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Acusa la CRAC al gobierno de haber permitido la libre movilidad y acción de los asesinos de Irineo Salmerón


La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán  en un comunicado señaló que el asesinato del coordinador de enlace en Tixtla, Irineo Salmerón Dircio, se enmarca en una ejecución extrajudicial, que además es claro que se busca atentar directamente contra la organización y criminalizarla en todas su actividades en todo el territorio, por lo tanto exige el esclarecimiento de los hechos y que sean castigados los responsables.
El miércoles el profesor  Salmerón Dircio fue privado de su libertad cuando se dirigía a su centro de trabajo, en la primaria de la comunidad de Zoquiapa, donde nunca llegó. De inmediato los policías comunitarios hicieron la búsqueda en los alrededores de Tixtla sin tener éxito.
El viernes fue hallado sin vida junto a otro cuerpo en una comunidad de Chilapa, ahí también fue localizado un mensaje de un  grupo criminal: “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va para todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
Ante estos hechos la CRAC de la Casa Matriz emitió un comunicado en el que se lee: “El cargo de coordinador del Comité de Enlace que desempeñaba el profesor Irineo Salmerón es un nivel de dirección, que se depositó en el mejor hombre que la asamblea eligió, por ser la mejor carta que tenía en la región. Reconocemos su entrega y coraje al proyecto comunitario”.
Manifiesta que pese a la denuncia penal que interpusieron los familiares en el Ministerio Público de Tixtla  por la desaparición, las autoridades municipales, estatales y judiciales no actuaron ni participaron en su búsqueda, argumentaron que el protocolo de búsqueda debía cumplirse, es decir esperar 72 horas (tres días) para iniciar el proceso de investigación.
Por lo tanto reclama que “esta falta de búsqueda e investigación permitió la libre movilidad y acción de los perpetradores que han ejecutado a nuestro compañero Irineo”.
En el escrito se indica que por tal omisión y la sabida colusión de las autoridades con el crimen organizado en la zona, este caso se trata de una ejecución extrajudicial, que además busca atentar directamente contra la CRAC y criminalizar sus actividades en todo el territorio comunitario, que ha sido incluso realizada y tolerada por el Estado.
Agrega que Tixtla ha sido escenario a últimas fechas de una escalada de violencia generalizada, que se caracteriza por la impune participación de grupos armados supuestamente vinculados con bandas del crimen organizado que se disputan el control del territorio y las vías de comunicación.
Este mismo hecho provocó que la población se organice y exista en este municipio dos expresiones de Policía Comunitaria (PC), expone el comunicado.
Además en el escrito se hace un recuento de los últimos hechos de violencia en este municipio.
Resalta que el 19 de noviembre fueron encontrados nueve cuerpos decapitados y desmembrados, en el distribuidor vial que conecta con este municipio con Chilpancingo, Atliaca y Chilapa.
Señala que la violencia ha afectado a las organizaciones sociales y miembros del sector educativo en la región.
Habla de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y dice que 14 de ellos son tixtlecos, tres estudiantes ejecutados y dos heridos de gravedad.
También que el 26 de noviembre de hace un año fueron ejecutados cuatro miembros de la Policía Comunitaria del barrio El Fortín, de la Casa de Justicia La Patria es Primero; el 4 de julio de este año fue ejecutado un profesor de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en el centro de Tixtla, horas después fue hallado su cuerpo en las in mediaciones del basurero.
El 18 de septiembre fue encontrado asesinado el segundo comandante de la Policía Comunitaria de la colonia El Zapote, Celso Nava Isidro, en el libramiento Tierras Prietas, cerca de la caseta de cobro ubicada en Tixtla; el 4 de octubre fueron ejecutados en un presunto asalto dos estudiantes normalistas de cuarto grado de Ayotzinapa Jonatan Hernández Morales y Filimón Tacuba Castro y el 28 de octubre fue hallado asesinado el policía comunitario de la colonia El Zapote Albert Rafael Navarrete Reynada en el camino que conduce al basurero de la capital.
En los colindantes municipios de Chilapa y Zitlala existe un grave problema de desapariciones forzadas. Sólo en Zitlala en los últimos tres días fueron encontrados 32 cuerpos, cuatro cabezas humanas dentro de una hielera y dieciséis fosas clandestinas”, añade.
El boletín resalta que como pueblos originarios de Guerrero se preguntan ¿hasta cuándo van a permitir que sigan los asesinatos y ejecuciones de los guerrerenses?,  que en su caso responderán como CRAC-PC a esta agresión directa, organizándose en más comunidades, porque es hora de que el pueblo tome en sus manos el ejercicio de sus derechos de manera directa y contundente, “no basta con gritar en las calles”.
Por lo anterior subraya que  exige a las autoridades federales, estatales y municipales el esclarecimiento del asesinato del coordinador del Comité de Enlace, para que sean castigados los autores materiales e intelectuales. Exige al gobierno justicia, con una respuesta inmediata del Estado mexicano para que no quede impune la ejecución de su compañero.
Con el asesinato del coordinador de la CRAC se alientan los homicidios contra líderes sociales

El Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y el Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero condenaron el asesinato del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio, además manifestaron que les queda claro que con esto el gobierno del estado pretende desactivar los movimientos sociales por medio de la cooptación, compra, división y destrucción de organizaciones populares independientes.
A las 6:45 de la mañana del pasado miércoles privaron de la libertad a Salmerón Dircio cuando se dirigía a su centro de trabajo en la primaria de la comunidad de Zoquiapa, a donde nunca llegó. El viernes pasado el cuerpo de Salmerón Dircio y el de otro hombre fueron encontrados envueltos con bolsas negras y con cinta café en el camino que conduce a la comunidad Lodo Grande y la colonia Claveles en Chilapa, a unos 500 metros del retén de militares.
En un comunicado del Tadeco y el Comité de Familiares se denunció que “en medio de un ambiente ya constante de inseguridad y violencia social, criminalización de la protesta social, imposición de políticas antipopulares y represión, el Estado Mexicano vuelve a cerrar la pinza contra el pueblo de Guerrero alentando el paramilitarismo y los asesinatos selectivos de dirigentes sociales”.
En el escrito se acusó que el gobierno del estado es fiel a sus compromisos con la clase política por la pérdida del control del país, que ha desarrollado en el estado y particularmente en la zona Centro una estrategia de desactivación del movimiento social por medio de la cooptación, compra, división y destrucción de organizaciones populares independientes, fomento de la militarización y paramilitarismo, protección  de grupos del narco con quienes mantienen alianzas estratégicas de poder y limpieza (asesinatos) de luchadores sociales, dirigentes populares y defensores de derechos humanos.
“Por ello condenamos el asesinato del profesor (Irinero Salmerón)… exigimos la acción inmediata de las autoridades judiciales correspondientes de manera transparente conforme a su propia legislación vigente, esclarecimiento de este vil asesinato, castigo a los culpables y justicia para las víctimas, sus familias y sus compañeros de organización”.
Además en el documento se  lee que el consentimiento del Estado es evidente y por ello es responsable de estos crímenes, que de lo contrario el Estado debe demostrar el hacer  justicia en el caso del profesor  y de todos los asesinatos extrajudiciales.

 

 

Era policía estatal de Chilapa uno de los cuerpos hallados en las 20 fosas de Zitlala

Uno de los 32 cadáveres encontrados en el cerro Tenanchitla en Zitlala era de un policía estatal que desapareció en Chilapa, informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.
El lunes, fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) señalaron que encontraron cuatro cabezas humanas dentro de una hielera, 16 fosas clandestinas, dos vehículos y una motocicleta cerca del cerro Tenanchitla. Después de tres días de excavaciones peritos de la FGE y el Servicio Médico Forense (Semefo) hallaron 20 fosas clandestinas y exhumaron 32 cuerpos en total y nueve cabezas humanas.
Según fuentes de la SSP estatal, uno de los cuerpos era un policía estatal que se llamaba Darío quien desapareció en Chilapa.
El cuerpo del agente tenía el uniforme de la corporación y fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley.

Levantan al coordinador de la CRAC?en Tixtla; comunitarios bloquean seis horas la carretera

La mañana del miércoles fue levantado en Tixtla por hombres armados a bordo de una camioneta blanca, el coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio, de inmediato la Policía Comunitaria lo buscó en las inmediaciones sin encontrarlo.
A las 5 de la tarde integrantes de la CRAC bloquearon la carretera federal durante seis horas en el entronque de la carretera Tixtla-Chilapa con el nuevo libramiento, para exigir a las autoridades estatales la búsqueda y presentación con vida de su compañero de 48 años.
En la mañana se dio a conocer que el coordinador fue levantado por hombres armados cuando se dirigía a la primaria de Zoquiapa, donde labora y a las 5 de la tarde la CRAC convocó al bloqueo.
Acudieron unos 80 policías comunitarios y vecinos, en el lugar se consultó al coordinador Pedro Santos Bartolo, quien detalló que su compañero fue levantado a las 6:45 de la mañana en el barrio de San Lucas, y se corroboró que no llegó a su centro de trabajo.
Dijo que testigos informaron que fue llevado en una camioneta tipo CRV blanca. Salmerón Dircio se desempeña como coordinador desde 2014.
“En días recientes ustedes saben aquí en Tixtla en esta parte fueron tirados nueve cuerpos, es lamentable la situación que se está viviendo y no podemos ser indiferentes. Hoy levantan a este compañero, igual tenemos que hacer algo, la obligación del gobierno es dar seguridad”, expuso Santos Bartolo.
Informó que se platicó con el alcalde, el perredista Hossein Nabor Guillén para solicitarle una vía para entablar diálogo con el gobierno del estado.
Abundó que durante el día la Policía Comunitaria hizo la búsqueda en las inmediaciones de Tixtla, pues el gobierno ha limitado su territorio de acción.
–¿Ha habido más ataques contra la Policía Comunitaria?-, se le preguntó.
–Sí, no es la primera vez, de hecho digamos que en un lapso de dos meses otros dos compañeros fueron asesinados aquí mismo en Tixtla. Entonces hablamos que es el tercer desaparecido, de los otros dos los cuerpos fueron encontrados, se les dio la sepultura correspondiente.
Los dos asesinados eran policías, el primero desapareció hace mes y medio y el segundo 40 días después, informó.
Exigió que se respete su vida porque lucha por dar seguridad, “porque la sociedad ha estado muy silenciada y no se puede permitir más”.
“Que el gobierno nos escuche, sabemos que la presión sirve mucho y es lo que estamos haciendo, y lo que le pedimos a la ciudanía es que también alce la voz y que las personas que no están alzando la voz comprendan la situación, tenemos que ser solidarios, una lucha aislada no va a prosperar”, recalcó.
Ante el bloqueo el transporte a Chilpancingo y a Chilapa bajaba a los pasajeros para que cruzaran el bloqueo y del otro lado otra Urvan los condujera a su destino. Una de los pasajeros era la diputada local por el PRI Flavia García García.
Cuando los policías se percataron de su presencia se acercaron a la Urvan para pedirle que dialogara con ellos, pero no quiso bajar del vehículo, dijo que desde su asiento los escuchaba.
“Duele mucho que a veces seamos indiferentes, como pueblo estemos por un lado y las autoridades por otro lado”, le dijo el coordinador Pedro Santos.
Como respuesta la priista dijo en reiteradas ocasiones, “por qué no hacen su petición dirigida a quien tengan que dirigirla” y que abonaran al diálogo porque el gobernador Héctor Astudillo Flores estaba abierto.
El coordinador le respondió que llevaban meses intentando hablar con él sin lograrlo, que si el estado cumpliera su función no tendrían la necesidad de armarse.
El bloqueo siguió hasta que al retén llegaron cerca de las 9 de la noche agentes del Fiscalía General del Estado (FGE), entre ellos el fiscal regional de la zona Centro, Ernesto Jacobo García, el de Antisecuestros, policías ministeriales y estatales quienes venían de Zitlala donde se localizaron 16 fosas con restos humanos.
Más tarde vía telefónica Santos Bartolo dijo que exigieron que comenzara la búsqueda, pero les respondieron que por protocolo deben de dejar pasa 72 horas.
Acordaron que toda la noche harían recorridos y retenes coordinados con los agentes del estado, y que este jueves a mediodía se reunirán con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.

