Operan en el estado 50 grupos de la delincuencia organizada, dice el fiscal

El fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez informó que son, por lo menos, 50 grupos delictivos los que operan en las diferentes regiones de la entidad y que son responsables del problema de inseguridad y violencia que priva en Guerrero.
También dijo que solicitó a representantes de la embajada de Estados Unidos que ayuden al gobierno del estado a combatir el tráfico de drogas, luego de que el cónsul Hugo Rodríguez manifestó a las autoridades locales, el miércoles en Acapulco, su preocupación por el tráfico de heroína al país norteamericano.
Del secuestro de dos estudiantes del CBTA de Corral Falso, en Ajuchitlán, explicó que se trató de un autosecuestro, en el que los jóvenes obtuvieron, al parecer, cien mil pesos de sus familiares, por lo que se procederá a su detención.
El fiscal asistió este jueves al arranque oficial del programa Escuelas al Cien, que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores en las instalaciones del el Conalep de Chilapa, municipio donde más tarde se celebró la sesión del gabinete de seguridad nacional encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Consultado antes de que iniciara el programa, el fiscal insistió en que el problema de violencia e inseguridad que priva en Tierra Caliente es producto de la disputa entre los grupos criminales que encabezan El Tequilero y El Pez.
Indicó que, así como sucede en aquella región, pasa lo mismo en Chilapa, donde la inseguridad es producto de la pugna que existe entre Los Rojos y Los Ardillos.
Informó que por lo menos son 50 grupos delictivos los que operan en las diferentes regiones del estado, pero aclaró que la mayoría son “pequeñas células” conformadas por cinco o seis delincuentes.
“Son muchos, pero evidentemente no hay un grupo grande, entonces se pelean por el control de la droga en esta zona de la Montaña baja y en Tierra Caliente, principalmente por la heroína, la goma de opio que posteriormente se convierte en heroína”.
Olea Peláez indicó que en el Grupo de Coordinación Guerrero le apostará a las labores de inteligencia para combatir a los grupos criminales y lograr la aprehensión de todos sus líderes.
Explicó que en la reunión del gobernador Héctor Astudillo con el cónsul de Estados Unidos Hugo Rodríguez el miércoles en Acapulco, el embajador les externó su preocupación por el tráfico de heroína, droga que termina en territorio estadunidense.
“Están preocupados y nosotros les dijimos ‘pues ayúdennos’. Yo soy una gente muy cristalina y les dije ‘ayúdenme, para que ustedes nos ayuden en la investigación’”.
–¿Ayuda en qué materia se pidió al gobierno de Estados Unidos? –preguntó un reportero.
–Pues en materia económica, en materia de seguridad, en materia de inteligencia, etcétera, respondió.
Indicó que la Secretaría de Gobernación entregará herramientas sofisticadas la próxima semana al área antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De la Comisión Especial para investigar las desapariciones en el municipio de Chilapa, explicó que el próximo lunes se emitirá el decreto correspondiente, es decir, ya no se presentará la iniciativa ante el Congreso local como se había planteado en un principio.
Anunció también que la próxima semana desayunará con empresarios de la capital para escuchar sus planteamientos en materia de seguridad pública.
Consultado por segunda ocasión, al concluir el acto en el Conalep, Xavier Olea dio a conocer que fue un autosecuestro el de los dos estudiantes del CBTA de Corral Falso, en Ajuchitlán del Progreso, “quisieron bajarle un dinero a su mamá”, señaló.
Explicó que los jóvenes solicitaron un rescate de 300 mil pesos, pero sólo obtuvieron cien mil pesos, por lo que se procederá a la detención de los estudiantes, y aseguró que los tres jóvenes detenidos el miércoles en una motoneta y que llevaban consigo más de 27 mil pesos eran sus cómplices.

 

No investigará a los policías discapacitados, acuerda el fiscal con ministeriales jubilados

 

