No hay investigación ni castigo a los culpables a 20 años de El Charco, dicen organizaciones

A 20 años de la masacre de El Charco, el gobierno mexicano ha permanecido “indiferente ante las ejecuciones extrajudiciales. No existe una investigación y mucho menos sanción para los responsables”, denunciaron este martes en la Ciudad de México líderes de organizaciones y el sobreviviente, Efrén Cortés Chávez.
El próximo 7 de junio se cumplirán 20 años de la masacre de El Charco, comunidad indígena na savi ubicada en Ayutla de los Libres, donde soldados del Ejército mexicano ejecutaron a 10 indígenas y a un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Se anunció que el 6 de junio llegará a Chilpancingo una caravana que saldrá de la Ciudad de México, en la que se espera la participación del obispo Raúl Vera López, y partirá a la conmemoración de la matanza en El Charco.
En la conferencia, Efrén Cortés Chávez indicó que “el gobierno mexicano, a 20 años ha permanecido indiferente ante estas ejecuciones extrajudiciales.
“En Guerrero se encuentran entre 15 mil y 20 mil militares, la violencia ha trastocado todo y la militarización no está dando resultados de la supuesta seguridad. Es obvio que a alguien beneficia esto. Los pueblos tienen que defenderse para poder ejercer su derecho al territorio, a la educación; para luchar por la vida. Se revelan ante un Estado represor, que los lastima. Ellos no agredieron, el Ejército agredió en la masacre de El Charco y el pueblo se defendió”, indicó.
El sobreviviente estuvo acompañado de María Magdalena López, de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad; Julio Mata, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem-Fedefam), y fray Julián Cruzalta, de Iglesias por la Paz.
“A 20 años de la masacre, nos pronunciamos contra la impunidad. Según el gobierno mexicano, no hubo violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, y es todo lo contrario. Hubo todo tipo de violaciones y humillaciones”, indicó María Magdalena López. (Guillermo Rivera / Ciudad de México).

 

Piden padres de la primaria multigrado de Río Velero, Ayutla, que la SEG envíe un maestro

En lo que va del año escolar, la primaria multigrado de la comunidad me’phaa de Río Velero, municipio de Ayutla de los Libres, no tiene maestro, pese a las gestiones de las autoridades comunitarias en Chilpancingo, denunció el comisario, Tiburcio Dircio.
Acompañado del presidente del comité de la escuela, la autoridad explicó que, el año pasado tuvieron el mismo problema, y sólo cinco meses del ciclo escolar 2016-2017, los 43 alumnos recibieron clases, y administrativamente, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) entregó la documentación de fin de curso.
Sin embargo, en agosto pasado, el maestro asignado solicitó una licencia por cuestiones personales, y desde entonces las autoridades de la SEG no han enviado a un nuevo profesor.
Transcurridos seis meses sin clases, denunciaron que presentaron hace meses al subsecretario de Educación Emiliano Díaz Román, su petición de un docente, y ayer preguntaron el seguimiento de su gestión, y les dijeron que a la fecha no hay ningún maestro designado para su escuela.
Consultados frente a Casa Guerrero, anunciaron que este lunes protestarán en la carretera federal Tierra Colorada-Cruz Grande, en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, para que atiendan su demanda.

Propone el Congreso Nacional Indígena un frente contra la embestida del gobierno federal

