El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, en el Congreso del estado el pasado miércoles tras la reunión de la CRAC y organizaciones independientes con diputados sobre el proceso de reformas sobre derechos de los pueblos indígenas Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Como defensor de derechos humanos, contradecir al presidente Andrés Manuel López Obrador lo hace vulnerable a una eventual agresión, dijo el abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, consultado sobre la defensa del mandatario federal, al fiscal Alejandro Gertz Manero, y al Ejército, ante los señalamientos de obstaculizar la investigación.
Sin embargo, precisó que el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que envió el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, a la Fiscalía General de la República, de donde se filtró sin testar a una periodista de Reforma, aún no ha sido judicializado.
Por lo tanto, no está relacionado con cuatro militares detenidos en el caso, de una lista de 20 militares implicados, señalados en una misma causa penal.
La semana anterior, el presidente habló a diario sobre el informe filtrado sin testar de la Covaj, así como de la conferencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que denunció obstáculos en la investigación, y el jueves hizo una referencia directa a Rosales Sierra que ha responsabilidado al Ejército por los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Son pueblo uniformado… no es el estereotipo que tiene el abogado (Vidulfo Rosales Sierra). O sea, con todo respeto, no es un ejército matón…”, dijo el presidente, argumentando que son son cinco y no 20 los militares involucrados en el informe de la Comisión, y quien sostiene algo distinto, “buscaban una rebelión” en la milicia.
En consulta telefónica, Rosales señaló que, “quien va a sacar la peor parte (de esta discusión) soy yo, el defensor. Me coloca en vulnerabilidad ante eventual agresión a mi persona, (aunque) no quiero que me llamen mentiroso, tampoco quiero estar en un debate ciego. Ahí está la carpeta de investigación”.
Aclaró que no ha habido reuniones recientes de los padres y representantes legales con el presidente de la República, pero entiende que ya tiene una predisposición en su contra, “producto de la información sesgada que recibe de las fuerzas armadas” que ya está impactando en las redes sociales.
“Él aduce que (no es la institución) sólo son cinco militares, cuatro que están detenidos, señalados en el informe de la Comisión. No menciona la averiguación previa, donde también aparecen los otros militares acusados de delincuencia organizada y de desaparición forzada de los normalistas”.
Detalló que en esa causa penal, se estableció la acción penal contra 83 presuntos responsables, “ahí vienen los 20 militares, incluidos los cuatro que están siendo procesados”. El único que no está acusado por delincuencia organizada y desaparición forzada de los normalistas, es José Rodríguez Pérez.
Encinas llevó el informe a la FGR para que realice las diligencias
Vigila el Ejército actividades de padres de los 43, de su abogado y de líderes sociales
Documentos obtenidos en el hackeo a la Sedena ponen en evidencia el monitoreo que hacen informantes de esa institución, sin que se aclaren los propósitos
Redacción
Chilpancingo
La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) monitorea actividades de dirigentes de organizaciones sociales, así como de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y de su abogado Vidulfo Rosales Sierra, y los informantes las reportan a sus mandos. Los propósitos de estos reportes no son del dominio público.
El espionaje actual, que no es abiertamente reconocido por la institución, se pone en evidencia con documentos filtrados por el grupo de hackers Guacamaya, que son parte de los miles de archivos que sacó del sistema de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En uno de los documentos, el informante explica de qué se trata: “me permito enviar a esa superioridad, referente al seguimiento de las actividades que realizan integrantes de diversas organizaciones sociales, así como líderes de grupos subversivos”.
Tras el ciberataque a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el que obtuvieron 6 terabyte de información y documentos de operativos de seguridad, el grupo Guacamaya hizo públicos algunos documentos en la página https://enlacehacktivista.org/sedena/. De ese portal El Sur obtuvo documentos de dos casos.
Manifestación en la Octava Región Naval de Acapulco
En el documento destacado como “urgente”, número PI(SIIO)-1531, con fecha 7 de junio de este año y con referencia información, el comandante del 56 Batallón de Infantería-Campo Militar de la 27 Zona Militar, Diego Antonio Chávez Alcaraz, señaló que en ampliación a su mensaje C.E.I número PI(SIIO)1530, respecto a las actividades “realizadas en esta ciudad y puerto por parte de alumnos de la escuela normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, “el grupo de personas continúan en el interior (entrada principal) de las instalaciones” de la Octava Región Naval de la Secretaría de Marina, y que actualmente es la Décimo Segunda Región Naval.
Añade que el grupo de personas son “liderados por el lic. Vidulfo Rosales Sierra, asesor legal de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ya que solicitaban la presencia del comandante de la VIII Región Naval”.
Dice que a las 12:45 del día el resto del contingente permanecía en las inmediaciones de las instalaciones, y que además, habían bloqueado la avenida Costera Miguel Alemán en el sentido Base Naval-Escénica.
Menciona que cinco minutos después, el grupo de personas fueron atendidas por el comandante del 22 Batallón de Infantería de Marina, Jafet Rojas Díaz Castillo, en representación del comandante de la citada Región Naval.
Detalló que a la 1:20 de la tarde, Rosales Sierra “manifestó que ya habían sido atendidos, indicando que se logró el acuerdo con personal de citada Región Naval”, para que el 27 junio de 2022 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acudiera a esas instalaciones para revisar los archivos de esta dependencia.
Agregó que posteriormente todo el contingente abordó los autobuses y vehículos en los que arribaron a la ciudad, para retirarse del lugar.
De acuerdo con la información publicada en El Sur, ese 7 de junio, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa llegaron a la Base Naval de Acapulco y a empujones abrieron la puerta y avanzaron unos 10 metros hasta que agentes de la Marina prepararon sus armas y cortaron cartucho, en una acción intimidatoria.
Aquel día los padres lograron llegar a la caseta de vigilancia de la Octava Región Naval, para exigir que la Secretaría de Marina (Semar) entregara los archivos e información de los acontecimientos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, precisó que el 27 de junio una comisión de los padres de los 43 volvería acudir a la Región Naval para dar la fecha del día en que el GIEI, revisará todos los archivos que tiene la institución, hechos que confirman lo relatado en los documentos filtrados.
Seis dirigentes sociales
En el documento de la Sedena, con carácter de “urgente”, número PI(SIIO)-5500, con fecha 23 de noviembre de 2021 y con referencia “actividades líderes”, que dirigió del 56 Batallón de Infantería – Campo Militar número 27-A “Gral. Brig. Leonardo Bravo”, Cumbres de Llano Largo, y responde el mensaje “F.C.A No. GAOI/490, de fecha 29 de enero de 2014, y se dirige al comandante de la 27 Zona Militar (G.A.O.I.)- Campo Militar no 27-F “Gral. Div. P.A Gustavo G. León”, en Pie de la Cuesta.
Sostiene que en referencia al seguimiento de las actividades que realizan integrantes de diversas organizaciones sociales, así como “líderes de grupos subversivos” como: Raymundo Nava Ventura a quien lo identifican como “dirigente de asociación civil coordinadora Xuajin Me’phaa, coordinador de la asociación civil “Tlapanecos” y promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Ayutla.
También, menciona a Fernando Yáñez Muñoz, a quien lo tienen registrado con el alias de Germán e identificado como dirigente nacional del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); así como a Jorge Javier Elorriaga Berdegué, alias Vicente, y a quien señalan como responsable de la Secretarías de Masas dentro de la estructura del EZLN y dirigente nacional.
El documento expone que otro dirigente a quien da seguimiento la Sedena es a Ubaldo Segura Pantoja, de quien refiere que es coordinador del Frente Popular Revolucionario (FPR), y de la cual indican, es una “organización fachada del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en la región de la Montaña de Guerrero”.
Otro de los líderes sociales monitoreado es el secretario de comunicación política de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD, Félix Moreno Peralta, a quien identifican como secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG); el último dirigente monitoreado es Lucio de la Cruz Piña, de quien reconocen como militante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), ubicado en Coyuca de Benítez.
En el documento se informa que del 17 al 22 de noviembre de 2021 a “los citados dirigentes no se les detectó realizar actividad alguna en este sector militar de responsabilidad”.
Sin embargo, existe un segundo documento con número PI(SIIO)-392, también denominado “actividades líderes”, y con fecha de 6 de febrero de 2022, en el que también indica que este año continuó el monitoreo de actividades de los seis dirigentes del 24 de enero al 6 de febrero pasado.
Los dos documentos fueron firmados por el coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor (DEM), Marco Antonio Mendoza Mendoza, comandante del 56 Batallón de Infantería.
Se ve Vidulfo vulnerable a una agresión por sus diferencias con AMLO sobre el Ejército
El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, en el Congreso del estado el pasado miércoles tras la reunión de la CRAC y organizaciones independientes con diputados sobre el proceso de reformas sobre derechos de los pueblos indígenas Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Como defensor de derechos humanos, contradecir al presidente Andrés Manuel López Obrador lo hace vulnerable a una eventual agresión, dijo el abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, consultado sobre la defensa del mandatario federal, al fiscal Alejandro Gertz Manero, y al Ejército, ante los señalamientos de obstaculizar la investigación.
Sin embargo, precisó que el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que envió el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, a la Fiscalía General de la República, de donde se filtró sin testar a una periodista de Reforma, aún no ha sido judicializado.
