Abogados y familiares de dos jóvenes detenidos en Cruz Grande por la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), denunciaron que sin pruebas del comandante regional Esteban Ramos Gallardo el 29 de septiembre, jueces de Ometepec dictaron sentencia en contra de los inculpados del secuestro de una persona.
Ayer en conferencia de prensa en las instalaciones de la sección 29 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Acapulco, las madres de los dos jóvenes, Ángel Casiano Ramírez y Jorge Pavón Pérez, sostuvieron que sus hijos son inocentes.
Los abogados manifestaron que los jueces violaron los derechos de los inculpados y que la prueba presentada es la declaración del comandante, y de un testigo de identidad reservada.
La señora Severiana Pérez, mamá de Ángel, dijo que su hijo fue detenido en su casa acusado de secuestro. El comandante de la UPOEG, Ramos Gallardo señaló que la foto de su hijo aparecía en el perfil de un número de Whatsapp desde donde los captores se comunicaron con la familia del secuestrado, sin embargo durante la detención el 25 de octubre de 2015, el teléfono que recibía las llamadas sonó cuando su hijo estaba en su cuarto. La mamá del joven estudiante del CBTA dijo que ese número no correspondía al de su hijo.
La mamá de Jorge, Mariana Casiano dijo que su hijo caminaba en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional en estado de ebriedad cuando fue detenido y después fue acusado por los policías ciudadanos de secuestro, en complicidad con el otro joven. Ambas madres indicaron que sus hijos fueron retenidos 10 días, y golpeados y torturados en la base de la comunidad Las Ánimas.
El abogado de los inculpados, Carlos Larumbe Radilla dijo que en el juicio oral del 29 de septiembre, los dos inculpados fueron sentenciado a 50 años de prisión por el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento Penal con sede en Ometepec.
Sostuvo que a pesar de la decisión de los jueces Hércules Aureoles Guadarrama, Salvador Delgado Ochoa, y Edilberto Calderón Juárez, la sentencia fue impugnada porque fueron violados los derechos de los inculpados.
Además de que sin pruebas y sólo con declaraciones testimoniales del comandante regional Ramos Gallardo y Fernando Nava López, además de un testigo protegido, los jueces determinaron la culpabilidad de los jóvenes pese a que en la audiencia la víctima no reconoció que ellos fueran sus captores.
En la conferencia también estuvo el presidente del Colegio de Abogados de Acapulco, Félix Tapia Espinoza, quien denunció que pese a que Ramos Gallardo tiene dos denuncias, una de ellas por homicidio calificado y órdenes de aprehensión, los jueces hicieron caso omiso para que el comandante regional fuera detenido en las instalaciones del Tribunal en Ometepec.
Vecinos de la comunidad Tierra Colorada del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) damnificados por la tormenta Manuel recorren el predio donde se construyen las casas donde serán reubicados . Foto: Jesús Eduardo Guerrero
A tres años de la tormenta tropical Manuel, que dejó en Tierra Colorada, municipio de Leonardo Bravo, cuatro muertos y destruyó más de 70 casas, el gobierno federal no les ha entregado sus viviendas a los damnificados de esta localidad.
Además, les construyó un puente vehicular en un lugar donde no lo pidieron ni lo necesitan, en tanto que la construcción de la telesecundaria está abandonada, y la escuela primaria, el kínder y el centro de salud están abandonados, a pesar de que aparentemente las construcciones están concluidas.
Las viviendas para la reubicación de los damnificados se construyen en un lugar en condiciones de riesgo, sin acceso, en una zona inestable, y no tienen servicios públicos.
También, a pesar de que aparentemente están terminadas las escuelas primarias, el kínder y el centro de salud, no han sido entregadas a los habitantes. Mientras tanto, la obra de la telesecundaria se encuentra suspendida desde a finales del año pasado.
La comunidad de Tierra Colorada se encuentra en una zona inhóspita de la sierra del municipio de Leonardo Bravo, a la que se llega en tres horas y media de recorrido desde Chilpancingo. La carretera es una brecha intransitable y de terracería que comienza después de la comunidad de Omiltemi, al poniente de la capital.
Ayer en un recorrido con el reportero de El Sur, los vecinos de la comunidad denunciaron que el gobierno, además de que no ha cumplido con ninguna de las obras prometidas, no tomó en cuenta la opinión del pueblo ni de sus autoridades, sobre a las obras que se construyen arbitrariamente.
