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Identifican forenses argentinos seis cuerpos de desaparecidos; familiares toman CEAV por ayuda

 

Los restos humanos de seis asesinados que están en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo desde hace tres años, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), como parte de las pruebas a familiares de 34 desaparecidos de los municipios de Chilapa, Zitlala y Atlixtac en marzo y septiembre del año pasado.
Mientras tanto familiares de los seis identificados tomaron la tarde de ayer las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del estado, con la demanda de apoyo económico del organismo para pagar los gastos funerarios.
El presidente del organismo, Luis Camacho Mancilla, solamente les ofrecía el pago del ataúd, los gastos del traslado y el embalsamiento en caso de que fuera necesario, pero le exigieron el pago de los gastos funerarios, “porque en nuestros pueblos es costumbre velar a nuestros difuntos”, dijo un familiar de una de las víctimas.
Cinco de los restos que fueron identificados fueron hallados en las seis fosas encontradas en el paraje El Huizache, en Chilapa, el 5 de enero del 2015. En seis bolsas había 10 cuerpos completos y 11 cabezas.
En conferencia de prensa los familiares de las víctimas identificadas no proporcionaron detalles de sus familiares que se encontraban desaparecidos, pero reprocharon la falta de voluntad, capacidad y sensibilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues tuvieron que transcurrir tres años para identificar a sus familiares cuyos cuerpos se encontraban en el Semefo de Chilpancingo.
Se quejaron de que tuvieron que recurrir al EAAF para que tomara las muestras tanto de los familiares como de los cuerpos para que se cotejara y fueran identificados, debido a que la FGE no había hecho ese trabajo que le corresponde.
Los familiares fueron acompañados en la conferencia de prensa por el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, el director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Díaz Taboada, el presidente del colectivo Los Otros Buscadores, Buscando Vida entre los Muertos de Huitzuco, Mario Vergara y la presidenta del colectivo de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso.

No hay ninguna investigación para dar con los responsables

Olivares Hernández informó que la FGE aprovechó los días que el EAAF tomó muestras para hacer las suyas, porque no había hecho ese peritaje a pesar de que los cadáveres estaban desde el 2015.
En un boletín de prensa el centro Morelos destacó que los seis cadáveres fueron identificados después de un peritaje independiente de identificación genética realizado por el EAAF, “es así que seis familias recibirán los restos de sus desaparecidos con mayor certeza y confianza después de sortear varios obstáculos de la FGE, que atrasó el trabajo de los peritos independientes”.
Informó que las familias que identificaron a sus desaparecidos entre los cuerpos almacenados en el Semefo, son indígenas de los municipios de Chilapa, Zitlala y Atlixtac.
“La FGE obtuvo las muestras de sangre de las familias hasta cuando el EAAF comenzó en marzo de 2017 la primera etapa de los trabajos de identificación, con la toma de muestras de sangre a las familias que solicitaron el peritaje independiente a través del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón”, explicó el organismo.
Precisó que cinco de los restos analizados se ubicaron dentro de las seis fosas encontradas en el paraje denominado El Huizache en el municipio de Chilapa el 5 de enero del 2015, mismas que contenían 10 cuerpos completos y 11 cabezas.
Reclamó que desde entonces la Fiscalía no había hecho la confronta de los perfiles genéticos de las familias que denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), “es decir, mientras FGE tomó las muestras genéticas de los cuerpos completos, la PGR obtuvo las de las cabezas y el de los familiares sin que entre las dos instancias realizaran una confronta de información para descartar algún parentesco”.
Además denunció que tampoco se ha realizado ninguna investigación para dar con los responsables, y que las carpetas de investigación o averiguaciones previas sólo contienen las declaraciones de los familiares que presentaron la denuncia y los oficios que se giraron a las diferentes instituciones públicas de salud, y cárceles preguntando si en esos lugares podría estar el desaparecido, así como la respuesta que dieron, “fuera de eso no hay otra diligencia que se haya realizado”.
Denunció que para las familias de desaparecidos que se han organizado en diferentes colectivos, para el Centro Morelos y el Ccti es preocupante que la falta de eficacia e interés para la integración de un banco de perfiles genéticos de los restos que se encuentran en el Semefo, “cause el sufrimiento a las familias que durante años buscan dar con el paradero de sus desaparecidos, permaneciendo en la zozobra y que posteriormente todo ese dolor se traduzca en secuelas que afecta la salud de todos los integrantes de la familia”.

El gobierno no muestra ninguna voluntad para garantizar verdad, justicia, reparación del daño…

