Trabajadores del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos en Guerrero (IEEJAG), de la oficina regional de Costa Grande, con sede en Atoyac, a 32 días de paro de labores y cierre de las oficinas, para demandar que sea atendido el laudo laboral de ocho paristas, reanudaron labores.
El coordinador en la región, Felipe Téllez de Jesús, explicó que retornaron la mañana del lunes a trabajar en la oficina, después de que fue cerrada por los ocho trabajadores, de un total de 69, que ganaron un laudo laboral.
Dijo que están ya laborando mientras una comisión es atendida en la Ciudad de México, con su pliego petitorio.
Indicó que por instrucciones de sus superiores instalaron la oficina en la plaza comunitaria Juan Álvarez, de la Ciudad de los Servicios, para no afectar los programas de alfabetización.
Aclaró que no se contrató nuevo personal, como habían denunciado los ex paristas, “no se afectó el trabajo porque nos instalamos en la plaza comunitaria, donde se sacaron los trabajos que estaban pendientes, de 32 días de paro laboral. Los mismos compañeros sacaron incluso en fines de semana, fuimos respetuosos de nuestra parte, no hicimos nuevos contratos de trabajadores”.
La entrega de las oficinas, dijo, fue por parte de la líder sindical de los trabajadores, y se corroboró que no hubo ningún acto de saqueo. (Francisco Magaña / Atoyac).
Trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), de la delegación D-III-(16)-02, agremiados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), cerraron oficinas alternas en la capital como parte de la huelga a la que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para exigir la reinstalación de las mesas de diálogo con el gobierno federal.
Los manifestantes acudieron a la Subsecretaría de Administración y Finanzas, conocida como Casa Blanca, ubicada en la colonia Universal, también a la delegación de Servicios Educativos de la Región Centro, en la avenida Vicente Guerrero, y a la Dirección General de Administración de Personal, que opera junto con la Subdirección de Pagos y otras áreas, en la colonia Tribuna Nacional.
En las oficinas alternas, los manifestantes desalojaron a los trabajadores y les informaron del movimiento nacional por la reinstalación de las mesas de diálogo, entre la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional Única Negociadora (CNUN), que integran líderes de la CNTE, en las que se pretende lograr la reinstalación de los maestros cesados en el país, la derogación de la reforma educativa y el cese de la represión en contra de los luchadores sociales.
Además, informaron que es necesaria la unidad de los trabajadores administrativos, para lograr la reconstrucción de las oficinas centrales de la SEG, ubicadas en la avenida Ruffo Figueroa, porque en esas instalaciones deben llevar a cabo sus labores y para que no siga la renta de sedes alternas, que sólo generan gastos adicionales a la dependencia y que no cuentan con condiciones óptimas. Con las tres oficinas alternas suman trece las sedes de la SEG cerradas en la capital en esta semana, por manifestaciones del magisterio disidente.
El contingente de la CETEG fue retenido por policías federales antimotines casi una hora en la entrada a Cdmx Foto del perfil de la CETEG en Facebook
Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) cerraron oficinas alternas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en la capital y tomaron la caseta del libramiento de Tecpan, como parte de la huelga nacional a la que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para exigir la reinstalación del diálogo con la Secretaría de Gobernación.
Con estas protestas se sumó la CETEG a las actividades convocadas por le CNTE, y un contingente participó en la marcha en la Ciudad de México, peo ayer no se informó de escuelas o grupos en paro laboral.
En la capital, trabajadores de oficinas centrales de la SEG de la delegación D-III-(16)-02, encabezados por el secretario general, Jorge Cisneros Salinas, desalojaron al personal de las áreas de Programas de Educación Básica, Control de Plazas, Jurídico, Dirección de Preescolar, Dirección de Educación Física, Dirección de Educación Indígena, Dirección General de Administración de Personal, Registro y Certificación, Planeación, Innovación e Investigación Educativa, y de Digitalización, que laboran en sedes alternas, ubicadas en distintas zonas de la ciudad.
Cisneros Salinas informó a los trabajadores de la dependencia que las instalaciones se cerrarán de manera indefinida o hasta que los manifestantes regresen para abrirlas; mientras tanto, les pidió que se unan al movimiento magisterial en contra de la reforma educativa y para exigir la reconstrucción de las oficinas centrales de la SEG, ubicadas en la avenida Ruffo Figueroa.
Dijo que en la capital hay unas 60 oficinas alternas, cuya renta le cuesta a la SEG unos 10 mil pesos mensuales en promedio; sin embargo, las autoridades argumentan que no hay recursos para pagar la reconstrucción de las oficinas centrales, por lo que es necesaria la unidad de los trabajadores.