Unos 40 agentes de la Policía Judicial, ahora Policía  Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE), se reunieron con el fiscal Xavier Olea Peláez y acordaron que no procederá la averiguación previa para investigar a 203 agentes discapacitados para suspenderles el pago de su salario, seguro de invalidez y antigüedad.
A las 4:30 de la tarde ex agentes de las siete regiones del estado acudieron a las instalaciones de la FGE y se reunieron con el fiscal más 2 horas.
Uno de los afectados, Rey David Cortés Flores (vinculado al ataque a normalistas el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol) informó que uno de los acuerdos fue que no se investigará a los 203 agentes ministeriales inactivos por discapacidad y que se agilizará el trámite del seguro y el de retiro.
Comentó que hay cuatro casos de sus compañeros que les llega el pago a medias, de los 6 mil 500 pesos que les corresponden, además dijo que serán apoyados por abogados de la Fiscalía para sus trámites.
Dijo que el fiscal dio un plazo a que entre el miércoles y jueves informará de los avances de sus demandas.
“Nosotros dimos nuestra vida y juventud en la policía, tenemos el derecho de que nos apoyen con licenciados y sí nos atenderá”, declaró.
Comentó que rechazaron la propuesta de que  un médico contratado por la FGE revise a los policías ministeriales incapacitados para agilizar los trámites de seguros, porque ellos cuentan con un certificado médico expedido por el ISSSTE que avala su incapacidad.
Cortés Flores expuso que el seguro de invalidez y de antigüedad corresponden a 700 mil pesos por cada agente asegurado y como coordinador de grupo la cifra es de 800 mil pesos.
“Nosotros somos la mayoría de la entonces Policía Judicial que ahora se llama Policía Ministerial, los compañeros fueron lesionados en combate y en servicio, en accidentes en las patrullas y nos encontramos incapacitados”, indicó.
Recordó que el fiscal general, Xavier Olea Peláez integró una averiguación en contra de los incapacitados, “un comandante de la ministerial enviaba una averiguación previa a nuestras casas para ver en qué condiciones estábamos, si podíamos caminar o no, y si teníamos otro trabajo para quitarnos nuestros derechos que como trabajador nos corresponden”.
El ex policía ministerial Rey David Cortés fue implicado en el asesinato de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, ocurridos en la Autopista del Sol en Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011 mientras protestaban.
El pasado viernes los ex policías ministeriales denunciaron que el fiscal giró una orden para que se investigue a más de 200 de ellos que están incapacitados.

“Bateó” Leyva Mena las cinco propuestas de seguridad de la Coparmex, dice su presidente

 

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, Adrián Alarcón Ríos indicó que luego de reunirse con el alcalde Marco Antonio Leyva Mena, él “bateó” las cinco propuestas de los empresarios relacionados con la seguridad.
Las propuestas son la instalación de un sistema de video vigilancia en Chilpancingo y que se les den los números telefónicos de los comandantes de la Policía Municipal.
El 28 de noviembre de 2015, durante la toma de protesta del presidente de la Coparmex en Chilpancingo, Alarcón Ríos denunció que por la violencia y extorsión 35 familias huyeron a otros estados, por lo que solicitó al gobernador Héctor Astudillo Flores mayor seguridad al sector empresarial.
La reunión privada fue a las 8:30 de la noche en las oficinas centrales del Ayuntamiento y culminó tres horas después, se reunieron el alcalde, el secretario de Seguridad Pública municipal Esteban Espinosa Montoya, el secretario general del Ayuntamiento Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio municipal Manuel Humberto Peraza Gil y representantes de la Coparmex.
Dijo que plantearon cinco puntos como colocar un sistema de video vigilancia en los cuatro accesos principales de Chilpancingo, conocer el directorio telefónico de los comandantes de la Policía Municipal, invertir en la proveeduría y construcción para reactivar la economía de la ciudad, invertir en la prevención del delito y coordinarse en el programa Vecino Vigilante.
Sin embargo, precisó que de los cinco puntos planteados, acordaron únicamente impulsar el programa Vecino Vigilante y serán colocadas alarmas en los comercios formales y en domicilios de los socios del organismo, “nosotros invertiremos 50 por ciento del costo y ellos el otro 50 por ciento”, dijo.
Lamentó que sobre la instalación de cámaras de vigilancia, el alcalde dio respuestas “claroscuras” y “bateó” la propuesta de los empresarios, “nos indicó que es una situación difícil y hay muchos escollos para llevarlo a cabo”, subrayó.
Dijo que la instalación de cámaras en zonas estratégicas de la ciudad, como los cuatro accesos principales, la delincuencia se reduciría notablemente, “no hay ciencia para saber que Chilpancingo cuenta con pocos accesos y serían de gran ayuda las cámaras para atrapar a los delincuentes, sin embargo el alcalde no resolvió nada y dejó todo pendiente”.
Asimismo, indicó que el organismo empresarial exigió el esclarecimiento del recurso anual destinado al área de prevención del delito, pues desconocen en qué fueron invertidos los 23 millones de pesos para el ejercicio de 2014 y los 20 millones del año pasado.
Agregó que ante la falta de respuestas del alcalde Leyva Mena sobre los temas de seguridad abordados, tendrá una nueva reunión con el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez el próximo fin de semana, “es decepcionante las respuestas que ofreció el alcalde, perdimos el tiempo con él”, subrayó.

