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Reitera el Congreso demanda al Ejecutivo para publicar addendum sobre ley electoral

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A pesar de que el lunes la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, consideró que los daños a la sede del Congreso local fueron mínimos, luego de la irrupción de manifestantes de ese día en el edificio Legislativo, la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente se realizó vía Zoom.
Pese a ello, pidieron permiso para ausentarse la diputada de Morena, Jessica Alejo Rayo, y el perredista Bernardo Ortega Jiménez. Fueron sustituidos por Angélica Espinoza García y Carlos Reyes Torres, respectivamente.
La sesión comenzó con la asistencia de nueve diputados. Este lunes pobladores de los municipios de la región Centro y Montaña en Chilpancingo, irrumpieron con un camión blindado en el recinto legislativo, derribando el portón del estacionamiento. Esa misma noche Domínguez Serna informó que los daños eran mínimos, sólo al estacionamiento, cámaras de seguridad y portones, pero que se evaluarían.

Se insiste en el addendum

La presidenta de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, informó que el presidente de la Comisión de Justicia, Jesús Parra García, pidió al secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, que reconsidere y publique el addendum rectificatorio al decreto 471 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para que se incluya en los acuerdos la violencia política de género, que ya devolvió una vez al Legislativo.
Lo anterior, a través de un oficio que entregó a este órgano de gobierno, y que se remitió al Poder Eje-cutivo, el viernes 7 de julio, indicó.
Este documento fue devuelto al Legislativo sin publicar, con el análisis del Consejero Jurídico del gobierno del estado, Jorge Salgado Parra, de que ya habían pasado el plazo para reformar a la ley electoral que regirá los próximos comicios.
En este caso, la reforma de diversas disposiciones de la Ley electoral, relacionada con acciones afirmativas en la materia, y en la estructura orgánica del IEPC, dejó fuera de los acuerdos la violencia política de género, para que los sancionados por esta infracción no accedan a cargos de elección.
El diputado Parra señaló que por mayoría, la Comisión aprobó el addendum en los términos del artículo 278, con el propósito de incluir en esta misma reforma “lo que erróneamente fue omitido y que forma parte del decreto de reformas”, conforme a las iniciativas presentadas por la diputada Angélica Espinoza García del PRD.
Enfatizó que este mecanismo no implica una reforma adicional o diferente al contenido del decreto 471,  como se indica en la respuesta del Ejecutivo en el oficio del 22 de junio, para devolver el documento.
Aclaró que se trata de la corrección del texto normativo del artículo décimo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales conforme a lo procedente de las iniciativas, y que, como en párrafos previos están incluidos en los argumentos del decreto.
Enfatizó que en la práctica parlamentaria, que también se conoce como Buenas Costumbres en los artículos 1830 del Código Civil Federal, 1627 en Guerrero, forman parte de lo que se conoce como principio de Licitud. Llamó a reconsiderar la decisión que contraría el correcto desempeño del poder Legislativo, y se publique de manera inmediata el addendum rectificatorio, aprobado en el pleno.

Piden atender al hospital comunitario de Metlatónoc

En el único asunto del apartado de intervenciones, el morenista Mendoza Basurto denunció que Hospital Básico Comunitario de Metlatónoc tiene “bastante deterioro” que constató en recorrido con habitantes y regidores hace un mes. Mostró fotografías de los techos con hoyos o con tuberías expuestas, con las sillas inservibles.
El Hospital también debe atender a una parte de la población de Cochoapa el Grande en la Montaña alta del estado, pero funciona al 50 por ciento de su capacidad.
Aclaró que hizo esta denuncia en tribuna, porque hace un año, ciudadanos  han solicitaron la restauración del edificio ante la Secretaría de Salud, sin respuestas.
“Fue de verdad triste ver tantos baldes para captar las goteras del techo, imaginar cómo sería la atención médica en las condiciones de infraestructura, que en la conclusión que hicimos con las personas que acudimos, estimamos que quizá de cuando fueron entregadas las instalaciones, hoy estan al 50 por ciento de su capacidad para brindar algun servicio a los hermanos indígenas del municipio”.
Aclaró que corresponde a la Secretaría de Salud hacer una minuciosa inspección en el Hospital Basico Comunitario, para verificar la situación operativa, administrativa y de infraestructura, y se ejecuten las acciones que correspondan para garantizar su funcionamiento de manera adecuada, brindando una buena atención a la población de Metlatónoc.
Enseguida, Bernal Resendiz hizo llamado urgente para atención no solo de los hospitales de Guerrero, sino de todo el país,  donde no hay medicamentos y las personas siguen muriendo por piquetes de alacrán.
Demandó la infarestructura de primer nivel, que  se prometió, hoy más que nunca debe ser priodidad y hacemos atento llamado a la secretaria de Salud federal y a la estatal, para que puedan tomar cartas en el asunto”.
La diputada del PRI Gabriela Bernal Reséndiz, se unió al reclamo para señalar los problemas en los servicios de salud de todo el país, por la muerte de la niña Aitana Betzabé de seis años de edad, debido a una negligencia de una clínica del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo. La noticia nacional indica que durante su traslado en camilla, la niña internada por dengue hemorrágico, fue prensada en un elevador en mal estado que no tenía señalamientos de que no funciobana.
Asimismo, informaron que el presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, el diputado Jacinto González Varona, remitió a la Mesa Directiva 50 informes individuales de auditoría, correspondientes a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2022, de los poderes del estado y ayuntamientos.
Aprobaron como asunto de urgente y de obvia resolución, la celebración del Parlamento Juvenil 2023, el 22 de septiembre, en coadyuvancia con la Secretaría de la Juventud y la Niñez, y el Instituto Electoral y de Participacion Ciudada (IEPC).
Este proceso incluye la sección de 46 parlamentaristas, mediante ocho encuentros regionales virtuales, indicó la presidenta de la Comisión Angelica Espinoza García.