Integrantes del Congreso Nacional Indígena llamaron en una asamblea en la comunidad de La Fátima, municipio de Ayutla, a organizarse para formar un frente contra el gobierno federal ante las embestidas violentas a los pueblos originarios, y denunciaron que el sistema discrimina y pretende dividir al pueblo.
Unos 500 habitantes de la localidad y de otras de la zona indígena de Ayutla acudieron a la asamblea, ayer al mediodía en la cancha techada, donde denunciaron que las autoridades discriminan y despojan de sus tierras a los indígenas bajo un sistema “podrido”.
La Fátima se localiza a una hora de recorrido de la cabecera municipal de Ayutla, en la región Costa Chica. Representantes de al menos 15 comunidades asistieron a la asamblea que se celebró en idiomas tuun savi y me’phaa.
Los participantes denunciaron que autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen olvidados a los pueblos indígenas, pero aseguraron que no están solos, porque están organizados y son “muchos”.
Tres músicos de la comunidad de El Platanar tocaron melodías tradicionales, y mujeres bailaron y mostraron su cultura a los tres integrantes del Congreso Nacional Indígena, quienes manifestaron a los comuneros que la vocera de la organización, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy no pudo asistir, a causa del accidente en carretera que sufrió en febrero en Baja California.
En su participación, el integrante del Congreso Nacional Indígena, Jesús Plácido recordó que la organización se conformó el 27 de mayo del 2017 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con la finalidad de defender los derechos y evitar la desaparición de los pueblos indígenas.
Explicó que el Congreso Nacional Indígena es la casa de todas las lenguas, y criticó que las autoridades siguen discriminando a los indígenas por no expresarse en español, además de que los despojan de sus tierras.
Añadió que el gobierno usa el crimen organizado para desplazar a los habitantes de las comunidades, y les niega el derecho a la educación y la salud, mientras que el dinero se “mal invierte” para crear grupos militares y policías que agreden a los comuneros.
Pidió estar unidos y defenderse del sistema que solamente trae “la muerte” de las personas. Aclaró que el Congreso no va por el poder en estas elecciones, porque “ya sabíamos que allá arriba está podrido”.
Dijo que la organización no viene a entregar dádivas como cemento, lámina, cubetas, tal como se conducen los partidos políticos, sino a dar el mensaje de organización para defenderse de los embates del gobierno.
Criticó que el gobierno federal no resuelve la desaparición de los 43 estudiantes de Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y que, al contrario, no cesa la violencia; ejemplificó con la represión y asesinato de policías comunitarios en La Concepción.
En su intervención, otro integrante del Congreso Nacional Indígena, Amador Cortés expresó que el gobierno federal comenzó una “guerra y exterminio” de la cultura indígena.
Añadió que a los indígenas les “destruyen” su cultura y los despojan de sus tierras, ocasionando una manera de vivir “inhumana”.
Manifestó que los tres poderes hacen leyes a favor del gran capital internacional, y cada vez más recortando el presupuesto del pueblo, por ejemplo en el ámbito del campo, donde sobreviven los indígenas.
Exhortó a los comuneros a defender sus derechos y a conformar un frente, porque el gobierno federal pretende dividir al pueblo indígena.
Ejemplificó que la Fiscalía General del Estado (FGE) y los jueces se venden por medio de los sobornos de los delincuentes, y pidió a las casas de justicias de las policías comunitarias de Guerrero no corromperse y aplicar el reglamento interno.
Sugirió la instalación de una radio comunitaria para las comunidades indígenas de Ayutla y municipios aledaños.
Otro integrante del CNI, Francisco Ortiz Martínez relató cómo se llevó a cabo la elección de la vocera del Consejo, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy.
Añadió que tomaron los parámetros de la violencia contra las mujeres porque son discriminadas y violentadas afuera y adentro de sus casas.
Luego recordó que los integrantes del CNI encabezados por Marichuy recorrieron todas las comunidades del país de octubre de 2017 a febrero de 2018, cuando “pudo escuchar el dolor y sufrimiento”.
Afirmó que el gobierno trata igual a todos los indígenas en el país, “pretende desaparecer a los pueblos originarios, quieren volver a expulsarlos”. Recomendó alzar la voz y decir un “¡ya basta!”, ante los embates constante de las autoridades contra los indígenas.
Sugirió organizarse “para lo que viene”, en referencia a las próximas elecciones, las más “fuertes y grotescas del país en la era moderna”. Criticó que ningún partido político manifestó una postura ante el accidente de Marichuy en Baja California, y que los candidatos no retoman los ideales de la líder indígena, “es una prueba que hay discriminación”.
Posteriormente, hubo la elección de los representantes para el Congreso Nacional Indígena, los integrantes de la organización avalaron la propuesta e invitaron tener delegados regionales.
A la asamblea acudieron 19 autoridades, entre ellas comisarios de las comunidades de Ayutla, representantes del Frente Nacional por la Libración de los Pueblos (FNLP), y comandantes regionales, municipales y de grupo de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

 

 

Desalojan a comerciantes del viejo mercado central de Ayutla que se negaban a mudarse al nuevo

