Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acuden al bloqueo que mantienen estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña a la carretera Tlapa-Chilapa, en el puente de Ahuatepec Ejido Foto: Antonia Ramírez Marcelino
Antonia Ramírez Marcelino
Ahuatepec Ejido, Tlapa
Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM) en su segundo día de bloqueo de las carreteras a Chilapa y Puebla, donde recibieron la solidaridad de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y del Frente Popular de la Montaña, pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda intervenga para que se solucione el conflicto.
Una comisión de padres y madres de los 43 normalistas acudieron al bloqueo que mantienen los estudiantes inconformes. Primero acudieron al bloqueo que hay sobre la carretera a Puebla, en el punto conocido como La Nopalera, y después se trasladaron al de Ahuetepec Ejido, donde se solidarizaron con los alumnos que exigen la salida de maestros acosadores y la destitución de la directora Fredislinda Vázquez Paz, a quien continúan culpando de encubrirlos.
Durante su intervención, María de Jesús Tlatempa, madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, José Eduardo Bartolo Tlatempa, dijo a los estudiantes que vinieron a Tlapa, a una reunión con organizaciones sociales y viendo el problema al que se enfrentan, decidieron llegar al bloqueo para decirles que no están solos, que cuentan el apoyo, porque saben bien lo que significa luchar para reclamar los derechos.
También participaron estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y del Frente Popular de la Montaña, quienes momentos antes participaron en un programa de radio que tiene Tlachinollan, en la XEZV, La Voz de la Montaña.
Durante sus discursos, los oradores coincidieron en exigir a la gobernadora Salgado Pineda que solucione las peticiones de los alumnos del Tecnológico.
Por su parte, un alumno del tecnológico agradeció el apoyo de los normalistas y de los padres de familia. Dijo que no piden la destitución de la directora por ser mujer, así como lo ha manejo en la prensa, sino que no apoyó a las estudiantes en su momento, cuando denunciaron.
Agregó que también ha dicho que los estudiantes no dan diálogo, cuando en su momento fue quien abandonó la reunión.
La señal de que no tiene capacidad como directora, “que lástima que diga que por ser mujer la queremos destituir, que lástima que no haya apoyado a las compañeras y nos envió a las instituciones responsables”, reprochó el estudiante durante su intervención.
El vocero de los padres y madres de los 43, Melitón Ortega Jiménez, pidió a los alumnos que continúen exigiendo sus derechos, que se mantengan unidos, porque seguramente el gobierno va pretender dividirlos. Hizo un llamado a la gobernadora para que resuelva la demands de los jóvenes.
Este miércoles volvieron a atravesar piedras y cuerdas la carretera hacia Chilapa, en Ahuatepec Ejido; a Puebla, en el crucero de Tlatzala, y ampliaron su protesta en la vía a Marquelia, cerca de El Retén, y permanecieron hasta las hasta las 6 de la tarde.
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército
De acuerdo con documentos confidenciales obtenidos por el grupo Guacamaya, la Sedena mantiene desplegados “pelotones de información”, que vigilan movimientos sociales y políticos, y a defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos. Militares reportaron actividades de Abel Barrera, Vidulfo Rosales, Melitón Ortega… El propósito es trasmitir al alto mando “información relevante” para darla al “mando supremo” en las “reuniones diarias de Palacio Nacional”
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
En Guerrero no se van a permitir más ni persecución política ni represión, promete Evelyn
Va la gobernadora a la Codehum y entrega vehículos y computadoras
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.
Estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa iniciaron las celebraciones por el 97 aniversario de creación de la escuela, y refrendaron su exigencia para la búsqueda de justicia por los 43 normalistas desaparecidos.
En una publicación en su página oficial de Facebook, se observó que la celebración inició con Las Mañanitas, cantadas por un grupo de mariachis en la normal rural, ubicada en el municipio de Tixtla.
Además, se indicó que el 2 de marzo, pero de 1926, “se plantó esa semilla en estas tierras guerrerenses. Esa semilla que como todo lo justo, a los poderosos les incómodo, sufriendo golpes dolorosos desde su inicio”.
“Ayotzinapa es una semilla y hoy en día es un árbol que tiene raíces importantes, que es Raúl Isidro Burgos, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y la de decenas de generaciones que en estos 97 años han enaltecido y emblematizado el nombre Ayotzinapa”, se leía.
