El secretario general de la sección 14 del SNTE, Silvano Palacios Salgado, en entrevista al salir del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, en Chilpancingo, donde informó de hay problemas con los trabajadores que sufren enfermedades como diabetes o la pérdida de un órgano Foto María Avilez Rodríguez
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
El secretario general de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Silvano Palacios Salgado, dio a conocer que hay maestros desplazados por la violencia, principalmente en Tierra Caliente y Costa Grande.
Al salir del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, Palacios Salgado fue entrevistado sobre los maestros desplazados por la violencia, y dijo que desconoce cuántos son, pero que con la SEG están atendiendo los problemas de inseguridad y de salud.
Invitó a los trabajadores de la educación a que si enfrentan este problema, acudan a la organización sindical, “se está al pendiente de la problemática y de las necesidades de los trabajadores”.
Palacios Salgado detalló que el problema de los desplazados por la violencia se presenta principalmente en las regiones Tierra Caliente y Costa Grande, “son esas las dos regiones donde se da más el índice de inseguridad”.
Además, reveló que hay trabajadores que sufren enfermedades como diabetes, la pérdida de un órgano o la vista, y consecuentemente, el problema se va complicando o sufren algún accidente.
“Todos esos casos los estamos analizando, para buscarles una solución con la SEG, para extenderles una justificación, un acuerdo presidencial, dependiendo del problema de salud que presenten”.
El secretario general del SNTE manifestó que al trabajador que tenga algún problema de salud se le deberá de justificar y apoyar, para que no tenga problemas administrativos.
Sobre la falta de docentes en algunas escuelas, expuso que hay faltantes en algunos planteles, pero dijo que le gustaría hacer una revisión junto con la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para reubicarlos, siempre y cuando se respeten sus derechos.
Detalló que los maestros tienen que ser reubicados en lugares donde puedan laborar bien.
El secretario general del SNTE consideró que se tienen que cubrir las escuelas donde hacen falta docentes y en las que se están dejando de atender a los alumnos.
–¿Tiene el monto de cuántos maestros hacen falta en las escuelas?–se le preguntó. Respondió que: “No tengo el dato, pero no son muchos lugares”.
Además se les cuestionó por los trabajadores que tienen claves de docentes y están en áreas administrativas, respondió: “No los puso el SNTE, se tiene que revisar cómo llegaron esos compañeros a esas áreas”.
Explicó que hay un derecho de los trabajadores, que no se ha perdido, que es el de inamovilidad, es decir que si un trabajador tiene seis meses y un día en cierta área es “inamovible” en su espacio.
–¿A qué se debe estos cambios de áreas?–se le preguntó.
–Esos cambios obedecen muchas veces a movimientos políticos, posiblemente dentro de la SEG. Cuando hay cambios en la administración llega alguien y se trae a su gente a esas áreas administrativas. Es una situación que la misma Secretaría de Educación tiene que revisar.
Reiteró que cuando hay un cambio de gobierno “suele suceder eso”, que los maestros se queden en áreas administrativas y cuando el político que los trajo se va, “no se los lleva, los deja ahí”.
Mariana Díaz, de Coyuca de Catalán, desplazada por la violencia hacia Ayutla de los libres, presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) por el trato indigno que recibió su hijo de 11 años.
El niño estudia en la primaria Francisco I Madero, del poblado La Unión, y fue expulsado por su profesor Tedy Salazar Vargas, el jueves pasado, para que se fuera a vender chicles.
En consulta telefónica, indicó que la delegada regional del organismo, Gretell Dávila, le pidió enviarlo hoy de vuelta a la escuela, para que no pierda más clases, con el mismo docente.
La señora aclaró que antes, el martes, fue a hablar con el director de la escuela, Galdino García Pastrana, quien le reiteró su pedido de presentar un análisis clínico de su hijo, para comprobar que el menor de edad estaba recibiendo terapia o no podría llamar la atención al docente, por las quejas del niño y de la mamá.
Este miércoles, indicó que la delegada de la Codehum acudió a su comunidad para conocer el caso. Luego se dirigió a la escuela a hablar con el superviso de zona, el director y el maestros acusado.
“Yo no fui a la mera escuela, no fui. Dicen que mi niño se presente mañana (jueves), con el mismo maestro. Que los va a atender diferente”.
Mariana Díaz señaló que su hijo aún tiene miedo de que el maestro lo trate peor, porque sólo se levantó su testimonio y no el de otros niños.
Después, fue con la defensora a Cruz Grande a terminar los trámites para la queja.
Fue castigado por una tarea, dicen autoridades
Por separado, la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán, informó que recibió la petición de una organización civil para conocer este caso en el campo, y en el lugar, las autoridades de la escuela respondieron que el niño no está expulsado ni suspendido por parte del docente, “refieren que por una entrega de tareas se le hizo una observación. Se acordó que el niño volvería a la escuela, sin represalias”, dijo.
Reconoció que, siendo una escuela pequeña, no hay muchos grupos para cambiar al estudiante, pero como medida cautelar se llamó a las autoridades a abstenerse de violentar los derechos de los niños, que se respete su integridad emocional y si se siente atemorizado, que se trabaje esa parte.
Explicó que actuaron de inmediato, para no vulnerar el derecho a la educación del niño, pues el procedimiento ordinario puede durar hasta seis meses.
Sobre las quejas en el organismo contra la Secretaría de Educación Guerrero, indicó que el año pasado se emitieron cuatro recomendaciones, que a la fecha dos están parcialmente atendidas y dos siguen en proceso de investigación.
