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Exhorta el Congreso a la Cámara de Diputados a legalizar el cultivo de amapola con fines medicinales

Por mayoría de votos, el pleno del Congreso aprobó hacer un exhorto a los diputados federales para que tras el análisis de los resolutivos de la ONU y sobre el monitoreo del cultivo de la amapola, legislen sobre la posibilidad de legalizar la producción de amapola con fines medicinales.
Después de una discusión entre diputados del PRI, MC y PRD, que se acusaron de no cumplir el procedimiento legislativo en el tema, ayer finalmente se aprobó el exhorto que el martes las comisiones unidas de Salud y Justicia aprobaron, con el único voto en contra de la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros.
El punto de acuerdo lo leyó el presidente de la Comisión de Salud, Raymundo García, por el cual el Poder Legislativo exhortó a la Cámara de Diputados para que analice y determine la legalización de la amapola con fines medicinales.
De esa manera fue desechada finalmente la iniciativa propuesta por los diputados de Movimiento Ciudadano.
La argumentación del exhorto se basa principalmente en el último informe del monitoreo del cultivo de amapola en México, que señala que en el país hay una superficie sembrada con cultivos de amapola de 24 mil 800 hectáreas, principalmente en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, de los que Guerrero está entre los primeros lugares.
En el dictamen se recuerda que en marzo la fracción parlamentaria de MC presentó una iniciativa para adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Federal Penal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de legalización del cultivo de amapola.
Esa iniciativa fue enviada a las Comisiones de Justicia y de Salud, que “tras analizarla consideramos procedente que sea por su competencia el Congreso de la Unión quien lleve a cabo en el ámbito de su competencia el análisis y en su caso legisle en la materia que nos ocupa”.
En tribuna el diputado Raymundo García aclaró que aunque el Congreso local tiene facultades para iniciar reformas a leyes del ámbito federal, la iniciativa presentada por los diputados Ricardo Mejía, Silvano Blanco y Magdalena Camacho “no se acompaña de los estudios técnicos, médicos, sociológicos, científicos, socioeconómicos, culturales, de campo y aquellos que resulten necesarios para contar con los elementos básicos necesarios y emitir un posicionamiento fundado en la razón y con elementos convincentes en la materia”.
La decisión provocó debate entre los diputados de MC y los que dictaminaron la propuesta.
El coordinador de la fracción de MC, Ricardo Mejía votó a favor el exhorto que aprobaron en lugar de su iniciativa, porque dijo que “todo lo que abone a terminar con la política prohibicionista nosotros lo vamos a respaldar”.
Recordó en la tribuna que el debate de legalizar el cultivo de la amapola con fines medicinales lo inició el gobernador Héctor Astudillo.
Pero el presidente de la Comisión de Justicia, el priista pero diputado por el Partido Verde, Héctor Vicario Castrejón, insistió en que la propuesta de los legisladores de MC tenía “carencias sustanciales” y que ese fue el motivo para desecharla.
Por su parte, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, consideró que  en Guerrero no existen las condiciones de salud “para enfrentar las consecuencias de una legalización de la amapola, además de que el hacerlo sólo beneficiará a quienes se queden con las patentes de los llamados usos medicinales” y por eso coincidió en que es en el Congreso de la Unión donde se debe legislar.
Silvano Blanco, de MC, criticó que “entendemos que con este exhorto pretenden dar por concluido este proceso legislativo; estaban mal y siguen estando mal, porque son dos procesos distintos, una cosa es el dictamen, que ya sea se vote a favor o en contra, y otra es el exhorto, esto que se está haciendo es ilegal y va en contra del procedimiento legislativo”.
Mientras que el priista Cuauhtémoc Salgado defendió que no es un acuerdo unilateral ni es tema exclusivo del PRI, y justificó que “es competencia del Congreso federal, podemos proponer pero lo que necesitamos es que el Congreso investigue, aporte más elementos a este tema”.

Fiscalía para la desaparición forzada

Para homologar la ley local y la federal, el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado para la creación e incorporación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas.
En la tribuna, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, adelantó que revisarán la trayectoria de quien será el fiscal, que debe tener “solvencia moral y que cuente con el aval de las familias de las víctimas”.
De lo contrario dijo que la fiscalía especializada será un “elefante blanco, una oficina más del gobierno”.
Exhortó al fiscal para que envíe la propuesta al Congreso de quién podría ocupar el cargo, para que los diputados lo puedan consultar con las familias de las víctimas.
Por su parte la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, lamentó que a pesar de que la reforma sólo es un trámite y que la Constitución política de Guerrero señala que la fiscalía especializada en materia de desaparición forzada es la que se encargará de la persecución del delito y búsqueda de las víctimas, el fiscal general no ha designado todavía al encargado.
“El fiscal sigue tan campante” sin designar al fiscal especial, a pesar de las miles de víctimas que hay en Guerrero, reclamó la diputada de Morena.
El pleno también desechó por mayoría de votos del PRI y del Partido Verde la adición al código penal y de procedimientos penales de Guerrero, que presentó el diputado Ricardo Mejía.
La reforma planteaba incorporar el delito de desaparición forzada de personas, e incorporarlo en el catálogo de delito grave, pero según el dictamen que desechó la propuesta, “sólo el Congreso de la Unión es el órgano encargado o facultado para expedir la legislación en materia de desaparición de personas y establecer las sanciones”, leyó el diputado Héctor Vicario Castrejón.
La diputada María de Jesús Cisneros advirtió que si se desechaba la propuesta de Mejía Berdeja quedará un vacío jurídico grave que será utilizado por la defensa de los delincuentes, que podrán argumentar que quien los investigó y consignó no tiene facultades, por lo que podrán objetar por violación al debido proceso y quedarán libres, por lo que presentó una moción suspensiva para que la propuesta sea analizada nuevamente en comisiones.
Ricardo Mejía respaldó la propuesta de la diputada de Morena, y argumentó que “la Corte ha señalado que mientras no entre en vigencia una ley general, puede seguir la legislación de los estados y por la naturaleza y gravedad del tema de la desaparición forzada se debe reformar la legislación local”.
Por eso pidió que se regresara su propuesta a comisiones y que se apruebe la reforma, y cuando entre en vigor la ley general, entonces se realicen las adecuaciones necesarias. Recordó que en la Ciudad de México ya hay una ley de desaparición forzada.
El también coordinador de los diputados de MC insistió en que la intención es que los huecos legales no sean aprovechados por los delincuentes o esgrimidos como pretexto por los ministerios públicos y jueces para no impartir justicia.
“¿Quién gana con la ausencia normativa?; los delincuentes, por eso nosotros no queremos ni un minuto sin tipificación penal para que los fiscales puedan hacer su trabajo, para que no haya pretexto de los jueces para decretar autos de libertad”, insistió Mejía Verdeja.
Sin embargo la moción fue desechada por la mayoría de votos de los diputados del PRI y Partido Verde, así como la propuesta de Ricardo Mejía.

