El simpatizante de MC, Sergio Montes Carrillo muestra la listas de los aspirantes que se registraron en Morena para participar en el proceso electoral de este 2024 y en los que supuestamente se encuentran servidores públicos del estado y del gobierno federal la cual presentarán ante el INE. Lo acompañan en la conferencia de prensa la representante ante el IEPC, Araceli Catalán Vázquez, Sebastian de la Rosa Peláez, y el coordinador en Chilpancingo, Efrén Encarnación Nava Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Al informar del registro de sus precandidatos a diputados locales y a presidentes municipales, el Partido Movimiento Ciudadano (MC), llamó a los tres órdenes de gobierno a “generar la seguridad de todas y todos los participantes, y asumir su obligación constitucional de garantizar un proceso electoral justo, seguro, transparente y democrático”.
En conferencia de prensa, el vocero de la Coordinación Operativa en Guerrero, Sergio Montes Carrillo, y el responsable del proceso de registro de los aspirantes de ese partido, Sebastián de la Rosa Peláez, declararon que “es preocupante” la situación de violencia e inseguridad en la entidad y que en al menos 18 municipios de las regiones de Tierra Caliente, Norte y Costa Grande MC no registrará candidatos para no poner en riesgo a sus militantes y a los ciudadanos.
De la Rosa Peláez informó que se registraron 27 fórmulas de candidatas y candidatos a diputados; 17 de ellos son hombres y 10 mujeres. Explicó que se aprobaron 20 formulas y siete no y que algunos harán precampaña y otros no, estos en aquellos distritos donde hay precandidaturas únicas.
En tanto que en el caso de los ayuntamientos se registraron 68 formulas, y aclaró que no se registraron planillas, porque el partido “se reserva el derecho de la integración de la planilla en su conjunto”, debido a ello sólo se registró la candidatura a la presidencia municipal.
Explicó que de las 68 formulas, 49 son hombres y 19 mujeres. Indicó que todos ellos no van a iniciar precampaña hasta que estén dados de alta en el sistema nacional de registro.
Dijo que en el resto de los municipios hay candidaturas únicas o cuando menos ya se está “procesando un acuerdo”.
Informó que de los 68 registros que ayer se emitió el dictamen fueron rechazados 12 propuestas.
Aseguró que el MC tiene capacidad de presentar precandidatos en todos los municipios del estado, pero que van a cuidar mucho el asunto de la seguridad.
Por su parte, Sergio Montes Carrillo, declaró que hay regiones consideradas “muy inseguras y no queremos volver a vivir lo de la elección del 2021 cuando muchos (candidatos) fueron obligados a renunciar, es decir se les obligó a bajarse del proceso, por eso ahora estamos muy preocupados por el clima de violencia electoral”, dijo.
Durante la conferencia de prensa leyó un posicionamiento que firma el coordinador de la Comisión Estatal, Julián López Galeana y él, en el que señalan que “es preocupante la situación de violencia en la entidad y que la “realidad alarmante” coloca a Guerrero en el séptimo lugar en delitos violentos a nivel nacional y un índice de impunidad del 98%, “indicador insostenible que requiere medidas urgentes”.
El escrito añade que hay regiones complicadas que enfrentan desafíos adicionales en materia de inseguridad.
Llama a los tres órdenes de Gobierno a realizar acciones estratégicas “para evitar riesgos innecesarios a nuestras precandidatas y candidatos en regiones complicadas”.
Asimismo, pide generar la seguridad de todas y todos los participantes y “asumir su obligación constitucional de garantizar un proceso electoral justo, seguro, transparente y democrático”.
Refiere que Movimiento Ciudadano “asume el reto de apoyar la búsqueda con todos los actores políticos para abordar la inseguridad con propuestas y acciones concretas, reafirmando nuestro compromiso indeclinable con la justicia y el bienestar de la ciudadanía”.
En la conferencia de prensa no se dieron a conocer los nombres de los precandidatos que se registraron.
Montes Carrillo anunció en otro asunto que van a presentar ante la Unidad de Fiscalización y ante la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE la relación de “los cientos” de precandidatos del partido Morena que son funcionarios públicos para que se les abra una línea de fiscalización.
“Aquí hay cientos y cientos de funcionarios públicos del Gobierno del estado, de la Secretaría del Bienestar, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y de la Secretaría de Salud, así como de Ayuntamientos que no se están fiscalizando y que todos ellos están violando la ley”, dijo mientras agitaba un legajo de hojas con la lista de los aspirantes de Morena.
Recordó que Morena abrió su registro el 7 de noviembre del año pasado y que en una de sus convocatorias estableció que la sub comisión interna va a determinar el periodo de precampaña, “pero la Ley Electoral establece que el partido político tiene que informarle al órgano electoral si va a hacer precampaña o no, nosotros investigamos y el órgano electoral no tiene ningún aviso de Morena Guerrero de que no vaya a hacer precampaña, lo que quiere decir que todos estos precandidatos están, en los hechos, haciendo precampaña”, dijo mostrando las listas de los aspirantes de Morena.
Denunció que muchos de ellos están apoyando con dádivas a ciudadanos que visitan en sus casas “con recursos de dudosa procedencia, puesto que no sabemos quién les está dando tanto dinero, incumpliendo una de las garantías que tiene la competencia electoral”.
En estas circunstancias denunció que no hay piso parejo y que el Gobierno del estado, la Secretaría del Bienestar federal y dependencias del Gobierno estatal “están metidas en el proceso electoral”.
