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Recorren comunitarios de la CRAC la Montaña, Costa Chica y el Centro; piden que no se modifique la Ley 701

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) hicieron una campaña de información en carreteras y caminos principales de la Montaña, Costa Chica y la región Centro para pedir que la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Originarios del estado no se pueda modificar ni derogar y exigir la libertad de los presos políticos de organización.
La CRAC indicó que ayer se movilizaron 12 grupos de policías comunitarios de Huamuxtitlán, siete de Tixtla, cinco de Tecoanapa, uno de Espino Blanco, cinco de Chilixtlahuaca, cinco de Dos Ríos, dos de Tlacoachistlahuaca y 12 de San Luis Acatlán.
Por medio de folletos, los comunitarios demandaron que el Congreso local modifique el artículo 1 de la Ley 701, para que sea reglamentaria de los artículos que van del 8 al 14 de la nueva Constitución del estado, y que en caso de que se modifique, tendría que hacerse previa consulta de los pueblos afectados.
Además exigieron la libertad inmediata de los detenidos en penales de Ayutla y Chilpancingo por asumir la defensa de sus comunidades bajo el sistema comunitario, como Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez, y la cancelación de las concesiones de exploración y explotación minera otorgadas por el gobierno federal a empresas transnacionales sin el consentimiento de los pueblos afectados.
En la Montaña se hizo una caravana de 10 vehículos y más de 70 policías comunitarios salieron a las 10 de la mañana de Huamuxtitlán a Xochihuehuetlán y se regresó sobre la carretera de Puebla a Tlapa pasando por las comunidades donde tienen presencia como Santa Cruz, Alpoyeca, Tlapa, Tlatlauquitepec del municipio de Atlixtac, Pochutla del municipio de Ahuacuotzingo y la cabecera municipal y se culminó en Olinalá.
La caravana, informó el comité de enlace incorporado a la Casa Matriz de San Luis Acatlán, Manuel Alejandro Gutiérrez, fue para recordar que la Ley 701 reconoce la existencia del Sistema de Justicia Comunitario como un sistema establecido formalmente por los pueblos para impartir justicia y brindar seguridad.
Dijo que es para recordar que el Sistema Comunitario debe ser respetado por las autoridades estatales y federales y que éstas coadyuven a que sea reconocido como ya se establece en la ley al ser parte del sistema normativo de los pueblos originarios.
Recordó que la Ley 701 entró en vigor en abril de 2011 pero con la reforma hecha a la Constitución de Guerrero en junio de 2014, la ley reglamentaria quedó desfasada por lo que piden se ajuste a las nuevas disposiciones.
Pidió a los diputados locales que hagan su trabajo y por plazos ésta no pueda adecuarse y termine desapareciendo o la deroguen porque no conviene a los intereses del gobierno.
Mencionó que cualquier adecuación, cambio o modificación debe ser consultado a los pueblos indígenas y las organizaciones que pudieran ser afectados.
En el recorrido por carretera los policías entregaban folletos a la gente que estaba al paso.
Hicieron un alto en Tlatlauquitepec para tomar agua y seguir el camino a Ahuacuotzingo donde llamarían a la población a incorporarse al Sistema de Justicia Comunitario ante el aumento de la delincuencia en la zona.
El cierre sería en Olinalá, de donde es la comandanta Nestora Salgado, quien tras dos años de prisión ahora se encuentra en los Estados Unidos haciendo activismo en favor de los presos políticos.

