Vecinos de la cabecera municipal de La Unión denunciaron que en el comedor comunitario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ubicado en la plaza principal de la ciudad, venden los alimentos a 25 pesos, mientras que en los otros dos comedores que hay en el municipio pagan 10 pesos.
Vía telefónica, un representante de los inconformes, Francisco Acosta, manifestó que a partir de ayer las personas que atienden el comedor comunitario que está en la plaza principal de La Unión, empezaron a cobrar 5 pesos más por la comida, con el argumento de que los precios de los productos perecederos se han encarecido, y detalló que antes “cobraban 20 pesos y ahora la comida la venden a 25”.
Manifestó que los otros dos comedores comunitarios continúan ofreciendo los alimentos a 10 pesos, uno está en la salida de La Unión hacia Coahuayutla, y el otro cerca del campo deportivo de dicha cabecera municipal.
“Sólo en el comedor que está en la plaza venden la comida tan cara, ojalá que pudieran hacer algo para que no la den tan cara, porque en los otros dos comedores sigue a 10 pesos”, afirmó el inconforme.
El director municipal de Seguridad Pública del municipio de Coahuyutla, Concepción Núñez Peñaloza renunció al cargo desde el 3 de enero con el argumento de que no recibió su pago completo correspondiente a diciembre y sólo le pagaron una parte del aguinaldo.
Fuentes policiacas informaron que además los casi 30 policías municipales que integran la corporación policiaca advirtieron que si éste 16 de enero próximo a ellos no les pagan completo su salario y la parte que falta de su aguinaldo también van a renunciar.
A diferencia de otros ayuntamientos, en los últimos 10 años los trabajadores del Ayuntamiento de Coahuayutla cobran su salario cada mes con el argumento de mensualmente es cuando reciben las participaciones federales y estatales.
Actualmente el municipio de Coahuayutla es gobernado por el alcalde del partido Verde Ecologista de México, Felipe Heredia Hernández, quien de acuerdo a la fuente, se comprometió a pagarles de manera puntual a los policías el próximo 16 de enero.
La mañana del lunes un joven ejecutado a balazos y atado de las manos hacia atrás fue encontrado en la orilla de la carretera federal La Unión-Coahuayutla en la primera cabecera municipal.
A un lado del cuerpo había un pedazo de cartón con un mensaje en el que se leía, “esto me paso por andar alconeando al javalin para todos los que apoyen a Omar Bucio, los Viagras y por lo que faltan, Atte. La mera verga”.
Según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a las 8:30 de la mañana recibieron una llamada que avisó que en esa carretera en el lugar conocido como Las Palmitas estaba el cuerpo de un hombre tendido en la orilla de la vía.
El cadáver del joven estaba boca abajo, tenía las manos atadas hacia atrás, vestía una playera azul fuerte, pantalón de mezclilla azul y estaba descalzo.
A Las Palmitas llegaron policías municipales, estatales y ministeriales quienes acordonaron la zona, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias de ley.
El cuerpo fue trasladado a una funeraria habilitada como Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.
En La Unión el 12 de octubre el cuerpo de un hombre de unos 35 a 40 años de edad fue encontrado enterrado en una fosa clandestina entre las comunidades Coyuquilla y Zorcuá.
Una tormenta local y fuertes vientos dañaron 40 casas el fin de semana en el municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, en la región de la Costa Grande, informaron fuentes de la Secretaría de Protección Civil estatal (SPC).
De acuerdo con un reporte de la dependencia, la mayoría de las viviendas sufrieron el desprendimiento de techos y ruptura de láminas galvanizadas, aunque no se reportaron perdidas humanas ni heridos.
Protección Civil estatal detalló que en la cabecera municipal fueron cinco las casas afectadas, cuatro en la comunidad Puerto del Carrizo, en Matamoros seis, La Corba cuatro, La Providencia siete, Lomas Blancas cinco, El Zopilote siete y en Barrio de Lozano dos viviendas.
