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El corredor Petaquillas-Xaltianguis ya está controlado por el crimen organizado, afirma el FUSDEG

Cuarta parte y última

En los enfrentamientos entre el FUSDEG y la UPOEG, entre Xaltianguis, municipio de Acapulco, y Petaquillas de Chilpancingo, lo que estaba en disputa era el corredor para el trasiego de goma de amapola, de la que Guerrero no ha bajado en las últimas décadas de primer productor en el país, según han declarado diversas fuentes oficiales. Ahora, ese corredor ya está totalmente en manos de cárteles del narcotráfico y de la delincuencia organizada, dice el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
Esta organización, con su Policía Comunitaria, se encargó de la seguridad en todo ese corredor desde 2014 hasta noviembre de 2016, cuando fue desplazada por la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG); prácticamente desapareció, y sólo se mantiene en Tierra Colorada, a la mitad del tramo Acapulco-Chilpan-cingo.
Por teléfono desde un lugar fuera de Guerrero, porque tuvo que salir luego de que fue amenazado por el fiscal Javier Olea Peláez de que sería detenido, el coordinador del FUSDEG, Salvador Alanís Trujillo, habla en entrevista.
–Se ha publicado que había una disputa por controlar el corredor donde estaba el FUSDEG por cárteles del narcotráfico o de la delincuencia organizada.
–Sí, ya está en manos del crimen organizado, de Xaltianguis hasta Chilpancingo, lo único que está quedando fuera es la parte donde todavía se encuentra el FUSDEG, Tierra Colorada, son como 22 pueblitos que todavía quedan, pero de Xaltianguis a Colorada está bajo la delincuencia, y de Dos Caminos hasta Petaquillas también.
Dice que el motivo de los ataques al FUSDEG, hasta hacerlo casi desaparecer, es el fuerte interés económico que implica el narcotráfico en ese corredor.
Alanís cuenta un diálogo con el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, que muestra que para las autoridades el interés económico que representa el narcotráfico en este corredor, pesa más que la seguridad pública.
El 30 de octubre pasado, el gobernador Héctor Astudillo se reunió en Acapulco con tres dirigentes del FUSDEG, después de que la organización bloqueó la Autopista del Sol y la carretera federal en El Ocotito, para exigir el desarme de la UPOEG y la detención de sus líderes que tenían orden de aprehensión, porque estaban atacando a las familias de los policías comunitarios del FUSDEG. En respuesta, para pacificar la comunidad, el gobernador anunció una operación con la Policía del Estado, Ministerial, Federal y el Ejército, que entrarían a El Ocotito a detener a todos los hombres armados, tanto de la UPOEG como del FUSDEG. Acordaron que el FUSDEG sacaría a sus comunitarios antes de la operación que se haría con ocho Bases de Operaciones Mixtas. El FUSDEG sacó a todos sus policías comunitarios, pero el gobierno ya no operó para sacar a los de la UPOEG. El FUSDEG plantea que con el incumplimiento de ese acuerdo, el gobernador dejó El Ocotito en manos de la UPOEG, y así lo reclamó una comisión al fiscal Olea Peláez, en una reunión el 7 de noviembre. Alanís afirma que en un ríspido diálogo, el fiscal justificó el incumplimiento del gobierno: “nos dijo, miren son 25 mil millones de dólares los que entran a Guerrero por esa sierra y no le vamos a meter mano, así nos dijo el fiscal, con esas palabras, yo no sé si sea verdad esa cantidad, a mí se me hace mucho, a la mejor son millones de pesos, pero así nos dijo”.
El 20 de septiembre, en el contexto de la confrontación entre el FUSDEG y la UPOEG, el presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, declaró, que la pugna se debe al interés económico y de ampliación de poder, relacionado con el trasiego de drogas en el corredor Petaquillas-Xaltianguis. El alcalde expresó: “Para mí está claro qué hay detrás de todo esto, políticos y organizaciones sociales que están siendo rebasados por una situación de interés económico y comercial, más que cualquier cosa”; “la razón es el trasiego de enervantes, no soy ingenuo, es posible que esté involucrada la delincuencia organizada, pero no tengo elementos para comprobarlo”.

El trasiego derivado de la amapola

En entrevista, Alanís habla del trasiego derivado del narcotráfico.
–Se ha dicho que el conflicto es por la disputa de ese corredor para el tráfico de amapola. Se daba a entender que los dos, FUSDEG y UPOEG, estaban involucrados en el trasiego de drogas.
–Sí, eso se decía. Nosotros nunca jamás hemos trabajado con la droga, si te pones a investigar cada pueblo del FUSDEG, ningún pueblo produce ni siembra, ni goma (de amapola) ni mariguana, y nosotros en todos los pueblos del FUSDEG no permitimos la venta de ninguna droga.
“Te voy a explicar algo, de por qué en los medios se menciona que el corredor Xaltianguis-Petaquillas era peleado por el control del trasiego de la droga. No precisamente que aquí se produzca. Por ejemplo, El Ocotito, es el lugar de abastecimiento de muchos pueblos que siembran amapola, toda la gente de arriba viene a comprar a Ocotito su comida, medicinas, incluso los niños vienen a la escuela, entonces es por eso que es muy importante para los cárteles controlar los pueblitos que tienen acceso a la sierra, por todo, por la entrada de (policías) federales, de militares, por la entrada de carros robados, de la gente que va a trabajar, de dinero, y por la misma bajada de la goma.
“Entonces, como nosotros no les permitíamos ni pasar carros robados ni bajar goma, ni nada, entonces ellos le tenían que dar vuelta, incluso se compraron un helicóptero para estarla moviendo, entonces eso les dificulta a ellos más el trasiego, el llevar y traer, entonces por eso ellos nos peleaban este corredor, para llevar y traer, para controlar las entradas donde ellos manejan la siembra. Porque nosotros poníamos el retén en el parque industrial de El Ocotito, y ahí no entraban armas ni dinero, porque revisábamos”.

Los cárteles, sus líderes

Alanís habla de los problemas de seguridad en ese corredor, de las fuerzas que ahí se mueven, de las organizaciones delictivas y de los personajes que los encabezan. Fue su materia de trabajo como coordinador del FUSDEG durante casi tres años.
Dice que cuando el FUSDEG estaba siendo atacado en los pueblos del valle de El Ocotito, entraba la UPOEG con jóvenes que recluta mediante el pago de un salario y de droga, “son pagados, no creas que la gente anda con ellos de veras por mucho amor o que de veras están en contra del FUSDEG, no, a los muchachitos que agarran les dan mil 500 pesos semanales, a los que están en operativos les dan sus dosis de cocaína cada dos días, su cuerno de chivo, carros robados, lanzagranadas y los muchachitos son felices con eso, se sienten los capos de México”.
–¿Dices que los de la UPOEG son del Cártel del Sur?
–Sí, ellos son del Cártel del Sur Sierra Unida.
–¿Así se llama?
–Sí. Cártel del Sur Sierra Unida, y abreviado es Cártel del Sur.
–¿Cómo sabes que Bruno Plácido (el principal dirigente de la UPOEG) es de ese cártel.
–Mira, yo sé bien porque yo he agarrado a todos los delincuentes del Sur, Ardillos, Rojos, del Cida, nosotros hemos agarrado muchos delincuentes, a la hora que los agarramos declaran y nos dicen quiénes están metidos desde la municipal, federal, políticos, Bruno, todos, nosotros les preguntamos todo en los interrogatorios, y es de esa forma como nos dimos cuenta que desde el 2014 ellos hicieron una alianza, que Bruno hizo una alianza con el Cártel del Sur, porque el Cártel del Sur se divide en 2014, se separan, y la mitad del Cártel del Sur se queda con Isaac Navarrete Celis y con Juan Jaleaco, entonces la otra mitad se queda con Ángel Arellano Villalobos, la A, y con el teniente La Calentura que están del otro lado de Corral de Piedra. Entonces ellos le ganan a los de la A. Entonces Juan Jaleaco Guevara, que es el líder del Cártel del Sur, le ofrece 4 millones a Bruno para que le lleve 300 gentes, entonces Bruno ahí es donde entra a la sierra y le hace el paro a Juan Jaleaco para sacar a los de la A, entonces desde el 2014 ellos pactaron ese acuerdo, y sí, empiezan a avanzar y a sacar a todos los que ya habían entrado del lado contrario.
“En ese entonces empezó a reclutar a mucho niño de Ocotito, Mohoneras, de todos los pueblos del valle. Entonces nosotros empezamos a agarrar a muchos niños de esos, tenemos muchas grabaciones y los niños nos decían cómo operaban, que aquí los reclutaban para ser policías de UPOEG en la sierra, y ya los mandaban con una camisa verde y una escopeta a la sierra, llegado a la sierra les quitan la camisa verde de UPOEG, y les dan un cuerno de chivo o un AR-15, su salario y su droga cada dos días, cocaína, su ración a cada muchacho. Y esos detenidos nos dicen que ahí ven a (los líderes de la UPOEG) Bruno, Ernesto, Carioca. Entonces en los operativos va la gente de Bruno, la que tiene en grupos de operación”.
–¿Isaac Navarrete de qué cártel es?
–Del Sur, también.
–Los Ardillos, Cártel del Sur y Bruno es la alianza que está ahora.