Celebrarán el 21 aniversario de la CRAC en Horcasitas, San Luis Acatlán

Sobre Nestora Salgado, vía telefónica el abogado de la CRAC, Valentín Hernández Chapa informó que la Casa Matriz de San Luis Acatlán mantiene comunicación con la ex presa política sobre sus actividades en el extranjero, “por su seguridad se ha determinado que apoye las tareas de gestión y difusión por ahora, donde quiere que esté”.
Adelantó que se está afinando una propuesta para que en el 21 aniversario de la organización comunitaria, el 15 y 16 de octubre, Nestora Salgado se incorpore formalmente a una comisión de gestión, por acuerdo de los coordinadores y consejeros regionales.
Añadió que la primera propuesta es que la comunidad de Horcasitas de San Luis Acatlán sea la sede de los festejos del siguiente aniversario de la CRAC.
De las acciones en Tixtla, el representante de la Policía Comunitaria de El Troncón, en Tixtla, Pedro Santos Bartolo informó que de las 9:30 de la mañana a las 2 de la tarde se colocó un retén informativo en el internado Adolfo Cienfuegos y Camus, en la carretera que va a Chilapa. Indicó que hicieron algunas revisiones de vehículos, práctica cotidiana en el territorio comunitario, y se llevó a cabo sin incidentes, salvo el paso de una camioneta de militares que pasaron sin detenerse en este tramo carretero rumbo a Chilapa.
Indicó que participaron en la acción los grupos de la Policía Comunitaria de la colonia El Amate, El Zapote, Niños Héroes, las comunidades, La Estacada, El Troncón, Acatempan y El Durazno.

No tiene cargo en la CRAC pero colabora con la casa de San Luis Acatlán: Nestora

La ex presa política de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García reconoció que no ocupa ningún cargo dentro de esta organización de seguridad y justicia, pero sigue colaborando con la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán desde el extranjero.
En consulta telefónica desde Washington, Estados Unidos, la comandanta que dirigió en 2013 un movimiento de seguridad en Olinalá aseguró que sigue denunciando las violaciones a los derechos humanos, el abandono en que viven los pueblos y que está tratando de abrir espacios para apoyar a los campesinos y artesanos de La Montaña.
Adelantó que en diálogos con la comunidad latina han hablado de vender artesanías de Guerrero y de Oaxaca en Estados Unidos, Canadá y España, incluso de ayudar a reconstruir escuelas, “hay mucho que hacer aparte de denunciar todos los crímenes en el estado, estamos buscando la manera de incitar, invitar a la gente para que nos apoye”.
Anunció que traerán al país a algunos técnicos que capaciten a los campesinos para producir su propio gas, sus sistemas de riego, de purificación de agua, “estamos pidiendo que donen un tiempecito, hay mucha gente con muchos conocimientos que puede ayudar invitando a que regresen, que ayuden a las comunidades, que los cambios puedan empezar de abajo”.
Dijo que esta labor es en colaboración con la Policía Comunitaria de Olinalá y con la CRAC. Informó que el mes pasado en Estados Unidos la acompañó la consejera de la CRAC, Felícitas Martínez Solano y posiblemente se incorpore al siguiente viaje previsto para octubre en EU, Canadá y Europa.

Incrementan las denuncias por violaciones en la capital y en Chilapa; van 165 en el estado

En el primer semestre de 2016 hubo 165 denuncias de violaciones sexuales en Guerrero; el número de delitos en este rubro se incrementó respecto al mismo periodo de 2015, principalmente en ciudades con más hechos de violencia e inseguridad como Chilpancingo y Chilapa.
En el informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob) se presentan estadísticas generadas a partir de las denuncias de los diferentes delitos presentadas ante las fiscalías estatales, en las que se incluyen “violaciones sexuales” y “otros delitos sexuales”.
En Chilpancingo en los primeros seis meses de 2015 las denuncias de este delito fueron 15, y durante el mismo periodo de 2016 casi se duplicaron y llegaron a 29, y 16 más de “otros delitos sexuales”.
Chilapa es uno de los municipios en los que hubo un importante incremento en el número de denuncias de ese delito en el primer semestre de 2015, únicamente hubo una ante el Ministerio Público, pero en lo que va de 2016 suman ocho.
Acapulco, el municipio más poblado del estado ocupa el primer lugar en este delito, al igual que en homicidios; según la estadística del SESNSP; en junio, se denunciaron ante la fiscalía ocho violaciones sexuales.
En lo que va del año, la Segob tiene registrados 64 violaciones en el puerto, además de otros 59 que entran en la categoría de “otros delitos sexuales”.
En la misma estadística, pero de 2015, en los seis primeros meses de ese año hubo 79 violaciones sexuales, por lo que a pesar del alto número de casos en el puerto, hubo una reducción en este delito, 15 casos menos en comparación con el año pasado.
En Guerrero, en el primer semestre de 2016 se denunciaron 165 violaciones sexuales y 124 considerados como “otros delitos sexuales”.
Las ciudades que tienen mayor incidencia en este delito son Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Ometepec, que lleva en seis meses ocho casos, y Taxco con seis.
Le siguen Iguala y San Luis Acatlán, con cuatro denuncias cado uno, y Acatepec, Coyuca de Benítez, Atoyac y Tecoanapa con tres casos cada uno.

