprehensión”.
En septiembre pasado se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de 21 órdenes de aprehensión, entre ellas las que habían sido libradas el 19 de agosto contra el ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, el ex juez de barandilla en Iguala, José Ulises Bernabé García, así como contra 16 militares de los 27 y 41 batallones de infantería.
Se le preguntó al abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, cuáles son las inconsistencias halladas en la cancelacio?n de estas o?rdenes de aprehensio?n, y contestó que ese “es el argumento que dio el fiscal Rosendo Gómez Piedra, pero se contradice con lo que el presidente de la República, (Andrés Manuel López Obrador) públicamente dijo en sus (conferencias) mañaneras en varias ocasiones, que como no aparecía en el informe de la Covaj Ayozinapa, en el informe de Alejandro Encinas no aparecía el listado de las personas responsables”.
“Por eso él dio la instrucción para que se cancelaran esas órdenes, eso fue lo que dijo el presidente y lo que nos está informando el fiscal Gómez Piedra es que la visitaduría de la FGR hizo un revisión de los expedientes, y que revisó esta carpeta de investigación donde estan las 83 órdenes de aprehensión y que encontró inconsistencias respecto de estas 21 órdenes de aprehensión, y recomendó la visitaduría general cancelar las órdenes para fortalecerlas”.
Agregó que para las madres y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ese argumento es contradictorio porque el presidente de la República, “dio una justificación pública y ahora el fiscal especializado está dando otra justificación, pero bueno, más allá de esos debates, para superarlos, la exigencia de los padres y darle el voto de confianza a Gómez Piedra será necesario que reactive las órdenes de aprehensión”.
Rosales Sierra añadió que se volverán a reunir con la Covaj el próximo domingo 18 de diciembre. Agregó que el GIEI tiene prevista la extensión de su estancia en el país hasta enero, “ya después se verá”.

 

Los 43 fueron incinerados; la investigación de la PGR es “clara y contundente”, insiste Peña Nieto

Los 43 fueron incinerados; la investigación de la PGR es “clara y  contundente”, insiste Peña Nieto

“No hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional”, reconoce en un video con motivo de su último informe de gobierno

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 fueron incinerados por un grupo delincuencial, basado en las investigaciones “claras y contundentes” de la Procuraduría General de la República (PGR).
En un video difundido en su cuenta oficial de Twitter y Facebook con motivo de su sexto informe de gobierno, dijo que “se suscita el evento de Ayotzinapa, muy lamentable, la desaparición de 43 jóvenes, un 26 de septiembre del 2014”.
Agrega que la PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero, para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. “De ahí vino una investigación profunda y amplia, y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos”.
Manifestó que la investigación ahí está, pero ante la negativa y el rechazo de los padres por aceptar los alcances, donde había evidencias “claras y contundentes”, de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados en el basurero de Cocula por un grupo delincuencial que operaba en Guerrero.
Indicó que fue necesario incluso abrir la investigación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que sus integrantes pudieran conocer la averiguación de la Procuraduría.
En el video Enrique Peña Nieto expresó que “en lo personal y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó lo que justamente la investigación arrojó”.
Continúo, “sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararla, son hechos que nunca más se deben de repetir en nuestro país. Me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración, que es en el ámbito de la seguridad”.
En su mensaje celebró que en los primeros años de su administración hubo una reducción significativa en los índices de criminalidad, pero lamentó que al cierre de este sexenio nuevamente hubo un repunte.
Aceptó que, “no hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional”.
El 21 de agosto en entrevista con la periodista con Denise Maerker, Enrique Peña Nieto manifestó que lo que marca su administración es “la pena que embarga a los padres, o el dolor que tuvieron o siguen teniendo durante estos años en demanda de justicia y en demanda de saber qué deparó a sus hijos, yo espero que encuentren la paz y la tranquilidad en su interior”.
Externó que más allá de dudas y cuestionamientos se queda con la convicción de que “muy lamentablemente el crimen organizado ha permeado en los gobiernos municipales”, que tuvieron que ver en la desaparición de los jóvenes y que los hayan quemado en el basurero.
Peña Nieto aseveró que todos los elementos de la investigación concluyen lo mismo, incluso información reciente conocida por los padres y quienes le dan seguimiento a este caso saben de labores de inteligencia del gobierno norteamericano que interviene llamadas de un grupo delincuencial que operaba en Chicago y que tenía vínculos con el grupo delincuencial en México, que confirman, “los quemamos en el basurero”.
“Yo creo que esto fue lo que ocurrió, si la investigación tuvo errores y fallas bueno está abierta y sigue en curso”.
Según la PGR los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y debido al alto nivel de exposición de calor, sus restos quedaron tan deteriorados que fue imposible obtener de ellos un perfil genético, versión que ha sido desmentida científicamente por el Equipo Argentino de Antropología Forense y otros expertos.