Por lo tanto, no está relacionado con cuatro militares detenidos en el caso, de una lista de 20 militares implicados, señalados en una misma causa penal.
La semana anterior, el presidente habló a diario sobre el informe filtrado sin testar de la Covaj, así como de la conferencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que denunció obstáculos en la investigación, y el jueves hizo una referencia directa a Rosales Sierra que ha responsabilidado al Ejército por los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Son pueblo uniformado… no es el estereotipo que tiene el abogado (Vidulfo Rosales Sierra). O sea, con todo respeto, no es un ejército matón…”, dijo el presidente, argumentando que son son cinco y no 20 los militares involucrados en el informe de la Comisión, y quien sostiene algo distinto, “buscaban una rebelión” en la milicia.
En consulta telefónica, Rosales señaló que, “quien va a sacar la peor parte (de esta discusión) soy yo, el defensor. Me coloca en vulnerabilidad ante eventual agresión a mi persona, (aunque) no quiero que me llamen mentiroso, tampoco quiero estar en un debate ciego. Ahí está la carpeta de investigación”.
Aclaró que no ha habido reuniones recientes de los padres y representantes legales con el presidente de la República, pero entiende que ya tiene una predisposición en su contra, “producto de la información sesgada que recibe de las fuerzas armadas” que ya está impactando en las redes sociales.
“Él aduce que (no es la institución) sólo son cinco militares, cuatro que están detenidos, señalados en el informe de la Comisión. No menciona la averiguación previa, donde también aparecen los otros militares acusados de delincuencia organizada y de desaparición forzada de los normalistas”.
Detalló que en esa causa penal, se estableció la acción penal contra 83 presuntos responsables, “ahí vienen los 20 militares, incluidos los cuatro que están siendo procesados”. El único que no está acusado por delincuencia organizada y desaparición forzada de los normalistas, es José Rodríguez Pérez.
Encinas llevó el informe a la FGR para que realice las diligencias
El 9 de agosto, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, en conferencia en Zócalo de Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera /Archivo
Jesús Guerrero / Agencia Reforma
Chilpancingo
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya no continuará en las investigaciones sobre Ayotzinapa, advirtió el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar con las investigaciones porque además de que no se han atendido sus informes, el gobierno federal no ha renovado el acuerdo internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pese a que así lo han solicitado los padres y madres de los 43 normalistas”, dijo.
El 6 de mayo de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmó un acuerdo internacional con el gobierno mexicano para la reinstalación del GIEI con el propósito de coadyuvar con las investigaciones para la búsqueda de los 43 normalistas.
En 2015, ene el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI inició sus investigaciones, en las que determinó que los 43 normalistas de Ayotzinapa no habían sido quemados en el basurero de Cocula, como lo había establecido en su “verdad histórica” el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está preso por delitos derivados de este caso.
“Desde hace meses los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han insistido con el gobierno federal para que renueve el convenio al GIEI, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta”, comentó Barrera.
Este jueves, el GIEI ofrecerá una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que dará a conocer un informe del caso Ayotzinapa.
“Todo apunta que el GIEI ya no va a poder continuar porque no hay condiciones y por las situaciones que hay sobre el Ejército que se ha empoderado más”, afirmó Barrera.
Mencionó que ahora la narrativa del Ejército es la de reivindicarse como defensores de los derechos humanos y colocar a quienes lo critican como adversarios.
“Eso en nada ayuda porque el Ejército ahora va a descalificar al GIEI, no dándole el respeto, y por eso vislumbramos que el grupo de expertos independientes van a iniciar la retirada de México”, aseguró.
El director de Tlachinollan estuvo en Chilpancingo para participar en un foro de las XII Jornadas con el tema Peritaje Antropológico, en donde habló del riesgo de que se desmantele la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
“Hay el riesgo de que se desmantele este proceso de justicia transicional que se creó en México a través del mecanismo de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa”, dijo el antropólogo en el auditorio de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Durante su intervención, Barrera Hernández aseguró que la renuncia del Fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, se debió a las presiones que hubo de parte del Ejército porque en las investigaciones que realizó de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala se determinó la presunta responsabilidad de mandos militares.
“Desde hace tiempo hemos visto que en el gobierno federal no hay interés de renovar ese acuerdo de que permanezcan los integrantes del GIEI pese a que había ese compromiso”, reiteró.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entrenó durante ocho meses en labores de inteligencia al soldado de infantería Julio César López Patolzin, para infiltrarlo en la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Sin embargo, su tarea como informante sería trágica y fugaz, porque 36 días después de haber ingresado a la Normal, pasó a formar parte de la lista de los 43 estudiantes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Documentos inéditos del Ejército revelan que el militar nacido el 29 de enero de 1989 llevaba 5 años con 9 meses adscrito al 50 Batallón de Infantería de Chilpancingo, cuando fue ultimado por policías municipales y por el grupo criminal Guerreros Unidos.
Como parte de la investigación del caso Iguala, la FGR obtuvo dos informes que suscribió el general de división Alejandro Saavedra Hernández, entonces comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, sobre este joven espía a quien denomina “Órgano de Búsqueda de Información (OBI) con fachada de alumno”.
Los documentos revelan que el joven ingresó al instituto armado el 16 de enero de 2009 pero sus actividades en el sistema de inteligencia militar empezarían cuatro años más tarde.
El 6 de junio de 2014 López Patolzin inició los trámites de ingreso a la Normal Rural “con la finalidad de adquirir la fachada de estudiante”, según dice el general Saavedra.
“El soldado López Patolzin remitía la información obtenida, por medio de mensajes y llamadas telefónicas esporádicamente, cada vez que se lo permitía la situación”, dice el comandante de Zona Militar.
Sobre la última noticia que se tuvo de López Patolzin, los dos informes del general contienen información en apariencia contradictoria, pues mientras uno señala que su última comunicación fue el 27 de septiembre, un día después de la noche de Iguala, en otro establece que la última vez que sus superiores tuvieron noticia del infiltrado fue el 26 de septiembre de 2014 a las 11:30 horas.
El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, Graciela Rocha de Cervantes Delgado, la presidenta de la mesa directiva del Congreso, diputada local Yanelly Hernández Martínez y el senador Manuel Añorve Baños en la rotonda de los hombres Ilustres en el panteón de Chilpancingo Foto: El Sur
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo que espera que las autoridades federales lleguen al fondo del caso de Ayotzinapa, para que se castigue a quien “se tenga que castigar”.
El pasado sábado, Ángel Aguirre fue consultado por reporteros acerca del caso Ayotzinapa, en el panteón central en Chilpancingo, luego de que acudió al aniversario luctuoso del ex gobernador Alejandro Cervantes Delgado.
Aguirre Rivero dijo que siempre dará la cara y que no se iba a esconder absolutamente de nada. Asimismo, aseveró que siempre seguiría contribuyendo en cualquier situación que se le pida.
“Entiendo el dolor por el que pasan los padres (de los 43 normalistas), porque es un dolor que he vivido en carne propia”, expresó el ex mandatario estatal.
Aguirre Rivero, quien estaba en funciones de gobernador cuando desaparecieron a los 43 alumnos y asesinaron a tres más, manifestó que espera que las autoridades federales lleguen al fondo del asunto y que se castigue a quien “se tenga que castigar”.
El ex gobernador consideró que hay avances muy importantes en el caso, y que se están dando situaciones inéditas “que se están dando a conocer y que se continúe con eso”.
El subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Ricardo Mejía Berdeja, anunció que fue detenido el general José Rodríguez Pérez, por su responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.
Padres de los 43 alumnos desaparecidos, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y organizaciones sociales han exigido en reiteradas ocasiones que se encarcele a Ángel Aguirre por los hechos ocurridos en Iguala.
En el 22 aniversario luctuoso de Alejandro Cervantes, el ex gobernador Aguirre Rivero recordó cómo fue en vida y enalteció su memoria.
En la Rotonda de los Hombres Ilustres, dentro del panteón central de Chilpancingo, estuvieron familiares y ex colaboradores de Cervantes Delgado, funcionarios del gobierno estatal y militantes del PRD.
Aguirre Rivero agradeció a la familia de Cervantes Delgado por permitirle dirigir unas palabras, “lo hago con todo mi amor y cariño. Incluso recordando una serie de pasajes que pasé en mi vida política con Cervantes Delgado”.
Ahí, recordó que cuando él tenía 27 años de edad, Alejandro Cervantes lo nombró secretario general de Gobierno, por lo que contribuyó de manera decisiva a su formación política.
Dijo que a pesar de ser muy joven fue encargado de despacho un mes, porque Alejandro Cervantes acudió a Houston a una operación de corazón abierto, “desde esos años tuve la responsabilidad atender los problemas del estado”.
El ex gobernador exaltó a Cervantes Delgado, y dijo que aprendió mucho de él, que fue su mentor y que caminó de su mano “él siempre me enseñó priorizar el diálogo y utilizar los acuerdos para solucionar los problemas y nunca la violencia”.
En representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el director general de Asuntos Religiosos, Edgar Javier Leyva, acudió a montar una guardia de honor por el 22 aniversario luctuoso de Alejandro Cervantes, “ilustre guerrerense oriundo de la ciudad capital Chilpancingo, apasionado por la política y de profundo amor a su tierra”, se leía en un comunicado.