Cierran padres una secundaria de San Luis Acatlán; exigen que la SEG envíe cuatro maestros

Padres de familia de la secundaria federal Justo Sierra, de San Luis Acatlán, cerraron de forma indefinida la escuela, para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que atienda la falta de maestros de computación, artes, geografía y ciencias artísticas.
El representante del comité de padres de familia, Jacob Nava Juárez informó por teléfono que desde las 8 de la mañana de ayer, los padres cerraron la escuela, porque desde que inició el ciclo escolar la SEG no ha cubierto 83 horas de materias complementarias.
En la puerta de la escuela fue colocada una lona que dice, “Es falso lo que el gobierno estatal y federal dicen. La realidad es otra, los padres de la Esc. Sec. Justo Sierra reclamamos los derechos de los niños a recibir clases”.
Recordó que el 4 de febrero, el director de Personal y de Planeación, en una reunión en Chilpancingo prometió a una comisión, que en una semana resolverían el problema, pero hasta ayer los 390 alumnos seguían sin clases.
El padre de familia dijo que no liberarán la escuela hasta que la SEG cumpla; por la tarde informó que una comisión irá hoy a Chilpancingo para entrevistarse con autoridades educativas.
Nava Juárez exigió también el pago de un maestro que, de forma voluntaria, ha estado impartiendo las materias faltantes a los estudiantes.

La CRAC sólo reconoce a tres casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco y El Paraíso, dice la Casa Matriz

La Casa Matriz de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán aclaró ayer mediante un comunicado que sólo reconoce a tres casas del sistema comunitario: las de San Luis Acatlán, Espino Blanco, municipio de Malinaltepec y El Paraíso, municipio de Ayutla, así como cinco comités de enlace.
Además, en el documento se manifiesta por la libertad de los promotores Arturo Campos Herrera de Ayutla, Gonzalo Molina González de Tixtla y del policía comunitario de Zitlaltepec, Samuel Ramírez Gálvez.
Asimismo, rechaza la instalación de las empresas mineras en su territorio y se deslinda de las acusaciones de que la agrupación tiene vínculos con grupos delincuenciales.
La aclaración se hizo aparentemente en alusión al conflicto que surgió en San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, donde la semana pasada fueron detenidos 14 policías comunitarios de la CRAC-PC de Rincón de Chautla que pertenece a la Casa de Justicia de los Pueblos Fundadores, y otro policía más fue asesinado por comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco.
“Hasta esta fecha, reconocemos como parte de nuestro sistema comunitario las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco (Malinaltepec) y El Paraíso (Ayutla), así como a los comités de enlace de las regiones de Tecoanapa, Tixtla, Huamuxtitlan, Chilixtlahuaca (Metlatonoc) y Dos Ríos (Cochoapa El Grande)”, dice en el escrito la comisión de comunicación comunitaria de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán.
Destaca que la CRAC-PC “es única”, con las casas de justicia y comités de enlace reconocidos como oficinas operativas en cada una de las regiones del estado de Guerrero.
Y aclara: “ninguna otra supuesta Casa de Justicia es parte del sistema comunitario, y quienes se ostentan como CRAC-PC o declaran en su nombre, o portan nuestro uniforme, carecen de legitimidad y usurpan nuestro nombre”.
Reconoce que el sistema comunitario de seguridad, justicia y reeducación, se encuentra en un proceso de reorganización y reestructuración, “en el que estamos revisando y corrigiendo los errores cometidos en los últimos años que propiciaron un grave conflicto interno, el cual algunos personajes con intereses distintos al sistema comunitario pretenden continuar”.
En ese sentido establece que mantiene el llamado “respetuoso y fraterno” a las comunidades que quieran regularizar su participación en el sistema comunitario a que acudan a sus casas de justicia o comités de enlace, “para brindarles la información correspondiente y eviten de esta manera ser sorprendidos o engañados por promotores o falsos representantes comunitarios que sólo buscan fortalecer sus intereses personales”.
También rechaza “cualquier señalamiento de tener vínculos con grupos delincuenciales”, y califica de “irresponsables” a quienes lo hagan sin demostrarlo, “pues consideramos que tales aseveraciones tienen como objetivo ponernos como blanco de la represión gubernamental o de los diversos grupos del crimen organizado”.
Además llama a las organizaciones sociales, de derechos humanos, a las autoridades comunitarias, a los policías comunitarios y a los ciudadanos “a que denuncien ante nuestras instancias de autoridad comunitaria cualquier situación o dato que sea sospechoso de vinculación de nuestras autoridades o servidores comunitarios con la delincuencia”.
En otro de los puntos del documento, exige la libertad “inmediata e incondicional” de los presos políticos Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez.
Por otra parte, expresa “la exigencia de respeto a nuestro territorio comunitario, por lo que deben cancelarse ya todos los permisos de exploración y explotación minera, concedidos por el gobierno federal a empresas transnacionales en perjuicio de nuestros pueblos y comunidades”.
La Casa Matriz exige a las instancias de gobierno que se mantenga vigente y se respete la Ley 701, y que “cualquier modificación o reforma debe consultarse con los pueblos y comunidades que protege, lo cual es un derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y en el artículo 2 de nuestra Constitución Federal”.
Establece que ningún cambio a la Ley 701 será legítimo si carece de consulta con los pueblos.
También reitera la exigencia de justicia en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Demandamos que el gobierno federal atienda urgentemente la petición de diálogo con el magisterio movilizado y exigimos la libertad inmediata de los profesores dirigentes de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) presos por el gobierno federal”, indica en otro punto el comunicado.

