El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, informó que organizaciones nacionales hacen un estudio en ocho comunidades sobre la pobreza extrema en diversos rubros, para hacer proyectos.
Indicó que desde hace dos meses han estado en la zona donde han acudido comunidad por comunidad, para ver la situación en la que viven en salud, educación y vivienda. Subrayó que las organizaciones son expertas en esos temas y están haciendo un “diagnóstico completo, profundo para que les dé vergüenza a los tres órdenes de gobierno, porque no han hecho nada en las 47 comunidades de los bienes comunales de Cacahuatepec”.
Informó que el diagnóstico se hace en comunidades abandonadas como Apalani, Huamuchitos, Cabeza de Tigre, Apanhuac, El Cantón, Cruces de Cacahuatepec, Rancho Las Marías y Las Parotas, donde se trabaja en vivienda, salud, agua, producción y educación. El vocero dijo que no podría dar el nombre de las fundaciones por cuestiones de seguridad.
Señaló que las fundaciones tienen “mucho miedo” de venir porque se habla de muertos, de ataques, balaceras en Guerrero, pero “nosotros ya las trajimos, les dijimos que no tengan miedo, ya llevan dos meses acá. Después del huracán llegaron y llevan ya dos meses trabajando”. Agregó que la Policía Comunitaria de Cacahuatepec es la que brinda la seguridad y acompaña a los recorridos a los integrantes de las fundaciones que hacen el diagnóstico.
“Se viene trabajando muy duro, muy profundo y que va a ser de mucho beneficio para esas comunidades y con ese diagnóstico se pretende llegar a más de 30 comunidades”, dijo. Explicó que en el tema de salud el gobierno dice que hay centros de salud, sí los hay en algunas comunidades, pero están abandonados, no hay medicamentos y dijo que el domingo recibieron muchos medicamentos, pero como ellos no son doctores recorrerán los centros de salud para que el doctor diga qué medicamentos demanda más la población y se les va entregar de manera gratuita.
Indicó el vocero que el otro tema es el agua potable, pues es una vergüenza que estando a 50 metros del río Papagayo no se tenga agua, es una “mentada de madre del gobierno”. Dijo que las organizaciones son expertas en agua y ya consiguieron 166 filtros comunitarios, que serán instalados en lugares estratégicos, como escuelas, iglesias, comisarias para que toda la población de los bienes comunales tenga acceso a agua de calidad, apta para el consumo humano.
Señaló Marco Antonio Suástegui que son muchos temas y se tiene que trabajar con la gente para concientizarlos de lo necesario que son los cambios, pues ejemplificó que no hay baños y la gente corre al monte o hace atrás de su casa, pero eso a la larga se convierte en un foco de infección con la lluvia y el polvo. Finalmente, el vocero del Cecop se deslindó de la toma de los pozos de captación de agua de la CAPAMA y subrayó que ni estuvo en el plantón.
El campesino de El Rinco?n, Jose? A?ngel Angelino, expone las demandas junto con sus compan?eros de siete comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec Foto: Ramón Gracida
Ramón Gracida Gómez
El Rincón
Este martes cumplió ocho días la toma del sistema de captación de agua Papagayo I en la localidad de El Rincón por parte de pobladores de siete comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, quienes piden al gobierno federal que sean incluidos en el censo federal para que les den un apoyo de 43 mil pesos, las despensas y los enseres domésticos.
En el campamento improvisado a la orilla del río Papagayo, decenas de campesinos señalaron que el delegado federal, Iván Hernández, los engañó porque se comprometió en diciembre a que serían censados, pero los “Servidores de la Nación” sólo levantaron una encuesta y pocos vecinos recibieron 15 mil pesos.
El Sur visitó el campamento de los campesinos de la zona rural de Acapulco que tienen tomado el pozo radial del sistema de captación de agua Papagayo I de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA); desde la carretera federal que conduce rumbo a la Costa Chica, son unos 30 minutos de trayecto en automóvil, la primera comunidad es San Pedro Cacahuatepec.
Luego están Amatillo, Oaxaquillas, El Ranchito y Aguacaliente. Unos minutos después de las últimas casas de esta última localidad se encuentra una gravillera, por donde se puede descender y cruzar el río para llegar a la comunidad de El Rincón, donde se encuentra el sistema de captación de agua paralizado por la protesta.
Son 200 metros del punto donde arriba la panga a la torre de CAPAMA tomada, en este espacio fueron construidas unas siete cabañas improvisadas de palma y madera para que duerman hombres, mujeres, niños y hasta bebés. Hace frío en la noche, les pican los mosquitos y algunos niños ya tienen gripe y diarrea, comentaron algunas campesinas.
Todos comen de una cocina comunitaria, que se sostiene de la cooperación individual de un peso, ayer cinco mujeres preparaban el arroz, el frijol y el huevo en chile rojo en grandes ollas calentadas con leña; comen de manera limitada para aguantar y dicen estar acostumbrados porque son campesinos.
Los manifestantes se reunieron a mediodía para exponer las demandas y enseñar las fotos impresas de sus viviendas afectadas, eran alrededor de 200 personas paradas en círculo, pero aseguraron que en la noche suman mil.
José Ángel Angelino García, de la comunidad El Rincón, indicó que son tres demandas al presidente Andrés Manuel López Obrador: 43 mil pesos en efectivo, las 12 cajas de despensas con las tarjetas de prepago incluidas y los enseres domésticos; y pidió que la entrega debe ser en su campamento.
Los 43 mil pesos son la suma del apoyo de limpieza y de reconstrucción de vivienda, “¿por qué pedimos eso? Porque ya fuimos engañados, porque no podemos recibir una parte primero porque ya estamos engañados”.
“¿Por quién? Por el gobierno; claro, ya se cuenta con un servidor público, por qué, porque hay un servidor público que nos engañó y se llama Iván Hernández Díaz, entonces la gente ya no cree”, agregó y arengó a sus compañeros a sostener unidos las demandas.