Agrede verbalmente el representante de la constructora al comisario y le pohibe entrar al predio
Al final del recorrido, cuando los vecinos y el comisario municipal, Saturnino Castro Leyva, todavía estaban reunidos en la cancha del pueblo, donde comentaban las deficiencias de las obras, llegó el encargado de la empresa que construye las viviendas, a quien sólo identifican como Manuel, quien acompañado por otros dos trabajadores amenazó al comisario municipal, a quien le exigió que no se meta con su trabajo. El representante de la empresa se molestó porque el comisario y los damnificados recorrieron las casas en construcción.
“¿Qué es lo que se le ofrece comisario?”, le espetó envalentonado y retador el representante de la empresa, frente a unos seis testigos que acompañaban a Castro Leyva. Cuando el comisario comenzaba a explicarle que estaban inconformes primero con un puente que no fue construido en el lugar donde lo necesitan, el encargado de los trabajos lo interrumpió, y le advirtió, “ya me tienes hasta la madre con los chismes y lo que andas diciendo allá en Sedatu, eres el único comisario que no ha querido trabajar de acuerdo con nosotros”.
El comisario le respondió que solamente ha dicho la verdad, pero el encargado de la obra le advirtió que cuando quiera entrar a las zona donde se construyen las casas, primero le pida permiso a él.
Quienes acompañaban al comisario salieron en su defensa, y le pidieron que citara al representante de la constructora para una reunión en la comisaría, porque le estaba faltando al respeto en la calle. Sólo hasta entonces el representante de la constructora se retiró, pero antes le insistió al comisario que debe pedirle permiso para entrar a la zona donde se construyen las casas.
Antes, los damnificados, acompañados por el comisario municipal habían recorrido el fraccionamiento donde se siguen construyendo las casas en una zona de terreno inestable y con riesgos de deslaves. Otra parte donde se construyen las casas es relleno, incluso una barda de contención de unos 15 metros de largo ya se vino abajo, y de acuerdo con los damnificados esa es una muestra de que el terreno está en falso y de la frágil estructura de los muros de contención.
Por otro lado, el fraccionamiento carece de accesos, y para llegar a las casas se tiene que cruzar el cauce de un río de unos 15 metros de ancho, en un lugar donde no hay puente.
Uno de los damnificados declaró que la mayoría de los habitantes sugirieron a la Sedatu y a la empresa constructora que las viviendas se construyeran en un lugar al que conocen como El Limoncito, frente a lo que ahora es Tierra Colorada, al otro lado del río.
Pero dijo que la empresa constructora y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), acordaron construir las casas en ese lugar porque el terreno se los vendió Virginio Jacobo León, quien es el padre del entonces comisario municipal, Apolinar Jacobo Alonso, y del ex regidor de Leonardo Bravo, Aníbal Jacobo.
Construyeron un puente a kilómetro y medio de la comunidad, donde no les sirve, lamentan
La zona en donde se siguen construyendo las casas es un bordo que da a un voladero de unos 20 metros de profundidad con caída al río, y por el otro extremo hay una barraca que en la temporada de lluvias deja la zona aislada.
El fraccionamiento está dividido en tres bloques separados por barrancas, y para llegar a los tres hay que atravesar el amplio río que corta la zona donde actualmente se encuentra asentada la población.
Ante la falta de un puente para atravesar ese río, por lo menos dos bloques de casas que se construyen están incomunicadas, ahí sólo se pude llegar cruzando el río a pie, cuando no está crecido.
Debido a las fallas de las casas que se construyen y el difícil acceso, 15 familias damnificadas construyeron por su cuenta sus viviendas con tablas y lámina de cartón o galvanizadas, en El Limoncito.
El fraccionamiento donde se construyen las casas no tiene servicios de agua, luz ni drenaje. Las obras son lentas debido a la falta de trabajadores, pues ya nadie quiere trabajar con la empresa constructora de la que desconocen su razón social. La empresa tiene deudas con más de 70 personas de la comunidad que fueron empleados, algunos de ellos les adeuda hasta 7 meses de salario.
Los habitantes denunciaron que los trabajadores, ante la falta de pago de los representantes de la constructora, tampoco han pagado los alimentos que consumieron. Algunas familias denunciaron que la deuda por cada trabajador ha crecido hasta a 10 mil pesos.
Mientras tanto, 85 familias que perdieron sus viviendas reclamaron al gobierno federal que les entregue sus casas, sin importar las condiciones en que se encuentren, porque viven alojados con sus parientes o vecinos de la misma localidad.
