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Paramilitares que hacen trabajo sucio del gobierno causan violencia en Tixtla, señalan la CRAC y ONG

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Tixtla, perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, organizaciones sociales y activistas de ese municipio solicitaron el envío de observadores de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, públicos y civiles, dada la violencia dirigida contra los sectores organizados.
Por escrito pidieron la intervención para evitar más muertes, reunir evidencias del hostigamiento, desapariciones forzadas, privación de la libertad y para formular las denuncias contra los posibles asesinatos de los luchadores sociales ante instancias internacionales.
Al gobernador priista Héctor Astudillo Flores y al alcalde perredista Hossein Nabor Guillén les pidieron medidas cautelares y precautorias para los ciudadanos de Tixtla, aunque “han demostrado la incapacidad para brindar la seguridad de todos los ciudadanos de Guerrero y específicamente de Tixtla”.
Recordaron que Tixtla ha sido bastión de la lucha social y existe una “cacería sangrienta” contra los activistas y los normalistas de Ayotzinapa.
Como referencia recordaron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl I. Burgos de Ayotzinapa, que fue posible sólo por la colusión del crimen organizado con policías, fuerzas armadas y gobiernos el 26 de septiembre de 2014, y el desalojo a balazos de un bloqueo de normalistas el 12 de diciembre del 2011, donde asesinaron a dos.
Denunciaron que ocurren el hostigamiento, extorsiones, crímenes, desapariciones forzadas, presos políticos y demás lesiones de los derechos humanos, pese a que el Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública para la Justicia Penal, identificó vínculos de 24 presidentes municipales de Guerrero con la delincuencia organizada, no hay procedimientos ni investigaciones penales.
De Tixtla denunciaron que hace varios meses se intensificó la violencia, “día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. Es notable que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos días y a pesar de la presencia de policías estatales y militares que ‘resguardan’ las entradas y salidas del municipio de Tixtla, las ejecuciones continúan y nos han sometido a un toque de queda, apoderándose de la población el miedo y el terror”.
Aunado a nuevos asesinatos de estudiantes de la Normal Rural y de luchadores sociales, como el 4 de octubre cuando un comando armado arremetió contra usuarios de una Urvan del transporte público, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de Ayotzinapa: Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, con balazos en la cabeza.
Este miércoles 23 de noviembre fue llevado de manera forzada el maestro Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la CRAC en Tixtla, cuando se dirigía a su escuela primaria a impartir clases, y el viernes fue identificado entre dos cuerpos hallados sin vida en Amate Amarillo, municipio de Chilapa, junto a una cartulina que decía “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
El lunes 28 de noviembre fue sacado de su casa por la fuerza el ex regidor, promotor de una universidad popular en Atliaca, y activista contra las elecciones del 7 de junio de 2015 en apoyo a los padres de Ayotzinapa, Luis Tenero Encarnación.
Ayer su cuerpo sin vida fue localizado en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla o el nuevo libramiento, cerca de la población de Matlalapa, de Tixtla. Tenero Encarnación también pertenecía a la Policía Comunitaria de Atliaca.
Frente a esto, denunciaron una violencia dirigida contra los sectores organizados, para aniquilar la disidencia contra el Estado. Señalaron el uso de “grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio, que no hace abiertamente el gobierno”.
Acusaron a la clase política partidista y de los tres niveles de gobierno de estos asesinatos, en particular al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Tixtla Hossein Nabor Guillén, de la inseguridad en el municipio.
Convocaron a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a Peace Brigades International (OBI), Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Federación de Asociaciones Juristas Progresistas (FAJP) y el Mecanismo de Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Activistas de la Ciudad de México, a poner sus ojos en este municipio.

 

Sepultan al coordinador de la CRAC asesinado en Tixtla; responsabilizan al gobierno del estado

 