A pregunta expresa, Montes Carrillo también advirtió del riesgo que implica para el proceso electoral la falta de recursos derivado de que el Gobierno del estado no ha transferido parte del presupuesto del año pasado.
“¿Qué va a pasar si no se instalan todas las casillas?, ¿qué va a pasar si no se trasladan todos los paquetes electorales que se tienen que abrir?, pues no hay presupuesto porque este gobierno está ahorcando al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
“No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que un estado de la República está en problemas la democracia”, advirtió.
Diputados votan a favor de aprobar que las actas certificadas de nacimiento sean un documento único con pleno valor, que no perderá vigencia para la realización de trámites Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El Congreso local presentó para trámite legislativo una serie de reformas para atender el convenio que diputados suscribieron con ONU Mujeres en el marco de la Iniciativa de Spotlight para la erradicación de las violencias a mujeres, niñas y adolescentes, suscrito en septiembre de 2022.
En sesión, aprobó un exhorto para que las secretaría de Educación Pública federal y de Guerrero garanticen a los alumnos de la Universidad Americana de Acapulco estudios de calidad, validados por la UNAM, aunque esta escuela es la única con esta característica en Guerrero, aclaró la promovente, la diputada de Morena Leticia Castro Ortiz.
Por unanimidad, se aprobó el decreto de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Guerrero, para la integración paritaria del organismo y, para que los sujetos obligados que no cumplan con sus obligaciones en la materia comparezcan ante el Congreso.
Así también se aprobó el decreto que adición de los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 40 de la Ley del Registro Civil, para que las actas de nacimiento que se emita en formato el Sistema Estatal del Registro Civil o vía internet tengan vigencia indeterminada, y dar certeza jurídica y economía de las familias,.
El diputado de Morena, Joaquín Badillo, impulsor de la iniciativa que dictaminó la Comisión de Justicia, explicó que esta reforma beneficia a las familias más vulnerables, a quienes en ciclo escolar les piden actas de nacimiento actualizadas con un costo aproximado de 200 pesos.
Reformas urgentes
La Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes presentó para primera lectura tres dictámenes: el primero para reformar el Código Penal, al Código Civil y de siete leyes estatales sobre de feminicidios, erradicación de violencias hacia las mujeres.
El segundo para reformar la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Guerrero, que incorpora la crianza positiva, la prohibición de imponer castigos corporales y humillantes, y el derecho a la alimentación nutritiva.
El tercero, como la primera lectura de adiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de certificar al personal en los centros de asistencia; contar con una ficha técnica y un sistema de monitoreo digital para prevenir violencias.
La presidenta de la Comisión, la morenista Beatriz Mojica Morga, explicó en consulta que este paquete de reformas son parte de un estudio a fondo de las agencias de ONU que intervienen en la Iniciativa Spotlight, para reformar 17 leyes.
Expuso que en la actual legislación no hay agravantes si el delito de feminicidio lo cometió un familiar, sino atenuantes: recibían una pena menor. Con estas reformas habrá una penalidad mayor si se comete por alguien cercano a la víctima.
Entre las propuestas de reformas al Código Penal, presentadas por la Mesa Directiva, señala la inclusión como razones de género en el delito de feminicidio, los antecedentes de amenazas relacionadas con el hecho delictuoso; relación de parentesco, consanguinidad, matrimonio, concubinato o sociedad de convivencia, relación laboral sea formal o de confianza.
Además que el delito de feminicidio y de tentativa de feminicidio cometidos contra mujeres vulnerables como niñas, adultas mayores o con algún tipo de discapacidad, se aumente la sanción en la mitad del mínimo y mitad del máximo.
Señala que las autoridades no podrán excusarse de la investigación de delito por cuestiones intrafamiliares.
Que el maltrato físico o sicoemocional por un cónyuge o persona con parentesco consanguíneo o pariente colateral, se le impondrá de uno a cinco años de prisión, pérdidas de los derechos respecto de la víctima, el doble del término de prisión impuesta, incluidos los de de caracter sucesorio. En caso de violencia, el delito se perseguirá de oficio.
La patria de potestad se perderá cuando se dicte sentencia por casos de violencia familiar, feminicidio, feminicidio en grado de tentativa, trata de personas, lesiones, o cualquie otra que pongan en peligro la integridad del menor.
Para la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la responsabilidad de los poderes constituidos y de los municipios de adoptar por todos los medios para erradicar todas las formas de violencia hacia la mujer, y crear un sistema interinstitucional para el registro de víctimas con potencial riesgo de violencia feminicida.
En la Ley de Salud señala la coordinación de la Secretaría de Salud con instancias para canalizar y dar vista de hechos constitutivos de violencia sexual, familiar y de género, y para vigilar que el derecho a la interrupcion legal del embarazo se realice con con pleno respeto y libre de prejuicios.
Las autoridades no aplican la norma: Bernal Reséndiz
Como parte del convenio de la Iniciativa Spotlight, la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, a nombre de la Comisión de Igualdad de Género que preside, presentó en tribuna la iniciativa de reforma y adiciones la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Guerrero, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para armonizar lo estipulado en materia de órdenes de protección, en concordancia con los estándares internacionales y las reformas en la materia aplicadas por el Congreso federal entre 2021 y 2022.
En la exposición, denunció la normalización de la violencia hacia las mujeres en sus diferentes tipos, que no hay un marco jurídico adecuado para la atención, “y si la tiene, las autoridades no la aplican”.