Algunas de estas familias son las de Georgina Rodríguez Salgado, Abraham Alonso Morales, Constantina Castro León, Faustino Castro Alonso, Alejandra Catalán Lorenzo y Sabino Rodríguez Salgado.
En la orilla de la zona donde se construyen las casas, también están abandonadas, aunque ya terminadas, la primaria Juan N. Alvarez y el jardín de niños. A las instalaciones educativas les faltan los servicios de energía eléctrica, agua y drenaje. Los niños de los seis grupos siguen recibiendo clases en la comisaría, en la iglesia y en carpas improvisadas en la explanada de la comisaría municipal.
También se construyó allí, al lado de la primaria, el jardín de niños, y aunque la obra parece en buenas condiciones y terminada, un paredón de la parte trasera comienza a derrumbarse.
En la misma zona se encuentra el centro de salud, que aunque ya está terminado es difícil llegar a él porque se tiene que cruzar una barranca, “¿imagínese, como van a pasar por aquí los pacientes?”, preguntó uno de los damnificados.
Al frente del centro de salud está también un área descampada en donde les anunciaron que se construiría la telesecundaria, pero en el área solamente hay material de construcción abandonado y señales de que se comenzaba a construir.
La actual telesecundaria está aislada porque las lluvias de septiembre de 2013 ampliaron el cauce del río El Zapote, que divide al pueblo con la escuela, y los estudiantes tienen que cruzar ese río.
Los vecinos contaron que la semana pasada se suspendieron las clases debido a que este río estuvo crecido ante las lluvias del fin de semana pasada, y los alumnos y maestros no pudieron cruzar el cauce para ir a la escuela.
Los habitantes denunciaron que, en este tramo, estaba programado el puente Tierra Colorada, que sustituiría al que se llevó el agua en 2013. Este puente serviría para llegar a la escuela y para cruzar hacia Jaleaca de Catalán.
Informaron que en el proyecto estaba considerado aquí la construcción del puente, que fue construido un kilómetro y medio abajo, en donde no les sirve.
El comisario Castro Leyva denunció que el puente no se construyó porque el dinero fue desviado para beneficiar a los habitantes de Jaleaca, tras la intervención de la diputada federal Beatriz Vélez Adame, originaria de esa localidad, y por “políticos encumbrados con influencias en el gobierno”.
Consideró que los recursos de este puente fueron desviados para construir el puente un kilómetro y media hacia abajo porque actualmente se construyen una carretera que comienza en Omiltemi, municipio de Chilpancingo, y pasa por Chocomanatlán y Chautipan hasta llegar a Jaleaca. Dijeron que el puente que les robaron a los de Tierra Colorada forma parte de ese proyecto carretero.
El comisario dijo que, incluso, en la lámina que fue colocada en el puente que se construyó un kilómetro y media abajo está rotulado: “Se construye el puente Tierra Colorada”, pero insistió que allí ya no pertenece a su comunidad y que no les sirve de nada el puente.
Integrantes del Frente Comunitario de Xochistlahuaca manifestaron su preocupación ante el bajo nivel del río San Pedro, de donde se abastece la ciudad de Ometepec, luego de que el alcalde perredista, Omar Estrada Busto anunció que ese mismo sistema abastecerá de agua a la comunidad de Acatepec.
En enero del 2013, las comunidades amuzgas habían manifestado su oposición al proyecto, luego de que el defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que llevaría agua del río San Pedro a Ometepec, para terminar con el desabasto de agua potable en esa cabecera. El río pasa entre los municipios de Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca.
Vía telefónica, uno de los integrantes del Frente Comunitario, Néstor Sánchez informó que ayer tuvieron la primera reunión informativa del estado del río, que en la temporada de sequias de 2015 estuvo en sus niveles más bajos.
Sostuvo que hay un “uso y aprovechamiento irracional del río”, para llevar agua a la ciudad de Ometepec, “Ometepec, y San Pedro Cuitlapa (Tlacoachistlahuaca) deberán escuchar nuestra voz, que debe ser encabezada por las autoridades, pese a que el cabildo de Xochistlahuaca no está participando”, pidió.
El vecino de la cabecera dijo que, desde el inicio del proyecto nunca se consultó a los pueblos de río abajo, ni a los ejidatarios de los lugares por donde pasa el afluente; sin embargo, reconoce que de alguna manera los habitantes “consintieron” porque son ñomndaa.