Otros temas

La  fracción de  MC también presentó un punto de acuerdo como asunto de urgente y obvia resolución, que consistía en que el Congreso local realice un exhorto a la secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Reséndiz, para que la dependencia “apoye” con recursos suficientes a los refugiados y centros de atención a mujeres y niñas que han sufrido violencia en las principales ciudades.
El punto de acuerdo hace referencia principalmente a los centros que existen en Acapulco, y plantea que en Guerrero se elaboren programas que contengan una gama de servicios de salud que se deben ofrecer en esos lugares, como física, psicológica, psiquiátrica, asistencia legal, formación para el empleo, y programas encaminados a la protección de la mujer con el fin de brindar una asistencia integral.
Los diputados también aprobaron por unanimidad un acuerdo parlamentario para exhortar al gobernador Héctor Astudillo Flores para que instruya al secretario general de Gobierno y a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que envíen al Congreso un informe pormenorizado respecto del estado que guarda el expediente del folio registral electrónico 4891 del distrito de Guerrero, denominado “Loma Larga”, y el expediente técnico del proyecto de construcción de la celda emergente en la comunidad de Matlalapa, en Tixtla.
En  la sesión se dio primera lectura a los dictámenes con proyectos de leyes de ingreso de Acatepec, Ajuchitlán, Arcelia, Atlixtac, Ato-yac, Ayutla, Azoyú, Benito Juárez, Buenavista de Cuéllar, Cocula, Co-pala, Coyuca de Benítez, Cuajini-cuilapa, Eduardo Neri, Floren-cio Villarreal, General Canuto Neri, Huamuxtitlán, Huitzuco, Igualapa, Iliatenco, Ixcateopan de Cuauhté-moc, Juan R. Escudero, Ajuchitlán, La Unión, Leonardo Bravo, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Ometepec, Petatlán, Pungarabato, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos, San Miguel Totolapan, Tecoanapa, Teloloapan, Tepecoa-cuilco, Tixtla, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa y Zitlala.
Los 30 diputados asistentes a la sesión de ayer autorizaron a los síndicos y regidores de Tecoanapa, Zitlala, Atoyac y Copala a que de-sempeñen funciones docentes.

Autoriza el Congreso el regreso de Ramírez Crespo a Cocula y exonera a la alcaldesa de Apango

Con el rechazo de Movimiento Ciudadano y Morena, el Congreso local aprobó ayer el dictamen por el que se deja sin efectos la licencia y se autoriza la reincorporación en el cargo del alcalde de Cocula, el perredista Erick Ulises Ramírez Crespo, quien estuvo preso ocho meses en un penal de máxima seguridad acusado de delincuencia organizada.
También se aprobó el dictamen de la Comisión de Examen Previo que declaró improcedente la denuncia de responsabilidad política promovida en contra de la alcaldesa de Mártir de Cuilapan (Apango), Felicitas Muñiz Gómez, y en consecuencia el caso no será turnado a la Comisión Instructora.
Este jueves el Congreso local celebró dos sesiones ordinarias en las que resolvió los casos de Cocula y Apango.
El dictamen de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que preside la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón, autoriza a Ramírez Crespo su reincorporación al cargo de presidente municipal.
El pasado 3 de noviembre Ramírez Crespo informó que había solicitado al Congreso una prórroga para que no se tocara el tema de su reincorporación hasta que existieran las condiciones de seguridad para que regresara a Cocula, luego de la amenaza en su contra que se dejó en un mensaje clavado con un picahielos en el pecho del director de tránsito del municipio, Luis Alberto Bahena Mora, asesinado 27 de octubre.
En el documento se lee que el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito revocó el auto de formal prisión dictado en contra de Ramírez Crespo, acusado de delincuencia organizada, y en consecuencia se dictó Auto de Libertad con las reservas de ley.
“Por lo tanto, al C. Erik Ulises Ramírez Crespo, le asiste el derecho para incorporarse al cargo y funciones de presidente municipal, por el hecho de haberse resuelto jurídicamente el motivo por el cual esta Legislatura ordenó llamar a asumir el cargo a su suplente”, se lee en el dictamen.
El documento establece que no se acreditó la responsabilidad de Ramírez Crespo en la comisión del delito que se le imputaba, razón por la que se ordenó su libertad y se dejó sin efectos el decreto que ordenó llamar Carlos Alberto Duarte Bahena para asumir como alcalde suplente.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos con el aval del PRI, PVEM, PRD y PT, mientras que Movimiento Ciudadano y Morena votaron en contra.
Por su cuenta, la Comisión de Examen Previo que preside el priista Saúl Beltrán Orozco, presentó el dictamen por el que se declara improcedente la denuncia de responsabilidad política promovida en contra de la alcaldesa de Apango, Felicitas Muñiz, militante de Movimiento Ciudadano.
El dictamen fue aprobado a casi seis meses de la toma del palacio municipal, movimiento que encabeza el síndico Benito Sánchez Ayala y tres regidores que exigen la revocación de mandato de Muñiz Gómez, a quien acusan de nepotismo, desvío de recursos y corrupción.
La toma comenzó la noche del 17 de mayo y 14 días después el grupo opositor presentó formalmente ante el Congreso la denuncia.
En el dictamen, la Comisión expuso que no había elementos que supongan que Muñiz Gómez incurrió en irregularidades o en violaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre o a la Constitución del estado.
“Ha quedado previamente argumentada la inexistencia de actos u omisiones que vulneren los principios fundamentales de la Constitución Política Local o infrinjan las leyes que regulan el manejo del patrimonio del Estado o de los Municipios, por lo que no se justifica un análisis de este punto para determinar la responsabilidad de la servidora pública denunciada”, se lee.
Otro de los elementos de los que se valió la Comisión de Examen Previo para declarar improcedente la denuncia fue la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) por la que se ordena ejecutar los actos jurídicos y materiales que resulten necesarios, encaminados a garantizar el correcto desempeño del cargo de Felicitas Muñiz como presidenta municipal al considerar que se configuraba violencia política de género en su contra por parte de sus opositores.
Antes de la votación, se desató un debate que se extendió por más de una hora entre diputados del PRD y Movimiento Ciudadano, pues los primeros consideraron que la comisión dictaminadora no se pronunció respecto a los señalamientos que existen en contra de la alcaldesa, principalmente el de nepotismo, pues consideraron que eso nada tiene que ver con asuntos de género.
Luego de la larga discusión, el dictamen fue aprobado por las fracciones del PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano.

