A 10 días de que el Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenara la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que los representantes legales de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos no han sido notificados oficialmente del fallo.
El 5 de junio los magistrados emitieron el fallo en el que especifican que la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Dicha comisión debía formarse diez días después de que las partes involucradas fuesen notificadas.
Consultado vía telefónica sobre la formación de la comisión y el seguimiento jurídico del fallo, Rosales Sierra declaró que los representantes legales de los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos no han sido notificados de manera oficial.
“Seguimos teniendo reuniones para poder seguir estructurando esta comisión, sin embargo a la fecha (ayer) no hemos sido notificados todavía de tal manera que el plazo no ha empezado a correr para nosotros, tendrían que notificarnos pero no ha ocurrido”, explicó.
Dijo que desconoce si la PGR ya fue oficialmente notificada mientras que los padres y madres de familia con los abogados que los representan siguen con el análisis del fallo, así como de los posibles integrantes de la Comisión de la Verdad de quienes prefirió no entrar en detalles pues “sería muy incipiente, muy aventurado”.
Por último señaló que seguirán a la espera de que se les notifique de manera oficial así como a la respuesta de las autoridades para saber, “si van a cumplir o no van a cumplir” lo establecido en el fallo que faculta a la Comisión de la Verdad para tener acceso libre e inmediato “a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
El juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México sentenció al fundador de Guerreros Unidos, Cleotilde Toribio Rentería, El Tilde, a 29 años de prisión y a su contador a 21, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
La sentencia contra el ex líder del grupo criminal relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, fue porque se le acreditaron los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos, así como contra la salud.
El ex líder en 2010 fue identificado como integrante del Cártel Independiente de Acapulco del que se separó para fundar Guerreros Unidos, y fue detenido luego de un enfrentamiento en la zona de Santa Fe en la Ciudad de México, el 9 de julio de 2012 y desde entonces recluido en una cárcel federal. Durante su detención le decomisaron armas de fuego y un millón 38 mil pesos.
Toribio Rentería es mencionado en el expediente de la PGR por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por Sidronio Casarrubias Salgado (detenido), quien señaló a El Tilde como fundador de Guerrero Unidos.
En un comunicado la PGR informó que el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, le impuso a El Tilde, 29 años de prisión, mientras que su contador Mario Saúl Farfán Ruiz, El Guachito, recibió la pena de 21 años, además fueron sancionados con una multa de 62 mil 330 pesos cada uno. (Redacción / Chilpancingo).
Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que acate la instrucción del poder Judicial, y “sepulte” la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), con la creación de una comisión especial investigadora sobre el caso Ayotzinapa, como ordenó el Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas.
En conferencia de prensa este jueves en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los familiares expresaron que la sentencia del tribunal -la cual establece que en esa comisión tengan una participación preponderante los representantes de los padres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)-, comprueba que “el actual gobierno les ha mentido y ocultado información”, y exhortaron al presidente a expresar públicamente la voluntad de su gobierno de acatar el fallo emitido el lunes.
A cuatro días de haber sido difundida la sentencia, Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, manifestó: “señor presidente Enrique Peña Nieto, le exigimos a usted que acate la resolución del Poder Judicial, ya que ustedes mismos nos decían que todas las resoluciones iban a ser cumplidas. Exigimos la voluntad de garantizar que se realice la comisión de investigación. Pedimos una declaración de voluntad política del presidente, el gobierno nos ha fallado una y otra vez”.
Acompañados del director del Centro Prodh, Mario Patrón, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales, y Humberto Guerrero de Fundar Centro de Análisis e Investigación, los familiares de los 43 normalistas hicieron “un reconocimiento a los valientes magistrados” por la sentencia que reconoce múltiples irregularidades e indicios de tortura contra algunos de los indiciados.
Las madres y padres también mencionaron el informe que presentó este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala que la investigación tiene muchas deficiencias, además de refrendar la inviabilidad de la versión oficial que sostenía que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas vaciadas en el río San Juan. También demandaron que los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) vuelvan al caso.
Es necesaria una expresión pública del presidente, dice el Centro Prodh
Mario Patrón resumió que “en más de tres años y medio los familiares de las víctimas ya no confían en el gobierno federal”, por lo que es necesaria “una expresión pública del mandatario de su voluntad de acatar la sentencia. El informe de la CIDH es devastador, nos dice claramente que hay que sepultar la teoría del basurero y cumplir la sentencia”.