En la región Costa Grande, los cetegistas tomaron la caseta de cobro del libramiento de Tecpan, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del día.
Los manifestantes colocaron una manta en la que expusieron su rechazo a la evaluación del Servicio Profesional Docente, que consideran “punitiva”, y a la reforma educativa; además pidieron la reincorporación de los maestros cesados en el país y alto al “terrorismo de Estado”.
En la protesta participaron unos 25 maestros, quienes pidieron cooperación voluntaria a los automovilistas. Dijeron que los recursos son para apoyar a los maestros disidentes, que se mantienen en las movilizaciones con campamentos de Guerrero en la Ciudad de México. Asimismo, informaron que piden maestros faltantes en los municipios de Atoyac y Zihuatanejo.
A pesar de las manifestaciones en el estado, en las escuelas de nivel básico de Chilpancingo hubo clases de manera normal y no se reportó ningún paro laboral en los planteles, sólo se dijo que comisiones participaron en la caravana motorizada que se trasladó a la Ciudad de México, para participar en la marcha nacional.
A las 10 de la mañana, en el perfil oficial de Facebook de la CETEG, la Comisión de Prensa y Propaganda hizo una transmisión en vivo, para denunciar que la caravana que partió de Guerrero a la Ciudad de México fue retenida por policías federales que portaban equipo antimotines; antes, compartió fotografías de los agentes en distintos puntos y alertó al magisterio de posibles agresiones en su contra, aunque no hubo enfrentamientos. Aproximadamente una hora después el contingente de la CETEG pudo entrar a la Cdmx y participó en la marcha de la CNTE.
Vía telefónica un maestro informó que de Guerrero salieron unos 20 autobuses, es decir, cerca de 800 manifestantes participaron en la acción nacional y fueron encabezados por el secretario general, Arcángel Ramírez Perulero, quien estuvo en una conferencia de prensa en la que profesores de Puebla denunciaron que su caravana también fue retenida.
Integrantes del Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado (SISPPJE), separados de su cargo en el 2017, denunciaron que durante la audiencia de este martes, la parte patronal empleó “triquiñuelas” al no notificar de la audiencia al demandante para posponer la siguiente audiencia, y además demostrar que fueron notificados de la separación de su cargo, cuando esta notificación no ocurrió
El 28 de abril de 2017, cinco integrantes del comité central del Sindicato Independiente que encabezó el paro de labores durante tres meses en 2014, fueron cesados de sus puestos sin notificación y ninguna respuesta; el cese de los cinco trabajadores se dio durante la administración de Robespierre Robles Hurtado.
El pasado 2 de mayo en Ciudad Judicial, la comisión sustanciadora actuó indebidamente en el proceso al no notificar de la audiencia al demandante, en este caso el presidente del Poder Judicial, el magistrado Alberto López Celis, que tiene su oficina en el edificio 1 del complejo de justica, a 600 metros de la oficina de la comisión sustanciadora.
La secretaria general adjunta del SISPPJE, Perla Maldonado Rodríguez denunció que en esta segunda audiencia del mes, “como era de esperarse”, la parte patronal, es decir, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dio constancia a la demanda laboral, pero solicitó la suspensión de la audiencia.
“Determinó la regularización del procedimiento para acumular a este procedimiento laboral burocrático, los procedimientos para procesales que inició para notificarnos la rescisión laboral que nunca hicieron, cuya falta fue motivo del amparo, y a la vez del juicio laboral burocrático citado”, agregó.
Insistió en que el Poder Judicial del Estado de Guerrero pretende subsanar las deficiencias que son motivos de transgresión a las garantías de audiencia, seguridad jurídica y debido proceso.
“Olvidando el señor presidente del Tribunal, Alberto López Celis, que tanto él como el director de Finanzas del Poder Judicial, Rafael Antonio Cancino Calvo, han rendido informes al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y al juez Primero de distrito en el Estado de Guerrero, en los que afirmaron habernos notificado la rescisión citada”, agregó.
Dijo que el actuar de la parte patronal demuestra lo incongruente que es, lo que se podría constituir como delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial en la que se lleva el proceso.
En la anterior audiencia se denunció que la comisión sustanciadora está actuando del lado de la parte patronal, prolongando el juicio que iniciaron el año pasado tras el cese de los cinco trabajadores que encabezaron la huelga de 2014 más de tres mes.