Quiénes llevaron a la UPOEG a El Ocotito

La UPOEG entró a El Ocotito el 23 de enero de 2014, y a los tres meses la gente del pueblo corrió al dirigente Bruno Plácido y a su grupo, pero los comunitarios siguieron con el nombre de UPOEG, hasta el 5 de enero de 2015, cuando fundan el FUSDEG.
Alanís cuenta que comerciantes de El Ocotito que estaban amenazados o ya habían sido secuestrados por el grupo delincuencial Los Rojos se organizaron para pedir a la UPOEG que entrara a El Ocotito. La UPOEG nunca respondió a esos llamados, pero un día entró al pueblo y comenzó a organizar la Policía Ciudadana. Para integrarse, Alanís formó su grupo con siete jóvenes armados, y lo nombraron comandante, igual que a otros 12.
Al poco tiempo de la entrada de la UPOEG, llaman a los comandantes a una reunión, dice Alanís, y narra lo ocurrido. “Llegamos a la reunión de los 13 ya comandantes y que nos dicen: les vamos a presentar a los que trajeron a la UPOEG aquí al valle de El Ocotito. Yo tenía interés en conocerlos porque según nosotros éramos los que estábamos organizando para que entrara y no sé quién los trajo al final. Bueno, que nos presentan a Carioca, y a los hermanos Ávila de Buena Vista. Yo los vi sentados en la mesa y pensé, a lo mejor ya se metieron a la comunitaria, pero eran narcotraficantes de años, yo estudié con ellos, yo los conocía, su mamá, su papá, su abuelo, eran narcotraficantes de añales, no de ahorita, gente que se dedica al narco, no hacen males pero son narcos, y yo decía ¿cómo es posible, ellos son los que trajeron a la UPOEG?, entonces me di cuenta de que entraron para sacar a los que estaban (el cártel de Los Rojos) y quedarse ellos.
–¿Qué drogas trafican?
– Todos los derivados de la amapola, lo que te da es goma de opio y una que se llama la chaina y la heroína, y la mandan a Estados Unidos; eso es lo que trafican y lo que deja mucho dinero.
“Entonces fue así como me metí ahí y descubrí que era un engaño total, que Bruno ya traía acuerdos con gente de cárteles que iban a meter un cártel para sacar a otro. Es ahí cuando nos pusimos roñosos porque en esa reunión nos trajeron a Víctor Muletas que era narcotraficante porque lo querían integrar a la mesa, que porque él se había ido y quería regresar a la mesa, y yo dije, ¿cómo van a creer señores, aquí digan la verdad, qué está pasando, cómo no conocemos al señor Víctor, qué no conocemos a los señores Ávila y a qué se han dedicado toda su vida?. Entonces yo les dije, aquí tenemos que ser honestos, digan de qué se trata, porque nosotros conocemos quiénes son ellos y a qué se han dedicado, digan lo que está pasando para saber. Vamos a empezar y ya con lo mismo, no vamos a avanzar.
“Y en esa reunión fue donde se partió la UPOEG, la primera división, la mitad de la mesa me apoyó y la otra mitad apoyó a aquéllos. Desde ahí fue el primer pleito que nos aventamos ya con la gente de Bruno, y fue que empezamos una pelea interna, desde entonces hasta que los sacamos del valle del Ocotito, porque empezaron a meterse a las casas, tú vives en un pueblo y sabes quién se dedica a lo malo y quién se dedica a lo bueno, y nada más le caían a una casota grande, y le inventaban delitos al dueño y le robaban todo, y lo corrían, lo sacaban. Nosotros decíamos, ¡pero es don Pepe, que ha trabajado toda su vida, ha vendido carne toda su vida, sus carros los compró con lo que ganó en la venta de carne! Y decían: no pero está ligado a la delincuencia. Y con ese pretexto le robaban todo, nosotros nos empezamos a preocupar y sacamos a toda esa gente de Bruno de El Ocotito.
“Nos separamos y fundamos el FUSDEG porque ya era una guerra a muerte con Bruno y con Ernesto (Gallardo), nos han intentado matar varias veces, porque ellos ya traían acuerdos con cárteles de que iban a entregar todo ese corredor de Xaltianguis hasta Petaquillas e incluso el plan era entrar hasta Chilpancingo y tomar Chilpancingo.
Luego se refiere a que el grupo de Los Ardillos produce una droga que le llaman la chaina (según registros periodísticos, es la heroína blanca, china white, de mucha demanda en Estados Unidos y precio más alto que la café o negra que tradicionalmente se produce en México). “Un muchacho que agarramos nos explicaba que de 10 kilos de goma ellos hacían un kilo de chaina, esa chaina es la que están mandando para allá.  Ya no tienen que transportar 10 kilos, sólo uno, y esa creo que se vende no sé en cuanto, aquella vez me dijo que la pagaban en 23 mil dólares, antes de que el dólar subiera, calculábamos que costaba sobre 360 mil pesos un kilo.
“No conozco, no sé realmente donde están los cultivos, pero toda esa zona que está sobre los mil 500 metros sobre el nivel del mar son buenas para eso. Toda esa es zona amapolera.
–¿Cuando entra el FUSDEG a Petaquillas, el 30 de enero de 2015, qué cártel controlaba ese lugar?
–Era Cártel del Sur Sierra Unida. O sea que cuando sacan a Los Rojos se unen varios líderes de allá y forman Sierra Unida, ellos son cuatro líderes, y se nombran el de la A, I, P y J. La J es Jaleaco o Juan Jaleaco o Juan Guevara, está en Jaleaca, él es el que manda al Cártel del Sur, el de la I es Isaac Navarrete Celis, el de la P no supe cómo se llama pero se lo lleva la (Policía) Federal como al mes de que entramos nosotros a Petaquillas, y se quedó fuera, y el de la A es Ángel Arellano Villalobos, a él se lo llevó la Federal hace como 10 meses.
–¿Los Rojos no estaban en Petaquillas?
–Los Rojos estuvieron antes de que agarraron al Tigre (Gabriel González Cabrera, que se encuentra en prisión), ellos controlaban Petaquillas, y cuando nosotros llegamos ya era Cártel del Sur, tenía poco que era Cártel del Sur.

Los Ardillos sí cometen crímenes contra la población fuera de sus lugares de influencia, dice el FUSDEG

Tercera parte

El asesinato de seis jóvenes de la comunidad de Chacotla puso nuevamente en el interés público el problema del control de Los Ardillos de un territorio aledaño a la capital del estado.
La noche del 30 de enero entró a esa comunidad del municipio de Mochitlán un comando de unos 40 sicarios vestidos de negro, relataron testigos, y se llevó a seis hombres y a dos mujeres, y un día después, el 1 de febrero, fueron ejecutados los seis hombres, dos de ellos menores de edad, y a las mujeres las dejaron libres.
Al día siguiente, antes de la aparición de los cuerpos, los vecinos dijeron a los reporteros que desde que entró el grupo armado varios de ellos pidieron ayuda al 911, a la Policía Estatal, a la Municipal y al Ejército, pero ninguna corporación fue al pueblo, que queda a sólo 40 minutos del centro de Chilpancingo, y los sicarios estuvieron actuando libremente durante cinco horas, y se metieron a las casas, se llevaron a las dos mujeres y cinco hombres más otro de la vecina comunidad de Mazatlán, golpearon y maltrataron a los habitantes y robaron dinero y cosas de valor.
Los vecinos identificaban a los agresores, hablaron de policías ciudadanos de la UPOEG, de supuestos comunitarios de Petaquillas en coordinación con los de Palo Blanco y Mazatlán, y un testigo precisó que “son acciones de narcocomunitarios que pertenecen a los grupos criminales Los Ardillos y al Cártel del Sur”.
Se publicó en El Sur que por Whatsapp familiares y amigos de las víctimas informaron que recibían amenazas por teléfono, y dijeron: “Nos hablan de un tal Celso Ortega (presunto jefe de Los Ardillos), de un tal Isaac Navarrete (presunto jefe del Cártel del Sur), y nos están amenazando que van a entrar a matarnos con la comunitaria del señor Bruno (Plácido, el dirigente de la UPOEG)”.
El día del funeral, ante reporteros, los familiares señalaron que los que irrumpieron la noche del 30 de enero y se llevaron a los ocho, son policías comunitarios de la UPOEG revueltos con delincuentes, y dijeron que los sicarios gritaron que iban por El Tigre, Gabriel González Cabrera, padre de dos de los jóvenes ejecutados, Gabriel de 21 años e Ismael de 16.
Los vecinos no hablaban del móvil de las ejecuciones.