En menos de cuatro años han ocurrido 80 desapariciones y 120 asesinatos entre Zitlala y Chilapa: Centro Morelos

La zona donde fueron encontradas las fosas con 12 cuerpos en Zitlala es tierra que se disputa la banda criminal de Los Ardillos con Los Rojos, esa zona además ha sido tiradero de cadáveres desde 2014.
En los últimos dos años, según cifras del colectivo de familiares de desaparecidos y asesinados Siempre Vivos de Chilapa, han desaparecido o asesinado a más de 17 personas y han desplazado a unas 20, como consecuencia de la violencia provocada por los dos grupos criminales.
Independientemente de las cifras que tiene el colectivo Siempre Vivos, hay denuncias de otras agrupaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos José María Morelos (Centro Morelos) que revela que en menos de cuatro años en esa zona han ocurrido al menos 80 desapariciones y 120 asesinatos como consecuencia de la pugna entre los dos grupos criminales.
Versiones de vecinos informaron que las cuatro cabezas encontradas en una hielera en Zitlala son de los nueve cuerpos decapitados hallados el pasado martes en la carretera de Tixtla que va a Chilapa. Según las versiones, los cuerpos pertenecen a sicarios de la banda criminal de Los Ardillos los cuales fueron levantados en pueblos de Zitlala y Chilapa por Los Rojos, los cadáveres fueron arrojados en ese lugar para evidenciar “la barbarie” que comete ese grupo de la delincuencia en la zona, en referencia a las fosas clandestinas con cuerpos humanos.
Ayer, en el segundo día de trabajos de excavación de fosas clandestinas en el cerro Tenanchitla en la comunidad de Pochahuixco, municipio de Zitlala, peritos forenses de la Fiscalía General Estado (FGE) encontraron cinco cuerpos más los siete que fueron hallados el martes pasado.
El delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el estado, Roberto Álvarez Heredia informó que los trabajos para localizar más cuerpos en fosas van a continuar este jueves porque en el lugar hay más sitios que van a excavar.
El lunes, soldados del Ejército mexicano que hacían una búsqueda de personas desaparecidas en esa zona del municipio de Zitlala fueron alertados por un informante que les dijo que en las cercanías de Pochahuixco había un campamento con hombres armados que tenían a gente secuestrada, los militares fueron al lugar y encontraron a una persona que les dijo que estaba secuestrada y fue liberada.
Los militares además localizaron 16 fosas clandestinas, una hielera con cuatro cabezas humanas, una moto Italika, una camioneta Suburban negra y un Nissan Tsuru blanco.
El martes, peritos forenses hicieron las primeras excavaciones y encontraron siete cuerpos. El miércoles hallaron cinco cuerpos más. Se presume que en este lugar hay más restos humanos de víctimas que presuntamente fueron secuestradas por un grupo de la delincuencia organizada.
Los peritos forenses de la Fiscalía General del Estado (FGE) son acompañados por militares del Ejército, agentes de la Policía Estatal y ministerial, además de agentes del Ministerio Público (MP) del fuero común.
Desde el 2014, las autoridades han localizado decenas de fosas clandestinas con cadáveres en diversas zonas del municipio de Zitlala y en las colindancias con los municipios de Mártir de Cuilapan (Apango) y Chilapa.
En noviembre del 2014, en un cerro cercano a la comunidad de Ocotlán fue localizada una fosa clandestina con 10 cadáveres, uno de ellos fue identificado como el sacerdote ugandés Jhon Ssenyondo.
El 29 de abril del 2014 el cura había sido levantado por integrantes del grupo delictivo de Los Rojos cuando salía de oficiar una misa en la iglesia de la comunidad de Santa Cruz, del municipio de Chilapa.
El clérigo, quien en sus misas le decía a la gente que denunciara el acoso que sufrían por parte de la delincuencia organizada, se negó a hacer un sacramento bautismal al hijo de un líder de este grupo delictivo, contaron después sus feligreses.
Esto motivó que el jefe de la banda criminal ordenara el secuestro y la privación de la libertad del religioso.
Estas nuevas fosas clandestinas que se descubrieron en Zitlala se dan en el contexto de la desaparición de seis integrantes de una familia en esa zona desde el pasado 18 de octubre, sin que hasta el momento se sepa de su paradero.
La familia está integrada por Mario García Capistrán de 58 años, su esposa María Feliciano Diego de 48, sus hijos Félix de 25 años, Santa de 23 y Marco Antonio García Feliciano de 18, y la madre de Mario, Florencia García Capistrán de 80 años. La familia desapareció en la carretera cerca de Tlaltempanapa, Zitlala.
