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Se reactiva el conflicto agrario en los bienes comunales de Alpoyeca; toman el Ayuntamiento

 

En la cabecera municipal de Alpoyeca se reavivó el conflicto agrario por las tierras de los bienes comunales, que llevó a la toma del Ayuntamiento y a la retención de policía municipales por parte de vecinos inconformes.
Sobre el incidente hay dos versiones; una es que la noche del martes, dos hombres en estado de ebriedad dispararon armas de fuego en las calles, por lo que vecinos pidieron el auxilio de policías municipales, que cuando se presentaron, a empujones fueron repelidos por conocidos de los ruidosos que los obligaron a retirarse y evitaron que se los llevaran, lo que generó molestia.
Luego, vecinos acudieron al Ayuntamiento para reclamar el presidente municipal, el petista Osiel Humberto González Almazán, o la síndica procuradora, pero no llegaron al lugar por lo que molestos retuvieron a ocho policías, los desarmaron y los encerraron en barandillas.
La segunda versión es que se llevaba a cabo una diligencia agraria con la actuaria Irma Ortega Salgado y un topógrafo, para hacer el deslinde de las tierras en conflicto en la zona de la Barranca del Pajarito, y que al llegar al lugar estaba ahí el ex comisariado Rigoberto Almazo con varios acompañantes, para amedrentar a la actuaria y obligar a darle copias de las actas levantadas, así como a los actuales representantes comunales, al secretario Margarito Medina Sosa.
Los seguidores del ex comisariado les gritaron que se fueran o los detendrían y amarrarían, o que los colgarían para que no siguieran con los trabajos, ya que este grupo pretende apropiarse de las tierras comunales que tienen propietarios.
Se dice que, de este grupo, un hombre se le fue a golpes al secretario Margarito Medina, provocando un enfrentamiento; se pidió entonces la intervención de policías municipales, que llegaron, igual que los policías comunitarios.
Trascendió que, este miércoles se reunieron funcionarios del Ayuntamiento, la comisión que retuvo a los policías y el delegado regional de Gobernación estatal para liberar el edificio y a los policías retenidos, sin que haya acción penal, y que tendrán una reunión este jueves en Chilpancingo.

Exige Tlachinollan la declaración de la alerta de género para Guerrero ante los feminicidios

 

En el Día Internacional de la Mujer, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigió a las autoridades municipales, estatales y federales la declaración inmediata de la alerta de género, ante el incremento de feminicidios en el estado, y que se atiendan las recomendaciones internacionales para erradicar la violencia de género.
Mediante un comunicado, Tlachinollan pide respeto a los derechos de las mujeres, un alto a la violencia institucionalizada, y el cese de la criminalización en casos de legítima defensa ante una situación de violencia, que las autoridades gubernamentales no han atendido.
Explica que Guerrero es una de las entidades más afectadas por la violencia de género, pero que ha sido minimizada por las autoridades; recalca que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la ONU-Mujeres, el estado se ha mantenido en los primeros lugares en el índice de feminicidios durante los tres últimos años.
Detalla que por eso organizaciones de mujeres, desde el año pasado han solicitado a las autoridades la declaratoria de alerta de género en el estado, pero que han evadido el planteamiento y optan por acciones que no combaten el problema desde el fondo.
Las mujeres siguen padeciendo discriminación y criminalización del sistema de justicia que atiende a víctimas de violencia, abunda.
En el documento, remarca que el estado es un referente nacional de la violencia institucional castrense ante los casos emblemáticos de Valentina Rosendo e Inés Fernández, que generaron dos sentencias contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), resoluciones paradigmáticas y obligatorias que todas las autoridades tienen que atender y a las que deben dar cumplimiento.
Sin embargo, a siete años de la emisión de las dos sentencias, en Guerrero los jueces y juezas carecen de sensibilidad para tratar adecuadamente los casos de violencia contra las mujeres y desconocen el manejo de los estándares más altos a nivel internacional, para brindar protección a los derechos de las mujeres, además de denigrar y revictimizar a las mujeres indígenas que se atreven a denunciar a sus agresores y, lo que es peor, se ponen de su lado.
Mencionan los casos de Juana Ramírez Marcos y Elvia Méndez Castillo, dos mujeres indígenas nahuas, víctimas de violencia psicológica, física, económica, patrimonial y sexual por parte de sus  parejas, que enfrentan procesos legales por actos de legítima defensa, como responsables de lesiones agravadas que provocaron a sus parejas.
La jueza segunda de Primera Instancia en materia Penal del Distrito Judicial de Morelos las condenó a más de un año de prisión y a la reparación del daño en diciembre de 2016.
Juana y Elvia han vivido en carne propia el estigma de “mujeres violentas”, como las calificó la misma jueza, por haberse defendido de sus agresores.
Estos casos demuestran cómo varios jueces y juezas siguen resolviendo de manera rudimentaria y sin perspectiva de género casos de violencia contra las mujeres, sin aplicar los protocolos para la adecuada atención de la violencia de género.
Lamenta que, aunque en Tlapa, en 2015 se haya inaugurado la primera Ciudad Mujer en el país con el objetivo de brindar una atención integral, rápida y eficiente a las mujeres de la Montaña, respetando sus derechos humanos y su cultura, esta instancia desconoce la situación de Juana y Elvia, y de la violencia.
Repudia que en víspera del Día Internacional de la Mujer, la Montaña se enluta nuevamente con el asesinato de Isabel Roque Cortés, madre de familia de 35 años de la comunidad me’phaa de La Taberna, anexo de Tapayoltepec, municipio de Malinaltepec, quien fue asesinada por su pareja Juminiano Galindo el 7 de marzo.