Confirmó que en el ejercicio público sigue prevaleciendo el uso de estereotipos basados en roles de género. Además, muchas mujeres no denuncian la agresión por el rechazo y la estigmatización social, o no identifican la violencia que padecen.
La iniciativa busca homologar tanto los criterios para evaluar y medir el nivel de riesgo y determinar el tipo de medida a emitirse, como las acciones para la implementación, adecuado seguimiento, control y conclusión de las medidas de protección mediante la reforma a las disposiciones que en la Ley se refieren a este importante tema, destacó.
Además, reconoció que en más de una década de la Ley 553 de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia ha demostrado su pertinencia, pero también algunas deficiencias, que a la par del escrutinio al que ha sido expuesto el Estado mexicano en cuanto a las acciones para atender la violencia de género, ha dejado al descubierto omisiones y errores que han traído como consecuencia una serie de recomendaciones, por organismos internacionales, que aún están pendientes de solventar.
También de primera lectura, la Comisión de Justicia presentó el dictamen de reformas al Código Penal, a la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, y de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, de la Juventud Guerrerense y a la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el entorno escolar, dentro del marco de la Iniciativa Spotlight que promueve la ONU para eliminar eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en los sistemas jurídicos de los Estados.
Seguimiento a Otis: una iniciativa y dos exhortos
En el seguimiento a las secuelas del huracán Otis, Mojica Morga propuso reformar el artículo 12 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado, para agregar: “En las zonas costeras y de riesgo, no se permite la colocación de espectaculares, ni estructuras peligrosas, que sean vulnerables a temblores, huracanes u otros fenómenos; toda la publicidad podrá pintarse, pero no colocarse en estructuras peligrosas”.
Destacó que esta disposición no se limitaría a Acapulco, “sino a la zona costera y a lugares donde la colocación de espectaculares sea peligrosa”.
El diputado de Morena, Marco Tulio Sánchez Alarcón, planteó como asunto urgente y de obvia resolución un exhorto al cabildo de Acapulco para reformar el Bando Policial y Gobiernos del municipio y crear al Instituto Municipal de Planeación como un órgano descentralizado con las atribuciones y facultades que le otorga la ley General de Asentamientos Huma-nos, Ordenamiento Territorial y De-sarrollo Urbano y la Ley de Asenta-mientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado de Guerrero. Fue aprobado por unanimidad.
Universidad Americana
Leticia Castro Ortiz propuso el exhorto a las secretarías de Educación Pública y de Educación Guerrero, para que implementen acciones prontas y coordinadas que garanticen a los estudiantes de la Universidad Americana de Acapulco, su derecho a la educación en las condiciones que habían elegido.
En la fundamentación informó que el cierre anunciado de la universidad, se niega el derecho a los jóvenes a un mejor porvenir, para tener mejores oportunidades de trabajo.
Destacó a la Universidad Loyola de Acapulco, en la misma circunstancia de la Americana, que reanudará sus clases de manera virtual a finales de enero, y paulatinamente será presencial.
De la declaración de la SEG, de que hay un acuerdo con autoridades de la UAA y padres de familia para atender a los estudiantes en instalaciones incorporadas a la UNAM, advirtió que la Americana es la única incorporada a la máxima casa de estudios en Guerrero.
Otras iniciativas
La diputada de Morena Jessica Alejo Rayo, planteó reformar la Ley de Salud Mental del estado a fin de garantizar la prevención, atención y erradicación de cualquier malestar que atente contra la salud mental, para apoyar a las personas que por miedo no recurren a la ayuda profesional.
La diputada de Morena Nora Velázquez Martínez, presentó la Ley para la Transición Agroecológica en los Sistemas Productivos del estado, para sentar las bases normativas para para la regulación, promoción, transferencia e impulso de actividades, prácticas y procesos de producción con sostenibilidad ambiental, el cuidado de la biodiversidad y la diversidad cultural, social y económica, que contribuyan a la restauración y conservación de los agroecosistemas, así como al manejo sostenible de la tierra, que se realizó con instituciones y organizaciones de la sociedad civil, turnada para trámite a la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.
El morenista Andrés Guevara Cárdenas, advirtió que en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, no coincide con el artículo 198 de la misma Ley, y el Artículo 6, de la Ley 652 para la Elección de comisarías Municipales del Estado de Guerrero.
Para armonizar ambas leyes, propuso la iniciativa de reforma al artículo 35 de La Ley Orgánica del Municipio Libre para establecer que las elecciones de comisarios se sufragarán por planilla la última semana de junio del año en que de-ba renovarse, y en estas elecciones de comisarios, se sufragará, además, por un comisario suplente, así como por dos comisarios vocales.
También sobre esa Ley Orgáni-ca, el diputado Carlos Cruz López propuso reformar los artículos 36 y 41 sobre el cierre del ejercicio fiscal de los ayuntamientos, como complemento a la modificación de la fecha de toma de protesta del cabildo al 1 de enero a partir de 2027, para que las administraciones ejerzan su periodo constitucional por ejercicios fiscales completos.
Pasaron a trámite las solicitudes de licencia como regidoras de Acapulco de Flora Contreras San-tos; de Tlacoachistlahuaca, Roxana Coronado Ángel, y de Tetipac, a Rita Patiño Muñoz, para separarse de sus cargos el 31 de diciembre de 2023, el 1 de enero y el 15 de enero del año en curso, respectivamente.