Emplaza el TEE al Congreso a instaurar los cuatro ayuntamientos instituyentes

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Estado (TEE), solicitó nuevamente al Congreso de Guerrero un informe sobre el cumplimiento que ha dado a las sentencias referente a la designación de los integrantes del Ayuntamiento instituyente del nuevo municipio de Ñuu Savi, y le otorgó un plazo de dos días hábiles para entregarlo. Y recordó al Poder Legislativo que este retraso “conlleva a la responsabilidad de la autoridad responsable del desacato a una sentencia”.
En el acuerdo plenario presentado por la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz se advierte que de no cumplirse con esta solicitud de informe, el Congreso local se hará acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas en la ley.
En el acuerdo se señala que en el primer informe que el Congreso entregó al TEE, el poder Legislativo informó de un “plan de trabajo” en el que establecen entre otros tiempos, un plazo de seis semanas para “llevar a cabo la consulta a las comunidades del municipio para que avalen las propuestas de las personas que se designen como integrantes del Ayuntamiento instituyente”.
Es decir que después de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) integre la planilla del Ayuntamiento instituyente, continúa un plazo de seis semanas para que estos nombres sean avalados por las comunidades, pero aún no hay fecha para tener al menos la propuesta de este cabildo.
El TEE también estableció que de acuerdo a lo que dice la ley, el Ayuntamiento instituyente de Ñuu Savi (al igual que los de los otros tres nuevos municipios) debe ser nombrado antes de septiembre, previo a que inicie el proceso electoral.
Pero solo el plazo de seis semanas, representan “42 días, cuando solo se dispone de 65 a 61 días, antes de iniciar el próximo proceso electoral 2023-2024, no obstante, se debe considerar en éste, el plazo que requiere el Instituto Electoral para resolver la solicitud del cambio de modelo de elección”.
El TEE le recordó al Poder Legislativo que “los plazos y términos establecidos en ambas sentencias son imperativos, por lo que no pueden ser objeto de retardo, y éstos se han venido acotando por el transcurso del tiempo, lo que impacta en hacer nugatorio el derecho de las y los justiciables y conlleva a la responsabilidad de la autoridad responsable del desacato a una sentencia”.
El TEE requirió al Congreso local a través de la presidencia de la Mesa Directiva y de la Jucopo, un informe dentro del plazo de dos días hábiles en el que se detalle el cumplimiento que ha dado a las sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional y por la Sala Regional Ciudad de México, en el que pidieron que se incluyan las constancias que sustenten su informe.
Y se apercibe que dé incumplir “con lo ordenado en el punto de acuerdo que antecede, se hará acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas” en el artículo 37 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En la sesión, el TEE revocó la resolución de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral del IEPC del pasado 18 de abril con las que declaró la improcedencia de la solicitud de registro como partido político local, presentada por la organización ciudadana Guerrero Pobre, emitida por el Consejo General del órgano electoral.
El pleno, se declaró fundado el agravio planteado por el representante legal de la organización ciudadana Guerrero Pobre, Rubén Valenzo Cantor, los magistrado confirmaron que se realizó una “indebida fundamentación y motivación en la determinación de invalidar siete asambleas municipales, así como, a la violación al derecho de audiencia al no haberle notificado a la organización, los resultados de la verificación y autenticidad de las afiliaciones realizada por el INE y, al haberse emitido el dictamen y la resolución impugnada, sin analizar las consideraciones del oficio con dichos resultados”.
El TEE ordenó a la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral y al Consejo General del IEPC emitir un nuevo dictamen y una nueva resolución, respectivamente.
El Tribunal confirmó también la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, en el proyecto emitido por la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, se determinó declarar infundado el juicio promovido por el ahora ex presidente del Comité Directivo Municipal panista en Coyuca de Benítez Bruno Calixto Ríos Díaz, toda vez que, el actor no demostró que el acto la falta de entrega de prerrogativas le causara alguna afectación a su derecho político electoral de ejercicio del cargo partidista durante su periodo.