Estuvieron presentes Graciela Rocha de Cervantes Delgado, sus hijos Rosa Virgen y Alejandro Cervantes Rocha; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Yanelly Hernández; el dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán; el ex alcalde de Acapulco y senador Luis Walton, así como el senador priísta Manuel Añorve.
La madrugada de este domingo, dos hombres prendieron fuego a la placa alusiva a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos. Los agresores dejaron una pancarta que se refiere al accidente en el libramiento a Tixtla, el 18 de septiembre de 2001, en el que murió el conductor de un Volkswagen que fue chocado por un autobús tomado por normalistas Foto: Jesús Eduardo Guerrero Dos hombres vandalizaron el antimonumento a los 43 jóvenes desaparecidos, ubicado en el monumento a Las Banderas. Foto: Jessica Torres Barrera
Desconocidos le prenden fuego al Antimonumento por los 43 en Chilpancingo
La madrugada de este domingo dos hombres prendieron fuego al Antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ubicado en el monumento a Las Banderas, a días de cumplirse ocho años de la de-saparición de los normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala.
En respuesta, a medio día de ayer un grupo de estudiantes de Ayotzinapa acudió al lugar para limpiar la edificación dañada.
La mañana de ayer en redes sociales se difundieron dos videos en los que se observa cómo dos hombres durante la madrugada incendiaron la placa ubicada en el monumento a Juárez o Las Banderas, en la colonia Temixco I.
En los videos se observa cómo dos hombres, uno de ellos vestido de pantalón de mezclilla y zapatos rojos y con el torso descubierto comienza a acomodar folders que había embarrado con aceite de carro y algún otro líquido inflamable, mientras que un segundo hombre vestido de bermuda negra y playera verde lo observa, después el primer hombre prende fuego al Antimonumento de los 43, y posteriormente ambos se retiran del lugar.
En un segundo video, grabado por uno de los agresores, se observa cómo colocaron papel en el Antimonumento y el momento exacto cuando lanzan una hoja incendiada, que provoca que rápidamente se extendiera el fuego.
También colocaron pancartas con las leyenadas “asesinos” y “vivo lo chocaron vivo lo queremos”, en aparente alusión al aniversario de un accidente en el libramiento a Tixtla, ocurrido el 18 de septiembre de 2021, donde murió el conductor de un Volkswagen cuya unidad fue chocada por un camión en el que iban normalistas.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública municipal no hubo ningún reporte a los números de emergencia.
Más tarde, cerca del mediodía, a bordo de una camioneta de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, llegaron al lugar unos 10 normalistas, quienes con espátulas, tiner, brochas y pintura limpiaron y pintaron el Antimonumento.
Los normalistas no quisieron hacer declaraciones a los medios, y al concluir la limpieza de la estructura metálica, minutos después de la una de la tarde, se retiraron del lugar rumbo a la escuela ubicada en Tixtla. (Emiliano Tizapa Lucena / Chilpancingo).
En la protesta, los familiares de los normalistas comenzaron una nueva jornada de lucha en la víspera de que se cumplan ocho años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa que ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014. En el mitin que realizaron en el lugar en que policías mataron a los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús el 12 de diciembre de 2011, exigieron que sea detenido el ex go-bernador Ángel Aguirre y militares involucrados en los hechos de Iguala Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Bloquean dos horas la Autopista del Sol en Chilpancingo padres de los 43 y organizaciones
Comienzan una jornada de lucha por la presentación de los normalistas desaparecidos. Exigen que sea detenido el ex gobernador Ángel Aguirre y militares involucrados en los hechos de Iguala
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
En su primer día de jornada de lucha, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, miembros de organizaciones sociales y estudiantiles bloquearon dos horas la Autopista del Sol en Chilpancingo, para demandar la presentación con vida de los jóvenes, y reiteraron que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero debe ser detenido.
Asimismo, alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa se llevaron tres tráileres de empresas privadas y un automóvil de Barcel.
Los manifestantes a bordo de unos 10 autobuses cerraron la vialidad a las 12:30 del día, frente al hotel el Parador del Marqués, al sur de la capital, donde están las cruces de Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, alumnos asesinados en un desalojo en el 12 de diciembre de 2011 y colocaron una corona de flores.
El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio ofició una misa, ahí dijo que todos fueron convocados por los padres y madres de los 43 estudiantes para iniciar con la jornada de lucha.
Pidió por quienes han perdido la vida a causa de la violencia, en especial a Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús y por los 43 alumnos que se encuentran desparecidos, “que esta oración nos ayude a poder caminar con fuerza y esperanza durante esta jornada”.
El vocero de los padres de los 43, Melitón Ortega, dijo que es el inicio de su jornada de lucha a ocho años de la desaparición forzada de los alumnos. Dijo que iniciaban en ese lugar donde asesinaran a los dos estudiantes, “los que asesinaron a los jóvenes siguen libres, uno de ellos es el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, él es responsable”.
El vocero pidió al gobierno federal y estatal, que encabeza Evelyn Salgado Pineda, que reabra el caso y que se sancione penalmente a los responsables, quienes “gozan de la libertad de las calles”.
Dijo que los padres no ven con claridad los avances que se tienen con el caso Ayotzinapa, “que este gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López que dé con los responsables y los encarcelen, no nos vamos a quedar con las migajas que nos han querido ofrecer”.
Seguirán en las calles hasta encontrar a sus hijos, dicen madres
María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, agradeció a las organizaciones sociales, estudiantiles y magisteriales que los sigan acompañando a casi ocho años de la desaparición de sus hijos.
Pidió que haya justicia y que como madres y padres quieren saber dónde están sus hijos, “lo exigimos porque las mismas autoridades reconocieron que fue el Estado, si saben que fue el Estado, ¿qué están haciendo para detener a los responsables”.
Martínez Zeferino dijo que les da coraje ver que los responsables de la desaparición de sus hijos andan en la calle como si nada, “y nuestros hijos, ¿dónde están? Yo lo único que quiero es a mi hijo, los padres no tenemos la culpa de estar estorbando, nosotros no estuviéramos aquí si a nuestros hijos no los hubieran desparecidos”.
Manifestó que el presidente de la República no piense que con el informe que les dio crea que con eso ya cumplió, “pues no, para nosotros no está claro, y las autoridades dicen que ya saben qué pasó con nuestros hijos pero nosotros seguimos en la misma no sabemos dónde están”.
La madre pidió que no los hagan creer que los mataron y que sus “restitos cambian de lugar, los desentierran y los pasan a otro lado, a nosotros no nos van a engañar con eso, queremos la verdad, quiero pruebas científicas que me digan que mi hijo ya no está, yo seguiré gritando y exigiendo que me lo regresen con vida porque así se lo llevaron”.
Consideró que las autoridades federales los ignoran porque cuando se reúnen con el presidente de la República les dicen que tienen toda la disponibilidad, pero se da la espalda y los ignoran, “somos pobres pero no pendejos”.
María Martínez externó que López Obrador pensó que con lo que les dijo que ya no estaban sus hijos se iban a ir a sus casas, “no me puedo ir porque aún me falta mi hijo y mientras no lo tenga aquí voy a seguir, los que tienen un hijo saben lo que se siente perder a uno, ver que pasan días y no los tenemos junto a nosotros”.
En su participación, Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio manifestó que a casi ocho años de la desaparición forzada de sus hijos no saben dónde están, y que tienen esa preocupación como madres y padres de no saber, pero por el amor que les tienen siguen exigiendo al gobierno que avance con las investigaciones.
Sostuvo que las madres y padres no pueden estar en sus comunidades sin saber dónde están sus hijos, por lo que van a seguir en la lucha y seguirse organizando para alcanzar la verdad y la justicia.
La madre indicó que cuando ocurrieron los hechos en Iguala el 26 y 27 de septiembre estaba como gobernador Ángel Aguirre Rivero, por lo que debe de ser castigado, ya que por su culpa asesinaron a tres alumnos: Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes, otro quedó en coma Aldo Gutiérrez Solano y desaparecieron a 43 estudiantes.
“Ahora sabemos que fue el Estado que despareció a nuestros hijos. Como madres, padres y organizaciones ya lo habíamos señalado pero nunca nos hicieron caso”.
Manifestó que el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto dijo que a sus hijos se los llevó la delincuencia organizada, “los padres siempre dijimos que la delincuencia y el Estado se coordinaron”.
Cristina Bautista consideró que las autoridades pensaron que por ser campesinos no reclamarían a sus hijos, “pero aquí nos tienen a casi ocho años”, –ya casi para finalizar la madre hizo una pausa y lloró–, “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
È 7
En 2011 comenzaron los asesinatos de estudiantes de Ayotzinapa
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que desde el crimen que ocurrió el 2011 contra los normalistas iniciarían las agresiones violentas hacia la Normal Rural de Ayotzinapa.
“Antes de ese crimen el Estado no se había atrevido asesinar a un estudiante, a lo más que pudo hacer fue desalojar de manera violenta a los estudiantes en el Congreso local, pero en el 2011 las fuerzas estatales y federales por órdenes del gobierno asesinaron a los dos normalistas”.
Dijo que a pesar de que pidieron juicio político contra Ángel Aguirre Rivero se los negaron, por lo que su autoritarismo creció y los actos violentos contra la Normal Rural de Ayotzinapa siguieron sucediendo.