Manifestaron que celebran la resistencia, “alzamos el ejemplo de nuestros caídos, seguiremos buscando justicia para los ausentes. Nuestro aniversario va por los 43, por los caídos, por lo que tanto necesitamos y merecemos como pueblo”.
La próxima semana, en la escuela se realizarán conferencias, exposiciones y en el lienzo charro de Tixtla se presentarán grupos musicales, entre ellos, Gerardo Díaz y su Gerarquía. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Marinos armados llegan al bloqueo e intimidan a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pues con palabras altisonantes les exigieron que los dejaran pasar, y después si querían, siguieran haciendo su desmadre. Después de las amenazas de los marinos, los jóvenes abren unos momentos la carretera para darles paso y luego reinstalan su protesta para exigir que se les programe una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Foto: Lenin Ocampo Torres
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon el cruce de la carretera federal con la Autopista del Sol, en Chilpancingo, y se llevaron tres vehículos.
Minutos antes de las 12 del día y durante una hora y media, los alumnos cerraron con tres autobuses totalmente la Autopista del Sol y el entronque con la carretera federal México-Acapulco. Media hora después el bloqueo fue intermitente, abrían y cerraban cada 20 minutos.
Los alumnos se negaron a dar información. En el bloqueo retuvieron un automóvil del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como vehículos de las empresas Jumex y Bimbo.
De acuerdo con autoridades estatales, los estudiantes exigen la segunda etapa de la construcción de una cancha de futbol.
Por el bloqueo, cientos de automovilistas quedaron varados, por lo que algunas personas tuvieron que caminar; lo que les causó molestias, porque tenían que cargar sus maletas.
Además, al bloqueo llegó un mando de la Marina, escoltado por sus agentes, quienes portaron armas y se dirigió de manera enérgica al grupo de alumnos. Les exigió que abrieran la vialidad y que si querían “hacer su desmadre”, después que lo hicieran, pero que los dejaran pasar.
Los manifestantes accedieron y abrieron medio carril, el que volvieron a cerrar luego de que pasó el convoy de marinos.
Unos 30 policías estatales con equipo antimotines llegaron al encauzamiento del río Huacapa, a unos metros de la autopista. Ahí estuvieron unos 20 minutos y nuevamente se retiraron del lugar, sin acercarse a los manifestantes.
A la 1:30 de la tarde, los alumnos subieron a los autobuses, se retiraron de la autopista y se llevaron los tres vehículos retenidos a la escuela, ubicada en el municipio de Tixtla.
Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos cerraron con tres autobuses totalmente esa vía y el entronque con la carretera federal México-Acapulco, ayer en Chilpancingo. Los estudiantes se llevaron un automóvil del Inegi, así como vehículos de las empresas Jumex y Bimbo. Al bloqueo llegó un mando de la Marina con sus escoltas, quien se dirigió de manera enérgica al grupo de manifestantes; les exigió que abrieran la vialidad y que si querían “hacer su desmadre”, después que lo hicieran, pero que los dejaran pasar Foto: Lenin Ocampo Torres
Bloquean normalistas de Ayotzinapa la autopista en la capital 90 minutos; se llevan tres vehículos
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Marinos armados llegan al bloqueo e intimidan a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pues con palabras altisonantes les exigieron que los dejaran pasar, y después si querían, siguieran haciendo su desmadre. Después de las amenazas de los marinos, los jóvenes abren unos momentos la carretera para darles paso y luego reinstalan su protesta para exigir que se les programe una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Foto: Lenin Ocampo Torres
Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon el cruce de la carretera federal con la Autopista del Sol, en Chilpancingo, y se llevaron tres vehículos.
Minutos antes de las 12 del día y durante una hora y media, los alumnos cerraron con tres autobuses totalmente la Autopista del Sol y el entronque con la carretera federal México-Acapulco. Media hora después el bloqueo fue intermitente, abrían y cerraban cada 20 minutos.
Los alumnos se negaron a dar información. En el bloqueo retuvieron un automóvil del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como vehículos de las empresas Jumex y Bimbo.
De acuerdo con autoridades estatales, los estudiantes exigen la segunda etapa de la construcción de una cancha de futbol.
Por el bloqueo, cientos de automovilistas quedaron varados, por lo que algunas personas tuvieron que caminar; lo que les causó molestias, porque tenían que cargar sus maletas.