Policías municipales y empleados del Ayuntamiento de Ayutla encabezados por la presidenta municipal, Hortensia Aldaco Quintana, del PVEM, desalojaron violentamente a comerciantes del mercado del centro de la cabecera, y con maquinaria pesada destrozaron algunos locales para obligarlos a trasladarse al nuevo centro de abasto, ubicado en la salida a Cruz Grande.
Durante el desalojo, golpearon a unas 12 mujeres, quienes en la tarde presentaron su denuncia ante el Ministerio Público, informaron las afectadas, vía telefónica, quienes, además, informaron de la agresión mediante un video enviado al reportero vía WhatsApp.
Las comerciantes se niegan a cambiarse al nuevo mercado, debido a que con el sismo del 19 de septiembre tuvo cuarteaduras y no se ha hecho un dictamen de Protección Civil, denunciaron.
La presidenta de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, condenó que se haya ejercido violencia contra mujeres en un municipio en el que se declaró una alerta de género, y anunció que presentarán la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y que en el transcurso del día se habían comunicado vía telefónica con el delegado del organismo en Guerrero, Hipólito Lugo Cortés.
Las comerciantes denunciaron que el desalojo por policías municipales y empleados del Ayuntamiento fue encabezado por la presidenta municipal, Hortensia Aldaco Quintana; el director de Seguridad Pública, Jesús Castro Apreza; el comandante de la Policía Municipal, Martín Ramos Morales; el director de Obras Públicas, Moisés Sánchez Guzmán; y el director de Protección Civil, Reveriano Flores.
Los policías y funcionarios llegaron a las 9 de la mañana al mercado que se encuentra a un costado del Palacio municipal, en el centro de esa cabecera municipal, y arremetieron a empujones con escudos contra más de 100 comerciantes que se niegan a trasladarse al nuevo mercado.
Según Obtilia Eugenio, en la agresión resultaron 12 mujeres golpeadas. Informó que a la hora de la agresión había mujeres, quienes trataron de impedir el desalojo.
Las comerciantes fueron replegadas y con un trascabo los empleados destruyeron los locales.
La comerciante, Wendy Molina Carrillo denunció que en la tarde los comerciantes se habían retirado por completo del antiguo mercado y que la máquina seguía destruyendo los locales. Agregó que las autoridades municipales les habían cortado la energía eléctrica, y se quejó de que a ella se le echaría a perder la carne que vende y que tiene almacenada en refrigeradores.
Explicó que la alcaldesa los quiere cambiar al nuevo mercado al sur de la cabecera, en la salida hacia Cruz Grande, y que no se niegan al traslado, pero que piden que se revisen las instalaciones afectadas con el sismo del 19 de septiembre.
Declaró que el estudio no se ha hecho, o cuando menos no les han dado a conocer los resultados, y que habían convenido que en tanto no estuvieran seguros de que no corren riesgos, seguirían en las antiguas instalaciones del centro de la cabecera municipal; sin embargo, ayer, sin aviso fueron desalojados violentamente.
Denunció que son unos 350 comerciantes los que se niegan a mudarse en tanto no haya un estudio de riesgos de las nuevas instalaciones, y que sólo unos 20 ya están en el nuevo edificio.
Explicó que a muchos que se niegan al traslado, la alcaldesa ya les quitó los locales a los que tenían derecho en las nuevas instalaciones, con el argumento de que “son revoltosos”, y que ya no tienen a dónde ir a vender ahora que han sido desalojados del antiguo mercado.
A su vez, la comerciante Eneida Lozano Reyes denunció que la alcaldesa pretende construir en la zona donde estaba el mercado una plaza comercial, en la que no están considerados los comerciantes locales.
El mercado que comenzó a ser demolido ayer tenía 40 años funcionando en ese lugar, de acuerdo con los comerciantes desalojados.

Temen que se pierdan medicamentos ante corte de electricidad por un rayo en casas de salud de Ayutla

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García denunció que desde hace una semana las comunidades de Barraca Tecuani, Yerba Santa y Ciénega del Sauce, del municipio de Ayutla de los Libres, no tienen energía eléctrica aunque ya lo reportaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y temen que se descomponga el medicamento que debe estar en refrigeración en la casa de salud.
En consulta telefónica, el abogado manifestó que, a causa de un rayo que cayó en un poste, quedaron sin el servicio las tres comunidades.
“Lo preocupante es que en la Casa de Salud de la comunidad hay medicamento que requiere refrigeración, para que sea suministrado, principalmente a niños que puedan sufrir alguna picadura de alacrán, alguna situación de una mordida de alguna víbora, alguna situación que tenga que aplicarse de manera urgente, y la preocupación de la comunidad es que el medicamento al no tener refrigeración… pueda ocasionar algo grave en las personas o en los niños, principalmente”, detalló el defensor.
Abundó que no sabe con precisión en cuánto tiempo el medicamento sin refrigerarse se descompone, pero que si no está tres días en refrigeración empieza a descomponerse.
Téliz García señaló que la CFE responde que están atendiendo el problema, pero que debido a la demanda en otras comunidades no han podido arreglarlo.
“La Corte Interamericana (de Derechos Humanos) emitió una sentencia, donde se dice que esa casa de salud debe de estar abastecida con medicamento indispensable para atender de manera urgente una enfermedad, por eso entendemos nosotros que esa casa de salud tiene medicamento suficiente”, comentó.