Así como la solicitud de la alcaldesa suplente de Copala, Marlet Ramírez Cuadras, para que se ratifique su entrada en funciones como propietaria.
En el municipio de Chichihualco, 38 escuelas no han regresado a clases presenciales debido a la violencia y en San Miguel Totolapan 14 planteles continúan cerrados, por los recientes ataques armados y el desplazamiento forzado de la población, informó el Secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña.
Afirmó que para la rehabilitación de la infraestructura, de casi 500 escuelas dañadas por el huracán Otis, se requieren 2 mil 400 millones de pesos.
El funcionario fue consultado por teléfono sobre la reanudación de clases presenciales en 738 escuelas de los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez.
Así como por el recorrido que realizó este martes con la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, por escuelas de Coyuca de Benítez.
El funcionario refirió que 738 escuelas abrieron sus puertas en ambos municipios afectados por el huracán Otis, de un total de mil 224 planteles de todos los niveles públicos y privados.
“Hay escuelas que tienen daños graves: canchas techadas fueron derrumbadas por el huracán. Esas techumbres no se han podido remover. Hay algunas que están colgadas en las estructuras débiles y representan un riesgo para maestros y estudiantes”.
Otro segmento, dijo, son las escuelas que no tienen servicios de energía eléctrica, agua potable y que en sus entradas aún tienen montones de basura gruesa y árboles.
“Si bien es cierto que ya se restableció la energía, hay escuelas que adentro sufrieron daños en sus instalaciones. Algunas en la red de agua potable y otras que todavía hay basura gruesa, árboles gruesos, en las entradas de las escuelas, escombro”, aclaró.
“Son los principales factores que han impedido regresar a clases, pero afortunadamente los que no son riesgos graves se van resolviendo poco a poco”. dijo.
El funcionario informó que ya se hizo una revisión detallada de qué factores están impidiendo el regreso a clases.
Dijo que para apoyar esa labor se están formando los comités de padres de familia, en todas las escuelas, para entregar apoyo para su rehabilitación.
Sobre el estimado que se requiere para reparar los daños a la infraestructura escolar, dijo es de “poco más de 2 mil 400 millones de pesos”.
En cuanto a la reanudación de clases en municipios de la Sierra, el secretario de Educación informó que son muy pocos los planteles donde no hay clases a causa de la inseguridad.
“Son muy pocos donde ha habido hechos de violencia. En algunos de ellos se ha trabajado de manera virtual”.
“En Tetela del Río se ha trabajado de manera virtual. Ha habido clases, quizá en estos últimos días no, por lo que ocurrió”, en referencia al ataque a la población de Buenavista de los Hurtado, donde al menos nueve autodefensas de la comunidad fueron asesinados por supuestos integrantes de La Familia Michoacana en un enfrentamiento.
“Son pocos planteles, por ejemplo, de hechos de violencia como en Chichihualco, donde todavía hay clases virtuales en 24 escuelas”, aceptó.
Dijo que en San Miguel Totolapan se está hablando de 12 o 14 escuelas máximo, que no tienen clases debido a la violencia generada por la falta de seguridad a maestros y por el desplazamiento forzado de la población.
La organización para la defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, rechazó las declaraciones estigmatizantes del alcalde de Taxco, el empresario Mario Figueroa Mundo, en contra de periodistas –a quienes calificó de “pseudoperiodistas”– y con las cuales responsabiliza a quienes documentan los hechos de violencia del “secuestro” de 12 trabajadores del área de limpia en su municipio.
La denuncia en contra del edil que pretende la reelección en el municipio, ahora arropado por Morena, se da en medio de la crisis de desapariciones ocurridos en los últimos meses en esta ciudad turística, en la que reporteros han sido privados de la libertad y golpeados, y a una semana de la desaparición de 12 personas de las que se desconoce su paradero.
El fin de semana fueron publicadas declaraciones que el edil postulado por Fuerza por México, Mario Figueroa concedió a medios nacionales en las que atribuyó el secuestro de 12 trabajadores del Relleno Sanitario y la Unidad de Transferencia de residuos sólidos, así como el asesinato de una pareja de profesores a “pseudoperiodistas”, por presuntamente generar violencia en las redes sociales.
En las declaraciones del empresario, en las que además advirtió que no sería extraño que en los siguientes días pueda haber más homicidios como “resultado de hablar mal de los compañeros (trabajadores en las redes sociales)”, adjudicó todo lo que pasa en su municipio a los “pseudoperiodistas”, que, según él, “están generando violencias, desestabilidad (sic) y confusión social”.
En el comunicado difundido el domingo, la oficina para México y Centroamérica de la ONG, rechaza las declaraciones estigmatizantes realizadas por el alcalde taxqueño Figueroa Mundo, en contra de periodistas y comunicadores locales.
“El funcionario público, además de generalizar a la prensa como ‘pseudoperiodistas’, responsabiliza a quienes documentan los hechos de violencia por el secuestro de 12 trabajadores de limpieza en el municipio”, advierte la organización.
Detalla que en varias entrevistas para medios nacionales que concedió el edil, “realizó conjeturas en donde señaló que periodistas han generado desestabilidad en el municipio, con la finalidad de generar desconcierto en la sociedad”.
Advierte que este tipo de actos por parte de las autoridades, en particular del presidente municipal de Taxco, vulneran el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y tiene un efecto inhibitorio para la prensa.