Además, al bloqueo llegó un mando de la Marina, escoltado por sus agentes, quienes portaron armas y se dirigió de manera enérgica al grupo de alumnos. Les exigió que abrieran la vialidad y que si querían “hacer su desmadre”, después que lo hicieran, pero que los dejaran pasar.
Los manifestantes accedieron y abrieron medio carril, el que volvieron a cerrar luego de que pasó el convoy de marinos.
Unos 30 policías estatales con equipo antimotines llegaron al encauzamiento del río Huacapa, a unos metros de la autopista. Ahí estuvieron unos 20 minutos y nuevamente se retiraron del lugar, sin acercarse a los manifestantes.
A la 1:30 de la tarde, los alumnos subieron a los autobuses, se retiraron de la autopista y se llevaron los tres vehículos retenidos a la escuela, ubicada en el municipio de Tixtla.
Maestros de la CETEG, de la CNTE y organizaciones sociales guardan un minuto de silencio en memoria de los caídos al término de la conferencia de prensa que ofrecieron en su edificio como parte del 43 aniversario de la organización magisterial Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) celebró el pasado sábado los 43 años de su fundación, y en un mitin en Chilpancingo, sus agremiados exigieron que se reinstale la mesa de trabajo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque tienen demandas pendientes.
Las actividades conmemorativas iniciaron en la mañana, en el edificio de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Giuerrero (CETEG) y acudieron unos 400 maestros provenientes de estados como Chiapas, Veracruz, Michoacán, Sonora y Oaxaca, además de organizaciones sociales y una comisión de padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014.
En conferencia de prensa, el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, dijo que a 43 años del surgimiento de la CNTE “nosotros como magisterio seguimos con esta lucha”.
Manifestó que la demanda central es la abrogación de la “mal llamada” reforma educativa, que inició con el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que sigue ejecutándola Andrés Manuel López Obrador.
También indicó que exigen la reinstalación de sus compañeros cesados, que no se sometieron a la reforma educativa y la solución que han planteando en las diferentes mesas de trabajo.
El dirigente manifestó que reclaman justicia y verdad por sus presos políticos, así como el cierre de las carpetas de investigación que el gobierno en turno y pasados que han abierto contra a sus compañeros.
Informó que, asimismo, solicitan democratizar las secciones donde tienen presencia, mejores prestaciones, servicios en cuestión de salud y la reinstalación inmediata de las mesas de trabajo con el Ejecutivo federal.
En su participación, el vocero de los padres de los 43, Melitón Ortega, dijo que, a nombre de las madres y padres y la normal rural de Ayotzinapa, saludaban a los secretarios de las diferentes secciones.
Externó que son 43 años de lucha, resistencia, de desapariciones e incluso hay presos políticos de la CNTE, “agradecemos a la CETEG, por permitirnos la participación de los padres de los 43”.
Melitón Ortega recordó que para los padres de los normalistas son más de ocho años de lucha, represión, de resistencia y de falta de compromiso por parte de las autoridades por la desaparición de los estudiantes, “los que nos han acompañado en nuestra lucha son los maestros de la CNTE y de la CETEG”.
Destacó que la lucha continúa y que no ha terminado, porque la verdad y justicia no ha llegado, “este camino, en el túnel vemos la luz muy lejos, aún falta mucho, porque son 43 estudiantes que siguen desaparecidos”.
Enfatizó que los padres y madres le han externado al gobierno federal que quieren saber dónde están sus hijos, “queremos la verdad, aunque sea lo más doloroso o fuerte, queremos saber dónde están nuestros hijos”.
Melitón Ortega dijo que cuando los jóvenes cumplieron ocho años de desparecidos, el gobierno federal les externó que se declaraba en luto nacional, es decir, que los estudiantes ya no viven.
“Si ya no viven, los padres han dicho que les muestren las evidencias científicamente, informaciones claras. El juicio de un gobierno no se puede aceptar, por eso seguirán en pie de lucha”, destacó.
En una conferencia estuvieron presentes, el escritor y periodista Luis Hernández Navarro, y el politólogo de la UNAM, Mauro Jarquín Ramírez.
Hernández Navarro recordó a Arcángel Ramírez Perulero, ex dirigente de la CETEG, quien murió a causa del Covid-19 y maestros que perdieron la vida por el virus, “los seguimos recordando”. Asimismo, a los maestros que fueron asesinados por las policías: Claudio Castillo Peña y Antonio Vivar Díaz, “a todos ellos, les decimos que no los vamos a olvidar”.