 

Paran labores maestros de la Técnica 132 de Tlapa; exigen el pago de 156 horas

Maestros de la Escuela Secundaria Técnica número 132 Caritino Maldonado Pérez, de Tlapa, pararon labores ante la falta de pago de 156 horas de trabajo.
La madre de familia, Rosa González explicó que en una reunión que tuvieron el martes en la escuela, los maestros les informaron que pararían labores de manera indefinida, porque a muchos de ellos se les adeuda. Más de mil 500 alumnos no tienen clases desde ese día.
La quejosa pidió a las autoridades educativas que pongan atención y resuelvan la demanda de los maestros, porque “nuestros hijos no tiene la culpa de la irresponsabilidad y la ineficiencia del gobierno”.
En su cuenta de Facebook, los maestros subieron una foto para informar del paro de labores, “por culpa de las autoridades corruptas estatales y federales que dan prioridad a intereses personales y se olvidan de sus obligaciones”.
Esta es la tercera Secundaría Técnica que para labores en municipios de la Montaña; el 27 de enero, padres de familia tomaron la número 64 Rubén Figueroa Figueroa, de la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas, para exigir profesores y pagos; y en días pasados padres y profesores de Acatepec, de secundarias técnicas de Zontecomapa y Xilotlancingo bloquearon la carretera federal Tlapa-Chilapa para exigir el envío de profesores, y que se les pagaran los adeudos y los dotaran de personal administrativo y obras.

Llaman organizaciones de la Montaña a diputados y al gobernador a trabajar su iniciativa de ley

Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña y del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecodec) anunciaron que se movilizarán este martes en Chilpancingo para exigir que los diputados retomen la iniciativa popular de Ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos del estado de Guerrero.
Ante la cercanía del 15 de marzo, cuando fenece la vigencia de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero, las organizaciones llamaron a los diputados y al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a que reciban a una comisión en una reunión de trabajo en la que expondrán el contenido de la ley, solicitud que les hicieron llegar mediante un oficio el 1 de marzo de 2017.
Asimismo, pidieron la intervención del presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno.
Los integrantes de las organizaciones, Ilaviel Cantú, Maribel Soto Jerónimo y Abel Bruno Arriaga dijeron que en los oficios enviados también se les informó a las autoridades que los pueblos acordaron movilizarse este martes 7 de marzo, para respaldar la iniciativa popular que reunió 6 mil 122 firmas de indígenas.
Agregaron que esperan la representación de 73 comunidades de 14 municipios de La Montaña en la manifestación, “aunque pueden ser muchos o pocos, porque cada comunidad se mueve con recursos propios, no hay grupos, no hay padrinos, sólo el objetivo de mejorar una ley que contemple ampliamente a los pueblos”.
Indicaron que la iniciativa popular es pionera en el estado y cumplió los requisitos que se necesitaban al ser verificada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que hizo la muestra al azar del 10 por ciento de los firmantes, al visitar a 591 de ellos que ratificaron su firma y con ello se cumplieron los requisitos de iniciativa popular propuesta por el Consejo de Comunidades y el Frecodec en su resolución 001/SE/03/03-2017.
Abel Bruno explicó, de manera general, que la iniciativa busca que se reconozcan los diversos sistemas de justicia en los pueblos, “ya que la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) ya no es el único cuerpo de seguridad comunitaria que existe en el estado; pero también con candados que se sujeten a los principios comunitarios y se defina en asambleas, legitimados para evitar grupos armados al servicio de algo”.
Dijo que la ley 701 tiene 70 artículos, y que es la base de la iniciativa popular que propusieron, ahora con 115 artículos en los que consideran los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, “lo que se busca es que esté más amplia, no sólo que se ratifique la 701, y por eso hay apartados específicos como los derechos políticos electorales para su inclusión en las instituciones políticas”.
Agregó que se pide que los pueblos elijan a su presidente o diputados, y que haya curules especiales para pueblos indígenas me’phaa, na savi, nahua y ñomnda, ya que los diputados que llegan por la vía partidista no representan a los indígenas, traicionándolos.
Además, se pide la revocación de mandato si así lo solicita el 5 por ciento de la población, porque el actual sistema político encubre a los diputados y presidentes, y lo mejor es que el pueblo decida.
Piden que se institucionalice el programa de granos básicos, viviendas, y que haya escuelas de nivel superior en la región, porque cada año hay miles de jóvenes rechazados; que los servicios de salud sean gratuitos; se paguen los precios justos en los productos como el café, que bajó un peso, contrario al aumento de la canasta y los servicios básicos.
Comentó que se pide el derecho a la consulta para evitar que empresas mineras entren al territorio sin autorización de la comunidad, y de igual manera para las actividades militares y policiales, que deben acordar con los pueblos.
Pidieron que los diputados hagan su trabajo y aprueben la propuesta, pues en el IEPC los representantes de los partidos dijeron que la respaldaban y que estaba bien, por lo que invitaron a quienes quieran sumarse a la propuesta a que lo hagan y si tienen agregados también, pero que no pretendan obstaculizarla.
Lamentaron que instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se presten al juego del gobierno al promover una consulta en donde no se invitó ni se pidió la opinión de las organizaciones ni pueblos indígenas.

Por el Día Internacional de la Mujer, marchan en Tlapa para exigir seguridad y alto a la violencia