“Les pedimos no abandonar el proyecto, es una familia, continuaremos haciendo reuniones, continuaremos trabajando, esto es un reto y no nos atemorizaran, a esto venimos, estamos puestos porque el pueblo demanda seguridad”, fueron las últimas palabras declamadas frente al cuerpo del coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio hallado asesinado este viernes.
A las 3:30 de la tarde con cuatro coronas de flores blancas se encabezó la marcha fúnebre del profesor rumbo a la iglesia de San Martín en Tixtla, seguidos por un contingente de policías comunitarios quienes montaron una operación de seguridad afuera de la iglesia y en el panteón.
“Tenemos miedo a que la sociedad siga igual, que no apoye en este conflicto, desafortunadamente vivimos en una sociedad que no es solidaria en la lucha”, dijo Pedro Santos Bartolo, el coordinador de la Policía Comunitaria.
Responsabilizó al gobierno del estado “con su nueva careta de crimen organizado” del asesinato de Salmerón Dircio, ante lo que dijo que estarán atentos a lo que ocurra en los siguientes días, “porque nadie está exento”.
“Estamos indignados porque es un hecho que no nos esperamos, responsabilizamos al gobierno con su careta de delincuencia organizada estaremos diseñando un plan de acción”, agregó.
Agregó que habrá una reunión de enlace con la Casa de Justicia matriz con sede en San Luis Acatlán y sus representantes, para determinar el plan de acción para responder.
“Aquí ya el llamado que se tiene por el mensaje de texto (un narcomensaje dejado junto al cuerpo del maestro) es un ataque directo hacia la Policía Comunitaria”, expuso.
El cuerpo del coordinador del comité de enlace de la CRAC fue encontrado envuelto en bolsas negras y con cinta café la mañana de este viernes en el camino que conduce a la comunidad Lodo Grande y la colonia Claveles, en Chilapa, a unos 500 metros de un retén de militares.
A un lado tenía una cartulina blanca que decía, “Esto les pasó por no alinearse con el jefe y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros la mera riata. Atte. Los Jefes”.
Ayer en la tarde más de 500 amigos, familiares e integrantes de la Policía Comunitaria participaron en la misa de cuerpo presente en la iglesia principal de Tixtla, donde en un discurso cortó se dijo que se enfrentan “los hermanos”.
Tras la misa el cuerpo fue enterrado en el panteón de Tixtla, donde un policía comunitario dijo “el que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen”.
Mencionó que el proyecto de la Policía Comunitaria se creó por la necesidad de seguridad para el pueblo, y que funciona como una familia, por lo que se insistió en que este hecho no provocará que sus integrantes desistan.
Se recordó al maestro como un profesionista admirado por todos debido al cargo que desempeñaba y al ejemplo que le dio a sus compañeros, al comprometerse de manera íntegra al cargo que ocupaba.
En un boletín de prensa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y la Comisión Independiente de Derechos Humano de Morelos, señalaron que se aprovecha la violencia generalizada para atacar a defensores de derechos humanos de la educación y de los pueblos, y calificaron el asesinato como ejecución extrajudicial, ante lo que urgieron que las autoridades federales, estatales y municipales actúen.

 

Sepultan al coordinador de la CRAC asesinado en Tixtla; responsabilizan al gobierno del estado

“Les pedimos no abandonar el proyecto, es una familia, continuaremos haciendo reuniones, continuaremos trabajando, esto es un reto y no nos atemorizarán, a esto venimos, estamos puestos porque el pueblo demanda seguridad”, fueron las últimas palabras declamadas frente al cuerpo del coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio hallado asesinado este viernes.
A las 3:30 de la tarde con cuatro coronas de flores blancas se encabezó la marcha fúnebre del profesor rumbo a la iglesia de San Martín en Tixtla, seguidos por un contingente de policías comunitarios quienes montaron una operación de seguridad afuera de la iglesia y en el panteón.
“Tenemos miedo a que la sociedad siga igual, que no apoye en este conflicto, desafortunadamente vivimos en una sociedad que no es solidaria en la lucha”, dijo Pedro Santos Bartolo, el coordinador de la Policía Comunitaria.
Responsabilizó al gobierno del estado “con su nueva careta de crimen organizado” del asesinato de Salmerón Dircio, ante lo que dijo que estarán atentos a lo que ocurra en los siguientes días, “porque nadie está exento”.
“Estamos indignados porque es un hecho que no nos esperamos, responsabilizamos al gobierno con su careta de delincuencia organizada estaremos diseñando un plan de acción”, agregó.
Agregó que habrá una reunión de enlace con la Casa de Justicia matriz con sede en San Luis Acatlán y sus representantes, para determinar el plan de acción para responder.
“Aquí ya el llamado que se tiene por el mensaje de texto (un narcomensaje dejado junto al cuerpo del maestro) es un ataque directo hacia la Policía Comunitaria”, expuso.
El cuerpo del coordinador del comité de enlace de la CRAC fue encontrado envuelto en bolsas negras y con cinta café la mañana de este viernes en el camino que conduce a la comunidad Lodo Grande y la colonia Claveles, en Chilapa, a unos 500 metros de un retén de militares.
A un lado tenía una cartulina blanca que decía, “Esto les pasó por no alinearse con el jefe y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros la mera riata. Atte. Los Jefes”.
Ayer en la tarde más de 500 amigos, familiares e integrantes de la Policía Comunitaria participaron en la misa de cuerpo presente en la iglesia principal de Tixtla, donde en un discurso cortó se dijo que se enfrentan “los hermanos”.
Tras la misa el cuerpo fue enterrado en el panteón de Tixtla, donde un policía comunitario dijo “el que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen”.
Mencionó que el proyecto de la Policía Comunitaria se creó por la necesidad de seguridad para el pueblo, y que funciona como una familia, por lo que se insistió en que este hecho no provocará que sus integrantes desistan.
Se recordó al maestro como un profesionista admirado por todos debido al cargo que desempeñaba y al ejemplo que le dio a sus compañeros, al comprometerse de manera íntegra al cargo que ocupaba.
En un boletín de prensa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y la Comisión Independiente de Derechos Humano de Morelos, señalaron que se aprovecha la violencia generalizada para atacar a defensores de derechos humanos de la educación y de los pueblos, y calificaron el asesinato como ejecución extrajudicial, ante lo que urgieron que las autoridades federales, estatales y municipales actúen.