Los pobladores consideran que los 43 mil pesos no son suficientes para reparar sus casas, afectadas porque los techos de lámina volaron y el agua les echó a perder sus pertenencias; por ejemplo, una lámina cuesta alrededor de 800 pesos y el flete de Aguacaliente a Cruces de Cacahuatepec es de 3 mil pesos por el cruce del río. Además, perdieron sus milpas, 2 hectáreas en promedio por campesino, de maíz, jamaica y frijol, principalmente.
El 13 de diciembre tomaron por primera vez el Pozo Radial del sistema Papagayo I porque no fueron censados en noviembre, los “Servidores de la Nación” sí acudieron a San Pedro Cacahuatepec, Amatillo, Oaxaquillas, pero no a la colindante comunidad El Ranchito; un vecino de Aguacaliente expuso que los “Servidores de la Nación” sí llegaron a su pueblo, pero no censaron a todas las familias.
Tampoco visitaron Garrapatas ni Pochotlaxco, que están más adelante en el camino desde San Pedro Cacahuatepec. Y no cruzaron el río para censar a las familias de El Rincón, Cruces de Cacahuatepec y El Carrizo, pero sí visitaron Las Minas, El Campanario y Apalani, que están en el mismo trayecto.
En la noche del primer día de protesta acudió el delegado federal, Iván Hernández, y acordaron comenzar el censo a las familias, pero los “Servidores de la Nación” que los visitaron en sus viviendas al día siguiente les dijeron que no era un censo, era una encuesta para presentar una “solicitud de censo”, y no les entregaron el cintillo.
Después, algunos pobladores recibieron una llamada para que acudieran al Centro de Convenciones para recibir un apoyo de 15 mil pesos, pero la mayoría no tuvo ese llamado y son los que siguen protestando. “Fueron graneados” por cada comunidad, señaló Angelino García, y acusó al gobierno federal de querer “tapar el ojo al macho” y concluir los apoyos a las localidades del Acapulco rural.
Los campesinos volvieron a cerrar las bombas de agua el martes 23 de enero y al siguiente día los visitaron el director de Gobernación del Ayuntamiento de Acapulco, Ramón Montiel, el delegado regional de Gobernación del estado, Osiel Morales Nava, y el representante de la delegación de Gobernación federal, Lucio García Villalba, pero no llegaron a un acuerdo; y el jueves acudió un comandante de la Guardia Nacional para pedir información.
Los pobladores que tienen tomado el sistema de captación de agua de CAPAMA desde hace una semana viven en las comunidades de El Rincón, Cruces de Cacahuatepec, Garrapatas, El Ranchito, El Carrizo, Aguacaliente y Pochotlaxco.
El Sur publicó ayer la postura del delegado federal, Iván Hernández, quien sostuvo que no habrá apoyos de reconstrucción para estas comunidades porque no sufrieron tantos daños debido a que están alejadas de la playa.
El director de CAPAMA, Hugo Lozano Hernández, informó en conferencia de prensa el miércoles pasado que la toma de pozos afecta a 50 mil viviendas de 40 colonias, entre ellas El Coloso, Emiliano Zapata, Hogar Moderno, la parte baja de la Progreso y la zona de la avenida Costera.
Una protesta similar es la de 11 comunidades de San Marcos (San José Guatemala, Lomitas de Papagayo, Barrera, El Tejoruco Las Orquetas, Cacao, Palmitas, San Juan Grande, San Juan Chico, Minas, Llano de la puerta y Medanito perro de agua), que insisten en ser incluidos en el censo federal porque también tuvieron daños, aunque éstos no han sido revisados por las autoridades.
El delegado federal, Iván Hernández Díaz, sostuvo que el gobierno federal no puede autorizar pagos a los vecinos de siete comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec donde no hubo daños, porque entre más alejados de la costa están los poblados fue menor el impacto del huracán Otis.
También afirmó que se autorizaron pagos para unos 3 mil vecinos de esas localidades porque sí hubo daños a sus parcelas por el meteoro y a otras personas se les dieron los beneficios de limpieza, enseres y vales de despensa, pero no para reconstrucción.
Desde el pasado 23 de enero, vecinos de siete localidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec mantienen tomada el sistema de captación de agua Papagayo I de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), ubicada en el poblado de El Rincón, en protesta porque no fueron censados por el gobierno federal luego del huracán Otis.
Consultado por teléfono sobre la demanda de los vecinos, el delegado Iván Hernández dijo que hay “más de 3 mil” beneficiarios de esas comunidades y algunos ya acudieron a recoger la ayuda del gobierno federal, para algunos, dijos fueron 7 mil pesos por las afectaciones a sus parcelas para otros 8 mil pesos para limpieza, vale de enseres y cuponera para despensas, pero no habrá apoyo para la reconstrucción, invitó a los pobladores para que tengan una reunión donde puedan buscar atender a los problemas de fondo de esa zona del municipio.
Indicó que la demanda del censo de las localidades se atendió desde diciembre y que el domingo los beneficiarios acudieron al Instituto Tecnológico de Acapulco para recibir sus apoyos, pero los inconformes son los que no acudieron a recibir esa ayuda, “es algo que ya no está a nuestro alcance”.
“Se puede corroborar, entre más alejados de la playa están las localidades pues las afectaciones son menores, lo que detectamos es que en su mayoría las afectaciones están en las parcelas y establecimos desde el mes de diciembre un planteamiento de apoyar desde el mes de diciembre en apoyar en lo que tiene que ver con los montos de limpieza y lo que tiene que ver con el daño en las parcelas, el ejercicio se realizó, se vistaron las localidades, casa por casa, hicimos el proceso normal, igual que a todos los ciudadanos y el día de ayer ya se les realizó el pago correspondiente”.