Aclaró que reciben muchas quejas contra esta dependencia, particularmente al inicio del ciclo escolar, y la mayoría no se toman en cuenta, porque no reúnen los requisitos, otras se agotan mediante procesos alternativos de solución.
El presidente estatal del PAN en Guerrero, Eloy Salmerón Díaz, en conferencia de prensa flanqueado por la secretaria general del Comité Municipal en Chilpancingo, Diana Natividad Carbajal Sánchez, la Consejera Nacional, Victoria Escuén Ávila, el tesorero estatal, Luis Ángel Reyes Acevedo y la consejera estatal, Rocío Morales Morales Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Eloy Salmerón Díaz, criticó la estrategia de seguridad estatal porque afirmó que el estado está sumido en la violencia mientras la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y los gobiernos de Morena están ocupados en la “lucha interna que tienen” rumbo al proceso electoral 2024.
“Hay una realidad ante la que se quiere cerrar los ojos tanto a nivel federal como a nivel estatal: la creciente violencia y el incremento del número de muertos”.
Lamentó que “la gobernadora legal y el gobernador de facto voltean a ver a otro lado, simulan el resolver problemas, hacer justicia social, pero lo cierto es que la violencia afecta a todos los sectores sociales”.
El dirigente panista se refirió también a las extorsiones a gaseras y mineras, la masacre en San Miguel Totolapan, y las ejecuciones en El Durazno, así como los desplazados en todo el estado.
Eloy Salmerón habló en esta conferencia de prensa de “la violencia verbal” y las diferencias entre la gobernadora “legal” Evelyn Salgado Pineda y la alcaldesa de Acapulco Abelina López, las cuales son porque cada una apoya a “una corcholata” diferente.
“Y la cereza en el pastel, que la dirigencia de Morena está más preocupada porque platiquen las autoridades” pero es su responsabilidad, y exigen que la gobernadora hable y se coordine con todos los presidentes municipales “y con organizaciones para pacificar el estado, que se atienda con todo el recurso del gobierno del estado esta crisis de violencia que está ahuyentando inversiones, cerrando empresas y empleos”, señaló.
La llegada de turistas a Acapulco, dijo Eloy Salmerón es “por inercia” y no por la eficacia de funcionarios estatales.
El panista lamentó que los funcionarios, dirigentes y gobernantes de Morena están “más preocupados por la elección del 2024 y lo hacen violando la ley electoral descaradamente, con propaganda, con mítines, con funcionarios en los eventos”.
Reiteraron la exigencia a la gobernadora y “al gobernador de facto” -en alusión al senador Félix Salgado-, y a presidentes municipales electos por Morena es “que se pongan a trabajar, que no desvíe los recursos en la lucha interna que tienen”.
Esto, mientras el estado está en una crisis de violencia, dijo. En el lugar colocaron y señalaron una lona con fotografías y notas periodísticas a través de las cuales se han documentado los hechos de violencia: “Este es el guerrero de la 4T, el Guerrero de Morena y del gobernador de facto y de la gobernadora legal, son cientos de muertos y otros cientos de muertos que no podemos contabilizar” por falta de evidencia.
Dijo que solicitaron ante la Secretaría de Desarrollo Rural información de cómo se han ejercido los recursos “y lo poco que ejercieron lo canalizaron a los militantes, a los liderazgos y a los grupos de poder que están enquistados en la Secretaría”.
También informaron que se ratificó la Asamblea Estatal en la que eligieron a los 80 consejeros estatales y dos consejeros nacionales, así como la elección de los comités municipales.
Estuvieron presentes los consejeros nacionales Victoria Escuén Ávila y Gaspar Rubén Rodríguez Cruz, la consejera estatal Rocío Morales Morales, la Secretaria General del Comité Municipal del PAN en Chilpancingo Diana Natividad Carbajal Sánchez, el Tesorero Estatal Luis Ángel Reyes Acevedo y el Secretario Estatal de Comunicación Silvio Rodríguez García.
El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) denunció que el actual gobierno, como los anteriores, sigue minimizando el problema del desplazamiento forzado interno por la violencia, que en la entidad afecta a entre 25 y 30 mil personas.
El organismo realizó un recuento de las acciones de violencia que han provocado el desplazamiento de familias en la entidad y pidió la actualización de la Ley 487 para Atender y Prevenir el Desplazamiento Interno; además, que el Senado de la República ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
“Con la práctica gubernamental de minimizar la violencia, que desde el 5 de octubre de 2022 azota al estado de Guerrero, como la masacre de 22 personas en San Miguel Totolapan, las autoridades del estado quisieran que, con el sólo hecho de negarlo, no existiera”.
El organismo enumeró las masacres y enfrentamientos, sobre todo en la sierra, desde la de 22 personas el 5 de octubre del 2022 en San Miguel Totolapan, en la que fue asesinado el presidente municipal, Conrado Mendoza Almeda, su padre y parte de su gabinete.
Hasta el enfrentamiento más reciente del 2 de febrero pasado en Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán, entre civiles armados contra policías y militares, dejando un muerto, un herido y tres detenidos.
“Ahora, si le agregamos los homicidios cometidos día con día en diferentes puntos del estado y las desapariciones, no entendemos cómo pueden las autoridades decir que hay paz y tranquilidad”.