Le propusieron a Astudillo hacer foros sobre la Ley 701 pero no respondió: Marcos Matías

Los ex secretarios de Asuntos Indígenas, Marcos Matías Alonso, actual asesor del Congreso de la Unión, y Carlos de Jesús Alejandro, actual integrante de la Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, denunciaron que le propusieron al gobernador Héctor Astudillo colaborar en su administración para hacer foros sobre la reforma a la Ley 701 pero no hubo disposición de su parte.
Este martes la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán denunció que la Comisión Coordinadora que formaron el gobierno estatal y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para analizar y elaborar el proyecto de la reforma de la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena, no ha sido llamada a ninguna actividad.
Al respecto Matías Alonso y De Jesús Alejandro consideraron que fue erróneo de parte de las autoridades y los universitarios no incluir en la Comisión Coordinadora a la CRAC ni a organizaciones de pueblos originarios para que contribuyeran en los trabajos de la reforma que finalmente los regirá.
En una llamada a la Redacción, Matías Alonso dijo que representantes de pueblos originarios hablaron a principios del año pasado con el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso local, el diputado perredista Ociel Hugar García Trujillo, a quien le propusieron una iniciativa de proyecto a la reforma de la ley 701 inspirada en la nueva Constitución del estado, y en la declaración de las Naciones Unidas.
Dijo que no tuvieron respuesta y que es lamentable que se haya formado una Comisión Coordinadora, en la que sólo participan el gobierno estatal y la UAG, excluyendo al Congreso local y a las organizaciones de pueblos originarios,.
“Varios compañeros estamos sorprendidos porque nos dimos cuenta de que el gobierno del estado solamente se fue con el esquema académico, con el esquema universitario, y un esquema de esa naturaleza está condenado al fracaso con anticipación porque no incluye al Congreso local ni a los pueblos indígenas”, consideró.
Dijo que cuando comenzó la administración de Astudillo le propusieron un formato amplio para discutir el tema en reuniones conjuntas, pero no respondió.
De Jesús Alejandro dijo que el planteamiento se le hizo al gobernador de manera formal mediante un oficio, pero “no tuvimos suerte y nunca encontramos eco, o quizá no hubo voluntad política”.
Señaló que pese a que la 61 Legislatura del Congreso local prolongó la reforma a la Ley 701 hasta marzo de 2017, en tres meses no pueden llevarse a cabo los foros de consulta necesarios para elaborar una propuesta, de acuerdo a las necesidades de los pueblos.
Contó que cuando se otorgó la prórroga se reunieron con Astudillo “de manera muy rápida”, que ya se había formado una comisión para hacerse cargo de la reforma, pero lo cierto es que no supieron de ninguno foro o alguna otra actividad que se llevara a cabo para discutir el tema.

 

Levantan al coordinador de la CRAC?en Tixtla; comunitarios bloquean seis horas la carretera