“Pero ahora, la autoridad de Ometepec quiere llevar el agua al poblado de Acatepec, al norte de Ometepec”, lo que va a disminuir aún más el caudal, “se está causando un gran daño, lo resentimos el año pasado; hay una sobre explotación, no sabemos cuantos litros se está llevando Ometepec”.
Néstor Sánchez denunció, el agua de “nuestro río está brotando en las calles de Ometepec”, porque la tubería se encuentra en malas condiciones y en esa ciudad, hay fugas en todas las calles.
“Estamos en buen tiempo de platicar; no queremos confrontación, pero creemos que tienen que asumir responsabilidades, porque el agua entra gratis a los tubos, pero se cobra una vez que llega a las casas”.
El 22 de diciembre de 2015, el gobernador Héctor Astudillo Flores inauguró la planta tratadora de agua potable, con una inversión de 341 millones para la obra de captación y línea de conducción de agua, y 61.9 millones para la construcción de la planta potabilizadora.
Pobladores de la comunidad de El Capricho, en el municipio de Ometepec, denunciaron que al menos el “90 por ciento” de las 117 viviendas que destinó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para El Nuevo Capricho tienen grietas en las paredes y techos, filtraciones de agua y fallas técnicas en el suministro de los servicios básicos, y “las puertas se están cayendo”.
El comisario de El Nuevo Capricho, Víctor Osorio Flores denunció que desde abril el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello se comprometió a acudir al poblado para corroborar las fallas de las casas y brindar una solución, “sin embargo, no acudió al pueblo, y cuando fuimos a sus oficinas argumentó que no hay presupuesto para construir las 27 casas (restantes) y arreglar los desperfectos”.
El comisario informó que al menos 27 familias viven en una zona de riesgo en El Capricho, mientras que la constructora encargada de la construcción de las viviendas se retiró tras alegar una millonaria deuda de la Sedatu.
Para finales de septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto entregó las primeras obras de reubicación en El Nuevo Capricho, donde serían reubicados los damnificados de El Capricho afectados por las intensas lluvias provocadas por la tormenta Manuel, con una inversión de mil millones de pesos.
En ese entonces, Peña Nieto felicitó a los pobladores que accederían a la reubicación de la comunidad ya que la tormenta dañó viviendas, comercios y los campos de cultivo.
En una llamada el comisario denunció que las 27 casas restantes siguen sin construirse y las 117 viviendas tienen desperfectos considerables y riesgos de deslave ante las lluvias.
El comisario informó que, además de las casas que faltan en el predio, hay tres templos y una unidad deportiva pendientes de construir, los cuales el Presidente prometió en su visita a la comunidad.
Agregó que debido a la desatención de la dependencia federal, los pobladores solicitarán una audiencia con entonces titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, al no tener respuesta de la delegación estatal y para revertir los problemas. (Alfonso Marín Amezcua / Chilpancingo).
En el primer semestre de 2016 hubo 165 denuncias de violaciones sexuales en Guerrero; el número de delitos en este rubro se incrementó respecto al mismo periodo de 2015, principalmente en ciudades con más hechos de violencia e inseguridad como Chilpancingo y Chilapa.
En el informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob) se presentan estadísticas generadas a partir de las denuncias de los diferentes delitos presentadas ante las fiscalías estatales, en las que se incluyen “violaciones sexuales” y “otros delitos sexuales”.
En Chilpancingo en los primeros seis meses de 2015 las denuncias de este delito fueron 15, y durante el mismo periodo de 2016 casi se duplicaron y llegaron a 29, y 16 más de “otros delitos sexuales”.
Chilapa es uno de los municipios en los que hubo un importante incremento en el número de denuncias de ese delito en el primer semestre de 2015, únicamente hubo una ante el Ministerio Público, pero en lo que va de 2016 suman ocho.
Acapulco, el municipio más poblado del estado ocupa el primer lugar en este delito, al igual que en homicidios; según la estadística del SESNSP; en junio, se denunciaron ante la fiscalía ocho violaciones sexuales.
En lo que va del año, la Segob tiene registrados 64 violaciones en el puerto, además de otros 59 que entran en la categoría de “otros delitos sexuales”.
En la misma estadística, pero de 2015, en los seis primeros meses de ese año hubo 79 violaciones sexuales, por lo que a pesar del alto número de casos en el puerto, hubo una reducción en este delito, 15 casos menos en comparación con el año pasado.