En este municipio y en Chilapa Los Rojos y Los Ardillos se disputan el territorio para la siembra, trasiego y venta de la droga.
En las excavaciones de ayer no hubo representantes del gobierno del estado o del gobierno federal o representantes de organismos civiles que buscan a las familias de desaparecidos en la zona.
El 27 de enero, los gobiernos federal y estatal implementaron una operación con 5 mil militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal (PF). Ese día se informó que iban en busca de los principales capos del grupo criminal de Los Rojos.
En ese tiempo ese grupo criminal mantenía una férrea confrontación con el grupo adversario Los Ardillos el cual a la fecha tiene presencia en los municipios de Quechultanango, Mochitlán, Tixtla, Chilapa y pretende llegar a Zitlala y a Mártir de Cuilapan, en donde se han incrementado las ejecuciones y desapariciones en los últimos días.
El 22 de noviembre pasado, militares, policías ministeriales y estatales entraron a Tlaltempanapa, una comunidad que está cercana a donde fueron encontradas las fosas clandestinas el lunes. Los policías y militares iban en busca de los seis integrantes de la familia García Feliciano que desaparecieron cuando regresaban de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, e iban a Ixcatla, en Zitlala, de donde son originarios. Tlaltempanapa es una comunidad nahua de unos mil habitantes que está a unos 20 minutos al norte de Zitlala. La cabecera municipal se encuentra bajo el resguardo de civiles armados del grupo autoproclamado Paz y Justicia, cuyos integrantes irrumpieron del 9 al 14 de mayo del 2015 en Chilapa, donde según el colectivo de Siempre Vivos fueron levantados 16 vecinos en esa cabecera municipal. A los civiles armados los relacionan con el grupo criminal Los Ardillos.
En noviembre del 2016, cerca de este mismo lugar fueron privadas de su libertad 21 personas, entre ellas dos mujeres y fueron asesinadas cuando menos seis, denunció entonces José Díaz Navarro, vocero de la organización Siempre Vivos.
La misma organización reportó a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), el 7 de noviembre pasado que las autoridades no investigan 81 casos de desapariciones que tienen documentados en esta región. Adelantaron que buscarán un consenso con otras organizaciones y autoridades para buscar que los municipios de Chilapa, Zitlala y Tixtla sean considerados como “zona de emergencia humanitaria”, ante las graves violaciones a los derechos humanos que ahí ocurren.
Debido a la violencia en la zona, militares del Ejército y policías federales y estatales retomaron el control de la seguridad, después de que los ciudadanos literalmente corrieron a los policías de la Gendarmería Nacional, pues los acusaron de estar aliados con grupos de la delincuencia organizada y de no intervenir cuando levantaron al menos a 30 ciudadanos del 9 al 14 de mayo del año pasado en Chilapa.
En esta zona, Los Ardillos venían operando en las comunidades desde hace casi 5 años, en la siembra y trasiego de la droga, pero nunca en enfrentamientos por el control del lugar, como sucede ahora.
Incluso, antes de que la cabecera municipal de Chilapa se convirtiera en el centro de la disputa entre Los Rojos y Los Ardillos, la violencia se había apoderado de comunidades indígenas como Ayahualulco, Atzacoaloya, San Ángel, Xiloxuchican y El Paraíso, presuntamente bajo la influencia de Los Ardillos.
Después, la violencia llegó a Tlaltempanapa, pueblo de Zitlala y cercano a Chilapa, y La Esperanza, municipio de Mártir de Cuilapan, controlado por Los Rojos, en donde empezó la guerra por dominar la zona y el trasiego de la droga, y comenzaron las ejecuciones, los levantones, cobros de piso y extorsiones.
El pleito entre Los Ardillos y Los Rojos comenzó supuestamente cuando los últimos se metieron a Ayahualulco, pueblo de artesanos donde empezaron a ejecutar gente y a cobrar piso. Otra versión dice que en una ocasión un joven se encontraba por Quechultenango, zona de influencia de Los Ardillos, y ya pasado de copas empezó a hacer desmanes. El intruso, dicen, ya no regresó a Chilapa.
El grupo criminal de Los Rojos que controlaba la zona desde hace dos años comenzó la embestida en contra de Los Ardillos al cual pretendió desplazar de las comunidades productoras del enervante, lo que provocó la pugna que a la fecha ha ensangrentado a la zona.