Mujeres de organizaciones sociales marcharon en la cabecera municipal de Tlapa para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, exigieron seguridad y alto a la violencia contra ellas.
La caminata fue organizada por las organizaciones Unión Regional de Mujeres de la Montaña Francisca Reyes Castellanos y Mujeres de Tlapa, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
Una de las fundadoras de Mujeres de Tlapa, diputada local perredista y presidenta de la Comisión de Equidad del Congreso del estado, Yuridia Melchor Sánchez criticó la administración del alcalde priista José Noé Abundiz García, por no hacer acciones en pro de las mujeres.
Dijo que Tlapa es uno de los ocho municipios donde se solicita que se emita la alerta de género ante los asesinatos que han ocurrido contra las mujeres, porque a partir de las 10 de la noche sus vidas corren riesgo.
Recalcó que se tiene que visibilizar las diferencias que hay entre las mujeres y los hombres, “pues a las mujeres no se nos perdona una infidelidad”.
Agregó que los servidores públicos encargados de impartir justicia no están capacitados con perspectiva de género y en muchas ocasiones las mujeres que denuncian violencia son obligadas a regresar con sus agresores. Aseguró que en esta ciudad se declarará la alerta de género.
La integrante de la Unión Regional de Mujeres de la Montaña, Jaqueline Balbuena Ramírez dijo que la marcha fue para exigir respeto a los derechos de las mujeres, como “una acción de conciencia y manifiesto” y lamentó que funcionarios del Ayuntamiento no les autorizaran usar el quiosco, cuando antes lo usaban de tribuna.
Afirmó que continúa la desigualdad, porque cuando los funcionarios realizan sus actividades lo hacen en lugares con mejores condiciones y no en el Zócalo como ellas la estaban realizando.
Manifestó que las personas que marcharon son conscientes de la violencia contra la mujer, al principio se puso de meta reunir a 500 mujeres pero sólo convocó a un grupo de mujeres que conoce, e hizo un performance de como algunas instituciones obligan a la mujeres a marchar con la amenaza de no firmarles sus carnets del programa de Prospera.
La integrante de la Federación Democrática Internacional de las Mujeres, de la Ciudad de México, Margarita Samuri exigió que se garanticen los derechos de las mujeres indígenas, un alto a la violencia durante el noviazgo, en la calle y el trabajo.
En la marcha también participó la hija de Francisca Castellanos y representante de la organización AMEYAL, María Dolores Unzueta Reyes que explicó que los derechos que gozan las mujeres como el derecho al sufragio, al trabajo, a la educación y a ocupar cargos públicos para la toma de decisiones, son logros de mujeres que perdieron la vida luchando.
Participaron organizaciones y mujeres en lo individual, en la marcha que llegó a la explanada del Zócalo de la ciudad.

 

El alcalde de Tlapa no informa del proyecto de egresos a seis de los 10 regidores, denuncian

Seis regidores de los 10 que integran el Ayuntamiento de Tlapa solicitaron al presidente priista, Jesús Noé Abundiz García, que les presente el proyecto del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2017 para analizarlo, discutirlo y aprobarlo porque a tres meses del año no tienen conocimiento y ya se están ejerciendo los recursos.
En conferencia de prensa los regidores del PRD, Leonardo Manzano, del Partido del Trabajo (PT), Caleb Israel López y del PRI, Román Reyes, contaron que Abundiz García los excluye de las decisiones que se toman en el Ayuntamiento y que ameritan análisis y aprobación del Cabildo, “por lo que hay muchas cosas que no hemos aprobado y él ya está ejecutando”, se quejaron.
Los regidores entregaron dos oficios, el primero dirigido al presidente con fecha 16 de febrero en el que le solicitaron que ponga a consideración el proyecto de presupuesto de egresos para ser analizado y que instruya que les expliquen la estructura y su cumplimiento con el artículo 147 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y que cumpla con los informes que requiere la Auditoria General del Estado (AGE), del cual no recibieron contestación.
Al no tener respuesta enviaron otro oficio con fecha 23 de febrero a la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Magdalena Camacho Díaz, solicitando su intervención ante la negativa de Abundiz García de entregarles la información.
En el oficio que les fue recibido el 27 de febrero plantearon que la solicitud de intervención del Congreso es para no propiciar riesgos ni caer en responsabilidad política, penal, administrativa o civil por negligencia de actuaciones como servidores públicos del Ayuntamiento, porque tienen conocimiento de que se están ejerciendo recursos sin estar aprobados.
Pidieron que conforme a las leyes que expide el Congreso para la buena administración pública se exhorte a Abundiz García a que cumpla con la Ley Orgánica y la Constitución de Guerrero de que los integrantes del Cabildo tienen la atribución de aprobar el presupuesto de manera anual con base al Plan Municipal de Desarrollo.
Ambos documentos son signados por tres regidores más, el de Morena, Eloy Guerrero, del PRI, Enrique Solano, y del PRD, Mayra Urid Curiel.
En el primer oficio se describen los puntos que debe contener el proyecto de egresos que son objetivos, metas, gastos e ingresos, egresos, deuda pública, que sirvan para el desarrollo del municipio, y que Tesorería explique a los integrantes los términos de redacción.
Además, entreguen en tiempo la cuenta pública a la AGE y que eso debe concordar con el presupuesto de egresos, lo que “evidentemente no se cumple ante la omisión de aprobar dicho presupuesto a más tardar el mes de diciembre” porque no se los han presentado.
Los tres regidores dieron a conocer que tampoco han tenido sesiones de Cabildo como lo marca la ley y que en octubre del 2016 fue la última sesión y de ahí no supieron nada del presidente.
Añadieron que este año la primera y última sesión de Cabildo fue la del pasado 15 de enero para calificar la elección de comisarios y delegados, “donde (el presidente) quería que se hiciera al vapor, pero había puntos que no se acabaron, de hecho no fue concluida porque le urgía ir a la toma de protesta al citar a los delegados a las 9 de la mañana, a la par que la sesión”, recordó Román Reyes y agregó que por eso no acudieron al acto oficial.
Dijeron que tampoco tienen conocimiento de las obras que se están proyectando para el municipio ni la forma en que se ejecutaran.
Los regidores han mostrado su inconformidad contra las acciones centralistas y opacas del edil priista quien asumió el cargo tras morir por un infarto el presidente electo, Javier Morales Prieto, ya que “le hemos pedido información verbal como regidores y no la brinda, recurrimos a los oficios y tampoco, por eso tenemos que denunciar para que la población sepa que no hay transparencia y nosotros tampoco podemos vigilar porque no nos brinda la información”.