Hernández Díaz dijo que ya se les informó a los comisarios que no aplican para esas conmunidades los apoyos que destinó el gobierno federal para los damnificados del huracán Otis, “a nosotros nos parece que se está actuando de manera dolosa al tomar los pozos y hacer una exigencia que está fuera del marco normativo, porque no podemos pagar un concepto de una afectación que no tienen”.
El delegado dijo que el censo que hizo el gobierno federal fue de buena fe y que los pagos se han dado a los afectados han sido en función de las afectaciones que tuvieron las viviendas y en los casos donde no hubo daños, los pagos de reconstrucción no se entregaron y por eso se hace la visita de verificación.
Sobre qué van a hacer para que la CAPAMA pueda recuperar el control de los pozos de abastecimiento y no causar desabasto de agua en las colonias del municipio que dependen de esos pozos, el delegado dijo que se ha hecho un planteamiento para atender los problemas “de fondo” de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
De la reunión que piden los vecinos con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el delegado dijo que se “requiere que haya condiciones, voluntad por parte de los habitantes para poder continuar atendiendo los temas de fondo que hay en esta zona de Acapulco”.
Añadió que quienes tomaron los pozos tienen una actitud hostil y por eso no se han acercado para evitar que su presencia se tome como una provocación, e insistió que su ofrecimiento es que puedan conversar para revisar los temas de fondo, “tenemos interés de poder atender esta zona, pero se requiere de voluntad de las dos partes”.
Vecinos de las comunidades de Cruces de Cachuatepec, El Rincón, El Ranchito, Carrizo, Garrapatas, Aguascalientes y Pochotlaxco que siguen en el plantón informaron que ayer no hubo diálogo con ninguna autoridad, nadie se acercó a hablar con ellos, sólo recibieron reportes de vecinos de que veían pasar muchos soldados.
Seis días cumplieron los vecinos de siete comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec con la toma del sistema de captación Papagayo I, porque quieren ser censados y que el gobierno federal les dé el apoyo de reconstrucción, los enseres y las despensas.
El sábado al mediodía nuevamente estuvieron autoridades de Gobernación municipal con los vecinos, pero no llegaron a ningún acuerdo. Los pobladores se quedan a dormir en espera de una solución a su planteamiento, y es que aseguran que ellos también resultaron afectados por el huracán.
Los vecinos expusieron que ellos no quieren los 15 mil pesos que les están ofreciendo, porque también tuvieron daños en sus viviendas y que eso no les va a alcanzar.
José Angelino García dijo que son de 110 a 120 personas, pero que salieron pocos en una lista de censados “los demás ¿por qué no están?, queremos que nos den una respuesta”.
Recordó que el delegado del gobierno federal en Guerrero, Iván Hernández, “personalmente vino al poblado de El Rincón, El Carrizo, Garrapatas, Amatillo, y vio la problemática, pero no ha cumplido, en el listado de él todos fuimos evaluados, pero no han cumplido, y no se qué pasa con el recurso”.
Explicó que desde el martes tomaron el pozo Ranney “queremos los 43 mil pesos a cada uno de nosotros del apoyo de reconstrucción, las 12 cajas de despensas y los enseres conforme nos toca,”.
Otra de las vecinas que está en el plantón dijo: “estamos aquí porque mis compañeros de Garrapatas no están de acuerdo con lo poquito que nos están ofreciendo ahorita (los 15 mil pesos), estamos dispuestos a seguir hasta no recibir los 43 mil pesos y las despensas”.
La queja también es porque trascendió una lista con personas ya censadas, “pero no salimos todos, sólo 86 personas”.
Vecinos de siete comunidades de los Bienes comunales de Cacahuatepec piden una reunión con la secretaria federal del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, para resolver su inconformidad porque ya no confían en el delegado Iván Hernández Díaz porque no cumplió lo que les prometió.
Vecinos de las comunidades de Cruces de Cachuatepec, El Rincón, El Ranchito, Carrizo, Garrapatas, Aguascalientes y Pochotlaxco tomaron el sistema de captación Papagayo I de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) desde el martes, como protesta porque el censo del gobierno federal no los incluyó como damnificados.
Uno de los vecinos de las comunidades afectadas, Cristhian Angelino, puso como prueba que en esas comunidades ninguno de los vecinos tiene el cintillo del censo ni la calcomanía pegada en la puerta, como ocurrió con las casas que fueron censados por los servidores de la nación porque no fueron a esas comunidades.
Narró que esta es la segunda vez que toman los pozos, la primera vez fue en diciembre los días 14, 15 y 16 de diciembre para exigir el censo, el 16 de diciembre llegó el delegado Iván Hernández a las 3 de la madrugada y les dijo que el iba a verificar que se hiciera el censo, pero no mandó censadores.
Este martes 23 de enero, los comisarios de esas comunidades fueron convocados a una reunión con el delegado Iván Hernández y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, en el Tecnológico de Acapulco y les dijeron que sólo unos cuantos vecinos sería beneficiados y sólo recibirían el apoyo para limpieza por 8 mil pesos; no habría enseres ni cupones para despensa ni ayuda para reconstrucción, eso provocó la molestia de los vecinos y decidieron volver a tomar el sistema de captación de la CAPAMA.
El vecino contó que en las comunidades las casas sufrieron los mismos daños que en las colonias de Acapulco, perdieron los techos de sus casas, se mojaron sus pertenencias y no fueron censados por el gobierno federal. En una llamada a El Sur pidieron que se entere el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que no los están considerando en el censo.
De la advertencia hecha por el director de la CAPAMA, Hugo Lozano Hernández, de que analiza si procede penalmente contra los vecinos que tomaron el sistema de captación, Cristhian Angelino Everardo dijo: “tomamos los pozos con la exigencia de derecho, no estamos agrediendo a nadie, no estamos lastimando a nadie, al señor Iván cuando vino se le trató con mucho respeto, con mucha educación y no estamos en la intención de agredir o afectar a nadie, solamente los comuneros toman los pozos porque es la única manera en la cual hacen caso si no el gobierno no nos voltea a ver”.