Jarquín Ramírez externó que a 43 años de la CNTE, se ha ampliado el panorama político en México, asimismo, que la organización le ha dado un sentido distinto a lo que significa la educación en el país.
“Un balance específico de la coordinadora se puede ver a partir de la discusión de sus tres ejes: la democratización de la educación, del sindicato y del país”, destacó el politólogo.
Luis Hernández opinó que la CNTE “está en su momento más difícil de su vida, contra el PRI se luchaba mejor. Estaban más claros los enemigos, pero ahora (con la nueva administración) es más compleja”.
Recordó que para este actual gobierno, que encabeza López Obrador, la CNTE actúa con inteligencia, porque hay sectores del magisterio que sienten simpatía por el proyecto de la Cuarta Transformación.
“Hay cosas que deben evitar hacer, por ejemplo, meterse entre las patas de los caballos y de la sucesión presidencial. La coordinadora no debe de apoyar a algún candidato dentro de Morena, porque eso sería costosísimo para la coordinadora”, dijo el escritor.
Opinó que para lograr buenos avances en sus demandas, se deberá de consultar a las bases del magisterio.
Jarquín Ramírez dijo que es importante ingresar cuadros jóvenes en la CNTE, dar espacios en dirigencias a maestras y quitar el tabú de los maestros homosexuales.
Después, los miembros de la CNTE se dirigieron al zócalo capitalino y realizaron un mitin político-cultural, donde externaron que están contra el Tren Maya y la militarización, así como exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes.
Al finalizar el mitin, diferentes grupos de danza bailaron y hubo música de viento. Los miembros de la CNTE corearon: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “aquí y ahora con la coordinadora”.
Jóvenes morenistas en apoyo a Sheinbaum en el restaurante del hotel Las Hamacas Foto : Jesús Trigo
Daniel Velázquez
Unos 70 jóvenes de Acapulco, Costa Grande y Costa Chica rindieron protesta como parte de la Coordinación Estatal de Jóvenes con Claudia, en apoyo a las aspiraciones presidenciales de la jefa de gobierno de Ciudad de México.
En la reunión se convocó a los jóvenes a invitar a quienes que van a votar por primera vez, a que reflexionen su voto porque son personas que nacieron en 2006, que no conocen el fraude que hizo el INE ese año, y cuando sucedió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala apenas tenían ocho años.
La reunión de apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo se llevó a cabo en el hotel Las Hamacas con jóvenes de Acapulco, Ometepec, Marquelia, Zihuatanejo, Tecpan y Coyuca de Benítez. El sábado en Chilpancingo, en el salón Jacarandas, se llevó a cabo una asamblea similar con jóvenes de las regiones Centro, Monta-ña, Norte y Tierra Caliente.
El coordinador nacional de Jóvenes con Claudia, Abraham Eugenio Carro, dijo que en 27 estados va arriba en las encuestas, y que en Guerrero va más arriba de cualquier otro aspirante y que el trabajo se concentra en cuatro o cinco estados, donde todavía falta trabajo para arrasar en las encuestas.
Expuso que una señal inequívoca de la fuerza de Sheinbaum es que medios no afines a la Cuarta Transformación, como Reforma y El País, han publicado encuestas en las que está diez puntos arriba en la preferencia electoral. “Eso no nos llama a la hamaca, al contrario, nos llama a activarnos a reforzar”.
Agregó que actualmente hay una campaña “de odio” en las redes sociales contra la jefa de Gobierno, lo que se puede comprobar en la respuesta a los mensajes que en redes sociales emite Sheinbaum, y esa condición no está con los otros aspirantes morenistas a la candidatura presidencial, “esta guerra es propia y ajena. Nos están atacando porque saben que por primera vez y de manera inédita en México una mujer encabeza las encuestas para suceder al presidente, una mujer está a punto de ser presidente”.
Luego, señaló que los medios de comunicación están tomados por “una pandilla” que añora que Mé-xico regrese a los tiempos de 2018. Puso como ejemplo la marcha del pasado 13 de noviembre en la que algunos participantes denostaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque “les duele, les ofende que seamos morenos, que los siempre perseguidos, los siempre olvidados, los que siempre estuvimos atrás gobernemos este país”.
“Les duele que una mujer, una científica, una dirigente, una luchadora social, una madre encabece las encuestas” y sea la que represente al “humanismo mexicano” del que habló López Obrador, en la marcha del 27 de noviembre.