El organismo de derechos humanos sostiene en su comunicado que la consecuencia de esta guerra “por el control del territorio y el apoyo de agentes del estado a algunos grupos delincuenciales, ha traído como consecuencia decenas de familias desplazadas”.
Refiere que algunas son simpatizantes de uno y otro grupo, “así como familias aterrorizadas por la violencia que se desplazan para evitar ser víctimas del fuego cruzado o de algún secuestro, extorsión o desaparición de algún familiar, tanto de municipios de Tierra Caliente, de la sierra y de Costa Grande, concretamente de los municipios de Petatlán y Tecpan”.
Subrayó que este fenómeno de violencia genera una “violación completa y continuada de todos los derechos humanos; el derecho a la salud, a la educación, al empleo, a la paz, a la seguridad y a la vida”.
Agrega: “Le recordamos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que desde el año 2016, hasta 2021, sumaron 22 mil 840 desplazados a los que habría que sumarle los más de 2 mil 500 de 2022 y los que van de enero de este año, por lo que Guerrero tiene el 50 por ciento de los desplazados que hay en el país, y hasta ahora, habría más de 25 mil desplazados en el estado”.
De acuerdo con el organismo defensor de derechos humanos, por el contexto de violencia que se vive en el estado, “es previsible que habrá otros enfrentamientos, masacres y desplazamientos masivos que van a incrementar los 25 mil personas desplazadas actualmente”.
Informó que durante el proceso de acompañamiento y representación del Centro Morelos “a una gran cantidad de familias víctimas de desplazamiento forzado interno, son varios los logros que hemos tenido en beneficio de familias de diferentes municipios”.
Agregó que de manera paulatina, el Centro Morelos sigue avanzando “en la construcción de soluciones más duraderas y con estos logros habremos construido el camino para que otras víctimas lo recorran con mayor facilidad”.
Añadió que en ese organismo están conscientes de que el problema del desplazamiento forzado interno “está muy lejos de detenerse”, que en la medida en que los tres órdenes de gobierno no garanticen condiciones de seguridad y paz pública, “el desplazamiento crecerá”.
Por ello, hizo un llamado a todos los grupos de familias víctimas de desplazamiento forzado interno y a las familias que no están organizadas, “para unirnos en la exigencia de poner un alto a esta crisis de derechos humanos y que el gobierno cumpla con nuestros derechos”.
El Centro Morelos exigió, por tanto, que se actualice y reglamente la Ley 487 para Atender y Prevenir el Desplazamiento Interno. Asimismo, que el Senado de la República ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
Autoridades agrarias de los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Chilpancingo y Tepecoacuilco, en la conferencia de prensa Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Representantes de núcleos agrarios de Leonardo Bravo (Chichi-hualco), Eduardo Neri (Zumpan-go), Tepecoacuilco y Chilpancin-go, señalaron en conferencia de prensa a la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) como la “generadora de conflictos sociales y de violencia” en algunos núcleos agrarios del estado.
Pidieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se revise la actuación del delegado Roberto Olivares Pita, pues lo ubicaron como el responsable de obstaculizar la solución de conflictos.
Encabezaron la conferencia Alfonso Duque Marino, secretario del Comisariado Ejidal de Chichihualco; José Juan Pérez Sánchez, de Zumpango; Víctor Miranda Cortez, del núcleo agrario de Dos Caminos, Chilpancin-go, y Pedro de Jesús Alejandro, de Xalitla, Tepecoacuilco.
Denunciaron que la dependencia federal está inscribiendo de manera ilegal en el padrón a comuneros o ejidatarios y en otros, no reconoce a las autoridades legalmente electas, lo que está generando una grave división que ha comenzado a provocar confrontaciones, y podría ser motivo de violencia entre los campesinos, advirtió De Jesús Alejandro.
Se advirtió que las autoridades agrarias han iniciado, por ahora, una etapa de denuncia pública de las irregularidades, pero que en seguida, sino se corrigen, seguirán con la protesta pública.
De Jesús Alejandro justificó que pretenden denunciar las irregularidades antes que los conflictos, “que se vienen generando de manera deliberada por el RAN”, escalen a otros niveles de confrontación y “puedan tener otro tipo de consecuencias que no queremos”.
Aseguró que todos los conflictos están documentados y que los van a canalizar por las vías institucionales al presidente López Obrador, para que tome cartas directas en el asunto.
Añadió que, igualmente, van a enviar el documento a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), de la que depende el RAN y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que a través de sus órganos internos de control hagan las investigaciones pertinentes.
De Jesús Alejandro informó que además de las pruebas de las irregularidades que tienen, hay otras que han presentado en los tribunales agrarios que harán valer.
Alfonso Duque Marino, secretario del Comisariado Ejidal de Chichihualco, denunció que el 15 de enero de 2021 fueron electos por 306 de 509 ejidatarios, y el 21 de enero acudieron al RAN para pedir que se inscribiera el acta de elección, pero que se las recogieron y nunca la certificaron.
Agregó que en la delegación, “de manera irregular” se la entregaron a cuatro inconformes del ejido mismos que impugnaron la elección.
Reprochó que con ello, en vez de entregarles el acta certificada se la entregaron a los inconformes, para que les sirviera de soporte para su impugnación en el juicio agrario que sigue sin resolverse.
“Con ello, en Chichihualco, el RAN está creando violencia. Está metiéndonos en conflictos cuando los ejidatarios de aquél lugar somos gente de paz”, sostuvo.