El pasado lunes, el delegado Iván Hernández Díaz declaró que el censo a los afectados por el huracán Otis incluye a las localidades de Acapulco y Coyuca de Benítez porque fueron los municipios incluidos en la declaratoria, las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec forman parte de Acapulco y la mayoría de la población de esas localidades vive en pobreza y rezago social.
Ayer a las 2 de la tarde llegó la Guardia Nacional al sistema de captación Papagayo I donde están los comuneros y les dijeron que iban como intermediarios y llevarían su inconformidad a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
La semana pasada la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, en un noticiero de radio nacional declaró que ella vive en Acapulco desde el 25 de octubre, después del huracán Otis, por lo que sí puede atender a los damnificados de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Los techos volaron y casas enteras fueron destruidas por la fuerza del huracán Otis en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde este viernes, 300 familias de distintos poblados recibieron 3 mil láminas donadas por fundaciones, organizaciones y particulares, a través del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop).
El vocero del movimiento, Marco Antonio Suástegui Muñoz, expuso que a más de un mes del meteoro del 25 de octubre, “la gente sigue viviendo entre láminas retorcidas, entre palapas, entre lonas que pudieron rescatar”.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, dijo que la situación en los bienes comunales “está muy, muy mal, porque no hay intervención de las autoridades”.
A las 12 de la tarde, Suástegui Muñoz llegó en su camioneta azul, guiando al camión que traía las 3 mil láminas, al paraje conocido como El Fraile. La cita era a las 9 de la mañana, pero el camión se descompuso y se retrasó tres horas. Todos los vecinos aguantaron y esperaron.
Los hombres se pusieron guantes en las manos para cargar las láminas y evitar cortaduras por lo filoso del material, “con mucho cuidado porque corta”, conminó Suástegui Muñoz. Las personas que no traían guantes usaban pedazos de prendas para no cortarse.
A la orilla del río Papagayo, las pangas transportaron las láminas, que fueron acomodadas de forma horizontal en las pequeñas embarcaciones de madera. La corriente del río parecía crecida, Suástegui Muñoz organizó a los comuneros para cruzar el Papagayo, sin el riesgo de que pudiera hundirse o volcarse la panga, que se balanceaba con el peso de las láminas y de las propias personas.
Las maniobras para cruzar una parte de las 3 mil láminas en el río Papagayo tardó alrededor de una hora, mientras hombres y mujeres esperaron pacientemente la ayuda y unos tres niños nadaban para refrescarse.
Del otro lado del río, en la comunidad Cacahuatepec, otro grupo de hombres recibió las láminas y se las llevaron sobre sus hombros o cabezas hacia sus casas. Acabaron empapados de sudor, por el fuerte calor que hacía. “Por eso se necesita un puente aquí”, indicó el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui.
Especificó a El Sur que las comunidades que recibieron láminas son El Rincón, Espinalillo, El Campanario, Parotas, Amatillo y Salsipuedes, con 10 familias beneficiadas cada una; además de El Carrizo, Hilamos, Rancho Las Marías y Parotillas, con 15 familias cada una; El Cantón y La Concepción, con 20 familias cada una; Cacahuatepec, Huamuchitos y Cruces de Cacahuatepec, con 25 familias; y Apalani sumó 30 familias.
Indicó que estas láminas provienen de donaciones de la organización alemana Misereor, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), las organizaciones Cinco pesos dos peces y Cadena, así como Citibanamex.
En total, son alrededor de 300 familias de 20 comunidades las que recibieron láminas ayer, pero faltan por visitar 27 más, acotó, entre ellas Tasajeras, Las Chanecas, El Bejuco, El Arenal, La Arena, Cabeza de Tigre, Apanhuac, Barrio Nuevo de los Muertos, San Isidro Gallinero, Pochotlaxco, Garrapata, Arroyo Verde, San José, Las Ollitas, San Antonio, Cerro de Piedra, Atamarindillo, Las Minas, El Progreso de Cacahuatepec, San Juan Grande y San Juan Chico.
“Tenemos registradas mil 500 familias afectadas. Nosotros vamos a cubrir a 300 el día de hoy, imagínate cuántas hacen falta”, dijo el vocero del Cecop y criticó que “el gobierno dice que no pasó nada, por eso me da risa y me da mucho coraje, porque la gente sigue viviendo entre láminas retorcidas, entre palapas, entre lonas que pudieron rescatar”.
Durante sus recorridos en las comunidades, comentó Suástegui Muñoz, el Cecop ha registrado una pérdida del 100 por ciento del cultivo de maíz, jamaica, ajonjolí y el 50 por ciento del limón y palma de coco. Son cerca de 40 mil hectáreas afectadas por el Otis, indicó.
Luego del cruce de láminas, se entregó otra parte en El Fraile. Rodeado de unas 50 personas, el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, contó que después de hablar con Suástegui Muñoz sobre la difícil situación que se vivía en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, el organismo que representa lanzó la convocatoria de ayuda “para amigos solidarios de México, muchas personas, académicos, estudiantes, organismos de derechos humanos”.
Es un donativo “de muchos amigos y amigas que no conocen, pero que sepan que no están solos, que hay mucha gente que está con ustedes, que si la autoridad no viene, que sepan que la sociedad no los va a dejar”, arengó y generó aplausos de los comuneros.
El donativo fue de alrededor de 280 mil pesos, que sirvieron para comprar 3 mil láminas, “sabemos que no son suficientes, pero es la primera entrega de 3 mil láminas”, aseguró Abel Barrera.
Señaló que mucha gente del municipio necesita ayuda, “pero no quiere decir que por eso no existen las comunidades rurales de Acapulco. Vemos que sí vino un censo de parte de los ‘Servidores de la Nación’, pero vemos que hay fallas en el censo, no todos están adentro”.