Remarcó que la sentencia “es inédita y da la oportunidad para crear un mecanismo extraordinario de justicia y verdad. Estamos frente a un caso de graves violaciones a derechos humanos, habla de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, y justo es alrededor de las condiciones de autonomía e independencia que deberían tener los órganos de Estado en este tipo de casos, en donde son las propias instituciones públicas las que están cuestionadas en la comisión de los hechos”.
Añadió que la CIDH “instó al Estado mexicano a acatar la resolución del primer tribunal, que ordenó que se reabra la investigación”, y que “es momento en que los candidatos presidenciales se pronuncien respecto al ordenamiento judicial, toda vez que buena parte de la ejecución de la sentencia le corresponderá implementarla al próximo gobierno”.
Hasta ahora, dijo, dos de los candidatos, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, “han hablado de mecanismos especiales para que se haga justicia en el caso Ayotzinapa, ahora, a la luz de la sentencia, sería importante que todos los candidatos se pronunciaran”.
“La justicia, lenta pero segura”
Vidulfo Rosales, representante legal de los padres, informó que están trabajando con los familiares las propuestas que se harán “para integrar la comisión que investigará nuevamente la desaparición de los normalistas”.
Indicó que cuando el tribunal notifique a las partes la sentencia, “el Ministerio Público tendrá 10 días hábiles para cumplir el ordenamiento de presentar peritajes independientes del Protocolo de Estambul de los inculpados que apelaron en principio a la orden de aprehensión, origen de la sentencia del tribunal colegiado.
“Lo que los magistrados piden, en el caso de los inculpados, es una investigación por las denuncias de tortura y una reposición de procedimiento acerca de un caso que fue construido sobre montajes, y una vez que ello ocurra se podrá dar lugar a la creación de la comisión en los siguientes 10 días”.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz insistió en que se trata de una sentencia que debe ser acatada.
“Hoy no estamos ante una recomendación de instituciones internacionales, como la CIDH o de la Organización de Naciones Unidas, hoy es una sentencia de un juez mexicano y tiene que acatarla”.
“Una vez más se confirma que nunca existió la ‘verdad histórica’ y que el resolutivo judicial confirma que la justicia es lenta pero llega”.
Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos informaron su decisión de rechazar los 500 mil pesos que la sentencia plantea como indemnización, y advirtieron que si los inculpados salen libres por tortura será responsabilidad de la PGR.
Asimismo propusieron una mesa para crear la comisión de la verdad.
María Elena Guerrero, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, dijo que la sentencia les da “otro motivo para estar de pie, para sepultar la verdad histórica y que se abran nuevas líneas de investigación”.
En opinión de Blanca Nava, otra de las madres, la formación de una comisión “es una oportunidad para que regresen los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes. Es lo que queremos, porque ellos descubrieron anomalías del gobierno y dejaron líneas de investigación que no se han cumplido”.
Los padres de familia exhortaron a los candidatos presidenciales a comprometerse a cumplir la sentencia del tribunal, que ordena establecer una comisión de la verdad en caso de que no pueda lograrse en lo que resta del año.
Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa; PGR no fue imparcial
Estará integrada por los representantes de las víctimas, la CNDH y el MP federal, y las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Por la resolución de un amparo se deberá reponer el proceso a cuatro presos presuntos miembros de Guerreros Unidos
Agencia Reforma
Ciudad de México
En un hecho inédito un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo, El Gil, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma, el fallo “consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.
“De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, dice el fallo suscrito por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
En esta comisión podrá validarse la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Según la resolución a los cuatro presuntos delincuentes también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El colegiado refiere que para definir si serán o no procesados, antes se deberá requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.
De no hacerlo, según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos y concluir que, efectivamente fueron torturados.
Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio. pues en el caso Ayotzinapa la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.
Los magistrados invocan en su sentencia el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el Artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.
También justifican su fallo en los artículos 20 y 21 constitucionales sobre el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la atribución para indagar del Ministerio Público.
Los quejosos que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo, El Gil, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
También Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, Duba o Duvalín, supuesto lugarteniente de El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, halcón o vigilante de Guerreros Unidos.
Rechaza la PGR la orden del tribunal; desconoce división de poderes y facultades del MP, reclama
La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
En un comunicado la dependencia dijo que si bien no ha sido notificada oficialmente del fallo, ya hizo una revisión de la versión pública de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas y, con base en ella manifiesta su desacuerdo.
“La PGR no ha sido notificada hasta este momento, sin embargo realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dado a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”, indicó en un comunicado.
“No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.
En la resolución el tribunal concluye que la investigación de la PGR sobre la desaparición de los normalistas no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Ordenó reponer el procedimiento a cuatro implicados en el caso por existir indicios de que su confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
Al respecto la PGR señaló que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica, conforme al Protocolo de Estambul.
