El comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza atribuyó a la falta de denuncia ciudadana que no haya una disminución en los asesinatos en la entidad.
El militar fue consultado sobre el Plan Nacional para Reducir los Homicidios Dolosos en 50 municipios del país, implementado en agosto de 2016, y que incluye seis demarcaciones de Guerrero, después de la conmemoración del Día de Policía Estatal en la residencia oficial de Gobierno.
Declaró que hay una buena estrategia en coordinación con la Secretaría de Seguridad Púbica del Estado y con la Policía Federal, que busca bajar el íncide delictivo, “lástima que no contamos con el poyo de la ciudadanía, no hay denuncias ciudadanas”.
Al mencionarle la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad pública y de impartición de justicia, que han diagnosticado asociaciones civiles y organismos internacionales, estimó que no es desconfianza “sino la falta de una cultura de la denuncia, además de otros factores, pero no desconfianza, creo que no”.
Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, los seis municipios integrados al Plan Nacional, en 2016 y 2017: Acapulco, Coyuca de Benítez, Chilapa, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo concentraron el 70 por ciento de los homicidios dolosos registrados por las autoridades en Guerrero.
En Chilapa, Chilpancingo y Zihuatanejo no sólo se mantuvieron los crímenes, sino que aumentaron.
Sobre la incidencia de homicidios en enero 2018 que podría establecer una tendencia superior de delitos respecto a los dos años anteriores, insistió en que en la entidad “estamos bajando (la incidencia de homicidios, pero) hay áreas de en las que sí (es alta), pero en términos generales en el estado estamos bajando mucho”.
Del caso de Chilapa donde la prensa documentó muertes grupales, como los siete cadáveres en bolsas el 30 de enero, aceptó que “son varias áreas, que usted mejor que yo, conoce”.
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Con policías y soldados en Chilapa el martes se podría regresar a clases, dice jefe militar
El comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza informó que ya están definidas las “fórmulas” que acordaron con el gobierno del estado, en las que participarán la Gendarmería, la Policía Federal, la Policía Estatal y la Policía Municipal para garantizar la seguridad de los maestros y alumnos en Chilapa, por lo que dijo que espera que este martes se reanuden las clases en la región educativa Montaña Baja.
El jefe militar fue consultado después de la inauguración del Hotel y Centro de Convenciones Holiday Inn Chilpancingo, y en otro asunto calificó como “muy acertado” el pacto por la seguridad que promueve el gobernador, Héctor Astudillo Flores, con distintos sectores de la sociedad y declaró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se va a sumar, aunque de hecho ya participa en las reuniones.
“Chilapa es un tema que ya lo ha tratado el gobernador y nosotros tenemos una participación importante para dar seguridad a los alumnos y a los profesores. Desde luego que ya hay garantías de seguridad, las ha habido desde siempre, nada más que ha habido un poco de temor provocado en las redes sociales”, aseguró a pesar de las constantes ejecuciones y asesinatos que ocurren en esa región.
Informó que en la operación no solamente va a participar la Sedena sino también la Gendarmería, la Policía Federal, la Policía Estatal, e incluso la Policía Municipal.
“Hay diferentes fórmulas que ya acordamos para que pueda haber mayor seguridad y tranquilidad para los maestros. Hemos tenido varias reuniones y esperamos que el martes 21 se inicien las clases”, declaró.
Jiménez Mendoza también informó que el gobierno del estado ya les entregó formalmente la aeropista de Chilpancingo que utilizan como base de operaciones para el arribo de las aeronaves, que temporalmente realizan actividades de erradicación de enervantes.
“Le vamos a dar mayor utilidad a las actividades militares, vamos a darle un poquito más de organización para que pueda darse un mejor servicio no únicamente a los militares, sino a toda la aeronáutica en la capital del estado”, anunció.
También se le consultó su opinión del pacto por la seguridad promovido por el gobernador y dijo que “es muy acertado, pienso yo que es una muy buena iniciativa en la que deben participar todos los órganos que se tienen que articular para dar seguridad a quienes las requerimos”.