El representante agrario denunció, además, que el delegado extendió una constancia a una persona que no es ejidatario y que ni siquiera tiene tierras en el ejido.
Por ello, llamó al presidente y a la gobernadora para que “echen un vistazo” a esa dependencia y vean que “no está haciendo las cosas bien”.
Denunció que para conseguir una ficha necesitan llegar a las 5 de la mañana, porque a las 6 están repartiendo sólo una poquitas, “cuando antes se nos recibía a los ejidatarios sin cortapisas, sin embargo, ahora, si no tenemos billetes no entramos al RAN”, denunció, sin dar más detalles de la presunta corrupción.
Denunció, asimismo, que en 2021 fueron engañados por la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales. Dijo que fueron visitados en Chichihualco “por los representantes que dicen que están coordinando a los ejidos, pero no nos pareció la forma de proceder, porque nos hicieron muchas promesas que no cumplieron, como la devolución del pago que hicieron productores del Procampo”.
Explicó que el hermano del “mero encargado del RAN en Ciudad de México, les comprometió a que se iba a hacer cargo de la gestión, cosa que no fue cierta”.
“Consideramos que como no quisimos participar en esa coordinadora, ahora el delegado del RAN, Roberto Olivares Pita, nos cierra las puertas”.
José Juan Pérez Sánchez, del núcleo agrario de Zumpango, informó que en 2021, el RAN “se atrevió” a registrar a 107 comuneros cuando por órdenes federales, debido a la pandemia, se prohibía hacer reuniones, y a pesar de que los “legítimos comuneros” estuvieron en contra.
Informó que los comuneros se enteraron un año después, cuando solicitaron el padrón y en el nuevo ya se incluían los 107 cuestionados.
Dijo que denunciaron ante el Tribunal Unitario Agrario, de Iguala, y que el juicio agrario sigue pendiente por resolverse.
Informó que hace un mes terminó el periodo del comisariado y se emitió una convocatoria, pero el TUA mandó una medida cautelar en la que dice que los 107 impugnados no pueden participar en la elección.
Añadió que a pesar de la medida cautelar del TUA, el domingo pasado se emitió la segunda convocatoria y se eligió a un comisariado, aun cuando hay un juicio sin resolver.
“Es evidente que el delegado esta coludido con quienes quieren llegar de manera irregular a la representación agraria”, concluyó.
Informó que tuvieron un dialogo con él, pero los atendió “despóticamente”, sin tomar en cuenta su recomendación.
Otro inconforme fue Víctor Miranda Cortez, del núcleo agrario de Dos Caminos, Chilpancingo.
Denunció que la situación en el RAN “se ha tornado complicada y desquiciante” para los campesinos, porque el director nacional, Plutarco García Jiménez, se ha impuesto y autoproclamado como coordinador de los núcleos agrarios en Guerrero, a través de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales, “enviando como operador político a su hermano Arturo García Jiménez”.
“Todos hemos simpatizado en Morena, pero hoy tenemos que hacer a un lado la política de soberbia, de prepotencia, de arrogancia. Hoy debe de aplicarse la política de justicia social”, pidió.
Denunció que en el RAN hay una servidora, Liz Yanetzi Álvarez López, quien atiende con arrogancia “cuando ahora, debería tener un trato humilde, sencillo, y un trato social al campesinado”.
Pidió una limpia en el RAN “que está en los últimos lugares de hacer todo tipo de trámites. Todo tiene que pasar por esta señora, cuando no tiene capacidad, calidad, ni perfil académico”.
Demandó el cambio de los servidores públicos “que en nada le ayudan a la gobernadora, ni al presidente de la República.
Pedro de Jesús Alejandro, de Xalitla, denunció que en su núcleo agrario, que es nahua, los ejidatarios sufren un problema de división por culpa del RAN.
Explicó que en 2019 permitió la inscripción de una supuesta acta de asamblea, que la protocolizó el notario de Iguala, Aurelio Ortiz Gutiérrez, y la aceptó el RAN.
Aseguró que la convocatoria, la asamblea y el acta nunca existieron “fue fantasma todo”.
Añadió que lo peor es que, igual que en Chichihualco, aceptaron la inscripción de 32 nuevos ejidatarios, y que, además, no saben bajo qué criterios ni quién le autorizó al notario repartir tierras de agostadero del núcleo ejidal con el aval del RAN.
“Eso, lógicamente, va a generar conflictos una vez que los ciudadanos quieran hacer valer este documento y se quieran agarrar las tierras de uso común, lo que va a generar confrontación que puede llegar a niveles de violencia insospechados”.
Denunció que a pesar de que han presentado la denuncia en el TUA, el RAN les sigue dando la asesoría legal a la otra parte, “que espuriamente quieren hacerse pasar por ejidatarios”.
Agregó que hace ocho días, en la nueva asamblea para el cambio de ejidatarios, a pesar de que el TUA de Iguala emitió en tiempo y forma una medida cautelar, para que el RAN no publicara o no les entregara el padrón, la dependencia incluyó a esos 31 nuevos ejidatarios, “hizo caso omiso, les entregó el acta y se hizo el pase de lista”.
Denunció que el RAN se empeña en reconocer a la otra parte, que es totalmente ilegal y que lo han hecho mediante un documento falso, “pero vemos que las irregularidades del RAN persisten por eso pedimos a Roberto Olivares Pita que pare esto, o si su intención es echar a pelar a los comuneros y ejidatarios de Guerrero. Entonces, vamos a pedir al presidente que tome cartas en el asunto”.
El delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), Roberto Olivares Pita, declaró que los campesinos que denunciaron en conferencia de prensa este lunes, que la dependencia es generadora de conflictos sociales y de violencia, fueron “manipulados por alguna mentes perversas”.
Agregó que “lo triste es que ponen a la dependencia como la generadora de violencia y no es así”.
En tanto, la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del Estado de Guerrero dijo que esa organización no depende “de padrinos ni de ningún funcionario de gobierno”, en respuesta a lo que señalaron los representantes de núcleos agrarios de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco), Eduardo Neri (Zumpango), Tepecoacuilco y Chilpancingo que destacan que el director nacional del RAN y uno de los dirigentes de la coordinadora son hermanos.
Por teléfono, Olivares Pita explicó que el ejido de Chichihualco vive un problema interno entre dos grupos que se diputan la comisaria ejidal, “pero nosotros no brindamos asesoría, no vamos a las asambleas, no representamos a ningún grupo. El trabajo nuestro es solamente registral y catastral”, explicó.
El delegado del RAN añadió que “se duelen” de que no les inscribieron su acta de elección, pero no dicen que al haber un conflicto interno se ventila en el Tribunal Unitario Agrario y que es el tribunal el que emitió una medida precautoria al RAN, para que no inscribiera el acta hasta que se resuelva el litigio.
“Mientras no se resuelva, no podemos inscribir el acta. Es cierto que no la hemos inscrito y no la vamos a inscribir hasta que el tribunal no quite la medida cautelar. No es que estemos con el grupo contrario, tenemos que atender una indicación jurisdiccional”, dijo.
Respecto a las constancia que se dijo en la conferencia de prensa entregó el RAN a una persona que no tiene tierras, Olivares aclaró que la dependencia no puede ir más allá de sus atribuciones y que si expidió un documento es porque está en al área registral y en los archivos.
En tanto, explicó que en Zumpango hay un acta de aceptación de comuneros, que está en litigio en el tribunal 51 de Iguala y que mandó al RAN una medida precautoria para que no expidiera el padrón en el que se agregaron 107 comuneros impugnados.
Aseguró que no fue el RAN el que expidió los 107 registros y que tampoco es responsable de la convocatoria, sino el núcleo agrario y desconoce “si al núcleo también le mandaron una medida precautoria”.
Con respecto a la denuncia de los ejidatarios de Xalitla, dijo que se habla de un acta falsa de 2019, cuando Olivares Pita todavía no estaba en la dependencia, pero aclaró que si esa acta llega al RAN y cumple con los requisitos, la pueden inscribir.
“Nosotros no investigamos en términos de temporalidad, cómo se hizo, dónde se hizo, porque no vamos a las asambleas, solamente revisamos que el expediente vaya completo”, explicó.
El funcionario aseguró que desconoce los motivos del porqué se dio una conferencia de prensa en esos términos, “creo que no hay razón, sin embargo, cada quien tiene derecho a manifestarse, y nuestra respuesta no es con el ánimo de contradecirlos, sino de aclarar y que la gente vea que lo que se dice realmente no tiene sustento”.
Respecto a los folios que no ha resuelto la dependencia, lo que indica un rezago, el delegado desestimó la veracidad de los datos, pues dijo que esos solamente los pueden tener los promoventes y que se van atendiendo conforme van llegando.
Reconoció que es muchísima la demanda, pero que se está atendiendo conforme a los términos que la propia dependencia tiene, “no es cierto que algunos casos pasan más rápido que otros. Nos sujetamos a que si tienen la lista de quienes salieron rápido y los de ellos no. Haremos una revisión”.
“No podemos decir que no haya rezago, pero no en la proporción que mencionan. El año pasado realizamos más de 43 itinerancias, lo que indica que salimos a los municipios a llevarles los documentos que tenemos, para que la gente no venga hasta las instalaciones”.
Añadió que en esa dependencia tienen la obligación de recibir a todos, “nosotros no vemos colores, ni religiones, ni aspectos de otra índole. Obviamente, hay cosas que podemos resolver y otras que no, nos regimos por lineamientos, y cuando quieran los atiendo de manera personal”, ofreció.
Pero insistió en que “le están dando un mal enfoque quienes de alguna manera mandaron a hacer esa conferencia de prensa. Nos sometemos al escrutinio público, si ellos hablan de corrupción, yo les pido que si tienen los elementos que los presenten, porque esa es la indicación del director (nacional) Plutarco García Jiménez. Quien se tenga que ir, se tendrá que ir, pero que quien lo diga nos ayude a presentar los elementos”, pidió.
A su vez, representantes de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del Estado de Guerrero calificaron como “ataques zahirientes” contra esa organización, “que es de respeto”, de parte de los estuvieron en la conferencia de prensa.
En la conferencia, los representantes agrarios de esos cuatro municipios, además de sus señalamientos contra el RAN, denunciaron que la dirigencia de esa agrupación ha engañado en la gestoría a los ejidatarios y que éstos, al negarse a pertenecer a esa coordinadora, el RAN, cuyo director nacional, Plutarco García Jiménez, es hermano del dirigente de la Coordinadora de Comisariados, Arturo García, obstaculiza la solución de sus peticiones.
Por la tarde, en un boletín de prensa, la coordinadora aclaró que todos sus acuerdos son por consenso “nos debemos exclusivamente a nuestras prácticas de autogestión. No dependemos por tanto de padrinos ni de ningún funcionario de gobierno”.