Se instalan en ayuno en el Congreso el síndico y los tres regidores que impugnan a Felícitas Muñiz

 

El síndico y los tres regidores disidentes de Mártir de Cuilapan (Apango) acordaron este jueves instalarse en huelga de hambre afuera del Congreso local, en respuesta al dictamen de la Comisión de Examen Previo que declaró improcedente la demanda de revocación de mandato en contra de la presidenta municipal, Felicitas Muñiz Gómez.
En un boletín de prensa enviado este jueves antes de que se subiera a la tribuna el caso de la demanda de revocación de mandato de la alcaldesa del partido Movimiento Ciudadano, Muñiz Gómez, el síndico Benito Sánchez Ayala, la regidora de Salud del PRI, Edelmira del Moral Miranda; la de Educación, del PRD, María del Rosario López García, y el regidor de Comercio y Abasto Popular, militante de Nueva Alianza, Humberto Palacios Celino, informaron que sabían con anticipación que el dictamen sería a favor de la presidenta municipal.
Informaron que desde el miércoles la diputada y coordinadora de los diputados del PRD, Erika Alcaraz Sosa, les anunció que el dictamen iba a salir a favor de la presidenta municipal, e incluso les aseguró que los dos diputados del PRD integrantes de la Comisión de Examen Previo no lo firmarían y que ella subiría a la tribuna para pronunciarse en contra de ese dictamen.
Informaron que tras esta resolución acordaron instalarse en huelga de hambre a partir del próximo lunes afuera del Congreso local.
“El movimiento ciudadano civilista ha tomado la determinación de acudir ante el Congreso para llevar a cabo dos acciones que esperan sean de impacto, una huelga de hambre en la que participarán el síndico y los tres regidores y más de una decena de señoras han ofrecido su sangre para que con ella se escriban leyendas en muros y pancartas en torno al palacio legislativo”, informaron en su escrito.
Se dijeron sorprendidos del dictamen, porque aseguraron que presentaron pruebas “fehacientes” de la “corrupción y nepotismo” y manifestaron que “es inaudito” que se tenga un dictamen de la Comisión de Examen Previo, que niega los actos de corrupción que los propios diputados comprobaron en el lugar de los hechos, al investigar tanto en facturas de la cuenta cuatrimestral que aportó la Auditoría General del Estado, como en Apango, donde se comprobó de obras inexistentes.
Advirtieron que en los hechos, destacarán la “falta de ética” de los legisladores, además de su “nula calidad moral” y sus “complicidades”, sobre todo porque recordaron que la presidenta de la Comisión de Gobierno, la priista Flor Añorve Ocampo y otros diputados, habían venido diciendo que el cuerpo legislativo se apegaría a la ley, “y ahora alegan que acatan el dictado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, pero éste no se pronunció por actos de corrupción ni por nepotismo, sino por algo muy ajeno al motivo principal por el que se instauró el juicio de revocación de mandato contra Felicitas Muñíz Gómez”.
Concluyen que con su negativa al juicio de revocación de mandato contra la alcaldesa de Apango “estarán canonizando el libre saqueo de los fondos públicos, que convierte en intocables a funcionarios públicos de elección popular, pero además, podrán pagar a todos los de su familia con dinero del erario, pues es lo que se comprobó en la investigación”.

Pide el Congreso investigar la fuga de niños de la Casa Hogar de Chilpancingo

El pleno del Congreso local aprobó ayer un exhorto a la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que investigue los motivos que originó el escape de 22 menores de edad de la Casa Hogar de Chilpancingo el pasado domingo.
El acuerdo incluye que esa dependencia emita un informe al Congreso de los resolutivos derivados de esas indagatorias, a efecto de salvaguardar los derechos de los menores que habitan en esa Casa Hogar dependiente del DIF estatal.
Además, el exhorto contempla también a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos para que emita los resolutivos derivados de las visitas e investigaciones que de acuerdo a su competencia realizaron a la Casa Hogar de Chilpancingo y dar a conocer la situación jurídica actual de los niños que viven en ese lugar.
De igual forma se pide a la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que brinde las medidas necesarias a la investigación e informe al Legislativo de la situación actual de los menores que habitan la Casa Hogar de Chilpancingo.
El pasado domingo los 48 niños que habitan la Casa Hogar del DIF estatal, ubicada en la colonia Jardines del Sur de esta capital, protestaron desde las ventanas del edificio por los malos tratos a que son sometidos, y 22 de ellos huyeron del establecimiento, hasta ayer solo faltaba localizar a uno de ellos.
En tribuna, la diputada Beatriz Alarcón Adame, quien presentó la propuesta, habló de este tema y consideró necesario realizar las investigaciones correspondientes para conocer las razones que motivaron a los menores escapar del lugar.
“Todas y todos queremos saber la verdad, del porqué unos niños tomaron una decisión de abandonar o de huir, si así lo quieren llamar, de un lugar donde deben de tener todas las condiciones y garantías para su bienestar, ¿Qué ocurrió? ¿Qué lo origino? Aún no lo sabemos”, expresó.
Indicó que esas investigaciones deben desarrollarse de manera responsable y apegadas al marco legal, a fin de que arrojen resultados y conforme a estos, también se apliquen las sanciones respectivas.
Su propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.
Los tres magistrados del TSJ ratificados concluirán su periodo en septiembre de 2024