El abogado consideró que después del 12 de diciembre al gobierno “se le hizo fácil agredir a normalistas, le resultó barato matar estudiantes de Ayotzinapa y utilizar armas contra hijos de campesinos, de gente pobre”.
El 26 de septiembre en las primeras horas de agresión el gobierno del estado de Guerrero sabía lo que estaba sucediendo junto con el Ejército tenían el tiempo exacto de los estudiantes, “es falso que el ex gobernador Aguirre Rivero ahora dice que no tenía conocimiento”.
Expresó que el Ejercito pese a que tenía a un elemento infiltrado en la Normal Rural y que ese día estaba en riesgo decidieron que desapareciera, “ese es el Ejército, que deja morir a un soldado porque estaba en una Normal y que deja morir a otros estudiantes y permiten que desparezcan más jóvenes”.
Vidulfo Rosales aseveró que el Ejército dirigía las operaciones en Iguala, controlaba y que por lo menos un coronel de infantería (José Rodríguez Pérez) dio la orden de asesinar a seis alumnos de Ayotzinapa, “esas son las fuerzas de seguridad que tenemos (…) nadie nos puede decir que no exijamos prisión para los elementos del Ejército ya señalados por el gobierno”.
A más de un mes del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, “hoy no tengamos a ningún miembro del Ejército detenido, por eso es legítima nuestra protesta”, destacó.
Al finalizar en declaraciones por la reaparición de Ángel Aguirre Rivero con el obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, Melitón Ortega opinó: “ahora se quiere colgar de los religiosos para lavar su imagen, pese a que es responsable del asesinato de dos estudiantes en el 2011, de tres más en Iguala y de la desaparición de los 43 alumnos”.
Manifestó que se tiene que abrir una carpeta de investigación contra el ex gobernador, porque tenía en sus manos evitar tan grave masacre contra los estudiantes, “Aguirre Rivero pretende refugiarse en mano de los religiosos”.
A las 2:40 de la tarde las organizaciones sociales entre ellas el colectivo Los Olvidados de Ayotzinapa, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Colectivo Lupita Rodríguez de Chilpancingo entonaron el himno Venceremos y posteriormente se retiraron .
En tanto, alumnos durante el mitin retuvieron tres tráileres de empresas privadas y un automóvil de Barcel, los cuales se llevaron a la escuela Normal Rural ubicada en el municipio de Tixtla.
Cómo murieron los 43, la mayor debilidad en el informe sobre Ayotzinapa: Vidulfo
Una prueba técnica sustenta la versión de que los desaparecidos están sin vida, pero falta que la analicen el GIEI y la FGR, dijo el abogado de los padres y madres en una reunión con organizaciones en Cdmx
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El abogado y representante legal de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, externó que consideran como la “mayor debilidad” del Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, el cómo habrían perdido la vida los estudiantes.
El sábado, en una reunión con diversas organizaciones llevada a cabo en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) en la capital del país, el abogado indicó que no existe una “prueba plena” que pueda indicar lo sucedido con los jóvenes el 26 de septiembre de 2014.
Rosales indicó que, en el Informe, existen dos novedades. La primera correspondiente a la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los 43 normalistas, hecho del cual aseguró ya tenían conocimiento debido al Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Interdisciplinarios (GIEI).
“La novedad que nos presenta ahora este Informe es ya de una participación directa de por lo menos 20 militares directamente en la desaparición y algunos involucrados incluso en el asesinato”, comentó Rosales Sierra.
Mencionó que la segunda novedad del Informe es una prueba técnica, misma que sustentaría la versión de lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Aclaró que no se puede revelar el contenido de la prueba técnica debido a los procesos legales que se están siguiendo, además de que la deberá analizar tanto el GIEI como elementos especializados de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Hay muchas partes sueltas, sobre todo de lo que pudo haber pasado con los jóvenes, del destino de los estudiantes, digamos no está sustentado por otras pruebas, hasta el día de hoy es esa nada más y si acaso el testimonio de El Gil que no coincide”, indicó Vidulfo Rosales.
A pesar de que en la reunión con organizaciones estaba previsto tocar el tema de las actividades que se llevarían a cabo por los ocho años de desaparición de los 43 normalistas, al finalizar la presentación de información a las organizaciones, se le solicitó a los medios de comunicación presentes el retirarse, debido a que en las reuniones tienen prohibido realizar grabaciones de los temas que ahí se tratan. Marchan en Iguala familiares, amigos y ex funcionarios a favor de los Abarca
Alrededor de mil personas exigen al gobierno federal la excarcelación del ex alcalde, de quien afirman que no es culpable en el caso de la desaparición de los estudiantes. Asisten al acto dos padres de los normalistas
Alejandro Guerrero
Iguala
Más de mil familiares, amigos, ex ediles y ex funcionarios, así como ex policías y policías municipales y dos padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, marcharon la tarde de este domingo para exigir al gobierno federal la excarcelación del ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, de quien afirman que no es culpable en el caso de la desaparición de los estudiantes.
Al concluir la movilización, en el estacionamiento de la plaza comercial Galerías Tamarindos, en un mitin realizado, el señor Francisco, padre del normalista Everardo Rodríguez Bello, y esposo de la señora Minerva Bello Guerrero, quien falleció en la lucha por la presentación de su hijo, dijo que “ya basta de tantas mentiras, José Luis Abarca no es el culpable”.
El padre del normalista, titubeante, repitió lo dicho por los familiares del ex alcalde en la conferencia de prensa que dieron el viernes, de que Abarca Velázquez no era identificado con la clave A-1, sino que él era A-5, “hay muchas claves que no me las sé porque no soy policía municipal, pero son engaños y ya estamos cansados”.
Demandó claridad, justicia, castigo y verdad de los hechos, “yo perdí un hijo, a Everardo y a mi señora también, Minerva Bello, aquí estamos y seguimos en la lucha, pero queremos justicia y castigo de verdad”.
Agregó: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Arriba nuestra organización y José Luis, él no tiene culpa, la llama grande está en la normal de Ayotzinapa”.
La marcha
A las 5:20 de la tarde, el numeroso contingente de unas mil 500 personas, 3 mil según los organizadores, salieron en marcha de la esquina de las calle Álvaro Obregón y Reforma, en la colonia Centro; caminaron por la calle Juan Aldama, tomaron un tramo de la carretera federal México-Acapulco para seguir al bulevar Heroico Colegio Militar, hasta llegar a la plaza Tamarindos, donde realizaron un mitin.
Al frente de la marcha, a la que han llamado “marcha por la justicia”, con las consignas de “Vivos se los llevaron. Nos faltan 43”, y “la verdad de los Abarca”, iban los hermanos y sobrinos del ex alcalde, el empresario y ex candidato a gobernador, Pedro Segura Valladares, así como los dos padres de los jóvenes desaparecidos Celso García Aristeo y Francisco Rodríguez, y un hijo de este último.
Las cientos de personas, en su mayoría de colonias populares, como Fermín Rabadán, San Miguelito y Líderes del Sur, llevaban cartulinas y lonas con consignas como: “No más persecuciones a la familia Lara Abarca”, “resolución del caso”, “ocho años de una mentira histórica”, “expediente fabricado a modo”, “libertad para a los Abarca”, “Abarca inocente”, “Abarca y Pineda, inocentes”.
Entre los asistentes se vio a los dos síndicos en el gobierno de Abarca Velázquez, Oscar Chávez Pineda y Mario Castrejón Mota; al ex candidato a la alcaldía Erik Catalán Rendón, así como ex funcionarios del gobierno abarquista, policías y ex policías municipales y sus familias.
Está muy enfermo, le deben dar prisión domiciliaria
La hija del ex alcalde, Yazareth Abarca Pineda, dijo en declaraciones a reporteros durante la marcha que su padre está muy enfermo y pidió que se le otorgue el beneficio de prisión domiciliaria, para seguir su proceso.
Dijo que su condición es muy vulnerable y ya en tres ocasiones su salud ha estado muy, muy grave, casi de muerte. Pidió que se haga una revisión de los casos Abarca-Pineda y Lara-Abarca, y señaló que está segura que las autoridades del actual gobierno federal saben que su papá es inocente, “es un preso político y por consigna”.
El mitin
Durante el mitin, el sobrino del ex alcalde, Said Lara Abarca, destacó la presencia de dos de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos y la unión de dos movimientos, “es histórico el movimiento que se ha creado, porque estamos conscientes y López Obrador lo ha dicho, esto fue un crimen de Estado, y José Luis Abarca no fue responsable”.
Insistió en que José Luis Abarca no está en alguna investigación por el caso de la desaparición de los 43 normalistas, y reiteró que “el A-1 no es el presidente municipal, sino que es el A-5, todas las personas que están dentro de la organización de Protección Civil, Policía Municipal y Policía Estatal saben que el A-5 es el presidente municipal, el A-1 representaba a otra persona a nivel estatal, era el entonces gobernador”, dijo nuevamente, sin decir el nombre de Ángel Aguirre Rivero.
La señora Esther Velázquez agradeció a las personas que participaron en la marcha de apoyo a su familia y exigió la liberación de su hijo José Luis Abarca, “si están aquí es porque creen en su inocencia”.
En su mensaje, al que dio lectura, la madre del ex alcalde dijo llorando que las madres “entienden que es muy doloroso no estar cerca de su hijo y ver que su salud se está complicando y se va deteriorando”.