Declaró que la Sedena se va a sumar a esta iniciativa, aunque recordó que ya ha participado en algunas reuniones como parte del Grupo de Coordinación Guerrero, junto con la PGR “ya estamos nosotros recopilando todos los resultado de las reuniones que ha tenido el grupo, para que se consoliden en este pacto”.
Sin dar cifras en otro tema informó que este año los soldados del Ejército mexicano han hecho más destrucciones de plantíos de enervantes que en años anteriores, “y esperamos seguir trabajando sobre todo porque hemos encontrado más plantíos”.
Informó que precisamente la pista aérea de Chilpancingo se pretende utilizar para incrementar las operaciones en la destrucción de los plantíos, y que uno de los objetivos es que la Sedena tenga una mayor cobertura con la utilización de esa pista.
Se aplicará la ley a autodefensas, pero sin confrontación, sostiene el jefe del Ejército
El comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, subrayó que el Ejército tiene órdenes de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego en contra de los grupos de autodefensa o policías ciudadanas.
Aunque, acotó que “quienes quisieran que hubiera una acción más contundente, pienso yo que no están inmersos en la realidad que vive el estado de Guerrero y los conflictos que se desatarían”.
El general reconoció que ha habido ciertas fricciones con los grupos de autodefensa, “pero estamos trabajando en ello, tanto las autoridades municipales, que son las que deben de actuar primero, las autoridades estatales y nosotros”.
La más reciente que se conoce fue con el grupo Paz y Justicia en la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala.
Jiménez Mendoza fue entrevistado en las instalaciones de la 35 Zona Militar, al término de la destrucción de armas decomisadas por el Ejército, la Policía Federal y la estatal. Asimismo, según él, “en todo el estado se puede apreciar la tranquilidad y la libertad para transitar en los caminos”.
Sin embargo declaró que “los delincuentes ven pasar a la autoridad y se ocultan”, por lo que “no podemos asegurar que (los caminos) estén libres de delincuentes”.
El 17 de julio, el secretario de Gobernación Migué Ángel Osorio Chong, declaró que nada justifica que la sociedad se quiera armar y que el Estado recuperaría el control de la seguridad en donde operan los grupos de autodefensa. Además, que tenía información que algunos grupos de la delincuencia organizada presionan para que los ciudadanos pidan la salida del Ejército de algunos lugares.
Al respecto, el general aseguró que se está aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego para que ellos (los grupos de autodefensa) “se restrinjan a lo que marca la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, “y así vamos a estar apoyando a todas las autoridades gubernamentales de los tres órdenes de Gobierno”.
–¿Entonces qué impide que no se desarme a grupos como los de Tlaltempanapa (municipio de Zitlala), donde ya ha habido presencia del Ejército, pero no ha podido desarmarlos?
–Allí no hay impedimento, hay una muy buena participación de todas las autoridades para no estar violentando algunos acuerdos previos que ha habido, pero uno de los requisitos es que ya no estén armados.
–Sin embargo hubo detenidos y los recuperó la gente del pueblo –, insistió el reportero.
–Eso fue en un inicio y fue lo que provocó, más bien, la presencia militar que hoy día hay en ese lugar.
–¿Están libres los caminos de delincuentes en la zona de Zitlala y Tlaltempanapa? -, preguntó otro reportero.
–Yo siento que sí. En todo el Estado se puede apreciar una tranquilidad y la libertad para transitar. Claro, los delincuentes ven pasar a la autoridad y se ocultan, no podemos asegurar que estén libres, sin embargo está la acción decidida de los tres órdenes de gobierno para que demos tranquilidad y seguridad a los ciudadanos.
–En Tlaltempanapa hubo el compromiso de que sería el Ejército y la Policía Estatal la que se hiciera cargo de la seguridad, sin embargo sigue el grupo civil armado controlando el pueblo –, se le dijo.