Asesinan a balazos a un taxista en La Angostura, San Luis Acatlán

La madrugada de este domingo, un taxista fue asesinado a balazos en el municipio de San Luis Acatlán.
Según el reporte de las autoridades, a las 7 de la mañana fue reportado que en la colonia Ejido, a orillas del río Grande, en el punto conocido como La Angostura estaba un taxi del servicio local abandonado y al parecer con un hombre sin vida en el interior.
Agentes de la Policía Ministerial y Municipal llegaron al lugar y encontraron un auto Sentra con la leyenda “Rápido y Furioso” en el parabrisas, y en el asiento del conductor hallaron el cuerpo de quien fue identificado como César N., quien tenía disparos en la cabeza del lado derecho y en el pecho.
Se informó que la víctima vestía una playera beige, pantalón azul y huaraches.
Asimismo, se detalló que al parecer a la víctima le solicitaron un servicio a las 4 de la mañana y desde esa hora no había regresado a su base.
En el lugar del crimen, los agentes policiacos encontraron casquillos percutidos calibre .22 milímetros.
El cuerpo fue levantado y trasladado al cuartel de la Policía Municipal junto con el vehículo para los trámites legales.

Plantea la CRAC de San Luis Acatlán el apoyo al magisterio y la reunificación con El Paraíso, Ayutla

 