“La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, añadió.
“La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso”. (Agencia Reforma / Ciudad de México).
Celebran ONG el fallo por el caso Ayotzinapa y califican de “histórica” la sentencia
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Las asociaciones civiles de derechos humanos que representan a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, calificaron de “histórica” la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordenó reponer el procedimiento de la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y la creación de una Comisión para la Justicia y la Verdad para este caso.
Destacaron entre otros puntos de la sentencia, “la actuación parcial y sin autonomía” de la Procuraduría General de la república (PGR) que no exploró líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército y a la Policía Federal, ni posibles actos de tortura que también se atribuyen a la Secretaría de Marina Armada de México.
En un comunicado Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideraron importante la resolución como un aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso, frente a múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Mencionan que el gobierno federal siempre dijo que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria, “hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible, y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.
Aclararon que los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 que motivaron la sentencia Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito fueron presentados por algunos acusados, que señalaron haber sido objeto de tortura, no fueron promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.
La investigación de la PGR estuvo dirigida
De la sentencia destacaron que el tribunal “pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes”.
La resolución “insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía, por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma”.
Señalaron la ausencia de independencia e imparcialidad de PGR que se plasma en el párrafo 1033 de la sentencia, donde dice que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal, y encima de ello tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.
Asimismo, en el párrafo 1148 de la sentencia se indica que la investigación de la PGR “estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan”.
En el 1149 agrega que “al conceder un peso excesivo a la referida versión se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.
Por lo anterior el tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párrafo. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR.
Puntualiza que en su conformación debe haber participación de las víctimas, de sus representantes, de la CNDH y de organismos internacionales, y recomienda un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó dos periodos en la investigación.
Las ONG exigieron un compromiso público del gobierno federal en lo que resta del sexenio de que no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del caso, y que la implementación del fallo sea previamente consultada con las víctimas y sus representantes.
Etiquetas: México, Guerrero, Iguala, Ayotzinapa, Cocula, 43, desaparecidos, Normal Rural de Ayotzinapa, Tribunal Colegiado de Tamaulipas, Comisión de la Verdad
El 8 de octubre de 2014, un presunto integrante de Guerreros Unidos detenido por la PGR, Agustín García Reyes, El Chereje, fue llevado a la colonia San Juan y al basurero de Cocula Foto: Lenin Ocampo Torres
En un hecho inédito un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo, El Gil, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma, el fallo “consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.
“De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, dice el fallo suscrito por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
En esta comisión podrá validarse la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Según la resolución a los cuatro presuntos delincuentes también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El colegiado refiere que para definir si serán o no procesados, antes se deberá requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.
De no hacerlo, según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos y concluir que, efectivamente fueron torturados.
Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio. pues en el caso Ayotzinapa la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.
Los magistrados invocan en su sentencia el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el Artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.
También justifican su fallo en los artículos 20 y 21 constitucionales sobre el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la atribución para indagar del Ministerio Público.
Los quejosos que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo, El Gil, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
También Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, Duba o Duvalín, supuesto lugarteniente de El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, halcón o vigilante de Guerreros Unidos.
La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
En un comunicado la dependencia dijo que si bien no ha sido notificada oficialmente del fallo, ya hizo una revisión de la versión pública de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas y, con base en ella manifiesta su desacuerdo.
“La PGR no ha sido notificada hasta este momento, sin embargo realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dado a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”, indicó en un comunicado.
“No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.
En la resolución el tribunal concluye que la investigación de la PGR sobre la desaparición de los normalistas no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Ordenó reponer el procedimiento a cuatro implicados en el caso por existir indicios de que su confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
Al respecto la PGR señaló que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica, conforme al Protocolo de Estambul.
“La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, añadió.
“La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso”. (Agencia Reforma / Ciudad de México).
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) asumir su competencia y pronunciarse sobre los documentos en su poder relacionados con el asesinato de Arturo Hernández Cardona, defensor de Derechos Humanos en Guerrero.
Hernández Cardona fue líder del movimiento campesino Unidad Popular, que se declaró en franca oposición al presidente municipal de Iguala José Luis Abarca, quien estuvo al frente del Ayuntamiento de enero 2012 a octubre 2014.
Una particular solicitó a la PGR todos los documentos en su poder relacionados con el asesinato de Arturo González (error de origen en la solicitud), radicado en el expediente HID/SC/01/0758/2013 y asignado por el Ministerio Público del estado de Guerrero.
Sin embargo la PGR se declaró “notoriamente incompetente” para conocer de la solicitud, con el argumento de que lo requerido no está ligado a las facultades que tiene la dependencia para investigar y perseguir delitos del ámbito federal.