–La verdad es que hay un compromiso con las autoridades de los tres niveles de gobierno, de coordinarnos, no sólo con ellos, sino con todas las autoridades. Ellos son una parte de un todo.
–¿Hay plazo para el desarme de las autodefensas?, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo la semana pasada que van a recuperar los espacios donde operan.
–Es que hay que interpretar bien las cosas: recuperar los espacios y hacer prevalecer el estado de derecho implica varias acciones, no sólo el desarme o no de algún grupo en particular.
–¿No se va a desarmar a las autodefensas? ¿No hay indicación de desarmar a la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), por ejemplo?
–Hay indicaciones de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego.
–¿Si tienen armas de grueso calibre, se les detiene?
–Así es.
–¿Ya ha comenzado esta decisión?, porque vemos que siguen operando.
–No, no siguen operando, por eso yo los invito a que vean. Ellos están en un afán de buscar espacios, nosotros estamos en el afán de aplicar la ley.
–Siguen operando, si usted recorre la carretera federal de aquí a Acapulco hay retenes de ellos.
–No, no creo. La recorrí hoy y no hay ningún retén de aquí a Acapulco.
–Si, en Ocotito, por ejemplo, hay filtros, hasta piden cooperación a los automovilistas –rebatió el reportero.
–Ah, bueno, ha habido ciertas fricciones pero estamos trabajando en ello, tanto las autoridades municipales, que son las que deben de actuar primero, las autoridades estatales y nosotros.
–¿Qué significan dos mil armas que se destruyeron hoy, ante el universo que hay en Guerrero? Solamente de las autodefensas se habla de cinco mil personas armadas.
–Es un principio. Quienes quisieran que hubiera una acción más contundente, pienso yo que no están inmersas en la realidad que vive el estado de Guerrero y los conflictos que se desatarían.
–¿Podría haber una confrontación?.
–No, nunca buscamos nosotros la confrontación, buscamos la negociación, el diálogo y que se aplique la ley.
–¿Qué pasa con los grupos de la delincuencia que siguen sembrando pánico, como en Chichualco, antier (la noche del martes) y la quema de vehículos en Chilpancingo?
–Estamos, igual, trabajando en forma decidida y no podemos nosotros cesar en nuestra acción coordinada. Hay una estrategia que debemos de seguir para poder erradicar la violencia, tanto de grupos delincuenciales, como la violencia en sí.
El comandante de la 35 Zona Militar, también respondió brevemente que el Ejército mexicano sigue colaborando en los operativos de búsqueda para la detención del líder del grupo criminal Los Tequileros.
En cuanto a la construcción del cuartel en Teloloapan, para el que este jueves se firmó el convenio con el gobernador Héctor Astudillo Flores, Germán Javier Jiménez Mendoza declaró que quisiera que comenzara la construcción a principios del mes de agosto y que el objetivo es aumentar la presencia de los militares en esa zona de Teloloapan.
Informó que la obra está calculada para terminarse en 8 a 12 meses. También dijo que serán 500 elementos los que llegarán al municipio de Teloloapan en forma escalonada para completar el dispositivo que ya existe en Iguala y Altamirano.
Pide Siempre Vivos a la Segob y al gobernador que “paren las masacres en Chilapa y Zitlala”
El presidente del colectivo de familiares Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro se reunió este lunes con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, a quien le solicitó su intervención ante el titular de la Secretaría, Miguel Ángel Osorio Chong, y ante el gobernador Héctor Astudillo Flores, para “que ya paren las masacres en Chilapa y Zitlala”.
Consultado vía telefónica, Díaz Navarro informó que el encuentro fue breve, a las 2 de la tarde en la oficina del funcionario federal.
“Le dijimos que ya no pueden seguir esas masacres y que ya deben de intervenir, y le pedimos que de inmediato debería de intervenir ante el secretario de Gobernación, ante el gobernador Astudillo y ante quien corresponda para que haya una inmediata atención al problema de Chilapa, porque ya no pueden seguir esas masacres”, relató.