Firmaron el boletín de prensa, por la región Costa Grande Hermelinda Pineda Guillén; por la Norte, Rodrigo Ayala Flores, y por la región Centro, Javier Adame Vázquez”.
“Comprendemos que nuestro caminar exitoso no es bien visto por quienes antes manipulaban y vivían de los campesinos, y tenían el control de la Procuraduría Agraria (PA) y del RAN”, atajaron los representantes de la coordinadora.
Según la representación, en esa agrupación aceptan y reconocen cuando un comisariado o ejidatario genuino “denuncia acciones anómalas contra nuestro proceder”.
Explican que el modelo de organización que en su momento instrumentó el Padrón del Programa del Fertilizante, fue reconocido por el propio presidente de la República, ya que esto se realizó en asambleas comunitarias, cuyas actas se inscribieron en el RAN y fueron la base para la entrega del fertilizante.
Añaden que “esto molestó a muchos funcionarios y líderes que lucraban”, pero que este modelo ya se ha replicado en 12 estados del país y que sigue avanzando, de tal forma que el próximo 10 de abril en una concentración multitudinaria en el zócalo de Ciudad de México, “realizaremos una propuesta al presidente en torno al nuevo agrarismo y la reactivación del campo mexicano”.
De acuerdo con los dirigentes de la agrupación, lo que pelean los gestores, tiene que ver con el hecho de que su líder “ha venido perdiendo sus cotos de poder, tanto en la estructura de gobierno en donde lucraban, pero sobre todo en las asambleas campesinas”, pero no se menciona quien es su líder.
“Gracias a nuestras redes, estamos al tanto de lo que acontece en cada uno de los núcleos agrarios. No nos inmiscuimos en los conflictos internos cuando se trata de cambio de organismos internos de representación y trabajamos con quien quede al frente”, aclararon los representantes de la coordinadora.
Informaron que en el caso de Chichihualco “un grupo minoritario dirigido por esos viejos líderes corruptos que siempre habían tenido el control para sus intereses, están molestos porque el Primer Tribunal Colegiado Penal del 21 Distrito, con sede en Acapulco, el pasado octubre anuló la “asamblea espuria” para elegir a los representantes del núcleo agrario, pero insistió en que en eso “nosotros no tenemos nada que ver”.
En el caso de Zumpango, explicaron que les molestó que el domingo en convocatoria “totalmente legal”, los resultados no les favorece, ya que del total de asistentes, 191 votaron a favor, dos en contra y dos abstenciones.
Refirieron que con ello “constatamos que el asesor legal de dichos grupos minoritarios, busca ganar en los tribunales lo que no lograron ganar en las urnas ejidales”.
Insistieron en que los ataques hacia esa organización son “infundados, sin ética, ya que sólo denostan ante la falta de argumentos”.
El secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, informó que son diez escuelas que están cerradas en la sierra, “pues en la región de Santa Rosa y alrededores se sabe que la última semana ha habido hechos de violencia”.
En declaraciones, el funcionario dijo que no van arriesgar a los niños ni maestros en esa zona, por lo que “hasta que haya condiciones de seguridad vamos a abrir las escuelas”.
Esto, en referencia a los enfrentamientos que se han dado en la sierra de Petatlán y Tecpan, uno de ellos en la comundiad El Parotal, que involucró a presuntos integrantes de la Familia Michoacana y a la Policía Estatal.
Mientras que sobre el conflicto en la primaria Tierra y Libertad, en la colonia Emiliano Zapata, donde los padres de familia soldaron las puertas para evitar que ingrese el nuevo director, el secretario señaló que ahí se dará la razón a quien la tenga.
Aseguró que se ha estado atendiendo a las partes, que ha habido muchas reuniones y lo que pasa es que “entre los mismos trabajadores hay diferencias”.
Explicó que un grupo de docentes hicieron señalamientos a Miguel de la Rosa Nava, quien era el director, y por ello, como medida preventiva lo separaron temporalmente del cargo y no generar más conflicto, porque unos están a favor y otros en contra.
El funcionario dijo que lo que están haciendo en esa escuela es proceder conforme a derecho y para ello están interviniendo las áreas jurídica y contraloría, porque van a resolve conforme a la normatividad de la SEG, donde se va a dar la razón a quien la tenga.
Sobre la falta de maestros en las escuelas, luego de que el secretario de conflictos en primarias del SNTE, Miguel Ángel Camacho Pérez, informó que faltan alrededor de 50 docentes en las escuelas del puerto, el secretario respondió que “no es verdad eso”.
Indicó que la semana pasada entregó 142 plazas y esas se mandaron a cubrir en todas las escuelas donde se tienen rezago, pero si hacen falta, aún hay una remeza que entregarán en marzo.
Agregó que en Acapulco hay escuelas que tienen maestros de más y ejemplificó con que hay algunas que tienen 300 alumnos y 30 maestros, 10 alumnos por grupo, y entonces en todo caso lo que se tiene que hacer es reubicarlos, para que den clases en donde hacen falta maestros.
Mientras que acerca del conflicto en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 122, ubicada en Las Cruces, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, dijo que platicó con ellos antes del acto que encabezaría la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y les dijo que saldrá la convocatoria, para que se elija un nuevo director, donde ya hay un acuerdo firmado en una minuta.