Asimismo, trabajadores de la dependencia hicieron un recorrido para verificar los daños y entregar a los afectados paquetes de limpieza, colchonetas, láminas y cobertores.
Por su parte, en un boletín de prensa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que en el Pacífico Sur habrá cielo de medio nublado a nublado, y 60 por ciento de probabilidad de tormentas fuertes en Chiapas y Guerrero, y lluvias con chubascos en Oaxaca.
Vecinos de la comunidad Tierra Colorada del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) damnificados por la tormenta Manuel recorren el predio donde se construyen las casas donde serán reubicados . Foto: Jesús Eduardo Guerrero
A tres años de la tormenta tropical Manuel, que dejó en Tierra Colorada, municipio de Leonardo Bravo, cuatro muertos y destruyó más de 70 casas, el gobierno federal no les ha entregado sus viviendas a los damnificados de esta localidad.
Además, les construyó un puente vehicular en un lugar donde no lo pidieron ni lo necesitan, en tanto que la construcción de la telesecundaria está abandonada, y la escuela primaria, el kínder y el centro de salud están abandonados, a pesar de que aparentemente las construcciones están concluidas.
Las viviendas para la reubicación de los damnificados se construyen en un lugar en condiciones de riesgo, sin acceso, en una zona inestable, y no tienen servicios públicos.
También, a pesar de que aparentemente están terminadas las escuelas primarias, el kínder y el centro de salud, no han sido entregadas a los habitantes. Mientras tanto, la obra de la telesecundaria se encuentra suspendida desde a finales del año pasado.
La comunidad de Tierra Colorada se encuentra en una zona inhóspita de la sierra del municipio de Leonardo Bravo, a la que se llega en tres horas y media de recorrido desde Chilpancingo. La carretera es una brecha intransitable y de terracería que comienza después de la comunidad de Omiltemi, al poniente de la capital.
Ayer en un recorrido con el reportero de El Sur, los vecinos de la comunidad denunciaron que el gobierno, además de que no ha cumplido con ninguna de las obras prometidas, no tomó en cuenta la opinión del pueblo ni de sus autoridades, sobre a las obras que se construyen arbitrariamente.
Agrede verbalmente el representante de la constructora al comisario y le pohibe entrar al predio
Al final del recorrido, cuando los vecinos y el comisario municipal, Saturnino Castro Leyva, todavía estaban reunidos en la cancha del pueblo, donde comentaban las deficiencias de las obras, llegó el encargado de la empresa que construye las viviendas, a quien sólo identifican como Manuel, quien acompañado por otros dos trabajadores amenazó al comisario municipal, a quien le exigió que no se meta con su trabajo. El representante de la empresa se molestó porque el comisario y los damnificados recorrieron las casas en construcción.
“¿Qué es lo que se le ofrece comisario?”, le espetó envalentonado y retador el representante de la empresa, frente a unos seis testigos que acompañaban a Castro Leyva. Cuando el comisario comenzaba a explicarle que estaban inconformes primero con un puente que no fue construido en el lugar donde lo necesitan, el encargado de los trabajos lo interrumpió, y le advirtió, “ya me tienes hasta la madre con los chismes y lo que andas diciendo allá en Sedatu, eres el único comisario que no ha querido trabajar de acuerdo con nosotros”.
El comisario le respondió que solamente ha dicho la verdad, pero el encargado de la obra le advirtió que cuando quiera entrar a las zona donde se construyen las casas, primero le pida permiso a él.
Quienes acompañaban al comisario salieron en su defensa, y le pidieron que citara al representante de la constructora para una reunión en la comisaría, porque le estaba faltando al respeto en la calle. Sólo hasta entonces el representante de la constructora se retiró, pero antes le insistió al comisario que debe pedirle permiso para entrar a la zona donde se construyen las casas.