Añadió que, por otro lado, el gobierno del estado no muestra ninguna voluntad política para garantizar verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición al seguir imponiendo a través del Congreso del Estado a los titulares de instancias como la FGE, Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, y al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de personas.
El Centro Morelos informó que después de la identificación de los seis cuerpos la CEAV ofreció como apoyo a los familiares el ataúd y el traslado de los restos, “lo cual significa que la mayoría tendrá que endeudarse para cubrir los gastos que se van a generar al realizar los rituales fúnebres de acuerdo a sus usos y costumbres”.
Añadió que los limitados apoyos contravienen lo que dispone la fracción 16 del Artículo 60 de la Ley General de Atención a Víctimas, que establece que es una obligación de los funcionarios públicos cubrir los gastos de inhumación de acuerdo a la cultura de las víctimas, con flexibilidad en la comprobación, principalmente para las familias de los pueblos indígenas.
Los familiares de las víctimas, así como los integrantes de los colectivos de Chilpancingo, Huitzuco, Acapulco e Iguala se trasladaron después de la conferencia de prensa a las instalaciones de la CEAV y las tomaron desde las 2 de la tarde, en protesta por lo que llamaron “insensibilidad” del presidente Luis Camacho quien solamente ofrecía a los familiares de las víctimas el pago del ataúd, el traslado del cuerpo y el embalsamiento de ser necesario.
Los familiares exigieron al presidente del organismo apoyo para “los rituales fúnebres de acuerdo a sus usos y costumbres”, la velación de los cuerpos que implica la compra de flores, veladoras, música y comida para los acompañantes a los funerales.
El funcionario argumentó que es lo que está establecido en la ley, lo que se puede comprobar, pues les dijo que los recursos del organismo son fiscalizados y que no puede autorizar gastos que no se puedan comprobar, sin embargo tras la protesta Camacho Mancilla ofreció 3 mil pesos adicionales para este tipo de gastos, pero los familiares los rechazaron.
La señora Reyna Hernández, familiar de una de las víctimas, visiblemente alterada reprochó, “estamos hasta la madre, si no tuviésemos desaparecidos no estaríamos perdiendo el tiempo aquí”.
Le dijo al funcionario que ella se tuvo que ir a Sinaloa a trabajar porque la CEAV no la apoya, “y a veces a mis hijos no los mando a la escuela porque no tengo dinero.
Los familiares de las víctimas e integrantes de los colectivos cerraron la puerta del organismo desde las 2 de la tarde y mantuvieron en su interior al personal hasta las 6 y media mientras dialogaban, a veces de manera ríspida, con Camacho Mancilla.
Finalmente el presidente de la CEAV se comprometió a entregar a las seis familias un cheque de 3 mil 500 para los gastos funerarios, a condición de que firmen un documento para que el organismo pueda comprobar estos gastos.
Acordaron volver a reunirse el jueves de la próxima semana para continuar dialogando con respecto a otras demandas de las víctimas.

 

Demandan atención médica familiares de víctimas de la violencia en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa y Zitlala

 

Familiares de víctimas de la violencia de los municipios de Chilapa y Zitlala que representa el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y de los colectivos de Chilpancingo y Acapulco reclamaron este martes en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud atención médica plena como lo establece la Ley General de Víctimas.
La mayoría de los familiares llegaron desde de Zitlala y Chilapa, se trata de indígenas nahuas que tienen parientes desaparecidos o asesinados, a quienes por el problema que viven se les han complicado padecimientos, sobre todo de diabetes, hipertensión, enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel.
Los más de 20 ciudadanos fueron acompañados por el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández, el representante del Colectivo de Víctimas de Acapulco Ciro Fuentes Urióstegui, del Colectivo Chilpancingo Lamberto Castro de la Cruz y la representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Olivia Cortez Cerón.
Olivares Hernández informó que a raíz de la reunión del 7 de marzo con el gobernador Héctor Astudillo Flores en Casa Guerrero, convinieron brigadas médicas para la atención de las familias de víctimas de Zitlala y Chilapa. Se hicieron el 15 de marzo en Chilapa en donde se realizaron 26 consultas pero se dejaron sólo 15 recetas sin medicamentos, mientras que de las 15 consultas del 15 de marzo en Zitlala, cuatro quedaron sin receta.
Para Olivares Hernández la actitud de la dependencia es una burla porque de nada sirve a las víctimas una receta si no cuentan con los medicamentos, y denunció que el gobierno estatal no cumple la Ley General de Víctimas que establece una atención integral.
Informó que a partir de que desaparecieron o les asesinaron a un familiar, a los familiares de las víctimas se les han agravado padecimientos crónicos como diabetes o hipertensión arterial, otros han adquirido estas enfermedades a raíz del problema que viven, mientras que la mayoría sufre de enfermedades gastrointestinales, respiratorios o de la piel y requieren de una atención permanente y adecuada.
Al respecto el director del Centro Morelos demandó que al subsecretario de Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Armando Bibiano que los atendió, que no solamente les garantice las consultas y los medicamentos, sino que haya brigadas permanentes y calendarización de las visitas del personal médico de la dependencia.
El representante del Colectivo Chilpancingo, Lamberto Castro entregó una relación de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados o secuestrados que pertenecen a ese colectivo para que reciban atención médica.
Se quejó ante el funcionario que desde 2017 que el colectivo de Chilpancingo trabaja a favor de las víctimas de la violencia, cada acuerdo que asumen con el gobierno del estado, “se lo lleva el viento”.
A su vez, Ciro Fuentes del colectivo de Acapulco le espetó al subsecretario que los familiares de las víctimas no están actuando por capricho al reclamar sus derechos, sino porque existe una Ley de Víctimas que las autoridades deben cumplir. Y se quejó de que en Guerrero no hay instituciones que atiendan a las víctimas, que por eso la atención es muy lenta.
Reclamó: “No nos dejen solos”, y dijo que los familiares de las víctimas no se podrán reincorporar plenamente a la sociedad si continúan con estos problemas.
Olivia Cortés del CCTI le dijo al funcionario que las víctimas de la violencia no son pacientes normales, porque están viviendo un problema social y como consecuencia sus padecimientos emocionales o físicos se les complican.
Reclamó atención sobre todo para los niños y las personas adultas mayores, quienes, dijo, tienen derecho a la salud.
Los familiares de las víctimas fueron recibidos en la sala de juntas de la Secretaría de Salud y el subsecretario Bibiano se comprometió a “corregir las circunstancias” y a cumplir con lo que se comprometió la dependencia en la reunión con el gobernador, y anunció que las brigadas médicas y la atención a las víctimas van a ser de manera permanente y garantizó el abastecimiento de medicamentos, como lo exigieron los representantes de los colectivos de víctimas y del Centro Morelos.