Contó que el subsecretario de Agricultura federal, Víctor Suárez, le adelantó que los productores inscritos en los programas de producción y fertilizante del Bienestar, van a recibir 7 mil 500 pesos, y también habrá un programa emergente de siembra de frijol, en la temporada de otoño-invierno.
Comentó que se va a traer más maíz, como ya se entregó hace unas semanas, pero la intención de este viernes fue “que puedan cubrir su techo, que puedan tener un lugar digno para descansar, para que haya sombra”.
Dijo que la situación en Cacahuatepec “está muy, muy mal, porque no hay intervención de las autoridades, pero con mayor razón voy a pedir a los compañeros de las organizaciones que nos acuerpemos” para ayudar a las familias del Acapulco rural.
Después de su discurso, de unos 10 minutos, Abel Barrera y Suástegui Muñoz ayudaron a organizar la entrega de láminas a las familias de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. A las 3 de la tarde continuaban repartiendo el material para las viviendas.
El huracán Otis fue el “tiro de gracia” de lo poco que quedaba de cosechas en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, señaló el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Fueron unas 10 mil hectáreas de maíz que se perdieron por el crecimiento del río Papagayo en 20 comunidades que están en la orilla, como son Pochostlaco, Los Mayos, Apanhuac, Rancho Las Marías, La Parota, Hilamos, Cacahuatepec, Parotillas, El Carrizo y Salsipuedes.
Ante esta situación, el Cecop demanda la dotación de 10 mil toneladas de maíz para abastecer a los pueblos del Acapulco rural, además de la construcción de un puente en la comunidad de Cacahuatepec, para mejorar la conexión de la zona y resolver la inseguridad en esta parte del municipio.
Un grupo de reporteros e integrantes del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, abogados del Cecop, realizaron un recorrido que empezó en la carretera federal Acapulco-Huatulco, y que pasó por gran parte de las comunidades que pertenecen a los Bienes Comunales de Cacahuatepec: El Bejuco, San Pedro Las Playas, Chanecas, San Pedro Cacahuatepec, San Antonio, Cerro de Piedra y El Tejoruco.
Luego se cruzaron Las Orquetas, San Juan Grande, San Juan Chico, Las Minas, Progreso de Cacahuatepec, Campanario, Cruces de Cacahuatepec, Apalani, Huamuchitos, El Cantón, Huixtlan, Espinalillo y Cacahuatepec.
Fue más de una hora de trayecto, en una camioneta que por momentos tuvo dificultades de avanzar, por las malas condiciones que tiene la carretera que atraviesa los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
También se observaron las cosechas de maíz dañadas por los vientos que las tumbaron. Se encuentran en las laderas y gran parte de las plantas se ven rotas desde su raíz.
Durante el recorrido, en la comunidad Apalani, se observó a algunos habitantes lavando ropa y bañándose en los lavaderos públicos que se nutren de un pozo que casi todo el año tiene agua.
Suástegui Muñoz consultó a unas adolescentes por cómo se la están pasando después del huracán y le contestaron que no tienen luz y los maestros no han llegado.
Eusebio, vecino de esta comunidad, contó la penumbra que vivió junto con su esposa y sus cuatro hijos en la noche del martes, durante el impacto del huracán Otis.
Se volaron las láminas de los techos de sus cuartos, por lo que se escondieron en otro cuarto que construyeron de tabique, “el ruido, nombre, era como un toro”, imitó el campesino el sonido. Los árboles quedaron tirados, por lo que no había paso.
“Nomás llorando, llegamos y ya. Pasó bien feo, andábamos con miedo”, dijo Gaudencia con ligeros sollozos, que tiene 50 años. Perdieron sus pertenencias y rescataron sus camas secándolas en el sol. Gaudencia consideró que nunca había vivido un fenómeno natural similar.
“Todo se mojó”, dijo enseñando las láminas que quedaron tiradas por los vientos huracanados, y lamentó que continuaran lloviznas después del huracán Otis.
Eusebio siembra maíz, ajonjolí, jamaica y calabaza, y ya perdió todo, “barrido está”. Los palos de sus plantíos los aplastó el viento, “lo más me lo llevó”.
Indicó que tiene agua y comida, pero casi no tienen dinero para comprar más. Después de una semana del huracán, no ha llegado el gobierno.
Al otro día del huracán, Eusebio intentó llegar a Acapulco para buscar a la familia de su esposa, pero no había transporte.
Indicó que familiares de habitantes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec han llegado a esta zona del Acapulco rural, para salir de sus casas en la zona urbana del municipio, como su hijo.
La mitad de las 47 comunidades que conforman los Bienes Comunales de Cacahuatepec mantiene su identidad indígena y en algunas de éstas se habla el náhuatl o el mexicano, como se le dice en los pueblos.
De las 37 mil hectáreas que conforman los Bienes Comunales, 20 mil son de cultivo de maíz, explicó el vocero del Cecop, Suástegui Muñoz.
En mayo no llovió, en junio no llovió, tampoco en julio, agosto, en septiembre ni una gota de agua cayó, “entonces, ya un 70 por ciento de la cosecha estaba semi perdida, pero el huracán, los fuertes aires vinieron a dar el tiro de gracia”.
Toda la poca milpa que estaba de pie, en este caso el maíz híbrido y el maíz criollo, “quedó destrozado”.
“Esto va a provocar que la mazorca se abra y la lluvia haya entrado, esto quiere decir que la poca mazorca que quedaba se va a pudrir”, auguró Suástegui Muñoz.
El vocero del Cecop comentó que el domingo pasado realizaron la asamblea semanal de la organización, en la que los comuneros pidieron principalmente maíz y láminas.
Como lo informó El Sur este miércoles, Suástegui Muñoz intentó buscar a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero no tuvo éxito. “Yo no sé qué está pasando con la gobernadora, tiene como un resentimiento, un odio hacia Cacahuatepec”, dijo ayer el vocero del Cecop.