La mañana del miércoles fue levantado en Tixtla por hombres armados a bordo de una camioneta blanca, el coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio, de inmediato la Policía Comunitaria lo buscó en las inmediaciones sin encontrarlo.
A las 5 de la tarde integrantes de la CRAC bloquearon la carretera federal durante seis horas en el entronque de la carretera Tixtla-Chilapa con el nuevo libramiento, para exigir a las autoridades estatales la búsqueda y presentación con vida de su compañero de 48 años.
En la mañana se dio a conocer que el coordinador fue levantado por hombres armados cuando se dirigía a la primaria de Zoquiapa, donde labora y a las 5 de la tarde la CRAC convocó al bloqueo.
Acudieron unos 80 policías comunitarios y vecinos, en el lugar se consultó al coordinador Pedro Santos Bartolo, quien detalló que su compañero fue levantado a las 6:45 de la mañana en el barrio de San Lucas, y se corroboró que no llegó a su centro de trabajo.
Dijo que testigos informaron que fue llevado en una camioneta tipo CRV blanca. Salmerón Dircio se desempeña como coordinador desde 2014.
“En días recientes ustedes saben aquí en Tixtla en esta parte fueron tirados nueve cuerpos, es lamentable la situación que se está viviendo y no podemos ser indiferentes. Hoy levantan a este compañero, igual tenemos que hacer algo, la obligación del gobierno es dar seguridad”, expuso Santos Bartolo.
Informó que se platicó con el alcalde, el perredista Hossein Nabor Guillén para solicitarle una vía para entablar diálogo con el gobierno del estado.
Abundó que durante el día la Policía Comunitaria hizo la búsqueda en las inmediaciones de Tixtla, pues el gobierno ha limitado su territorio de acción.
–¿Ha habido más ataques contra la Policía Comunitaria?-, se le preguntó.
–Sí, no es la primera vez, de hecho digamos que en un lapso de dos meses otros dos compañeros fueron asesinados aquí mismo en Tixtla. Entonces hablamos que es el tercer desaparecido, de los otros dos los cuerpos fueron encontrados, se les dio la sepultura correspondiente.
Los dos asesinados eran policías, el primero desapareció hace mes y medio y el segundo 40 días después, informó.
Exigió que se respete su vida porque lucha por dar seguridad, “porque la sociedad ha estado muy silenciada y no se puede permitir más”.
“Que el gobierno nos escuche, sabemos que la presión sirve mucho y es lo que estamos haciendo, y lo que le pedimos a la ciudanía es que también alce la voz y que las personas que no están alzando la voz comprendan la situación, tenemos que ser solidarios, una lucha aislada no va a prosperar”, recalcó.
Ante el bloqueo el transporte a Chilpancingo y a Chilapa bajaba a los pasajeros para que cruzaran el bloqueo y del otro lado otra Urvan los condujera a su destino. Una de los pasajeros era la diputada local por el PRI Flavia García García.
Cuando los policías se percataron de su presencia se acercaron a la Urvan para pedirle que dialogara con ellos, pero no quiso bajar del vehículo, dijo que desde su asiento los escuchaba.
“Duele mucho que a veces seamos indiferentes, como pueblo estemos por un lado y las autoridades por otro lado”, le dijo el coordinador Pedro Santos.
Como respuesta la priista dijo en reiteradas ocasiones, “por qué no hacen su petición dirigida a quien tengan que dirigirla” y que abonaran al diálogo porque el gobernador Héctor Astudillo Flores estaba abierto.
El coordinador le respondió que llevaban meses intentando hablar con él sin lograrlo, que si el estado cumpliera su función no tendrían la necesidad de armarse.
El bloqueo siguió hasta que al retén llegaron cerca de las 9 de la noche agentes del Fiscalía General del Estado (FGE), entre ellos el fiscal regional de la zona Centro, Ernesto Jacobo García, el de Antisecuestros, policías ministeriales y estatales quienes venían de Zitlala donde se localizaron 16 fosas con restos humanos.
Más tarde vía telefónica Santos Bartolo dijo que exigieron que comenzara la búsqueda, pero les respondieron que por protocolo deben de dejar pasa 72 horas.
Acordaron que toda la noche harían recorridos y retenes coordinados con los agentes del estado, y que este jueves a mediodía se reunirán con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.

Ejecutan a balazos a un hombre de 45 años en Los Achotes, San Luis Acatlán

Un hombre fue encontrado asesinado en la comunidad de Los Achotes, San Luis Acatlán, la víctima tenía dos tiros en la cabeza.
Según reportes oficiales, el viernes un hombre que fue identificado ayer por sus familiares fue encontrado en la carretera Marquelia-San Luis Acatlán, en una brecha que llega a Los Achotes.
El cuerpo del señor Rey de unos 45 años originario de la comunidad de Yoloxóchilt tenía huellas de tortura, las manos atadas hacia atrás y estaba amordazado. En el lugar fueron encontrados dos casquillos percutidos calibre .38 súper.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco por las autoridades ministeriales.

Que la CNDH pida al estado que armonice la Ley 701 con las instituciones, demanda la CRAC