En Guerrero, en el primer semestre de 2016 se denunciaron 165 violaciones sexuales y 124 considerados como “otros delitos sexuales”.
Las ciudades que tienen mayor incidencia en este delito son Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Ometepec, que lleva en seis meses ocho casos, y Taxco con seis.
Le siguen Iguala y San Luis Acatlán, con cuatro denuncias cado uno, y Acatepec, Coyuca de Benítez, Atoyac y Tecoanapa con tres casos cada uno.
Tres campesinos y un hombre murieron luego de una emboscada en la comunidad de San José Guatemala en el municipio de San Marcos, en la Costa Chica.
El hecho fue reportado a las autoridades poco antes de las 10 de la noche del sábado, los agentes de la Policía Ministerial se trasladaron a la huerta de un vecino y observaron entre el monte a un hombre asesinado a balazos, tenía un disparo en el tórax, otro en el abdomen, en el cuello del lado derecho y en el pie. En ese lugar se localizaron tres casquillos percutidos calibre .12 (escopeta).
A unos 20 metros del cuerpo fue hallado un rifle AR-15 con ocho cartuchos útiles, a unos 150 metros los agentes encontraron una vivienda y dentro encontraron el cuerpo de otro hombre quien tenía disparos en el rostro.
A otros 80 metros los agentes encontraron una segunda casa y adentro fueron hallados dos hombres más, padre e hijo, tenían disparos en el tórax, en el abdomen y el brazo izquierdo.
Los hombres que estaban adentro de las casas fueron identificados como José Manuel de 25 años, Romualdo de 67 años y Abel de 48, los dos últimos eran padre e hijo. El primer hombre hallado no fue identificado.
Se informó que los tres hombres identificados eran campesinos y originarios de San José Guatemala, pero llevaban varios años viviendo en la comunidad de Muédano.
Según versiones de familiares, el sábado entre las 6 y 7 de la tarde los tres hombres venían del campo y fueron emboscados, los campesinos se defendieron con sus escopetas.
Se informó que los familiares no permitieron que los cuerpos fueran trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo). Sólo el cadáver que no fue identificado fue trasladado al Semefo. (Carlos Moreno A.).
Hallan la osamenta de un hombre en Ometepec y se ahogan dos niños el jueves en Xochistlahuaca
Habitantes de la comunidad de La Libertad, Ometepec, encontraron una osamenta que por las características de la ropa es de un hombre.
El jueves por la noche los pobladores avisaron por teléfono a la comandancia de la Policía Municipal.
Los animales habían devorado parte del cuerpo.
Peritos en criminalística se trasladaron al lugar para hacer las investigaciones y levantar la osamenta la cual fue trasladada y depositada en la cámara frigorífica del hospital general de Ometepec.
El jueves pasado en Xochistlahuaca dos niños de 6 y 9 años perdieron la vida al ahogarse en una poza del arroyo Lagarto, cerca de la colonia Luis Donaldo Colosio.
Según vecinos, la mamá de Moisés y Jesús acudió a lavar ropa al arroyo mientras sus hijos fueron a jugar y se alejaron.
La señora regresó a su casa pensando que los niños se habían regresado, al no encontrarlos pidió ayuda y un vecino le informó que había encontrado a los niños en la poza del arroyo.
El gobierno del estado atribuyó al crimen organizado y no a un móvil político el asesinato del gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA) en Ciudad Renacimiento, Arquímedes Guzmán Cisneros, ocurrido el martes por hombres armados que irrumpieron en las oficinas de la paramunicipal.
En un boletín de prensa, la Secretaría General de Gobierno señaló que los hechos violentos ocurridos en el estado y especialmente en Acapulco son “provocados por la violencia de los delincuentes”.
“Los conflictos entre bandas delincuenciales arrojan resultados indeseables”, afirma.
Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo, en declaraciones antes de la inauguración de la 44 edición de la Expoferia de Ometepec, dijo que “lo que está pasando, repito, es un asunto que tiene que ver con la presencia de bandas delincuenciales, con una gran facilidad se dan enfrentamientos entre ellos, ejecuciones”.
Abundó que pidió a la Fiscalía General del Estado que hiciera “un operativo serio, responsable y profundo para saber qué es lo que pasó ahí” y en otros casos, como en el del director de recursos humanos de Acapulco, Luis Andrés Lara García, asesinado el 7 de diciembre del 2015 atrás del Ayuntamiento.
Agregó que “también nos interesa ir conociendo cuáles son los grupos que están actuando al amparo de la violencia y cobijados en la delincuencia organizada para andar asesinando en Guerrero”.