Antes, los damnificados, acompañados por el comisario municipal habían recorrido el fraccionamiento donde se siguen construyendo las casas en una zona de terreno inestable y con riesgos de deslaves. Otra parte donde se construyen las casas es relleno, incluso una barda de contención de unos 15 metros de largo ya se vino abajo, y de acuerdo con los damnificados esa es una muestra de que el terreno está en falso y de la frágil estructura de los muros de contención.
Por otro lado, el fraccionamiento carece de accesos, y para llegar a las casas se tiene que cruzar el cauce de un río de unos 15 metros de ancho, en un lugar donde no hay puente.
Uno de los damnificados declaró que la mayoría de los habitantes sugirieron a la Sedatu y a la empresa constructora que las viviendas se construyeran en un lugar al que conocen como El Limoncito, frente a lo que ahora es Tierra Colorada, al otro lado del río.
Pero dijo que la empresa constructora y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), acordaron construir las casas en ese lugar porque el terreno se los vendió Virginio Jacobo León, quien es el padre del entonces comisario municipal, Apolinar Jacobo Alonso, y del ex regidor de Leonardo Bravo, Aníbal Jacobo.
Construyeron un puente a kilómetro y medio de la comunidad, donde no les sirve, lamentan
La zona en donde se siguen construyendo las casas es un bordo que da a un voladero de unos 20 metros de profundidad con caída al río, y por el otro extremo hay una barraca que en la temporada de lluvias deja la zona aislada.
El fraccionamiento está dividido en tres bloques separados por barrancas, y para llegar a los tres hay que atravesar el amplio río que corta la zona donde actualmente se encuentra asentada la población.
Ante la falta de un puente para atravesar ese río, por lo menos dos bloques de casas que se construyen están incomunicadas, ahí sólo se pude llegar cruzando el río a pie, cuando no está crecido.
Debido a las fallas de las casas que se construyen y el difícil acceso, 15 familias damnificadas construyeron por su cuenta sus viviendas con tablas y lámina de cartón o galvanizadas, en El Limoncito.
El fraccionamiento donde se construyen las casas no tiene servicios de agua, luz ni drenaje. Las obras son lentas debido a la falta de trabajadores, pues ya nadie quiere trabajar con la empresa constructora de la que desconocen su razón social. La empresa tiene deudas con más de 70 personas de la comunidad que fueron empleados, algunos de ellos les adeuda hasta 7 meses de salario.
Los habitantes denunciaron que los trabajadores, ante la falta de pago de los representantes de la constructora, tampoco han pagado los alimentos que consumieron. Algunas familias denunciaron que la deuda por cada trabajador ha crecido hasta a 10 mil pesos.
Mientras tanto, 85 familias que perdieron sus viviendas reclamaron al gobierno federal que les entregue sus casas, sin importar las condiciones en que se encuentren, porque viven alojados con sus parientes o vecinos de la misma localidad.
Algunas de estas familias son las de Georgina Rodríguez Salgado, Abraham Alonso Morales, Constantina Castro León, Faustino Castro Alonso, Alejandra Catalán Lorenzo y Sabino Rodríguez Salgado.
En la orilla de la zona donde se construyen las casas, también están abandonadas, aunque ya terminadas, la primaria Juan N. Alvarez y el jardín de niños. A las instalaciones educativas les faltan los servicios de energía eléctrica, agua y drenaje. Los niños de los seis grupos siguen recibiendo clases en la comisaría, en la iglesia y en carpas improvisadas en la explanada de la comisaría municipal.
También se construyó allí, al lado de la primaria, el jardín de niños, y aunque la obra parece en buenas condiciones y terminada, un paredón de la parte trasera comienza a derrumbarse.
En la misma zona se encuentra el centro de salud, que aunque ya está terminado es difícil llegar a él porque se tiene que cruzar una barranca, “¿imagínese, como van a pasar por aquí los pacientes?”, preguntó uno de los damnificados.
Al frente del centro de salud está también un área descampada en donde les anunciaron que se construiría la telesecundaria, pero en el área solamente hay material de construcción abandonado y señales de que se comenzaba a construir.