En la primera sesión, de las dos que se celebraron este jueves en el Congreso, se aprobó la ratificación en el cargo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Félix Nava Solís, Manuel Ramírez Guerrero y Gabriela Ramos Bello.
La Comisión de Asuntos Políticos, que preside la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón, presentó tres dictámenes en los que se exponen las razones por las que los tres magistrados repetirán en el cargo por otros ocho años a propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Los tres concluirán su periodo el 12 de septiembre de 2024, al considerar el pleno que cumplen con los requisitos que establece la Constitución del Estado, y que les otorga el derecho de preferencia para el caso de la expedición del nuevo nombramiento.
La ratificación de los magistrados fue aprobada por la mayoría de las fracciones parlamentarias y representaciones partidistas, menos por la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez.
En la sesión, el diputado de Movimiento Ciudadano y ex alcalde de Zihuatanejo, Silvano Blanco de Aquino subió a tribuna para hablar de la situación de los comerciantes de ese municipio, que el 28 de octubre pasado cerraron sus negocios para protestar en contra de la inseguridad.
Finalmente, consideró que la población debe hacer un esfuerzo para que en el próximo proceso electoral elija a candidatos que no tengan vínculos con la delincuencia organizada.

Exhorta el Congreso a ocho ayuntamientos a actuar contra la violencia hacia las mujeres

 

El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto a los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla, para que realicen programas de sensibilización, capacitación y profesionalización dirigido a las autoridades encargadas de atender a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género.
El exhorto incluye también a la Secretaría de Salud (Ssa), a la que se pide aplicar las normas nacionales en la materia para la interrupción legal del embarazo en los casos que la ley lo permite, respetando siempre los derechos de quien requiera de una intervención de ese tipo.
Esos municipios son en los que organizaciones de mujeres agrupadas en la Alianza Feminista solicitaron al gobierno federal declarar la alerta por violencia de género, por concentrar el mayor número de mujeres asesinadas en todo el estado.
En tanto, el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una propuesta de exhorto dirigido al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, para que lo antes posible designe al fiscal especializado en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, pues a cinco meses de su creación esa área sigue acéfala.
Además, los diputados locales aprobaron el calendario para las comparecencias de los titulares de las 20 secretarías que integran el gabinete estatal y que se desarrollarán la próxima semana para informar en comisiones el estado de la administración pública.
Este martes en la sesión ordinaria del Congreso, el diputado Silvano Blanco de Aquino, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta de exhorto a los ayuntamientos de los ocho municipios en los que la Alianza Feminista solicitó declarar la alerta por violencia de género.
En la exposición de motivos el legislador dio un resumen del proceso que inició esa agrupación ante la federación para solicitar la alerta, petición que derivó en 10 recomendaciones dirigidas al gobierno del estado a fin de erradicar ese problema.
Recordó que en una de las recomendaciones, el grupo de especialistas que realizó un diagnóstico en Guerrero respecto a los feminicidios planteó al gobierno estatal realizar programas de sensibilización, capacitación y profesionalización permanente para el personal operativo y directivo de las autoridades encargadas de atender a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género.
“La sensibilización, capacitación y profesionalización deberá estar diseñada con un componente de supervisión, evaluación y certificación permanentes que permitan medir su impacto”, expresó Silvano Blanco.
Por ello propuso exhortar a los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla, a emprender esos programas y atender cada una de las 10 recomendaciones hechas por el grupo de especialistas.
La propuesta incluye también a la Ssa para que dé cumplimiento a las normas jurídicas nacionales por las que esa dependencia está obligada a prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en casos permitidos por la ley, como una violación sexual, priorizando la protección a los derechos de las víctimas y facilitar información respecto a los posibles riesgos y consecuencias de ese procedimiento.
Otra instancia que se incluyó en el exhorto es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para que de manera coordinada con la Ssa y la FGE orienten a las víctimas sobre los pasos a seguir para acceder a los servicios de atención, protección y defensa para quienes sufren de violencia familiar o sexual.
La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.

Piden titular para Fiscalía de Desaparición Forzada

Por separado, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, pidió exhortar al fiscal Xavier Olea a fin de que designe cuanto antes al titular de la Fiscal Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En su exposición de motivos Mejía Berdeja mencionó que el tema de la desaparición forzada en Guerrero se ha convertido en una “tragedia involuntaria”, y aclaró que no sólo es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues también hay organizaciones en Iguala, Chilapa y Acapulco que buscan a sus desaparecidos.
“La desaparición forzada es cometida por agentes del Estado o personeros de agentes del Estado y concreta una afrenta a la víctima, al entorno y a sus seres queridos, porque la falta de certeza sobre el paradero de la víctima se convierte en un dolor permanente e incurable”, expuso.
Recordó que para atender ese problema el Congreso local aprobó la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Explicó que desde el 10 de junio fue publicado en el Periódico Oficial la reforma que ordena la creación de esa fiscalía, sin embargo a cinco meses sigue acéfala; además dijo que no habría que esperar la presencia de organismos internacionales como la ONU para atender ese problema.
Pidió también que se acelere el dictamen por el que se plantea modificar la ley orgánica de la FGE a fin de que esté acorde con la legislación federal.
“Queremos además que sea un área que tenga los recursos para que pueda hacer su trabajo, no sólo que se cubra el expediente y no desarrolle su labor”, expresó.
Su iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.

Aprueban calendario de comparecencias

En la sesión de este martes el pleno aprobó también el calendario de las comparecencias de los 20 titulares de las secretarías que integran el gabinete estatal, para la glosa y el análisis del informe sobre el estado que guarda la administración pública de Guerrero.
Según el acuerdo aprobado, los secretarios de Gobierno, de Seguridad Pública, Protección Civil, del Trabajo, Desarrollo Económico y de Turismo comparecerán en dos bloques el próximo lunes.
El martes lo harán los secretarios de Agricultura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Educación y Cultura, también en dos bloques. El jueves comparecerán los titulares de Salud, Desarrollo Social, de la Mujer y de la Juventud. Finalmente, el viernes lo harán los secretarios del Migrante, Asuntos Indígenas, Finanzas, Contraloría y Planeación.