Dijo que le pidió que intervenga ante el gobierno del estado porque no está trabajando ni diseñando una estrategia efectiva, “la que están aplicando tiene años y no funciona”, reprochó Díaz Navarro.
El presidente del colectivo Siempre Vivos dijo que, según el funcionario federal, inmediatamente iba a plantearle la situación al secretario Osorio Chong y que se comunicaría con el gobernador de Guerrero.
En Chilapa, en menos de 24 horas dos mujeres, una de ellas embarazada, y tres hombres fueron asesinados a balazos en distintos hechos ocurridos entre la noche del sábado y el domingo. Además, una joven resultó herida en uno de los ataques. Mientras tanto, la noche del domingo al menos tres cuerpos calcinados fueron dejados en un vehículo cerca del retén militar y policiaco que se encuentra en el arco de entrada a esa ciudad.
Al respecto, Díaz Navarro informó que ésta es parte de la guerra entre los grupos criminales Los Rojo y Los Ardillos, “el problema es que en esa guerra se están llevando a mucha gente inocente, y los gobiernos federal y estatal no están haciendo nada para frenarlos”.
Explicó que, según los comentarios que ha escuchado de la gente, se suponía que en los últimos meses Los Ardillos ya habían prácticamente desplazado a Los Rojos de Chilapa, “pero nuevamente se han reforzado Los Rojos, y ahorita están dando la batalla para recuperar la plaza, y hay una fuerte confrontación, por eso se está dando esta situación”.
Dijo que el problema es que “están ocupando” a gente desarmada, como a niños y mujeres, para mandarse sus mensajes y demostrar su brutalidad, “creo que matar inocentes es una forma de imponer el terror, el miedo y el control”.
En cuanto a las declaraciones del comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, en el sentido de que hay 500 militares desplegados en Chilapa, José Díaz declaró que, “si los hay, estarán en el cuartel yo creo, o están en sus filtros, pero no hacen nada, ya ves el carro de ayer (en la noche), fue incendiado a 100 metros del retén con tres cuerpos”.
Añadió que mientras no atrapen a los jefes de los delincuentes, la guerra no se va a acabar, que la Fiscalía General del Estado ya tiene órdenes de aprehensión, “yo no sé por qué no las ejecuta”.
Se quedará el campamento militar en la entrada de Petaquillas, advirtió el jefe del Ejército
El comandante de la Novena Región Militar, general Germán Javier Jiménez Mendoza, dijo que el campamento en Chilpancingo se mantendrá, pese a las protestas de vecinos y policías rurales de Petaquillas que denunciaron que fueron intimidados por los soldados.
Consultado al finalizar la sesión del Grupo Aca afirmó que la Ley de Seguridad Interior sobre el papel del Ejército en tareas de seguridad, se debe aprobar en el Congreso porque “es para bien de todos”.
Del marino asesinado en la colonia Emiliano Zapata por hombres armados informó que se comunicó con la Secretaría de Marina “por esa pérdida tan importante. Y es gente que está trabajando para Acapulco y está perdiendo”.
Consideró que independientemente del ataque ocurrido el martes, hay coordinación entre las entidades encargadas de la seguridad.
De Ley de Seguridad Interior, Jiménez Mendoza expuso que se requiere que se emita para delimitar sus acciones “para bien de todos surja esta ley, para que nos marque las responsabilidades que tendrá cada una de las autoridades responsables de proporcionar la seguridad a toda la sociedad, no es una seguridad para las fuerzas armadas, es para todo el país”.
Mencionó que ahí se define cómo participará el Ejército, “en qué momento, en qué área, bajo qué esquemas y cuál sería la responsabilidad de cada ente que tiene que participar para dar ese ambiente de seguridad”.
Chilpancingo, Chilapa y Tixtla requieren mayor atención, dice el nuevo jefe de la 35 Zona Militar
El problema de inseguridad en la región Tierra Caliente es por la pugna entre dos grupos que se secuestran familiares unos a otros, dijo el general José Francisco Terán Valle después de rendir protesta como comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo.