Reprueban padres de los 43 las declaraciones de Peña Nieto respecto al caso Ayotzinapa

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos reprobaron las declaraciones de Enrique Peña Nieto, tanto en entrevistas como en un mensaje de la Presidencia de la República con motivo del Sexto Informe de Gobierno, en las que los responsabiliza de que el caso no está concluido porque ellos no aceptan la versión de que los jóvenes fueron incinerados, llamada “verdad histórica” por la Procuraduría General de la República (PGR).
“No es la reticencia de los padres y las madres a aceptar dicha versión el principal pendiente del caso, sino la ausencia de esclarecimiento sostenido en pruebas científicas irrebatibles”, señalaron los familiares.
En un escueto mensaje mencionan que la investigación de la PGR que señala que los jóvenes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas vertidas en el río San Juan, “fue reprobada por todas las instancias externas al gobierno federal que la han revisado”: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas.
Destacaron que contrario a lo que ha dicho Peña Nieto en entrevistas y en el promocional de la Presidencia, “los mensajes de telefonía enviados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada la noche de los hechos desde Chicago hacia Iguala, no corroboran la hipótesis oficial como lo afirma el presidente”, sino que evidencia la existencia de “un esquema de macrocriminalidad no acotado a la esfera municipal”.
Los padres y madres consideraron contradictorias “las expresiones de solidaridad” de Peña Nieto cuando ha encabezado una “campaña en la que al menos 10 dependencias de su gobierno han presentado más de 200 recursos y escritos jurídicos para impugnar el fallo” del Tribunal Colegiado, que ordena la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso.
En su comunicado, los familiares reiteraron el llamado que han hecho al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que “demande garantías de que no se seguirá manipulando el expediente en los meses que quedan de este sexenio, para que la próxima administración impulse la justicia y la verdad, sancionando a quienes impidieron que ésta se alcanzara”.
Para los padres y madres de los 43 en este escenario, “adquiere especial relevancia la visita a México que realizará el Mecanismo Especial y de Seguimiento creado por la CIDH para el caso, mismo que acudirá a la Normal Rural de Ayotzinapa y sostendrá reuniones con el gobierno entrante”.(Agencia Proceso / Ciudad de México).

 

 

Los 43 fueron incinerados; la investigación de la PGR es “clara y contundente”, insiste Peña Nieto

 

Fotograma del mensaje del presidente Enrique Peña Nieto en el que menciona la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Foto: El Sur

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 fueron incinerados por un grupo delincuencial, basado en las investigaciones “claras y contundentes” de la Procuraduría General de la República (PGR).
En un video difundido en su cuenta oficial de Twitter y Facebook con motivo de su sexto informe de gobierno, dijo que “se suscita el evento de Ayotzinapa, muy lamentable, la desaparición de 43 jóvenes, un 26 de septiembre del 2014”.
Agrega que la PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero, para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. “De ahí vino una investigación profunda y amplia, y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos”.
Manifestó que la investigación ahí está, pero ante la negativa y el rechazo de los padres por aceptar los alcances, donde había evidencias “claras y contundentes”, de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados en el basurero de Cocula por un grupo delincuencial que operaba en Guerrero.
Indicó que fue necesario incluso abrir la investigación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que sus integrantes pudieran conocer la averiguación de la Procuraduría.
En el video Enrique Peña Nieto expresó que “en lo personal y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó lo que justamente la investigación arrojó”.
Continúo, “sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararla, son hechos que nunca más se deben de repetir en nuestro país. Me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración, que es en el ámbito de la seguridad”.
En su mensaje celebró que en los primeros años de su administración hubo una reducción significativa en los índices de criminalidad, pero lamentó que al cierre de este sexenio nuevamente hubo un repunte.
Aceptó que, “no hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional”.
El 21 de agosto en entrevista con la periodista con Denise Maerker, Enrique Peña Nieto manifestó que lo que marca su administración es “la pena que embarga a los padres, o el dolor que tuvieron o siguen teniendo durante estos años en demanda de justicia y en demanda de saber qué deparó a sus hijos, yo espero que encuentren la paz y la tranquilidad en su interior”.
Externó que más allá de dudas y cuestionamientos se queda con la convicción de que “muy lamentablemente el crimen organizado ha permeado en los gobiernos municipales”, que tuvieron que ver en la desaparición de los jóvenes y que los hayan quemado en el basurero.
Peña Nieto aseveró que todos los elementos de la investigación concluyen lo mismo, incluso información reciente conocida por los padres y quienes le dan seguimiento a este caso saben de labores de inteligencia del gobierno norteamericano que interviene llamadas de un grupo delincuencial que operaba en Chicago y que tenía vínculos con el grupo delincuencial en México, que confirman, “los quemamos en el basurero”.
“Yo creo que esto fue lo que ocurrió, si la investigación tuvo errores y fallas bueno está abierta y sigue en curso”.
Según la PGR los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y debido al alto nivel de exposición de calor, sus restos quedaron tan deteriorados que fue imposible obtener de ellos un perfil genético, versión que ha sido desmentida científicamente por el Equipo Argentino de Antropología Forense y otros expertos.