El integrante de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame informó que los tres compañeros despedidos de Prospera y acusados de la toma de las instalaciones que se entregaron voluntariamente a la Procuraduría General de la República (PGR), ya están de regreso con sus familias.
Los ex trabajadores de Prospera, Mayra Xóchitl Morales Sánchez, Arturo de la O Nava y Rubén García García, se presentaron de manera voluntaria en la Procuraduría General de la República (PGR) el lunes, y fueron trasladados a Acapulco ayer para su audiencia en el Poder Judicial de la Federación de manera oral, por las carpetas de investigación que les abrieron luego de tomar las instalaciones de la dependencia federal el 24 de enero del año pasado, para exigir justicia ante sus despidos.
Vía telefónica, el también dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), dijo que se entregaron de manera voluntaria a las 8 de la mañana
Recordó que un día antes acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Acapulco, para interponer una queja, luego acudió a entregar documentos que se le requirieron con el abogado de oficio que llevó su caso el 14 de mayo, cuando fue detenido por la PGR por el mismo caso.
Dijo que tenían dos posibilidades, ampararse o entregarse, que el proceso de amparo iba a ser tardado, y que además la queja en CNDH le ayudó.
Resaltó que sus compañeros se entregaron porque no habían cometido un delito mayor, y lo único que hicieron fue protestar. Contó que luego de que se entregaron, fueron remitidos a la delegación de la PGR, “y ahí estuvieron declarando… en la revisión que hace el médico legista para ver si no tenían algún golpe o un maltrato, se constató que iban bien; por el otro lado se hizo la declaración preliminar y de ahí fueron remitidos a las 5 de la tarde al Poder Judicial de la Federación, que se encuentra en Acapulco, para que iniciara su juicio oral a las 7 de la noche”, detalló.
A las 9:35 de la noche terminaron los tres juicios orales de los despedidos de Prospera, que pudieron retirarse a sus casas.
Argumentó que sus compañeros gozan de su libertad bajo las condiciones que les impusieron, hacer trabajo en beneficio de la comunidad, entregar constancias de trabajo si lo tienen (aunque recordó que son desempleados), la constancia de radicación y la constancia del servicio social, además de presentarse a firmar periódicamente en un juzgado federal.
El juicio continúa en tanto no se cumplan los requerimientos que hace el juez de distrito. Añadió que él comenzará a firmar el 1 de junio, durante seis meses, cada viernes.
Reconoció la valentía de los tres ex trabajadores que tuvieron “la calidad moral de enfrentar a la justicia representada por la federación (para) que ya no fueran hostigados… el valor civil y una respuesta positiva”, dijo.
El 15 de noviembre pasado fue la primera detención que hizo la PGR por la toma de la instalaciones de Prospera, la de la trabajadora despedida Roselia Francisco Tranquilino, que fue liberada esa misma noche.
Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) afiliados a la sección 32 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), terminaron el paro laboral que iniciaron el lunes, luego de acordar con el alcalde, Jesús Tejeda Vargas, resolver sus demandas de bonos del servidor público, retroactivos, despensas, uniformes, calzado y becas.
En consulta, el secretario general del sindicato, David Encinas López contó que luego de la reunión con el presidente municipal el lunes, informó a sus agremiados de las propuestas este martes.
Dijo que ya se entregó a los 193 agremiados el bono, por lo que suspendieron el paro laboral que iniciaron el lunes.
Detalló que el pago del retroactivo se dará en tres emisiones, que ayer se daría la primera parte; este miércoles se entregará un vale de despensa, además de que se pagará el calzado de las mujeres, pues se les entregó una playera.
En 15 días se va a dar una dotación de ropa y calzado para los hombres y la próxima semana el pago de pasajes, abundó.
Sobre los nombramientos de bases y recategorizaciones, dijo que se va a definir la fecha para celebrar el Día del Servidor Público, y ese día se otorgarán. (Beatriz García / Chilpancingo).
En una reunión con trabajadores de oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), el titular de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, Jorge Alonso Peña Soberanis, informó que en julio comenzará la demolición de uno de los edificios, cuya estructura está dañada.
La reunión se llevó a cabo en el estacionamiento de las oficinas centrales, ubicadas en la avenida Ruffo Figueroa, en la capital, donde los integrantes de la delegación D-III-(16)-02 mantienen un “punto de concentración” o plantón indefinido, para exigir la reconstrucción y rehabilitación de las instalaciones.
El 27 abril pasado se acordó que este martes los funcionarios de la SEG, Peña Soberanis y el secretario técnico Jorge Sotomayor Landeta, que han dado seguimiento al proceso y diálogo con los inconformes, presentarían las etapas mediante las que se habilitarán las oficinas, pero sólo el subsecretario de Administración y Finanzas acudió a la cita con su equipo de trabajo.