Asimismo, Artículo 19 recuerda que las declaraciones del servidor público se dan en el contexto de que el mes pasado tres periodistas de Taxco y junto con familiares de ellos, fueron privados de la libertad durante una semana por presuntos criminales, además de la agresión a balazos en contra de otros cuatro en Chilpancingo.
La organización internacional exige al alcalde Mario Figueroa Mundo “abstenerse de discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de las y los periodistas”, y puntualiza que las autoridades deben cuidar que sus declaraciones no estigmaticen la labor periodística dado a su rol público y el nivel de influencia que tienen en la ciudadanía.
De acuerdo con la organización, Guerrero se mantiene como una de las entidades con más agresiones contra la prensa, pues tan sólo en el primer semestre del 2023 documentaron 15 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, entre ellos, el homicidio de Nelson Matus que se mantiene impune.
“En este contexto de violencia continúa contra la prensa, y en un año con hechos particularmente violentos en el estado de Guerrero, es menester de las autoridades generar un ambiente que propicie la cobertura periodística, particularmente de hechos de seguridad que son de relevancia pública”, indica la ONG.
También indica que la Comisión Interamericana ha reiterado que en su responsabilidad del Estado se encuentra el “adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo, así como reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.
Hasta la tarde de ayer el edil Mario Figueroa no había dado respuesta o postura ante este exhorto, por el contrario, mediante sus redes sociales compartió videos y fotografías celebrando su cumpleaños en la sede del Ayuntamiento donde algunos subordinados, amigos y simpatizantes le llevaron música de viento, y en el Palacio Municipal festejó partiendo pasteles, tomando chocolate y comiendo tamales con sus allegados.
Siguen desaparecidos los 12 trabajadores
A una semana de la privación de la libertad y desaparición de 12 funcionarios, empleados del gobierno taxqueño y familiares, todos trabajadores del Relleno Sanitario y la Unidad de Transferencia de desechos, se desconoce su paradero.
Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía General del Estado (FGE), no había actualizado información de los dispositivos de búsqueda para localizar a estas personas, y de acuerdo con el último comunicado, se informó que los operativos conjuntos con Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal, se habían ampliado al municipio vecino de Tetipac, zona en la que también opera la célula del grupo delictivo La Familia Michoacana, a la que se le han atribuido diversos hechos delictivos.
Los trabajadores privados de la libertad y desaparecidos entre el 23 y el 26 de diciembre son: Marcela de Jesús Valladares Jacobo, de 37 años, Hannia Montserrat Salgado Salas, de 20 años, Wendy Alejandra Salas Gutiérrez y la directora del Relleno Sanitario, Anabel Gutiérrez, aunque de ésta última no se ha emitido boletín de búsqueda.
Asimismo, Fernando Antonio Alemán Gutiérrez, de 47 años, y su hijo, Fernando Antonio Alemán Montenegro, de 20 años; además, los hermanos Diego Geovanny, Alan Rubén y Brayan Alexis Sainz Morales, de 18 y 22 años. También el jefe de la Unidad de Transferencia de Residuos Sólidos, Tomás Heladio Bustos Hernández, de 68 años, José Carlos Hernández Ávila, de 43 años y Fermín Alberto Sainz Avilés, de 22 años.
Este viernes fueron destruidos 26 mil 70 formatos de credencial y credenciales, en las instalaciones del INE Foto: Jessica Torres Barrera
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
El presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Donaciano Muñoz Loyola, informó que no ha tenido respuesta la solicitud que hizo en octubre de tener un espacio en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero para tratar allí temas de seguridad del proceso electoral.
Consultado en esta ciudad luego de la destrucción de 26 mil 70 formatos de credencial y credenciales electorales, dijo que no hay “focos rojos” en la entidad.
Al respecto precisó que hay momentos en los que suceden problemas de seguridad o sociales y es cuando se les complica el trabajo a quienes tienen que ir casa por casa.
Se le preguntó si ya se reunió con el gobierno del estado para revisar el mapa de riesgo y se evite que la violencia influya en las elecciones. Respondió que aún no, quizás por las actividades del gobierno estatal en la atención a la contingencia provocada por el huracán Otis.
También dijo, ante la pregunta, que el INE no tiene un protocolo para evitar que integrantes del crimen organizado sean candidatos o lleguen a cargos de elección popular, pues eso le corresponde a los partidos, pero llamó a que si sucede se denuncie ante las autoridades de seguridad.
Expuso: “estamos en una etapa en la que cada partido político está definiendo a los candidatos para cada cargo de elección popular, hasta enero, que es cuando ya tendremos las definiciones al interior de cada partido, después se abre un espacio para que cada partido político pueda dirimir alguna controversia, y una vez que suceda eso el INE procederá a recibir las solicitudes de cada una de las candidaturas”.
Informó que al mismo tiempo “estamos con el recorrido de ubicación de casillas, vamos a recorrer prácticamente todas las secciones electorales del estado, las juntas distritales tienen la atribución de programar y de hacer una propuesta al seno de los consejos distritales, sobre cada lugar en el que se van a instalar las casillas”.
Se le preguntó cuántas casillas se instalarán y dijo que de manera inicial son 5 mil 150, pero que puede variar el número debido a la campaña anual intensa para que acudan los ciudadanos, y que se actualice la información de su credencial.