Era un secuestro
colectivo: FUSDEG

De los hechos de Chacotla, da su versión el coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís. Aunque esta organización ha sido desplazada de las funciones de seguridad en los pueblos entre Acapulco y Chilpancingo, y sólo queda en Tierra Colorada, mantiene contactos y obtiene información directa de pobladores.
–¿Cuál fue el móvil de lo que pasó en Chacotla?
–Lo de Chacotla. Hay un líder ahí que se encargaba de atender esa zona cuando estaba el cártel anterior (Los Rojos), ese líder ahorita está preso, El Tigre, es el papá de dos jóvenes que mataron.
“El Tigre controlaba todos esos pueblitos incluso cuando nosotros metimos la Policía Comunitaria a Mazatlán, fuimos colonia por colonia de Mazatlán, y nos brincamos a El Salado y a Chacotla, pero la gente de ahí nunca quiso hacerse del FUSDEG. Sin embargo nosotros los cuidábamos porque al cuidar Mazatlán los cuidábamos a ellos, La gente se portó muy bien en el tiempo que estuvimos nosotros, que fueron casi cuatro años, nunca hubo un muerto, nunca hubo un secuestro, y con El Tigre nunca tuvimos problemas, desde que yo entre ahí él ya estaba en la cárcel. Fue un pretexto de la gente que entró ahora (el 30 de enero) que porque buscan al Tigre si todos saben que está en la cárcel.
–¿Y por qué la matanza?
–Era un secuestro, estaban pidiendo 10 millones de pesos, pero Los Ardillos se molestaron mucho porque la gente fue a denunciar, inmediatamente que los levantan la gente se fue al Ministerio Público a denunciar y esa fue la molestia de Los Ardillos, por eso mataron a los muchachos.
–¿Pero hay gente en Chacotla que tenga dinero para pagar 10 millones de pesos?
–No pero como eran ocho…, era un secuestro global. Al muchacho de 14 años que mataron, no le quitaron su celular, y ese niño estaba mandando toda la información por mensajes, entonces estaban pidiendo 10 millones, de ahí dice el niño que le hablaron a Celso y Celso habló con Bruno, y que platicaron y con Isaac Navarrete, y le bajaron a 2 millones para dejarlos ir, porque ya todo mundo sabía de ese levantón y al final supieron que habían ido a denunciar al Ministerio Público antisecuestros y fue por eso que mataron a los muchachos.
–Después de esos hechos, ¿hay peligro para la población de Petaquillas por la presencia de Los Ardillos?
–Hemos venido observando que en territorio donde están Los Ardillos no se meten con la gente común, pero sí hacen matazones afuera, en pueblos donde no están ellos. Lo de Chacotla lo hicieron Los Ardillos con la UPOEG, unidos todos. Entonces en Quechultenango (lugar de origen de Los Ardillos) no ves ni un muerto, en Mochitlán la gente vive tranquila dentro de lo que cabe, pero vienen de Quechultenango o de Mochitlán a matar a los de Chacotla.
–Dicen que Los Ardillos no extorsionan ni secuestran.
–Los Ardillos sí secuestran pero fuera de su territorio. Por ejemplo toda la violencia de Tixtla, ahorita se retiraron tantito de Tixtla, ahora están haciendo males de este lado de Petaquillas. Allá Zenén Nava (el jefe del grupo de la delincuencia organizada Los Rojos) ya tenía 12 años controlando Chilapa, y estaba tranquilo, pero una vez que entran Los Ardillos se empieza a ver matazón y matazón.
“Yo considero que Los Ardillos es uno de los grupos más violentos de Guerrero, para mí, por el conocimiento que yo tengo. Los Ardillos tienen mucho dinero y mucha violencia. Fueron los que desaparecieron a los de Chilapa. Son los que operan a la comunitaria de Paz y Justicia; esa comunitaria son Ardillos”.
–Y otra característica es que se mueven con la población de las comunidades, pareciera que buscan tener base social, no son sólo los armados.
–La característica “buena” (dice Alanís con ironía) de Los Ardillos es que mientras los del Cártel del Sur les pagan a 14 mil la goma a los campesinos, Los Ardillos se la pagan a 22 mil, entonces lógicamente tienen base social, porque Los Ardillos cuidan, la gente siembra y les pagan bien su producto, ¿cómo no van a estar protegiendo a Los Ardillos?, por eso la gente está con ellos.
“Si alguien trabaja en la oficina a lo mejor tiene miedo y no se mete, pero si trabaja en el campo sembrando eso (amapola), los va a apoyar; los productores los apoyan a ellos”.

Se oponen en el área de influencia de Los Ardillos a que entre el Ejército y las policías

Nuevamente el caso de Los Ardillos fue de interés en los medios, el 7 de febrero, cuando policías rurales de Petaquillas, vecinos y transportistas de la ruta a Quechultenango bloquearon la carretera federal a Acapulco más de seis horas, para exigir que se retirara un campamento militar ubicado frente a la entrada a Petaquillas, que se instaló como parte de las operaciones para buscar a los responsables de los asesinatos de Chacotla.
Al día siguiente, el gobernador Héctor Astudillo Flores, en declaraciones a reporteros en Acapulco, calificó el origen del bloqueo como “misterioso”. Esto quiere decir que atrás de esa acción había algo oculto, oscuro.
“Reprobamos las acciones del día de ayer donde un grupo de personas llamándose policías comunitarios, transportistas y algún otro grupo de personas, bloquean la carretera para pedir que de una zona, donde recientemente asesinaron a un grupo de personas humildes, salgan la policía y el Ejército. Nos parece que son acciones muy, muy lamentables y que tienen origen, así lo digo de claro, un origen mucho, muy misterioso”, dijo Astudillo Flores.
“No podemos permitir que este tipo de grupos que se escudan en policías comunitarios traten de limitar una acción de justicia reclamada por todos los pueblos”, subrayó el gobernador.
Los reporteros le preguntaron el significado del calificativo “misterioso” que usó para referirse al origen del bloqueo a la carretera, que fue total, de las 2 de la tarde a las 8 de la noche, pero ya no respondió.
Después, el 19 de febrero, cuando asistió a la ceremonia por el Día del Ejército en la Zona Militar de Chilpancingo, el gobernador dijo a pregunta de reporteros: “Hacen muy mal quienes piden que el Ejército no ayude. Hay que comprender de dónde vienen esas peticiones, que son muy raras, muy misteriosas, principalmente en territorios donde se dan hechos que en ocasiones cubren de luto y de sangre a muchas familias y yo creo que es un asunto que hay que ubicarlo en su exacta dimensión”.
Un reportero le preguntó quiénes están detrás de esas peticiones, y sólo dijo “hay que analizarlas”.
Probablemente el gobernador hablaba de Los Ardillos, de los asesinatos de Chacotla y del bloqueo en Petaquillas para pedir la salida del Ejército.
En la misma reunión en Acapulco, el comandante de la Novena Región Militar, general Germán Javier Jiménez, declaró a reporteros que los militares seguirían en el campamento frente Petaquillas, pero éstos se retiraron la madrugada de ese día, como lo pidió el movimiento que bloqueó la ca-rretera.
El 7 de febrero, cuando el bloqueo llevaba casi seis horas, acu-dieron a dialogar con los manifestantes para buscar que se liberara la carretera, el delegado de la Secre-taría de Gobernación, Ramiro Ávila Morales, y el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, José Maldonado. En el diá-logo nocturno, Ávila dijo que fuerzas federales y militares llegaron a Petaquillas por protocolos de seguridad tras los hechos de violencia que han ocurrido en la región, en referencia a los de Chacotla.  Por su parte, los que hablaron por parte de los manifestantes defendieron en todo momento a la Policía Rural.
El comisario de Petaquillas, Mario Flores Castrejón, declaró a los reporteros que los militares “anoche anduvieron intimidando a la gente, pero los afectados fueron los policías”. Por su parte, un policía rural dijo que los militares entraron a Petaquillas intimidando a los vecinos para sacarles información sobre los hechos de Chacotla, y en algunos casos los encañonaban.
Al día siguiente del bloqueo, los enviados gubernamentales firmaron el acuerdo con los manifestantes, en el que acceden a sus peticiones. Quedó escrito que la seguridad en Petaquillas estará a cargo de la Policía Rural, y que en operaciones conjuntas con ésta podrán entrar el Ejército y policías federales y estatales.

La huella en Chilapa

En una región contigua, en los municipios de Chilapa, Zitlala y Tixtla, la disputa entre los cárteles de la droga Los Rojos y Los Ardillos dejó 81 personas desaparecidas entre 2014 y 2016 y 120 asesinadas, informó el Centro de Derechos Humanos José María Morelos, que tiene su sede en Chilapa.
En estos últimos tres años, Los Rojos y Los Ardillos, en su disputa por el territorio, han cometido crímenes de extrema crueldad, y decapitado, desmembrado y descuartizado cuerpos que son arrojados a lugares públicos, a veces quemados.
También han ocurrido secues-tros y desapariciones colectivas y masivas, y decenas de cuerpos han sido enterrados en fosas clandestinas que después son localizadas por familiares o por autoridades.
Dentro de esta disputa, según registros periodísticos, la acción más conocida fue la irrupción de hombres armados del cártel de Los Ardillos, acompañados de comisa-rios y campesinos de diversos pue-blos, a la cabecera municipal de Chilapa, y la mantuvieron ocupada del 9 al 13 de mayo de 2015, para exigir la detención del jefe de Los Rojos, Zenén Nava, y durante esos cinco días levantaron y desaparecieron a 16 vecinos, ha dado a conocer el Colectivo Siempre Vivos, de familiares de desaparecidos.
Durante esa incursión de Los Ardillos a Chilapa estuvieron presentes efectivos del Ejército y de la Policía Federal, que no hicieron algo para impedir que se llevaran a los 16 desde entonces desaparecidos, y compartieron las calles de la ciudad, en aparente acompañamiento, como lo muestran las fotografias publicadas en El Sur.