Agradeció a los padres de los normalistas de Ayotzinapa por acompañarlos, “mi familia y yo también estamos en su lucha”, dijo a los dos padres presentes.
En su intervención, Yazareth Abarca agradeció a las autoridades del actual gobierno federal “que están tomando cartas en el asunto y que están revisando este caso”. Reconoció también a los papás de dos de los 43 jóvenes desaparecidos, a quienes les dijo: “sufrimos la misma pena y hoy nos unimos para poder superar toda esta situación”.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo: “usted sabe que mis papás son inocentes y lo ha dicho” y “que los verdaderos culpables pasen mucho más de nueve años en la cárcel, porque para eso que hicieron no hay explicación”.
Se lanza Pedro Segura contra Vi-dulfo Rosales y agradece “pitazo” de Rubén Figueroa
El empresario y ex candidato a gobernador de PT y PVEM, Pedro Segura Valladares, destacó que fue él quien convocó a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, y dijo que “unos no pudieron llegar, otros están aquí abajo (del templete), pero estamos todos unidos, ya basta de tanta injusticia aquí”.
Afirmó que Abarca “no tiene nada que ver en esto, y simplemente lo usaron para salvarse los de arriba, y me reservo los nombres, y el gobierno federal sabe quiénes son”.
Se lanzó en contra del abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, “le mando un saludo a Vidulfo, el licenciado que está en Chilpancingo, y si de veras López Obrador quiere hacer un buen gobierno, que investigue a Vidulfo, el abogado de los 43 que se ha ‘mamado’ todo el dinero y no quiere que se aclare este caso, porque le conviene que siga”.
En su discurso, contó un anécdota en la que hace cinco años presuntamente el gobierno federal lo pretendía detener, “sembrando” armas y muertos en su rancho en la comunidad Los Sauces, en Teloloapan, pero se escapó gracias al “pitazo” que le dio el ex gobernador Rubén Figueroa, “le debo ese gran favor a un hermano que doy la vida por él, y es el ex gobernador Rubén Figueroa, fue él que me echó el pitazo”.
Muere de infarto Ezequiel Mora, padre de Alexander, uno de los 43 desaparecidos
Había participado en la manifestación de cada mes en la Ciudad de México, y se disponía a asistir a la marcha en Iguala organizada por familiares del ex alcalde preso. Esperaban el cuerpo en El Pericón, Tecoanapa, para el funeral
Lenin Ocampo Torres / Alejandro Guerrero
Chilpancingo / Iguala
Murió ayer Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander Mora Venancio uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y el primero que fue identificado por especialistas de la Universidad de Innsbruck, en Austria.
El deceso del campesino de El Pericón, Tecoanapa, que durante casi 8 años participó en las movilizaciones de los padres por la presentación de sus hijos y justicia, se debió a un infarto, cuando se encontraba en Iguala, después de participar en la Ciudad de México en la manifestación a 95 meses de los hechos.
Edith Mora, hija de don Ezequiel, confirmó que el deceso ocurrió en Iguala, a donde su padre había acudido a la marcha convocada por familiares del ex presidente municipal, José Luis Abarca, a la que además asistieron otros tres padres, Francisco Rodríguez, Celso García Aristeo y Juan Colón Juárez.
Consultada vía telefónica a la 12:04 de la medianoche, contó que les acababan de avisar y confirmar la muerte de su padre. Dijo que había fallecido en Iguala y no en Teloloapan como se indicó en las primeras versiones.
Un reporte policiaco indica que don Ezequiel falleció a causa de un infarto en el hotel Vida en el Lago del municipio de Tepecoacuilco, propiedad del empresario y ex candidato a gobernador, Pedro Segura Valladares, que fue a quien se adjudicó durante el mitin realizado al finalizar la marcha en Iguala este domingo, el haber convocado y llevado a los padres a participar en esta movilización. Posteriormente lo trasladaron a un hospital de Iguala, donde se confirmó que ya había fallecido y se dio a conocer el hecho.
Se informó que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encontraban realizando las diligencias, y familiares de don Ezequiel se habían trasladado a Iguala para ser informados del hecho.
La llamada verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto informó que el 7 de diciembre de 2014, en bolsas de plástico que hallaron en la ribera del río San Juan, había restos óseos calcinados y de uno de esos fragmentos se confirmó que correspondía al joven de 19 años, originario de la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa.
Poco antes, vía telefónica un allegado a la familia informó a El Sur, que Ezequiel Mora murió en el hotel Vida en el Lago, que se encuentra en la presa de Tepecoacuilco y es propiedad del empresario Pedro Segura, donde llegó a pernoctar el sábado para participar en la marcha de ayer en la ciudad de Iguala organizada en apoyo al exalcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, que se encuentran persos por diversos delitos pero también están implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Una fuente señaló que por la mañana antes de la manifestación, que al menos ocho padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa –entre ellos Ezequiel Mora– se reunieron en privado con el empresario y excandidato a gobernador por el PT-PVEM, Pedro Segura.
A la marcha que fue programada a las 5 de la tarde “don Cheque ya no asistió porque se sentía mal”.
La fuente informó que el padre de Alexander Mora falleció de un infarto.
Ezequiel Mora Chora era originario de El Pericón, municipio de Tecoanapa, era campesino y de vida humilde, en los últimos 8 años salió junto a los otros padres de los 43 desaparecidos a marchar por la aparición con vida de su hijo, aun cuando la Procuraduría General de la República (PGR) le había informado en diciembre del 2014 que habían identificado a Alexander en una parte de un hueso analizado por los expertos de Austria.
El hueso fue encontrado presuntamente en el Río San Juan, en Cocula y fue enviado a la Universidad de Innsbruck, donde con estudios de ADN fue identificado y ptesentado como parte de la “verdad histórica”.
A la media noche se informó que en su casa de la comunidad de El Pericón ya esperaban al menos 50 personas para velar el cuerpo de Ezequiel Mora Chona.
Reclaman que no hay avances en el caso de los tres normalistas asesinados
A 95 meses de los ataques en Iguala, padres y madres de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos, normalistas y organizaciones sociales realizaron un mitin por los tres normalistas que fueron asesinados.
El pasado sábado, como cada día 27 realizaron un mitin minutos después de las 12 del día en el sitio donde localizaron asesinado al normalista Julio César Mondragón Fontes, y colocaron una ofrenda floral.
Ahí, Maximino Hernández Cruz, padre de Carlos Lorenzo Hernández Muñoz agradeció a las organizaciones y a los alumnos de Ayotzinapa, porque siguen apoyándolos.
Dijo que se cumple otro mes más y no hay castigo a los responsables del asesinato de Mondragón Fontes, de Daniel Solís y de Julio César Ramírez Nava.
El padre manifestó que: “se cumple un me más de sufrimiento, un dolor tan grande como padres y madres de los 43. Se van a cumplir ocho años y no hay ningún detenido, pero nosotros vamos a seguir hasta saber la verdad y se castiguen a todos los responsables”.
Posteriormente se dirigieron a donde fueron asesinados Daniel Solís y Julio César Ramírez, y ahí se colocó otra ofrenda y realizaron otro mitin. (Redacción).
En cónclave en Iguala, donde estuvo Aguirre, Murillo Karam fraguó la verdad histórica: FGR
Según un testigo, también estuvo Omar García Harfuch, revelaron los fiscales en la audiencia de imputación al ex procurador por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia. El juez federal impuso la prisión preventiva justificada al ex procurador
El 3 de Julio de 2014, el secretario de Seguridad Pública en el estado Leonardo Vázquez, el comandante de la Novena Región Militar Martin Cordero Luqueño, el alcalde Luis Walton, el gobernador Angel Aguirre, el secretario de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, el comandante de la Octava Región Naval Rafael Ojeda Durán, el subdirector de Protección Civil Estatal Raúl Miliani, la secretaria de Desarrollo Social estatal Beatriz Mojica y el comisario de la Policía Federal Omar García Harfuch en la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil Foto: Archivo/El Sur
Abel Barajas / Agencia Reforma
Ciudad de México
En la audiencia de imputación contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) alegó que el ex funcionario federal encabezó un cónclave en Iguala, el 7 de octubre de 2014, en el que participó el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, y otros funcionarios federales y estatales, y ahí se fraguó “la verdad histórica”.
El sábado, un día despuués de la aprehensión de Murillo Karam, entre sus alegatos, los fiscales afirmaron que el ex funcionario de Enrique Peña Nieto organizó un cónclave para fraguar la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa.
Señalaron que en esa reunión participó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ex delegado de la Policía Federal en Guerrero.
En la diligencia, la fiscal Lidia Bustamante Vargas reveló que Bernardo Cano Muñozcano, secretario particular de Tomás Zerón de Lucio, se apegó a un criterio de oportunidad, se convirtió en testigo colaborador de la FGR y aportó los videos de las torturas a presuntos integrantes del grupo Guerreros Unidos.
La funcionaria dio lectura a unos párrafos de una declaración ministerial de Cano, en la que menciona que hubo una reunión en Iguala entre mandos federales y estatales, encabezada por Murillo Karam.
En ese encuentro también estuvieron Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador Antisecuestros de la SEIDO; el ex delegado de la PGR en Guerrero, José Luis Martínez Pérez; el ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta –ya procesado–; y Omar García Harfuch, por aquellas fechas delegado de la Policía Federal en Guerrero y luego en Michoacán.