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán plantearon apoyar la lucha de los maestros en contra de la reforma educativa y en defensa de la educación pública, además pretenden reunificarse con la Casa de Justicia de El Paraíso localizada en Ayutla.
Ayer, por falta de quórum de los comisarios municipales fue pospuesta para el próximo sábado la asamblea microregional. Antes de votar la propuesta de posponer la asamblea, la consejera Felícitas Martínez Solano propuso incluir dentro del orden del día el apoyo a la lucha del magisterio contra la reforma educativa y en defensa de la educación pública.
La promotora de la CRAC explicó la necesidad de defender la educación y los derechos de los maestros. Indicó que no es el único problema por el que las comunidades deben de estar en alerta, pues el gobierno también está privatizando el servicio de salud pública y está empeñado en que las empresas transnacionales extraigan el oro que hay en las tierras de la costa y la montaña.
A la reunión sólo llegaron 14 de los 33 comisarios municipales de los municipios de San Luis Acatlán, Iliatenco, Xochistlahuaca, y Marquelia, pero estuvieron presentes unos 60 asistentes, entre consejeros, delegados municipales y comandantes de la Policía Comunitaria.
En el orden del día también estaba planteada la reunificación de la Casa Matriz con la Casa de El Paraíso, que desde el 2011 se separó ante los ataques del ex coordinador, Eliseo Villar Castillo (detenido y apresado desde el 30 de abril de 2015), y para no ser sometida por el gobierno del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
Los consejeros de la CRAC informaron que el martes se realizará una asamblea en la comunidad de El Paraíso, de donde son los seis policías comunitarios que fueron liberados el pasado 12 de mayo.
Los miembros de la CRAC fueron detenidos en un aparatoso operativo de la Marina, el Ejército y la Policía Federal el 21 de agosto de 2013, acusados de secuestro, delito que no se acreditó y salieron libres. Aún permanece en la cárcel Arturo Campos.

Piden información de un taxista asesinado

En la breve reunión, los consejeros manifestaron su preocupación por la desaparición y asesinato del taxista Efraín Jerónimo Silva en la comunidad de El Aserradero, municipio de Iliatenco.
Además uno de los integrantes de la CRAC solicitó información de las investigaciones por el homicidio de ese joven encontrado el 22 de mayo, pues dijo que en la comunidad y sus cercanías hay policías comunitarios, además de que el taxi que manejaba no aparece y tuvo que haber pasado por las comunidades cercanas.
El promotor de la CRAC, Martín Candia Galindo, quien se sumó a la solicitud de información, dijo que en las comunidades cercanas a El Aserradero no hay equipo de radiocomunicación lo que ha dificultado la vigilancia y la seguridad.

BREVES

Hallan a un hombre asesinado a navajazos y con huellas de tortura en una colonia de Iguala

El miércoles fue localizado el cuerpo de un hombre asesinado a navajazos, con huellas de tortura en todo el cuerpo y con la cabeza cubierta con una bolsa de plástico negro, en la orilla de la carretera hacia la colonia Fermín Rabadán, al sur de la ciudad.
Según fuentes policiacas una llamada anónima cerca de las 11 de la noche reportó que en ese lugar estaba un hombre en la orilla de la carretera, cerca de la zona en la que los primeros minutos del mismo día fue hallado un joven ejecutado a balazos, con las manos atadas a la espalda y con huellas de tortura.
Al lugar llegaron agentes de la Policía Estatal y de la Federal quienes confirmaron el hallazgo y acordonaron la zona.
La víctima tenía entre 35 y 40 años, se le apreciaban puñaladas en el estómago al parecer producidas por una navaja, tenía la cabeza cubierta con una bolsa negra y según fuentes ministeriales tenía quemaduras de cigarro en las manos, el pecho y la cara, y golpes producidos al parecer con una tabla en las piernas, glúteos y espalda.
Según fuentes policiacas el hombre fue asesinado en otro lugar y su cuerpo fue abandonado en esa carretera.
Peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público llegaron al lugar de los hechos para las diligencias de ley, y el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad cerca de la media noche.
En esta semana se registraron tres ejecuciones, una de las víctimas es un hombre que fue hallado desmembrado en dos bolsas de plástico, y con éste el número de homicidios en este municipio incrementó a 47. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Asesinan a balazos en San Luis Acatlán a un taxista desaparecido en Iliatenco

El miércoles fue encontrado asesinado un joven taxista que fue reportado como desaparecido en el municipio de Iliatenco, el cuerpo estaba en la orilla de la comunidad Pascala del Oro, San Luis Acatlán.
Según reportes oficiales el comisario de la comunidad avisó a las autoridades que en la carretera a Mexcaltepec estaba un hombre y la mitad de su cuerpo había sido devorado por animales. Según el reporte, el cuerpo tenía dos balazos en el cráneo.
Al lugar acudieron policías municipales de San Luis Acatlán, policías ministeriales y trabajadores de Protección Civil.
El cuerpo del taxista Efraín Gerónimo Silva de 21 años estaba entre los matorrales, era originario de la comunidad de Aserradero, Iliatenco.
El taxista fue identificado por su padre y su esposa, quienes indicaron que el 12 de mayo lo último que supieron es que el joven hizo un viaje especial a un grupo de hombres.