 

Inspecciona la Codehum la cárcel de Ayutla; no hay medicamento para los internos

La Comisión Estadal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) inspeccionó la cárcel de Ayutla de los Libres, visitadores supervisaron las condiciones sanitarias del centro penitenciario para prevenir violaciones a los derechos humanos de los reos.
En un boletín de prensa el organismo informó que la Primera Visitaduría General que encabeza Violeta Parra Reynada, en coordinación con la Segunda Visitaduría General que dirige Fernando Esteban Ramírez hicieron la supervisión.
Durante el recorrido se conocieron las situaciones jurídicas de los internos para agilizar sus procesos, a cargo del visitador adjunto adscrito a la Primera Visitaduría, Juan Silva Santana, expone el boletín.
Añade que se verificó la vigencia de la medicina para los internos. El director de la cárcel, Víctor Hugo Vázquez Santos solicitó a los representantes de derechos humanos medicamentos de primeros auxilios, un espacio para consultorio, enfermeras y médicos, “ya que en situaciones de atención a casos graves sólo se cuenta con el apoyo de la Policía Municipal para trasladar a los enfermos” al centro de salud.
En consulta telefónica el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno detalló que en reclusorios pequeños como el de Ayutla no hay una unidad de salud, como tienen los reclusorios de Chilpancingo, Zihuatanejo y Acapulco.
Por lo tanto al penal hace visitas periódicas un médico del centro de salud del municipio.
Añadió que esto sucede en la mayoría de los centros penitenciarios donde no hay una instalación médica al interior.
“A los muchachos los atiende el médico del centro de salud y es lo que nosotros hemos checado, que haya esa revisión, que aún cuando no hay en el interior la unidad médica pero que sí tengan acceso frecuente del médico”, manifestó.
En el comunicado también informó que el director del penal requirió personal para el área de la cocina, su remodelación, ya que las instalaciones actuales cumplieron con su ciclo de vida.
El 22 de junio la Codehum también informó que acudió al reclusorio a hacer una supervisión, ese día quienes verificaron recomendaron la rehabilitación de la barra de lavabo y señalaron la corrosión en las parrillas de la estufa, y además pidieron desinfectar y fumigar para garantizar que el agua sirviera para consumo humano. Navarrete Magdaleno aseguro que sí se atendió el problema, pero “son instalaciones muy viejas”.
En el boletín también se indicó que dentro de la cárcel a los internos se les imparten clases de primaria secundaria y preparatoria, a cargo de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
La Codehum señala que “hará las gestiones necesarias para que se atiendan las solicitudes con el fin de que se pueda brindar la atención adecuada a los internos y también se garantice el derecho a la salud, el cual otorga a las personas el derecho de acceder a los servicios de cuidado médico, evitando así violaciones a los derechos fundamentales de las personas que se encuentran internas”.
El año pasado la Codehum tenía registrados a 100 internos en el reclusorio, 68 sentenciados y 32 procesados, en un penal que tiene la capacidad para 40 reos.
De las nuevas cifras dijo que en esta ocasión no se verificó esa parte, pero que todos los reclusorios en el estado están en la misma situación, que ha crecido la población penitenciaria.
“Por lo mismo que hemos estado viendo de las detenciones y sobre todo por ejemplo en lugares como Acapulco, se están saturando de reos del fuero federal, lo que ayudaba antes es que los reclusorios pequeños que tenían sobrepoblación se mandaban algunos a Acapulco para abatir la sobrepoblación, ya es muy difícil porque también Acapulco está saturado”, informó. (Beatriz García y Jacob Morales Antonio / Chilpancingo y Acapulco).