Urgen familiares al gobierno estatal a crear la comisión sobre los desaparecidos en Chilapa

La organización civil Siempre Vivos urgió al gobierno del estado la creación y el inicio de operaciones de la comisión especial para investigar los casos de sus familiares desaparecidos en Chilapa.
Informó que, a ocho meses de que se organizaron no tienen información de 57 casos registrados entre 2014 y 2015.
Asimismo, integrantes de la organización exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, implementar un operativo de búsqueda en esta región similar al de Tierra Caliente para localizar a los vecinos de Arcelia y Ajuchitlán secuestrados y levantados la semana pasada.
Ayer, el grupo de familiares que desde mayo de 2015 inició la búsqueda de sus parientes y el registro de otros casos, informó que tras una evaluación, siguen como iniciaron, en la incertidumbre, sin que las autoridades ministeriales del estado y la federación les hayan informado algún avance en las investigaciones.
La organización tiene documentados los casos de 57 vecinos  de la cabecera municipal de Chilapa desaparecidos des

de abril de 2014; el último es del 25 de noviembre de 2015.
Sus registros con denuncia ministerial indican que 16 casos ocurrieron del 9 al 14 de mayo, cuando unos 300 habitantes, comisarios y civiles armados de localidades del sur del municipio tomaron el control de las calles de Chilapa en busca de líderes de la delincuencia. De estos, 14 fueron denunciados ante el Ministerio Público federal.
Los integrantes de Siempre Vivos demandaron al gobernador Héctor Astudillo un operativo como el que implementaron en La Tierra Caliente con 500 policías, ahora para dar con sus familiares en Chilapa.
Recordaron que hicieron esa petición desde mayo al entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez y al comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.
Asimismo, dijeron desconocer cuál es el avance de la creación de la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa que anunciaron el mandatario estatal, Héctor Astudillo, y el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez. Mientras no se instale, indicaron, no hay certeza de que estén investigando.

“Seguimos exigiendo, como desde el primer momento, la búsqueda y localización de los desaparecidos y que empiece a operar la comisión especial”, insistieron. Dijeron que tampoco tienen fecha para reunirse con el fiscal estatal.
Al término de una evaluación de resultados a ocho meses de búsqueda, los familiares concluyeron que están igual que como iniciaron, con nada.
“No hay información ni buena ni mala, no hemos sabido nada por parte de las autoridades. Los 57 casos están en ceros”, lamentaron.
A ocho meses, agregaron, no hay ni un solo familiar localizado, ni siquiera alguno de los vehículos en los que viajaban al momento de ser llevados por la fuerza.
En cuanto a la atención a las familias de las víctimas, informaron que han recibido 30 becas alimentarias de 2 mil pesos mensuales de los gobiernos municipal y estatal.
Además, dijeron, de la ayuda alimentaria

para otras familias, de mil a mil 500 pesos, de la Secretaria de Gobernación; mientras que representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), según familiares de las víctimas, tienen más de un mes que no se han presentado y no han aportado los gastos de transporte.
La organización Siempre Vivos ya sufrió el asesinato de uno de sus activistas. Apenas el 22 de diciembre, Bernardo Carreto González, padre de tres hijos desaparecidos y hermano del ex director de la Policía de Chilapa, fue asesinado cuando regresaba a su comunidad, Ahuihuiyuco.

Se investigará a ministeriales para determinar si tienen vínculos con la delincuencia organizada, anuncia el fiscal

 

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez informó que aplicará un mecanismo de investigación para localizar a policías ministeriales que están vinculados con el crimen organizado, y que mejorará la impartición de justicia en el estado.
Consultado al término del Foro de Seguridad Pública, Protección Civil e Impartición de Justicia, del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, en Casa Guerrero, Olea Peláez dijo, “casi estoy seguro que hay infiltrados en la corporación, al igual que en otras corporaciones, pero se va a investigar para detectar si algunos policías están involucrados con la delincuencia”.
Se le preguntó cuántos policías ministeriales están involucrados con el crimen organizado, a lo que Olea Peláez respondió que aún no tiene esa información, y agregó que investigará a la corporación, aunque no dio más detalle.
En su artículo ¿Y la Policía Ministerial? publicado ayer en El Sur, Tomas Tenorio Galindo recuerda que el fiscal dijo el sábado que los secuestros colectivos ocurridos la semana pasada en Arcelia y Ajuchitlán fueron facilitados por la infiltración de la delincuencia en las policías municipales, y atribuyó esas acciones criminales a El Tequilero, a quien identificó precisamente como un ex policía municipal de la región. Dijo además, “yo tampoco puedo negar que tal vez en mi Policía Ministerial existan infiltrados”.
Por otro lado, sobre los ex policías ministeriales que denunciaron que el fiscal general del estado giró una orden para que se investigue a más de 200 de ellos que están incapacitados, Olea Peláez dijo que no se les pretende quitar el seguro y la pensión, “es falso, no se han acercado a mí, y mis oficinas son de puertas abiertas; es más, al contrario, se está promoviendo que el seguro de vida de los policías sea más alto”, declaró.