 

 

Llaman madres y padres de los 43 a Peña Nieto a que se acate la sentencia por el caso Ayotzinapa

 

Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que acate la instrucción del poder Judicial, y “sepulte” la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), con la creación de una comisión especial investigadora sobre el caso Ayotzinapa, como ordenó el Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas.
En conferencia de prensa este jueves en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los familiares expresaron que la sentencia del tribunal -la cual establece que en esa comisión tengan una participación preponderante los representantes de los padres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)-, comprueba que “el actual gobierno les ha mentido y ocultado información”, y exhortaron al presidente a expresar públicamente la voluntad de su gobierno de acatar el fallo emitido el lunes.
A cuatro días de haber sido difundida la sentencia, Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, manifestó: “señor presidente Enrique Peña Nieto, le exigimos a usted que acate la resolución del Poder Judicial, ya que ustedes mismos nos decían que todas las resoluciones iban a ser cumplidas. Exigimos la voluntad de garantizar que se realice la comisión de investigación. Pedimos una declaración de voluntad política del presidente, el gobierno nos ha fallado una y otra vez”.
Acompañados del director del Centro Prodh, Mario Patrón, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales, y Humberto Guerrero de Fundar Centro de Análisis e Investigación, los familiares de los 43 normalistas hicieron “un reconocimiento a los valientes magistrados” por la sentencia que reconoce múltiples irregularidades e indicios de tortura contra algunos de los indiciados.
Las madres y padres también mencionaron el informe que presentó este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala que la investigación tiene muchas deficiencias, además de refrendar la inviabilidad de la versión oficial que sostenía que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas vaciadas en el río San Juan. También demandaron que los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) vuelvan al caso.

Es necesaria una expresión pública del presidente, dice el Centro Prodh

Mario Patrón resumió que “en más de tres años y medio los familiares de las víctimas ya no confían en el gobierno federal”, por lo que es necesaria “una expresión pública del mandatario de su voluntad de acatar la sentencia. El informe de la CIDH es devastador, nos dice claramente que hay que sepultar la teoría del basurero y cumplir la sentencia”.
Remarcó que la sentencia “es inédita y da la oportunidad para crear un mecanismo extraordinario de justicia y verdad. Estamos frente a un caso de graves violaciones a derechos humanos, habla de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, y justo es alrededor de las condiciones de autonomía e independencia que deberían tener los órganos de Estado en este tipo de casos, en donde son las propias instituciones públicas las que están cuestionadas en la comisión de los hechos”.
Añadió que la CIDH “instó al Estado mexicano a acatar la resolución del primer tribunal, que ordenó que se reabra la investigación”, y que “es momento en que los candidatos presidenciales se pronuncien respecto al ordenamiento judicial, toda vez que buena parte de la ejecución de la sentencia le corresponderá implementarla al próximo gobierno”.
Hasta ahora, dijo, dos de los candidatos, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, “han hablado de mecanismos especiales para que se haga justicia en el caso Ayotzinapa, ahora, a la luz de la sentencia, sería importante que todos los candidatos se pronunciaran”.