La PGR indicó que la información solicitada podría estar relacionada con las atribuciones de la Fiscalía General de Guerrero, por lo que sugirió presentar la solicitud ante la misma.
Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión ante el Inai en el que manifestó como agravio que la PGR no realizó una búsqueda exhaustiva, para determinar la posesión de la información solicitada.
La PGR reiteró su incompetencia en la fase de alegatos.
Al analizar el caso la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez advirtió que la PGR, a través de la Unidad de Transparencia, se limitó a manifestar su incompetencia para contar con los documentos requeridos, sin realizar una búsqueda exhaustiva de la información en diversas áreas facultadas para atraer expedientes, carpetas de investigación y averiguaciones previas instauradas en las fiscalías locales.
A juicio de la ponencia de Salas Suárez, la PGR “sí puede conocer de lo requerido”, ya que diversas áreas a su cargo cuentan con esa facultad de atracción de investigaciones por delitos del fuero común.
Por ello, a propuesta de la ponencia del comisionado Salas Suárez el pleno del Inai consideró fundado el agravio de la particular, revocó la respuesta de la PGR y le instruyó a que asuma competencia para conocer de lo solicitado y emita la respuesta que en derecho corresponda, conforme al procedimiento establecido en la Ley Federal de Transparencia.
Salas Suárez refirió que de acuerdo con diversas notas periodísticas el asesinato de Arturo Hernández es atribuido al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien también se le relaciona con los ataques a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Indicó que según una entrevista concedida al periódico El País, Nicolás Mendoza Villa entonces colaborador de Arturo Hernández relató que el secuestro, tortura y muerte del activista fue perpetrado por agentes del Estado, mismos que son investigados por asociarse con el crimen organizado u otros agentes privados, tal como sucedió en otros sucesos como Atenco, Apatzingán, Ayotzinapa, San Fernando, Tlatlaya o Nochixtlán.
“Sus características responden a los parámetros del derecho internacional para calificarlos como violaciones graves a derechos humanos, como lo explican fuentes expertas como los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que colaboró en la investigación del caso Ayotzinapa, o la organización Open Society Foundations en su informe Atrocidades Innegables de 2016, apuntó.
En dicho informe señaló el comisionado del Inai, se ofrece evidencia para afirmar que: “la magnitud de los asesinatos, desapariciones y torturas durante varios años satisface el umbral legal para ser considerados como un fenómeno generalizado. Asimismo, la amplitud, los patrones y la intensidad de los delitos sugieren firmemente que también pueden ser considerados como fenómenos sistemáticos”.
Por ello Salas Suárez insistió en la importancia de constituir y fortalecer las instituciones en materia de combate a la corrupción, toda vez que “las autoridades que formamos parte del Sistema Nacional Anticorrupción y las que forman parte de los Sistemas Locales Anticorrupción, no podemos permitir que la corrupción y la impunidad debiliten la capacidad del Estado”.
“La información pública contiene la evidencia que servirá para investigar y esclarecer casos como el de Arturo Hernández Cardona. Es el insumo por excelencia para fincar las responsabilidades correspondientes e intentar dimensionar las reparaciones debidas a las víctimas y sus allegados, pero también para que cada historia se conserve en la memoria de los mexicanos y que nunca más se repitan”, concluyó.
El trabajador del rancho La Pequeña, a unos 5 minutos de la comunidad Coyuquilla Norte en el municipio de Petatlán, Ángel Rivera Melitón denunció que marinos y agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) allanaron esa propiedad, lo golpearon y se llevaron dinero en efectivo, documentación, llaves de diferentes vehículos, entre ellas las de un tractor.
Rivera Melitón, quien se desempeña como huertero en la propiedad denunció que el 28 de mayo entre las dos y tres de la tarde, “muchos marinos” y agentes de la PGR en vehículos oficiales entraron a esa propiedad que se ubica en la zona costera oriente del municipio de Petatlán, a un costado de la carretera nacional Zihuatanejo-Acapulco, a unos cinco minutos pasando la comunidad Coyuquilla Norte con dirección a la cabecera municipal de Petatlán.
Agregó que estaba acompañado de su esposa y sus cuatro hijos de 18, 16 y 13 años de edad, “uno de los gemelos de 13 años es de capacidades diferentes, cuando entraron los marinos y vio todo lo que estaban haciendo se puso muy mal”.