Después volvió a ser abordado por reporteros al término de la inauguración de la expoferia, y a pregunta expresa de este reportero sobre la postura del PRD, llamó a ese partido a “no lucrar con lo que causa dolor, con lo que lastima a las familias, con lo que lastima a los guerrerenses”.
“Yo creo que el PRD puede decir lo que considere conveniente, como no tengo nada que ver en los ataques, yo diría que es muy lamentable cualquier circunstancia que suceda en Acapulco, que afecte la vida de un ser humano, por supuesto somos solidarios”, dijo el gobernador.
Llamó a “cerrar filas. Son momentos para entender que solamente el trabajo y la coordinación nos va a hacer ser lo suficientemente fuertes para enfrentar la adversidad que se vive en Guerrero”.
Y dijo que la próxima semana se sabrá la fecha de la sesión del gabinete de seguridad nacional.
En un comunicado, la Secretaría General de Gobierno calificó de desafortunada la postura del PRD, y lamentó el asesinato del funcionario de CAPAMA, militante del PRD e integrante de Grupo Guerrero, así como las lesiones que sufrió el encargado del departamento de detección de tomas clandestinas, Jorge Trujillo Acevedo, “y de todas aquellas personas que han perecido en este tipo de actos deleznables”.
Afirma que “los conflictos entre bandas delincuenciales arrojan resultados indeseables, de los cuales son corresponsables diversas instituciones”.
De la exigencia del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, que pide se establezca el móvil político como una línea de investigación en el homicidio de Guzmán Cisneros, el gobierno del estado criticó este planteamiento.
“La posición del Partido de la Revolución Democrática es desafortunada al pretender que los hechos ocurridos contra servidores públicos de la CAPAMA puedan obedecer a un móvil político”, se lee en el cuarto párrafo del boletín.
El gobierno aseguró que la actual administración actúa con transparencia “frente a los ciudadanos y no tiene otro objetivo que recuperar plenamente la paz social”, y atribuyó los últimos hechos de violencia en la entidad, principalmente en Acapulco, a la “violencia de los delincuentes”.
El comunicado explica que lo único que sacará adelante a la entidad es el trabajo y la coordinación, “nunca la confrontación estéril”.
Se lee también que gracias a la presencia del Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía Estatal hay mayor protección a la sociedad, y asegura que la reactivación turística se debe a la implementación de operativos de seguridad, aunque “no se ignora la imperiosa necesidad de reducir los actos violentos”.
El alcalde de Copalillo le dijo que “lo iban persiguiendo”
Por otra parte, el gobernador informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que “se apliquen” en investigar lo que sucedió el martes en la CAPAMA y los motivos del asesinato de Arquímedes Guzmán Cisneros.
El gobernador encabezó ayer el acto conmemorativo del 22 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio en el monumento que se localiza frente al parque Margarita Maza de Juárez, a unos metros del mercado municipal Baltazar R. Leyva Mancilla.
-¿Hay responsabilidad del municipio en los hechos de violencia? –preguntó un reportero.
-Yo no quisiera hablar de responsabilidades para las instituciones. A mí me parece que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, pero también me parece que es muy importante que no estemos buscando cómo lucrar políticamente con este acontecimiento.
Del atentado que sufrió el alcalde de Copalillo, el petista Getulio Ramírez Chino, la tarde del lunes cuando hombres desconocidos en camionetas particulares intentaron impactarlo ocasionando que una patrulla que lo resguardaba cayera a un barranco, lo que provocó la muerte de dos policías, Astudillo Flores dijo que se reunirá con el edil para conocer más detalles.
Dijo que el martes se comunicó con el alcalde, quien le informó que “lo iban persiguiendo”, por lo que se reunirán para platicar al respecto, y además negó que Ramírez Chino se haya acercado a él con anticipación para solicitarle apoyo en materia de seguridad, como lo informó el edil el lunes por la noche a El Sur.
Cuestionado respecto a la irrupción de hombres armados en el municipio de Chilapa la madrugada de este miércoles, el gobernador dijo que se trató de un grupo de personas que “se retiraron igual que como llegaron”, y comentó que no buscaron a ninguna autoridad ni realizaron alguna exigencia.
De la reunión que sostuvo el martes en la ciudad de México con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, sólo dijo que la evaluación al magisterio se realizará en Acapulco.
-¿Habrá vigilancia policiaca?