Respalda Morena a comerciantes de Coyuca

En las intervenciones, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez subió a la tribuna para fijar su postura respecto a la situación que enfrentan comerciantes del Mercado Central Morelos, en Coyuca de Benítez, a quienes el gobierno municipal intenta desalojar tirando sus locales.
“Lo más grave de la violación de derechos humanos ocurre a partir de que las autoridades que supuestamente emanan del pueblo, son las que llevan a cabo estas violaciones de manera flagrante, a la luz de todos y de manera impune”, expresó la diputada en referencia al presidente municipal de Coyuca, el priista Javier Escobar Parra.
Aseguró que la acción del gobierno municipal atiende a intereses particulares y criticó que se hiciera uso “excesivo de la fuerza pública” para desalojar a los comerciantes a través de la demolición de sus establecimientos.
“Los comerciantes del mercado Morelos son gente trabajadora y humilde, que tienen familia y que su único sustento es la venta de sus productos y mercancías, de eso dependen el sustento y la educación de sus hijos, es lo único que tienen para vivir y no merecen ser perseguidos y golpeados como lo ha hecho su presidente municipal”, criticó.
Recordó que en campaña, la diputada federal Beatriz Vélez Núñez se comprometió a representarlos, “¿qué hace ahora esta señora en la Cámara de Diputados por los comerciantes agraviados? No se va ni a parar a Coyuca, no le duele nada”.
Manifestó que el Congreso debe llamar a cuentas al alcalde de Coyuca de Benítez para que explique la situación del nuevo mercado municipal, al que se niegan a trasladarse los comerciantes afectados, y que justifique con documentos en qué se fundó para proceder en contra de los locatarios del Mercado Morelos.
Adelantó que en la próxima sesión presentará un punto de acuerdo para citar al alcalde ante el Congreso.
Al respecto también intervino el diputado Ricardo Mejía, quien informó que antes de la sesión se reunió con los comerciantes de Coyuca de Benítez, quienes le pidieron llevar el tema a la tribuna.
“Nosotros no queremos partidizar ni descalificar a la autoridad por su filiación política, lo que vemos es un problema social y económico, estos locatarios solicitan y están en su derecho de poderse dedicar al trabajo y hacer un oficio o comercio lícito para satisfacer sus necesidades, tienen décadas en estos locales y nos parece un despropósito que se les haya derrumbado”.
Dijo que la acción del gobierno municipal fue sin sustento jurídico y precedido por hechos extraños, como el incendio del mercado.
Por ello pidió al alcalde que agote la vía del diálogo con los comerciantes afectados y se respeten sus derechos humanos, pues consideró que no es un buen mensaje que ocurran hechos de ese tipo.
Mejía Berdeja comentó que solicitará a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que preside la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón, se reúna con ambas partes para encontrar una alternativa de solución.
El último en intervenir fue el priista César Landín Pineda, quien también reprobó las acciones del gobierno municipal en contra de los comerciantes, algunos con casi 40 años trabajando en el Mercado Morelos.
“Debemos estar en contra de situaciones de este tipo, pero a favor de la gobernabilidad. Nos integramos, conocemos el tema, conocemos a los comerciantes, entonces, repito, lamentable que estas situaciones sucedan, nos sumamos para buscar un camino que resuelva este problema y no se salga del camino”.
Al menos 15 comerciantes de Coyuca de Benítez estuvieron presentes en la sesión para escuchar las intervenciones de los diputados. Al salir de la sede del Legislativo, en el acceso principal colocaron unas lonas en las que expusieron su demanda sólo por breves minutos y después se retiraron.

Se plantan los padres de los 43 en la Cámara de Diputados para que los dejen hablar en tribuna


Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos se instalaron en plantón en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México en espera de una respuesta a la solicitud de subir a la tribuna del Congreso, para denunciar los hechos de Iguala y exigir que todas las fracciones políticas fijen una posición de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, informó vía telefónica el representante  Melitón Ortega.
Aclaró que el planteamiento de la comisión de tres diputados del PRD que los recibió fue otra invitación para que los padres de familia y sus abogados se reúnan con la Comisión Especial del caso Ayotzinapa hoy a las 5 de la tarde, que no descartó. El representante de los padres dijo que sería analizado. En tanto los diputados se reunirían con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para promover su solicitud.
Melitón Ortega recordó que en enero de este año los padres solicitaron subir a tribuna pero no hubo respuesta.
La solicitud formal provino de una invitación de la Comisión Especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa, para que los padres comparecieran ante ellos como lo hicieron otras autoridades del estado como el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, y la respuesta de los padres fue presentarse pero ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Reconoció que el tema se rezagó, no tuvo seguimiento y frente a nuevos escenarios: mínimos avances en la investigación después de que las autoridades mexicanas despidieron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el poco interés que están mostrando los políticos a dos años de los crímenes, y la próxima llegada del nuevo mecanismo de seguimiento, resolvieron exigir una declaración de todas las fracciones políticas.
“Los padres tenemos la firme convicción de seguir levantando la voz para exponer en la Cámara de Diputados el tema general de Ayotzinapa, el compromiso de estos diputados es pronunciarse, hemos visto silencio del caso, ni respaldo ni pronunciamiento, prácticamente (con su silencio) están protegiendo a todos los culpables”, denunció.
A mediodía indicó que una comisión de padres fueron recibidos por el coordinador del grupo parlamentario del PRD Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Cristina Gaytán Hernández integrante de la Comisión Especial Ayotzinapa en la Cámara de Diputados.
Dijo que se comprometieron a llevar esa tarde el punto a la Jucopo y responder el mismo día.
Por otra parte, el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz reclamó que la Comisión Especial instalada por legisladores para el caso Iguala no haya presentado ningún informe y dijo que sus labores han sido nulas.
“No se ha visto el trabajo de esa comisión formada por los diputados, por eso la exigencia de que nos escuchen y hacer el reclamo porque aparte de su obligación es un derecho de nosotros hacerlo”, señaló.
Los familiares de los normalistas mantendrán hasta el próximo 27 de octubre el plantón, el cual forma parte de la jornada de actividades a 25 meses de la desaparición forzada de los jóvenes, informaron (Agencia Proceso / Ciudad de México).