Ángel comentó que los marinos le quitaron a él y a su esposa sus teléfonos celulares para revisárselos, así como revisaron de manera exhaustiva la casa del dueño del rancho y el resto de la propiedad, al tiempo que del interior de la casa del propietario se llevaron 60 mil pesos en efectivo que iban a ser utilizados para pagar a los peones y comprar insumos, así como toda la documentación que encontraron en la que iban las facturas de los vehículos y de la maquinaria como un tractor.
Además tomaron las llaves de los carros, “dejaron todo un desorden por todos lados, cuando se metieron a la casita donde vivimos con mi familia se llevaron 8 mil pesos y unos aretes de mi esposa”.
Añadió que a él lo vendaron de los ojos y lo esposaron, para luego llevárselo con rumbo desconocido donde lo golpearon mientras le exigían que les dijera el nombre del dueño del rancho y dónde se encontraba, “yo les dije que el dueño es una persona conocida, que junto con su familia se han dedicado a trabajar en su huerta sembrando el coco y criando vacas, que no sabía por qué me golpeaban si no somos gente de mal”.
“Los marinos me soltaron como a las 8 de la noche, me dejaron lejos de la carretera y me dieron 100 pesos que para que agarrara un taxi y me regresara al rancho, yo tengo miedo de que ellos regresen otra vez a hacer lo mismo porque están aquí mis hijos, uno no es gente que ande haciendo males, nosotros tenemos años trabajando en este rancho con mi patrón, cuidando la huerta y los animales”.
Hizo un llamado a las autoridades federales “que hagan su trabajo y no abusen de su autoridad con la gente inocente”.
El viernes la señora Anabel Álvarez Sánchez, vecina de la comunidad El Parotal en el municipio de Petatlán acompañada de comisarios municipales y comisariados ejidales de esa zona, denunció que en la madrugada del 28 de mayo soldados de la Secretaría de Marina allanaron su casa, hicieron destrozos y se llevaron documentación, mercancía, ropa y artículos de valor. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).
El activista y buscador de fosas clandestinas, Mario Vergara Hernández denunció que los gobiernos estatal y federal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR) simulan la búsqueda de los desaparecidos, luego de que se evidenció con fotografías que los carteles para anunciar la recompensa a quien informe de su hermano desaparecido, fueron hallados en una oficina de la Fiscalía regional, al parecer protegiendo parte de una impresora.
“Esta es la realidad que estamos viviendo los familiares de los desaparecidos, el gobierno sólo simula buscar a nuestros familiares. Nosotros ya les demostramos que sí se pueden encontrar, ellos tienen la preparación, tienen el dinero y el equipo, pero sólo simulan y eso causa rabia, impotencia y tristeza”, se quejó.
En redes sociales se publicaron fotografías de los carteles que emitió la PGR para ofrecer recompensas económicas para hallar a personas desaparecidas; el cartel que se ve en la imagen es el del hermano de Mario, Tomás Vergara, un taxista que fue secuestrado y desaparecido el 5 de julio de 2012, en Huitzuco.
En declaraciones por teléfono, Vergara Hernández acusó, “sólo simula el gobierno que están trabajando, y se escudan que con esos carteles están trabajando en la búsqueda de nuestros familiares”.
Mario Vergara urgió a que se reanuden los trabajos de búsqueda de fosas clandestinas y lamentó que cuando ellos buscaron en los cerros, en lugar de tener apoyo de las autoridades fueron reprimidos y amenazados con acusarlos cometer delitos por alterar escenas de crimen, “eso es lo único que va a ayudar a encontrarlos, el salir a buscarlos a esos lugares”, recriminó.
Insistió en que al gobierno no le importan los desaparecidos, y lamentó que ninguno de los candidatos a diferentes cargos de elección se pronuncie sobre el asunto, “el mismo gobierno esconde la problemática de México”.
Dijo que los familiares de desaparecidos no son de interés de los candidatos, porque lejos de darles votos, “les damos problemas, les exigimos trabajo, les hacemos mal nosotros, como familiares de desaparecidos, porque les exigimos búsqueda, trabajo y justicia que está desaparecida en nuestro país”.
Mario Vergara dio a conocer que un testigo le informó que en un cerro cerca de Huitzuco, hace cuatro años hallaron el cuerpo de un hombre adentro de una bolsa, el cual se empezaron a comer los animales; sin embargo, la gente no denunció por el miedo y la desconfianza a las autoridades.
Dijo que organizará una búsqueda de ese cuerpo, para ver la posibilidad de que encuentre algún resto para lograr su identificación.