Un pacto con el gobernador, que no cumplió, llevó al FUSDEG casi a su extinción, denuncian

Segunda parte

Según el coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís, éste casi se extinguió debido a la confrontación con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y a “un plan” del gobernador, Héctor Astudillo Flores, que hizo que la Policía Comunitaria saliera de El Ocotito, mediante un acuerdo con los dirigentes de la organización, que consideran que fue “un engaño”.
Desde 2014 hasta finales de 2016 el FUSDEG tuvo presencia con la Policía Comunitaria en una extensa área que comenzaba en Xaltianguis, municipio de Acapulco, y llegaba a Petaquillas en Chilpancingo, considerado como un corredor para el trasiego de enervantes, principalmente de goma de amapola. Su combate fue contra todos los delitos, incluido el narcotráfico. Pero ahora sólo está en Tierra Colorada.
El FUSDEG tenía acuerdos con las autoridades de todos los niveles, y la ruptura con el gobernador comenzó después de un bloqueo que hicieron miembros de la organización a la Autopista del Sol y a la carretera federal a Acapulco, en vísperas de un puente vacacional que afectaría la economía del puerto, informó el coordinador del Frente en el municipio de Chilpancingo, Salvador Alanís Trujillo.
En entrevista por teléfono, dice que el FUSDEG “es un movimiento muy pobre, se mantiene de la verdadera voluntad del pueblo, nosotros le pedíamos 30 pesos cada mes a cada casa para pagar la comida y la gasolina, nunca tuvimos dinero para comprar armas”.
En el municipio de Chilpancingo, el FUSDEG llegó a tener 300 policías comunitarios en los poblados de Dos Caminos, Mohoneras, El Ocotito, Cajelitos, Mazatlán y Petaquillas, y actualmente 50 se cambiaron a la UPOEG –que según Alanís está aliado con el Cártel del Sur– 20 fueron obligados por el grupo del narcotráfico Los Ardillos a sumarse a la policía de Petaquillas, otros 200 están fuera de sus comunidades, desplazados por la violencia, y unos 30 están replegados en sus pueblos.
Informa que actualmente también están fuera de sus pueblos unas 150 familias, desplazadas por los ataques de la UPOEG y otros grupos delictivos.
El FUSDEG tuvo ocho enfrentamientos armados en los que murieron 21 policías comunitarios de esta organización, 17 bajas fueron causadas por la UPOEG, y cayeron 20 personas contrarias al Frente, de las cuales siete son de la UPOEG.
Además, los seis principales líderes de los pueblos del Valle del Ocotito tuvieron que salir de Guerrero, porque fueron amenazados de muerte por los grupos contrarios o amenazados por el gobierno con llevarlos a prisión.
Uno de los seis líderes es Alanís, coordinador de la Policía Comunitaria, es decir, la parte armada del FUSDEG.
En entrevista, la primera que da desde su salida de Guerrero, Alanís narra cómo intervino el gobernador en la desaparición del FUSDEG.
Informa que el FUSDEG considera que su repliegue fue un error, derivado de “un engaño” de Astudillo, y que la organización ya rectificó, y actualmente busca fortalecerse, y “acopiar armas y aumentar su membresía”.

De la comunicación directa a la ruptura y las órdenes de aprehensión

Ante el conflicto con la UPOEG, que desde mediados del año pasado emprendió una ofensiva para desplazar al FUSDEG del corredor donde operaba, éste tuvo acuerdos con el gobierno del estado que se comprometió a impedir las acciones de la UPOEG, con el fin de mantener la paz y evitar enfrentamientos entre esas organizaciones, porque el gobernador no quería “ni un muerto”.
Alanís dice que el gobernador se había comprometido a intervenir con la Policía Estatal para mantener inmovilizados a los dos grupos, pero los del FUSDEG veían que mientras a sus integrantes los tenían encerrados en su base y no les permitían salir, a los de la UPOEG los dejaban avanzar y ocupar casas de seguridad y amenazar y hostigar a familias del FUSDEG.
Alanís cuenta que reportaba por Whatsapp al gobernador esos movimientos de la UPOEG. “Yo tenía línea directa con el gobernador, con el fiscal Olea y con el general Almazán”, dice.
Ahí comenzó la ruptura: “Llegó un momento en que el gobernador se molestó conmigo porque decía que yo le estaba diciendo puras mentiras, que no era cierto, que la Policía Estatal no veía a la gente armada que yo decía, y que mandaban helicópteros y no veían hombres armados”.
Describe cómo se dio el avance de la UPOEG dentro de El Ocotito: “el avance de ellos es que llegaban a casa de un compañero policía comunitario, entraban, saqueaban las cosas y amenazaban a la mujer y a los niños, que estaban solos porque todos los policías estaban en la base replegados, no estaban en su casa, porque teníamos un acuerdo con el gobernador de que íbamos a estar replegados. Entonces los compañeros se empezaron a ir de uno, de tres, y de los 150 que éramos quedamos 50”.
Alanís precisa que la incursión de la UPOEG al valle de El Ocotito se dio el 24 de octubre del año pasado, y ese día llegó la Policía Estatal, que mantenía inmovilizados a los policías comunitarios del FUSDEG mientras permitían el avance de la UPOEG.
Ante este problema, el 27 de octubre, la gente civil del FUSDEG cerró la Autopista del Sol y la carretera federal a Acapulco, para exigir al gobernador el desarme de la UPOEG y la detención de sus miembros que tenían orden de aprehensión.
La toma de la Autopista, en la que fue destacada la participación de mujeres y niños, comenzó a las 7:40 de la noche y terminó a las 2 de la mañana del día siguiente.
Ese día, Alanís, en los medios, exigió al gobierno federal y al estatal “el desarme del grupo delictivo Cártel del Sur que somete a los pueblos del corredor Tierra Colorada-El Ocotito-Petaquillas en alianza con el líder de la UPOEG”, Bruno Plácido Valerio.
El 30 de octubre tres dirigentes del FUSDEG fueron trasladados a Acapulco donde se reunieron con el gobernador en la oficina de la Protur, el secretario general de gobierno Florencio Salazar y el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes.
“El gobernador se molesta mucho porque era el inicio del puente vacacional, me mandó traer, me mandó una (camioneta) blindada con César Flores Maldonado para que fuéramos”.
“Nosotros le explicamos al gobernador cómo estaban operando y cómo nos estaban destruyendo, y el gobernador se comprometió y dijo, le voy a entrar, vamos a hacer acuerdos, lo único que les pido es que se replieguen, que se salgan, que no se metan en nada, no quiero ni un muerto, y la segunda es que quiero que convenzan a la población para que no tape la autopista porque viene el fin de semana largo y van a destruir la economía de Acapulco. A cambio, dice, voy a detener a los líderes de esa gente, pero para que no se vea que yo estoy de un lado voy a detener a uno de ustedes también, pero con el de ustedes yo me comprometo a que en 72 horas esté libre y a aquellos los vamos a llevar a la de alta seguridad”.
El gobernador anunció que entrarían el martes siguiente a El Ocotito ocho BOM, con militares, policías federales, estatales y ministeriales, para detener a todos los hombres armados de la UPOEG y del FUSDEG, y pidió a los dirigentes que sacaran a sus comunitarios para que no fueran detenidos.
Los dirigentes del FUSDEG estuvieron de acuerdo, y después las bases también. Al lunes siguiente, 7 de noviembre, una comisión fue a reunirse con el fiscal Javier Olea, para darle el nombre del miembro del FUSDEG que sería detenido, y el fiscal les dijo que ya estaba todo listo para la entrada a El Ocotito al día siguiente.
La madrugada del 7 de noviembre el FUSDEG sacó a todos sus policías comunitarios de El Ocotito.
“El martes después de que nos salimos, manda el fiscal a traer a una comisión del FUSDEG, va la comisión y les dice el fiscal Javier Olea, que dice mi mamá que siempre no, que ya no iba a haber nada porque ya El Ocotito estaba bien, o sea que ya no había conflicto y que ellos no tenían gente suficiente para ir a hacer un operativo de ese tamaño, y que Carioca (uno de los líderes de la UPOEG, Marco Antonio Salgado Pineda) tenía mejores armas que él y que no iban a hacer operativo.
“Entonces ahí nos dejó embarcados el gobernador, sacamos a casi 100 familias de El Ocotito y ahora las familias están fuera, unas refugiadas en Tierra Colorada, están regadas en muchos lugares de Guerrero y de fuera de Guerrero, y ya no han podido regresar porque el gobernador no cumplió su palabra, ni el fiscal ni el general Almazán ni el secretario de Gobierno. Nos engañaron como tontos y se aprovecharon de la nobleza de la gente buena y ahí está la consecuencia de que ya tienen una narco UPOEG ahí aliada con Los Ardillos, con el Cártel del Sur y con el mismo gobierno. Es una alianza de los cuatro”.
Después de El Ocotito, afirma Alanís, siguió la misma operación en otros pueblos: “Ahí no paró la cosa, sino que una vez que nos sacan de Ocotito sigue el mismo plan para Xaltianguis, toman Xaltianguis, detienen a muchos compañeros, hacen la misma operación, los rodean, los empiezan a amenazar, amenazar, amenazar, y ellos presumen de que no tiraron ni una bala, y pues sí, no tiraban balas porque agarraban a las familias, a las mujeres y a los niños, y todos los hombres comenzaron a dudar con esas amenazas. Tomaron Xaltianguis, Las Marías, El Playón, Xolapa, en todos los pueblitos que teníamos del lado de Xaltianguis hicieron lo mismo y los convierten en UPOEG”.
“La gente empezó a correr a Colorada porque era el centro, porque la intención de ellos eran rodear nuevamente Colorada también. Y fue ahí donde buscamos otra vez al gobernador, pero ya no nos dio la cara”.