De la coordinación nacional, Rosalía Tovar Hernández, dijo que extraoficialmente se sabe que se aplicará una encuesta en marzo y otra en junio, y aunque los números son favorables para la jefa de gobierno, “no podemos confiarnos”.
También de la coordinación nacional, Camila Martínez, advirtió que la oposición está al acecho de “quien de las corcholatas, de quienes han levantado la mano buscando la candidatura presidencial, pone menos en riesgo sus privilegios, y no duden que como lo hicieron en 2018 van a utilizar todos los recursos que tengan para intentar ganar. Van a comprar medios, asesores, amigos en el Instituto Nacional Electoral (INE), que día tras día buscan sancionar a la doctora Claudia Sheinbaum, porque saben que es quien puede poner un alto a esos neoliberales que estaban muy acomodados, los empresarios con el compadrazgo político”.
El diputado federal Manuel Vázquez Arellano, conocido como Omar García, sobreviviente del ataque a los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, dijo que la jefa de gobierno es respaldada por los sectores excluidos.
Convocó a los jóvenes a hacer uso de redes sociales y nuevas tecnologías para aportar al movimiento. “Queremos que la 4T se vaya alternando y tenga rostro de mujer en el siguiente sexenio”, dijo.
Abundó que la 4T debe ser un proyecto de largo aliento para que gobierne por los próximos 50 o cien años, y les dijo a los jóvenes que deben hacer trabajo territorial para que sean merecedores de ser llamados a cargos de elección.
Advirtió que la lucha de la 4T no se ha terminado, porque los potentados no están de acuerdo en que se gobierne a favor de los menos favorecidos y buscan derribar al gobierno. “La transformación no sólo debe de continuar, debe profundizarse, debe ampliarse, debe hacerse mucho más profunda, más radical”.
El diputado federal Manuel Alejandro Robles tomó protesta a los integrantes del Comité Estatal de Jóvenes con Claudia, quienes corearon “protesto promover y trabajar para que siga la Cuarta Transfor-mación en Acapulco. Las combativas juventudes del estado de Guerrero decimos que es Claudia” y gritaron: “Presidenta, presidenta” y “es un honor estar con Claudia hoy”.
Participaron en la asamblea Jóvenes con Toro. La mayoría de los oradores fueron hombres, se pidió a las mujeres participar pero sólo hablaron la diputada Estrella de la Paz Bernal, dos activistas de Ciudad de México y una joven de los asistentes.
Efectivos del Ejército a su paso por la calle Colón en el centro de Chilpancingo, como parte de los recorridos de seguridad que realizan en la capital del estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) y asesor de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, declaró por teléfono que los documentos de los hackers Guacamaya que señalan la existencia del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) en el 27 Batallón de Iguala, confirman lo que han venido señalando los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, de que en esas instalaciones hay información suficiente para esclarecer el caso.
“Definitivamente, esa información ya la teníamos nosotros. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encontró varios documentos relacionados con el caso Ayotzinapa que fueron obtenidos por el Cerfi con sede en Iguala”, declaró el abogado.
Añadió que, incluso, por eso los padres de los 43 estudiantes desaparecidos han estado pidiendo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que les abran los archivos de ese Centro, pero que el Ejército ha negado la existencia del Cerfi.
El abogado denunció que ha habido negativa de la Sedena para proporcionar la información que hay en ese Centro, “la poca información que ha salido es lo relacionado a una intervención telefónica que ellos (los del Cerfi), hicieron justamente el 26 de septiembre a las 10 de la noche, supuestamente al teléfono de Francisco Salgado Valladares (comandante de la Policía Municipal de Iguala) que este Centro intervino a las 10 de la noche.
Rosales Sierra agregó que por eso han estado pidiendo que los militares acudan al Ministerio Público para que se pueda “diligenciar” esta intervención telefónica y saber quién la llevó a cabo, cómo y por qué razones y todos los datos concernientes a ello, “pero el Ejército se ha negado, como ha negado la existencia de este centro”, reprochó el abogado.
El activista informó que tienen datos de que los militares estuvieron vigilando desde este Centro la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Sin embargo dijo que todavía no han determinado si van a aportar estos documentos como elementos probatorios en contra del Ejército en el expediente del caso Iguala, “porque primero habríamos de ver de qué forma se aporta al proceso”.