La actual telesecundaria está aislada porque las lluvias de septiembre de 2013 ampliaron el cauce del río El Zapote, que divide al pueblo con la escuela, y los estudiantes tienen que cruzar ese río.
Los vecinos contaron que la semana pasada se suspendieron las clases debido a que este río estuvo crecido ante las lluvias del fin de semana pasada, y los alumnos y maestros no pudieron cruzar el cauce para ir a la escuela.
Los habitantes denunciaron que, en este tramo, estaba programado el puente Tierra Colorada, que sustituiría al que se llevó el agua en 2013. Este puente serviría para llegar a la escuela y para cruzar hacia Jaleaca de Catalán.
Informaron que en el proyecto estaba considerado aquí la construcción del puente, que fue construido un kilómetro y medio abajo, en donde no les sirve.
El comisario Castro Leyva denunció que el puente no se construyó porque el dinero fue desviado para beneficiar a los habitantes de Jaleaca, tras la intervención de la diputada federal Beatriz Vélez Adame, originaria de esa localidad, y por “políticos encumbrados con influencias en el gobierno”.
Consideró que los recursos de este puente fueron desviados para construir el puente un kilómetro y media hacia abajo porque actualmente se construyen una carretera que comienza en Omiltemi, municipio de Chilpancingo, y pasa por Chocomanatlán y Chautipan hasta llegar a Jaleaca. Dijeron que el puente que les robaron a los de Tierra Colorada forma parte de ese proyecto carretero.
El comisario dijo que, incluso, en la lámina que fue colocada en el puente que se construyó un kilómetro y media abajo está rotulado: “Se construye el puente Tierra Colorada”, pero insistió que allí ya no pertenece a su comunidad y que no les sirve de nada el puente.
Uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez murió este martes en Acapulco a los 66 años de cáncer de pulmón.
El luchador social falleció en su casa, según informaron sus familiares; su cuerpo fue velado en la funeraria Siglo XXI, ubicada en la avenida Ruiz Cortines y hoy será trasladado a Tepetixtla, donde lo sepultarán.
Benigno Guzmán fue uno de los campesinos que se reunieron el 14 de enero de 1994 para conformar la OCSS, para que las autoridades atendieran sus demandas de fertilizante para producir maíz, despensas, materiales para vivienda, respeto a los derechos humanos de los campesinos que constantemente violaban las policías y el Ejército y la presentación de los desaparecidos durante la guerra sucia contra la guerrilla de Lucio Cabañas.
Benigno Guzmán falleció de cáncer de pulmón en su casa, luego de que su familia lo sacó del hospital general, donde fue internado días antes, y donde les dieron el pase para que lo trasladaran al Hospital de Cancerología, al que ya no ingresó.
Sus familiares informaron que hace tres años le detectaron cáncer de estómago, el cual controló, sin embargo hizo metástasis en el pulmón, el último año se fue debilitando, y desde noviembre del año pasado su condición empeoró.
El luchador social originario de Otatlán, municipio de San Miguel Totolapan, fue perseguido en el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer porque denunció desde el primer momento la masacre de Aguas Blancas, que ocurrió el 28 de junio de 1995, cuando fueron asesinados 17 campesinos y 23 más resultaron heridos, hecho por el que Figueroa Alcocer fue obligado a separarse del cargo al año siguiente.
Guzmán Martínez fue preso político acusado de diversos delitos que el gobierno le fabricó, con motivo de las movilizaciones de la OCSS, principalmente en Coyuca de Benítez. Fue detenido en enero de 1997 en la ciudad de México, donde se había refugiado para evitar la persecución de Figueroa, y encarcelado por los delitos de sedición, motín y daños al Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, por los que fue sentenciado a 13 años de prisión y enviado en 1999 al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, de donde salió libre el 8 de marzo del 2001.