Consejeros de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pida el cumplimiento de sus propias recomendaciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, así como a la Fiscalía General, que evaden su responsabilidad en la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena con las instituciones.
En un documento sobre la Ley 701, informaron que llevaron una queja formal al organismo nacional -registrada bajo el folio 91993/2016-, porque hay indicios y pruebas de que en Guerrero no sólo se escamotea, sino se conculcan los derechos de los pueblos originarios y el afromexicano plasmados en leyes internacionales y nacionales, por las autoridades estatales.
Aseguraron que hay un riesgo inminente de que llegado el momento el Congreso local apruebe una reforma regresiva de la ley, que conculquen los derechos ya reconocidos en leyes supremas.
Por referencia señalaron el artículo 14 de la nueva Constitución que textualmente dice, “el Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado y que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Pública y su reglamento interno de esta entidad”.
“Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación”.
Aclararon que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos de aplicar sus propias normas para la regulación de sus conflictos internos, y el Convenio 169 -en su artículo 9-, establece que deberán respetarse los métodos a los que los pueblos recurren para la represión de los delitos cometidos, “por sus miembros”.
La Ley 701 amplía el sentido de este derecho para reconocer que incluso sus métodos se aplican a terceros dentro de su jurisdicción. Sin embargo la actuación de las autoridades de Guerrero “muestra que aún no ha permeado en las instituciones del gobierno el respeto a los usos y costumbres y al sistema de seguridad pública y justicia de la CRAC”, por el contrario, niegan y desconocen la naturaleza y los alcances de los sistemas normativos indígenas.
Ante las controversias del derecho penal y la justicia comunitaria aclararon que corresponde a las autoridades jurisdiccionales resolver sobre “esa aparente dicotomía entre legislación, texto constitucional estatal, Ley 701 y Convenio 169”.
Destacaron que la 701 no únicamente incluye los derechos del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación conocido como la CRAC o Policía Comunitaria, sino los derechos del conjunto de los pueblos náhuatl, mee pha, na savi, ñomnda y afromexicano, por lo tanto es necesaria una gran alianza de todas las organizaciones y representantes de dichos pueblos, para asegurar que la reforma a esa ley sea “progresiva”, es decir que se perfeccione aún más para garantizar a las nuevas generaciones un instrumento jurídico que ampare sus derechos hasta hoy no reconocidos a plenitud.