Matan a un taxista cerca del centro de Ayutla

Un taxista de 37 años fue asesinado a balazos la mañana de ayer en la colonia La Villa de Ayutla de los Libres.
Según fuentes de Seguridad Pública, el hecho se registró a las 6:15 de la mañana en la esquina de la calle Constitución y 5 de Mayo en la colonia La Villa, cerca del centro de la cabecera municipal.
El trabajador del sitio local número 1 Primero de Marzo fue identificado como Álvaro. El cuerpo quedó sentado a un costado de la puerta del taxi y según el reporte tenía tres impactos de bala en el cuerpo. En el lugar fueron localizados tres cartuchos calibre .9 milímetros y .38 súper.
Según los datos recopilados por las autoridades, testigos informaron que en el asesinato participaron tres personas, dos que iban a bordo de una motoneta y otro más en un Volkswagen.

Paran labores trabajadores del Ayuntamiento de Ayutla; piden 4.2% de aumento salarial

Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Ayutla de los Libres protestaron para exigir a la alcaldesa del PVEM-PRI, Hortensia Aldaco Quintana, un aumento salarial del 4.2 por ciento; a la 1 de la tarde los trabajadores cerraron el acceso al inmueble.
A las 9 de la mañana, trabajadores de la sección 6 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y del Sindicato de Empleados Basificados del Municipio de Ayutla (SEBMA) pararon labores y se plantaron afuera del Palacio municipal para exigir un aumento salarial del 4.2 por ciento.
El representante de la sección 6 del SUSPEG, Andrés Catarino Cabello informó que son 180 los inconformes que exigen también a la alcaldesa respeto a los acuerdos convenidos y conquistas laborales en las anteriores administraciones, porque ha expresado que no respetará los acuerdos, que no firmó ella. En la entrada del Ayuntamiento fueron colocados pancartas donde se leía “exigimos pago del aumento salarial”, y “queremos solución a nuestra demandas”.
Otras demandas de los trabajadores son el pago de indemnización a tres familias de trabajadores que fallecieron, y el alta de los hijos o parientes de los deudos y otros trabajadores enfermos que no pueden seguir trabajando, para que trabajen en el Ayuntamiento, así como el respeto a bonos y apoyos a trabajadores.
Andrés Cabello sostuvo que el aumento salarial que piden es conforme a lo establecido por la Comisión de Salarios Mínimos, que es del 4.2 por ciento, y que por Ley les corresponde, mismo que debió de pagarse desde enero de este año, lo que incumplió la presidenta.
A las 3 de la tarde, el representante denunció que la alcaldesa bajó de su oficina sólo para regañar e insultar a los trabajadores, además de advertirles que mientras no desconocieran a sus dirigentes sindicales no podría establecer una negociación con ellos, lo que fue rechazado, informó Catarino Cabello.
El dirigente dijo que mantendrán la toma de las instalaciones hasta que la alcaldesa se siente a dialogar, y anunció que hoy posiblemente bloqueen la carretera federal Ayutla-Cruz Grande.

La liberación de Nestora es parte de la lucha por los comunitarios presos, dice antropóloga

 

La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y perito de la defensa de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Rosalva Aida Hernández Castillo confió en que la libertad de la luchadora social es una parte de la lucha por la libertad de otros siete integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), recluidos en Guerrero.
Explicó que el peritaje en el que ella participó, planteó que las acciones de Nestora Salgado ?por las cuales fue acusada de distintos delitos?, se encuentran en el marco del reconocimiento de la justicia indígena.
En general, explicó que en el peritaje denunció que hay una perspectiva, “bastante existencialista y limitada de lo que es indígena; mi peritaje consistió en explicar el concepto, lo qué es la justicia indígena y el marco legal local, nacional e internacional que la ampara”.
En el documento, dijo, explicaron a jueces porqué “todas las acciones de Nestora, como autoridad de la CRAC, estaban reconocidas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, y en el artículo segundo Constitucional”.
Sin embargo, señaló que ahora (en el Poder Judicial) predomina una visión heredada de la antropología clásica de lo que implica ser indígena (lengua, cultura, sistemas normativos, entre otros), pero “las identidades culturales son identidades históricas, cambiantes”.
En el documento, indicó que hay una reivindicación de una memoria propia de la gente de Olinalá.
Asimismo, indicaron en su trabajo los criterios a tomar en cuenta para determinar quién es indígena y quién no, porque lo que caracteriza a la CRAC es una perspectiva bastante amplia; incluye a los pueblos afrodescendientes y a los campesinos que reivindican una historia indígena pero no hablan ningún idioma y tampoco tiene sistemas de cargos.
Señaló que también participó en la investigación de tres peritajes el antropólogo Héctor Ortiz Elizondo, para los casos de cuatro niñas que fueron rescatadas por la CRAC de una red de criminales, un caso de abigeato y de 43 detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres.
Opinó que la liberación de la luchadora social es fundamental para la liberación de los siete integrantes de la CRAC que siguen presos por las demandas de secuestro, “tienen que ser la puerta, ahora para voltear los ojos a los siete compañeros que están ahí, no es el cierre de una lucha, sino la continuidad”.
Entre los detenidos en Ayutla están el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, el consejero Arturo Campos y el primer comandante, Ángel García García, entre otros. En Chilpancingo, el promotor, Gonzalo Molina así como Samuel Ramírez Gálvez.