-Va a haber lo que siempre hay en los exámenes de evaluación, en los lugares como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y todo el país.
Finalmente, informó que este miércoles había una ocupación hotelera en Guerrero del 92 por ciento y confió en que hoy se alcance el 96.
Recorrido en Ometepec
El gobernador visitó ayer las instalaciones de la Ciudad Judicial de Ometepec, que albergará las nuevas salas orales del sistema penal acusatorio que entrará en vigor el 18 de junio.
Astudillo Flores estimó que serán unos 200 millones de pesos los invertidos en las obras de remodelación y construcción de los edificios en el estado.
Además informó que se invertirán 180 millones para salarios de los trabajadores, y a través de la Iniciativa Mérida serán amueblados los edificios pero no precisó la cantidad.
Después acudió a las instalaciones de la Expoferia de Ometepec, donde inauguró el evento y entregó a los organizadores 250 mil pesos, además de 450 mil pesos para la rifa de 15 sementales.
Estuvo acompañado por el alcalde perredista de ese municipio, Omar Estrada Bustos, además de los 14 alcaldes de los municipios de la Costa Chica.
Acudió el senador René Juárez Cisneros; el presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena; el secretario de Operación Política del PRI, Manuel Añorve Baños; el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Rafael Navarrete Quezada; el director general de CICAEG, Javier Taja; el titular de SAGADEGRO, Juan José Castro Justo; y el presidente de la Unión Ganadera Regional del estado, Atalo Niño Ramírez.
Hombres armados irrumpieron la noche del martes en la casa del sacerdote Zacarías Melo Candela en la comunidad de Zacualpan, municipio de Ometepec; los pistoleros golpearon al asistente del prelado, Salvador García Gómez a quien encontraron en la vivienda.
En breves declaraciones, el alcalde perredista de Ometepec, Omar Estrada Bustos negó que el atentado fuera en contra del sacerdote, y aseguró que fue dirigido contra el secretario y ayudante del presbítero, “fue una agresión a un asistente de él”, pero no precisó los motivos.
Indicó que funcionarios del Ayuntamiento orientaron al sacerdote y a su ayudante para que presentaran una denuncia en el Ministerio Público para que se investigue la agresión.
Vecinos de la comunidad, la cual se ubica a media hora de la cabecera municipal y tiene una población de 2 mil 500 habitantes, informaron que entre las 7 y 8 de la noche, hombres armados llegaron a la iglesia buscando al párroco, quien no se encontraba, y después se dirigieron a la casa de éste.
En la casa sólo encontraron al ayudante, a quien golpearon, y según vecinos, antes de que los agresores entraran a la vivienda se escucharon detonaciones de arma de fuego. Luego de la agresión la población resguardó al hombre golpeado y otro grupo esperó al presbítero en la entrada de la comunidad, quien llegó acompañado por policías municipales.
La policía comunitaria no puede entrar a la cabecera
El alcalde de Ometepec, Omar Estrada Bustos sostuvo que los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) no pueden entrar a la ciudad de Ometepec, pues ésta no es considerada como zona indígena, y expresó que la corporación sí puede operar en 13 comunidades donde existe población indígena.
El presidente manifestó que no está en contra de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Cochoapa, e incluso dijo que ha sostenido un diálogo con los dirigentes.
“La única petición es que se mantengan dentro de su territorio. De acuerdo con la Ley 701, ésta aplica sólo para comunidades indígenas y en este caso el ejido”, expresó.
Estrada Bustos reconoció que la Policía Comunitaria ha sido “funcional” en sus comunidades, “en la ciudad es complicado porque tiene que ver con la impartición de justicia, acuérdate que el sistema de justicia comunitario opera únicamente en comunidades indígenas”, e insistió que la ciudad no es considerada indígena.
El estudiante homosexual encontrado muerto el sábado en San Marcos era simpático, no se metía en problemas, le gustaba modelar y en la escuela era regular, describieron sus amigos, maestros y vecinos de la cabecera municipal, que exigieron justicia y castigo al o a los homicidas del estudiante del Colegio de Bachilleres 10, Rubén Villanueva Rodríguez
Uno de sus amigos, que también se asume como homosexual, reclamó que a nadie le hacen mal, y dijo que Rubén se ganó el cariño de los pobladores y demandó respeto.
Recordó que el viernes fue la última vez que se vieron, en una fiesta de 15 años; dijo que a Rubén algo no le pareció de la fiesta y le pidió a su amigo que se fuera, y que él haría lo mismo. El domingo, el cuerpo del estudiante fue encontrado semidesnudo, con golpes en la cara y la cabeza.