El encuentro duró menos de una hora. Peña Soberanis presentó un cronograma de actividades, que aunque no contiene las fechas, se seguirá a partir de la primera semana de julio próximo y contiene actividades a desarrollarse en un plan de 12 semanas, comenzando con la demolición de uno de los edificios, que el coordinador de Investigación y Estudios de Postgrado de la Unidad Académica de Ingeniería, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Roberto Arroyo Matus, recomendó demoler debido al desgaste de la estructura.
Dijo que una vez que se concluya la demolición comenzará la rehabilitación de las áreas que están en buen estado y los trabajos de limpieza, con el fin de que los trabajadores se reinstalen en su centro de adscripción y reduzca el número de sedes alternas que se rentan en la capital.
Además, informó que la reconstrucción de ese edificio será en 2019 pero para ello se harán las gestiones pertinentes, de manera que se considere en el presupuesto del gobierno estatal, pues al tratarse de 3 mil 500 metros cuadrados, el valor de mercado de la obra debe ser una cifra entre 40 y 50 millones de pesos.
Por su parte, el secretario general de la delegación D-III-(16)-02, Jorge Cisneros Salinas, consideró que Peña Soberanis no informó “nada nuevo” y criticó que el cronograma que entregó a los trabajadores no tiene firma ni fechas precisas. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
Luego de 14 días en paro laboral, las representantes de los 69 trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) que exigen el reconocimiento de su base, Gabriela Toledo Meza y Maribel Valente Carmona, se reunieron con el director general Miguel Mayrén Domínguez, con quien acordaron firmar un convenio financiero, mediante el cual se les pagarán cerca de 4 millones de pesos en unas siete mensualidades.
En declaraciones telefónicas cerca de las 8 de la noche, Mayrén Domínguez informó que la cantidad será “una cercana” a los 4 millones de pesos que estableció la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el laudo laboral, mientras que en cuanto al “punto difícil” de la entrega de 69 plazas de base, eso le compete al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).
Puntualizó que cuando el INEA solicita una plaza base, que “es para toda la vida”, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que debe autorizar el presupuesto correspondiente, por ello el IEEJAG “pondrá todo su esfuerzo para de manera oficial solicitárselas al INEA, y si en este año no está en posibilidades, haremos la solicitud correspondiente para que las contemple para el presupuesto de la federación de 2019”, debido a que la administración actual del gobierno federal está por concluir.
Consideró que “hay conciencia” de las representantes de los 69 trabajadores inconformes, “como institución hemos mostrado toda la voluntad para que esta situación pueda solucionarse”, aseguró que coadyuva para resolver el conflicto y llegar a los mejores acuerdos, “porque sí tenemos que aceptar que nos está afectando la toma de las 17 coordinaciones de zona en el estado de Guerrero”, así como el avance del programa de alfabetización.
Abundó que el convenio financiero se elaborará y podría firmarse este jueves o viernes, y en cuanto esté debidamente legalizado el acuerdo, los manifestantes liberarán las oficinas tomadas en el estado.
En contraste con la información que dio Mayrén Domínguez, en Acapulco los trabajadores tienen lonas y pancartas afuera de las oficinas con sus demandas, mismos que se quedan de guardia durante la noche.
Al respecto de la reunión, Toledo Meza declaró que “no llegamos a ningún acuerdo, él nos pidió que le diéramos esta semana para buscar una solución a los temas pendientes, nosotros decidimos darle los cuatro días”.
“Él dijo que si podía resolverse esta noche (ayer) para ir a la junta federal y tomar acuerdos, y vamos esperar, mientras seguimos en paro”, dijo Toledo Meza, quien informó que cancelan la ida este martes a Chilpancingo, como tenían pensado.
Los trabajadores del IEEJAG están en paro desde el 8 de mayo, para exigir a las autoridades el reconocimiento, además de inscribirlos al ISSSTE y Fovissste de manera inmediata. (Alina Navarrete Fernández/Aurora Harrison / Chilpancingo / Acapulco).
Trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres (Cobach) bloquearon de manera total la avenida Benito Juárez frente a la dirección general, en la capital, para exigir la entrega de pólizas de seguro de vida, el pago de 7.8 millones de pesos en estímulos para los empleados y la cancelación de plazas unilaterales.