Suástegui Muñoz enseñó hasta dónde creció el río en la comunidad de Cacahuatepec, lo que ocasionó que los plantíos se perdieran y que los campesinos vivan ahora una situación de emergencia por la falta de cosecha para vender.
El vocero del Cecop anunció un documento que va a contener 10 demandas al presidente Andrés Manuel López Obrador y adelantó cinco de éstos puntos.
El primero es que hay una “pérdida total” del maíz en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, por lo que exigen la dotación de más de 10 mil toneladas para resarcir el daño del huracán Otis.
El segundo punto es que el gobierno estatal responda a las 3 mil solicitudes de proyectos productivos presentadas a la Sagadegro que no fueron respondidas.
Suástegui Muñoz aseguró que la gobernadora Salgado Pineda no quiso atender estas solicitudes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en particular de los integrantes del Cecop, lo que resulta en una “discriminación”.
La tercera demanda del Cecop es que se retiren del río Papagayo las gravilleras porque están afectando el nivel del caudal.
La cuarta demanda es la construcción de un puente vehicular en la comunidad de Cacahuatepec para cruzar el río Papagayo y evitar el peligro de pasar el agua por pequeñas embarcaciones.
El quinto punto es la inseguridad que se vive, “Cacahuatepec se está convirtiendo en un corredor peligrosísimo del crimen organizado”, dijo Suástegui Muñoz, quien pidió respeto a la policía comunitaria.
Vecinos de la comunidad de Rancho Las Marías llenan botellas de regrescos con agua de un pozo para tomar Foto: Carlos Carbajal
Ramón Gracida Gómez
Rancho las Marías
Segunda parte y última
María Pineda Guadalupe lava la ropa de su familia en el río Papagayo, también se baña y acarrea agua de ahí porque no cuenta con el servicio en su hogar. Unos kilómetros más abajo, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) bombea el agua para el municipio.
Es la paradoja de la mayoría de las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec: vivir tan cerca del río y no tener agua en sus hogares. Para el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, esto es un “crimen” porque los ricos y los turistas se bañan y tiran el agua que les llega desde Cacahuatepec, mientras que a los pobladores de esta zona del Acapulco rural no les llega una “sola gota”.
El biólogo Octavio Klimek dice que la falta del servicio en esta parte de Acapulco es una decisión tecnocrática de cómo se ha gestionado el agua, pero también política por la oposición de los pobladores al proyecto hidroeléctrico del gobierno federal.
“Se siente uno triste sin agua, se desespera”
A pesar de que la tubería llega hasta las casas de Rancho las Marías, el agua no sube del pozo de la comunidad desde hace varios años. “Se siente uno triste sin agua, se desespera”, expone María, quien habla con el cuerpo sudado por el calor de las 12 del día de este jueves 18 de mayo; acaba de acarrear agua con una cubeta arriba de la cabeza y un bote en la mano.
Empieza normalmente desde las 6 de la mañana porque a las 8 ya está haciendo tortillas para el almuerzo de sus hijos. Son cuatro o cinco viajes que realiza diariamente al río Papagayo para luego almacenar el agua en un bote. Así ha sido durante toda su vida, “por eso están acostumbrados mis pies”.
Utiliza el agua para lavar el nixtamal, los trastes y su ropa y la de su familia cada tres días. También usa el río para bañarse en las mañanas “porque nos sirve para la fiebre, como que despierta el alma. Otra vez a las 6 de la tarde ya estamos allá bañando y regresamos ya oscureciendito”, ese momento en el que su papá se refería en náhuatl-mexicano le dice María-, “que ya están cantando los grillos, las ranas”.
“Bonito es el campo, yo me gusta mucho y me sigue gustando, nomás ahorita dicen el dicho, uno se siente mal porque con la enfermedad ya no es igual”, cuenta quien padece diabetes. La causa, asegura la paciente, fue la detención de su hijo Manuel Estrada Pineda tras el tiroteo en La Concepción el 7 de enero de 2018.
Al principio se resignó cuando se enteró de los hechos, “ni modo, digo, mi hijo ya le tocó y los vine a ver a ellos”, en referencia a Rosa, su vecina que también participó en el recorrido de El Sur y cuyo esposo era policía comunitario. “Vámonos, acompáñenme”, le pidió María a Rosa, pero ya no llegaron ese día y se fueron hasta “la Coca, allá los encontramos, pero ya después lo trasladaron al penal” de Las Cruces. El hijo de María fue uno de los 25 presos del Cecop.
“Yo me vi de la muerte, bien delgadita, yo sentía que el mundo ya lo iba a dejar. Y yo me acongojaba porque mi hijo estaba allá y a uno lo tenía aquí, al más chico”, expone la mujer sexagenaria de tez delgada, quien le pide ahora ayuda a sus hijos para traer agua porque “me voy a morir caminando”. Hay días en los que “me acobardo”, dice, porque siente el cuerpo entumecido. Va al doctor, pero también le dijeron que tiene “mucho espanto” que la está afectando.
María estudió hasta el segundo año de primaria y es viuda porque le mataron a su esposo. Originaria de Huamuchitos, vive ahora con dos de sus hijos en una de las 80 casas que conforman Rancho las Marías. En total tiene cuatro, quienes concuerdan en no dejarla trabajar “tanto a la milpa porque dicen, si me llego a lastimar, dicen, ya no me voy a componer”.
Donde viven los ricos nunca falta el agua: Marco Suástegui
En los Bienes Comunales de Cacahuatepec se vive en la “miseria”, dice Suástegui Muñoz, porque sus pobladores, particularmente las mujeres, “tienen que caminar metros inclinados en terrenos agrestes, en terrenos difíciles, para poder llevar la gota de agua a sus casas, agua cruda del río y así beberla. No solamente es un problema grave, sino es un problema de salud también”.