Ratifica el IEPC sanción al dirigente de Morena por violencia política de género

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Partici-pación Ciudadana (IEPC), consideró que existe un “riesgo de violencia alto” para la diputada del PRI, Gabriela Bernal Resendiz, quien denunció a su homólogo de Morena, Jacinto Gonzalez Varona, por violencia política en razón de género
Confirmó las medidas cautelares para que el también dirigente estatal diputado de Morena se abstenga de cualquier acercamiento o comunicación con ella o su familia, fuera de la labor legislativa, y que propicie “un ambiente de respeto”.
Asimismo, le pide “que se abstenga de realizar señalamientos sexistas, denigrantes, machistas, misóginos y otros que pudieran derivar violencia política de género, así como la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia, en relación con la diputada Gabriela Bernal o su familia, así como evitar cualquier manifestación que implique violencia política física, simbólica, psicológica y sexual”.
Requirió a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que en un plazo de diez días hábiles, remita un plan de seguridad personal elaborado junto con Bernal, y remita de manera quincenal un informe.
Ese es el resultado de un recurso de apelación resuelto la semana pasada por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), que promovió el morenista contra las medidas de protección otorgadas de manera oficiosa en la demanda por violencia política en razón de género que presentó Bernal Resendiz, a propósito de las declaraciones de González Varona en un acto partidista privado que trascendió a redes sociales.
Gonzalez Varona fue denunciado por decir que se utilizó la imagen de la entonces candidata a la senaduría por el PRI, para que ganara el primero de la fórmula, hombre (Manuel Añorve), después de que Bernal denunció en tribuna violencia política hacia la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 20 de junio, el TEE ordenó a la Comisión determinar en un nuevo proyecto, la medida de protección donde se identificara el bien jurídico tutelado, el tipo de amenaza potencial, la persona agresora, la vulnerabilidad de la víctima y nivel de riesgo, en plazo de 24 horas.
El viernes 23 de junio, la comisión de Quejas y Demandas calificó  “un nivel de riesgo de violencia alto” para la denunciante, a partir del análisis de expediente,  los medios recabados por la autoridad, así como del cuestionario de riesgo para casos de VPG, en términos del apartado 5 del Protocolo para la Atención de Víctimas, aplicado a Bernal.
Indicó que los bienes tutelados a la denunciante son “a una vida libre de violencia, la dignidad, la discriminación, la libertad de las mujeres, y que existe la probabilidad de una amenaza, en virtud, como lo menciona la quejosa, que el denunciado es acompañado por una camioneta con escoltas y estos se encuentran armados”.
Además, que los actos que pudieran configurar VPG, han escalado del apelante y la quejosa, a que diversos actores políticos continuaran con la denostación a Bernal, quien la hizo sentir insegura. Precisa que las medidas no prejuzgan la existencia o no de las infracciones denunciadas.

Revoca el TEE sanción del IEPC a Jacinto González por violencia política de género

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado debatieron en sesión pública el proyecto la resolución de la apelación que promovió el dirigente de Morena, Jacinto González Varona, contra las medidas cautelares que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que le prohíbe acercarse o comunicarse con la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, a propósito de la denuncia por violencia política en razón de género en su contra.
En abril pasado, en un acto en Ometepec, el líder de Morena, González Varona, acusó que la diputada priista prestó su imagen en el proceso electoral de 2018 para que el ahora senador Manuel Añorve accediera a su escaño.
En un video difundido a través de grupos de whatsapp, se escucha al líder de Morena decir que la diputada Gabriela Bernal -quien participó en la fórmula priista al Senado- fue utilizada para engañar a la gente. El 18 de abril la diputada presentó una denuncia ante el IEPC contra el también diputado federal por violencia política de género.
La propuesta de la presidenta del TEE, Evelyn Rodríguez Xinol, aprobada con tres votos a favor y uno en contra de la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, revocó el acuerdo de las medidas cautelares de la Comisión de Quejas, y ordenó al organismo que emita un nuevo dictamen en un plazo no mayor de 24 horas.
Sólo Eugenio Alcaraz apoyó el plazo de 24 horas que estableció en el proyecto Rodríguez Xinol, aprobado por el voto de la calidad de la presidenta, porque los magistrados, Hilda Rosa Delgado Brito y J. Inés Betancourt Salgado, pidieron ampliar a 48 horas el plazo para fundar y motivar el documento.
Betancourt señaló que técnicamente 24 horas era muy poco tiempo para elaborar una resolución fundada y motivada con la exhaustividad que se está solicitando en esta sentencia.
Delgado Brito argumentó en favor de la ampliación del plazo que no se denunció violencia física, para emitir medidas cautelares en 24 horas como señala el reglamento del IEPC, sino de “violencia sicológica y simbólica”. En ambos casos, precisaron que todavía nadie se ha pronunciado sobre la demanda de violencia política.
En el voto razonado en contra de la revocación de las medidas cautelares, Eugenio Alcaraz advirtió que no observa en ellas perjuicio a la libertad de expresión que argumentó el quejoso, como dirigente político y diputado local.
Consideró que, en la presunción de restituir su derecho electoral “a la libertad de circulación de sus expresiones, no cambiaría en nada que el recurrente (González Varona) deba cambiar cualquier manifestación contra la denunciante, que contenga señalamientos sexistas, machistas, estereotipados, o bien que se abstenga a un acercamiento o comunicación con la quejosa; de hacerlo podría, en su caso, no sólo haber una repetición del acto, sino generar nuevas probables conductas de violencia política en razón de género”.
El dictamen aprobado por el TEE ordena a la Comisión de Quejas del IEPC, que analice la calificación del riesgo otorgado al caso, a partir del análisis de la intención y consecuencias de las conductas violentas, que tome en cuenta el contexto específico del caso y si tiene un carácter meramente probabilístico; que haga una diferencia entre peligrosidad y riesgo, y que considere la percepción de la víctima sobre la peligrosidad de la persona agresora, así como su percepción de seguridad al regresar a su casa, centro de trabajo, continuar ejerciendo sus derechos políticos y electorales, entre otros lineamientos.