La CRAC es un proyecto inacabado y hay que mejorarlo, dicen dos consejeros

A 21 años de la conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC), es un proyecto inacabado y corresponde a todos mejorar lo que no se ha hecho bien, dijo el consejero de la institución, Sabás Aburto Espinobarros, quien con el también consejero Juan Horta Cruz, son autores del libro El origen de la Policía Comunitaria-Montaña y Costa Chica y fundadores de la organización.
El texto fue presentado la tarde de este jueves en el Palacio de la Cultura, en donde hubo reclamos y la exigencia de la libertad de los presos de la CRAC Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez García.
Además de los autores el libro también fue comentado por el representante del senador perredista Armando Ríos Piter, Mario Hernández Herrera.
Los autores explicaron que en el texto retoman el proceso que vivió la institución indígena desde su formación en octubre de 1995 a 1998, aunque también se incluyen dos de las crisis más fuertes que ha vivido, la del 2002 durante la primera “embestida” por el gobernador René Juárez Cisneros, cuando integró averiguaciones previas y liberó órdenes de aprehensión en contra de las autoridades comunitarias, así como la del 2013 cuando del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien intervino para dividir a la CRAC-PC mediante Eliseo Villar Castillo, ahora preso.
Juan Horta explicó que el libro “es un bebé que fue deseado desde el 2015”, cuando comenzaron a concebirlo, aunque aclaró que ya había habido muchos intentos, que tres veces estuvo a punto de abortar, pero que afortunadamente nació sano.
Sabás Aburto explicó que en el libro está el contenido “del por qué de los por qué” surgió la Policía Comunitaria, después de varios intentos y reuniones con el procurador de justicia y el secretario de Seguridad Pública, sin que se hubiera logrado.
Aclaró que no fueron esas reuniones con los funcionarios las que ayudaron a la formación de la Policía Comunitaria, sino las prolongadas asambleas de los pueblos que buscaban acabar con la inseguridad, los robos, asaltos, violaciones a las mujeres y asesinatos en el corredor Montaña-Costa Chica.
Añadió que después se vinieron acontecimientos como la masacre de Aguas Blancas, los asesinatos del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, el asesinato del ex gobernador José Francisco Ruíz Massieu y la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, “todo eso nos empujó a la organización, y si no fuera por esos acontecimientos la Policía Comunitaria no hubiera surgido”, reconoció.
Detalló que también fue fundamental la participación de las organizaciones sociales, como Los de la Montaña, 500 Años de Resistencia Indígena, las Triple S y los Consejos Comunitarios de Abasto de Diconsa. Todo eso se conjuntó “para que la semilla de la Policía Comunitaria germinara”.
Juan Horta destacó que los logros de 1995 a 1998 fueron el desmantelamiento de las bandas delincuenciales, algunas de hasta 50 criminales, la disminución de la inseguridad, la desaparición de la Policía Motorizada que fue la responsable de la masacre del vado de Aguas Blancas, así como el reconocimiento a la CRAC-PC por el Gobierno, cuando se reconoció que la Policía Comunitaria no se trataba de una guerrilla como se le acusaba.
Sin embargo añadió que 21 años después, la defensa de la CRAC-PC sigue porque los embates del gobierno continúan, “todavía hay algunos funcionarios que nos siguen llamando ilegales porque desconocen el marco legal, o lo interpretan a su manera y conveniencia.
Frente a estas circunstancias, explicó que los retos son la defensa de la CRAC-PC ante los ataques extornos e internos, que sea reconocida dentro de la Constitución Política del Estado porque en la última reforma, “casi nos ponen un freno y nos hacen a un lado”.
Asimismo dijo que otro reto es concientizar para que no se siga confundiendo a la CRAC-PC con otros grupos que también se dicen policías comunitarias, pero que no cuentan con un reglamento y no tienen como base las asambleas.
Otro de los comentaristas, el representante del senador Armando Ríos Piter, Mario Hernández explicó que el proyecto deja un aprendizaje para replicarlo en todo el estados, “es el mejor ejemplo que existe en el estado del poder popular”, definió.
Agregó que este modelo está afianzado en las asambleas comunitarias y que por eso ha funcionado muy bien, a diferencia del sistema gubernamental en el que ya no hay confianza y la inseguridad está a la orden del día.
En la etapa de preguntas el presidente del Colegio de abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García manifestó que ya hacía falta un documento de este tipo.
Asimismo de entre el público surgieron inquietudes y cuestionaron a los autores y consejeros de la CRAC-PC, cosas como la falta de autonomía al recibir recursos de los ayuntamientos, reunirse con funcionarios del gobierno del estado y aceptar la credencialización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Yo me quedo con lo que era antes la CRAC, que su esencia era su autonomía y que se regía por sus usos y costumbres”, dijo por ejemplo, Maricela Juárez Ocampo, de la colonia Comunidad Emperador Cuauhtémoc.
Roberta Campos Adame integrante de la CRAC-PC La Patria es Primero de El Fortín, criticó que hayan recurrido para la edición del libro al senador perredista Armando Ríos Piter, “que ha aprobado leyes en contra del pueblo, ¿dónde está esa autonomía?, preguntó y luego cuestionó al senador que se quiera montar en el prestigio de la CRAC.
Otro de los asistentes preguntó la postura de los consejeros y autores del libro de los presos. Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez García, para entonces algunos de los asistentes comenzaron a desplegar y a alzar pancartas: “Libertad a Gonzalo Molina, preso político de la CRAC”, “Atención médica a Gonzalo Molina”, “Libertad a Samuel Ramírez García”, “Respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas”, se leyó en algunas de las cartulinas.
En respuesta a las críticas Sabás Aburto dijo que el camino de la CRAC no tiene fin, “nos vamos a ir nosotros a descansar y la CRAC-PC va a seguir porque es un proyecto inacabado, y con el esfuerzo de todos debemos mejorar lo inacabado y lo que no se hizo bien”.
Luego dijo que la autonomía es un proceso que se va construyendo poco a poco, pero precisó que la CRAC-PC es apartidista y que no está sometida a algún partido político, y menos a algún candidato, “lo que nos une es el problema de la inseguridad” y explicó que tienen que recurrir a representantes populares como al senador, a los presidentes municipales porque es un derecho acudir ante ellos.
Aclaró que la CRAC no es apéndice del gobierno ni de ningún partido, “pero no podemos ni debemos permanecer como en una isla, necesitamos mantener relaciones buenas o malas”. Aseguró que la libertad de los presos la tratan mediante la defensa jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, pero que no se sabe de su intervención, “porque poco nos gusta salir en los medios de comunicación”.
Aclaró que en 2013 se dio la credencialización de los policías comunitarios “por las prácticas desviadas” del entonces coordinador de la casa matriz con sede en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, debido a la intervención del gobernador Ángel Aguirre.
Subrayó que el ahora ex coordinador, (actualmente preso por homicidio), recibió el apoyo del gobernador para desmantelar a la CRAC-PC y con ello frenar a la institución, porque su función no es sólo velar por la seguridad, sino también evitar que avancen los proyectos mineros en la Montaña y Costa Chica.
Preció que a la Policía Comunitaria no se le respeta por las armas, sino por el respaldo con el que cuenta, “así carguen sólo un machete, cuentan con el poder popular”, y denunció que por eso ha habido muchos intentos de destruirla.