Expuso, como ya lo informó anteriormente, “estamos terminando la etapa de los exámenes para los que quieren ser capacitadores, excepto en Acapulco y Ometepec”, debido a la afectación de Otis.
Recuerda que tuvieron que aplazar actividades en Totolapan
A Muñoz Loyola se le comentó que la semana pasada el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso dijo que estaba pendiente una reunión con el INE y con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para tratar el mapa de riesgo, y se le preguntó si ya hay fecha, a lo que contestó:
“Desde el INE pedimos ser incluidos en la Mesa de Coordinación a principios de octubre, pero se atravesó lo del huracán. Nosotros estamos y estaremos atentos para que se nos convoque para poder exponer todo el trabajo que vamos a realizar en campo, el número de personas que tenemos para desplegar en campo y para que las instancias de seguridad nos digan cómo nos podemos desplegar, y que ellos nos garanticen el trabajo de nuestra gente, en ese punto estamos”.
Dijo que preguntará, “si ellos (los integrantes de la Mesa de seguridad) tienen alguna disposición específica para la gente que va a andar en la calle, para ellos, se garantice la seguridad”.
Expuso que no hay algo como focos rojos, “sí tenemos casos en los que específicamente hemos tenido que recalendarizar la visita de los módulos de atención ciudadana debido a un conflicto o que se nos recomienda no acudir a determinada localidad si hay algún conflicto social o alguna acción criminal”, y puso como ejemplo “el caso del año pasado en (la cabecera municipal de San Miguel) Totolapan (en donde el grupo La Familia Michoacana asesinó al alcalde, al padre del alcalde y a otros 20 hombres en una reunión a la que los convocó). “En esos días teníamos actividades en el módulo de atención ciudadana y tuvimos que diferirlo porque no era oportuna la visita al módulo”, dijo.
Agregó, “así como en ese caso nos han ocurrido algunos otros casos, ese tipo de experiencias las pondremos en la Mesa de seguridad para que a partir de eso se nos den las recomendaciones, y se nos diga de qué manera se nos va a garantizar el trabajo del INE en el campo”.
Ante la pregunta expuso que “la última comunicación con el secretario de Gobierno fue que en esta semana se iba a considerar la inclusión del INE y del IEPC, confío en que sea en la primera o segunda semana de enero”.
Se le preguntó si hay algún protocolo del INE para evitar que el crimen organizado imponga candidatos y respondió que no, “y al Instituto no le corresponde intervenir en esos casos específicos, los responsables de determinar a sus candidatos, los mecanismos y formas en que los seleccionan corresponden a los partidos políticos”.
Sin embargo, expuso que “si se ha presentado o se presenta alguna circunstancia de ese tipo me parece que lo idóneo es que se acuda a las instancias de seguridad a pedir el auxilio necesario, para que cada partido tenga la libertad para apegarse a definir a cada uno de sus candidatos en cualquiera de las regiones del estado, y del país”.
El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN de Zitlala, ex candidato de ese partido a la alcaldía, dos veces regidor, ex candidato a la presidencia municipal y nuevamente aspirante a la candidatura para el próximo proceso electoral, Jaime Dámaso Solís, fue asesinado la mañana de este viernes afuera de su domicilio en la cabecera municipal.
Las dirigencias nacional y estatal del PAN condenaron el crimen y llamaron a los gobiernos federal y estatal, “que visiblemente se encuentra rebasadas”, a reforzar la seguridad, agilizar las investigaciones y dar con los responsables”.
El político panista había fungido en dos periodos como regidor de ese partido, el más reciente el del 2018-2021. En el pasado proceso electoral fue candidato a la alcaldía y se perfilaba para ser de nuevo en las próximas elecciones, informaron fuentes de ese partido.
Fuentes policiacas informaron que a las 8 de la mañana de ayer cuando se encontraba afuera de su casa, en el barrio La Cabecera, llegó un hombre armado que le disparó a quemarropa.
Dámaso Solís era conocido en ese municipio debido a que también se desempañaba como maestro del Colegio de Bachilleres ubicado en la cabecera municipal.
En la noche, las dirigencias nacional y estatal del PAN, hicieron un llamado “urgente” a los gobiernos federal y estatal, “que visiblemente se encuentra rebasadas”, a reforzar la seguridad, agilizar las investigaciones y dar con los responsables.
El presidente nacional, Marko Cortés Mendoza, el presidente del Comité Directivo Estatal de Guerrero, Eloy Salmerón, y el secretario nacional de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Arturo Hernández, condenaron en un comunicado el asesinato de Dámaso Solís.
Las dirigencias expresaron en un comunicado sus condolencias a familia y amigos “por este lamentable e indignante hecho, que continúa manchando de sangre al país con la muerte de cientos de mexicanas y mexicanos en manos de crimen organizado, sin que el gobierno actúe”.
Informaron que Jaime Dámaso Solís en el 2021 fue el candidato a presidente municipal, quedando en segundo lugar.
Además, era el presidente del CDM del PAN en Zitlala y secretario de Asuntos Indígenas del Comité Directivo Estatal del PAN y Consejero Estatal, informó la dirigencia de ese partido.
“Acción Nacional a nivel nacional, estatal y local reconoce a Jaime Dámaso Solís como un gran compañero panista, siempre comprometido por fortalecer al PAN en la zona indígena”, destacaron las dirigencias nacional y estatal.