 

Solicitará al gobierno que se amplíe la seguridad para Quetzalcoatlán, Zitlala, dice la Codehum

 

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que solicitará al gobierno del estado que responda a la solicitud de ampliación de medidas cautelares para los pobladores de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala.
Los habitantes nahuas de ese pueblo denunciaron el jueves que siguen las represalias del grupo armado de la comunidad de Tlaltempanapa que los amenazó con sacarlos junto a los policías que los resguardan. Al respecto el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández denunció que las autoridades estatales no han dado respuesta a la petición de la Codehum para ampliar la seguridad.
Sin embargo Olivares Hernández también evidenció que la Codehum no informa al Centro Morelos de la respuesta de las autoridades, “simplemente nos envía copia de los oficios que le manda el secretario de Seguridad estatal y lo que hacen es, prácticamente, reenviar lo que nosotros solicitamos”.
Consultado vía telefónica, Navarrete Magdaleno dijo que la Codehum le ha dado seguimiento al caso a raíz del desplazamiento de los pobladores que estuvieron un tiempo en la cabecera municipal de Zitlala, y luego accedieron a regresar a su comunidad pero con resguardo policiaco, “a partir de que tienen ellos el temor fundado de una probabilidad de una nueva agresión, por nuestro conducto pidieron que el gobierno del estado ampliara las medidas cautelares con mayor seguridad”.
Aunque no precisó la fecha dijo que la Comisión hizo la solicitud correspondiente, no sólo sobre la seguridad sino también de otras necesidades de los pobladores como recibir atención médica y otras que implican que deben salir de la comunidad, “lo que están requiriendo es mayor presencia de la Policía Estatal, no tenemos aún una respuesta”.
Señaló que “seguramente” la Comisión dialogará con las autoridades “para establecer el mecanismo para definir el grado de riesgo y poder saber qué tipo de seguridad se tiene que implementar”.
Navarrete Magdaleno evadió el reclamo de Olivares Hernández y dijo que la Codehum tiene comunicación permanente con el director del Centro Morelos, “que ha tenido a bien acudir a la Comisión cuando tienen algún requerimiento por parte de la comunidad y le hemos estado dando seguimiento”.
Precisó que antes de ampliar las medidas cautelares se tiene que analizar el riesgo que corren los pobladores, y para ello se debe hacer un estudio completo de las condiciones en las que viven.
Añadió que en concreto la solicitud es que haya dos patrullas de manera permanente en Quetzalcoatlán, ya que sólo hay una que se releva cada determinados días.
Declaró que la Codehum no determina cómo se deben otorgar las medidas cautelares, las solicita y “el estado determina el modo o el número de elementos y de qué manera se deben presentar”.
Dijo que el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Jorge Zuriel de los Santos Barrila y el jefe del Departamento de Atención a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Juan Carlos Castañón Arcos son los que deben dar respuesta a la solicitud y ante la inconformidad de los pobladores les solicitará que hagan lo correspondiente.

 

Mantienen civiles armados un retén en la carretera y amenaza con irrumpir en Quetzalcoatlán, denuncian

 

Entre el temor a la violencia, la extrema pobreza, la escasez de alimentos y el abandono de las autoridades estatales y municipales, sobreviven 16 de un total de las 43 familias que vivían en Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, antes del 6 de enero de 2016 cuando civiles armados de Tlaltempanapa, irrumpieron en este pueblo y mataron a seis vecinos.
A más de dos años de la tragedia los 62 habitantes que aún viven en Quetzalcoatlán, entre niños adultos y adultos mayores, siguen sufriendo la embestida del grupo criminal, amparado en la impunidad y la complicidad de las autoridades que no han investigado los asesinatos ni detenido a los responsables, se quejaron los vecinos, quienes recibieron ayer la visita de defensores del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
A pesar de las condiciones de riesgo y la miseria en que viven los vecinos decidieron ayer que no van a abandonar su comunidad, como lo proponen las autoridades municipales como una alternativa a la grave situación en que se encuentran, en vez de garantizarles la seguridad, los servicios y una vida digna.
Uno de los vecinos del pueblo, Salomón Lara Tlatempa denunció que las 62 personas que aún viven en Quetzalcoatlán, de un total de 295 que eran antes de la irrupción del grupo de sicarios, todavía no reciben los apoyos que les prometió el gobierno como condición para que regresaran después de su desplazamiento a Zitlala debido a la violencia en enero de 2016.
Las autoridades tampoco han cumplido totalmente las medidas de protección que prometieron. Los pobladores son resguardados sólo por siete policías a bordo de una patrulla y apenas el 24 de marzo recibieron la más reciente amenaza de sus vecinos de Tlaltempanapa, les exigieron que saquen de su pueblo a la Policía Estatal “o vamos a ir a sacarlos a todos ustedes con todo y policías”.
Enviaron la amenaza al comisario a través de su esposa a quien retuvieron junto a 12 señoras que habían ido a la cabecera municipal, en el retén que mantienen los civiles armados en la carretera a la salida de Tlaltempanapa, en donde siguen actuando a pesar de las denuncias en su contra por asesinatos y desapariciones de personas que se han dado al pasar por ese pueblo.
Las familias (la mayoría no hablan ni entienden el español) mediante Salomón Lara Tlatempa a quien a partir del 2016 ya le mataron a dos hermanos, un hijo y a un compadre, demandaron a las autoridades estatales y municipales la ayuda prometida, seguridad y que les amplíen las medidas cautelares.
Los vecinos de este pueblo ubicado a unas 2 horas de Zitlala en vehículo y a 3 de la capital tomando la Autopista del Sol para dar vuelta en la caseta de Paso Morelos y entrar por el municipio de Copalillo, para evitar toparse con el grupo criminal que controla Tlaltempanapa, viven en la zozobra.
El 6 de enero de 2016 civiles armados de Tlaltempanapa que ahora se hacen llamar Comunitarios por la Paz y la Justicia, que según organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos están vinculados con el grupo criminal Los Ardillos, irrumpieron en Quetzalcoatlán y mataron a seis vecinos. A partir de entonces todas las familias salieron desplazadas hacia Zitlala, la cabecera municipal.
El 12 de marzo regresaron con la promesa de los gobiernos del estado y municipal de que les arreglarían su sistema de agua entubada y que cada mes les entregarían despensas a cada una de las familias. Sin embargo a dos años sólo una vez acudió el alcalde priista Roberto Zapoteco Castro a distribuirles despensas y no ha regresado, y la red de agua tampoco ha sido reparada. Los vecinos tienen que traerla por sus propios medios mediante mangueras de un manantial que se encuentra a unos 10 kilómetros en la parte alta de la comunidad.
Para Salomón las condiciones de pobreza y carencia de víveres y alimentos sería lo de menos si vivieran en paz, pero no ha sido así. Las agresiones y las amenazas han sido frecuentes.
Después de la irrupción del 6 de enero de 2016, el 12 de julio del 2017 los integrantes del mismo grupo atacaron a Salomón y a su compadre Benigno Marabel Tlatempa, cuando esperaban en Zitlala a los policías estatales que los llevarían de regreso a Quetzalcoatlán. Ese día murió Benigno y Salomón resultó herido de tres balazos.
Ayer contó que quienes les dispararon primero quisieron estar seguros que eran de Quetzalcoatlán, y supone que contaron con la complicidad de los policías estatales que supuestamente los resguardaban.
Dijo que los policías los llevaron a él y a Benigno a un lugar de Zitlala y les dijeron que allí los esperaran, pero antes de que regresaran llegaron dos vecinos de Tlaltempanapa en una camioneta vieja que atravesaron en la calle.
Del vehículo bajó uno de ellos y le preguntó a Benigno que de donde era y éste le contestó que de Quetzalcoatlán, entonces le pidió una identificación, en seguida le preguntó también a Salomón y a otros dos de Zitlala que estaban cerca de ellos.
Cuando los sicarios comprobaron que ellos dos eran de Quetzalcoatlán les dispararon y mataron a Benigno, y a Salomón lo dejaron herido de tres disparos, uno en la frente en donde aún tiene alojada la ojiva y le ha provocado la pérdida de vista del ojo derecho, otro disparo lo recibió en el antebrazo derecho y un rozón en la costilla derecha.
Igual que la masacre del 6 de enero del 2016, el asesinato de Benigno y las heridas causadas a Salomón no han sido investigados y los integrantes del grupo criminal siguen actuando en la impunidad, e impidiéndoles el paso por Tlaltempanapa.
El 24 de marzo pasado un grupo de 12 mujeres fueron citadas a una reunión de Prospera en la cabecera municipal. Su traslado fue en una camioneta manejada por un chofer que les proporcionó el presidente municipal Zapoteco Castro.
Algunas de las mujeres aprovecharon el viaje para llevar a sus hijos a vacunar y otras a vender sus productos.
Contra la voluntad del grupo de mujeres, el chofer tomó la carretera que pasa por Tlaltempanapa, en donde las mujeres fueron retenidas por el grupo de hombres armados. Ellas le habían pedido que le diera por otra ruta.