 

 

Por segunda ocasión, pide el Congreso a Evodio Velázquez el expediente del crédito de 158 millones



El Congreso local aprobó ayer por mayoría de votos, con el rechazo del PRD y PT, exhortar por segunda ocasión al gobierno de Acapulco, que encabeza el perredista Evodio Velázquez Aguirre, para que le haga llegar el expediente de la solicitud de un préstamo de 158 millones de pesos que autorizó el Cabildo, toda vez que no atendió esa misma petición que le hizo el Legislativo el miércoles de la semana pasada.
El exhorto se amplía a que la Auditoría General del Estado (AGE) informe en qué condiciones financieras dejó al ayuntamiento de Coyuca de Benítez el actual secretario de Finanzas de Acapulco, Merced Valdovinos Diego, quien gobernó ese municipio en el periodo 2009-2012, pues se le acusó en tribuna de enfrentar varias observaciones en su administración y de promover su imagen política.
Este miércoles sesionó la Comisión Permanente del Congreso local, en la que se presentaron dos iniciativas de reforma y una propuesta de acuerdo parlamentario. Como en la última sesión, el tema que prevaleció ayer entre los diputados fue el acuerdo por el que se autoriza al gobierno de Acapulco acceder a un préstamo de 158 millones de pesos con el Banco Interacciones.
El coordinador de la bancada del PVEM, Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz, presentó una propuesta de exhorto dirigido al gobierno del perredista Evodio Velázquez Aguirre para que éste remita al Congreso la documentación que conforma el expediente íntegro de la contratación del empréstito por 158 millones de pesos, que incluya el Acta de Cabildo y el Acuerdo Económico.
También solicita al municipio que “observe cabalmente” lo estipulado en los artículos 117 de la Constitución federal y 26 de la Ley de Disciplina Financiera, que establecen que el empréstito no debe ser destinado al pago de gasto corriente y debe cumplir los requisitos y condiciones señaladas para su contratación.
El miércoles pasado el pleno de la Comisión Permanente del Congreso aprobó dos exhortos por los que se le pedía al municipio de Acapulco entregar al Legislativo el expediente y dejar sin efectos el préstamo hasta que se realice el procedimiento indicado, pero hasta ayer ninguno había sido respondido.
“Este poder Legislativo, como representantes del pueblo, no puede quedar inerte y pasar por alto acontecimientos importantes y que traen repercusiones en las haciendas públicas municipales, como es el caso del empréstito autorizado por el Cabildo de Acapulco”, dijo en tribuna Cueva Ruiz.
El diputado del PVEM dijo que todos los gastos que se contemplaron para el actual ejercicio fiscal debieron ser considerados en el presupuesto de egresos y en la Ley de Ingresos del municipio que se aprobaron para Acapulco, por lo que no quedaba claro para qué requiere el ayuntamiento un recurso extraordinario de 158 millones de pesos.
Explicó que la petición de ese préstamo significa que existen 158 millones de pesos que no se invirtieron conforme al presupuesto y la Ley de Ingresos, y en consecuencia representaba “un boquete financiero”.
“La pregunta es ¿dónde está ese recurso? (…) La pregunta es ¿qué pasó? ¿En qué se gastó ese dinero que está en la ley de ingresos y en el presupuesto que se mandó al propio Congreso? ¿A donde se fue o en qué se utilizó?”, expuso.
Luego de la intervención del diputado del PVEM, un hombre que se encontraba en la sala en la que se celebraba la sesión sacó una cartulina en la que se leía “Mártir de Cuilapan para cuándo”, en alusión al conflicto que vive ese municipio en donde el síndico Benito Sánchez Ayala y tres regidores tienen tomado el ayuntamiento en exigencia de la revocación de mandato de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez.
Después de unos minutos agentes de seguridad del Congreso le retiraron la cartulina.
En respuesta a la propuesta del PVEM, el diputado del PRD, Ernesto Fidel González Pérez denunció que se trataba de un acuerdo inconstitucional que viola la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues lo que expuso en tribuna Cueva Ruiz no coincidía con lo que se aprobó en el orden del día, en la que el exhorto estaba dirigido a la AGE y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que revisaran las finanzas de Acapulco; además dijo que se presentó a destiempo.
Aseguró que esa propuesta atenta contra la soberanía y autonomía del gobierno de Acapulco, y calificó los constantes “ataques” del PRI, PVEM y de Movimiento Ciudadano contra Evodio Velázquez como “golpeteo mediático” y un “reality show”.
Dijo que si los diputados y regidores del PRI tienen pruebas de que el gobierno de Acapulco incurrió en irregularidades en la aprobación del acuerdo que autoriza el préstamo, procedan ante las instancias legales correspondientes.
Lamentó que en el Congreso se discutiera más el actuar de un alcalde que el problema de inseguridad en el estado, y como ejemplo recordó que el regidor de seguridad pública de San Miguel Totolapan, Alejandro Reyna Estrada, fue levantado por hombres armados.
Le recordó a Ignacio Neil que cuando fueron regidores en el gobierno de Luis Walton Aburto, actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, el municipio encontró una situación delicada en las finanzas, por lo que requirió el adelanto de participaciones.
“Yo les digo que oxigenar una administración, la que sea, para que camine y avance un gobierno, no es malo, no le pongamos piedras a ningún gobierno, nosotros (el PRD) no le hemos puesto piedras al gobierno del estado para que tropiece. Sabemos los problemas de Acapulco y requiere apoyo”, dijo.