No tienen agua desde hace 15 días en colonias de Tlapa; vecinos piden servicios básicos al Ayuntamiento

 

Colonias de Tlapa se encuentran sin el servicio de agua potable desde hace más de 15 días, por lo que los usuarios solicitaron al Ayuntamiento, que preside el priista Jesús Noé Abundiz García, que resuelva esta carencia, y la de otros servicios que les faltan desde hace más de un año.
Los vecinos que se han quejado viven en las colonias Renacimiento, Caltitlán, Loma Bonita y Tepeyac, de esta cabecera municipal.
En la denuncia, la señora Betzabeth Salazar dijo que en su colonia, Loma Bonita, lleva semanas sin el servicio de agua y ha tenido que comprarla en pipas por las que debe pagar 250 pesos a la semana, porque sus hijos van a la escuela y tienen que bañarse y lavar sus uniformes todos los días.
Agregó que es muy recurrente que el Ayuntamiento los deje sin agua, pero “eso sí, mes con mes te cobran el recibo”, explicó que no es la primera vez que están sin este servicio, y que el año pasado también hubo muchos días que no lo tuvieron, y que colonias vecinas marcharon para que les resolvieran el problema.
Pidió que las autoridades resuelvan este problema, o de lo contrario “las mujeres nos tendremos que organizar para ir a protestar en el Ayuntamiento, porque sólo así hacen caso”.
Además de la deficiencia en la prestación de este servicio, los colonos se quejan de la falta de recolección de basura, alumbrado público en las calles y seguridad, así como desorden en el comercio y la falta de trasparecía en el manejo de los recursos municipales.
Ante las carencias, vecinos, colonias y organizaciones se han plantado frente al Ayuntamiento para exigir soluciones, como la colonia Mirasol, que marchó el año pasado para exigir agua y seguridad.
También el mes pasado, la escuela primaria Galileo protestó en el Ayuntamiento porque llevaba meses sin que se repararan los tubos del drenaje que se habían roto, y los alumnos no tenían acceso a los sanitarios.
La Unión de Pueblos, Colonias y Barrios de Tlapa y el Frente Popular de Tlapa le han planteado al alcalde Abundiz García que restablezca los servicios básicos, porque es el problema más frecuente que enfrenta este municipio.