Ofrecen abogados de Nestora pruebas de descargo en Huamuxtitlán; podrían liberarla el jueves

Los abogados de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, ofrecieron pruebas de descargo adicionales ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza, con sede en Huamuxtitlán, donde dan cuenta que la luchadora social se encontraba a unos 170 kilómetros de distancia del lugar, el día y hora en que ocurrieron dos homicidios y la tentativa de homicidio que se le imputan en la causa penal 67/2014.
En consulta telefónica, el abogado Sandino Rivero Espinosa informó que ayer, dentro del plazo constitucional de 72 horas para que el juez resuelva su situación legal, hubo una inspección digital de cuatro diarios de Guerrero, donde se da cuenta de que el 13 de agosto de 2013, alrededor de las 2 de la tarde, Nestora Salgado se encontraba en el barrio de El Fortín, municipio de Tixtla, en una conferencia de prensa con otros integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Detalló que, antes de la conferencia Salgado García estuvo en Casa Guerrero con otros representantes de la Casa de Justicia de El Paraíso ?donde esperaban tener una reunión con el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero?, y fueron atendidos por un funcionario estatal.
Uno de los argumentos de la defensa es que es imposible que haya cometido el homicidio, si no se encontraba en el lugar de los hechos. Como evidencia mostraron las páginas oficiales de El Sur, El Sol de Chilpancingo y La Jornada del 14 de agosto, y el periódico vespertino La Crónica, con las fotografías y las notas informativas. Uno de estas da cuenta de la hora.
Destacó que fue un acto público, con otros integrantes de la Policía Comunitaria de Olinalá que no fueron llamados como testigos porque también están acusados de homicidio en la misma causa penal, y había el riesgo de que fueran detenidos durante la diligencia.
Asimismo, dijo que estuvo en la conferencia de prensa el promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González, imposibilitado para atestiguar porque está preso en la cárcel de Chilpancingo, acusado, entre otros delitos, de los presuntos secuestros de los que fue absuelta Salgado García la semana pasada.
El abogado explicó que, otro argumento de defensa es que sólo hay un testigo que señala directamente a Salgado García, que dijo que escuchó su voz en el lugar dando instrucciones a los agresores, describe su vestimenta y asegura que disparó contra las víctimas
Se trata del hijo del fallecido Nemesio Guevara, que con otro de sus hijos fue ultimado en las inmediaciones de Olinalá y Huamuxtitlán. Sin embargo, no hay nadie más que lo corrobore. Confió que con estos elementos, quedará descartada la autoría material que se le adjudicó.
Aclaró que el Ministerio Público tiene la oportunidad “de hacer manifestaciones” en relación con las pruebas que se ofrecieron, pero ayer no lo hizo.
Estimó que este jueves, Nestora Salgado será notificada de los autos de las tres últimas causas penales que se le siguen en Huamuxtitlán, Tlapa y Ayutla de los Libres. En Tlapa y Ayutla, las pruebas se presentaron durante la declaración preparatoria.
Según declaraciones en el expediente, a las 9 de la noche del 13 de agosto, hace dos años, se reportaron dos personas muertas a balazos en la carretera vieja de Olinalá, en Santa Rosa, municipio de Cualac: Nemesio Guevara García 68 años, y su hijo Carmen Guevara Rodríguez de 38 años.
Ésta es la única averiguación de seis denuncias penales en contra de Salgado García, en la que aparece el entonces síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, señalándola del doble homicidio. No se encuentra en las demandas de secuestro, no obstante que también fue detenido por la Policía Comunitaria por estos asesinatos, cuando reclamaba en Huamuxtitlán una vaca robada que las víctimas llevaban en su camioneta.
Una semana después, fue liberado en una operación de rescate policiaco-militar, de la casa de Justicia de El paraíso, mientras que integrantes de la CRAC fueron llevados a prisión.