La amenaza

Ayer la esposa del comisario municipal declaró a condición de que no se publicara su nombre que ese día no tuvieron problemas cuando de Quetzalcoatlán se dirigían a Zitlala, pero que de regreso el grupo de civiles armados las retuvo a la salida de Tlaltempanapa en donde mantienen el retén.
Con la ayuda de una traductora del Centro Morelos la indígena nahua contó que uno de los hombres armados les preguntó que quien iba al frente del grupo, y que algunas de las mujeres le contestaron que iba la esposa del comisario, quien al ser identificada fue obligada a bajar de la camioneta y la separaron del grupo.
Denunció que mientras algunos le apuntaron con sus armas uno le dijo: “No vuelvan a pasar por este camino. Tú sabes que quien no respeta esta orden le puede pasar lo que sucedió hace dos años”.
Después en tono conciliador le pidió que llevara un recado al pueblo de Quetzalcoatlán, que les dijera que corrieran a los policías que resguardan el pueblo, porque para ellos es “incómodo” que los policías estén pasando constantemente cuando tienen que hacer sus relevos, y que cuando la gente de Tlaltempanapa tiene que ir a Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, seguido están encontrando a los policías que resguardan Quetzalcoatlán de las Palmas.
Enseguida le advirtieron que si no los corrían los van a ir a sacar con todo y policías, “van a tener que salir todos parejo”, amenazaron.
En cambio le aseguraron que si los sacaban “las cosas van a volver ser como antes, todo lo que ya pasó va a quedar en el olvido, vamos a empezar a convivir otra vez como antes”.
Dijo que incluso le dijeron que gestionarían proyectos para beneficio de ambos pueblos.
Al llegar a su pueblo la mujer dio el “recado” a su esposo, el comisario municipal y a su tío, Salomón Lara Tlatempa.
Ambos convocaron a una reunión a los pocos vecinos que quedan en el pueblo (16 familias) y a pesar de las amenaza decidieron quedarse y no pedir el retiro de la Policía Estatal que se encuentra allí desde el 12 de marzo de 2016, cuando regresaron a su comunidad tras haber estado refugiados tres meses en la cabecera municipal por la masacre del 6 de enero de ese año.
Lara Tlatempa declaró que no existen garantías de que si se va la policía ya no van a ser agredidos por el grupo armado de Tlaltempanapa.
A partir de entonces pidieron a través de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) que se amplíen las medidas cautelares, que se incremente el número de elementos policiacos y que se obligue al chofer que los traslada a Zitlala cuando tienen que ir a hacer sus gestiones para que tome otra ruta; que bien puede ser por la ruta de la comunidad de La Esperanza o por Copalillo para que ya no pasen por Tlaltempanapa en donde se encuentra el grupo armado.
Sin embargo dijo que solamente aumentaron de 4 a 7 policías estatales y que el chofer les ha dicho que no puede darle por otra ruta porque él es “pariente y compadre” de algunos del grupo de Tlaltempanapa y que eso es garantía de que no les harán nada.
Lara Tlatempa, informó que el presidente municipal Roberto Zapoteco les ha propuesto que abandonen el pueblo y que va a reubicarlos, pero que decidieron quedarse en su pueblo porque no saben trabajar en otra cosa, explicó que aquí teje la palma y en la temporada de lluvia siembran maíz, frijol y calabazas.
“Nosotros no sabemos trabajar de chofer, de albañil, de peón, no sabemos hacer otra cosa, y tampoco tenemos a donde ir, aquí nos vamos a quedar”, dijo resuelto Salomón a quien en la irrupción del 6 de enero del 2016 le mataron a dos hermanos y a su hijo. El 12 de julio le mataron en Zitlala a su compadre, Benigno Marabel Tlatempa.
Mientras tanto el ambiente en Quetzalcoatlan es de desolación, la mayoría de las casas están abandonadas y ruinosas, las pocas familias que se quedaron en la comunidad se concentraron en las casas del centro del pueblo y son vigiladas por siete policías estatales a bordo de una patrulla, pero a pesar de su presencia es evidente el temor de nuevos ataques de parte del grupo armado que controla Tlaltempanapa.
Además los pobladores sufren la escasez de alimentos debido a que no se pueden trasladar con frecuencia a Zitlala o a Copalillo para surtirse de víveres por temor a ser atacados en el camino.
Salomón explicó que aprovechan cuando los policías vienen a la cabecera municipal o a la capital para encargarles chiles, cebollas y jitomates, “lo que no nos falta aquí es la tortilla, gracias a Dios siempre tenemos maicito”, dijo.