Reconoce el fiscal que el Ministerio Público es un símbolo de corrupción; habrá cambios, anuncia

En un comunicado de prensa, el arzobispo de la Arquidiócesis de Acapulco, Carlos Garfias Merlos urgió a las autoridades a que cumplan su tarea de investigar y dar resultados concretos, para que la sociedad recupere la credibilidad en las instituciones.
El fiscal general dijo que la Fiscalía debe tener un vínculo con la sociedad y agregó que, “deben de ser más exigentes los fiscales y los encargados de los ministerios público para ser mas eficiente para atender las demandas de la ciudadanía”.
Reconoció que el Ministerio Público de la dependencia es un símbolo de corrupción y anunció que habrá cambios para que la ciudadanía confíe en la dependencia y en los ministeriales, esto luego de que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Adrián Alarcón Ríos recalcó que sus agremiados no presentarán denuncias hasta que el Ministerio Público sea confiable.

Liberan a cuatro de los cinco maestros secuestrados en Ajuchitlán; el director murió, trasciende

Este viernes por la tarde aparecieron en la comunidad de San Francisco, municipio de San Miguel Totolapan, cuatro de los cinco profesores secuestrados el lunes en su escuela en Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, y se anunció que el director de la secundaria 114, Joaquin Real Toledo, murió desde el primer día tras complicaciones de su salud.
Cerca de las 4 de la tarde, ingresó un grupo de agentes antisecuestros de la Fiscalía General del Estado entró al pueblo, donde a las afueras hallaron a los cuatro profesores liberados y los trasladaron en una patrulla a la Agencia del Ministerio Público de Arcelia para tomarles su declaración ministerial.
Se trata de la maestra Guadalupe Olea Juárez, y de sus colegas José María Torres Suástegui, Martín Blancas Luciano y Javier Calderón Olea.
La versión oficial indica que fueron liberados mediante una acción policiaca en la que no hubo disparos ni detenidos. Además se reportó que los maestros dijeron que el director de la escuela, Joaquín Real Toledo, falleció el primer día del secuestro. “Los llevaban caminando por el cerro y el maestro al parecer sufría de diabetes y recientemente tuvo chikungunya, y de pronto, los demás maestros lo dejaron de ver, pues se complicó su salud, y al parecer los secuestradores lo dejaron en el camino”, expresó un policía al fiscal Xavier Olea Peláez, que llegó al MP de Arcelia la tarde de ayer.
Pero el cuerpo no fue localizado y se espera que este sábado reinicie su búsqueda en la zona donde se presume que los retuvieron.
El pasado lunes, personas con armas largas ingresaron a la Secundaria Técnica 114, de la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, y se llevaron a cuatro maestros y al director del plantel. Desde entonces, los plagiarios tuvieron contacto con los familiares, a quienes les pedían primero desde 500 mil pesos por cada uno, y después aumentaron la cifra hasta 3 millones por maestro.
El fiscal Olea Peláez llegó al lugar acompañado de reporteros de diversos medios de comunicación, justo cuando salía el convoy de patrullas con los liberados, provenientes del municipio de San Miguel Totolapan, a los que encontró en Poliutla, donde la carretera entronca con la federal Arcelia-Altamirano.
Ahí el funcionario confirmó que la Policía Ministerial comenzará a buscar el cuerpo, “los maestros me dicen que probablemente estaba enfermo y murió; los vamos a llevar a que declaren y descansen”.
También dijo que los responsables, tanto del levantón de 21 vecinos de Arcelia, como de los cinco maestros de Ajuchitlán, son de la “banda de El Tequilero”, que es una célula de Guerrero Unidos que opera en San Miguel Totolapan, donde está su base, y en municipios vecinos a ambos lados del río Balsas. Olea aseguró que aun cuando los dos casos ocurrieron en los mismos días, “estos estaban en otro lado, nunca vieron a los otros 21 (de Arcelia)”.
El fiscal dijo de esta acción que, “todo es a través de inteligencia, todo es a través de la presión que ejercimos, la Policía Ministerial, la Federal, el Ejército, los tres órdenes de gobierno estuvimos en esto, fue por la presión que finalmente logramos rescatar a estas personas”, y puntualizó que no hubo “ningún disparo; (de) nosotros no hay ningún pago hasta este momento”.
Después se llevaron a los maestros al Ministerio Público a declarar y fueron entregados a sus familiares.