En conferencia de prensa con Miguel Ángel Mancera y dirigentes del PRD, el coordinador de los diputados federales Jesús Zambrano dijo que la delincuencia organizada financia la campaña del candidato a alcalde Ricardo Taja y pidió a la PGR que investigue. Y?el secretario general del CEN demandó a la Secretaría de Gobernación una mesa de seguridad para Guerrero donde, dijo, el crimen impone las reglas del proceso electoral. En la gráfica, el arranque de campaña del candidato a alcalde Por Guerrero al Frente, Joaquín Badillo con integrantes de su planilla, candidatos a legisladores federales y locales, el alcalde Evodio Velázquez y el ex gobernador Ángel Aguirre Foto: Jesús Trigo
Financia la delincuencia organizada la campaña de Taja, afirma Jesús Zambrano
El coordinador de los diputados federales del PRD demanda a la PGR que investigue el origen del dinero usado por el candidato priista. “Es un secreto a voces en Acapulco que habla de esa oscura relación con grupos indeseables del candidato del PRI”, señala en conferencia de prensa
Daniel Velázquez
El candidato a alcalde de la coalición Transformando Guerrero, que integran PRI y PVEM, Ricardo Taja Ramírez es financiado por la delincuencia organizada, acusó el coordinador de los diputados federales del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, y demando a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el origen de su financiamiento.
“Es un secreto a voces en Acapulco, que habla de esa oscura relación con grupos indeseables del candidato del PRI, son de la delincuencia organizada los que se habla que tiene vínculos y que le están inyectando dinero sucio a la campaña, por eso la PGR debe poner atención, investigarlo, indagarlo”.
A pregunta sobre si el PRD presentará una denuncia, el ex presidente nacional del PRD dijo que su declaración es un llamado público y que la denuncia la presentarán cuando haya evidencia y hechos concretos, “pero dicen que cuando el río suena, es que agua lleva. Que la PGR indague, investigue, cheque el monto de financiamiento y su origen, creo que es obligación de la autoridad federal”.
En conferencia de prensa en un salón del hotel Las Hamacas, Zambrano Grijalva llamó a los ciudadanos a poner atención y no permitir que Acapulco sea gobernado por personas que “no tienen la estatura moral suficiente para conducirlo”.
“Están queriendo comprar, a como dé lugar, ganar la elección de Acapulco. A como dé lugar, sabiendo que como la presidencia de la República ya la tienen perdida, de lo perdido lo que aparezca y entonces a como dé lugar llegar (al gobierno)”.
Jesús Zambrano llamó a que el candidato del PRI sea puesto “bajo la lupa” por parte del INE, PGR y Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), porque no se debe permitir que con el “apadrinamiento oficial” se instalen en Acapulco grupos oscuros, e insistió en que se aclare el origen del financiamiento a la campaña de Ricardo Taja.
Pidió a las autoridades que se evite que el dinero sucio llegue a las campañas y que han llegado al extremo de comprar voluntades, donde puso como ejemplo al suplente del candidato a alcalde de la coalición Por Guerrero al Frente, Joaquín Badillo Escamilla, que “fue comprado por el gobierno estatal y el PRI. Está aplicando la máxima de un político mexiquense, de que todo lo que se puede comprar sale barato”.
Por separado, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, Ángel Ávila Romero, indicó que se mantendrán vigilantes de los gastos que realice Ricardo Taja en su campaña, pues saben que ha gastado “cantidades importantes de dinero, por lo menos desde hace un año”.
Zambrano Grijalva destacó que la coalición Por Guerrero al Frente lleva un “magnífico candidato” en Acapulco, que tienen la mejor propuesta programática y postulan a los mejores candidatos.
Y subrayó que en la elección del 1 de julio se define el “rumbo del país por varias décadas”.
En su turno, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México aseguró que Joaquín Badillo va arriba en las encuestas, sin dar detalles de números ni datos sobre la medición de la que habló, pero luego le dijo que no tiene fácil la contienda “porque a la campaña le faltan muchos días”.
Luego, el secretario general del CEN del PRD destacó la unidad de los tres partidos que integran la coalición y confió en que mantendrán el gobierno en el municipio.
La candidata a senadora, Beatriz Mojica, sostuvo que a la coalición que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano nadie les puede ganar, porque es poderosa y muy sólida en el territorio, “vamos ganando porque así lo demuestra el ánimo de la gente. No nos vamos a confiar porque los del PRI son muy mañosos, saben que van a perder y están haciendo uso de todos los recursos que tienen. Están desesperados y en esa desesperación, además de mañosos se vuelven peligrosos”.
En su intervención, el candidato a alcalde se dijo experto en seguridad y que el único que puede resolver el mayor problema que tiene la ciudad “se llama Joaquín Badillo y le dicen Jacko”.