 

Se recrudeció la violencia porque el crimen quiere imponer candidatos, afirma Siempre Vivos

La “grave tragedia” que se sufre por la violencia en la ciudad de Chilapa y los pueblos de sus alrededores, es consecuencia de que las bandas del crimen organizado que operan en la zona buscan imponer a sus candidatos a las presidencias municipales en Chilapa, Tixtla, Mochitlán, Quechultenango, Zitlala, Ahuacuotzingo y Atlixtac, denunció el presidente del colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro, quien da seguimiento a los casos de violencia en esa zona.
El representante de los familiares de desaparecidos y asesinados en Chilapa lamentó que los gobiernos federal y estatal sean “cómplices”, y no actúen para frenar las masacres que está dejando esta guerra entre las bandas del crimen organizado, que buscan fortalecerse en esos municipios.
La semana pasada hombres armados levantaron a siete personas, entre ellas a una bebé de una semana de nacida, al día siguiente sus padres de 17 años fueron encontrados ejecutados en diferentes puntos de esa ciudad, y la menor fue encontrada viva dentro de una hielera.
Ayer fueron localizados en la carretera de terracería que conduce al punto conocido como Texcan los cuerpos de seis hombres y de una mujer desmembrados, dentro de bolsas negras de plástico.
Vía telefónica el presidente de Siempre Vivos, Díaz Navarro dijo que son los mismos grupos de la delincuencia organizada que se disputan la zona los que están provocando esta “barbarie”, en referencia a Los Rojos y Los Ardillos. Añadió que la violencia se recrudeció porque buscan imponer a sus candidatos a las presidencias municipales, no sólo de Chilapa, sino en Tixtla, Mochitlán, Quechultenango, Zitlala, Ahuacuotzingo y Atlixtac, aunque dijo que la violencia es más encarnizada en Chilapa.
Dijo que hace tres años ocurrió lo mismo cuando iniciaban las campañas, y que fue ejecutado el candidato a la presidencia municipal por el PRI, Ulises Fabián Quiroz, después en mantas colocadas por la delincuencia organizada se acusó al candidato del PRD, Miguel Cantorán Gatica, quien ahora busca ser candidato a diputado local por ese distrito.
“Siguen operando los mismos grupos, y mientras no capturen las autoridades o los cabecillas de Los Ardillos y de Los Rojos la violencia va a seguir en aumento hasta adueñarse por completo uno de los dos de la plaza”, vaticinó el activista.
Insistió en que la violencia se recrudecerá en los próximos días porque apenas está entrando el proceso electoral, “y están tratando de imponer a sus candidatos. A eso obedece el recrudecimiento de la violencia, aunque Chilapa es continuidad desde hace tres años que se desató la violencia”, dijo.
Sin embargo para el presidente del colectivo Siempre Vivos, el municipio de Chilapa cada vez se convierte en un escenario de violencia más cruel, y los gobiernos federal y estatal son cómplices y omisos por no frenarla.
“El problema es que de parte de las autoridades hay mucha complicidad por la relación que existe entre el narco y la política, como que van de la mano, y a ello se suma la impunidad, nosotros tenemos bien claro eso, por eso hay muchas órdenes de aprehensión en contra de los líderes (de los grupos de la delincuencia) que no se han ejecutado, independientemente de las que tienen desde hace 10 años, por ejemplo, en contra de Los Ardillos”, dijo y expuso que los integrantes de este grupo delincuencial son intocables.
Díaz Navarro dijo que esto da pie a que se susciten más hechos de violencia, “por la complicidad, la impunidad y la protección que hay de los partidos políticos a estos grupos criminales que hasta los están registrando como sus candidatos en muchos casos”.
El activista acusó que es evidente que hay protección entre la misma clase política independientemente de los partidos que los abanderen, y se quejó de que, “lo peor de lo peor es que el que quiere llegar a la presidencia ha prometido borrón y cuenta nueva para los líderes de los grupos criminales, a quienes prácticamente les dice: vénganse conmigo y no pasa nada”, declaró en referencia a la propuesta del aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien en su visita a Guerrero propuso amnistiar a los líderes de grupos delincuenciales.
Díaz Navarro agregó que no ve para cuando se resuelva el problema de la violencia, “ya parece una catástrofe, que de hecho ya la estamos viviendo en Guerrero y en muchas partes del país, y los pocos estados que faltan ya no tarda que les llegue lo mismo que a nosotros”, advirtió.
Coincidió con la declaración del gobernador Héctor Astudillo Flores en el sentido de que los delincuentes ya no temen ir a la cárcel por la protección que reciben del nuevo Sistema Penal Acusatorio, “que les da muchas garantías a los delincuentes, igual que las comisiones de derechos humanos”.
Se dijo decepcionado de las comisiones de derechos humanos y de muchos defensores y organismos de derechos humanos, como de Tlachinollan y del Centro Morelos porque, “priorizan su defensa para los delincuentes y las víctimas pasan a un tercer nivel, para ellos lo primero es defender a los delincuentes”, acusó.
Dijo que presentó sendas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la omisión de las autoridades que no actúan en contra de los grupos de civiles armados que se dicen policías comunitarios en varios puntos del estado, y la segunda porque no han procedido denuncias penales que presentó en contra de los líderes de los grupos criminales que operan en Chilapa, responsables de los asesinatos y desapariciones.
“Por eso estoy muy decepcionado y enojado con ellos, porque sólo actúan bajo presión mediática, porque sólo andan tras las cámaras para que justifiquen sus enormes salarios que ganan como defensores de derechos humanos, pero definitivamente para nosotros, las víctimas, no hay protección”.