El testigo colaborador declaró que cuando llegó el entonces gobernador, Ángel Aguirre, les pidieron retirarse a la mayoría de los funcionarios y sólo se quedaron en la encerrona los mandos.
Cano salió de ese encuentro y no señala que se hayan planeado ilícitos; sin embargo, la fiscal afirmó que allí se empezó a inventar “la verdad histórica”.
“Sólo dos días después de que la PGR ejerció la facultad de atracción de la investigación ya estaban sosteniendo reuniones en Iguala. Esto evidencia este conocimiento, fue un cónclave donde hubo una planeación, fueron los actos preparatorios para los hechos del 27, 28 y 29 de octubre y 7 de noviembre (de 2014)”, dijo.
En esas fechas, la entonces PGR detuvo a cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos que, sostuvo, fueron torturados por efectivos de la Marina y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). De sus testimonios, se obtuvo información que luego Murillo hizo pública en rueda de prensa, según la imputación.
García Harfuch ya ha sido relacionado en la investigaciones del caso Iguala porque uno de sus números telefónicos estaba en la agenda que le fue asegurada a Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, cuando fue detenido.
También porque un testigo protegido con el nombre clave “Juan” declaró a la FGR que entregó altas sumas de dinero al hoy jefe de la SSC, a cambio de proteger a dicho grupo criminal.
Probará lo que pasó en la investigación, dice Murillo Karam
El sábado, tras una audiencia de 12 horas, el juez federal Marco Antonio Fuerte impuso la prisión preventiva justificada al ex funcionario, razón por la que permanecerá en el Reclusorio Norte por lo menos hasta el miércoles.
El ex procurador Jesús Murillo Karam, prometió presentar pruebas que, aseguró, dejarán en claro lo que sucedió en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Son cosas que se pueden probar claramente, qué pasó y cómo pasó”, dijo la noche del sábado durante su audiencia de imputación en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Javier López García, uno de sus abogados, mencionó que los datos de prueba que ofrecerá el ex funcionario, en la diligencia del próximo miércoles, serán documentos y fotografías.
Incluso, la defensa reprochó que la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el viernes por error al hermano de Murillo Karam, y el juez ordenó su liberación.
Durante la audiencia del sábado, un día después de que Murillo Karam fue aprehendido en su casa en Las Lomas, que inició a las 9:00 horas, los fiscales federales formularon la imputación contra el ex procurador por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.
Asimismo, pidieron a un juez federal imponerle la prisión preventiva justificada, al estimar que cuenta con los recursos y medios suficientes para darse a la fuga.
La fiscal Lidia Bustamante Vargas argumentó que, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, cuenta con un patrimonio de al menos 85 millones de pesos y no tiene arraigo en algún lugar, ya que posee inmuebles en la Ciudad de México, Pachuca y Acapulco.
Al mismo tiempo, manifestó que Murillo Karam tiene relaciones y amistades que le podrían facilitar la fuga y huir a un país sin tratado de extradición con México, como fue el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien es prófugo de la justicia y se encuentra en Israel.
“De permitir que el día de hoy Jesús Murillo Karam salga por la puerta, equivaldría a que no lo volvamos a ver, equivaldría a negar a los padres se los 43 normalistas no llegar a conocer la verdad”, dijo
“No es penoso, es político”, dijo cuando fue aprehendido
“Es político”, le dijo el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, al elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR que lo aprehendió el viernes.
En videos de la captura se observa cómo agentes ministeriales se acercan al ex funcionario afuera de su domicilio, en Lomas de Chapultepec.
“A sus órdenes”, les dice Murillo Karam en actitud tranquila.
–Buenos días, le responde el agente, “permítame, hágame el favor… nos pasamos para acá. Buenas tardes ¿Su nombre es Jesús Murillo Karam?”, pregunta.
–A sus órdenes, repite el ex procurador.
El miembro de la AIC se presenta, informa a Murillo que existe un mandamiento judicial en su contra y le anuncia la lectura de sus derechos.
–Es penoso, le dice el agente, aparentemente apenado por aprehender al ex Procurador durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
–No es penoso, es político, le responde Murillo en voz baja.
Una familiar de Murillo se acerca y aclara a los agentes federales que el ex funcionario no se va ir, y pide que no obstruyan el paso vehicular por los vecinos.
El agente que lleva la orden de aprehensión le dice a Murillo que tiene derecho a estar informado de su detención y a consultar a un abogado.
“Tortura, contra la adm… tortura, contra la administración de la justicia, desaparición forzada”, lee el agente en alusión a los delitos que la FGR le imputa a Murillo.
El ex procurador, siempre en actitud tranquila, es conducido a una camioneta. Una familiar pregunta que si lo puede acompañar, pero sólo sube el médico del hidalguense.
–¿Una pregunta, me puede decir a dónde lo va llevar, por favor@, cuestiona la familiar de Murillo.
–Al juzgado del Reclusorio Norte, si me pueden seguir no hay ningún impedimento”, le responden.
–Se lo encargo mucho porque está delicado de salud, por favor –pide la mujer antes de que la camioneta se vaya.
Su defensa
Un grupo de cuatro abogados, entre ellos defensores de Raúl Beyruti El Rey del outsourcing y de Juan Collado, llegaron el sábado al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para la audiencia de imputación de Jesús Murillo Karam.
José Javier López García, abogado de Collado, fue el primero en llegar a las 8:15 horas y cinco minutos después lo hizo Antonio López Ramírez, quien también defiende a Beyruti. Casi enseguida llegaron otros dos litigantes que no se identificaron.
Ninguno de ellos hizo comentarios a la prensa, al entrar por la caseta del centro de justicia.
Minutos antes del arribo de los abogados llegó Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh y representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acompañado de dos padres de estudiantes desaparecidos.
La verdad histórica involucra abuso de poder y violaciones a los derechos humanos
La denominada “verdad histórica” del caso Iguala, término que acuñó el entonces procurador Jesús Murillo Karam, hoy detenido, acredita abuso de poder y configura al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada.
De acuerdo con el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, dichas violaciones son privación de la libertad, homicidio y participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado.
Asimismo, negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales.
“En las investigaciones del Caso Ayotzinapa se generó una narrativa a conveniencia, fundada en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, donde las víctimas –estudiantes– fueron revictimizadas y estigmatizadas”, señala el Informe.
“La ‘verdad histórica’ fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones y, por tanto, dar una resolución sobre el caso”, agrega.
Es decir, indica el documento presentado el jueves por la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, fue una construcción desde el gobierno federal para crear una versión de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y “legitimar socialmente” la supuesta verdad de los hechos.
“Limitándose a señalar los delitos de secuestro y homicidio, la violencia ejercida por grupos criminales que operaban en el estado de Guerrero y sus estructuras delictivas, la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, estatal y federal”.
“Sin considerar la participación de las Fuerzas Armadas en la región y de las autoridades federales involucradas en los hechos, para posteriormente ceder a una estrategia de neutralidad, responsabilizando a las autoridades locales”, concluye.
La “verdad histórica” se funda en la versión de la incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, Iguala, por parte de Guerreros Unidos.
“En ésta, prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder, que derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones”, se analiza en el documento.
Ordenó ocultar el paradero de los 43, dice la acusación de la FGR a Murillo Karam
En forma premeditada, el entonces procurador general de la República ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, alegaron los fiscales en la audiencia de imputación contra el ex funcionario detenido
Abel Barajas / Agencia Reforma
Ciudad de México
Jesús Murillo Karam fue el artífice de un montaje llamado “verdad histórica” en el caso Iguala, pues en forma premeditada ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
Así lo afirmó la Fiscalía General de la República (FGR) al formular la imputación por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia contra Murillo Karam, quien la noche del sábado se convirtió en el primer ex procurador de la República en ser encarcelado.
“Usted presentó una versión de la verdad histórica de los hechos que frustró y desvió otras líneas de investigación, contribuyendo al ocultamiento del paradero de los 43 normalistas”, dijo Lidia Bustamante Vargas, fiscal del caso en la audiencia inicial en la que el ex funcionario fue imputado.
“Usted ordenó ocultar el paradero de los estudiantes por 5 aspectos: uno, por su responsabilidad directa en la investigación; dos, por su actuar como superior jerárquico de Tomás Zerón de Lucio; tres, por el control que tenía usted sobre los detenidos en sus instalaciones; cuatro, por el control de la escena del crimen y de las evidencias halladas en el lugar de los hechos; y cinco, por el modus operandi como superior jerárquico y su falta de debida diligencia”.
Lo que la Fiscalía llama peyorativamente “verdad histórica”, frase tomada de una conferencia de prensa de Murillo Karam, es la versión de que los estudiantes fueron detenidos por agentes municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los incineraron en el basurero de Cocula y luego trasladaron los restos al río San Juan.
La FGR sostuvo que la tortura y los delitos contra la administración de la justicia imputados a Murillo Karam, entre los que se incluyen la siembra, manipulación y desaparición de evidencias, ocurrieron entre el 6 de octubre de 2014 y el 27 de enero de 2015, mientras que la desaparición de los estudiantes es un ilícito continuado desde el 26 de septiembre de 2014 a la fecha.
De acuerdo con la fiscal Bustamante, la construcción de una versión paralela de los hechos, la “verdad histórica”, tuvo tres finalidades.