Walton siempre atendió la ley: Magdalena Camacho

Por alusiones, pasó a tribuna Magdalena Camacho, quien reconoció que en la pasada administración había un problema en las finanzas del gobierno, pero pidió al diputado del PRD que no desviara el tema.
Explicó que lo que se le critica al gobierno de Evodio Velázquez es que no respetó el procedimiento y violentó varias leyes con la aprobación del acuerdo del préstamo y dijo que la administración pasada requirió empréstitos pero cumpliendo con todos los requisitos.
“En nuestra administración (la de Luis Walton) siempre se atendido a la ley. Se impuso orden y disciplina financiera y mes a mes se informó al cabildo las condiciones financieras del municipio y ahora lo que se busca que se respete la ley, es lo único que estamos pidiendo”, expuso.
A pesar de que el regidor de San Miguel Totolapan fue postulado por Movimiento Ciudadano, Magdalena Camacho no hizo ninguna referencia al caso.
Después, el diputado añorvista del PRI, Samuel Reséndiz Peñaloza, dijo que hacía votos para que el regidor regresara con bien a su casa, y también llamó a Evodio Velázquez a que se coordine con el gobierno del estado y la federación para trabajar en el combate a la inseguridad.
Explicó que los diputados del PRI no se quedarán callados ante “la opacidad” con la que presuntamente está actuando el gobierno de Evodio Velázquez.
Recordó que el año pasado, al principio de la administración, Velázquez Aguirre solicitó un préstamo al gobierno del estado de 120 millones de pesos y ahora busca uno por 158 millones, y otros cien millones para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).
Dijo que en caso de que se le autoricen, en 10 meses el alcalde estaría ejerciendo 378 millones de pesos a través de préstamos sin que se conozca “una sola obra” de trascendencia en el puerto.
Recordó que el gobierno municipal sigue sin aclarar en qué se ejercerán los 158 millones que pretende obtener del préstamo y que hay contradicciones entre lo que dice el alcalde, el secretario de Finanzas y lo que establece el propio acuerdo aprobado por el Cabildo.
“Yo me imagino cuál es la razón y creo que la razón es que Merced Baldovinos anda igual de perdido que el alcalde, está preocupado por su futuro político, ya se cree diputado federal, o diputado local, o una vez más alcalde de Coyuca de Benítez”, dijo.
Mientras intervenía, Samuel Reséndiz mostró una imagen que corresponde a un espectacular en el que aparece la portada de una revista y una fotografía del secretario de Finanzas de Acapulco.
En su intervención aseguró que hay observaciones de la AGE a sus cuentas públicas de cuando Baldovinos fue alcalde de Coyuca de Benítez.

De la Rosa defiende lo indefendible: Reséndiz

También opinó respecto a las declaraciones del líder de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) y diputado local, Sebastián de la Rosa Peláez, quien el martes en conferencia de prensa acusó al “PRI y todos sus actores” de golpeteo político contra el alcalde Evodio Velázquez con miras al 2018, para desviar la atención del problema de inseguridad que afecta al estado y la promesa incumplida de orden y paz del gobernador Héctor Astudillo.
Al respecto, Samuel Reséndiz dijo que a Sebastián de la Rosa le gusta “defender lo indefendible” y recordó que tras los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, donde fueron asesinadas seis personas y detenidos-desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa, el perredista defendió al ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, vinculado con la delincuencia organizada y preso por su responsabilidad en esos acontecimientos.
Dijo que los priistas no quieren confrontar, sino que el proceso para acceder al préstamo sea transparente y el gobierno municipal explique el estatus de las finanzas de Acapulco.
Ante las presuntas observaciones que existen en la cuenta pública de Merced Baldovinos de cuando fue alcalde de Coyuca de Benítez, cargo al que se postuló por Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano) y que ejerció de 2009 a 2012, Reséndiz Peñaloza propuso una adhesión a la propuesta de Cueva Ruiz, para que la AGE le informe al Congreso en qué condiciones financieras dejó el ayuntamiento de aquel municipio durante su administración.
Tras los constantes señalamientos, Ernesto González dijo que de ser necesaria la comparecencia de Evodio Velázquez ante el Congreso se propusiera ante el pleno que el alcalde exponga a los diputados todo el procedimiento.
Dijo que el PRD no tiene por qué “andar escondiendo a los alcaldes” y aseguró que están a favor de la transparencia, por eso no se opondrían a que se cite a Evodio Velázquez para que explique todo lo referente al préstamo.
Insistió en que el Congreso está excediéndose en sus atribuciones y le propuso al alcalde de Acapulco promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se está violentando la autonomía de un municipio.
El diputado del PT, Fredy García Guevara, se sumó a la postura de que Evodio Velázquez comparezca y aseguró que “pareciera” que el PRI “le tiene miedo” al alcalde de Acapulco ante la proximidad del proceso electoral de 2018.
Luego de casi dos horas de discutir el tema, se sometió a votación la propuesta junto a la adición que propuso Samuel Reséndiz. El exhorto fue aprobado con 8 votos (del PRI, PVEM, PAN y Movimiento Ciudadano) a favor y sólo dos en contra, el del PRD, con Ernesto González, y el del PT, de Fredy García. El presidente de la Mesa Directiva, Carlos Reyes Torres, no votó.

Pide Astudillo la intervención del Congreso para resolver el conflicto político en Apango


El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que en el conflicto de Apango no sólo debe intervenir la Fiscalía General del Estado y el Poder Ejecutivo, sino también el Congreso local.
Durante su visita a esta comunidad del municipio de Leonardo Bra-vo, acotó que la Secretaría General de Gobierno no ha sido rebasada, y que sólo “es un caso muy especial”, ya que es un conflicto “que frecuentemente se da en ese pueblo”.
Dijo que por eso en Apango “no solamente tiene que intervenir el Poder Ejecutivo y la Fiscalía con su autonomía… también tiene que participar del Congreso del estado”, dijo en alusión a que allí está detenido el proceso de revocación del mandato de la alcaldesa Felícitas Muñiz, pese a que ya existe el dictamen de la Comisión Instructora.
Un reportero le preguntó si la detención del ex alcalde Crisóforo Nava es muestra de que no se permitiría el desorden, y respondió que la detención fue determinada únicamente por la Fiscalía con el objetivo de parar la confrontación.
A pregunta expresa sobre si existe una estrategia de su gobierno para la solución del conflicto y evitar nuevos hechos violentos, respondió que las estrategias no se revelan.
Consultado sobre las declaraciones emitidas por los integrantes de la Unión de Comisarios de la Sierra, quienes informaron que ya no continuarán la campaña de recolección de firmas en su región para solicitar la legalización de la siembra de amapola con fines medicinales, hasta que esta iniciativa cuente, en los hechos, con el respaldo del gobernador. Astudillo, respondió que el respaldo lo tienen, pero hasta que avance el tema de la mariguana.
“Yo espero poder hacerlo materialmente más adelante, el asunto es que, como yo lo he dicho, primero es el 1 y después el 2, el uno es la mariguana que está en el Congreso (de la Unión), que ahí se detuvo, o sea, no podemos meter lo de la amapola si todavía no ha salido lo de la mariguana, y yo creo que primero tiene que salir lo de la mariguana en los términos medicinales, yo subrayo, con términos medicinales, y después hay que buscar lo otro en programa piloto”, especificó.
Se le preguntó si el tema de la siembra de la amapola con fines medicinales se abordó con los comisarios, y respondió que ha sido un tema de reuniones, pero sin que exista una formalización.
Insistió en que será solidario con los comisarios de la sierra, y que no “ve mal” a la organización que el pasado 28 de abril bloqueó la Autopista del Sol por más de ocho horas, por lo cual fueron detenidas 71 personas.
–¿Esta es una muestra del respaldo (la visita a Filo de Caballo?
–Es una muestra, no de ese tema, es un respaldo de todo, ¿no?, mal haría yo en decir que vengo solamente a respaldar el tema de la amapola o de la mariguana, no, yo creo que es un tema que está en este momento detenido, pero que yo tengo confianza de que se va a mover, mi visita radica fundamentalmente en el tema del hospital, temas de obra pública, carreteras, caminos, apoyos al campo, y por supuesto también algunas obras públicas y educación, también un tema de educación, o sea, vamos a hacer una secundaria nueva y vamos a mejorar las escuelas —dijo.
Sobre los hechos de violencia en Acapulco, dijo que todavía están llegando los policías federales para reforzar el estado.
Por otra parte, dijo que espera que el reinicio de clases se dé “bien y que Guerrero retome su camino en este caso de la educación con armonía y entendimiento”.