 

 

Graniza en Quechultenango y Tixtla y hubo inundaciones por lluvia en Chilpancingo

La tarde de ayer en la capital del estado se registró una intensa lluvia, la primera del año, que provocó inundaciones moderadas en lugares céntricos de la ciudad, mientras que en los municipios de Quechultenango y Tixtla granizó.
La lluvia se debió al ingreso de aire marítimo tropical procedente del océano Pacifico y el refuerzo orográfico, que además provocó cielo nublando en gran parte del estado.
A las 5 de la tarde calleron las primeras gotas de lluvia en el centro de Chilpancingo, acompañadas de un fuerte viento que provocó que algunos negocios guardaran sus productos colocados a fuera de sus locales.
Ante la precipitación, socorristas de Protección Civil municipal recorrieron la ciudad para evaluar las barrancas y la crecida del Río Huacapa, y para prevenir a vecinos de zonas de riesgo.
Por su parte, la Secretaría de Protección Civil del estado informó que la lluvia se registró fuerte en el municipio de Mochitlán y de manera moderada en la capital, Tixtla, Chilapa y Zitlala además de que en Quechultenango granizó. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

Terminan el año vecinos de Quetzalcoatlán, Zitlala, sin servicios de salud ni educación y amenazados por criminales

Para los cerca de 40 vecinos de Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, todos indígenas y bajo amenaza del crimen organizado, terminar el año fue complicado, de los dos grupos de policías estatales de siete integrantes que los resguardaban sólo hay unos cinco agentes y el gobierno del estado no les garantiza los derechos a la salud y a la educación.
En 2016 los vecinos sufrieron el ataque de un grupo criminal ligado a Los Ardillos, conocido como Paz y Justicia que actúa donde masacraron a seis pobladores, ante la violencia tuvieron que salir del pueblo pero regresaron a sus casas sin tener las condiciones necesarias para vivir.
El 12 de julio de este año dos vecinos de esta comunidad fueron atacados a balazos por hombres armados cerca de las 4 de la tarde, a la salida de Zitlala, uno de ellos murió y el otro resultó herido, a pesar de que ambos contaban con medidas cautelares luego de la masacre del 6 de enero.
Así como estos dos habitantes junto con el resto que habita en Quetzalcoatlán luego de estar desplazados, regresaron con el argumento de que contarían con el reguardo de dos grupos de la Policía Estatal.
“Desgraciadamente para las víctimas… han  tenido una nula respuesta del gobierno, digo nula en el sentido de que no ha habido una atención de fondo a la problemática que genera el desplazamiento forzado, para empezar no hay, pese a que es un hecho que ocurre de grupos de la delincuencia organizada, no hay una investigación, no hay nada con el argumento de que la gente tiene que presentar una denuncia, pero bueno sabemos que el temor, el miedo de la gente lo impide”, expuso vía telefónica el director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández.
Agregó que de nada sirve que exista la Ley 487 que es para atender y prevenir el desplazamiento interno, porque nunca se ha atendido de acuerdo a los estándares internacionales en la materia, tampoco hay protocolos de atención ni prevención, y la gente regresa a sus comunidades en condiciones de alta vulnerabilidad.
Abundó que los grupos de la delincuencia organizada siguen operando en la región, entonces eso les limita desarrollar actividades  como salir a trabajar, además de que hay necesidades como la educación y la salud, y no las pueden cubrir ante el temor de ser agredidos o atacados en cualquier lugar.
El director dijo que cuando se otorgan medidas cautelares es complejo, muy burocrático que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cumpla puntualmente, principalmente cuando tienen que ver con proporcionarles algún grupo o grupos de policías para que estén resguardando las comunidades.
Dijo que el año termina con los riesgos comunes de un caos que no ha sido atendido, “últimamente son cuatro o seis elementos (policiacos) que están ahí, el problema que se enfrenta es que cuando hacen el relevo los policías vienen hasta Zitlala o hasta Chilapa por el relevo, entonces ahí hay un lapso de tiempo en el que la comunidad queda sin resguardo, estamos hablando de alrededor de cuatro a seis horas”.
–¿Cómo estuvo el derecho a la salud este año en la comunidad?, se le preguntó.
–En ese tema nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Salud, con el doctor Carlos de la Peña Pintos, precisamente para proponerle la organización de brigadas o campañas médicas que pudieran atender a desplazados como a víctimas indirectas de desaparición, pero finalmente nunca se ha podido concretar nada… entonces hasta ahorita no tienen ninguna atención garantizada.
–¿Si hay una emergencia a dónde se tienen que trasladar los vecinos?
–Regularmente hasta Zitlala o a Chilpancingo, aquí lo que nosotros tenemos que asegurar primero es la cita médica, y después gestionar el acompañamiento y el traslado de la policía y el Ayuntamiento.
Olivares Hernández abundó que regularmente el Ayuntamiento cubre el traslado y la policía da el acompañamiento,  y todo eso es un problema porque se tiene que pedir la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), de la Dirección de Seguimiento, Control y Evaluación de Derechos Humanos del gobierno del estado, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, además tiene que mandarse un oficio al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame o a la Secretaría de Seguridad Pública.
Dijo que se ha convertido en un problema burocrático, que a veces necesita de hasta 60 llamadas para poder concretar un acompañamiento.
Resaltó que este año se presentaron dos emergencias, una fue cuando una mujer estaba en trabajo de parto y se tuvo que actuar de emergencia, y el otro fue de Salomón y su esposa que sufren de cataratas y tienen casi total pérdida de vista, entonces se hizo todo el trámite de las que se tienen contabilizadas 48 llamadas telefónicas.
De la educación dijo que hay una maestra que está atendiendo a los niños, es una maestra multigrado pero gran parte de la población se fue a trabajar como jornalera y obviamente que los niños se fueron.
Actualmente hay alrededor de 40 personas en la comunidad cuando eran más de 100.
De la última reunión con el gobierno del estado dijo que fue a principios del año, “porque lo único que hemos estado trabajando es el tema de la salud, pero sólo ha sido pedir el acompañamiento, de buscar la atención médica ya sea en los hospitales u otra institución, pero así otras reuniones para tratar el tema no hemos tenido”.