Frenar la percepción ciudadana que había sobre Murillo Karam y que cesara la movilización social por la indignación que ocasionó la desaparición de los estudiantes; pero también, debilitar políticamente a los padres de los normalistas, dando a conocer avances relevantes de la investigación dos días antes de que se reunieran con el presidente Enrique Peña Nieto, el 29 de octubre de 2014.
La fiscal reveló que hay tres testimonios clave en la investigación contra Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, a quien señaló como el ejecutor de las ilegalidades del ex titular de la otrora PGR para ajustar una versión concluyente sobre la indagatoria de los desaparecidos.
Uno de esos testimonios, el de Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), apunta contra el ex funcionario que desde la noche del viernes 19 duerme en el Reclusorio Norte.
La fiscal dio detalles de la declaración rendida el 31 de diciembre de 2021 por Doretti, quien narró a la Fiscalía que la mañana del 27 de octubre de 2014 viajó con Murillo Karam en un helicóptero a la zona donde ocurrieron los hechos.
En el sobrevuelo sobre el río Cocula, el entonces procurador le comentó que en ese sitio seguramente iban a encontrar restos de los estudiantes, como si ya supiera de información que no habían obtenido y que oficialmente proporcionarían cuatro detenidos hasta el día siguiente.
El hecho es que ese mismo día por la tarde, a las 16:00 horas, Murillo Karam dio una conferencia de prensa con Zerón en la sede de la PGR y dieron a conocer la captura de cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos que confesaron haber recibido y vigilado el traslado de los 43 normalistas, la noche en que fueron plagiados.
Aunque no mencionó los nombres de los detenidos, se trataba de Jonathan Osorio Cortés, El Jona; Patricio Reyes Landa, El Pato; Darío Morales Sánchez, El Comisario, y Agustín García Reyes, El Chereje.
Al día siguiente, Zerón trasladó a El Chereje de la Ciudad de México al río San Juan para una diligencia de inspección que las autoridades califican de ilegal, porque no estaba autorizada por el Ministerio Público y el detenido no tenía abogado.
El 29 de octubre, buzos de la Marina descubrieron en el río dos bolsas con restos de algunos estudiantes, entre los cuales se logró identificar plenamente un hueso del normalista Alexander Mora Venancio.
El testimonio de Doretti y lo sucedido en las 48 horas posteriores a que se subió al helicóptero con Murillo, hacen suponer a los fiscales que el ex procurador tenía planeado hallar evidencias que las mismas autoridades habrían manipulado.
Otro hecho de gravedad imputado a Murillo es que supuestamente conoció y consintió las torturas de las que fueron víctimas los cuatro detenidos el 27 de octubre de ese año.
Según la FGR, Murillo habría usado en la rueda de prensa de esa fecha la información que proporcionaron los 4 torturados, cuando formalmente fueron puestos a disposición del Ministerio Público después de las 22:30 horas y rindieron su declaración ministerial hasta el día siguiente.
Además, el 7 de noviembre de 2014 Murillo Karam ofrecería otra conferencia de prensa en la que presentaría nuevos avances, con base en un video de El Chereje en el que ahora la Fiscalía asegura que fue grabado bajo torturas.
Según la fiscal Bustamante, Doretti declaró que ese 7 de noviembre el entonces titular de la PGR le pidió que le ayudara a redactar un informe para la conferencia en el que se insistía en que los huesos hallados en el río San Juan estaban relacionados con las evidencias encontradas en el basurero de Cocula, y la antropóloga argentina no aceptó.
A pesar de que los delitos imputados son penados en conjunto con 54 y hasta 90 años de prisión, esas conductas no prevén la prisión preventiva de oficio. No obstante, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia le dictó la prisión preventiva justificada, el sábado 20 en el interior del Reclusorio Norte.
Testigos colaboradores
La FGR dio a conocer que dos de los testimonios rendidos en el expediente contra Murillo Karam provienen de testigos colaboradores que recibieron un criterio de oportunidad, aunque no mencionó imputaciones directas contra el ex procurador.
Se trata de Bernardo Cano Muñozcano, ex secretario particular de Zerón en la AIC, y Érika Ramírez Ortiz, ex agente del Ministerio Público federal de la Unidad Antisecuestros de la entonces SEIDO.
De acuerdo con Bustamante, Cano videograbó las sesiones de interrogatorios y presuntas torturas a los sospechosos de pertenecer a Guerreros Unidos y proporcionó todas las grabaciones a la Fiscalía del caso.
“Dichas entrevistas eran irregulares, por no estar presente un defensor y que en ese momento pensé que era regular, pero ahora entiendo que me engañaron. Estaba el Ministerio Público, verdaderamente creía que estábamos haciendo algo bueno para llegar a la verdad”, dijo el testigo colaborador, según la fiscal.
Niega Ángel Aguirre haber participado en reunión para construir la “verdad histórica”
Dice el ex gobernador que el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, intentó involucrarlo “a toda costa como miembro de la delincuencia organizada”
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero negó haber participado en la reunión convocada por el ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, para la construcción de la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.
Además, Aguirre Rivero recordó que el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, intentó involucrarlo “a toda costa como miembro de la delincuencia organizada”.
En un comunicado de este domingo, el ex mandatario estatal, quien no concluyó su periodo y pidió licencia a su cargo como gobernador a casi un mes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, afirmó que no fue parte de los mencionados 18 funcionarios federales y estatales, quienes se reunieron y configuraron la construcción de la “verdad histórica”, en la que concluyeron que los 43 normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula.
Aguirre Rivero se pronunció sobre “algunas notas periodísticas, donde se hacen interpretaciones sesgadas” del informe presentado por el gobierno federal, y consideró necesarias algunas precisiones, entre ellas, que “nunca tuve reunión alguna con el licenciado Jesús Murillo Karam, para participar en la construcción de la supuesta ‘verdad histórica’. Son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila”, afirmó.
Entonces, recordó que el ex funcionario federal, y ahora prófugo, Tomás Zerón “intentó involucrarme, a toda costa, como miembro de la delincuencia organizada”, de eso dijo que hay constancia en las declaraciones del ex procurador del estado Iñaky Blanco y su entonces secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo.
Destacó lo ampliamente declarado por Iñaki Blanco, respecto a que “todas las investigaciones y acciones que realizó la entonces Procuraduría de Justicia, se mantienen firmes, toda vez que quienes fueron detenidos por esta instancia permanecen en la cárcel y no hay acusaciones de tortura o violaciones a procesos judiciales”.
Abundó que incluso “el gobierno federal cortó toda relación de colaboración con el gobierno de Guerrero”.
Se refirió también a las 83 órdenes de aprehensión giradas por FGR, de las cuales 20 son contra mandos militares y personal de tropa; cinco contra autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; 26 contra policías municipales de Huitzuco, seis contra policías municipales de Iguala, una contra policía de Cocula, 11 contra policías estatales y 14 contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Mientras que de las 33 solicitudes de nuevas órdenes de aprehensión, que mencionó en su informe el subsecretario Alejandro Encinas, son contra funcionarios federales, funcionarios municipales y miembros de la delincuencia organizada, “no hay mención para funcionarios estatales” destacó el ex gobernador.
Ángel Aguirre dijo, en su comunicado, que “no es momento de especular sobre el curso de las investigaciones que realiza la FGR, mucho menos de ‘fabricar culpables’ a través de publicaciones periodísticas”. Reiteró que “nunca tuve reunión alguna para planear la ‘verdad histórica’. Nunca celebré ninguna reunión con Murillo en Iguala o en ninguna otra parte. Resulta absurdo lo que hoy se publica a ese respecto”.
Aguirre señaló que esta “verdad histórica” fue desechada, porque “fue fabricada” y que ahora “es necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones, y quién o quiénes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia”.
También informó que cuando concluyó el informe “tomé contacto” con Alejandro Encinas, “para manifestarle una vez más mi disposición de seguir colaborando en este lamentable caso, hasta su conclusión. Estoy en Acapulco y después estaré en mi querido Ometepec. No me voy a esconder ni mucho menos. La vida me ha enseñado que en los momentos más difíciles es cuando más debemos de mostrar el temple y el carácter”.
Ángel Aguirre dijo que está “tranquilo y con la disposición de enfrentar siempre, con una gran dignidad y decoro, cualquier señalamiento que se me haga. Siempre he sostenido que se pueden perder muchas cosas en la vida, pero si pierdes tu dignidad, entonces estás perdido”.
No me sumaré al coro de linchamiento anticipado contra Murillo Karam, dice Ricardo Monreal
Antonio Baranda / Agencia Reforma
Ciudad de México
El senador de Morena Ricardo Monreal urgió ayer a respetar la presunción de inocencia del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y anunció que no se sumará a ningún “coro de linchamiento” anticipado en contra del priista.
“Lo que sí deseo como abogado y maestro universitario es que no se altere el debido proceso y que tampoco se altere un principio que debemos de cuidar todos: la presunción de inocencia, yo ahí sí soy muy estricto”, expresó.
“Porque no estoy de acuerdo y no me voy a sumar a ningún coro de linchamiento anticipado, no voy a ser un juez de acusación y no voy a actuar de manera desmedida frente a estas detenciones que se festinan en varias partes, no”.
De gira por La Paz, Baja California, subrayó que lo que debe haber es justicia.