“El gobernador me dio la orden de que te detenga”

El 10 de noviembre Alanís le mandó al gobernador un mensaje por Whatsapp en el que le reclama que está actuando mal con el pueblo, dice que ahora sí cree que esté vinculado con el narcotráfico, y señala: “Hoy sé que nos tenemos que levantar nuevamente como pueblo y nuestros enemigos serán la delincuencia organizada y el narcogobierno”.
Este mensaje motivó la amenaza de detención para Alanís, y su salida de Guerrero para protegerse. Dice en entrevista:
“El gobernador vio el Whatsapp como a la una de la mañana, a esa hora el fiscal me marcó, pero yo ya había apagado mis celulares, y le habló al maestro Plancarte (el coordinador de la parte no armada del FUSDEG), a las 3 de la mañana, y lo amenazó, dijo que nos iba a detener porque eran órdenes del gobernador, y quería que yo le hablara para que le bajara de huevos, el fiscal me mandó un mensaje, me dijo que le bajara de huevos porque no le podía hablar así al gobernador”. “Yo me tuve que salir del estado, porque me iban a detener, yo tenía orden de aprehensión pero salía con 3 mil pesos porque es un delito que nunca se comprobó, la persona nunca se presentó, fue algo inventado por alguien que nos quería perjudicar, y lógicamente el gobierno le dio seguimiento, como para agarrarme.
“Y le contesté al fiscal a los dos o tres días, le marqué, y me contestó el fiscal y me dijo, sabes qué, tú eres el número uno ahorita para mí, el gobernador ya me dio órdenes de que te detenga y ¿sí sabes que tienes orden de aprehensión?, y le dije, ¿sí sabes cuál es mi delito, y sabes que con 3 mil pesos voy a salir?, y se empezó a reír el fiscal y le dije, bueno, solamente que me vayas a poner unos 3 kilos de goma y unos tres AR-15 para que puedas justificar porqué me detuviste, así como le hacen a todos. Y me dijo, bueno, pues ahí tú sabes, lo único que te digo es que  le bajes de huevos, ahorita eres el número uno para mí para detenerte, y son órdenes del gobernador, así que si quieres arreglar esto habla con él, habla con Florencio y sólo ellos van a poder cambiar la orden que yo traigo”.
–¿Has regresado a Guerrero, qué vas a hacer?
–Yo sí he regresado pero me salí de Guerrero, todos los compañeros líderes nos salimos, no nada más yo, dijimos, no, ni madres, vamos a arreglar nuestra situación jurídica porque éstos no nos van a detener como a Mireles, como a todos los líderes políticos, Nestora, Eliseo del Villar, Gonzalo Molina. Nosotros nos salimos, nos pusimos a ver la situación jurídica, ahorita la orden de aprehensión ya cumplió su término, y ya el juez nos avisó. Ya nosotros estamos libres, no tenemos ninguna cuenta con la justicia”.

Cambiamos de postura y ya no permitiremos que entren a Tierra Colorada

Dice que los dirigentes del FUSDEG que salieron de Guerrero en noviembre han regresado a organizar y que el Frente ha cambiado su postura.
“Fue ahí cuando ya cambiamos la postura, después de que me amenaza el fiscal y que ahora nos van a detener después de que el gobernador hizo un acuerdo, no nos cumplió y ahora nos quiere detener. Entonces ya cambiamos la postura, porque nosotros teníamos la postura de que no hubiera muertos, de que no nos podíamos matar entre la gente del pueblo”.
–Ahora el FUSDEG sólo está en Tierra Colorada.
–Sí, toda la gente del FUSDEG que ha sido exiliada de sus pueblos se refugia en Tierra Colorada, la misma gente de Ocotito,  Mohoneras, Xaltianguis, están en Tierra Colorada.
–¿Y están en peligro ahí?
–No por ahora, porque cambiamos de postura y cuando iban a tomar Colorada dijimos, aquí ya no van a entrar, y si no quiere muertos que cumpla el gobernador con su parte que nos prometió y si no aquí se van a morir los de UPOEG que entren.
–¿El cambio de postura  es que se van a defender?
–Sí, y fue ahí en Colorada donde se suscitó la balacera que duró casi un día, fue donde quedaron los reporteros atrapados. Porque nosotros nos hemos dedicado a fortalecer la parte armada, ya tenemos muchas armas y balas y el que entre ahí se va morir, porque ya estuvo bueno, se supone que la Policía Comunitaria se hizo para defender al pueblo de los crímenes de los cárteles y del crimen organizado, no para que sea parte de la delincuencia como la UPOEG, para nosotros la UPOEG es parte del crimen organizado, son enemigos de nosotros y son delincuentes, no vamos a permitir que entren, y ya no han intentado entrar, porque  ellos saben que estamos reforzados y tenemos gente y armas.
–¿Tú sigues en el FUSDEG, aunque ya no puedes estar aquí?
–Sí, yo sigo organizando a la gente y apoyando en lo que puedo.

Desde el exilio, denuncia Alanís el saqueo de sus propiedades en El Ocotito

El coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo, denunció públicamente el saqueo y robo de su casa y de todas sus propiedades en El Ocotito, después de que salió de Guerrero porque fue amenazado por el fiscal Javier Olea con meterlo a prisión.
Como si fuera un botín de guerra, informa que miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que desplazó al FUSDEG, le quitaron todo su patrimonio. Afirma que cuando estaban saqueando, el 10 de noviembre, habló por teléfono con el comandante de la Policía Estatal, y le respondió que no era cierto.
Muestra un video de su casa saqueada y fotos de la destrucción de su vivero donde producía jitomate, y de la granja donde tenía 500 gallinas ponedoras que también le robaron y la incubadora, una casa de empeño, las herramientas de un taller mecánico, y una cocina que tenía su esposa donde vendía comida. Además, señala que un terreno de su propiedad, de 13 mil 500 metros cuadrados que le costó 100 mil dólares en 2011, fue declarado parte de movimiento de la UPOEG.
En entrevista, Alanís, de 39 años, habla de su historia:
“Yo soy del DF (ahora Ciudad de México), soy chilango, a los 13 años me vine a vivir al Ocotito, y me encantó tanto El Ocotito, un lugar tan bonito para vivir, pero a los 19 años me fui a Estados Unidos, a Clarkton en Carolina del Norte, estuve 12 años trabajando. Yo vengo de una familia muy pobre, de una madre soltera con ocho hijos, cuando yo era joven por las dificultades económicas no pude terminar la carrera de Economía, que estudié en la UAG, me faltó un año y de ahí me regresé al Tecnológico de Buenavista, estudié Administra-ción de Empresas, yo trabajaba y pagaba mi estudio y el de mi hermano.
“Me fui 12 años a Estados Unidos, a trabajar duro, hice una buena cantidad de dinero. Trabajaba en una empresa de empacar cacahuates y era mecánico de carros, en la mañana en la fábrica y en la tarde era mecánico. Me fue muy bien en Estados Unidos, hice muy buen dinero, y me vine en el 2009 debido a que mi madre ya estaba muy enferma, y ya se iba a morir ya no la iba a ver, me vine, y me quedé en México, me puse a sembrar la tierra en El Ocotito, un valle tan bonito y nadie siembra, yo dije voy a contratar gente y a dar empleo. Me puse a sembrar jitomate y me fue muy bien, busqué un ingeniero, en dos años que sembré jitomate ya tenía 50 empleados, producía mil cajas de jitomate por semana y en las aguas, tres meses, sembraba en Huitziltepec”.
–¿Cómo te uniste al FUSDEG?
–Como ya estaba creciendo mi negocio, la gente de Los Rojos ya me tenía en la mira y me metieron una gente, un infiltrado, para investigarme porque me iban a secuestrar, a la semana matan a los muchachos que me iban a secuestrar, en Mohoneras los mataron y aparecieron en Papagayo muertos. Los mataron los mismos del Cártel de Los Rojos porque habían secuestrado a un ciudadano de Mohoneras y no habían dado el dinero, eso era el rumor que se supo ahí.
“En otra ocasión nos mandaron unos fulanos cuando estábamos entregando el jitomate, y me pensaban asaltar y levantar pero uno de mis trabajadores tenía gente que había sido de Los Pelones, y esos muchachos nos cuidaban, ese día que llegan ya los estaban esperando los otros muchachos que tenían sus armitas y ya no pudieron”.
“Entonces nos juntamos un grupo de comerciantes de Ocotito porque queríamos traer a la Policía Comunitaria, y nos organizamos, fueron a ver a Bruno Plácido y a Ernesto Gallardo (los dirigentes de la UPOEG), pero decían que sí y que no, que querían para gasolina, y dijimos vamos a juntar 30 mil cada comerciante y los vamos a dar, era un grupito bien cerrado y bien secreto, porque te mataban por un peso en Ocotito. Y empezamos a hacer un grupo de los equis, donde yo era un equis e invitaba a otro equis, pero sin decir nombres y sin conocernos, yo me busqué mi gente de confianza que eran puros equis y el otro otros equis, para que si nos agarraban a uno no vamos a decir quién era”.
Habla de la entrada de la UPOEG a El Ocotito, la primera vez, el 23 de enero de 2014, con el dirigente Bruno Plácido a la cabeza. Dice que a los tres meses la gente del pueblo corrió a Bruno y a sus seguidores, acusados de estar coludidos con la delincuencia organizada, de corrupción y de irregularidades como la acusación a vecinos de cualquier delito fabricado sólo para quedarse con sus bienes. Pero tras la salida de los líderes de la UPOEG, los comunitarios de El Ocotito siguieron siendo UPOEG, hasta el 5 de enero de 2015, cuando fundaron el FUSDEG.
–Para ser coordinador de la Policía Comunitaria del FUSDEG, ¿sabías de armas?
–Yo no sabía de armas, hasta la vez no sé bien de armas, entonces yo era comerciante y me dedicaba a lo mío, a sembrar jitomate. Entonces un día de repente llegó la UPOEG a Ocotito, y los que estábamos organizados nos quedamos boquiabiertos, dijimos, caray, nosotros éramos los que estábamos organizando y ya llegó la UPOEG. No nos pidieron ni para gasolina, nomás nos dijeron una noche, vamos a llegar mañana alístense. Y una hora después nos dicen que se canceló, ya ni les creíamos. Y al otro día llegó la comunitaria de la UPOEG, la Policía Ciudadana de Bruno.
“Al otro día nos dijeron, los queremos aquí a las 2 a todos los que van a apoyar. Entonces yo les comenté, entre mis trabajadores, a un grupo de confianza, y junté siete, y conseguí armas, escopetas y 22, con la misma gente de nosotros. Ya teníamos siete personas conmigo y siete armas, nos presentamos a las 2 con el grupo, yo iba al frente de mi grupito.
“Empezamos a operar con ellos, el primer día nos juntamos como 30 gentes armadas del puro Ocotito, y fue así como nos metimos, pero mi idea es que yo quería apoyar a que se instalara el sistema bien y me retiro, sólo me quedo con mi cooperación. Pero resulta que a los 10 días de que llega la UPOEG empezamos a ver que a unos delincuentes sí les dejaban recargar toda la mano y a otros los dejaban ir. Y empezamos a pelear con ellos, y les de-cíamos: éste era halcón (espía de la delincuencia organizada), cómo es posible que lo hayan dejado ir. Me acuerdo de un caso que nos dijeron: queremos que dejen ir a estos halcones, eran cuatro, y yo les decía: ¿por qué los vamos a dejar ir, qué no se-gún ustedes reeducan?, y dijeron, es que es un delito muy pequeño y yo les decía: ¡ah qué bonito, entonces ahora todo mundo va ser halcón, buenos días, que te vaya bien halcón¡. No, eso se tiene que castigar o hay que entregarlos a las autoridades. Fue el pleito, al otro día dejaron ir a dos, ya no amanecieron.
“Empezamos a ver que a un grupo delictivo sí se le recargaba y a otro grupo no. Como que ya llevaban una línea.
“Como a los 15 días de que entró la UPOEG ya éramos 13 comandantes, de todos los pueblitos. Nos citaron a la primera reunión de comandantes. Yo les decía que yo no era comandante, y me decían: te tienes que hacer comandante, y yo decía que yo nomás estoy apoyando porque me voy a salir. Me dijeron: te tienes que hacer comandante porque tienes tu grupo y si no eres comandante no puedes traer gente. Total que me tuve que hacer comandante a la fuerza”.