Sin embargo, dijo el documento no es tan relevante para el proceso del caso Ayotzinapa porque los datos que ya tienen con respecto a la participación del Ejército son más importantes, “nosotros ya tenemos el dato preciso de qué es lo que intervino, y ahora lo único que se dice que ese Centro es uno de los cinco que existen en el país, digamos que esa es la novedad, pero nosotros lo que tenemos son datos concretos de qué hizo ese centro la noche del 26 el Ejército mexicano a través de ese Centro”.
Rosales Sierra agregó que cuentan con al menos dos o tres datos precisos de lo que habría hecho el Ejército esa noche a través de ese Centro, pero insistió que el problema es que se niega a aceptar que exista esta instancia dentro de esas instalaciones y de su estructura.
“Pero que bueno que ahora sale a la luz y se hace público para que la gente sepa que efectivamente existe este Centro de Fusión de Inteligencia y que el Ejército está obligado a proveer toda la información que se generó ahí y que nosotros ya sabemos de lo que se hizo y estamos seguros de que existe más información respecto a lo que ocurrió el 26 de septiembre del 2014”.
El abogado informó que lo que aporta ahora el grupo de activistas de hackers Guacamaya es que el Centro de Inteligencia es un complejo militar tecnológico con muchas capacidades para monitorear y hacer trabajo de inteligencia, razón de lo cual nos da cuenta que el 26 de septiembre no pudo escapar nada al control del Ejército.
“Es decir, que el 27 Batallón estuvo al tanto de todo lo que estuvo ocurriendo y que seguramente sabe lo que pasó con los estudiantes y tiene información sumamente relevante de ello y la exigencia es que se pueda aportar esa información, que es lo que nosotros venimos exigiendo para que se aclare el caso”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional donde estuvo acompañado por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Berdeja Foto: Cuartoscuro
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, desestimaron el reportaje del diario estadunidense The New York Times, que publicó se están desmoronando parte de las pruebas que sustentaron el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa que concluye que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados por miembros del grupo criminal que operaba en contubernio con la policía y el Ejército.
El reportaje tiene como base una entrevista con el propio Encinas, que es presidente de la Comisión, en la que declaró que no fue confirmada la autenticidad de un alto porcentaje de las 467 capturas de pantalla que se usaron en la elaboración del informe, con supuestas conversaciones entre miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y mandos del Ejército.
En la conferencia de prensa matutina de este jueves, Encinas señaló que el informe presentado el 18 de agosto debe verse de una manera integral y que han considerado 154 eventos relevantes con datos vinculados a la desaparición de estudiantes. Aseguró que no está en peligro la validez del informe de la Comisión.
“Porque además soy el principal sorprendido, ¿no?, que se diga que yo autodescalifiqué mi trabajo. Pues la verdad no fue así, mucho menos, sería una falta de respeto a las compañeras y compañeros de mi equipo de trabajo que nos están acompañando de manera muy seria y profesional”, comentó Encinas.
El presidente López Obrador, mencionó que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas el 26 de septiembre de 2014, es un asunto fundamental y calificó a The New York Times como un medio poco ético.
“Es una nota que salió en el New York Times y ya sabe cuál es la opinión que tenemos de estos medios, ¿no?, muy famosos, pero también poco éticos y muy vinculados a grupos de intereses creados, tanto económicos como políticos”, descalificó el presidente.
Encinas indicó que el informe que presentó la Comisión el 18 de agosto pasado es válido, y se sustenta en diversas pruebas, con testimonios que han sido recogidos por diferentes organismos, no sólo en capturas de pantalla de conversaciones entre supuestos involucrados.
Añadió que de los 154 eventos identificados en el informe, 99 cuentan con coincidencias claras con otros indicadores y fuentes de información, mientras que los 55 restantes no tienen coincidencia alguna con fuentes.
De igual forma, mediante una diapositiva expuso un fragmento de conversación entre dos supuestos participantes en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
El subsecretario puso un ejemplo de una captura de pantalla que se refiere a un mensaje entre directamente involucrados en la desaparición de los normalistas, que está confirmada con otras pruebas múltiples.
“El mensaje que dice que a las 07:30 horas ‘el Chino’ le dice a ‘el Negro’: ‘Patrón, ya quedó todo listo, se repartieron los paquetes, unos a Huitzuco, Pueblo Viejo, y unos al río, y se recuperó el material, ahorita está todo en orden, patrón’.