Desechan impugnación del caso contra Sánchez Esquivel

Por otro lado, el colegiado desechó por unanimidad el juicio de impugnación que presentó Teresa Nava Alfaro y otras ciudadanas contra una resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, que favoreció al diputado local Alfredo Sánchez Esquivel, acusado de violencia política de género contra la diputada Yoloczin Domínguez.
Señalaron que, el 25 de enero la CNHJ de Morena otorgó a las actoras tres días hábiles para acreditar su afiliación partidista, “bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido y con las formalidades indicadas, se desecharía de plano, acuerdo que fue notificado el mismo día a las actoras por los estrados electrónicos y vía electrónica a las hoy actoras”. Sin cumplimiento, se desechó el caso en el organo partidario el 23 de febrero.
La impugnación de las denunciantes que llegó a la sala regional, terminó ayer en desechada y en archivo “por el cambio de situación jurídica” de las quejosas, que dejó sin  materia el juicio de impugnación.

Ordena a la comisión de VPG del PAN, reabrir el caso de Felícita

El TEE declaró fundada la impugnación de la dirigente municipal del PAN de San Marcos, Felícita Navarrete Neri, contra una resolución del 12 de enero de 2023, de la Comisión de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres Militantes de su partido, por no sancionar conductas del presidente estatal del Comité Directivo Estatal, Eloy Salmeron Díaz.
Entre estas condutas, la quejosa señaló la obstaculización del pleno ejercicio de sus derechos político electorales de asociación y afiliación política, y el ocultamiento de información, al no notificarle el supuesto acuerdo de suspensión de prerrogativas, que configuran violencia política de género.
El colegiado, ordenó a la Comisión de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres Militantes del PAN, analizar todas pruebas en su conjunto y emitir nueva sentencia de manera exhaustiva, fundada y motivada, con el planteamiento de Violenica política de género hacia la actora, en un plazo de 20 días habíles,contados a partir de la notificación de la sentencia.

Millán Sánchez: sigue litigio de la elección de consejeros

Por otro lado, el TEE desechó la controversia del ex candidato a consejero estatal del PAN, Carlos Millán Sánchez, contra la resolución de la Comisión de Justicia sobre la elección interna, por “cambio un situación jurídica del caso”.
En el proyecto del caso, se detalla que la Sala Regional del Tribunal Electoral del poder Judicial de la federación declaró fundados los agravios del militante,  tras un estudio de fondo, y la Comisión de Justicia deberá emitir una una nueva resolución, lo cual deja sin efectos el juicio en Guerrero.
En declaraciones al terminar la sesión del TEE, Millán Sánchez destacó que la sala regional corrigió la plana a la comisión de Justicia del PAN, y a magistrados electorales de Guerrero que inicialmente desecharon su demanda.
Ahora, señaló que la comision intrapartidara deberá analizar el cómputo, inaplicaicón con exhaustividad, donde afirma que tienen más porcentaje de votación que tres consejeros que entraron en funciones.
Aclaró que son posibles tres escenarios, que se ordene repetir la asamblea, o la elección de consejeros hombres, que se le admita como consejero estatal, o se deseche, y como afectado, vuelva a impugnar.