“Se pagó por todos”

En las instalaciones del Ministerio Público, mientras esperaban a que salieran los cuatro profesores, los familiares desmintieron la versión del fiscal de que no se había pagado el rescate por la entrega de los secuestrados.
Primero, una señora que pidió no revelar su nombre y que dijo ser familiar de la maestra Guadalupe Olea Juárez, expresó: “Quiero informar que están dando falsas declaraciones, que sí se pagó rescate, hoy es viernes 15 (de enero), se llevó a las 8 de la mañana, señores; eso es verdad, no sé porqué están publicando eso, se pagó por todos, gracias por todo el apoyo, señores, que nos dieron”.
Aun cuando no quisieron decir la cantidad, se informó que fue un monto menor al que estaban pidiendo sus captores.
La versión fue respaldada por familiares del profesor Joaquín Real Toledo, quienes confirmaron que este viernes por la mañana se juntaron todos los parientes de los maestros y pagaron el rescate de los cinco, aun cuando no se conocía que ya había muerto el director.
Tampoco se informó del lugar donde se hizo el pago, pero fue en el municipio de San Miguel Totolapan, trascendió.
La comunidad de San Francisco, donde fueron ubicados los cuatro profesores, se ubica a 20 kilómetros de Santana del Águila, donde fueron secuestrados, y a 13 kilómetros de la cabecera municipal San Miguel Totolapan. Es la ruta para llegar de una ciudad a otra, pasando por el puente del río Balsas.
San Francisco está a la orilla del río Balsas y es una comunidad de menos de 300 habitantes.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del estado, el hallazgo fue “derivado de un operativo conjunto entre el Gobierno del Estado, que encabeza Héctor Astudillo Flores, y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Policía Federal (PF), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM)”.
Asimismo, indica que, “Los cuatro agraviados fueron ubicados en conjunto con agentes de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Combate al Delito de Secuestro (FEICS) por lo cual se inició la averiguación previa FECS/003/2016 por el delito de privación de la libertad personal y lo que resulte”.

Joaquín Real Toledo, el director que restructuró escuelas

Varios políticos, y ex alumnos del maestro Joaquín Real Toledo expresaron a la familia sus condolencias al conocer la versión de su muerte, pues había sido profesor en varios municipios donde logró restructuras las instituciones a las que llegó.
Era profesor de matemáticas en la secundaria de Ciudad Altamirano y de ahí fue director fundador de la secundaria técnica de Tamácuaro, municipio de Cutzamala.
Fue también director en la secundaria de Las Juntas de Chacámero, municipio de Pungarabato, donde construyó aulas y reestructuró el plantel.
Llegó en uno de los peores momentos de la secundaria de Altamirano, y logró premios nacionales con sus estudiantes. Recientemente aceptó la dirección en Santana del Águila, casi al iniciar el ciclo escolar.
Era originario de Villa Madero, municipio de Tlalchapa. En varios municipios fue reconocido porque lo invitaban como maestro de ceremonias de actos políticos y desfiles. En Altamirano, condujo todos los desfiles de la administración anterior, hasta el del 16 de septiembre de 2015, cuando anunció que dejaría de ser director en Altamirano para irse a la Secundaria Técnica 114, de Santana del Águila.

Podrían tener juntos a 16 levantados de Arcelia y cinco maestros de Ajuchitlán, dice el fiscal

 

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, informó que las 16 personas levantadas el sábado en la comunidad de El Salitre, municipio de Arcelia, podrían estar con los cinco maestros secuestrados el lunes en la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán.
Entrevistado por la periodista Denisse Maerker, en su programa de Radio Fórmula, Olea Peláez dijo que hay indicios de que los casos estén relacionados y sea el mismo grupo el que privó de la libertad a esas 21 personas.
La tarde del sábado, 17 personas fueron levantadas por unos 50 hombres armados cuando iban a una boda a la comunidad de La Palma, municipio de Arcelia; luego hallaron los cuerpos de tres de ellas muertas, y el martes fue hallado el cuerpo de otro de los levantados.
El lunes, poco después del medio día unos 30 sicarios ingresaron a la Secundaria Técnica 114, ubicada en Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, y se llevaron a cinco maestros.
El fiscal explicó que el grupo delictivo que mantiene retenidas a las 21 personas, “es una escisión de La Familia Michoacana, y otro grupo que opera en Tierra Caliente”, pero se negó a identificarlo porque dijo que mantienen sigilo en la investigación.
Agregó que su hipótesis, en el caso de las 16 personas levantadas el sábado, debido a que la mayoría son hombres jóvenes, es que el grupo delictivo los retuvo para “reclutarlos” y ponerlos a su servicio.
Sobre los cinco maestros de Ajuchitlán, el móvil que presume el fiscal, ante la petición “exorbitante” de 3 millones de pesos como rescate por cada uno, es que ese grupo delictivo busca dinero para “financiar la compra y el trasiego de droga a Estados Unidos”.
Añadió que la particularidad es que ese grupo delictivo realizó el secuestro masivo porque trata de “hacer las cosas de una manera diversa a como lo venían haciendo”.