Se reúne la UPOEG en Las Peñas, Copala; se coordinará con el gobierno “sin ser paleros”

El coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio informó que habrá una reunión regional en la zona Centro para hablar de la irrupción de sicarios en Chacotla, Mochitlán, donde cinco vecinos fueron ejecutados y testigos señalan a policías ciudadanos de la agresión.
Dijo que el miércoles se reunirán con el presidente municipal de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena, para hablar de asuntos de coordinación.
En la reunión privada en la comunidad de Las Peñas del municipio de Copala no se permitió la presencia del reportero, “por cuestiones de evitar filtrar información estratégica de las acciones de seguridad”, manifestó Plácido Valerio tras una breve consulta a los más de 200 asistentes en el astillero.
Consultado después vía telefónica indicó que la reunión se enfocó en la estructura de la UPOEG. Además de recordarle a los integrantes de la organización de los márgenes de acción de cada comisario, “para que se conduzcan con la asamblea comunitaria, o sea que ningún comisario pueda tomar decisiones si no convoca a asamblea”.
En la reunión de 5 horas se acordó el funcionamiento de un Consejo de la UPOEG y la coordinación con las autoridades, “sin que caigamos en ser paleros o chalanes del gobierno. Mantenernos en el diálogo con todos los sectores y buscar nuevos mecanismos en todos los municipios que están en este proyecto”.
Al encuentro que se trasladó minutos después a la cancha techada del municipio asistieron representantes de la UPOEG de Tierra Colorada, Copala, Marquelia, Cruz Grande, San Marcos, Ayutla, Tecoanapa y una comisión de la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de Barra Vieja, del municipio de Acapulco.
De la supuesta participación de la Policía Ciudadana de la UPOEG en Chacotla, reiteró que no fueron y que en la reunión de ayer se abordó ese tema, pero se profundizará en una reunión regional “el asunto de la seguridad, se planteó la renovación de estrategias de seguridad y acordamos que nos vamos a ir reuniendo para revisar todos los detalles de lo que está pasando en Xaltianguis, lo que está pasando en el valle de Chilpancingo, entre ellos incluido el asunto de Chacotla que nada tiene que ver con nosotros”.
Anunció que el miércoles se reunirán con el presidente municipal de Chilpancingo “y ahí vamos a tratar el tema de Chacotla”.
Afirmó que la Policía Ciudadana no ha entrado a la comunidad de Chacotla en el municipio de Mochitlán, pero sí tienen presencia en municipios cercanos a Mochitlán.
De la Policía Ciudadana de Lomas de Chapultepec, Acapulco, están por entrar en una tercera etapa que calificó como de “reordenamiento” en la zona”, adelantó que están en la búsqueda de mecanismos para evitar una confrontación con la delincuencia.

Llevan la basura de la capital al cerro de Las Antenas, zona de mantos acuíferos

Luego de tres días de que unas 70 camionetas recolectoras de basura independientes cargadas con más de 40 toneladas de desechos se estacionaron en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, y de varios conflictos de los recolectores con vecinos de colonias, comunidades e integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que no permitieron que en predios cercanos tiraran los desechos, el alcalde capitalino Marco Antonio Leyva Mena prestó 80 hectáreas de un terreno propiedad de su papá, Ronaldo Leyva Adame, para que ahí se lleven los residuos.
La zona del cerro de Las Antenas es una cúspide en donde existen mantos acuíferos, ayer en la tarde se observó a decenas de camionetas ir al lugar, incluso cerraron medio carril de la carretera a Tixtla, a 3 kilómetros de la salida de Chilpancingo.
Los malos olores en el centro de la ciudad provocaron que algunos negocios como panaderías y fondas de comida cerraran temporalmente. El dueño de un hotel dijo que el mal olor ahuyentó a los huéspedes, en tanto, los boleros afirmaron que sus ganancias disminuyeron en un 70 por ciento.
En un recorrido en la plaza cívica se observó que algunos peatones al pasar por el lugar escupían y otros vomitaron por el olor que emitía la basura en las camionetas, que tenían gusanos y lixiviados (líquidos residuales).
Debido a la acomulación de basura en el centro de la ciudad, la Secretaría de Salud estatal informó a los vendedores de alimentos y al público en general que en la zona se debían tomar medidas de higiene.
También una brigada de la dependencia arrojó cal en la plaza cívica y en tiraderos clandestinos para que los lixiviados no contaminaran y no hubiera malos olores, sin embargo el olor se mantuvo.
Trabajadores de negocios cercanos y personas que transitaron por la plaza cívica portaron cubrebocas. Algunos pepenadores y recolectores pididieron dinero o alimentos a los vecinos y en los comercios cercanos, porque manifestaron que no tienen dinero para alimentar a sus familias ni para los gastos de la escuela de sus hijos, debido a que no pueden trabajar ante la falta de un tiradero.
Los recolectores mostraron pancartas en las que se leía: “Chilpancingo apóyenos para que nuestras calles estén limpias y no haiga infecciones. Apóyanos con una moneda voluntaria para pagar los víveres, muchas gracias”, y “Pedimos un apoyo voluntarios a la ciudadanía para nuestros compañeros pepenadores y camioneteros para poder sacar la basura de sus colonias que seguimos en pie de lucha, Apóyanos con una monedita para comprar víveres. Muchas gracias”.
Uno de los pepenadores, Juan Valente informó que, “el alcalde nos quiso sobornar, nos dijo que si nos retirábamos de la plaza nos daría dinero, los pepenadores dijimos que no, porque sería dinero pasajero, lo que necesitamos en un basurero de Chilpancingo, porque en otros lugares no nos dejan (depositar los desechos)”.
Algunas vecinos les regalaron comida a los 200 pepenadores y 150 recolectores que estacionaron sus camionetas en la plaza cívica, quienes afirmaron que de las despensas que les dio el alcalde hicieron comida para todos, y que un carnicero les regaló un marrano para alimentarse.
Vecinos que pasaban por el lugar recriminaron que el alcalde Marco Antonio Leyva Mena no hiciera algo para solucionar lo más pronto posible el problema de la basura. Una señora manifestó a los recolectores: “Deberían de tirar la basura en la casa del presidente municipal a ver si iba a soportar el olor”.
Ante la falta de un basurero, las calles del centro de la capital y las banquetas están invadidas con bolsas de basura, lo que ocasiona que los peatones caminen por la vía vehicular.
Consultado en la plaza cívica, uno de los recolectores, Jaime Peralta informó que el alcalde ya no los recibió, ahora fueron atendidos por funcionarios municipales, y afirmó, “Leyva Mena ya no quiere dar la cara porque nos ha engañado en reiteradas ocasiones”.
Agregó que varias veces intentaron depositar los desechos en algún tiradero, y que incluso sus compañeros recolectores fueron “secuestrados y liberados”, por pobladores e integrantes de la UPOEG en Palo Blanco.
Una recolectora de basura, Audencia Sánchez manifestó: “El alcalde nos dio un botecito de aceite medio kilo de azúcar, arroz y frijoles, maseca y papel higiénico, desde el jueves estamos sin recibir dinero, el poco que teníamos ya los gastamos, tengo nueve hijos y necesitamos un basurero para tener ingresos”.
El viernes 27, al alcalde Marco Antonio Leyva Mena anunció el cierre definitivo del basurero capitalino, luego de que firmó un acuerdo con el gobernador y el alcalde de Eduardo Neri (Zumpango), para que este último reciba la basura de la capital.
Sin embargo, aun no está listo el relleno sanitario de El Platanal, y Leyva Mena dialogó con comisarios, comuneros y vecinos de Zumpango, Palo Blanco, Mazatlán, Buenavista de la Salud y en terrenos de Servicios Públicos municipal para depositar los desechos en predios de esas localidades, pero todos se negaron y no permitieron que las recolectores descargaran la basura.
Ante la presión de los recolectores de basura y de los vecinos de la capital, y la falta de un predio provisional para depositar la basura, Leyva Mena autorizó un predio de 80 hectáreas propiedad de su padre, Rolando Leyva Adame.
A las 6 de la tarde, las camionetas recolectoras se retiraron de la plaza cívica luego de que el secretario de Servicios Públicos municipal, Sergio del Moral Benítez informó que podían descargar la basura en el predio ubicado en un cerro en el lugar conocido como Las Antenas.
Vía telefónica, Del Moral Benítez dijo que el terreno es propiedad del padre del alcalde y que son 80 hectáreas de tierra, que los desechos serán depositados ahí hasta el próximo lunes, mientras se rehabilita el basurero de Eduardo Neri (Zumpango).
“Está muy bien ese terreno, porque no hay casas cerca, es algo temporal, hasta que se tenga habilitado el basurero de Zumpango, (después) el terreno será saneado”, precisó el secretario.
Cuando se retiraron las camionetas recolectoras, trabajadores de Servicio Públicos municipal realizaron labores la limpieza en la plaza cívica.