“Y que no haya impunidad, pero que se respete el principio de presunción de inocencia y el debido proceso”, recalcó.
Se demuestra que hay justicia: Sheinbaum
Claudia Sheinbaum consideró que con la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa, el actual gobierno está demostrando que hay justicia.
“Hay un esclarecimiento y una verdad de los hechos y es muy importante para las víctimas, las familias, para la no repetición de estos actos, el reconocimiento de que es un crimen de Estado y al mismo tiempo la justicia que se muestra en esta primera detención del (ex) procurador Murillo Karam”, indicó.
“Falta Peña Nieto”, escribe en Twitter Félix Salgado
El senador Félix Salgado Macedonio señaló, luego de la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, que “falta Peña Nieto” en referencia al ex presidente priista.
En un breve párrafo, escrito en su Twitter, el senador preguntó a quienes critican la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, de abrazos no balazos, “qué dicen ahora, con el nuevo informe que presentó el jueves el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas”.
“Para aquellos que critican la política de seguridad de @lopezobrador_de ‘abrazos no balazos’ ¿qué dirán ahora con lo de Ayotzinapa? ¿Quién da la orden a las policías y al Ejército de actuar? Falta Peña Nieto.¡La mentira histórica! Crimen de Estado”. (Jacob Morales Antonio).
Con el dolor a cuestas por el asesinato de su hijo Julio César Ramírez Nava, en la trágica noche de Iguala, don Tomás Ramírez libró una descomunal batalla contra la enfermedad
y el olvido gubernamental. Se fue en el amanecer de este sexenio exigiendo justicia y castigo a los responsables por este crimen abominable. Doña Bertha, la madre aguerrida de Julio César, en medio de tantas precariedades y sufrimientos es un ejemplo de dignidad y reciedumbre.
Este lunes 3 de diciembre será una fecha memorable para el país, por el encuentro histórico que protagonizarán las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional.
Este momento es de suma trascendencia, no sólo por la carga simbólica que conlleva el movimiento de los 43 padres y madres que cimbraron las estructuras de un poder presidencial omnipotente y arrogante, sino porque es un giro total en la nueva forma de ejercer el poder público tendiendo la mano a quienes han luchado con toda su fuerza para exigir a las autoridades que cumplan su responsabilidad de investigar estos hechos atroces y dar con el paradero de sus hijos. Es muy significativo que el nuevo presidente coloque como primera acción de su gobierno la firma del decreto presidencial para alcanzar la verdad y acceder a la justicia sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Las madres y padres de familia tuvieron que padecer 50 meses para establecer un acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo que de cara a la nación se compromete a investigar estos deleznables hechos. También tuvieron que dar la batalla en diferentes frentes: en el plano internacional solicitaron la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la valiosa contribución del Equipo Argentino de Antropología fForense para dilucidar la inconsistencia de la “verdad histórica” y el apoyo invaluable de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Fue determinante su acuerpamiento como un colectivo ejemplar que logró conformar la comuna de Ayotzinapa entre los padres y madres de familia y el apoyo incondicional de los estudiantes. En estos cuatro años han logrado constituir un referente nacional de las luchas más emblemáticas de los últimas cinco décadas. El movimiento que generaron en torno a esta causa fue inédito porque lograron romper ese muro infranqueable impuesto por una figura presidencial intocable, blindada por el aparato represivo del Estado y por la parafernalia mediática que con un discurso hueco propalaban una imagen falsa de las autoridades federales.
Como país nunca hubiéramos imaginado que 43 padres dedicados al trabajo del campo y 43 madres entregadas a las labores domésticas y a la atención de sus hijos lograran irrumpir en la escena nacional como actores con gran autoridad moral cuyas acciones de protesta y sus denuncias públicas emitidas con un lenguaje sencillo y punzante lograron convocar a un gran número de organizaciones sociales y civiles a lo largo y ancho del país.
Se transformaron en el emblema de la protesta social; en el número que condensa el quiebre de un sistema corrupto y en el punto de coincidencia de una abigarrada fuerza social cuyas luchas han sido forjadas a lo largo de los años, con el costo de muchas vidas peleando incansablemente desde las trincheras de la resistencia.
Desde el momento en que las madres y padres decidieron emplazar a los candidatos a la Presidencia de la República para que públicamente fijaran su postura sobre el caso Ayotzinapa, optaron por colocar en la agenda de los candidatos el caso de los 43. Fue en Iguala donde el entonces candidato de Morena, compartió la tribuna con una amplia delegación de madres y padres de familia, quienes le pidieron que fijara su posición sobre el tema. Desde esa fecha López Obrador asumió el compromiso de investigar a fondo el paradero de los 43 estudiantes. Este compromiso lo ratificó el 26 de septiembre, cuando se cumplía el cuarto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. El candidato electo instruyó al hoy subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas que se conformara un equipo de trabajo con los representantes legales de las madres y padres de familia para trazar las principales líneas del decreto presidencial que se fue afinando a lo largo de dos meses para que hoy culmine este esfuerzo con la firma del mismo.
Hay muchas expectativas de que se pueda emprender con el nuevo gobierno una ruta de trabajo que tome en cuenta la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito Judicial, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sobre el caso de Iguala. Tanto los dos informes del GIEI, como el último informe elaborado por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH y el exhaustivo informe que recientemente presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abonan para que el nuevo diseño de la Comisión de Investigación pueda profundizar en las diferentes líneas, tomando en cuenta la opinión de los familiares de las víctimas, así como sus representantes legales y la misma CNDH.
Será determinante la asistencia y cooperación de la CIDH y la oficina de la ONU en México, así como el apoyo de los expertos internacionales para que coadyuven en el esclarecimiento del caso. El mismo subsecretario Alejandro Encinas ha manifestado su compromiso de dar cumplimiento al mandato presidencial de atender el caso de Ayotzinapa con el fin de dar con el paradero de los 43 estudiantes. En diferentes foros ha dicho que no va estar de “florero”, ni se va a prestar para componendas. Impulsará las líneas de investigación trazadas por el GIEI y estará muy atento a las propuestas y opiniones que emitan los familiares de los estudiantes.
Las madres y padres han sido muy claros y contundentes, reconocen en primer lugar la apertura, el compromiso y la sensibilidad del nuevo presidente de la República. Se han sentidos escuchados y valorados. Ellas y ellos han manifestado que por primera vez sienten que se les reconoce y respeta como personas con dignidad, sin embargo, han subrayado que la confianza se va a ganar en la medida que se avance en las investigaciones y haya resultados tangibles y científicos. Han reiterado que no se van a poner obstáculos, ni proteger a funcionarios, mucho menos limitar espacios o lugares para indagar el paradero de sus hijos. Estarán muy atentos en este nuevo proceso de investigación, serán partícipes y cooperadores con el Ministerio Público, por lo mismo estarán vigilantes de todas sus actuaciones. Sabrán respetar su investidura y autonomía, pero siempre y cuando vele por el derecho de las víctimas. El discurso d el presidente Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión, centrado en lo que definió como un cambio de régimen político y que lo sintetiza como la Cuarta Transformación, tiene en el caso de Ayotzinapa la prueba de fuego. Su proclama de “no tengo derecho a fallarle al pueblo de México” es un compromiso muy profundo en el que la mayoría de los mexicanos y mexicanas ponen sus esperanzas para que acabe la corrupción y la impunidad que son la causa principal de la desigualdad económica y social, de la inseguridad y de la violencia que padecemos.
Para las y los guerrerenses, este mensaje presidencial conlleva la transformación de estructuras gubernamentales que están ancladas en la corrupción y coludidas con organizaciones delincuenciales y por lo mismo tiene que haber cambios sustantivos en las instituciones del estado. No podemos quedarnos con la mera retórica y las autoridades locales deben entender que no pueden continuar con las mismas prácticas que reproducen la corrupción y que protegen intereses ilícitos dentro del aparato gubernamental. No podemos aceptar que los ciudadanos y ciudadanas sigamos relegados de los derechos básicos y sobre todo resignarnos a padecer el flagelo de la violencia a causa de la incapacidad de las autoridades y la complicidad que existe con grupos de poder fáctico, al no querer desmantelarlos y por el contrario permitir que se asuman como amos y señores en varias regiones del estado.
Las autoridades están obligadas a rendir cuentas y a terminar con el maridaje que se ha reproducido a lo largo de los años entre la clase política y las élites económicas. Tiene que haber una depuración a fondo de las corporaciones policiales y de la misma Fiscalía General del Estado. No podemos seguir arrastrando vicios y tolerando abusos y acciones ilícitas de las autoridades. Los colectivos de las víctimas de la violencia tienen que ser atendidos y escuchados con la misma presteza y compromiso como lo está haciendo el nuevo presidente de la República. El electorado de Guerrero votó por un cambio que por la vía de los hechos es un mandato del pueblo para que las autoridades se alineen a este clamor y coloquen en el centro de su acción política el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los familiares de las víctimas de la violencia no sólo han perdido a sus seres queridos, sino que también perdieron la confianza en las autoridades del estado que las han estigmatizado e ignorado, y a pesar de ello siguen en la primera línea dando la pelea, poniendo en riesgo sus vidas, con el único fin de que haya verdad y justicia y se acabe este sistema corrupto. El gobierno de Guerrero tampoco tiene derecho a fallarle al pueblo.