Desde las 9 de mañana, unos 50 manifestantes llegaron a la dirección general y colocaron pancartas en la entrada, en las que se leyó: “Exigimos la entrega inmediata de pólizas de seguros”, “exigimos pago del bono de madres” y “exigimos la destitución de Juan Carlos Martínez, por incumplimiento”, en referencia al director del subsistema, Juan Carlos Martínez Otero Gallegos.
La trabajadora Mónica Leyva Mejía informó que son mil cien los afectados que laboran en la dirección general y en 124 planteles del Colegio de Bachilleres, en el área administrativa, quienes también solicitaron la destitución de la jefa del área jurídica, Ana Lilia Romero, a quien acusaron de hostigar a los empleados y mantener una actitud déspota para con ellos.
Informó que los afectados son agremiados del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato Independiente de Trabajadores del Cobach (Sitcobach) y las secciones 31 y 63 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), organizaciones que tienen presencia en el subsistema; sin embargo, ninguno de los líderes encabezó la protesta en la capital.
Leyva Mejía dijo que los trabajadores del gobierno estatal recibieron sus prestaciones en tiempo y forma, pero no ocurrió lo mismo en el Colegio de Bachilleres, a pesar de que desde enero pasado los administrativos solicitaron a Martínez Otero Gallegos que los pagos se hicieran en las fechas establecidas.
A las 12 del día, ningún representante de la dirección general acudió a dialogar con los manifestantes, por lo que decidieron cerrar de manera total la circulación en la avenida Benito Juárez. Para ello usaron sillas de las oficinas y se instalaron de manera indefinida.
Debido a la protesta en el primer cuadro del centro capitalino, los conductores de las urvan de transporte público y autos particulares fueron desviados por agentes de Tránsito Municipal hacia vías alternas, para rodear el punto bloqueado.
Cerca de las 5:30 de la tarde se le informó a los trabajadores que los 7.8 millones de pesos, que corresponden a sus estímulos, fueron depositados y luego de corroborar el dato, los manifestantes liberaron el paso vehicular. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
El director general del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), Miguel Mayrén Domínguez, se reunió con representantes de los 69 trabajadores que demandan el reconocimiento de su base, Maricela Flores Memije y Gabriela Toledo Meza; para quienes la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje “sugiere” pagar un finiquito de 4 millones de pesos.
En declaraciones a reporteros, el funcionario dijo que con la reunión buscan reabrir algunas de las coordinaciones de zona que llevan cerradas una semana.
“Estamos hablando de cinco días (de conflicto), por un laudo que está en proceso. Estos compañeros que laboran en el instituto a través de honorarios, están solicitando el otorgamiento de 69 plazas sindicalizadas o basificadas”, comentó Mayrén Domínguez.
Sin embargo, dijo que ni el instituto ni el gobernador están facultados para expedir plazas certificadas, pues el IEEJAG opera con recursos de la federación en un 92 por ciento y el 8 por ciento restante proviene del estado.
“Hay un laudo inconcluso, no hay una definición al 100 por ciento y estamos comentando con las compañeras que el instituto está en disposición de ajustarse a derecho, lo que diga la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Lo que diga la autoridad correspondiente lo vamos a acatar, pero esto no se ha destrabado, porque al gobierno del estado no le compete otorgar basificaciones, sino al instituto a través de Hacienda, que otorga recursos para cada plaza, administrativamente. Hay un contrato colectivo que signa el Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación de los Adultos, firmado por autoridades educativas. Nos ajustamos a ese contrato colectivo, que es federal”, dijo el funcionario.
Advirtió que las protestas con son la vía correcta para solucionar el conflicto, porque tampoco “no llegaríamos a buen término, se violentaría la ley, lo que diga la Junta Federal del Trabajo lo vamos a acatar”, sostuvo en el restaurante Toks ubicado a un costado de la plaza Costera 125, del Acapulco Dorado.
“Estamos buscando la manera de cómo el gobierno del estado puede cumplir con esos 4 millones de pesos. Hay toda la disposición para llegar a acuerdos, no estamos cerrados”, dijo.
Sostuvo que buscan llegar a un acuerdo, pues existe la necesidad de que se operen los programas de alfabetización, se elaboren y entreguen los certificados a quienes concluyeron su educación, pues indicó que hay unos 700 documentos de primaria y secundaria para igual número de personas, a quienes no se les han entregado porque las oficinas están cerradas.
La mitad de las oficinas han sido afectadas, entre otras las de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y otras.
En la reunión estuvo también el abogado del IEEJAG, Hilario Gallardo.
Se les preguntó a las maestras su versión acerca del desarrollo de la junta, pero dijeron convocarán a conferencia de prensa para informar al respecto.