Algunos policías de la UPOEG tienen nexos con la delincuencia organizada, reconoce Bruno Plácido

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio reconoció que dentro de la Policía Ciudadana están ocurriendo cosas “muy delicadas”, como la vinculación de algunos policías con “la maña (la delincuencia organizada)” y otros que se “periquean (drogan)”.
Dijo que en otros casos, hay quienes “se hacen de la vista gorda” y permiten que entren a territorio de la UPOEG carros que son robados en Chilpancingo. Asimismo, admitió que en lugares controlados por la Policía Ciudadana siguen ocurriendo asesinatos, secuestros y extorsiones.
“Todo eso lo sabemos, estoy chaparrito pero lo alcanzo a ver”, dijo en una reunión en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo.
La reunión en esta localidad fue para elegir al comandante municipal de la Policía Ciudadana. Los resultados de la elección favorecieron a Moisés Reynoso y Mario Zamora, como primero y segundo comandante de la Policía Ciudadana para el municipio de Chilpancingo.
Antes de la elección, el dirigente hizo unos reclamos que sonaron a regaño ante más de 200 ciudadanos y policías armados que se reunieron en la cancha techada de la Comisaría Municipal y que venían de las comunidades del municipio de Chilpancingo incorporadas al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), a quienes Plácido Valerio pidió “poner orden” en la Policía Ciudadana.
Al encuentro asistieron comisarios y policías de las comunidades de Mohoneras, Dos Caminos, Acahuizotla, Cajeles, Valle del Ocotito, El Fresno, Mazatlán, Palo Blanco y de Buena Vista de la Salud.
Durante la reunión, el consejo municipal de la UPOEG hizo un balance de sus gestiones a tres años de su ingreso a las comunidades del Valle del Ocotito.
Antes, Plácido Valerio insistió que se deje de ver a la UPOEG como un asunto solamente policiaco, porque agregó que la organización surgió con miras que van más allá de ser una agrupación policiaca.
Explicó que sus objetivos además son el reordenamiento de los pueblos y las comunidades, la lucha contra los abusos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), gestionar obras y promover el desarrollo de los pueblos.
Se quejó que a la UPOEG se le ha visto solamente como un asunto policiaco y dijo que esa ha sido también la confusión de los políticos, “esos que nos han hecho víctimas”.
Explicó que por eso la organización está promoviendo la integración de los consejos de autoridades comunitarias para que les ayuden a los comisarios a organizar y a gestionar el desarrollo de los pueblos, y reclamó la participación de la gente porque “todos nos quejamos del gobierno sin asumir la responsabilidad que nos corresponde”.
También pidió a los asistentes estar cerca de los policías ciudadanos, “porque luego no sabemos cómo vive (el policía ciudadano), no sabemos si come o no y sólo lo vemos cuando roba o abusa, cuando es la oveja negra, cuando nosotros tampoco asumimos nuestro papel como ciudadanos”, reprochó y pidió a los asistentes que se involucren más en la solución de sus propios problemas.
Antes de la elección de los comandantes, el consejo municipal presentó un balance de las actividades. En este espacio hubo quejas en contra del presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena, a quien denunciaron que no ha querido colaborar con la Policía Ciudadana, pues en poco más de un año que lleva sólo los ha apoyado con 600 litros de gasolina en dos ocasiones y con mil 200 en otra ocasión.
Los representantes del organismo se quejaron que en lo que va de enero el presidente Leyva Mena no ha querido recibirlos y les ha mandado decir que por el incremento al precio de la gasolina ya no les autorizará más.
El consejo ciudadano denunció que del total de las obras gestionadas para las comunidades donde tiene presencia la UPOEG, Leyva Mena ha dado respuesta, si acaso, a un 30 por ciento.
Las críticas al alcalde ocurrieron a cuatro días de que éste se quejó que la violencia en la capital “no es un asunto fácil de resolver” porque la ciudad está sitiada por organizaciones criminales y por comunitarios, en referencia a la Policía Ciudadana de la UPOEG que está en las comunidades del Valle del Ocotito.
En una segunda intervención, Plácido Valerio expresó la necesidad de cambiar y poner orden al interior de la Policía Ciudadana y dijo que la inseguridad es un problema serio en la entidad y es consecuencia de la pobreza y la corrupción.
Aceptó que tiene datos de que algunos policías ciudadanos están vinculados con la “maña”, de que hay carros robados en Chilpancingo que los meten en la zona (de influencia de la Policía Ciudadana).
“No nos engañemos, para qué nos hacemos tontos, toleramos algunas cosas, eso es cierto” expresó.
Dijo que también es cierto que hay algunos que se periquean, “a mí no me hacen tonto, estoy chaparrito, pero alcanzo a ver todo, me doy cuenta. Hay cosas muy delicadas que están pasando en el Valle del Ocotito”, admitió.
Expresó que es necesario poner orden porque el asunto de la seguridad es cosa seria, es consecuencia de la pobreza y la corrupción, y necesitamos ponerle orden a la policía y los invitó a combatir en su zona de influencia el robo de carros, las extorsiones y el secuestro.
Enseguida fueron electos los comandantes mediante voto libre de todos los asistentes, ciudadanos y policías. Los aspirantes solamente fueron Moisés Reynoso y Mario Zamora y fueron escogidos de entre más de 20 comandantes de las comunidades del municipio de Chilpancingo donde opera la Policía Ciudadana, la elección fue sólo para definir quién quedaría como primer comandante.
Después de la asamblea, el dirigente de la se reunió a puerta cerrada con los comandantes. Trascendió que allí se ventilaron las irregularidades que expuso Placido Valerio en el encuentro público.