“Y ‘el Negro’ le responde: ‘Ya está, pues ahí les transfiero algo extra para que lo repartan a la gente, por unos días no quiero nada de desmadre, quita a tus H y dile que además que quiten a su gente mientras se enfría todo el alboroto, y no me marquen a menos que sea muy necesario, desháganse de los teléfonos, que no quede nada.’
Encinas explicó sobre ese mensaje: “Independientemente que están acreditados los metadatos que acreditó el equipo técnico sobre estos mensajes, hay 12 fuentes complementarias de coincidencia de match en este mensaje que tienen que ver con los testimonios del ‘Bene’, de ‘Carla’, de ‘Steven’, de ‘Paul’, el expediente de la Secretaría de la Defensa Nacional, las intercepciones a las que hemos tenido acceso de la Secretaría de la Defensa Nacional y los mensajes, el análisis de las conversaciones telefónicas, las órdenes de aprehensión, el testimonio de Felipe ‘N’, la declaración de ‘Neto’, los informes del GIEI, uno y dos, e incluso la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
También, en la publicación de The New York Times se afirma que Encinas voló a la ciudad de Tel Aviv para sostener una reunión con el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, para solicitarle información del paradero de los estudiantes a cambio del “apoyo del presidente”.
Ante esto, el subsecretario dijo ayer que sí sostuvo una reunión con Zerón y que se les había anticipado a los padres de los desaparecidos que si no avanzaba el proceso de extradición, se buscaría establecer comunicación directa para llegar a un convenio de aportación de información.
“Sí, se realizó el contacto a través de sus abogados, incluso fue iniciativa de los propios abogados, y sostuvimos una reunión donde se le ofreció abiertamente las garantías de que el criterio de oportunidad pudiera llegar con la autoridad judicial de manera puntual. No lo aceptó, es así de sencillo”, respondió Encinas ante el cuestionamiento.
Sobre la reunión entre Zerón y Encinas, el presidente descalificó lo dicho por el medio estadounidense y afirmó que buscan poner en duda la actuación de un servidor público el cual considera “ejemplar” y que cuenta con toda su confianza.
“Haya sido como haya sido, Zerón o autoridades de Israel, o agencias, el New York Times no va a decir nada. Sería bueno, ¿no?, por ética, que diera a conocer su fuente. No lo va a hacer porque siempre esgrimen de que tiene que proteger sus fuentes, porque ese periodismo se nutre mucho de espionaje”, afirmó López Obrador.
Encinas Rodríguez añadió que no presentarían denuncias ante las filtraciones que se han realizado sobre información relevante del caso. Además de señalar que las búsquedas se mantienen que continúa la recopilación de datos y que la investigación no se encuentra en riesgo.
“Pues por supuesto que los incomodan, estas voces buscan restarle credibilidad al proceso, generar dudas, desconfianza, por supuesto, pero lo que más daño hacen es afectar la moral, es el dolor que tienen los padres y los padres deberían de ser respetados plenamente por todas y por todos”, manifestó el subsecretario.
Alejandro Encinas dijo que no conoce a los responsables de la filtración a algunos medios del informe íntegro, sin testear, y que no cuenta con la seguridad de que la misma se haya realizado desde el interior de la Fiscalía General de la República (FGR).
Intento de sabotaje
López Obrador negó que el ex fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo (que renunció a su cargo después del informe de la Comisión), haya estado involucrado en las filtraciones o en el desistimiento de las órdenes de aprehensión a 21 presuntos responsables, entre ellos efectivos del Ejército. Añadió que se encuentra confiado en que se esclarecerá el caso de la desaparición de los estudiantes.
Como lo ha declarado, reiteró que se trató de dinamitar la investigación, pero ahora precisó que se hizo desde dentro de la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa.
Según el mandatario, el intento de reventar la indagatoria consistió en sumar decenas de acusaciones contra diversos personajes, con la intención de que el gobierno frenara las pesquisas.
A pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo negó que el ex fiscal especializado, Omar Trejo, haya estado detrás del intento de sabotaje.
Sin embargo, sin mencionar nombres, aseguró que están involucrados diversos funcionarios de esa área de la FGR.
“Yo sostengo de que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara”, dijo.
–¿Dentro de la Fiscalía?, se le cuestionó.
“Sí”, respondió. (Agencia Reforma)