“La justicia, lenta pero segura”

Vidulfo Rosales, representante legal de los padres, informó que están trabajando con los familiares las propuestas que se harán “para integrar la comisión que investigará nuevamente la desaparición de los normalistas”.
Indicó que cuando el tribunal notifique a las partes la sentencia, “el Ministerio Público tendrá 10 días hábiles para cumplir el ordenamiento de presentar peritajes independientes del Protocolo de Estambul de los inculpados que apelaron en principio a la orden de aprehensión, origen de la sentencia del tribunal colegiado.
“Lo que los magistrados piden, en el caso de los inculpados, es una investigación por las denuncias de tortura y una reposición de procedimiento acerca de un caso que fue construido sobre montajes, y una vez que ello ocurra se podrá dar lugar a la creación de la comisión en los siguientes 10 días”.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz insistió en que se trata de una sentencia que debe ser acatada.
“Hoy no estamos ante una recomendación de instituciones internacionales, como la CIDH o de la Organización de Naciones Unidas, hoy es una sentencia de un juez mexicano y tiene que acatarla”.
“Una vez más se confirma que nunca existió la ‘verdad histórica’ y que el resolutivo judicial confirma que la justicia es lenta pero llega”.
Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos informaron su decisión de rechazar los 500 mil pesos que la sentencia plantea como indemnización, y advirtieron que si los inculpados salen libres por tortura será responsabilidad de la PGR.
Asimismo propusieron una mesa para crear la comisión de la verdad.
María Elena Guerrero, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, dijo que la sentencia les da “otro motivo para estar de pie, para sepultar la verdad histórica y que se abran nuevas líneas de investigación”.
En opinión de Blanca Nava, otra de las madres, la formación de una comisión “es una oportunidad para que regresen los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes. Es lo que queremos, porque ellos descubrieron anomalías del gobierno y dejaron líneas de investigación que no se han cumplido”.
Los padres de familia exhortaron a los candidatos presidenciales a comprometerse a cumplir la sentencia del tribunal, que ordena establecer una comisión de la verdad en caso de que no pueda lograrse en lo que resta del año.

 

Para los diputados es como si no pasara nada, dice Felipe de la Cruz

Jacob Morales Antonio

El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que a pesar de que se acordó con los diputados llamar al procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade a rendir cuentas del caso, en los hechos para los legisladores es como si no pasara nada.
En declaraciones antes de participar en la reunión nacional de los maestros jubilados y pensionados en la escuela secundaria federal 1, afirmó que los padres seguirán en la lucha hasta saber en dónde están sus hijos.
Sostuvo que a pesar de la reunión del jueves con una comisión de diputados en la Cámara de Diputados luego de una protesta de casi cinco horas, donde se acordó citar a comparecer al procurador, la postura de los diputados y senadores “es como si no pasara nada”.
Dijo que a 31 meses de la desaparición de los 43 estudiantes, el gobierno no quiere que se investigue al Ejército pese a que es el principal actor en la desaparición de los jóvenes, afirmó que no tuvieron que ver los grupos criminales, en referencia a la reciente captura del operador de Guerrero Unidos en Querétaro, Walter Alfonso Deloya, La Medusa, ocurrido el 24 de abril.
Felipe de la Cruz recriminó al gobierno la actuación arbitraria contra los padres de los normalistas desaparecidos por la represión y el desalojo del martes en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), y dijo que el gobierno actúa así porque “no puede dar respuesta”.
Reiteró que es necesaria la detención del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio, quien alteró las evidencias encontradas en el río San Juan, y recriminó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto encubra al actual Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

El gobierno dejó las recomendaciones del GIEI, señalan padres de los 43 en marcha en la CDMX