 

Verificará el IEPC firmas de iniciativa sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), iniciará la muestra aleatoria de los ciudadanos seleccionados para la verificación de autenticidad de firmas o huellas que suscribieron la Iniciativa Popular Ley Integral sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del estado de Guerrero, promovida por el Consejo de Comunidades  Damnificadas de La Montaña y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos.
Abel Bruno Arriaga, uno de los representantes comunes de la iniciativa popular, informó que la noche de este jueves le notificaron a través del oficio número 0144 que se convocara  a comparecencia de autenticidad de firmas o huellas a los promoventes de la iniciativa popular y que será del próximo sábado al martes.
En el oficio mencionan que si no asisten a los lugares mencionados el IEPC tiene facultades para realizar visitas domiciliarias y que el personal habilitado estará acompañado de traductores con apego a sus derechos para que lo hagan en lengua o castellano.
La muestra será de 600 de integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de Malinaltepec, Iliatenco, Copanatoyac, Tlapa y Metlatónoc y se realiza en función a la solicitud presentada en el Congreso y remitida el IEPC con fundamente al artículo 238 de la ley orgánica del poder Legislativo 231 y en materia a los criterios de verificación  de ciudadanos dela iniciativa popular.
Dijo que este viernes a las 4:00 de la tarde estará del IEPC, Betsabé López López en la comunidad de La Ciénega del municipio de Malinatepec para trazar la ruta de verificación de firmas y huellas, porque “ya traen una, pero la revisaremos para ver que sea más eficiente”, dijo.
El Consejo de Comunidades  Damnificadas de La Montaña y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos entregaron la iniciativa popular de la Ley Integral sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos al Congreso como una alternativa ante la posibilidad de que la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura indígena sea derogada.
Hace unos días dijeron que se movilizaran primera semana de marzo  si el Congreso no la toma en cuenta.

Se quejan ejidatarios de Tlapa ante la Conagua de la explotación del río Tlapaneco; no los atienden

En la integración del Consejo de Cuenca del río Balsas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ejidatarios se quejaron de la falta de vigilancia de las concesiones a los explotadores de los recursos pétreos del río Tlapaneco.
Los ejidatarios y comuneros se retiraron poco a poco, porque no les dejaron hablar y les dijeron que la actividad era para elegir a los vocales que los representarían en las reuniones, y que a ellos les hicieran llegar sus comentarios para plantearlos.
Fue una actividad breve en la que se eligió a los vocales y suplentes para integrar el Consejo de Cuenca, y tomarles protesta para representar a la región hidrológica, por lo que ejidatarios de Tlapa externaron sus cuestionamientos a la Conagua en relación a la explotación de recursos pétreos del río Tlapaneco.
“No decimos que les quiten sus permisos a los que explotan la arena y grava del río, pedimos que como Conagua, no sólo dé los permisos y no venga a verificar, porque los areneros cada vez escarban más en el río, y sabemos que cuando eso pasa hay más filtraciones y perdemos agua”.
El enviado de la Conagua les dijo que no era un tema a tratar y que había recursos como la denuncia ciudadana, y les pidió que no cambiaran de tema, porque había muchos problemas y para eso elegirían a los vocales que llevarán los planteamientos a “espacios de alto nivel”.
En la reunión no estuvieron los que salieron electos para representar el uso público urbano del agua, es decir, el presidente priista de Tlapa, Jesús Noé Abundiz García, y el petista  del Alpoyeca, Osiel Humberto González Almazán, lo que se evidenció en la toma de protesta; por el uso agrícola quedaron el usuario agrícola de Huamuxtitlán, Luis Fernando Sánchez Huesca, y el presidente de la unidad de riego de Tlatzala, Eusebio Delgado Díaz.
La síndica procuradora de Tlapa, Alma Rosa Fuentes Reyes tomó la protesta a los vocales, de quienes dijo que emergieron de un proceso democrático y participativo, y los invitó a atender el problema del agua.
En la clausura de la actividad, el presidente priista del municipio de Alcozauca, Nicolás Diego Herrera les pidió que buscaran los acercamientos para atender los problemas del agua expuestos por las comunidades de Ahuatepec Ejido, El Otate y El Ejido de Tlapa, porque no hay una cultura para cuidarla.
La comunidad de El Otate pide la recuperación de las tierras que se llevó el río en la crecida provocada por la tormenta tropical Manuel en 2013, petición que no ha sido atendida.
Diego Herrera dijo que la basura se pone en el lugar que se considera sin ver las afectaciones a los mantos acuíferos, los cuales, aseguró, “en la región todos están contaminados”, por lo que les pidió a los electos que sean los portavoces de los usuarios del agua de la Montaña.
De acuerdo con funcionarios de la gerencia operativa del Consejo de Cuenca de la Conagua, invitaron a los presidentes municipales de Zapotitlán Tablas, Alcozauca, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlán, Olinalá, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa, Xalpatláhuac y Xochihuehuetlán, pero sólo llegaron representantes de Alcozauca, Tlapa, Alpoyeca y Xochihuehuetlán.
Dijo que se convocó a  los que tienen título de concesión de aguas nacionales registradas en la Conagua, que son los representantes de aguas nacionales, y llegaron los de uso público urbano, que son los ayuntamientos y de uso agrícola.
Agregó que quienes fueron elegidos irán a Cuernavaca, Morelos, donde se hará otra elección, y si quedan dentro del comité estarán en el Consejo de Cuenca del rio Balsas, para que en las asambleas expongan los problemas hídricos que tengan en sus municipios.