El luchador social fue acusado bloquear el Ayuntamiento de Coyuca de Benítez en 1995 para exigir fertilizante y obras para las comunidades de la sierra de Coyuca de Benítez. También fue señalado por la Secretaría de Gobernación como uno de los principales integrantes del Ejercito Popular Revolucionario (EPR).
A un mes de salir del penal, Benigno Guzmán denunció la existencia de un grupo paramilitar en la sierra de Coyuca de Benítez, que se hacía pasar por una facción del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y que lo amenazó; hecho del cual responsabilizó al entonces alcalde perredista, Rafael Ariza Bibiano.
En diciembre del 2010, nuevamente, Benigno Guzmán fue detenido por policías ministeriales, acusado de ataque a las vías de comunicación, según la denuncia presentada por el entonces alcalde, Merced Valdovinos Diego. Fue puesto en libertad el mismo día porque la orden ya había sido cumplida.
Entre sus últimas actividades, participó en reuniones de la Asamblea Nacional Popular en Ayotzinapa tras la desaparición de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014; integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) recordaron que llegó a visitarlos en algunas ocasiones al plantón que mantuvieron cuatro meses en el Ayuntamiento de Acapulco.
El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, compañero de lucha y preso a la par que Benigno Guzmán, lo calificó como alguien muy serio, respetuoso, duro con el Estado, y consideró su muerte como una gran pérdida para la lucha social.
Martínez Cruz recordó que entre los objetivos de la fundación de la OCSS estuvo la búsqueda de insumos para los campesinos y detener la tala de árboles. Con la masacre de Aguas Blancas, Benigno Guzmán Martínez fue uno de los que principalmente denunciaron el hecho, lo que generó una persecución en su contra.
Martínez Cruz recordó a otros compañeros de lucha que también fueron presos en esa época, entre ellos, Pedro Nava Rodríguez, que recientemente falleció.
En su fundación la OCSS estuvo encabezada por Benigno Guzmán y Marino Sánchez Flores, de Tepetixtla, en la sierra de Coyuca de Benítez, y por Hilario Mesino en Atoyac. La organización estaba integrada por campesinos pobres de los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac, La Unión, Coahuayutla, Zihuatanejo, Petatlán y Benito Juárez (San Jerónimo).
Desde su creación, los miembros de la OCSS, así como sus familiares, han sido víctimas de graves violaciones del gobierno a sus derechos humanos, porque se caracterizó por dar una lucha frontal contra la impunidad y la represión, lo que llevó a Benigno Guzmán a desconfiar de toda institución, incluso las de salud, y a vivir con el constante temor de ser asesinado por el Estado.
El cuerpo de Benigno Guzmán fue velado anoche en una de las capillas de la funeraria Siglo XXI en Acapulco, sus familiares determinaron que a las 7 de la mañana de hoy sería trasladado a Tepetixtla, en Coyuca de Benítez.
A las 9 de la noche sus familiares estaban a la espera de saber si los integrantes de la organización, familiares y conocidos querían velarlo un día más allá o lo sepultarían hoy. De ser así, el sepelio está programado para las 11 del día, luego de despedir el cuerpo en su casa.
Por la noche, al funeral asistieron Bertoldo Martínez; Raymundo Sánchez Taboada del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) e integrantes del MPG.
Al menos cuatro personas murieron y más de cinco resultaron heridas en Guayameo, municipio de Zirándaro, en un enfrentamiento entre civiles armados la tarde de este lunes.
Dos grupos antagónicos se enfrentaron en la población de Guyameo, sin que se conozcan las causas. Por lo menos cuatro personas perdieron la vida en el enfrentamiento, del que resultaron varios heridos.
Guyameo se ubica a 40 minutos de recorrido desde la cabecera municipal. Es la población más grande del municipio y la parte más urbanizada de la sierra, y aun cuando cuenta con varios servicios, está lejos de la atención de seguridad de los cuerpos policíacos.