Gestionará Tlachinollan fondos para reconstruir casas dañadas en la Montaña en 2013, anuncia

 

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que buscarán gestionar los recursos para atender el problema de las casas dañadas en 2013 en la región, porque no hay presupuesto asignado para atenderlas, a más de dos años de las afectaciones de la tormenta Manuel.
Barrera Hernández, en entrevista telefónica dijo que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello reconoció que los datos del padrón que le entregó el Consejo de Damnificados de La Montaña es real en un 80 por ciento, ya que lo confirmaron en los recorridos que hicieron en las comunidades, de agosto a diciembre de 2015.
“Ahora ya está claro que hay un sub registro y que en su momento no se programó el presupuesto correcto porque desde el Fonden se hizo otro registro, y más de dos años y medio se ha complicado la entrega”, explicó Barrera Hernández.
Barrera Hernández precisó que se reunió con Armenta Tello en las instalaciones de Tlachinollan, este miércoles 23 de marzo, en lo que llamó una reunión ejecutiva para darle seguimiento a la vivienda que no han podido resolver porque no hay avances claros y porque se retrasó el cambio de delegados en la Sedesol y la Sedatu.
Agregó que la Sedatu ya tiene resultados del padrón de viviendas que el Consejo les presentó y que las autoridades no aceptaban, “pero ya hicieron los recorridos y ahora saben que la información que presentó el Consejo es veraz (…) aunque no sea al 100 (por ciento)”.
Dijo que 896 casas se tienen que construir en las comunidades; 287 se tienen que reubicar, es decir, conseguir el terreno y construirlas; 392 viviendas tienen daños parciales, y mil 134 daños menores, en los 12 municipios que se deben atender; “pero no hay fondos”, lamentó.
Barrera Hernández dijo que era bueno que la Sedatu reconociera el sub registro, aunque ahora viene el desafío de, “como conseguir esos recursos, y que son aproximadamente 185 millones de pesos” según valoraciones.
Agregó que se tendrán que buscar en el gobierno federal, en instituciones como el Consejo Nacional de Población (Conapo); “el consejo tendrá que gestionar y tocar puertas para resarcir esos daños”, explicó Barrera Hernández.
Dijo que buscarán reunirse con el subsecretario de Asuntos Políticos, Luis Enrique Miranda, para que los atienda como lo hizo en diciembre, cuando se habló del programa Que llueva maíz en La Montaña, que se entregaría en seis meses, pero se entregó más de un año después.
Agregó que volverán a plantear la necesidad del suministro de maíz, ante la crisis del precio del café, la plaga de roya en los cafetales, los fuertes vientos y las lluvias que siguen afectando las tierras de los indígenas.
Manifestó que era un compromiso político y social la dotación de granos básicos para las 185 comunidades afectadas, que ahora son más de 200.
Remarcó que la tarea será la búsqueda de fondos, las reuniones de alto nivel para que les resuelvan, ya que no hay un presupuesto asignado para construir viviendas rezagadas en los municipios de Acatapec, Malinaltepec, Copanatoyac, Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Metlatónoc, San Luis Acatlán y Cochoapa el Grande, entre otros.

Se accidenta Bruno Plácido en San Luis Acatlán; está ileso

El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio se accidentó en la carretera federal San Luis Acatlán-Horcasitas; el dirigente y sus acompañantes resultaron ilesos.
Según un reporte oficial el accidente sucedió alrededor de las 6 de la mañana de ayer. La camioneta Ford Lobo de doble cabina, roja, donde viajaba el dirigente de la UPOEG trató de evitar chocar con una camioneta 4×4 que paró de forma repentina, lo que ocasionó que el carro donde viajaba saliera de la carretera.
Según el reporte los ocupantes resultaron ilesos. Bruno Plácido no se encontraba en el lugar cuando la Policía Municipal y agentes de Tránsito llegaron.