El vocero del Cecop habla a lado de un pozo ubicado en la comunidad La Parota, de donde sus habitantes recogen el agua para beberla. Mientras exponía el tema, una familia, el padre, la madre, jóvenes, y dos niños, caminaban con un burro que cargaba los más de 10 botes de refresco y garrafas que serían llenados de agua con una jícara. Cuentan que van diariamente a surtirse. A unos 200 metros una casa muestra un letrero que anuncia que “se realizan trabajos para buscar agua venas subterráneas”.
Salvo Agua Caliente, que sí tiene agua por ser la “más combativa” hace unas décadas y donde se encuentra el pozo Ranney de Capama, la mayoría de las comunidades, como Apalani, Campanario, Garrapatas, viven la misma situación que Rancho las Marías: tubería sin agua. El caso más “emblemático”, dice Suástegui Muñoz, es Salsipuedes, donde se ubica el sistema de captación de agua Papagayo II, y tampoco tienen agua en sus casas. Mientras que otras comunidades como Arroyo Verde, Pochotlasco, Cabeza de Tigre, no tienen ni drenaje, “ésas están muy jodidas, peor que en la Montaña”.
Es increíble, dice el vocero del Cecop, “que hace más de 60 años que vinieron por el agua para llevársela a Acapulco, –se hacen 40 kilómetros de distancia–. El agua, sobre todo en la zona Diamante, en la zona Costera, en la zona hotelera, en la zona residencial de las Brisas, en fraccionamientos donde viven los ricos, nunca falta el agua”.
Al igual que lo señalaron en la asamblea del domingo 21 de mayo y de la que El Sur informó al día siguiente, Suástegui Muñoz repite que el proyecto de agua para esta zona de Acapulco de la alcaldesa Abelina López Rodríguez fue un “robo” porque “supuestamente hicieron un pozo nuevo y nunca lo hicieron. Donde supuestamente meterían tubería nueva y nunca la metieron, para llevar agua desde Cacahuatepec, el Cantón, Espinalillo, Huamuchitos y Apanhuac. Nunca llegó el agua”.
La crisis del agua también se extiende al empleo, lo que provoca migración hacia Estados Unidos. Y es que el maíz que se siembra es comprado por los “coyotes” a 3 o 4 mil pesos por tonelada, “imagínate, ni siquiera lo que uno invierte saca. Entonces vender maíz no es un negocio. Hubiera de ser un negocio que el maíz estuviera a 9 mil, 10 mil, 12 mil pesos la tonelada, pero imagínate, te la pagan a 3 mil, 4 mil pesos, una miseria”. Son los cacicazgos que revenden la tonelada en 10 mil pesos en el crucero de Cayaco, “sin invertir nada, más que en transporte”.
La solución para revertir los abusos es unirse en torno al agua, que se convierta en “factor de unidad”, dice el vocero del Cecop, para que las autoridades “nos meta agua, no solamente para tomar, no solamente agua doméstica para las mujeres, sino que también agua para un buen sistema de riego. Donde hay agua, hay vida”, concluye.
Buscar otra forma de gestionar el agua, pide Octavio Klimek
El biólogo y doctor en ciencias forestales Octavio Klimek, dice que la visión de cómo se ha manejado el agua es “muchas veces, muy tecnocrática, sobre todo porque los que están a cargo de la política de la gestión del agua, pues son gente que no entiende de la complejidad de la gestión del agua, no están preparados para eso. Entonces, son proveedores de infraestructura”.
Hay límites biofísicos, explica, por los que “no puedes tomar agua apostándole a una sola canasta. Y ha sido el caso de Acapulco que se les hace fácil traer el agua del Papagayo, una visión tecnocrática y como le llamamos, de tuberías, de infraestructuras, y no entienden este tema de la gestión, que hay un límite de crecimiento. Y le han apostado a no equilibrar esa gestión y tú ves el crecimiento indefinido de la mancha urbana, por ejemplo, de Acapulco, ya lo proyectan ahora hacia San Marcos, como si fuera infinito”.
El también titular del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) en el gobierno interino de Rogelio Ortega, recuerda que “una de las grandes mentiras de una presa hidroeléctrica” como La Parota es que serviría para suministrar agua a Acapulco. Sin embargo, tal vez habría que considerar la presa reguladora que estaría en Los Ilamos, “mucho más pequeña, pudiera ser una solución para tomar el agua y guardar un poco de agua para Acapulco y los desarrollos de San Marcos. Como no se hizo presa La Parota, pues se canceló la otra pequeña, la de Los Ilamos”.
El ambientalista pide “cabeza fría” para “revisar a futuro cuánta agua vamos a tener, sobre todo esas comunidades que están siendo castigadas, y además, por un asunto político. O sea, yo creo que fue el deterioro ahí de la comunidad de Cacahuatepec tiene que ver con el castigo de que no quisieron ceder sus tierras para la presa de La Parota y no ha cambiado esa actitud. Los dejaron en la pobreza y bajo la presión de múltiples factores, incluyendo la violencia”.
Padres de familia y maestros de la primaria Nueva Creación, cuyas actividades iniciaron en agosto del año pasado, en la protesta para exigir la clave de registro de la escuela Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
Padres de familia y maestros de la primaria Nueva Creación, del fraccionamiento Real del Palmar, piden la gestión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que al plantel se le otorgue la clave y sea reconocida de manera oficial, pues actualmente son una extensión de la escuela Guadalupe Victoria, de la comunidad El Cantón en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
La primaria se encuentra dentro del fraccionamiento, donde viven alrededor de 4 mil familias, y la empresa ARA construyó el plantel desde hace 12 años, pero no se puso en funcionamiento hasta agosto del año pasado, con el ciclo escolar, como una extensión de otra escuela.
Las madres de familia indicaron que ahí van 109 niños que son atendidos por seis maestros, pero además hay un docente de educación física un administrativo, pero no reciben un salario, por lo que los padres de familia también exigen que sea reconocida la planta docente.