Se olvidan diputados de incluir la violencia política en razón de género en la Ley 3 de 3

La Diputada local por Morena, Gloria Citlali Calixto Jiménez durante su participación en tribuna en la sesión del Congreso para presentar el decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado de Guerrero, en materia de violencia ácida conocida como “Ley Malena” Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Congreso local aprobó un adendum (modificación) de la Comisión de Justicia para agregarse a la reforma de la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres, porque en las reformas aprobadas el pasado 8 de junio ninguno de los diputados presentes se percató que no se incluyó la “violencia política en razón de género” como una causal para no tener registro como candidato.
Al inicio de la sesión, el pleno aprobó con 44 votos a favor, cero en contra y una abstención, un adendum de la Comisión de Justicia, el cual fue fechado el viernes 9 de junio pasado; sin embargo, éste se aprobó hasta ayer porque el pleno no había sesionado.
Se trata de un agregado que se realizó al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan de la ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada el 8 de junio pasado.
En la sesión se leyó el documento enviado por la Comisión de Justicia que plantea que “sea agregado el adendum rectificatorio”.
Se detalla que es en materia de la denominada Ley 3 de 3 y que es “en particular la homologación a la reforma constitucional federal… en lo relativo de la violencia política en razón de género y la inconstitucionalidad declarada respecto en la causa de elegibilidad llamada modo honesto de vivir”.
En la lectura no se dan mayores detalles del adendum, por lo que al final de la sesión se consultó a la secretaria de la Comisión de Justicia, la morenista Beatriz Mojica Morga, quien confirmó que en el dictamen aprobado el pasado jueves no se incluyó como causal para no ser postulado a quienes tengan sentencia firme por cometer violencia política en razón de género, y que fue eso lo que se agregó ayer.
La legislación aprobada el jueves y publicada el viernes en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado se plantea que se suspenden los derechos políticos y electorales a agresores que tengan sentencias firmes por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la libertad sexual y el desarrollo sicosexual, contra la libertad personal, ni delitos cometidos en contra de un integrante de la familia, ni por discriminación contra la dignidad de las personas.
También se establece que no deberán estar inscritos en ninguno de los registros nacional, estatal o de otra entidad federativa como deudores alimentarios, ni ser personas sancionadas o inhabilitadas para el servicio público.
Pero no se estableció que quienes tengan sentencia firme por cometer violencia política en razón de género no podrán ser candidatos.
El viernes de la semana pasada se venció el plazo -de 90 días previos al arranque del proceso electoral- que establece la ley para que se realicen y publiquen las reformas en la materia y que estas sean aplicables para el próximo proceso.
La diputada morenista consideró que el incluir hasta ayer como causal el tener sentencia firme por violencia política en razón de género, no tendría que tener repercusiones legales y que debería ser aplicable para el próximo proceso electoral.

Iniciativa sobre la violencia ácida

La morenista Citlali Calixto Jiménez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado para incluir a la violencia ácida como un tipo de violencia que provoca lesiones y causa daño físico irreversible a la mujer.
La priista Flor Añorve Ocampo planteó una reforma a la Constitución del estado para incorporar como requisito la presentación del Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a quienes aspiren a ocupar cargos de elección popular o fungir como jueces, magistrados, auditor superior, integrante del Consejo de Políticas Públicas, consejo de la Judicatura o defensor general del Instituto de la Defensoría.

La sesión

En la sesión quedaron de primera lectura dictámenes de reforma y adiciones a los Códigos Civil y Penal del Estado y a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar en materia de violencia vicaria, y otro por el que se declara improcedente una iniciativa de reformas a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
También se aprobó un punto de acuerdo presentado por el morenista Andrés Guevara Cárdenas por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano federal y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, para que el Programa de Mejoramiento Urbano, en la vertiente de mejoramiento integral de barrios implementado en  Iguala para que se cumpla con los requerimientos de calidad de obra pública en la renovación integral del Centro Histórico.
También se aprobó un exhorto del morenista Antonio Helguera Jiménez a los municipios de la entidad para que de manera oportuna convoquen a elección de comisarios y comisarías de sus respectivas localidades.
Y antes de concluir la sesión se eligió y tomó protesta a las y los diputados propietarios y suplentes que integrarán la Comisión Permanente del segundo periodo de receso del Segundo Año de la actual legislatura, la Mesa Directiva es la misma ya que su periodo concluye el último día de agosto, los vocales propietarios, son Claudia Sierra Pérez, Rafael Navarrete Quezada, Leticia Mosso Hernández, Gabriela Bernal Reséndiz, Jessica Ivette Alejo Rayo, Nora Velázquez Martínez y Bernardo Ortega Jiménez; vocales suplentes, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Héctor Apreza Patrón, Hilda Jennifer Ponce Mendoza, Esteban Albarrán Mendoza, Angélica Espinoza García, Estrella de la Paz Bernal y Carlos Reyes Torres.