Capacitará la Fiscalía a la UPOEG en Costa Chica; sólo atenderá delitos menores, acuerdan

 

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) coordinación con su estructura de seguridad comunitaria, capacitación, la creación de una oficina para la investigación del abigeato y dos morgues para la región Costa Chica, porque la inseguridad “desplazó” a las instituciones y a los ciudadanos, según el dirigente Bruno Plácido Valerio.
Ayer en la tarde la Fiscalía informó en un boletín de la reunión de representantes de la UPOEG con el fiscal Xavier Olea Peláez, para establecer los lineamientos de coordinación entre la dependencia y “un grupo importante de comisarios municipales”, pero no se precisó cuántos ni de qué comunidades ni municipios.
Dijo que acordaron mantener una capacitación permanente de los comisarios, policías, comandantes, promotores y defensores comunitarios en el nuevo Sistema de Justicia Penal y en el combate al abigeato.
Además, mantener reuniones de coordinación, evaluación de comisarios con fiscales regionales en seguridad y dar seguimiento a los hechos delictivos, así como la habilitación de una funeraria como Servicio Médico Forense en la región Costa Chica.
Al respecto se consultó vía telefónica al dirigente de la UPOEG, quien informó que la inseguridad desplazó a las instituciones y a los ciudadanos en esa región, por eso la UPOEG busca coordinación con las autoridades.
Por ejemplo, cuando la Policía Ciudadana detenga a delincuentes que no son la región pero fueron a extorsionar a sus comunidades, serán entregados a la FGE. Asimismo, se notificará de personas que se encuentren desaparecidas o se estime que se fueron del estado por su cuenta, y que se denuncian como secuestros, para que la Fiscalía trate de localizarlos en otras entidades de la República.
Agregó que los delitos menores se pueden resolver en las comunidades pero los secuestros y homicidios que ocurran en las comunidades serán turnados a la FGE.
Confirmó que la UPOEG va a entrar a una etapa de capacitación en juicios orales, sólo como información, y solicitó la creación de una Fiscalía para investigar el robo de ganado.
También solicitó una reunión con autoridades del sector salud y de la FGE para la creación de rastros porque en la región se introduce ganado robado o enfermo, no apto para el consumo humano, y el tema compete a las dos instituciones de gobierno.
Dijo que se pidió la creación de dos morgues para que la gente que muere en un accidente o por homicidio no sea trasladada al Semefo de Acapulco. Indicó que es muy costoso para las familias el traslado del cuerpo de vuelta a las comunidades.
Subrayó que es necesario el diálogo y coordinación de autoridades comunitarias con el gobierno estatal, pero “que nadie suplante a nadie, por ejercer una acción en su función que no lo persigan”.
Informó que hay más de 100 carpetas de investigación contra integrantes del sistema comunitario de seguridad que están atendiendo legalmente, presentando pruebas para agotar los procesos penales.
Adelantó que entre hoy y mañana continuará la mesa de trabajo con la Fiscalía para diseñar una agenda de reuniones y capacitaciones en municipios de Costa Chica.
De la denuncia de un desaparecido el 26 de noviembre en la carretera Ayutla-Tierra Colorada en el entronque de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, en un acto público el domingo, en las acciones contra el alza al precio de la gasolina donde se culpó a la UPOEG, dijo que no le han informado al respecto.
Se trata de un comerciante de la comunidad de El Pericón, Ayutla de Libres, quien fue privado de su libertad y señaló a grupos de la región. Su hermana aseguró que la policía de la UPOEG se lo llevó porque tenía tres grupos operando en la zona, aunque presentó la denuncia en la oficina antisecuestros indicó que las autoridades les exigen que ellos lleven las pruebas.

 

Marchan vecinos del valle del Ocotito y policías ciudadanos a tres años de la llegada de la UPOEG para brindar seguridad

Unos mil 500 vecinos de comunidades de Chilpancingo y policías ciudadanos de La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) marcharon de Mohoneras a Buena Vista de la Salud para la celebración del tercer aniversario de la llegada de la Policía Ciudadana a los pueblos del Valle del Ocotito, cercanos a la capital del estado, para bajar los índices delictivos en esta zona.
A las 10 de la mañana, una cabalgata del Consejo de Autotransportistas del Estado de Guerrero salió de Dos Caminos a Mohoneras para sumarse a la marcha en la carretera federal México-Acapulco hasta llegar a Buena Vista de la Salud.
Después de un hora la cabalgata se sumó a la marcha de los vecinos y policías ciudadanos que inició en Mohoneras caminaron por la carretera federal, pasaron por la comunidad de El Ocotito, frente a la comisaría de esa comunidad hicieron una parada de 10 minutos, los participantes agradecieron a la población apoyar el movimiento de seguridad que brinda la UPOEG.
El contingente de vecinos de Chicahuales, El Fresno, Coacoyulillo, Tejocote, Petaquillas, Palo Blanco, Acahuizotla, Rincón de la Vía, Cajeles, Ocotito, Dos Caminos, Carrizal de la Vía y Haciendita, policías ciudadanos, danzas y estudiantes de primaria con su banda de guerra, y bandas de chile frito reanudaron la marcha hasta llegar a la cancha de basquetbol de Buena Vista de la Salud.
Además había contingentes de policías ciudadanos que portaban armas cortas y rifles.
Los participantes de la marcha llegaron a la cancha, ahí realizaron un acto protocolario en el tercer aniversario de la llegada de la UPOEG al Valle del Ocotito, donde realizaron honores a la bandera, y después hubo una misa en acción de gracias por este movimiento en esta zona.
Un integrante de la UPOEG, Nicol Sandra Mendoza de 13 años en su participación recordó que la UPOEG llegó a brindar seguridad a los pueblos que comprenden al Valle del Ocotito el 23 de enero del 2014, “porque antes vivíamos con la inseguridad, miedo, la presión que teníamos al no tener libertad”.
Dijo que la presencia de la delincuencia organizada en esta zona era una limitación porque los pobladores no podían ser libres y agradeció a los policías ciudadanos de la UPOEG que al brindar seguridad hay paz y tranquilidad, “nosotros vivimos en paz y sin temor gracias al apoyo de esta organización”.
Pidió a su familia, compañeros de escuela y vecinos no dejar caer el movimiento de seguridad para mejorar las condiciones de vida en el Valle del Ocotito y así bajar los índices delictivos.
Asimismo brindaron un minuto de aplausos a los policías ciudadanos desparecidos y caídos por la lucha de seguridad y bienestar de las comunidades de Chilpancingo que fueron víctimas de la inseguridad.
Por otro lado, en la misa celebrada en la cancha de basquetbol de Buena Vista de la Salud, el  obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, comentó que está a favor de la iniciativa del movimiento de seguridad en los pueblos del Valle del Ocotito para que regrese la paz común a la población.
Dijo que la marcha que participaron pobladores y policías ciudadanos, no es para perder la fe y la esperanza, “es para seguir trabajando en nuestra comunidades para que haya paz, tranquilidad, justicia y tolerancia”.
Pidió por el policía ciudadano desaparecido Gilberto Chilapa León para que regrese con vida y agregó que está en desacuerdo con el alza a la gasolina porque afecta a los bolsillos de los mexicanos, “por eso exijo a los tres niveles de gobierno echar atrás esta iniciativa y que baje el precio del combustible”.
Por su parte, el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, dijo que la presencia de la organización en Chilpancingo fue en respuesta a la inseguridad que vivía la población y agregó que tienen presencia en 17comunidades en este municipio.
“Nosotros vamos ingresando en la comunidades cuando las autoridades y la población nos los piden para apoyarlos con seguridad, se está expandiendo el movimiento pero es cuando nos piden la ayuda”.
Recordó que la división de la UPOEG cuando se formó el Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) en el 2015, fue realizado por el gobierno federal, que pretendía afectar el movimiento de la organización, “pero por el momento trabajamos normal brindando seguridad”.
Hace tres años, unos mil policías ciudadanos del Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) entraron a El Ocotito, Mojoneras, El Rincón, Cajeles, Carrizal de la Vía, Dos Caminos, Buena Vista de la Salud y La Haciendita municipio de Chilpancingo, catearon casas y detuvieron a presuntos miembros de la delincuencia organizada.
Ese día a las 8:00 de la noche, armados con armas de bajo calibre y caseras, habían cateado unas 15 casas y mantenían detenidos al menos a 10 presuntos integrantes del crimen organizado que opera en esos pueblos, ubicados al sur de la capital.
La autodefensa comenzó sus operaciones primero discretamente, cientos de policías ciudadanos llegaron de los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa y Ayutla para reforzar la acción, y más de mil hombres armados recorrían todas las comunidades del Valle de El Ocotito.

 

 

La CRAC y la UPOEG acordaron impulsar que se ratifique la Ley 701, informa Martínez Veloz

 

El comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Jaime Martínez Veloz se reunió con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y otras organizaciones sociales, acordaron impulsar la ratificación de la Ley 701 del estado de Guerrero, de derecho y cultura indígena.
En declaraciones telefónicas el funcionario federal indicó que el asesor César Flores Maldonado lo comunicó con el gobernador Héctor Astudillo Flores vía telefónia, con quien acordaron programar una reunión con ambas organizaciones de seguridad.
De la reunión el viernes en Barra Vieja con ambas organizaciones, Martínez Veloz dijo que acordaron trabajar juntos para apoyar la ratificación de la Ley 701 como punto de partida, para que “quede consolidada como un instrumento de regulación del trabajo y de los derechos indígenas en Guerrero”. Indicó que se busca incorporar otros derechos excluidos del texto legal, y que tienen que ver con los derechos universales de todas las comunidades indígenas.
El segundo punto es apoyar la resolución del Tribunal Federal Electoral en donde se establece que en Ayutla se utilizara el sistema de usos y costumbres para elegir a sus autoridades, sin la intervención de los partidos.
El otro acuerdo es apoyar los procesos de remunicipalización, “en los municipios o comunidades donde existan las condiciones para realizarse”.
Martínez Veloz indicó que es “la base primera de un acuerdo que quizás en el futuro pueda ser más amplio”.
Comentó que las organizaciones solicitaron su intervención para un acercamiento con el gobernador Héctor Astudillo que “permita encontrar una ruta de encuentro para lograr concretar los acuerdos y construir una relación sólida con las autoridades de los tres órdenes de gobierno”.
Dijo que en la reunión estuvieron Pablo Guzmán de la CRAC y Bruno Plácido de la UPOEG, el ex diputado federal Carlos de Jesús Alejandro y Marcos Matías, entre otros.