Vecinos de la localidad enviaron reportes telefónicos de varios heridos en la localidad tras el enfrentamiento entre civiles armados. Más tarde se reportó que por lo menos cuatro personas estaban muertas. Los vecinos pidieron el apoyo del Ejército y la Policía Federal.
Cerca de las 6 de la tarde, se informó que irían hacia la comunidad el Ministerio Público, policías estatales y soldados del Ejército para investigar el caso. Desde Coyuca de Catalán tardarían casi dos horas para llegar al pueblo.
En esta misma zona, se reportó un enfrentamiento en octubre con policías federales, en los que perdió la vida una mujer policía, además de que se reportaron cuatro detenidos. En esta ocasión el enfrentamiento fue entre civiles.
Constantemente se han reportado grupos de la delincuencia que bajan de la sierra en la colindancia con Coahuayutla.
El representante de la Unión de Participación Social (UPS), Baltazar Larumbe Gutiérrez, informó que los miembros de esta asociación, filial del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero, (Cresig), están a la espera de que los atienda el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo para ser beneficiados con 2 millones 130 mil dólares en proyectos productivos.
En entrevista, Larumbe Gutiérrez dijo que por medio del Consejo Nacional de Productores de Mezcal, la UPS y el Cresig contactaron a las organizaciones Camproduce y Fundación Telmex para exponerles el interés de los productores de mezcal y ganaderos de Coahuayutla, La Unión, Zihuatanejo y Petatlán en proyectos alternativos que mejoren su economía.
Uno de los proyectos es de productos cárnicos y consiste en el mejoramiento de praderas, la genética del ganado y la construcción de un rastro TIF en la región, el cual tendría un costo de 2 millones de dólares y la organización Camproduce y Fundación Telmex están interesadas en apoyar.
Asimismo, Larumbe Gutiérrez señaló que hay interés en apoyarlos con 130 mil dólares para impulsar un proyecto de impacto regional, nacional e internacional del mezcal que se produce en esta región, lo que beneficiaría a los productores de Zihuaquio, municipio de Coyuca de Catalán; de José Azueta y de Tecpan de Galeana.
El gestor social explicó que el Cresig intenta agendar una audiencia con el gobernador Zeferino Torreblanca para exponerle los planes y que su administración pague el costo de los estudios de factibilidad.
“Camproduce y Fundación Telmex pagarían los proyectos y ojalá y esto le interese al gobernador para llevarlos a cabo”, concluyó.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, a nombre de la señora Felipa Bustos Espino presentó ayer una denuncia penal ante el agente del Ministerio Público del fuero común en este municipio, en contra del alcalde y el síndico de Coahuayutla, José Correa Huerta y Gerardo Basurto Sánchez, por abuso de autoridad y lo que resulte.
En el escrito que presentó el líder perredista, Bustos relata que el 11 de marzo pasado, a las 11:30 de la mañana, se encontraba en su domicilio particular, ubicado en la calle Mariscal de Ávila, número 4, en la cabecera municipal de Coahuayutla, cuando le avisaron que su esposo Antonio Jiménez Peñaloza había sido privado de la vida.
Dijo que al llegar al lugar de los hechos, constató lo que le dijeron y que luego avisó a las autoridades para que pudiera levantar el cadáver y se dieran a la búsqueda de los presuntos homicidas.
Agrega que se presentó a la oficina del síndico procurador, Gerardo Basurto Sánchez, para que hiciera las diligencias correspondientes, ya que en Coahuayutla no hay una agencia del Ministerio Público del fuero común, “al recibirme en su oficina este funcionario público, me negó la protección y el servicio argumentándome que no tenía tiempo para ello”.
El documentó continúa: “Desesperada por esta respuesta, me trasladé a la oficina del presidente municipal, José Correa Huerta, para informarle de la situación y me apoyara en el esclarecimiento de la muerte de mi esposo; sin embargo, me dio la misma respuesta, me negó la ayuda, protección y el servicio que como servidor público le compete”.