Denunciaron que al gobierno de López Obrador “se le están acabando los minutos para ofrecerle seguridad a los mexicanos, no ha instrumentado una estrategia real contra la inseguridad, no ha combatido a todos los grupos delictivos en el país y ha abrazado criminales”.
Exigieron que se frene la ola de violencia contra ciudadanos, líderes políticos y luchadores sociales. “Guerrero ya ha sido azotado fuertemente por diversas tragedias como para seguir padeciendo el látigo de la delincuencia”.
Exigieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno agilizar las investigaciones y dar con los responsables “de este y miles de asesinatos de personas inocentes en Guerrero”.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, destacó que tras el paso del huracán Otis en Acapulco, se necesita brindar garantías en la seguridad para el mejoramiento de la zona turística.
“Es una oportunidad no solamente para restituir lo que ya se tenía previo al huracán, sino realmente para poder ir avanzando en términos de mejorar la calidad de vida de la gente de Acapulco y de reconfigurar, relanzar esta zona turística con mayor fuerza y para ello pues se tiene que garantizar la seguridad”, declaró.
En una entrevista en el Canal 14 la noche de este miércoles, la funcionaria encargada del Plan de Reconstrucción del gobierno federal destacó la medida de que estén permanentemente en el municipio 10 mil elementos de la Guardia Nacional para tareas de seguridad.
“No solamente para ahora, también en el futuro porque se va a garantizar la paz y eso va a ayudar en el turismo”, subrayó.
Afirmó que antes del paso del huracán Otis, Acapulco había perdido impacto como sitio turístico, fundamentalmente por casos de violencia razón por la que ahora el gobierno federal busca ofrecer garantías de seguridad a los turistas.
“Sabemos que una de las cuestiones por las cuales también había perdido algo de turismo Acapulco tenía que ver con los temas de la violencia y la inseguridad. Entonces ahora la idea es garantizar la paz y la seguridad y que eso por supuesto también nos ayude a reconstruir parte de esa tranquilidad de los turistas”, aceptó.
De igual forma indicó que Acapulco es una zona de contrastes, pues a pesar de ser uno de los principales destinos turísticos del país, también cuenta con un alto grado de rezago y pobreza, además de servicios públicos deficientes.
“Hay que recordar que Acapulco es una de las zonas con mayor rezago y pobreza contrastando con ser digamos, una zona turística. También a su vez tiene un rezago gigantesco en servicios básicos, ya de por sí el acceso al agua era una problemática como muchas otras problemáticas de drenaje, de basura y de un montón de cosas históricamente que no se habían venido atendiendo”, puntualizó en la entrevista con el periodista Jenaro Villamil, encargado del sistema público de radio y televisión.
La secretaria destacó la falta de comunicación tras el impacto de Otis como una de las principales razones de la alta cifra de personas no localizadas, la que se fue reduciendo drásticamente conforme se fue restableciendo la telefonía.
Se refirió también al caso de los marineros desaparecidos. “Si se tiene reporte de que una persona fue vista por última vez o la esposa, el familiar sabe que por última vez pudo haber estado en una embarcación, pues estamos con la Marina localizando esa embarcación, que muchas de ellas están abajo del mar hundidas y estamos haciendo todo un trabajo con los buzos profesionales para poder ubicar que no haya ninguna persona que se encuentre atorada en esos barcos, yates”, indicó.
Remarcó que la cifra de personas desaparecidas es de 26 y existe un equipo de trabajo para buscar a cada una.
Añadió que se tiene un plan de reforestación, pero que primero se debe terminar la etapa de limpieza.
Al respecto, fuentes dijeron a El Sur que en la reunión que encabezó el presidente el miércoles se estableció el compromiso de que a fines de este mes terminará la recolección de basura y escombros. Asimismo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) construirá una nueva celda del relleno sanitario donde depositar los desechos que dejó el huracán, para lo que se invertirán 15 millones de pesos.
Alcalde Luján confirmó que los recursos del Plan de Reconstrucción pueden incrementarse según vayan apareciendo nuevas necesidades.
“Este plan está calculado más o menos en 65 mil millones de pesos y va a costar más porque estamos hablando de las primeras acciones” expresó.
El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, convocó a ser solidarios y ayudar a satisfacer las necesidades básicas de la gente que sufrió daños por el huracán Otis, “que tanto destrozo ha causado entre nosotros”.
En su mensaje dominical, denominado Construir en la Esperanza, transmitido por internet, González González también llamó a recuperar la sensibilidad ante la violencia que, dijo, ahora tomó el rostro de robos y saqueos. Añadió que esta sensibilidad ya se había perdido hace tiempo, ante el robo cotidiano mediante el cobro de cuota o de piso, servidores públicos deshonestos, así como con la crueldad de asesinatos y ejecuciones.
El arzobispo expresó que las primeras necesidades de la gente son el agua y el alimento, “mitigar el hambre de muchas personas y familias sigue siendo una necesidad”.
Dijo: “Es tiempo de complementarnos y solidarizarnos unos con otros. Juntos vamos a salir adelante”, añadió y llamó a unir iniciativas y sumar esfuerzos autoridades, sociedad, empresarios, Iglesia y organizaciones.
Pidió mantener firme la esperanza en Jesús, “que se hace cercano en la bondad de tantas personas y comunidades que nos han compartido su tiempo, su cariño y sus bienes, y se hace cercano también en el duro esfuerzo de tantos grupos e instituciones, por restablecer los servicios básicos en la ciudad y tender la mano a tantos necesitados”.