El general brigadier diplomado del Estado Mayor, José Francisco Terán asumió ayer de manera formal como comandante la 35 Zona Militar, le tomó protesta el jefe de la Novena Región Militar, el general Germán Javier Jiménez Mendoza.
Al término del acto protocolario se le preguntó cuáles son las prioridades que tiene, a lo que respondió que trabaja con los grupos de coordinación y seguridad para mantener la vigilancia en las diferentes zonas conflictivas.
Se refirió a Chilpancingo, Chilapa y Tixtla como las zonas que requieren mayor atención por el repunte de violencia de las últimas semanas que ha dejado decenas de asesinatos.
Recordó que la cobertura de la 35 Zona Militar abarca la Tierra Caliente, dy dijo que “la problemática ahí se debe a dos grupos en pugna prácticamente, que se secuestran familiares unos a otros”.
Dijo que a partir de los secuestros “seguramente hay reconocimientos intensos, se libera pero es muy característico de ahí, de esos dos grupos en pugna”.
–¿El secuestro colectivo?–, preguntó un reportero, “pues así es, es un modus vivendi de grupos que bajan de la sierra”, expuso pero no habló más del tema.
De la región Centro en Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, en los que hubo un repunte de la violencia, dijo que se debe a una pugna entre dos grupos criminales, principalmente en la zona Norte del último municipio, que se disputan el control del territorio en referencia a Los Rojos y Los Ardillos, que tienen su bastión en el municipio vecino de Quechultenango en la comunidad de Tlanicuilulco.
En el caso de Chilpancingo dijo que no existe el problema de la disputa del territorio “aquí estamos viendo trabajos conjuntos para mejorar la seguridad”, y agregó que tendrán una reunión con el Grupo de Coordinación Guerrero.
Dijo que su misión es seguir coordinando “intensamente” a las autoridades federales estatales y municipales, no sólo en seguridad sino en labor social, de participación en la educación y en actos cívicos, además de obras sociales.
De las policías ciudadanas de diferentes municipios y las que se disputan el control de territorios: el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), dijo que el gobierno del estado es el que se encarga de las pláticas y que la intervención del Ejército es únicamente evitar enfrentamientos en el área.
Cuando se le preguntó de la presunta participación del Ejército en los ataques contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, donde estaba en septiembre de 2014, dijo que no podía dar declaraciones de ese tema.
A la ceremonia militar de toma de posesión y protesta de bandera, que se realizó minutos después de las 9 de la mañana de ayer en una explanada de la zona militar, fueron el rector de la Universidad Autónoma de Guerreo (UAG) Javier Saldaña Almazán y el alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena.
Delincuentes piden listas de maestros a tres directores de escuelas en Costa Chica, dice el rector
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán informó que en tres de las ocho escuelas de la institución que hay en la región Costa Chica, los directores recibieron mensajes de presuntos delincuentes de Guerreros Unidos y Los Rojos que les exigieron una lista de los nombres de los maestros, ya que a todos se les cobraría cuota.
Saldaña Almazán precisó que recibió el reporte el viernes, y que los mensajes de texto fueron enviados de un mismo número de celular, aunque en los tres casos los delincuentes cambiaron el nombre del grupo criminal al que representaban de Guerreros Unidos a Los Rojos.
Consultado durante el desayuno del Día del Policía, en la sala de la República en Casa Guerrero, respecto de los secuestros masivos y la inseguridad en la región Tierra Caliente, en donde la UAG tiene nueve escuelas, Javier Saldaña declaró que no hay reportes que indiquen situaciones de riesgo para los maestros y los estudiantes.
Sin embargo, dijo que en el caso de la región Costa Chica, en donde hay ocho escuelas de la UAG, tres directores reportaron que recibieron mensajes de textos vía celular, en los que delincuentes que dijeron pertenecer a Guerreros Unidos y Los Rojos, pidieron una lista con los nombres de los maestros, ya que se les pediría una cuota.