El gobierno abandonó las recomendaciones de los expertos internacionales en la investigación, miente y los agrede, denunciaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos, ayer en la marcha de la Acción Global por Ayotzinapa en esta ciudad en la que participaron unos mil activistas, a 31 meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Como cada día 26, los padres de los normalistas desaparecidos marcharon en la Ciudad de México para expresar su indignación y reiterar sus reclamos de justicia. Este miércoles tuvo un valor simbólico particular: se cumplió un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó su segundo y último informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa.
En este documento, los expertos reafirmaron que era insostenible la llamada “verdad histórica”, señalaron irregularidades y omisiones graves en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y pidieron a las autoridades seguir nuevas líneas de investigación, entre ellas, las acciones de los militares la noche del 26 de septiembre de 2014 y la posible vinculación del caso con las redes de tráfico internacional de heroína entre Iguala y Chicago, Estados Unidos.
Los padres señalaron que los ex titulares de la PGR, Jesús Murillo Karam y Arely Gómez impidieron que las investigaciones se hicieran con verdad y justicia para las víctimas, y Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, no indaga las cuatro líneas de investigación que propuso el GIEI.
Ayer los padres informaron que la mamá del normalista Luis Ángel Abarca Carrillo, Metodia Carrillo Lino fue hospitalizada por una crisis por un cuadro de diabetes que detonó el gas lacrimógeno que policías federales lanzaron a los padres de los desaparecidos en la Secretaría de Gobernación el martes, a donde fueron a pedir que se retomen las líneas de investigación que propuso el GIEI para esclarecer los hechos. En la noche se integró al plantón frente a la PGR.
Ratificaron que pese a las consecuencias no dejarán su lucha para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos y justicia para los heridos y asesinados.
El señor Emiliano Navarrete aseguró que desde la agresión a los normalitas en Iguala, el gobierno tiene las respuestas de lo ocurrido, aunque se empecina en ocultarlo con mentiras, pero los padres están dispuestos a morir para exigir respeto.
“No vamos a dejar de buscar a nuestros hijos, aunque me llamen revoltoso. Me va a doler que pierda la vida algún compañero o compañera, pero estamos conscientes de que puede pasar y no habrá marcha atrás. Vamos a luchar para que este año nos digan dónde están nuestros hijos, ya estamos en la puerta (de la Procuraduría General de la República en un plantón), vamos a entrar en cualquier momento”, advirtió.
En el mitin político sobre la avenida Reforma, frente al hemiciclo a Juárez, reveló que los padres se han entrevistado con los detenidos, a propósito de la difusión de la detención en Querétaro de Walter Alonso Deloya Tomás, La Medusa, integrante de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, a quien se vincula con la desaparición de los normalistas.
“Los visitamos en Almoloya para que nos digan la maldita verdad, y hasta parece que están a gusto encerrados. No van a hablar, no le conviene al gobierno que hable esta porquería”, dijo.
Mencionó que el exprocurador Jesús Murillo Karam dijo que una vez detenidos se tendrían todos los elementos de prueba para confirmar su versión de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero de Cocula. Aclaró que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, su director de seguridad pública y el líder de Guerreros Unidos ya están en prisión y los hechos siguen impunes, y la “verdad histórica” desfasada.
Aclaró que no se niegan a creer lo que diga el gobierno, pero no van a aceptar mentiras “no se puede aceptar algo que no existe”, y afirmó que fue Ejército el que desapareció a los 43 normalistas, pero “el gobierno sólo ha dado mentira, ¡nos han querido callar con mentiras!”.