 

 

Protestan vecinos de cuatro municipios en la CICAEG para que termine de construir sus carreteras

Pobladores de los municipios de Quechultenango, Acatepec, Chilapa y Atlixtac protestaron en las oficinas de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), porque no han concluido la construcción de dos carreteras que iniciaron desde el año pasado, y que comunicarán a los cuatro municipios.
A las 10:30 de la mañana, unos 80 pobladores de los cuatro municipios llegaron a las oficinas de la CICAEG, ubicadas frente las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), en la avenida Ruffo Figueroa, en la capital.
El presidente de gestoría del núcleo de San Lucas Teocuitlapa, municipio de Atlixtac, Guillermo Matías Marrón comentó que la CICAEG y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) destinó un presupuesto para la construcción de la carretera que pasa por la comunidad de Tlanicuilulco, en Quechultenango, y El Epazote, en Chilapa, en la que sólo han pavimentado 13 kilómetros de 60.
En el caso de la carretera Acatepec-San Lucas Teocuitlapa, en Atlixtac, son 5 kilómetros de los que aún no han iniciado los trabajos, “las obras carreteras están financiadas por la CICAEG y la Cdi, pero no han atendido nuestras demandas”, declaró.
Matías Marrón señaló que las obras deberían haber iniciado en mayo del año pasado; sin embargo, apenas en noviembre de ese año comenzaron los trabajos, pero a consecuencia de la temporada de lluvias se suspendieron las labores que a la fecha no han reanudado las dos empresas constructoras.
Agregó que en el municipio de Quechultenago está parada la obra en la comunidad de Tezintla, que se dirige a la cabecera municipal.
Dijo que, hace dos meses se reunieron con funcionarios de la CICAEG y la Cdi para reanudar la construcción de carreteras, “sólo una semana trabajaron y después ya no laboraron, nos dijeron que ya habían financiado las obras; sin embargo, las dos empresas, una de ellas Dimarca SA de CV, que no realizan los trabajo”.
“Todos los pueblos de la Montaña, para mejorar sus condiciones la única alternativa es haciendo presión, tomar oficinas públicas cerrando carreteras, el gobierno ha sido difícil que voltee a ver a nuestros pueblos”, declaró.
Recordó que estas carreteras fueron programadas en las administraciones de Zeferino Torreblenca Galindo, Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega Martínez y Héctor Astudillo Flores, y el año pasado iniciaron los trabajos de construcción.
Matías Marrón informó que fueron atendidos por el director general de la CICAEG, Ricardo Taja Ramírez, en la que acordaron que la dependencia destinará 10 millones de pesos a las carreteros y la obra concluirá el próximo año, en el ejercicio fiscal 2017.
A las 11:30 de la mañana los pobladores de los cuatro municipios se retiraron de las oficinas de la CICAEG.

 

Reforzarán las autoridades la seguridad en cinco municipios tras el “desafío” de criminales al Estado, dice el vocero

 

 

Ante el “desafío” de la delincuencia al Estado que hizo repuntar la violencia en la entidad, el Grupo de Coordinación Guerrero acordó la tarde de este lunes en una reunión urgente, “reforzar” y “fortalecer” el esquema de seguridad en Teloloapan, Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tixtla y Chilapa, informó el vocero único en materia de Seguridad y delegado de la Secretaría de Gobernación, Roberto Álvarez Heredia.
El funcionario reconoció, consultado vía telefónica, que la violencia repuntó en algunas partes de la entidad, por lo que el Grupo de Coordinación Guerrero “revisará lo que tenga que revisar, fortalecerá lo que se tenga que fortalecer y corregirá lo que se tenga que corregir”.
Cuando menos dos ciudades en donde ha repuntado la violencia en los últimos días, Acapulco y Chilpancingo, están dentro de los cinco municipios con más violencia en el estado y en donde se supone que existe una operación especial del gobierno federal, para disminuir el índice delictivo en las 50 ciudades más violentas del país.
Mientras que Tixtla, en donde fueron encontrados 9 cuerpos desmembrados la noche del domingo, es un punto cercano a Chilpancingo e intermedio con Chilapa, que también es considerada una ciudad de alta incidencia delictiva y con una operación especial del gobierno federal.
–¿Cuál es la visión de los gobiernos federal y estatal cuando se supone que en Chilpancingo y Acapulco existe un operativo especial porque son de los cinco municipios considerados con más violencia, y, sin embargo, siguen ocurriendo casos extremos de violencia?– se le preguntó.
–La delincuencia desafía la acción que realiza la autoridad. Esta es una lucha que se libra todos los días y de manera constante. Hay días en donde el propio interés de los delincuentes por el control de su territorio, el trasiego y la venta de drogas genera un desafío constante a la autoridad. La autoridad realiza su trabajo de coordinación entre las dependencias federales y estatales, pero el desafío de la delincuencia continúa–, respondió.
Del caso del secuestro masivo en San Jerónimo El Grande, municipio de Ajuchitlán, Álvarez Heredia precisó que fueron 10 los plagiados.
Explicó que en las primeras horas de cometido el secuestro, cuando llegaron los agentes de la Policía Ministerial adscritos a la agencia del Ministerio Público de Arcelia, recibieron la información de vecinos que fueron entre 12 y 14 las personas secuestradas pero que cuando tuvieron contacto directo con los familiares de las víctimas precisaron que son 10.
El funcionario informó que la mayoría de las víctimas son de San Jerónimo el Grande y de condición humilde. La mayoría de ellos campesinos y los dos menores de edad son estudiantes. Afirmó que ya regresaron tres.
–¿Se confirma que los responsables son integrantes del grupo de Los Tequileros?
–Todo hace indicar que sí, se trata del grupo de Los Tequileros, de acuerdo a los testimonios de los propios familiares de las víctimas que están detenidas.
En la noche el gobierno del estado informó de los acuerdos asumidos por el Grupo de Coordinación Guerrero la tarde de ayer en el puerto de Acapulco.
“Ante los acontecimientos violentos del fin de semana, el Grupo de Coordinación Guerrero, en reunión convocada de carácter urgente acordó reforzar la intervención de la federación para fortalecer el esquema de seguridad en Teloloapan, Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tixtla y Chilapa”, se dijo en el comunicado.
Agregó que las acciones de reforzamiento de la seguridad en esos lugares, acordadas con el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores y el coordinador de la estrategia de seguridad en el estado, el general Alejandro Saavedra comandante de la Novena Región Militar, son para los municipios de Teloloapan y Arcelia en donde se acordó reforzar los operativos de vigilancia y la instalación de tres bases de operaciones mixtas, integradas por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Asimismo se informó que se instalarán tres puestos de control en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano para la revisión de personas, vehículos y el transporte público.
De los municipios de Tixtla y Chilapa, se acordó la instalación de tres bases de operaciones mixtas integradas por 150 elementos, reforzar las acciones de inteligencia para detectar a los grupos delictivos y lograr la consignación de los criminales.
“El titular del Ejecutivo del estado dará seguimiento con el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Gobernación el compromiso de instalar cuarteles militares en Teloloapan y Chilapa”, dice el boletín del gobierno estatal.
Informó que continuará la búsqueda de los secuestrados en el municipio de Ajuchitlán del Progreso y que se hizo el compromiso de “cerrar filas con los instrumentos de la ley de las instituciones para detener a los responsables”.