Seguirá ejerciendo su “libertad de expresión”, dice Jacinto tras la exoneración del IEPC

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, reconoció al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). porque su “autonomía” y “valor” ante los presuntos intentos de chantaje por parte de los partidos de oposición; esto a partir de su decisión de no sancionarlo.
También negó que se deban por parte del Instituto a los partidos tres meses de prerrogativas, porque a Morena se les han depositado el 50 por ciento para sus gastos “básicos”.
Consultado respecto a la decisión del IEPC de no sancionarlo a pesar de que se acreditó que cometió calumnia, Jacinto González dijo que en su respuesta a la denuncia presentada por el PRD, él argumentó a su favor que se debe respetar su libertad de expresión: “vivimos en una sociedad democrática en la que se debe respetar la opinión de cada uno de los ciudadanos, independientemente de si eres dirigente o diputado”.
A pregunta, descartó que se abra la puerta a descalificaciones por el antecedente de que si se realizan fuera del proceso electoral, no serán sancionados: “Ellos todos los días nos calumnian, hablan de nosotros, el PRD, el PRI, un día sí y un día no y sin embargo no estamos contestándole con denuncias”.
Y recordó que, en la precampaña de 2021, la oposición en spots y en declaraciones decían: “Morena mata”, señalando la presunta irresponsabilidad del gobierno federal por no vacunar a tiempo contra el Covid-19.
Dijo que en ejercicio de su libertad de expresión “vamos a seguir emitiendo nuestros posicionamientos, nuestra forma de dirigirnos a las y los ciudadanos”.

IEPC “tiene valor”

Del señalamiento del presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD Alberto Catalán Bastida que afirmó que las resoluciones del órgano electoral están marcadas por “el miedo al poder político que ejerce Morena” en lo estatal y federal, González Varona aseguró que no es así, y que por el contrario el IEPC “tiene autonomía y valor y que no se va a dejar chantajear por declaraciones de partidos políticos”.
El dirigente morenista consideró que el IEPC realizó su trabajo, “yo lo respeto mucho”, y no hay sumisión del órgano electoral ante los gobiernos emanados de Morena.
Precisamente se le preguntó si es coincidencia el retraso de tres meses en la entrega de las prerrogativas al órgano electoral y en consecuencia a los partidos políticos, que fueron demandados al gobierno estatal por parte de representantes.
Jacinto González les respondió que precisamente los partidos políticos a través de sus diputados debieron “haber fijado a la hora del etiquetado del presupuesto, porque viene etiquetado por Inversión Estatal Directa (IED), y Guerrero no tiene muchos ingresos, depende mucho de los ingresos que tenga el estado, entonces si queremos nuestras prerrogativas a tiempo, debemos pugnar por un estado que esté recaudando”.
Negó que sean tres meses sin recibir prerrogativas. Incluso pidió a la presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama que “si quiere darle preferencia a los partidos de enfrente que lo haga, en Morena no tenemos nóminas infladas”.

 

Presenta el PRD una queja ante el IEPC por pintas en bardas a favor de Sheinbaum

Rosalba RamÌrez GarcÌa

Chilpancingo

Integrantes de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD, acudieron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a presentar una queja por las pintas a favor de la aspirante presidencial y jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que se realizaron en la capital en los últimos días. Piden que se investigue el origen, se castigue a los responsables y se “sanee” la imagen de los espacios públicos.
Ayer unos diez perredistas integrantes de la DEE, encabezados por Alberto Catalán Bastida acudieron al IEPC a presentar esta queja.
A su salida, el dirigente perredista se refirió a las pintas que se realizaron “en todos los espacios públicos habidos y por haber, sobre la carretera, sobre el bulevar, en las bases de los puentes, sobre el encauzamiento del río Huacapa”, en las que se lee: “Es Claudia”, lo cual es claro que se refieren a la jefa de Gobierno.
Informó que el representante del PRD en el Consejo General del INE, Ángel Ávila, presentará la misma queja con los mismos elementos de prueba que entregaron ayer al IEPC.
Además, señaló que no será la última queja que presentarán, porque también denunciarán al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Ebrard, quienes también realizan campaña anticipada, que busca posicionar a los tres personajes morenistas.
Después de entregar su escrito de queja en oficialía de partes, Catalán Bastida dijo que también hay polÌticos locales “están apoyando esta campaña anticipada, diputadas, diputados y muchos funcionarios del estado que utilizan muchos recursos públicos”.
Bastida explicó que estas pintas se realizan en espacios y bardas públicas, y que los testimonios (fotografías) tratan de vincular estos actos con “la campaña anticipada” y las giras en todo el país.
Criticó también que Claudia Sheinbaum realice “actos anticipados de campaña” en los que la han acompañado incluso la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna.
Dijo que con la denuncia se pide al IEPC que se investigue quien desde los ayuntamientos ha autorizado el hacer uso de estos espacios públicos y a quiénes se les dieron.
También reconoció que el IEPC puede decir que no tiene competencia, pero recordó que también están presentando quejas a nivel nacional.
Explicó que entre las medidas cautelares que piden, además de que se investigue el origen de estas pintas y que se sancione a los responsables, es la de que “saneen esos espacios públicos que han sido vulnerados con estas pintas que para nosotros no es más que una violación a los espacios públicos de todos los ciudadanos guerrerenses”.