La marcha

La protesta comenzó a las 4:30 de la tarde en el plantón que los padres instalaron el jueves de la semana pasada (20 de abril) en la sede de PGR, hasta que la dependencia dé algún indicio de que avanza en la investigación a los militares, que va a profundizar la investigación del trasiego de droga de Iguala a Chicago (lo que podría explicar el nivel agresión y de coordinación para los ataques a los normalistas), y entregue resultados del análisis de la telefonía celular.
Avanzaron despacio y se detuvieron en el campamento de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Industria Eléctrica, instalado en Reforma en contra de la reforma energética y por la reducción de los altos costos del servicio.
En el plantón de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) a un lado de oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), algunos manifestantes gritaron consignas de apoyo al paso de la marcha.
Más adelante el contingente encabezado por los padres se desvió a una calle lateral porque al frente se acercaba una marcha de campesinos, avanzaron por la vía lateral contraria.
Decenas de policías de la Ciudad de México permanecieron en accesos de calles alternas, como en entradas de hoteles y centros de negocios. Sólo algunas agentes de Tránsito siguieron a pie la manifestación a poca distancia de los bloques que, en distintos estilos, mantuvieron viva la protesta con bandas de música de viento, baterías, cantos y consignas de lucha. A las 6 de la tarde, comenzó el mitin político frente a la Alameda Central.
El representante de los padres, Melitón Ortega Carlos denunció el abandono del gobierno al trabajo del GIEI, “al parecer la investigación de los expertos el gobierno la está mandando al basurero”.
Ratificó que la tesis del basurero fue inventada y validada con tortura por los detenidos, manipulación de la escena y alteración de evidencia, como lo demostró el GIEI.
El papá de Jorge Álvarez Nava, Epifanio Álvarez, cuestionó, “¿hasta cuándo, nos preguntamos los padres, la madres, hasta cuándo habrá una respuesta clara, una verdad, algo que no sea sucio?, queremos abrazar de vuelta a nuestros hijos, queremos tenerlos con nosotros, tenemos que contarle todo lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, y (saber) cómo los ha tratado este gobierno, porque ya no nos queda duda, porque es claro que no nos quieren dar respuesta”.
La mamá de César Manuel González Hernández, Hilda Hernández demandó verdad hasta las lágrimas, “son dos años y medio en los cuales hemos sido tolerantes, y a ellos no les importa entregarnos a nuestros hijos. Este dolor es muy grande como padres y madres, a veces cómo quisiéramos no estar viviendo esta pesadilla que nos atormenta cada día, pero por amor a nuestros hijos vamos a seguir hasta encontrarlos, hasta saber qué paso con ellos. Nos golpearán, nos intimidarán y nosotros no nos hacemos para atrás”.
Aclaro que no son necios, van a insistir en la presentación de sus hijos porque existen pruebas de que policías y militares participaron en los ataques y la desaparición forzada en Iguala.
Urgió a que se castigue al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, quien cuando era director de la Agencia de Investigación Criminal manipuló evidencia en el río San Juan.
Dijo a la PGR que en los últimos dos años y medio “hemos sido tolerantes, por la vía del diálogo”, pero aseveró que, si el caso no se cerró se debe a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La señora Cristina Bautista, de origen nahua denunció en su lengua y en español la agresión en la Segob, por la que la señora Metodia Carillo fue hospitalizada, “es una vergüenza para (el secretario Miguel Ángel) Osorio Chong que nos agreda, si no nos quiere ver gritar, exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, que nos los entreguen, claro que ellos saben dónde los tienen, a dónde se llevaron a nuestros hijos”.
El secretario general del Comité Estudiantil de Ayotzinapa llamó a la unidad en la organización y la lucha de los padres y normalistas.
Ante la agresión a los padres en la Ciudad de México no dudaron en accionar en Guerrero. Confirmó que tomaron radiodifusoras en Chilpancingo para denunciar la represión y quemaron dos camiones cuando fueron perseguidos por policías, “ellos (los policías) tienen balas, escudos, nosotros sólo tenemos la razón”.
Participaron en la protesta la Organización Popular del Poder Popular, el movimiento de San Salvador Atenco del Estado de México, representantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y del Partido Comunista de México, entre otros.

En México no se respeta la vida, dice desde EU el maratonista padre de uno de los 43