En conferencia de prensa en la escuela, quien funge como director, Cristián Vargas Vázquez, explicó que actualmente funcionan como una extensión de la primaria Guadalupe Victoria y quieren el reconocimiento oficial a través de una clave. Señaló que una comisión ya acudió a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para entregar oficios con la petición y argumentando el porqué la necesidad de una escuela en ese núcleo poblacional.
Indicó que quienes dan clases son maestros de carrera, algunos dan clases en otras escuelas en turno matutino, y que abrieron la escuela en agosto cuando inició el ciclo escolar sin recibir un salario, por ello por lo que también piden que se reconozca a la plaza docente.
Aseguró que la población en el fraccionamiento tiene la necesidad de una escuela, de la cual ya está el edificio, pero no cuentan con luz eléctrica y tienen que arreglarse los baños.
Indicó que han acudido varias veces a entregar documentos ante las autoridades y sólo se han pasado el documento de una mano a otra, sin resolverles, “hoy estamos pidiendo la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado. Sabemos que está comprometida con la educación en Guerrero”.
Mientras que la madre de familia e integrante del comité de padres, Elena Pacheco Serna, dijo que agradecía a los maestros que hayan tenido la iniciativa de arrancar la escuela en el ciclo escolar, pues ya se venían haciendo varios intentos.
La madre de familia aseguró que esa escuela ha venido a apoyar mucho a las familias de ese lugar, por lo cercana que está y se ahorran dinero, porque ya no se trasladan a otras escuelas. Agregó que saben que como escuela necesitan el reconocimiento por parte de las autoridades y, para ello, ya han cumplido con todas las vias administrativas, se han cumplido con todos los requisitos y las “autoridades educativas solamente se han peloteado, por lo que exigimos ya una atención y respuesta inmediata. Pedimos el apoyo de la gobernadora, porque ella como mamá, sabe lo importante que es la educación para los hijos. Lo único que queremos es el reconocimiento de la escuela”.
Por su parte, Armida Escobar Mendoza señaló que la escuela es una necesidad y por eso también pide la intervención de Evelyn Salgado, que esas instalacioenes estaban abandonadas, pero los padres y maestros decidieron recatarlas y ponerlas en marcha para beneficio de las familias.
Señaló que aunque tienen el edificio, hay diversas carencias como es la falta de butacas, las que tienen han sido llevadas por los padres de familia, pero además no cuentan con luz electrica y falta arreglar los baños.
Afirmó que no han querido llegar al bloqueo, pese a que se han hecho las gestiones y no ha habido respuesta de parte de las autoridades educativas, y eso “queremos que la población lo sepa”.
El docente Jonatan Altamirnado Vergara leyó un comunicado con la postura de los padres y maestros, donde anunciaron que para el lunes, desde las 8 de la mañana, realizarán un bloqueo simultáneo en la Arena GNP, donde se inaugurará el Mextenis, en el crucero de El Cayaco y en la caseta de La Venta.
El comunicado señala que la finalidad de esa actividad es para que sean atendidas y resueltas las demandas que han hecho ante la SEG, porque lo que buscan es una mejor educación para el fraccionamiento y bienestar para sus hijos.
El director de la primaria Revolución Social, en la comunidad Aguacaliente, de la comunidad de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Horacio Osvaldo de la Sancha, informó que acudió al plantel personal del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE) que les dijo que para atender su petición del transformador se necesitan alrededor de seis meses.
Por ello, Osvaldo de la Sancha pidió la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que se resuelvan sus peticiones.
El pasado 27 de enero, alrededor de 200 padres de familia bloquearon la carretera federal a Costa Chica, en la vereda de San Pedro Cacahuatepec, para exigir un transformador y un techo para la cancha. Ahí, se quejaron de que ya han enviado varios oficios a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y no han obtenido respuesta.
En declaraciones, el director Horacio Osvaldo de la Sancha informó que acudió personal del IGIFE para revisar la escuela, en donde también se dieron cuenta que las bombas no tienen presión para que ela gua suba a los tinacos. Señaló que hay varios problemas en el plantel y recordó que, como docentes, le dijeron al anterior director que no la recibiera hasta que la entregarán en buenas condiciones y se comprometieron con dar el transformador.
Agregó que el ex director firmó de recibido, por lo que quedaron liberados y los responsables de construirla nunca regresaron para arreglar los detalles, ahora “¿de qué sirve tener aires acondicionados, si no los estamos utilizando? No los podemos prender, se truenan los fusibles”. Aclaró que las aulas son plastificadas, por lo que se sufre un intenso calor, es como “estar en un horno de microndas”, por lo que es importante el transformador.
Señaló Osvaldo de la Sancha que luego del recorrido les dijeron que la resolución no iba a ser rápida, porque se manda a Chilpancingo y se busca la manera de que salga la escuela beneficiada en los programas, “que por allá de unos cinco o seis meses podría. A ver qué solución dan, es que está largo. Eso nos dijeron delante de todas las madres de familia”.
El director pidió a la gobernadora Evelyn Salgado que no olvide esa escuela, ubicada en la zona rural, que les eche la mano y que los padres acordaron esperar unos meses, pero no los seis, porque su problema ya es sabido, porque ya ese es el cuarto oficio que mandan a la SEG, para ver lo del transformador y el techado.
Insistió en que nada más le dijeron que era un proceso a seguir y que no sería rápido. Señaló que a lo mejor el techo puede esperar, pero el transformador no, porque los aires acondicionados urgen, porque ya viene la época de calor y en esas aulas se siente terrible el calor.
Osvaldo de la Sancha señaló que son escuelas con muchas necesidades, marginadas, que carecen de muchas cosas y recordó que a esa escuela no le dieron los uniformes escolares, cuando todos los años se los daban, que no no aparece como zona marginada y no sabe porqué, cuando la comunidad cercada La Concepción o El Ranchito sí parecen y recibieron uniformes.