Pide el alcalde de Zitlala a gobiernos estatal y federal que investiguen el asesinato del regidor

El alcalde de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, pidió investigar el homicidio del regidor de su municipio Dagoberto Domínguez, y a trabajar a todos los niveles de gobierno para superar “estos detalles”.
Ayer en la mañana el alcalde priista de Zitlala, Roberto Zapoteco ofreció una conferencia de prensa para deslindarse del homicidio del regidor de Desarrollo Rural, postulado por el desaparecido Partido de los Pobres, Dagoberto Domínguez, y de su asistente, ocurridos en Chilapa la mañana del lunes cerca de la micro terminal de la ruta Zitlala-Chilapa.
Antes agasajó a una decena de reporteros con un desayuno en un restaurante en el centro de la ciudad de Chilapa.
El priista dijo que luego de enterarse del hecho se trasladó a la capital del estado para pedir a la Fiscalía General del Estado que aclare el suceso, y el apoyo a la Secretaría General de Gobierno.
El viernes pasado medios de Chilpancingo publicaron una entrevista, la primera de Dagoberto Domínguez, en la que denunció presiones del alcalde a regidores para firmar actas de Cabildo, y el nepotismo del panista Magdaleno Damasso.
Ayer Roberto Zapoteco lamentó el hecho y dijo que estaba muy triste por la situación, además de que en los últimos dos años han trabajado, “nos enluta como municipio”.
Dijo que tenía una relación de respeto con el asesinado, “todos tenemos voz y voto (en el Cabildo), nunca nos comunicó ningún detalle” o amenaza.
“Sabemos que debemos trabajar de manera conjunta con los demás niveles de gobierno para superar estos detalles, que a veces nos vienen a sorprender pero que no son exclusivos de nuestro municipio, es una situación que lamentablemente ha estado generalizada”, deslindó.
“Esperamos que esta situación vaya controlándose, que no se magnifique, necesitamos las condiciones mínimas elementales para desarrollar el trabajo”, agregó.
Una reportera le preguntó de la publicación en la que el asesinado lo señala de amenazar a los regidores para firmar las actas de Cabildo), “¿está abierto usted a cualquier investigación (sobre el homicidio)?
“El compañero en las declaraciones que realizó jamás dijo que fue él el que tuvo esa situación, nosotros siempre estamos atentos a cualquier situación que se presente”, contestó.
Agregó que “desafortunadamente han sido cinco o seis compañeros (víctimas de homicidio), es una situación que ha sido muy lamentable y queremos que el gobierno del estado y el gobierno federal nos ayuden, para que pronto tengamos mejores condiciones, de trabajar de manera más tranquila”.
Confirmó que su director de Obras Públicas, Roberto Godínez Hernández reportado desaparecido los primeros días de enero de 2016 fue hallado sin vida, “la información que la Fiscalía manejó es que fue encontrado ya”.
De la desaparición del ex secretario general del Ayuntamiento de Zitlala en el periodo 2012-2015, Santiago Tixteco Cosme suscitado el 5 de enero de 2016, dijo que no se tiene información.
Agregó que está en comunicación con el gobernador Héctor Astudillo Flores para pedirle apoyo y atención al municipio de Zitlala, y que les ha enviado refuerzos de la Policía Estatal y del Ejército.
Insistió en que las autoridades son las que deben investigar el caso, “nosotros no tenemos esas herramientas para hacer ese tipo de investigaciones, el escenario que vivimos es muy especial y creemos que nos ha estado afectando al municipio de Zitlala, al estado y al país de manera generalizada”.
Informó que cuenta con 13 policías municipales preventivos, apenas el domingo 03 de diciembre uno fue privado de su vida por disparos de arma de fuego cuando custodiaba el Palacio Municipal, y que los pocos aspirantes no han pasado los exámenes de control de confianza.
Agregó que si hay condiciones para las campañas para la elección de 2018 en su momento se decidirá si buscará un nuevo cargo, porque está priorizando entregar un buen trabajo al municipio.