Los maestros de la UPN se colocaron con sus lonas en el camellón, y al pasar la gobernadora Evelyn Salgado, se acercó a ellos para decirles que serían atendidos por los funcionarios.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, en entrevista en el lobby del recinto legislativo al término de la sesión de la Comisión Permanente Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, reconoció que no hay la intención del Poder Legislativo por llamar a comparecer a funcionarios estatales, y que esperan la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la que consulta respecto del proceso de designación de los cabildos instituyentes de los cuatro nuevos municipios para no caer en omisiones que generen la invalidación de estos.
La presidenta de la Jucopo fue consultada al término de la sesión de la Comisión Permanente. Se le preguntó si se ha hablado de la posibilidad de llamar a comparecer a funcionarios estatales, como el caso del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) del gobierno del estado, Ángel Almazán Juárez, por las irregularidades cometidas por el ex director del zoológico Zoochilpan, José Rubén Nava Noriega, así como del secretario de Seguridad Pública (SSP), Evelio Méndez Gómez, por los señalamientos de vínculos con grupos criminales, a partir de hechos como el ocurrido el fin de semana pasado en la comunidad El Parotal, en la sierra oriente del municipio de Petatlán.
Al respecto, Yoloczin Domínguez dijo que ninguno de estos temas se ha tocado en las reuniones del grupo parlamentario de Morena, que es el primer espacio en el que tendrían que acordar la propuesta de llamar a comparecer a funcionarios estatales, para posteriormente llevar el planteamiento ante la Jucopo.
“Somos muy respetuosos para evitar entorpecer las investigaciones que se lleven a cabo, tratamos de ser mesurados en nuestras declaraciones”, dijo la morenista.
En el caso específico del zoológico de Chilpancingo, calificó como “preocupante” lo sucedido e insistió en que será hasta que lo hablen con el grupo parlamentario de Morena cuando podrá fijar una postura al respecto.
A Yoloczin Domínguez se le preguntó si el Poder Legislativo no está renunciando a una de sus facultades que es el llamar a comparecer a funcionarios estatales, pero aseguró que no están renunciando a esta facultad, pero “estamos siendo muy responsables” para no entorpecer investigaciones que realizan las diferentes instituciones, aunque volvió a reconocer que el tema no se ha tocado al interior del grupo parlamentario de Morena.
“Hay temas importantes, que realmente laceran, que preocupan como el tema de la seguridad que se está viviendo en Petatlán, pero también yo no puedo hablar a título personal y decir que se llamará a comparecer a los titulares… me queda claro que no podemos ser omisos ante situaciones que pasan en el estado, menos cuando son situaciones que realmente vulneran como el tema de la seguridad que es un tema grave”, comentó Domínguez Sena.
Consultaron a la Corte sobre nuevos
ayuntamientos
De la designación de los ayuntamientos instituyentes de los cuatro nuevos municipios: Las Vigas, Ñuu Savi, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón, Yoloczin Domínguez explicó que este proceso se está demorando porque se envió la información a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que pidieron una opinión o revisión del proceso, debido a un antecedente ocurrido en Morelos donde se invalidó el proceso de creación de un municipio por parte de este máximo órgano.
En ese caso explicó que “una vez que la SCJN nos responda relativo a la información que se mandó, nosotros encausaremos o daremos el seguimiento correcto”, porque dijo que están cuidando el “no caer en las inconsistencias que se encuentra el estado de Morelos donde el Congreso instituye un municipio y la Corte tumba”, lo que puede “afectar y violentar y pasar a situaciones más extremas lejos del tema político o jurídico”.
Nueva convocatoria para órganos de control
A la presidenta de la Jucopo también se le preguntó sobre pendientes que dejó la pasada legislatura y que la actual que inició hace más de un año y cuatro meses no ha logrado desahogar, como los nombramientos de los órganos internos de control.
Se trata del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), del Tribunal de Justicia Administrativa (TSJA), y del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (ITAIGro), Yoloczin Domínguez recordó que en la pasada legislatura estuvo a punto de concluir el proceso de designación porque incluso ya había dictamen.
“Esta es una nueva legislatura, se está poniendo a consideración la posibilidad de que sea una nueva convocatoria para que todos puedan nuevamente postularse y seguir el proceso que se siguió en la legislatura pasada” explicó la presidenta de la Jucopo.
Comentó que la Jucopo realizó una calendarización en la que se establecieron los temas a los que se les dará prioridad y entre los cuales están precisamente la designación de los cabildos instituyentes, la designación de los titulares de órganos internos de control.
Hombres armados robaron con violencia, la noche del martes, una pipa con 4 mil litros de gas LP, en la colonia Vicente Guerrero, de la cabecera municipal de Teloloapan.
El robo a mano armada ocurrió a las 6 de la tarde y fue denunciado al C-4 de Iguala, por el chofer del camión Ford F-350, con placas del Estado de México, de la empresa Gas Campanario, a las 9:40 de la noche, indica un reporte policiaco.
Javier, empleado de la empresa, denunció que en la calle Otilio Montaño, de la colonia Vicente Guerrero, cerca de la carretera federal a Iguala, fueron interceptados por hombres que portaban pistolas, quienes con violencia los despojaron de una camioneta con una pipa, cargada con 4 mil litros de gas doméstico.
Denunciaron que los asaltantes iban a bordo de una camioneta pick up Nissan NP-300 blanca y luego del asalto, huyeron por la carretera.
Tras la denuncia al número de emergencias 911, solicitaron a las autoridades realizar la búsqueda y localización del vehículo. (Alejandro Guerrero / Iguala).