Mata asaltante a un maestro en el sitio de taxis de El Roble que van a San Luis Acatlán

Un maestro de San Luis Acatlán murió de un balazo en la pierna, en un sitio de taxis ubicado en la colonia El Roble que traslada usuarios a ese municipio.
Por medio de una llamada de emergencia los efectivos de las diversas corporaciones policiacas fueron alertados del asesinato.
El crimen ocurrió a las 12:30 de la tarde, entre la avenida Cuauhtémoc y la calle privada de Santa Elena, ubicada cerca de la salida del Maxitúnel.
Versiones de choferes indican que un hombre de unos 35 años se bajó de un taxi azul con blanco y como todos los usuarios se sentó en un sillón a esperar el turno para trasladarse a ese municipio de la región de la Costa Chica.
Sin embargo, minutos después un hombre armado descendió de una motoneta, cuyas características se desconocen, para ingresar a las instalaciones del sitio, y comenzó a exigir el dinero a los usuarios.
El presunto delincuente fue directo al hombre que había llegado en un taxi azul con blanco, le arrebató un portafolio, cuyo contenido se desconoce, y en el forcejeo le disparó a su víctima y huyó del lugar.
Ante esta situación, los usuarios del transporte público y los choferes entraron en pánico.
Policías que llegaron a la zona hallaron al hombre muerto sentado en un sillón y junto al cuerpo una mancha de sangre, debido al disparo que recibió en la pierna, aunque la víctima tenía un torniquete en esa parte del cuerpo.
Los peritos informaron que el hombre murió por el impacto de arma de fuego en la pierna derecha, que lo desangró. Además los encargados de la diligencias no hallaron casquillos percutidos.
Los policías coincidieron que la víctima podría haber sido atacada con un arma tipo Revólver por la falta de casquillos percutidos en la instalaciones del sitio.
Más tarde, fuentes policiacas oficiales detallaron que la víctima se llamó Arcadio y se desempeñaba como maestro del municipio mencionado, y que al parecer le dispararon por resistirse al asalto.
La zona fue resguarda por efectivos del Ejército, Marina, policías de la Gendarmería, estado y municipales. No hubo detenidos.
Era un taxista el ejecutado en la Bocamar

Era un taxista el hombre ejecutado de un balazo el domingo por la noche en la colonia Bocamar.
De acuerdo con fuentes policiacas oficiales, la víctima se llamó Rogelio de 48 años y vivía en la colonia Libertadores, ubicada en la zona conurbada de la ciudad.

Denuncian la desaparición de un cocinero

Familiares del joven Francisco, de 22 años, reportaron su desaparición desde el domingo por la noche.
El desaparecido vive en la colonia Silvestre Castro y trabaja como cocinero en el restaurante de razón social La Cabaña, ubicado en Caleta, según datos proporcionados por los familiares.
La esposa del desaparecido contó que el domingo por la noche le llamó por teléfono porque se sentía mal de salud y que iba a comprar a la farmacia. Después ya no supo nada de él.

 

 

Presentan una brigada infantil comunitaria de la CRAC en El Fortín, Tixtla, y exigen la libertad de los presos

Familiares de los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarios (CRAC) Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez Gálvez exigieron su libertad inmediata durante la presentación de la brigada infantil comunitaria Mi Patria Es Primero de la CRAC, con base en El Fortín en Tixtla.
La reunión se convirtió en un foro de denuncia y asistieron padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa quienes declararon que a casi dos años del ataque a los normalistas sigue la impunidad, y que las investigaciones para localizar a sus hijos se mantienen en cero.
Al encuentro también asistió una comisión de la Policía Comunitaria de Olinalá encabezada por Geovani Torres Salgado, padres de los 43 normalistas encabezados por Emiliano Navarrete, además de Beatriz Gálvez Macario madre de Samuel Ramírez Gálvez quien es policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec y está detenido en el penal de Chilpancingo, y la esposa del promotor de la CRAC de Ayutla, Arturo Campos Hernández, Agustina García de Jesús.
En el encuentro fue presentada la brigada infantil comunitaria que está compuesta por niñas y niños y que tiene el objetivo de “empezar de nuevo el proyecto comunitario, ante el escenario adverso en que se encuentra la organización comunitaria”, explicó el auxiliar del proceso educativo, Carlos Hernández.
El acto comenzó con honores a la bandera los cuales estuvieron a cargo de las 30 niñas y niños de entre 5 y 16 años que integran dichas brigadas, fue en la explanada del barrio de El Fortín, que sirve de base para la CRAC-PC.
Después, Gonzalo Molina González, promotor y fundador de la CRAC-PC en Tixtla y actualmente preso en el penal de Chilpancingo, mandó un mensaje vía telefónica desde la cárcel y celebró la formación de la brigada infantil comunitaria, “debemos estar contentos porque hoy se le da formalidad a la brigada infantil comunitaria”, dijo.
Molina González es el impulsor del proyecto de la brigada infantil.
Explicó que la intención es que “los niños se formen con otra forma de ver las cosas, con valores que les permitan alcanzar el nivel más alto del ser humano, y de esta manera honrar la memoria de nuestros compañeros caídos que murieron por defender a su pueblo”.
Desde el penal, Gonzalo Molina convocó a los asistentes a retomar el proyecto de seguridad y justicia comunitaria, la salud, la educación, la comunicación y la producción, con la idea de trabajar en la construcción del poder popular.
A los ciudadanos les pidió que no dejen solos a los comunitarios, “recuerden que los policías comunitarios defienden al pueblo y el pueblo defiende a su Policía Comunitaria”.
El promotor de la CRAC saludó a los padres de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos y a los maestros que luchan por echar abajo la reforma educativa.