Son nueve, no ocho los desmembrados en Tixtla precisa Álvarez Heredia; ninguno tenía cabeza

 

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó que son nueve y no ocho los hombres descuartizados, quienes no han sido identificados, que fueron encontrados la noche del domingo en un paraje que lleva de Tixtla al poblado de Atliaca.
En un recorrido en esta cabecera municipal no se observó vigilancia de las policías Municipal, Estatal, Federal ni Ministerial, de militares o algún retén cerca de la zona donde encontraron a los nueve cuerpos, en la orilla del puente del distribuidor vial a Atliaca, Mártir de Cuilapan (Apango), Chilapa y Chilpancingo ubicado a 10 minutos del centro de Tixtla.
El lugar está en las inmediaciones de la colonia San Miguelito y el hotel Rancho Tixtla al sur de la cabecera municipal, ahí sólo había restos de cintas amarillas que ocupan los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para acordonar la escena del crimen.
Los vecinos fueron herméticos y caminaban tranquilamente en las principales calles, el mercado municipal Antonia Nava de Catalán en el centro de Tixtla abrió de manera normal, los negocios como tiendas de abarrotes, ropa, calzado, odontología y fondas de comida ofrecieron sus servicios, los locales que no laboraron fue debido al puente del 20 de noviembre, el Día de la Revolución Mexicana.
En la calle frente a la iglesia de San Martín de Tours se observó una patrulla de la Policía Municipal. El servicio de transporte público hacia Atliaca, Apango, Chilapa y Chilpancingo operó normalmente.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó en un comunicado de prensa que al recibir el reporte, agentes de la Fiscalía se trasladaron a ese paraje, donde encontraron cuatro cuerpos atados de pies y manos y cinco bolsas de plástico negras que contenían los restos de cinco personas más.
Ante estos hechos la FGE inició la carpeta de investigación 12010200200187201116 para dar con los responsables del asesinato de los nueve hombres, además de las diligencias necesarias para identificar los cuerpos.
En declaraciones telefónicas el funcionario mencionó que llama la atención que en los asesinatos se usó “extrema violencia” e indicó que las primeras investigaciones indican que podría tratarse de “pugnas entre grupos de la delincuencia organizada”.
Álvarez Heredia precisó que todos los cuerpos son de hombres, que todavía no se sabe qué fue lo que pasó, pero recordó que el caso ocurrió en una zona en donde existe una fuerte disputa de dos bandas del crimen organizado (Los Rojos y Los Ardillos).
“Todavía es muy temprano para tener una idea de lo que pasó allí, pero para el Grupo de Coordinación Guerrero todo ese territorio está siendo utilizado para el uso de la violencia extrema por el control del territorio entre dos grupos y esta es una situación que alerta a las dependencias estatales y federales para poder tomar decisiones al respecto”, advirtió el vocero.