“Ojalá Dios nos ayude en encontrarlos con vida, y sanos y salvos”, expresa el funcionario

Olea Peláez reveló a Denisse Maerker que las operaciones de búsqueda del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Ministerial en Arcelia les indican que están próximos a localizar a las víctimas y regresarlas a sus casas, “creo que estamos muy cerca”, dijo, y los maestros junto con los vecinos que iban la boda “en principio están juntos” y todos con vida, porque ambas acciones ocurrieron en la misma zona donde opera esa banda que se negó a identificar.
“Estamos en investigaciones y operativos en el área superior de Arcelia, nosotros creemos que estas personas están ubicadas en un determinado lugar, y junto con el Ejército, la Marina, la Gendarmería, la Policía Federal y Policía Ministerial, que depende de mí, estamos muy cercanos, ojalá y sea mi voz de profeta para localizarlos y regresarlos a sus hogares”, dijo.
El fiscal insistió en que debe manejar con sigilo la investigación, en el caso de las 16 personas que fueron levantadas el sábado; dijo que también pudiera haber la petición de dinero para liberar a los retenidos, o bien fue para reclutarlos y ponerlos al servicio de esa banda delictiva.
Agregó que lo que saben es que el grupo delictivo que opera en esa zona de Tierra Caliente se dedica a levantar gente.
Hasta ayer no había ningún detenido por ninguno de los dos casos, precisó el fiscal.
Xavier Olea dijo que el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero tiene comunicación con él para saber el desarrollo de las operaciones de búsqueda de los maestros.
“El gobernador ha dado instrucciones al fiscal general para que todo esto se lleve a cabo con prontitud, y señalar que estos lugares (Arcelia y Ajuchitlan) están muy lejanos a la costa de Guerrero que es la zona turística”, dijo Olea Peláez.
Por la noche, vía telefónica Olea Peláez dijo que las operaciones de búsqueda de los 21 desaparecidos marchaban “muy bien” y las corporaciones policiacas avanzaban, “con pies de plomo”, en la zona para localizar a las víctimas.
“Estimo, ojalá Dios nos ayude en encontrarlos con vida, y sanos y salvos”, rogó el fiscal, y repitió que no podía revelar el nombre del grupo delictivo que se llevó a ese numeroso grupo de personas porque debe mantener la investigación en sigilo.
Sobre el pago de los rescates de los maestros secuestrados, Olea Peláez dijo que esa cantidad (15 millones de pesos) no los tienen los familiares, al preguntarle si el gobierno federal o estatal ayudaría al pago del rescate respondió que no, “el gobierno federal no tiene que pagar a delincuentes y tampoco el gobierno del estado, estamos viendo las cosas con pies de plomo”, explicó.
Indicó que la Fiscalía mantiene una sola investigación por el caso de los 16 levantados en Arcelia y el de los cinco maestros secuestrados en Ajuchitlán.

Hay indicios de quiénes levantaron a los 17 ciudadanos en Arcelia el sábado, dice Olea Peláez

 