Javier Saldaña añadió que está en proceso la denuncia por las amenazas que recibieron los directores, y que los mensajes fueron enviados de un mismo número, por lo que pedirá que la Policía Federal lo asesore, “que es más efectiva para identificar de dónde vienen los mensajes”.
La presencia de militares en las escuelas de la UAG no viola la autonomía, señala
Por otra parte, dijo que el comandante de la Novena Región Militar, Alejandro Saavedra Hernández atendió la petición de seguridad de la UAG, por lo que las escuelas de la institución en Acapulco cuenta con resguardo, pero la situación causó polémica en el Grupo Universidad, ya que un maestro se oponía a que hubiera militares o policías en las instalaciones.
Javier Saldaña precisó que la autonomía de la UAG se viola cuando militares o policías irrumpen en las instalaciones, pero en el caso de Acapulco los uniformados asistieron a las escuelas porque se solicitó el resguardo.
No aumentó el presupuesto de la Universidad, afirma
Con respecto al presupuesto de la UAG para este año, Javier Saldaña Almazán señaló que el gobierno federal no incrementó los recursos de la universidad porque no se ha firmado el convenio correspondiente con la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero “afortunadamente”, el gobernador Héctor Astudillo Flores apoyó a la institución con el gasto de operación.
Dijo que el gobierno estatal incrementó cerca de 50 millones de pesos al presupuesto de la UAG, por lo que, en total la universidad recibirá mil 400 millones de pesos, que serán destinados al pago de nómina, saneamiento financiero y otros rubros ya etiquetados que “no se pueden tocar, son como las novias de los demás, no las puedes ni ver”, bromeó.
Expresó que los universitarios no quieren detener su dinámica académica, y que la Cámara de Diputados hizo un exhorto al gobierno federal para que aumente los recursos que se le destinan a la UAG, “esperemos que con eso se resuelva (la situación financiera de la institución)”.
Añadió que la visita del presidente de la República Enrique Peña Nieto, el martes pasado, le da ánimo porque Guerrero es uno de los estados con menos cobertura académica en el país, de cada 100 jóvenes de entre 18 y 25 años solo 20 estudian una licenciatura, 40 se van al extranjero, 20 tienen trabajo de servicios y 20 están en la delincuencia organizada, “20 de cada 100” puntualizó.
Criticó que el gobierno federal es poco sensible ante la situación en Guerrero, porque la UAG abrió 28 programas de estudios y es necesario que se aumente su presupuesto, pero cuando planteó la situación la respuesta que recibió fue, “no te pedimos que abrieras más programas”.
Javier Saldaña informó que la UAG cuenta con 48 preparatorias, incluyendo a la Universidad Virtual, 71 licenciaturas, 25 posgrados, aproximadamente 82 mil estudiantes inscritos y 6 mil trabajadores, entre académicos y administrativos, “somos la universidad que menos trabajadores tiene y que menos presupuesto por alumno recibe”.
Declaró que en el transcurso de la semana, funcionarios de la UAG entregaron unas 62 mil becas a los estudiantes de 16 programas distintos, “queremos que la universidad mantenga la calidad que se le reconoció el año pasado”.
Heredar plazas es monopolizar la UAG, declara
Sobre las propuestas y acuerdos del 38 Congreso General Ordinario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), dentro de las cuales los maestros incluyeron que se incorpore al contrato colectivo que sus hijos se queden con el 100 por ciento de su carga laboral, el rector explicó que las peticiones se pueden cumplir en un 80 por ciento.
Precisó que el 80 por ciento de las peticiones que sí se podrán cumplir, “están relacionadas a dinero, el incremento, rezonificación, prestaciones, espero que mi gober (Héctor Astudillo) no me deje solo”.
Sin embargo, declaró que la reforma constitucional no permite que se hereden las plazas, “hoy vamos más por indicadores de calidad”.