No encontraron las cabezas en el lugar, informan fuentes de la Fiscalía FGE

Fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron que los nueve cuerpos de las víctimas fueron decapitados, que uno no tenía brazos ni piernas, y que en la zona no encontraron las cabezas.
La fuente comentó que las víctimas fueron asesinadas entre el viernes en la noche y el sábado en la madrugada porque estaban en estado de descomposición, además no se pudieron precisar las edades.
Por otro lado fuentes del Servicio Médico Forense (Semefo) señalaron que hasta las 7 de la noche no habían sido identificados los nueve muertos, pero han acudido familiares de personas desaparecidas para reconocerlos.
Una trabajadora comentó que para reconocer a las nueve víctimas se les aplicará la prueba de ADN debido a las condiciones que se encuentran los cuerpos.
La fuente informó que el mensaje hallado junto a los cadáveres era, “Ahí te va tu basura pinche bola de secuestradores, a la berga le pelan la riata ja ja ja ja Jr”.
“Tu y tu mallate el fantasmita me la maman junto con los de Tepos, a ver si le topan, no es lo mismo andar matando gente q no la debe, conmigo se la pelan hijos de perra, tengo gente lista digan donde y cuando nos topamos Ate la Mera Riata”, concluye el narcomensaje.
En un primer momento se informó que la noche del domingo los cuerpos de ocho hombres desmembrados y con huellas de tortura fueron encontrados en la orilla del puente del distribuidor vial de las carreteras a Atliaca, Chilapa y Chilpancingo, en las inmediaciones de la cabecera municipal de Tixtla pero ayer el vocero precisó que fueron nueve las víctimas.

Se queman 20 locales irregulares y cinco fijos en calle céntrica de Chilapa frente a la policía

 


Una veintena de locales irregulares y cinco establecidos se incendiaron la madrugada de ayer frente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Chilapa.
Fuentes policiacas indicaron que el incendio inició aproximadamente a las 3 y media de la madrugada, mientas que vecinos relataron que cerca de las 4 de la mañana comenzaron a escuchar estallidos como de cohetes y después el fuego se propagó.
Soldados del Ejército, policías estatales, municipales, trabajadores de Protección Civil (PC) y vecinos acudieron a sofocar el fuego con pipas con agua.
Los locales consumidos por las llamas están instalados en las banquetas de la avenida Revolución y a unos metros de la base de los sitios de taxis Morelos y Mártires del Sur que viajan a Chilpancingo y Tlapa, enfrente se encuentra la glorieta Eucaria Apreza y la comandancia de la Policía Municipal.
Los puestos de ferretería, fayuca y hasta fuegos pirotécnicos que fueron totalmente consumidos estaban construidos de estructuras metálica y láminas de aluminio, mientras que los cinco locales establecidos que sufrieron daños casi en su totalidad son una tienda de abarrotes, una ferretería, una farmacia, una papelería y una pastelería.
El alcalde de Chilapa, Jesús Parra García informó que autoridades de la SSP municipal y PC y bomberos le reportaron que a las 3:58 horas comenzó el incendio en locales que se han establecido de manera irregular sobre la avenida Revolución, añadió que sólo se habían registrado daños materiales.
“Desconocemos los motivos por los cuales se pudiera haber ocasionado el incendio, es una zona de comercio que está establecida de una forma irregular, no pagan un servicio (público) por lo tanto sus instalaciones son irregulares, hay desperfectos de cables en el sistema eléctrico”, explicó el alcalde.
Añadió que áreas del gobierno municipal estaban elaborando un diagnóstico para determinar lo que sucedió y que su gobierno analizará la manera de ayudar a los locales establecidos y a los semifijos.
En tanto, PC estatal informó que se censaron 18 puestos semifijos de techo flexible y estructura metálica como pérdida total, así como cinco locales con daños parciales.
El encargado de la dependencia, Marco César Mayares Salvador dijo que la probable causa del siniestro habría sido un corto circuito.

 

 

La violencia se agudizó en su administración, reconoce el alcalde de Chilapa

El alcalde de Chilapa, Jesús Parra García, del PRI, admitió que los hechos de violencia y la inseguridad se han agudizado durante su administración.

Consultado al concluir el desfile conmemorativo del inicio de la Revolución Mexicana, sobre la reunión que tuvo con agentes de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) el pasado 4 de noviembre en la sala de Cabildo, el alcalde dijo que se trató el problema de la inseguridad y que les informó de todas las situaciones que se están viviendo en el municipio.
“De manera clara y transparente le informamos todo (a los representantes de la ONU) de Seguridad Pública”.
Aseguró que no hubo alguna observación ni recomendación a su gobierno sino que fue una plática y una entrevista.
Agregó que informaron de todas las acciones del gobierno y el trabajo que hacen.
Sobre la ayuda que el Ayuntamiento municipal brinda a los familiares de las víctimas de desaparición en el municipio, el alcalde dijo que están apoyando de forma muy humilde de manera económica, sin especificar el monto, y con despensas a más de 40 familias.
Acerca de que si considera que el municipio de Chilapa pudiera ser declarado zona de crisis humanitaria por los altos índices delictivos como lo promueve el colectivo Siempre Vivos, que aglutina a familiares de personas desaparecidas, el presidente municipal lo negó.
“Es un tema que las autoridades correspondientes y los órganos de derechos humanos tendrán que determinar; hay que decir que son tiempos de crisis, tiempos de adversidad, muy complejos, me ha tocado gobernar en los tiempos más difíciles de Chilapa” manifestó.
“Traigo voluntad política, la he manifestado trabajando y estando pendiente en el municipio y son lamentables todos los hechos que han pasado durante todo este tiempo y que son hechos que han venido desde 2015, que se han agudizado también en mi administración, lo tenemos que admitir”.
Confió que la crisis se podrá superar de manera gradual con la concurrencia del gobierno federal por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Policía Federal (PF), así como con la Policía Estatal y municipal.
A pregunta expresa Parra García respondió que ha girado oficios al gobierno estatal y federal para reforzar la seguridad pública en las fiestas decembrinas que inician el 1 de diciembre, especialmente en la verbena del 1, el certamen de belleza el 8 de diciembre y el baile popular el 12 de diciembre.