La mujer añade en su denuncia escrita –que hoy martes ratificará personalmente–, que desalentada “por no encontrar a las personas encargadas de la investigación de la muerte de mi esposo, me regresé al lugar de los hechos ya sin esperanza alguna (y) fue hasta las dos horas después cuando se presentó en el lugar una persona que dijo llamarse José Vargas, quien dijo ser ayudante del síndico”.
“Durante la práctica de las diligencias, pude percatarme que la persona nombrada no realizó su trabajo de manera debida, porque esta persona no tiene los conocimientos necesarios en Derecho para cumplir cabalmente con su trabajo; por esta razón tengo el temor fundado de que las diligencias se practicaron de manera deficiente y hasta dolosa, por el retardo en que incurrió la autoridad encargada del asunto”.
De la Rosa Peláez interpuso la denuncia a nombre de Felipa Bustos por abuso de autoridad contra el alcalde y el síndico de Coahuayutla y pidió también que se practiquen “tantas y cuantas diligencias sean necesarias para el total esclarecimiento de los hechos” y que se gire orden de aprehensión en contra de los presuntos responsables del crimen.
Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El síndico de Zihuatanejo Joaquín González Ramírez maneja desde hace mes y medio una partida especial y única de 120 mil pesos a comprobar por gastos de gestiones en la administración, informó el alcalde perredista Amador Campos Aburto.
En conferencia de prensa, se le preguntó si el síndico le había pedido dinero a cambio de firmar la cuenta pública como han denunciado los presidentes municipales de Coahuayutla y Petatlán, Omar Correa y Javier Rodríguez respectivamente.
Campos Aburto dijo que el síndico le pidió hace mes y medio “120 mil pesos para gastos a comprobar porque dice que hay cosas que él debe hacer, que él quiere ayudar y participar. No vimos ningún problema en ello sólo tiene que entregar facturas de en qué se gastó el dinero y no vemos ningún problema en esto”.
Dijo que a la fecha, ha comprobado alrededor de 10 mil pesos de esta partida que será por los tres años. Presuntamente la autorización de esta partida tuvo el consenso de los ediles de la comuna azuetense quienes pueden recurrir al síndico para que también los apoye en sus gestiones con estos recursos.
Campos Aburto subrayó que esta partida se autorizó sin ningún compromiso ni en respuesta a presiones “ni para que nos firme la cuenta pública”, pues incluso recordó que esta partida quedó estipulada en el presupuesto de egresos y su comprobación se hará conforme a la ley.
El caso se platicará hoy con la Auditoría General del Estado (AGE) en la reunión que tendrán los alcaldes de Coahuayutla, La Unión, Petatlán y Zihuatanejo con el auditor general del estado, Ignacio Romero Rendón.
Derivado de la negativa del síndico de Zihuatanejo para firmar las cuentas públicas y presuntamente también los convenios y contratos, el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal acordó con la administración de Zihuatanejo la firma y realización de obras por administración.
En este municipio el síndico se ha negado a firmar las cuentas públicas pero el alcalde informó ayer que sí las revisa y les saca fotocopias. Agregó que competerá a la AGE emitir alguna determinación.
“Hay una iniciativa de la diputada perredista Gloria Sierra de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública para pedirle al Congreso que se cambien las cosas y que ya no sean los síndicos los que autoricen la cuenta pública, sino que lo haga el Cabildo”, reveló Campos Aburto quien precisó que en su administración no hay acusaciones de desvíos ni de mala administración a pesar de las diferencias que se han tenido en cuanto a la cuenta pública con la sindicatura.
Dijo que lo que está estipulado en el presupuesto de egresos se ejercerá porque fue aprobado por el Cabildo.
De los comentarios del diputado federal priísta Celestino Bailón dijo: “Estamos en campaña pueden decir lo que quieran pero la ciudadanía sabe que estamos haciendo las cosas diferentes, que estamos llevando obras y servicios a las comunidades y colonias. Ellos (los del PRI) han tenido gobiernos desastrosos y sin embargo todavía los añoran”.