Antonio Tizapa, padre del normalista desaparecido de Ayotzinapa Jorge Antonio Tizapa Legideño, comenzó a correr en maratones hace cuatro años en Estados Unidos donde trabaja y vive como migrante desde 1999. Desde la desaparición forzada de los 43 alumnos de la Normal Rural de Tixtla, el 26 de septiembre de 2014, lleva en su vestimenta la demanda de presentación con vida de los estudiantes y castigo a los responsables.
Hace dos días corrió el medio maratón de Nueva York y vía telefónica desde el extranjero informó que se prepara para otras carreras en New Jersey y en Boston, Massachusetts.
Dio a conocer que este mensaje no se transmite en las cadenas nacionales de televisión, pero tiene una amplia difusión en las redes sociales.
Aseguró que en la Unión Americana hay muchos mexicanos inconformes no sólo por los crímenes atroces ocurridos hace casi un año y medio en Iguala, sino por todos los hechos de violencia que suceden en el país, y “por esta telenovela que el gobierno difunde en el extranjero”, en alusión a la fuga del narcotraficante Joaquín, El Chapo, Guzmán y su relación con la actriz Kate del Castillo, tema del que no quiso abundar.
Destacó la labor de los padres de los 43 alumnos desaparecidos que mantienen viva la exigencia en medio de tantos hechos de violencia en México. Él, dijo, quiere difundir esta demanda entre los deportistas.
Lamentó que ningún atleta mexicano o futbolista de la selección haya condenado los ataques de Iguala, a pesar del respaldo que reciben de los mexicanos cuando van a los partidos en Estados Unidos, “de ellos no hemos obtenido nada, ni un decir ya basta, sé que hay reglas pero se trata de humanismo, no de profesionalismo”.
De esta campaña por las calles de diferentes ciudades señaló que muchos activistas “de gran corazón”, están ahí para documentar la protesta y levantar la voz. En el medio maratón de Nueva York volvieron a contar del 1 al 43 junto al grito de justicia, lo que se difunde en un video en Internet.
Está seguro que estas acciones llegan a oídos de los gobiernos, de los deportistas y amplios sectores de la sociedad.
De esta experiencia recordó que el primer maratón que hizo por los 43, el primero de noviembre, encontró a dos políticos de origen hispano de los que no supo precisar sus nombres, pero esperaba de ellos una palabra de solidaridad y de apoyo, “dije, como paisano quizá te van a echar la mano”, sin embargo en el saludo sólo hablaron de que la situación era muy grave en México.
Adelantó que participará en un maratón el primero de Mayo, y espera que su hijo y sus compañeros ya se encuentran de regreso con sus madres, sino es así seguirá denunciando la violencia que vive la nación.
Indicó que en Estados Unidos, México está catalogado como un país seguro y exige que se le saque de esa categoría porque no se respeta la vida, no sólo de los estudiantes sino que todos los ciudadanos están en riesgo.
De una de las visitas del presidente Enrique Peña Nieto a las Naciones Unidas para decir que el país está bien, que no hay violaciones a los derechos humanos de los agentes del gobierno, respondió “si dices que todo está seguro quizá en tu círculo, pero ven a vivir a mi círculo y me dices si es seguro”.
Aunque en los maratones todavía hay personas que se sorprenden por su causa y otros le toman fotos, llevan pancartas y grita forty three con ellos “voy a seguir en esto”.
Recordó que el trabajo en los Estados Unidos es duro, emigró a este país porque no tuvo otra opción. Estudió una carrera técnica que resultó insuficiente para conseguir un empleo bien remunerado.
“La verdad el trabajo es forzado allá (en México), acá también es forzado pero se siente más tranquilo”, dijo.
De su hijo con quien siempre tuvo comunicación telefónica y en los últimos años en redes sociales, recordó que hablaron de su decisión de entrar a la Normal Rural, “yo le decía, su mamá le decía, tú sabes, tienes todo nuestro apoyo”. Antes quiso entrar a otra Normal Rural en el Estado de México.
Ya en Ayotzinapa le pidieron que le echara muchas ganas, “te gusta la escuela échale ganas y cómo le decía, el bien es para ti no para mi. Nosotros nada queremos, es para ti y tu familia más no para mi ni su mamá”.
El 27 de septiembre después de los ataques su hija le llamó para darle la noticia, “me comuniqué con él pero no contestó, pensé esto ya pasará, no es la primera vez, pero conforme pasaron los días las cosas se van complicando”.
Pidió que se lleve a juicio al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, al exprocurador Jesús Murillo Karam que creó una hipótesis para cerrar el caso, y a todos los involucrados, “nadie se va a librar de esto, no quiero que se mueran, que se enjuicien, que paguen por lo que han hecho”.

En Chile también hubo desaparecidos y pasaron 20 años para buscar justicia, dicen en Ayotzinapa

Con la visita de una enviada a la Normal Rural de Ayotzinapa, la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Chile y sus autoridades Osvaldo Torres y Nubia Becker, refrendaron el apoyo a los padres de los 43 alumnos desaparecidos, “hasta llegar a la verdad y la justicia”.
La representante Patricia Valera dijo que durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, también hubo muchos desaparecidos.
Informó que el grueso de la población de Chile sólo conocía los ataques del 26 de septiembre de 2014 y la desaparición forzada de 43 estudiantes, pero en la visita de dos padres de familia en Chile hace dos meses, fue inédito saber que en los últimos años ha habido miles de desaparecidos en México, y la noticia tuvo un gran impacto social.
Mencionó que los señores Clemente Rodríguez Moreno, papá del estudiante desaparecido Christian Rodríguez Telumbre, y Mario César González Contreras papá de César Manuel González Hernández también desaparecido, acudieron a la invitación de la universidad chilena en el Día Internacional de Derechos Humanos, el 9 de diciembre de 2015.
El decano Osvaldo Torres y su esposa, Nubia Becker encabezan el apoyo de solidaridad a los padres de Ayotzinapa en ese país, quienes son las máximas autoridades de la facultad de Ciencias Sociales, también encarcelados y torturados en la dictadura de Augusto Pinochet, cuyo régimen militar se entendió de 1973 a 1990.
De la estadía de los padres en Chile, informó que alrededor de 60 medios de comunicación les dieron cobertura y la información sobre las investigaciones del caso y de los miles de desaparecidos en el país se difundió no sólo en Chile, sino en muchos países de América y de Europa.
Los padres también sostuvieron diálogos con estudiantes y activistas de derechos humanos.
Patricia Valera aclaró que llegó a México invitada por un tema distinto al de Ayotzinapa, pero cuando las organizaciones supieron que vendría al país enviaron un mensaje de apoyo y solidaridad a los padres de familia.
“Vamos a continuar con la causa mediante actividades con estudiantes, con los municipios, y a mantener la coordinación con todos los que apoyan la causa y los propios padres, y seguir apoyando para que se mantenga la lucha por la verdad y la justicia”, expuso.
Agregó que en la dictadura de Augusto Pinochet también hubo muchos desaparecidos, asesinados y torturados en Chile, y pasaron más de 20 años para buscar la justicia porque siguen los procesos los familiares del dictador y contra muchos militares que son investigados y no han sido condenados.
Consideró que el caso Ayotzinapa permite sensibilizar a la autoridades chilenas, pues desde la universidad se promovió una reunión con el Congreso, que emitió un acuerdo el 16 de diciembre de 2015 para alentar al gobierno mexicano a tomar las medidas necesarias para esclarecer los hechos del 27 de septiembre de 2014 cuando fueron detenidos 43 alumnos de la escuela Normal, de los que todavía se desconoce su paradero.