 

 

No hay rastros de la familia que desapareció hace un mes en Zitlala, informa Siempre Vivos de Chilapa

Este viernes 18 de noviembre se cumplió un mes de la desaparición de los seis integrantes de la familia García Feliciano originaria de Ixcatla, municipio de Zitlala, sin que haya rastros o indicios de su paradero.
Los desaparecidos son Mario García Capistrán, su esposa María Feliciano Diego, la madre del Marino García, Florencia Capistrán Tecolapa y los hijos de la pareja, Félix, Santa y Marco Antonio García Feliciano.
El presidente del colectivo de familiares desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro informó este viernes vía telefónica que a un mes de la desaparición, ni el gobierno del estado ni la Policía Ministerial han informado si hay avances en la investigación de los seis desaparecidos.
La Familia García Feliciano salió a las 6 de la mañana del 18 de octubre de Ixcatla. Media hora después pasó a Chilapa en donde dejó una muda de ropa a uno de los 9 hermanos de apellido García Feliciano que trabaja en esa cabecera municipal como chofer del servicio público.
Después, los García Feliciano fueron hacia Zitlala, de donde partieron hacia Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo. A ese lugar acudieron a visitar a San Lucas, santo patrón del pueblo y en donde cada año se hace una feria en su honor.
A Tlalcozotiltlán habrían llegado entre 10 y 10 y media de la mañana. Allí los vieron vecinos del lugar y de la misma comunidad de Ixcatla. Algunos comentan que los vieron en la iglesia orando y otros ya cuando después del medio día comían en la casa de Maurilio Alvarado Agustín, quien resultó electo mayordomo para el próximo año.
Según el comisario de Tlalcozotitlán, Ismael Sánchez Agustín, existen versiones que los integrantes de la familia García Feliciano salieron de regreso a su pueblo Ixcatla a las 3 de la tarde.
La pareja, la mujer de la tercera edad y los tres hijos del matrimonio viajaron a Tlalcozotitlán a bordo de una camioneta picop Nissan roja con placas de circulación HD 91183, de Guerrero, la camioneta tampoco ha sido localizada.
En el trayecto de Zitlala a Tlalcozotitlán solamente hay dos pueblos por los que se pasa, Tlaltempanapa y Tlatehualapa y entre Zitlala y Tlaltempanapa existe un retén del Ejército.
El presidente del colectivo Siempre Vivos Díaz Navarro informó que en ese retén los soldados tienen el registro de que la picop Nissan roja pasó a las 6 de la mañana, pero ya no tienen el registro de su regreso.
Díaz Navarro informó que existen testimonios que confirman que la familia García Feliciano desapareció en el tramo de Tlatehualapa a Tlaltempanapa, en donde desde el 24 de octubre se centró la búsqueda de los agentes de la Policía Ministerial a cargo de la investigación, y, por separado, del colectivo de  Siempre Vivos, sin embargo no han encontrado indicios.
El pueblo de Tlaltempanapa está controlado por hombres armados del grupo Paz y Justicia, que se integró después de que comisarios de los pueblos de la parte sur de Chilapa irrumpieron del 9 al 14 de mayo del 2015 para exigir la presentación de varios desaparecidos, asimismo, demandaron entonces, seguridad para sus comunidades y la detención de los cabecillas de la banda criminal de Los Rojos.
A principios de este año los habitantes de Tlaltempanapa se integraron al grupo de comunidades que pertenecen a Paz y Justicia y desde entonces mantienen retenes en la entrada de su pueblo. La gente armada mantiene bloqueos con piedras y un reten con hombres armados a la salida rumbo a Tlalcozotitlán, pero en este pueblo no han proporcionado datos sobre si la familia pasó por ese lugar.
Díaz Navarro ha denunciado que los hombres armados que controlan este pueblo pertenecen al grupo criminal Los Ardillos y los ha señalado de ser responsables de la desaparición de la familia García Feliciano.
La gente del pueblo ha impedido en tres ocasiones que el presidente del colectivo Siempre Vivos entre a la localidad a hacer la búsqueda de los seis integrantes de la familia desaparecida.
En cambio los agentes ministeriales que participan en la investigación han hecho recorridos en dos ocasiones al interior del pueblo y en comunidades vecinas en busca de la familia pero no han encontrado indicios de que los desaparecidos se encuentren por el lugar.
Los ministeriales han sido acompañados por militares del Ejército por el temor a la agresividad de los hombres armados del pueblo. Al menos en una ocasión los mismos civiles armados que se hacen llamar “Comunitarios por la Paz y la Justicia”, han acompañado a los agentes ministeriales y al Ejército en la búsqueda.
Díaz Navarro contó ayer que es lamentable que los gobiernos federal y estatal no hayan dado el apoyo más decidido a la familia de los desaparecidos para poder encontrarlos y que se someta a un grupo delincuencial para no provocarlo por su presunta agresividad.