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez informó que hay indicios de quiénes fueron los que levantaron a 17 ciudadanos en el municipio de Arcelia el 8 de enero, pero que, por seguridad, no podía revelar más datos; sin embargo, aclaró que aún no hay detenidos ni han localizado a las personas privadas de su libertad.
Ayer en Acapulco, tras la firma del Acuerdo Guerrero incluyente y próspero, que encabezaron el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Héctor Astudillo Flores, el fiscal confirmó el secuestro de cuatro maestros y el director de la Secundaria Técnica 114 de la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán.
“Tenemos indicios, no se los puedo revelar por razones de seguridad, pero hay indicios de quiénes fueron, y estamos en un operativo conjunto entre todas las fuerzas federales y estatales para detener a las gentes que levantaron a estas personas, o más bien que están privadas de su libertad”, dijo el fiscal.
Agregó que la operación de búsqueda que se implementó con marinos, soldados y policías federales, continúa; “estamos cerca de agarrar a estas personas, y ojalá podamos recuperar a los amigos que fueron secuestrados”, aunque aclaró que aún o hay detenciones, ni tampoco se ha encontrado a las 17 personas que fueron levantadas.
El fiscal general declaró que no han sabido si se ha pedido rescate a los familiares de las 17 personas privadas de su libertad, dijo que “evidentemente” en esos hechos se encuentra involucrado el crimen organizado, al cual, aseguró, este gobierno combatirá con inteligencia, y que la Fiscalía creo la Coordinación General de Inteligencia, para “poder avanzar en las cosas, y estamos trabajando muy duro”.
“Los familiares tienen razón, pero nosotros, dentro de la medida de nuestras posibilidades estamos haciendo lo que debemos; yo mandé un equipo de 60 policías ministeriales y al coordinador de la Policía Ministerial a entrarle a toda la investigación, y tengo información de que ahí van”, dijo sobre la marcha de familiares que piden su presentación con vida.
De lo ocurrido en Ajuchitlán, donde hombres armados irrumpieron y se llevaron a cuatro maestros y al director de la Secundaria Técnica 114, de la comunidad de Santana del Águila dijo, “efectivamente, inclusive hay unos Olea”, y bromeo, “deben ser mis parientes, porque son de Tierra Caliente, estamos investigando todo, absolutamente todo”.
Aunque después justificó que no podían cumplir con todo a la ciudadanía, “porque no tengo los suficientes recursos, por eso estoy haciendo el mayor de mis esfuerzos para lograr en los guerrerenses el orden y la paz”.
También aseguró que hay coordinación entre el gobierno federal y el estatal, pero, “no es tan fácil llegar a un punto de resolución, vamos avanzando conjuntamente con el grupo de Coordinación Guerrero”, dijo que no eran tan fáciles las circunstancias.
Aceptó que no se había visto levantones masivos como el de Arcelia y el de maestros en Ajuchitlán, “siempre hay algo nuevo y hay problemas, en el estado hay problemas, pero el gobernador me ha instruido, y hacemos lo más humanamente posible”.
“Sé que no son nuevos los focos rojos, lo que sí les digo es que va a la baja, afortunadamente, no porque yo sea el fiscal, sino porque se está haciendo un gran esfuerzo con las autoridades federales y estatales” puntualizó.

Se planta el FDP en Palacio de Gobierno; pide que comunitarios liberen a cinco retenidos en Chilapa

Integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) que encabeza Clemencia Guevara Tejedor, quienes exigen la liberación de cinco detenidos por policías comunitarios de Rincón de Chautla, en Chilapa, se plantaron de manera indefinida en las escalinatas de Palacio de Gobierno, después de que no fueron atendidos por autoridades estatales.
Además la dirigente dijo que acudieron a Palacio de Gobierno para pedir a las autoridades que resuelvan el problema de inseguridad que tienen en sus comunidades, la construcción de carreteras, de hospitales, la apertura de nuevas escuelas y proyectos productivos, entre otras demandas, para las comunidades de la Costa Grande, Chilapa, Mártir de Cuilapan y Carrizalillo.
A las 9:30 de la mañana, unos 70 inconformes acudieron a Palacio de Gobierno para protestar, sin impedir la entrada al edificio; en el lugar se consultó a la coordinadora estatal del FDP, Clemencia Guevara Tejedor, que dijo que asistieron a Palacio de Gobierno para tratar con las autoridades el problema de seguridad en sus comunidades.
Expresó que también acudieron para exigir la liberación de sus cinco compañeros que están retenidos en Rincón de Chautla, Chilapa, por la Policía Comunitaria.
El 26 de noviembre de 2015, la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, Chilapa, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), detuvo a cinco sospechosos, entre ellos al comisario, como probables responsables del ataque armado a una Urvan en el que fueron asesinados uno de sus consejeros y tres mujeres.
Los detenidas son el comisario Alfonso Orgín Castro, Apolinar Calvarillo Tlatempa, Francisco Hernández Tepetate, Eladio Díaz Calvario y Claudio Diego Cortes.
Guevara Tejedor explicó que los familiares de los detenidos se reunieron con el nuevo fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, pero el día de la reunión acudió el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano Arriaga, “amenazó a las familias y les dijo que su problema se iba a resolver, porque al otro día saldrían libre sus familiares; pero hasta hoy (lunes) no han sido liberados”, indicó Clemencia Guevara.
Por otro lado, la dirigente de la FDP informó que exigen a las autoridades que se resuelvan también las demandas que tienen los pueblos de las comunidades de la Costa Grande, Chilapa, Mártir de Cuilapan y Carrizalillo, tales como carreteras, hospitales, nuevas escuelas y proyectos productivos, entre otros.
Guevara Tejedor expresó que al FDP le preocupa la seguridad, “hay cosas que no podemos decirlas abiertamente, porque podemos ser asesinados, hemos sido hostigados por parte de la delincuencia, por eso es urgente que se resuelva el problema de inseguridad”, indicó.
Agregó que en varias ocasiones han sido víctimas de la delincuencia organizada, principalmente en comunidades de Carrizalillo, Chilapa y Mártir de Cuilapan.
Dijo que los integrantes del FDP han sido desaparecidos, como ocurrió con Manuel Alejandro Gallegos Valles, de quien desde 2010 se desconoce su paradero, y lo que pasó en Carrizalillo cuando grupos delincuenciales no les dejaron salir de sus casas.
Los integrantes del FDP pidieron que el gobernador atienda sus peticiones, que hagan mesas de trabajo para que las obras se realicen. Guevara Tejedor aseguró que desde que entró el gobernador priista, Héctor Astudillo Flores, no se han reunido.
La dirigente informó que acudió con una comisión de integrantes del frente a Casa Guerrero, donde se encontraba Héctor Astudillo Flores, para exigir solución a las demandas, sin embargo fueron atendidos por el asesor y operador político del gobernador, César Flores Maldonado, quien les dijo que lo esperaran una hora para que los atendieran.
A las 8 de la noche los integrantes del FDP continuaban esperando a que los recibiera Flores Maldonado o alguna otra autoridad, sin embargo no fueron atendidos, por lo que la dirigente aseguró que instalarían casas de campaña en las escalinatas de Palacio de Gobierno, donde se plantarán indefinidamente.