El prelado expresó que hace mucho bien ver, valorar y agradecer todos estos gestos de bondad, empezando desde el propio hogar.
Insistió en su llamado a no dejar de hacer el bien que está en nuestras manos, “aunque nos parezca muy pequeño, es una muy valiosa luz de esperanza”, sostuvo.
González González recordó que muchísimas familias quedaron literalmente sin un techo donde guarecerse y que los refugios han sido gran ayuda, también la solidaridad de familiares y amigos que les han cedido un espacio en casa.
Pidió cuidar la salud, porque advirtió que es cercano el riesgo de enfermedades gástricas, respiratorias y el dengue, por ello recomendó hacer lo que está en nuestras manos, como la limpieza de la ciudad, “unidos a los vecinos podemos hacer algo, procuremos buscar cal y ponerla en donde hay basura en descomposición”.
El arzobispo recomendó, además, “reconstruir a la persona”, porque explicó que los ánimos de muchas personas están caídos, debido a que ha sido muy fuerte el trauma sufrido al perder en menos de una hora, hogar, trabajo, pertenencias y, en muchas familias, a un ser querido.
Para ello recomendó, primero, “escuchar sin interrumpir a la persona que nos comparte su situación, tratando de comprender como se siente”; segundo, “decirle una palabra de Jesús que le ayude en esa situación, o si no encontramos esa palabra, estrechar fuertemente su mano un momento”, y, tercero, “hacer juntos una súplica al señor, pidiendo su luz y su fortaleza en esta situación en que nos encontramos”.
Agregó que es importante, además, reconstruir la imagen de la ciudad, “en la mente de muchos, junto a las imágenes de la enorme destrucción causada por el huracán Otis, han quedado las tan deplorables imágenes de los saqueos. La violencia, por desgracia, era desde antes una nota muy dolorosa de nuestra ciudad”, recriminó.
Añadió que ahora la violencia tomó este otro rostro, “robos y saqueos, una barda caída o un vidrio roto o quebrado a propósito, una puerta caída o forzada para abrirla, era pretexto para entrar y robar a un hogar, institución o establecimiento comercial”.
Para el prelado es momento de fortalecer nuestra convicción de que el mal no es solución a nada, sino que, por el contrario, empeora la situación y llamó a “recobrar la sensibilidad ante el daño que causa, para rechazarla”.
Lamentó que esa esa sensibilidad se haya perdido desde hace tiempo, en relación con el robo cotidiano a “tantísimas personas”, por el cobro de cuota o de piso, “la perdimos ante algunos servidores públicos deshonestos, al aprovecharse de los recursos públicos”, dijo.
Añadió: “Esta sensibilidad también, por desgracia, la hemos ido perdiendo ante la crueldad de los asesinatos y ejecuciones. Necesitamos recuperar esta sensibilidad, para no cambiar el mal como camino a la solución de algo”.
El arzobispo opinó que la seguridad de la sociedad es una urgencia, “es grave responsabilidad de quienes tienen a su cargo el servicio de autoridad, si una estrategia no da el resultado esperado, por más que se repita no da ese resultado”, dijo.
Padres de familia de Atlixtac, del municipio de Leonardo Bravo, protestan en las escalinatas de la sede del Poder Ejecutivo estatal, para exigir que maestros se presenten a dar clases Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Padres de familia de Atlixtac, del municipio de Leonardo Bravo, protestaron en las escalinatas de la sede del poder Ejecutivo estatal, para demandar que los maestros de la primaria Azteca, en su comunidad, se presenten a dar clases.
La presidenta del comité de padres de familia, Merari Valle García, señaló que los nueve trabajadores de la primaria dejaron de ir al plantel desde el 18 de septiembre, argumentando problemas de seguridad, cuando los docentes del jardín de niños y de la secundaria de Atlixtac, siguen laborando.
Afirmó que en la población no han ocurrido hechos de violencia, aunque se ubica en la ruta hacia Chihihualco, la cabecera municipal, donde se han señalado desde el mes pasado hechos delictivos, por dos grupos que de disputan la zona.
La madre de familia indicó que en la escuela son seis maestros, un conserje, una maestra de inglés y otra de educación física. “Queremos maestros que sí quieran trabajar, porque nosotros los hemos acojido, los hemos atendido allá. Nunca se les ha tratado mal o se les falta al respeto”.
Aclaró que los docentes propusieron dar clases a distancia, la modalidad que se implementó durante la pandemia, cuando era entendible la distancia para evitar contagios. Pero consideraron que esa atención ya no es adecuada para la educación de los niños, porque no resuelven las dudas de los estudiantes, y muchos padres no pueden ayudar a sus hijos, porque no terminaron la primaria.
Indicó que el comité ya había denuciado este problema ante la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y el subsecretario Nicanor Adame Serrano, los volvió a citar el viernes 13 de octubre, cuando se reunión con los docentes a puerta cerrada.
Después de escuchar a los trabajadores, el funcionario llamó a los padres, pero evitó que los maestros hablaran del problema de inseguridad que señalan. Por lo tanto, a la fecha desconocen porqué no están laborando.
Recriminó que la SEG los lleva reunión tras reunión, sin dar una solución. Demandó que cuanto antes se reestablezcan las clases presenciales para sus hijos o volverán para tomar calles.
La protesta que comenzó a alrededor de las 10 de la mañana y los padres fueron atendidos a las 11 de la mañana.
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