De la renuncia del suplente Alfredo Campos Tabares para irse a la campaña del candidato del PRI, Ricardo Taja, el secretario general del CEN del PRD informó que ese asunto se atenderá está semana en la dirigencia nacional del partido, la próxima semana.
Cuándo se les preguntó por cuánto compraron a Alfredo Campos, el candidato a alcalde respondió que esa pregunta la debe responder el que se fue.
Después de la conferencia se organizó una comida para los perredistas en el hotel Las Hamacas.
En la conferencia estuvieron el ex presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz; el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Marco Antonio Maganda Villalva; el delegado nacional de Movimiento Ciudadano, Adrián Wences Carrasco; el vocero de la coalición, Celestino Cesáreo Guzmán; los candidatos a diputados locales de Acapulco por el distrito 03, Francisco Rodríguez Otero; por el 04, María Antonieta Guzmán; por el 06, Alejandra Aguirre; por el 07, Guadalupe Urbina, y por el 08, Daniel Meza Loeza. Mojica Morga justificó que el presidente nacional del partido, Manuel Granados Covarrubias, no pudo asistir porque debía estar en el debate, con el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés.
Urge el PRD a la Segob a instalar la mesa de seguridad ante la situación en Guerrero
La violencia está desbordada y el crimen organizado impone las reglas del juego electoral en el estado, advierte el secretario general del CEN
Daniel Velázquez
El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, Ángel Ávila Romero, demandó que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, instale la mesa de seguridad en el estado porque el problema de la violencia del crimen organizado “está desbordado, principalmente aquí en Guerrero”.
En declaraciones después de una conferencia que encabezó el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinoza, en un salón del hotel Las Hamacas, Ávila Romero alertó que el problema de la inseguridad pone de manifiesto que “el crimen organizado está imponiendo las reglas del juego electoral en Guerrero y eso es lo que no se puede permitir”.
Señaló que observan omisión y desinterés por parte del gobernador Héctor Astudillo Flores para pedir ayuda a la federación y atender el problema de la inseguridad.
“Aquí, en Guerrero, la violencia debe combatirse de manera coordinada entre el gobierno del estado y el gobierno federal, pero si el estado no quiere coordinarse, Guerrero está abandonado y los que más sufren son los ciudadanos y los candidatos”.
Indicó que en el PRD más de 20 candidatos, entre alcaldes, síndicos, regidores y suplentes, han renunciado a participar en la contienda electoral por la inseguridad, porque hay municipios como Tixtla, Chilapa, Pungarabato y Arcelia “donde hacer campaña, para todos los candidatos, es casi imposible”.
Las recomendaciones que les han dado a sus candidatos, agregó, es que en caso de que reciban alguna amenaza, que hagan la denuncia y que lo comuniquen a la dirigencia nacional.
A pregunta sobre las declaraciones del presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta, de que esa institución no puede hacer nada contra la inseguridad porque los consejeros “no son policías”, Ángel Ávila dijo que por eso es necesario que la Secretaría de Gobernación reinstale la mesa de seguridad con todos los partidos, porque el INE puede solicitar a otras instancias que coadyuven y en el caso de Guerrero, sería en esa mesa donde se podría llevar el diagnóstico de la entidad.
Sobre el mapa de riesgo elaborado por el gobierno del estado, que se entregó a los dirigentes de los partidos, opinó que es ridículo porque no se puede hacer campaña en el 80 por ciento del territorio estatal.
Confió en que la inseguridad no va a inhibir a los guerrerenses y saldrán a votar el 1 de julio, donde tendrán el triunfo los candidatos del Frente.
El coordinador de los diputados federales del PRD demandó que la federación tome las riendas de la seguridad en el estado, porque se vive una situación difícil, que ha llevado a 20 candidatos a renunciar a sus aspiraciones por la inseguridad.
“Guerrero es un estado muy complejo, que lamentablemente ha sido copado en regiones muy grandes de su territorio, por la delincuencia organizada. Lo que ha llevado a que cerca de 20 candidatos hayan renunciado a seguir en la contienda”.
Con acusaciones al gobierno estatal por sabotaje y arropado por Mancera y Aguirre, arranca Badillo
“Voy a recuperar la seguridad en Acapulco”, dice el candidato a alcalde de Por Guerrero al Frente que forman PRD, PAN y Movimiento Ciudadano
Daniel Velázquez
La campaña del candidato a alcalde de la coalición Por Guerrero al Frente, Joaquín Badillo Escamilla, comenzó con acusaciones al PRI y al gobierno del estado por intentar sabotear su mitin.