Incendian hombres armados otras cinco Urvan del transporte público en la capital

Hombres armados quemaron cuatro Urvan en la colonia Servidor Agrario y el fraccionamiento 21 de Marzo en Chilpancingo. Asimismo, por la noche se reportó otra Urvan quemada en la colonia Morelos que no fue confirmada.
Fuentes policiacas informaron que a las 5:30 de la tarde recibieron una llamada anónima para avisar que en la barranca del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), al lado del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS) había una camioneta incendiada.
Según testigos, los desconocidos le prendieron fuego a la Urvan que llegó hasta la barranca desde la entrada de la calle.
Un policía municipal informó que hombres armados despojaron de la camioneta de la ruta de la colonia PRI, número económico 273, al chofer y se la llevaron a la colonia Servidor Agrario para quemarla.
La camioneta sin placas de circulación quedó quemada cerca de la barranca, ahí fue detenido el propietario de la Urvan por policías ministeriales para llevarlo a declarar sobre los hechos.
Por otro lado, a las 6:30 de la tarde se reportó el incendio de tres Urvan de la ruta Tomatal- Cooperativa-Mercado en la calle Oaxaca, del fraccionamiento 21 de Marzo, en la capital.
Según testigos, civiles armados llegaron a la base de las Urvan, ubicado en la colonia Tomatal, y despojaron de sus camionetas a tres choferes, para después quemarlas.
Las tres Urvan con numero económico 364, 274 y 272 quedaron formadas en la calle y sólo una sufrió daño parcial.
Se supo que policías ministeriales detuvieron a tres hombres que luego trasladaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para rendir su declaración por los hechos.
A la calle Oaxaca acudieron bomberos del municipio y de Protección Civil estatal, quienes sofocaron el incendio.
Policías municipales, estatales y ministeriales acordonaron la zona, y peritos de la FGE realizaron las diligencias correspondientes.

Semana de violencia contra
choferes

La mañana del sábado, desconocidos prendieron fuego a tres Urvan del servicio público de transporte, una en la colonia Plan de Ayala, otra en Jardines del Sur y una más en el fraccionamiento Jacarandas, cerca de Casa Guerrero.
En el tradicional Paseo del Pendón, el domingo, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que ya se investiga el caso de las tres camionetas del transporte público que fueron incendiados en diferentes momentos y lugares de la capital por presuntos integrantes de algún grupo del crimen organizado.
Asimismo, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez dijo que, el responsable del incendio de tres camionetas Urvan del transporte público de Chilpancingo el sábado, “es el crimen organizado, también por las concesiones, pero es el crimen organizado”.
La mañana del miércoles, el alcalde priista de Chilpancingo, Marco Leyva Mena dio a conocer que ha sido amenazado por el crimen organizado para “seguir sus lineamientos”.