El director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Leonel Cota Montaño, se acomoda un sombrero elaborado en la Montaña de Guerrero que tomó de una exposición de artesanías en las oficinas de la dependencia en Chilpancingo; lo flanquean la subgerente de la Unidad Operativa Diconsa Guerrero, Mirna González Rojas, y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda Foto: Emiliano Tizapa Lucena
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Leonel Cota Montaño, afirmó que esperan comprar este año en Guerrero 50 mil toneladas de maíz que distribuirán hacia el sureste del país; hasta el momento han comprado 15 mil toneladas a un precio de 6 mil 700 pesos cada una.
Afirmó durante la firma de un convenio de colaboración entre Segalmex y el gobierno del estado, que este año abrirán nuevas tiendas Diconsa en la entidad para que al final del año haya mil 600 centros de distribución.
Ayer en declaraciones al concluir la firma con la gobernadora Evelyn Salgado del convenio de coordinación entre Segalmex y el gobierno del estado, en la Unidad Operativa de la institución federal en la colonia Burócratas, en Chilpancingo, Leonel Cota Montaño dijo que con el programa del fertilizante en Guerrero se tienen que mover 6 millones de sacos del insumo para 320 mil beneficiarios.
Destacó que el próximo 24 de enero comenzará a entregar el fertilizante en Guerrero, y detalló que para la entrega se contrató a personal del estado.
Se le preguntó cómo solucionarán la denuncias de los productores de Tierra Caliente, que señalaban que algunas bodegas de Segalmex estaban cerrados por la violencia. Respondió que abrirán “un almacén y pedirán a todos los productores que confíen, que estamos pagando bien el maíz, en tiempo se nos retrasó un poco ahora en fin de año (2022), pero ya estamos pagando, ayer cubrimos el 100 por ciento de la entrega”.
Afirmó que hasta ahora en Guerrero han comprado 15 mil toneladas aproximadamente de maíz, “queremos comprar 50 mil para de aquí distribuir al sureste del país con maíz guerrerense”, y expuso que están pagando por tonelada 6 mil 700 pesos.
Manifestó que buscan apoyar mucho la producción de maíz y frijol y que abirán “un estante en todas las tiendas de Diconsa, ya lo convenimos con la gobernadora para productos guerrerenses, café por ejemplo, se puede vender mucho café en el país, empecemos por Guerrero, empecemos por la región y si se puede ir al país”.
Se le preguntó si con los programas de precio de garantía han detectado que en la región de la Sierra de Guerrero se está dejando de sembrar amapola y se vuelva a la cosecha de maíz. Leonel Cota aseguró que “sin duda, porque se ve el incremento de la producción, que bueno que sea así, porque es la ventaja del precio de garantía qué les ha dado la oportunidad de producir y desde luego tener ingresos apropiados”.
Respecto a las auditorías a Segalmex por los desfalcos millonarios observados, comentó que “van avanzando bien, hay que decir que una buena parte de los señalamientos eran observaciones, las estamos atendiendo, estamos entregándole a la auditoría 3 millones 200 mil documentos para justificación de las compras y en el caso justificando contrasalidas o sea hubo mucho desorden en la entrega de toda la documentación justificatoria, pero nosotros recibimos almacenes que estamos nosotros distribuyendo en todas las tiendas Diconsa”.
Inaugura con Evelyn tienda
Diconsa-Liconsa en Chilpancingo; buscan tener
mil 600 en el estado
Antes, a las 12 del día, Cota Montaño junto a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, abrieron una tienda de Diconsa-Liconsa en el mercado de la colonia Del PRI, donde el funcionario federal aseguró que se beneficiarán más de 3 mil habitantes con este programa.
Sostuvo que con los programas Diconsa-Liconsa se ofrecen mejores precios que el comercio privado en los centro de venta, y afirmó que actualmente el programa de Leche Liconsa beneficia a más de 227 mil 969 familias afiladas y tiene la meta de crecer este año a más de 250 mil beneficiarios guerrerenses, y buscarán abrir más tiendas hasta alcanzar a finales del año mil 600 establecimientos en zonas rurales y localidades del estado.
Posteriormente se trasladaron a las oficinas de la Unidad Operativa Guerrero de Segalmex, ubicada en la colonia Burócratas. Ahí firmó con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, convenio de coordinación para fortalecer el programa de abasto de Diconsa-Liconsa.
Leonel Cota Montaño afirmó que el objetivo de las tiendas Diconsa-Liconsa es contener el precio en las cadenas comerciales de la iniciativa privada con bajos costo de los productos de la canasta básica, y aseguró que este año el programa del fertilizante gratuito en Guerrero beneficiará a 320 mil productores de maíz y frijol de forma directa.
Evelyn Salgado celebró la visita del funcionario federal en su gira de trabajo en el 43 Aniversario de Diconsa, y expresó que en Guerrero se garantiza la transformación alimentaria en todos y cada uno de los rincones del estado, priorizando a los más pobres y los sectores más vulnerables, garantizando la operación de las mil 600 tiendas Diconsa-Liconsa, además de abrir nuevos puntos de distribución en zonas de alta marginación en Guerrero.
A estas actividades ni el gobierno federal ni el del estado invitaron a la prensa. La gobernadora fue acompañada por la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, Yoloczin Domínguez Serna; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarru-bias Vázquez; la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Her-nández; la subgerente de la Uni-dad Operativa Diconsa Guerrero, Mirna González Rojas, y el se-cretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