En los primeros dos meses y medio de este año, en municipios de la Costa Chica fueron asesinados cinco jóvenes homosexuales; dos en Ometepec, dos en Juchitán, y el más reciente, Rubén Villanueva, en San Marcos.
El joven cumplió la mayoría de edad el 9 de febrero. Desde los 7 años su abuela se hizo cargo de él, cuando su mamá murió. Para apoyarse en sus gastos vendía flanes; publicaba un anuncio en su cuenta de Fecebook.
El director del colegio de Bachilleres donde estudiaba Rubén, Otoniel Berral Adame dijo que el pueblo está enojado por el crimen, “el gobierno debe de actuar y tener un precedente para que no vuelva a ocurrir”.
Recordó que el estudiante, que cursaba el tercer año, era amistoso con todos sus compañeros y maestros. Era un estudiante regular que tenía un promedio de 8.
El maestro recordó que el lunes, por iniciativa de los estudiantes, salieron a marchar a las calles para exigir justicia y castigo a los responsables del asesinato. También hicieron una colecta de dinero para apoyar a la abuela y a los tíos del joven.
Cuatro de sus amigos y compañeros contaron que Rubén no tenía enemistades, cuando estaba de mal humor sólo pedía que lo dejaran solo; y no guardaba rencores.
Ninguno de ellos, ni el director, tienen indicio del porqué el estudiante fue asesinado con tanta saña.
El pasatiempo del joven estudiante era el modelaje, quería ser modelo como Susana Rentería la Miss Guerrero, comenta uno de sus amigos más cercanos, que exigió que el asesinato no quede impune, que no se le dé carpetazo, y suplicó que la modelo visite la tumba de su amigo, porque la admiraba.
El estudiante gustaba de hacer ejercicio, en los últimas semanas había dicho que participaría en el concurso de la feria de San Marcos en abril, ayudando a una candidata a alcanzar la corona. En un celular, los estudiantes amigos de Rubén enseñan la última selfie que se tomó el joven hace ocho días en la cancha techada de la escuela. Luce sonriente. Es el ultimó recuerdo que tienen de él.
Vecinos comentaron que el estudiante era alegre y a les hablaba, un taxista lo consideró respetoso, y recordó que el joven defendía su pensar. En la casa de Rubén en el barrio de la Santa Cruz a las orillas de la cabecera la familia aún le llora, un altar en su memoria, hay flores y un retrato del estudiante. Sus tíos y su abuela prefirieron no dar declaraciones.
El sábado dos estudiantes, uno de ellos homosexual, fueron asesinados en distintos hechos en los municipios de Ometepec y San Marcos. Este es el quinto homicidio de un homosexual en la Costa Chica en lo que va del año; dos en Ometepec y dos en Juchitán. Además el viernes fue hallado el cuerpo de un taxista en Cuajinicuilapa y junto a él dejaron un mensaje donde lo acusaron de ser informante de delincuentes.
Luego de un reporte, a las 8 de la mañana las corporaciones policiacas hallaron el cuerpo de Rubén Villanueva Rodríguez de 17 años, estudiante del Colegio de Bachilleres de San Marcos, en el panteón viejo del municipio.
Según reportes, el estudiante homosexual estaba semidesnudo y tenía golpes en la cara y la cabeza. A un lado del cuerpo estaban unos tabicones de concreto y una cruz de madera que presumiblemente fueron utilizados para asesinarlo.
El sábado también por la mañana pero en Ometepec, fue asesinado otro estudiante de la escuela privada Centro Universitario del Pacífico Sur (CUPS). Según reportes oficiales el joven Alberto Santiago Rodríguez fue atacado cuando circulaba en su automóvil en la calle Hermenegildo Galeana en el Barrio de El Carmen, en ese municipio.
El viernes por la mañana fue localizado el cuerpo del taxista de la ruta Cuajinicuilapa-Ometepec, en un camino de terracería en la comunidad de El Terrero, Cuajinicuilapa, la víctima fue identificada como Adrián Chávez Morga de 23 años.
El comisario encontró que el taxista que tenía un disparo en la cabeza, y cerca casquillos percutidos calibre .38 súper. El cuerpo fue recogido por sus familiares. En el lugar quedó el taxi del joven y una cartulina donde lo acusaban de ser “halcón (informante)” de un grupo delincuencial.