 

Es la impunidad el aliento de las conductas delictivas, señala el arzobispo de Acapulco

Daniel Velázquez

El arzobispo Leopoldo González González señaló que la impunidad es lo que alienta las conductas delictivas, pues quienes cometen esos actos esperan que no haya fuerzas de seguridad en el entorno inmediato y saben que no serán sancionados.
En su mensaje de este domingo el arzobispo convocó a los católicos a que la Semana de Pascua y en particular el Viernes de Dolores, en el que se conmemora el día de nuestra señora de La Soledad, sea motivo de reflexión sobre el impacto de la violencia, el rostro con lágrimas de la imagen es el mismo que puede verse en el prójimo, y puso como ejemplo los homicidios, el desplazamiento forzado y la extorsión.
También insistió en que mientras haya impunidad seguirán ocurriendo hechos violentos. “La impunidad disminuye mucho la seguridad, que la presencia de militares y policías puedan dar. Es imposible que nos vigilen a cada uno de los ciudadanos y que estén en cada rincón de los pueblos, ciudades, campos, carreteras… Si quien comete estos crímenes y delitos mira que lo más probable es que su delito quede impune, basta que vigile que policías y militares no lo vean al realizarlo, aunque estén ahí cerca”.
“Es necesario que quien cometió tales crímenes y delitos sea puesto, conforme a derecho, en condiciones de no poder seguir cometiéndolos, de recapacitar y reorientar su conducta, y de alguna manera resarcir el daño hecho a las víctimas”.
A manera de reflexión, monseñor dijo que el rostro de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, con lágrimas en sus mejillas es el mismo que se aprecia en las familias que sufren la pérdida de un familiar que ha sido ejecutado. “Aunque por desgracia los asesinatos y ejecuciones estén siendo cosa casi diaria, no nos acostumbremos a ello. Nos duela e indigne el crimen que sufrieron estos hermanos nuestros. Al mirar la noticia, siempre pidamos por su eterno descanso y, si podemos, expresemos nuestra cercanía a su familia, en la escucha, en el dolor que compartimos con ellos, en una palabra de consuelo y esperanza”.
“El rostro de aquellas familias que han tenido que dejar sus comunidades o están a punto de hacerlo, por la desprotección en que se miran ante las amenazas de grupos criminales. Para regresar a sus hogares, para permanecer en ellos, necesitan condiciones fiables de seguridad. No es posible vivir con la zozobra de la cercanía de un peligro al ir a sembrar o a cosechar, al llevar las vacas a pastar, al ir a comprar… Junto con las condiciones fiables de seguridad es necesario que, primero, tengan las condiciones básicas para subsistir y luego, la posibilidad de conseguir con su trabajo lo necesario para vivir dignamente. No es posible volver o permanecer si desvalijaron la tienda del poblado, si se robaron hasta la despensa”.
“El rostro de tantas familias extorsionadas: el cobro de cuota o de piso, el ‘impuesto’ que exigen algunos grupos criminales por caja de mango o en la compra de algunos productos de abarrote o de subsistencia diaria o de materiales de construcción… son una grave sangría a la economía familiar, dejan un doloroso sentimiento de impotencia y de enojo en las personas que lo sufren y hacen muy frágil el sentimiento de seguridad en la sociedad”.

 