En sus intervenciones, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, Ángel Ávila Romero, y el coordinador de los diputados federales del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, señalaron que hubo un intento de saboteo del mitin de arranque de campaña de Badillo Escamilla. Ambos acusaron al PRI y al gobierno del estado.
El ex aspirante a la candidatura a alcalde de Acapulco por el PRD, Francisco Torres Miranda, contó que lo que sucedió es que los camiones contratados para ir a las colonias por la gente no llegaron.
Ayer, un tramo de unos 400 metros lineales de la calle Andrés de Urdaneta, que va desde la calle Juan R. Cabrillo hasta Capitán Malaspina, fue cerrado para el mitin de arranque de campaña del candidato de la coalición Por Guerrero al Frente. El templete se instaló en el cruce de la calle Sebastián Vizcaíno.
En el lugar se congregaron unos 5 mil personas, pero los organizadores estimaron la asistencia en 37 mil al mitin. La gente estuvo dispersa para resguardarse del sol y un gran tramo del espacio reservado para los asistentes al mitin permaneció vacío.
En su discurso, el candidato a alcalde ofreció seguridad para todo Acapulco, dijo que sabe que el cobro de cuota y la extorsión ca cargo de grupos del crimen organizado es lo que le duele al municipio. “Voy a luchar y voy a recuperar la seguridad en Acapulco”.
Llamó a luchar sin descanso en los próximos 42 días para ganar “con todo y sin miedo” el 1 de julio, “es ahora o nunca”.
Agradeció al PRD que le abrió la puerta “a un ciudadano experto en seguridad”, y dijo que estaba “completamente emocionado” y coreó una de las porras que un grupo de mujeres gritaba “ya llegó, ya está aquí el que va a chingar al PRI”.
La candidata al Senado, Beatriz Mojica Morga, convocó a los tres partidos a “ir en unidad con Joaquín Badillo: es el hombre que va a darnos seguridad en Acapulco”, y destacó que la alianza de los tres partidos y la postulación de los candidatos es un hito histórico.
Por su parte, el alcalde Evodio Velázquez llamó a apoyar a Joaquín Badillo y a caminar en unidad por el progreso de Acapulco.
El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinoza, indicaron que en Acapulco los rumores dicen que “el próximo presidente de Acapulco se llama Joaquín Badillo, mejor conocido como Jacko”
Al arranque de campaña también asistieron el ex presidente del CEN del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, y los presidentes estatales del PRD, Ricardo Barrientos Ríos; del PAN, Marco Antonio Maganda Villalva, y de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto.
Rambién el candidato al Senado en la segunda fórmula, Mario Ramos del Carmen, la suplente de Beatruz Mojica, Silvia Romero Suárez; los candidatos a diputados federales por el distrito 04, Ricardo Mejía Berdeja, y del 09, Napoleón Astudillo Martínez; los candidatos a diputados locales por el 03, Francisco Rodríguez Otero; por el 04, María Antonieta Guzmán Visairo; por el 05, Ernesto González Pérez; por el 06, Alejandra Aguirre; por el 07, Guadalupe Urbina; por el 08 Daniel Meza Loeza, y por el 09, Perla Edith Martínez Ríos.
El saboteo fallido
Jesús Zambrano señaló que “quisieron evitar que aquí se dieran cita, en el transporte que se había pagado, pagaron el doble o el triple para que no llegaran”.
En su mensaje, el secretario general del CEN del PRD, Ángel Ávila, acusó que hubo un intento de “saboteo del PRI y de su oscuro candidato” para evitar que se llevara a cabo el mitin.
“La campaña del miedo no nos va a hacer temblar, decirle al PRI, a Morena y al PT que aquí esta el PRD PAN y MC y vamos a volver a ganar la presidencia de Acapulco”, aseguró.
Les pidió a los asistentes que confíen en Joaquín Badillo porque va a transformar Acapulco.
Lo llaman joven preparado y empresario exitoso
La mayoría de los oradores lanzaron elogios para el candidato a alcalde, e invitaron a los asistentes a corear su nombre y la frase que más usaron fue la de “empresario exitoso”.
En su intervención, Ángel Aguirre destacó la formación académica de Joaquín Badillo y sostuvo que el candidato se ha preparado para enfrentar el principal problema que tiene Acapulco, que es la inseguridad.
Luis Walton lo llamó “joven preparado” y pidió no perder la oportunidad de llevarlo a la presidencia municipal.
Aguirre anunció que Badillo recuperará los programas sociales de entrega de uniformes escolares gratuitos a los niños de Acapulco, de ayuda a madres solteras, transformando nuestro entorno.