Ejecutan a un regidor de Zitlala y mueren dos sicarios en balacera con policías en Zihuatanejo

La mañana de ayer el regidor de Desarrollo Rural, Cultura, Creatividad y Espectáculos del Ayuntamiento de Zitlala, Dagoberto Domínguez Acevedo fue ejecutado a balazos adentro de una camioneta tipo Combi cerca de la comandancia de la Policía Ministerial en Chilapa, y otro hombre que lo acompañaba murió luego de ser herido en el ataque.
Y en otro hecho, la madrugada de ayer dos civiles armados murieron en un enfrentamiento con policías estatales en Zihuatanejo.
En lo que va del año en Chilapa suman 222 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, según el recuento de la información publicada en El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que a las 10:30 de la mañana recibieron el reporte sobre una persona asesinada a balazos en las inmediaciones de la microterminal de la ruta Zitlala en la colonia Los Ángeles de Chilapa.
El cuerpo del regidor del Partido de los Pobres de Guerrero quedó adentro de la camioneta blanca Nissan Ichivan tipo Combi, y su acompañante fue trasladado al hospital de Chilapa para recibir atención médica pero minutos después perdió la vida. El acompañante fue identificado como Pablo.
Al lugar llegaron policías municipales, estatales y militares quienes acordonaron la zona  y peritos del Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias correspondientes. En el lugar las autoridades hallaron 25 casquillos calibre .9 y 40 milímetros.
El cuerpo del regidor fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para la necropsia de ley y después ser entregado a sus familiares.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó la noche de ayer que los hombres  viajaban en una camioneta Nissan Ichivan y  habían ido a Chilapa a comprar madera, y cuando regresaban fueron atacados por hombres armados.
Informó que la FGE inició las  investigaciones del doble asesinato y abrió la carpeta de investigación 12040190200533181217 por el delito de homicidio en contra de quien resulte responsable.

El enfrentamiento

En otro hecho dos civiles armados, presuntamente sicarios, murieron al enfrentarse a policías estatales la madrugada de ayer en Zihuatanejo.
En lo que va del año en dicho puerto suman 111 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de la información publicada en El Sur.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó en un boletín de prensa que agentes estatales iban en la avenida José María Morelos en la colonia Cuauhtémoc y cerca de la planta tratadora de aguas residuales fueron atacados a balazos por civiles armados quienes iban en un Chevrolet Optra gris y un Volkswagen modelo Vento.
Después los agresores huyeron y los agentes los alcanzaron en la calle Higuera, uno de los autos perdió el control y descendieron tres hombres, dos de ellos portaban armas largas “y agredieron nuevamente a los uniformados”.
Uno de los agresores murió a unos 100 metros en un callejón de terracería, mientras que los otros dos hombres huyeron del lugar.
Además en uno de los autos quedó un hombre que portaba un arma de fuego tipo escuadra en la mano derecha.
Los agentes buscaron a los agresores pero éstos escaparon. Los dos autos fueron decomisados. Los agentes resultaron ilesos.
Los dos sicarios muertos fueron trasladados a una funeraria habilitada como Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y los dos vehículos fueron trasladados al Ministerio Público (MP) para las investigaciones.
Los cinco ejecutados en Las Antenas en Chilapa

Eran hermanos tres de los cinco ejecutados (cuatro hombres y una mujer) que fueron hallados el viernes atados de las manos y con balazos en Las Antenas en la carretera Federal Chilapa–Tlapa a unos 20 minutos de Chilapa.
Fuentes del Servicio Médico Forense (Semefo) informaron que las víctimas se llamaban Paula de unos 18 años, Margarito de 28 años y Florentino de 17 años, ellos eran hermanos y originarios de Chilapa, y el otro fue identificado como Marcos de 37 años y era originario de Pantitlán en este municipio.
La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación 12040190100529151217 contra quien resulte responsable de este homicidio.
El viernes los cuerpos de tres hombres y una mujer atados de manos hacia atrás y ejecutados a balazos y otro hombre más pero herido fueron encontrados en Las Antenas, sin embargo el lesionado falleció después. (Luis Blancas/Chilpancingo).

Desde 2016 han asesinado y desaparecido a seis integrantes del Ayuntamiento de Zitlala

De enero de 2016 a esta tercera semana de diciembre ya son seis integrantes del Ayuntamiento de Zitlala que son  ejecutados o desaparecidos, entre las víctimas hay funcionarios, ex funcionarios, regidores y colaboradores.
Ayer la Policía Estatal reportó el homicidio del regidor de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Zitlala postulado por el Partido de los Pobres, Dagoberto Domínguez Acevedo en la colonia Los Ángeles en Chilapa, el regidor iba acompañado por Pablo quien también murió por los disparos.
El 21 de diciembre de 2015 las mismas fuentes reportaron el asesinato a balazos del director de Tránsito, Filiberto Corraltitlán Yectli cuando iba en su automóvil en la carretera Zitlala–La Esperanza.
El pasado 22 de enero de 2016 El Sur informó que el alcalde del PRI de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro confirmó que más de 20 días atrás su director de Obras Públicas, Roberto Godínez Hernández estaba desaparecido. Hasta ayer no se tenía información pública del caso.
La autoridad local también confirmó la desaparición el 5 de enero del 2016 del ex secretario general del Ayuntamiento (2012 – 2015) y en ese entonces dirigente local de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), Santiago Tixteco Cosme. El ex funcionario sigue desaparecido y continúa su búsqueda su esposa, la regidora del PRD, Beatriz Zapoteco Neri.
El 26 de febrero de 2017 el director de personal de Zitlala y ex regidor, Antonio Godinillo Yectli fue atacado a balazos en la cabecera de ese municipio y perdió la vida cuando recibía atención médica en el hospital de Chilapa, según fuentes ministeriales.
El pasado 13 de octubre de 2017 en la cabecera de Chilapa fue encontrado herido por arma blanca —pero después murió— el ex presidente municipal del PRD de Zitlala (2012 – 2015), Francisco Tecuchillo Neri. El ex alcalde había sido privado de su libertad cuatro días antes en Zitlala.
Apenas el pasado domingo 3 de diciembre de 2017 el policía preventivo identificado como Armando fue asesinado por disparos de arma de fuego cuando custodiaba el edificio del Ayuntamiento de Zitlala.