Si no luchamos ni hablamos, nadie lo hará por nosotros

La esposa de Arturo Campos Herrera, Agustina García de Jesús acusó que el gobierno quiere cansarlos para que dejen de luchar por la libertad de los presos y por la presentación de los 43 normalitas de Ayotzinapa, “quiere que nos cansemos de luchar, de hablar y de ver lo que está pasando en nuestro estado” manifestó.
Convocó a los asistentes a seguir luchando, “si no lo hacemos ¿quién va a luchar por nosotros? Si no hablamos ¿quién va a hablar por nosotros? Nadie va a venir a hablar de afuera porque no conoce la situación que estamos viviendo”, dijo.
Expresó que el gobierno está equivocado al encarcelar a los luchadores sociales, “que mal están (los del gobierno) cuando se supone que están preparados. Ellos hablan de educación, pero donde está la educación de ese gobierno corrupto, que encarcela a las personas que luchan por su pueblo y por el bienestar de su comunidad”, se quejó.
Planteó que a ella le da coraje que tengan presa a la gente que lucha por la comunidad, “que coraje y que lástima me da ese pinche gobierno corrupto que siga tratando así a la gente de las comunidades indígenas”, expresó.
Preguntó que hasta cuando los indígenas van a tener tranquilidad y paz, “nosotros estamos muy lejos de alcanzar la tranquilidad y la paz, porque nos siguen golpeando y asesinando”, denunció.
En su intervención, la madre de Samuel Ramírez Gálvez, Beatriz Gálvez Macario aclaró que la tarea de la Policía Comunitaria no se acaba cuando el gobierno mete a un comunitario a la cárcel.
Explicó que antes, en la Montaña, los delincuentes podían matar y violar y que por eso ella y su esposo promovieron la creación de la Policía Comunitaria y que a raíz de esa lucha tiene a su hijo preso en el penal de Chilpancingo, de quien reclamó su libertad.
Criticó que en esa lucha hay gente que se vende y mencionó a quienes encabezan la Casa Matriz de San Luís Acatlán. Recordó que ellos, en el anterior gobierno de Rogelio Ortega Martínez, firmaron un convenio que también querían que lo firmaran los comunitarios de la casa de Zitlaltepec.
Detalló que el convenio consistía en recibir apoyo económico, cartuchos y uniformes a cambio de que entregaran a los que detuvieran.
Dijo que ellos se negaron a firmar porque la CRAC es autónoma y tiene su propio Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria y los detenidos son sometidos a un proceso de reeducación, “mientras que ellos (los del gobierno) venden la justicia y sus policías le dan seguridad al presidentes municipales y al gobernador nada más, no al pueblo”.
Emiliano Navarrete, representante de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos dijo que a casi dos años del ataque a los normalistas en Iguala no han encontrado justicia y que las investigaciones para encontraros siguen en cero.
Agradeció el apoyo que ha recibido el movimiento de los 43 por agrupaciones como la CRAC-PC de El Fortín y la de Olinalá.
Expresó que en estos dos años han visto el apoyo de mucha gente, aunque reconoció que en este camino “también hemos visto gente que se ha aprovechado de nuestra situación”, acusó sin precisarlo.
Añadió que ante la falta de resultados en las investigaciones, los padres han sabido dar la cara a un gobierno que “ha resultado ser una pinche porquería”.
Por su parte, el comandante de barrio de la Policía Comunitaria de Olinalá, Geovani Torres Salgado exigió la libertad de los tres miembros de la CRAC que siguen presos; Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez. Exigió que los detenidos obtengan su libertad de manera incondicional.
Aclaró que les dio gusto que salieran libres los seis policías comunitarios que estaban presos en Ayutla, pero que estos fueron liberados bajo fianza y que actualmente siguen sujetos a proceso.

La brigada infantil

El auxiliar del proceso educativo, Carlos Hernández explicó que con la brigada infantil comunitaria se trata de evitar la división que ocurrió con los que formaron la casa de Santa Cruz del Rincón (Malinaltepec, los llamados Pueblos Fundadores), cuando abandonaron la CRAC de la Casa Matriz de San Luis Acatlán.
Detalló que la idea es comenzar el proceso de refundación y reeducación desde abajo, desde los niños.
Manifestó que “ante lo que viene”, se pretende entrar a un proceso para lograr una comunidad más armoniosa y orgánica mediante talleres de reeducación en los que se retroalimenten los niños y los adultos.
Explicó que esta fue una propuesta de Gonzalo Molina.