Informó que el jueves se reunió con los representantes del STAUAG y el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), para analizar sus peticiones dentro de los emplazamientos a huelga, “ya les dije que un trabajador que tenga un hijo con maestría, doctorado y que cuente con el perfil, que concurse como todos, tendrá mejores posibilidades (de obtener una plaza), no vamos a monopolizar la universidad”.
Se le señaló que en otros años sí se monopolizó la universidad, ya que se permitió que los hijos de los trabajadores heredan su carga laboral, pero dijo tajantemente que esto ya no se permite y las plazas deben ser para aquellos que tengan mayor competitividad.
Por último, expresó que los universitarios tienen que ser “autónomos y democráticos”.
Suman 174 asesinatos en Guerrero en el primer mes del gobierno de Héctor Astudillo
Al cumplir un mes de la administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores han ocurrido 174 asesinatos en el estado.
De acuerdo con un recuento del periódico El Sur, los municipios en los que han ocurrido más asesinatos son Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Iguala, Leonardo Bravo (Chichihualco), Cuajinicuilapa y Tixtla.
Asimismo, ha habido asesinatos en San Miguel Teloloapan, San Miguel Teloloapan, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac de Álvarez, La Unión, Coyuca de Benítez, Zumpango, Tepecoacuilco, Atenango, Ayutla, Zitlala, Quechultenango, Coyuca de Catalán, Huitzuco, Copala y Pungarabato.
La violencia en Guerrero se ha recrudecido contra mujeres, niños y adolescentes, activistas y familiares de policías, abogados, choferes, maestros, estudiantes y ex policías, así como contra policías comunitarios.
Al iniciar la administración de Astudillo Flores, en conferencia de prensa en Acapulco, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong anunció una nueva estrategia de seguridad para Guerrero, que sería coordinada por el comandante de la Novena Región Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández.
El 4 de noviembre, el comisario de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), Joaquín Romero Ríos, y su secretario Víctor González Luna fueron emboscados y asesinados por hombres armados en el camino de terracería Puentecillas-Polixtepec.
Después, el viernes 6 de noviembre, en la comunidad de Polixtepec hubo una balacera de siete horas que dejó heridos a siete policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y tres muertos del crimen organizado que opera en la zona.
El jueves 12 de noviembre, policías ciudadanos de la UPOEG se enfrentaron a balazos contra unos 500 sicarios que vestían uniformes tipo militar y armamento de grueso calibre en la comunidad de El Naranjo, en Leonardo Bravo. Tras esta acción, 15 policías ciudadanos estaban desaparecidos; después, uno de ellos fue hallado muerto; otro continúa desaparecido.
La medianoche del domingo, hombres armados irrumpieron en Polixtepec y asesinaron a cuatro vecinos: una mujer adulta y tres de sus hijos, entre estos una mujer. También incendiaron tres casas y se llevaron a dos hombres, uno de ellos era pareja y padre de las víctimas.
El 10 de noviembre, hombres armados asesinaron a 12 personas, entre ellas una mujer y dos menores de edad, y dejaron heridas a cinco en un ataque a balazos a un taller mecánico que fue habilitado para peleas de gallos clandestinas en Cuajinicuilapa.
Asimismo, ese día en la comunidad de Tetitlán de Limas, municipio de Chilapa, tres hombres, una niña, un niño y una mujer fueron asesinados en una incursión de civiles armados; cinco víctimas eran familiares del ex secretario de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto González.
La madrugada del miércoles cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a balazos contra una Urvan del transporte público cerca de la comunidad de Atzacoaloya.
El jueves de esta semana, hombres fuertemente armados emboscaron y asesinaron a cuatro policías comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, del barrio de El Fortín, de Tixtla.
El martes, al asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de las Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, en su discurso, el gobernador Héctor Astudillo Flores subrayó que debe cambiar la situación de violencia que se vive en el estado y que incluso hablará, “con el propio presidente de la República (Enrique Peña Nieto), o con el secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) para decirles lo delicado de la situación de Guerrero y lo importante y oportuna que debe ser su intervención nuevamente en Guerrero”.