Promueve la diputada Eufrosina Cruz que el matrimonio forzado sea delito grave

La diputada federal priista, Eufrosina Cruz Mendoza durante la conferencia magistral “Derechos Políticos de las Mujeres Indígenas”, llevada acabo en el auditorio Sentimientos de la Nación del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La diputada federal por el PRI, reconocida defensora de los derechos de las mujeres indígenas, Eufrosina Cruz Mendoza, informó que el Senado de la República revisa la reforma al Código Penal Federal que sanciona los matrimonios forzados o uniones equiparables, que a nivel federal sólo estén prohibidos en el Código Civil.
Como ponente en la conferencia Derechos Políticos de las Mujeres Indígenas, que organizó el Tribunal Electoral del Estado (TEE), informó en su exposición que en abril pasado presentó la iniciativa de reforma para que considere el matrimonio infantil como delito grave, que luego se deberá homologar en todo el país: “Hay que nombrarlo como tal, ahí va implícita la trata (de personas)”.
Hablante del idioma zapoteco, reconocida dos veces por la revista Forbes entre las cien mujeres más influyentes del país, denunció que en México es delito el abigeato, hasta tener mascotas exóticas, pero no que una niña se case, porque es parte de los usos y costumbres, lo cual es abuso y violencia, que se comente no sólo en comunidades indígenas y afromexicanas en diferentes estados, sino también ocurre en colonias de grandes ciudades, donde está invisibilizada.
En entrevista, explicó que la iniciativa plantea un capítulo nuevo al Código Penal Federal de nuestro país, para hablar específicamente de los matrimonios infantiles o equiparables, y que todos los que estén involucrados en ese hecho reciban una pena de cinco a 15 años de prisión.
Precisó que la prohibición en el Código Civil conlleva la anulación de la unión: “te puedes casar y lo único que la autoridad puede hacer es anular el matrimonio, ¿pero quién te regresa tu dignidad si ya fuiste violentada, abusada? O si sólo vivió en concubinato con un acuerdo nomás, ‘no es necesario se casen, nomás que vivan ahí juntos’”.
En el Senado aún se van a determinar algunos aspectos sobre el seguimiento del delito, “ayer (jueves) fui con la presidenta de la Comisión de Justicia, con la senadora Olga Sánchez Cordero. El próximo miércoles voy con los demás integrantes de la Comisión”.
Confío en que el Código Penal Federal puede obligar el cumplimiento de la ley, que tiene más peso que los códigos de los estados, y después de las primeas detenciones, acabe con la práctica.
En Guerrero, el 20 de octubre se prohibió y penalizó la cohabitación forzada, con sanciones de hasta 20 años de prisión.
Cruz Mendoza señaló que México está en el primer lugar de pornografía infantil, lo cual indica que algo están haciendo mal los adultos.
“En el senado está la minuta pero se tienen que concertar algunos acuerdos, en eso ya ando sensibilizando”.
Sobre la política para erradicar los matrimonios infantiles o equiparables en Guerrero, recomendó a las autoridades que difundan el mensaje en las lenguas maternas, con las palabras de uso cotidiano, a través de los aparatos de sonido, de la señora que vende el pan, “donde se diga, ‘quien venda a su hija se ir al bote’, nada de prisión preventiva o palabras pipirisnais, que les digan, ‘te vas al penal de Acapulco, de Chilpancingo’, tal cual, para que vayan aprendiendo, y que se difunda el mensaje en la mañana, cuando salgan a sus campos, sino de nada sirve”.
En su conferencia, relató su testimonio de vida y cómo pudo cambiar la única realidad que se conocía en su comunidad, donde su hermana mayor fue dada por su pap· en matrimonio a los 12 años, a los 13 tuvo su primer hijo, a los 33, con nueve, decidió no tener más.
“Yo soy posibilidad, soy oportunidad, no soy grupos vulnerables, lo que se han vulnerado son mis derechos, es necesario reaprender a ver a los pueblos de México, con los ojos correctos”.
También mencionó que una amiga muy querida que incursionó en la política fue asesinada el año pasado, y dejó un niño huérfano.
Indicó que esta semana presentó en la Cámara la iniciativa para que haya padrón de niños y niñas víctimas de feminicidio, para que el Estado mexicano se haga responsable de su salud mental, emocional y certeza educativa, pues “cuando no está mamá, las historias cambian”.
Explicó que, la propuesta es que los DIF estatales identifiquen con las Fiscalías de los estados a las víctimas y sus deudos a quienes quedan en la orfandad, a través de la Secretaría de Gobernación se elabore el padrón nacional para el seguimiento de casos.
“Sus hijos están invisibilizados, y si no hay un cuerpo de abogados, las carpetas de investigación ahí se queda, intactas”.
En su mensaje de bienvenida, la magistrada presidenta del TEE, Evelyn Rodríguez Xinol destacó el interés especial del Tribunal Electoral de compartir reflexiones que contribuyan en el fortalecimiento de las mujeres.

 

Sanciona la Conagua con 300 mil pesos al Ayuntamiento de Atoyac porque vierte aguas negras al río

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) sancionó al Ayuntamiento de Atoyac por contaminar las aguas del río Atoyac ya que la planta tratadora de agua no funciona. Por su parte el alcalde Dámaso Pérez Organes señaló que la multa ha mermado las finanzas municipales.
En la toma de protesta de delegados de Atoyac el presidente Dámaso Pérez anunció que se está presentando un proyecto para reactivar la planta tratadora de aguas residuales.
El presidente señaló que la dependencia federal ha sancionado al municipio por vaciar aguas residuales en el río Atoyac y están en riesgo las participaciones que manda la federación al municipio.
Dijo que la planta tratadora “quedó como un elefante blanco”, agregó que las sanciones fueron de hasta 2 millones de pesos y la última de 300 mil pesos además de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
Abundó que las aguas del drenaje descargan directamente al río y están en espera de la validación del proyecto de reactivar la planta tratadora.
Preciso que ahora sería en el esquema de una laguna de oxidación para sanear el río y evitar más sanciones.
De concretarse el proyecto que será validado por Conagua se ejecutaría en un plazo de cinco meses para ser laguna de oxidación.
La construcción de la planta tratadora que está a un costado del bulevar Atoyac-Y Griega se inició en la administración (1993-1996) de la entonces perredista, María de la Luz Núñez Ramos, sin embargo la obra nunca operó a pesar de que costó millones de pesos, generando pérdidas al municipio por el saqueo de equipo como turbina, transformadores y cableado en las pasadas administraciones.