Destituyeron al director de Seguridad de Tlapa tras la agresión de policías a normalistas

El alcalde priista de Tlapa, Jesús Noé Abundiz García destituyó al director de Seguridad, Neftalí León González, al día siguiente de que policías municipales detuvieron a estudiantes normalistas cuando pedían cooperación en la carreta.
El jueves el Ayuntamiento de Tlapa publicó en su cuenta de Facebook que había tomado protesta a Javier Rivera Fierro como nuevo director de Seguridad, y a Luciano López de la Cruz como suboficial de la corporación, a quien se instruyó de “velar por el bienestar de la ciudadanía y actuar conforme a derecho”.
El miércoles, policías municipales detuvieron al estudiante de la escuela Normal Regional de La Montaña José Vasconcelos, cuando colectaba dinero en la carreta de Tlapa a Chilapa, en el puente de la comunidad de Ahuatepec Ejido, supuestamente porque los alumnos habían detenido al chofer de un carro de Sabritas, a quien intentaron despojar de su mercancía.
En la carretera los policías subieron al joven a la batea de la camioneta y una estudiante se puso al frente de la patrulla para que liberaran a su compañero, pero no ocurrió, así que el resto de los normalistas se subió a las patrullas y otros se fueron en la Urvan que los policías se llevaron al Ayuntamiento, donde después de una manifestación se los entregaron.
El nuevo director de Seguridad se desempeñaba como director de Deporte; el año pasado, deportistas pidieron su destitución porque no se presentó a entregar los premios de una liga de futbol, y ese mismo día subió en su perfil de Facebook que estaba de vacaciones en Puebla.
En ese entonces, fue señalado de irregularidades en la unidad deportiva, por lo que pidieron al edil su cambio, pero no lo hizo, y se comprometió a mejorar su desempeño, pero no fue así, según los deportistas.
El 25 de noviembre, policías y trabajadores de Protección Civil municipal amenazaron a integrantes de una organización de mujeres con detenerlas luego de que colgaron en el Zócalo una manta de protesta con un mensaje contra la violencia de género, el Día Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la mujer.
En esta administración van dos directivos de seguridad que han separado del cargo, en junio del año pasado destituyeron a Ofelio Navarro González, y su lugar fue ocupado por Neftalí León González; los mismos policías pidieron sus salida por que no está certificado, como exige la ley; además lo señalaron de abuso sexual a mujeres policías, de ser violento, de no darles viáticos cuando acuden a su examen de evaluación, y de amenazarlos con correrlos si se quejaban; los policías pararon labores para que les hicieran caso.
Aunque Navarro González fue separado del cargo de director de Seguridad, el edil lo cobijó dejándolo como su guardaespaldas, pues en varios actos se ha observado que lo acompaña, pero sin portar un uniforme.
Hace unos días, policías municipales informaron que demandaron el Ayuntamiento por falta de pago de su aguinaldo y su finiquito, luego de que fueron suspendidos el 16 de octubre 2016.