Ya buscaron en Carrizalillo a sus hijos y no tuvieron apoyo, responden padres de los 43 a vecinos

 

El vocero de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos, Felipe de la Cruz aclaró que buscan vivos a los normalistas, ante el llamado de vecinos de Carrizalillo a buscarlos en fosas clandestinas del grupo criminal Guerreros Unidos en esa población.
No obstante aclaró que los padres van a discutir este asunto luego del 4 de noviembre, cuando la mayoría regrese a la Normal Rural de la pausa que hicieron por el Día de Muertos para visitar a sus familias, y cuando también esperan noticias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que llegarán de nueva cuenta al país para investigar la desaparición forzada de los estudiantes.
En consulta telefónica opinó que las instancias de seguridad y justicia deben investigar de oficio todas la fosas señaladas en el estado, y reveló que desde los primeros días de los crímenes de Iguala, el año pasado, hubo información de que los estudiantes habían sido llevados en esa dirección.
Recordó que también hubo acciones de búsqueda en aquella zona a mediados de octubre, y la población estuvo muy hermética. Por lo tanto, la versión que ahora difundieron los vecinos de Carrizalillo, de que los estudiantes de la Normal pueden estar en otras fosas, “nos llena de duda y de desconfianza, quién sabe qué pretendan”.
Antes de las declaraciones de los vecinos, en Carrizalillo la población detuvo a nueve policías federales y a un vecino que quisieron aprehender al presidente del Comisariado Ejidal de Carrizalillo, a los que vincularon con el grupo Guerreros Unidos. Después informaron que el presunto delincuente señaló las fosas clandestinas, y estimaron que ahí podrían estar los normalistas.
De la Cruz aclaró que los padres no habían recibido información en ese sentido. En octubre de 2014 hubo operaciones de localización en aquella región, no encontraron nada y la gente fue muy hermética, y dijo que el repentino cambio de actitud de los vecinos los desconcierta.
De manera extraoficial, uno de los padres más activos en las acciones de búsqueda de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, coincidió en que es extraño que a más de un año de la desaparición forzada de los estudiantes, vecinos de Carrizalillo digan que hay nuevas fosas del grupo Guerreros Unidos, donde pueden estar los restos de sus hijos.
Recordó que el 19 de octubre de 2014, por una versión que llegó a la Normal, los padres subieron con unas 20 patrullas de la Policía Federal a Carrizalillo a buscar a los normalistas en una iglesia abandonada.
Días después, no recordó la fecha, subieron rumbo a Amatitlán porque recibieron noticias de que los estudiantes podían estar retenidos rallando flor de amapola.
Aunque no los encontraron, la Policía Federal se comprometió a agotar esa investigación.
Indicó que la mayor parte de las acciones de búsqueda que realizaron los padres por su cuenta y con los policías fueron con discreción, y las líneas de trabajo eran completamente opuestas a la versión oficial que en enero presentó el procurador Jesús Murillo Karam, de que los normalistas fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula.
Esa versión fue descartada por el GIEI, y ahora, el padre que pidió omitir su nombre consideró que la nueva versión de fosas en Carrizalillo “parece una trampa” para mantener la responsabilidad de los asesinados y las desapariciones forzada de la noche del 26 y 27 de septiembre en el grupo de narcotraficantes.