Preparan en el Congreso cambios a los requisitos para crear nuevos municipios

Existen en el Congreso local tres iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre de Guerrero, que plantean flexibilizar los requisitos para la creación de nuevas demarcaciones, informó Pánfilo Sánchez Almazán, uno de los gestores de cuatro nuevos municipios.
Sánchez Almazán dijo también que el gobierno del estado sigue sin convocarlos para informarles los resultados del análisis que haría la Secretaría General de Gobierno a sus proyectos, lo que debió suceder a finales de junio.
Además indicó que en el curso de esta semana una comisión de los promotores se trasladará a Morelos para reunirse con los ciudadnos que lograron la aprobación del Con-greso para crear cuatro nuevos municipios indígenas, a fin de conocer su experiencia.
Consultado vía telefónica, Sánchez Almazán indicó que los promotores de cuatro nuevos municipios en la Costa Chica y la Montaña se reunirán el miércoles con asesores de la fracción del PRD en el Congreso local.
Se trata de Las Vigas, San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Temalacatzingo, que pretenden desprenderse de San Marcos, Cuajinicuilapa, Malinaltepec y Olinalá.
Indicó que el encuentro será para conocer las tres iniciativas de legisladores de esa fracción que proponen reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre.
Explicó que actualmente la ley establece que el mínimo de habitantes que se requieren para la integración de un nuevo municipio es de 25 mil, pero con la condición de que el municipio del que se separa se quede con igual número de habitantes.
Dijo que una de las iniciativas la planteó la diputada Yuridia Melchor Sánchez, que propone reducir ese mínimo a 15 mil, mientras que Raymundo García Gutiérrez propuso que la cifra sea de 12 mil habitantes.
La tercera iniciativa, comentó, es la que presentó la coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Erika Alcaraz Sosa, que plantea que los nuevos municipios puedan crearse aunque tengan una población menor a los 25 mil habitantes siempre y cuando se cumpla con el resto de los requisitos que establece la ley y exista el respaldo de las dos terceras partes de los diputados.
Sánchez Almazán dijo que la propuesta de Alcaraz Sosa es la más viable, sin embargo señaló que en la reunión del miércoles conocerán a detalle las iniciativas.
Adelantó que solicitarán a los asesores de los diputados que de las tres propuestas se haga una sola.
El pasado 25 de mayo, los promotores se reunieron con el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame. En ese encuentro el funcionario estatal se comprometió a que a más tardar a finales de junio esa dependencia presentaría un informe respecto a la viabilidad de estas demarcaciones, y en caso de que no hubiera impedimento para su procedencia el Ejecutivo promovería los proyectos ante el Congreso.
Al respecto, Sánchez Almazán denunció que no han sido convocados, por lo que llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores a que se cumpla ese compromiso.
“No nos han convocado, por eso llamamos al gobierno del estado, nosotros queremos que se nos atienda y nos resuelvan, la gente se está desesperando. Lo que menos queremos es tomar acciones de presión, pero la gente se está molestando. Nosotros hemos sido flexibles y entendimos que era una nueva administración, por eso mismo le dimos la confianza, pero no hay avances”, dijo.
Informó que en la visita que hizo el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, a Acapulco hace unos días, se reunió con él porque en ese estado recientemente se aprobó la creación de cuatro municipios indígenas.
Explicó que el gobernador se comprometió a darles las facilidades para que se reúnan con los promotores de esos municipios a fin de que retomen sus experiencias e intenten replicarlas en Guerrero.
Pánfilo Sánchez recordó que los proyectos que se están impulsando en Guerrero también son para municipios indígenas, por lo que confió en que será una reunión productiva la que sostendrán en Morelos.
Dijo que tentativamente el jueves próximo estaría trasladándose una comisión a ese estado.

Aprueba el Congreso la comparecencia de Pedro Almazán, Daniel Pano y Xavier Olea

El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto por el que cita a comparecer el próximo 2 de agosto, ante comisiones, al titular al secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, Pedro Almazán Cervantes; al secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Daniel Pano Cruz, y al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, para que informen de las acciones emprendidas por esas instituciones para atender el problema de violencia en la entidad.
El dictamen aprobado no contempló al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, a pesar de que es la cabeza del gabinete de seguridad del gobierno del estado.
También se aprobó un exhorto al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia; al secretario de Seguridad, Pedro Almazán Cervantes, y al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, a que de manera coordinada refuercen acciones en materia de seguridad y prevención del delito para la protección de la población porteña.
Ambos puntos fueron aprobados luego de una larga discusión, en la que la fracción parlamentaria del PRD criticó y cuestionó la postura de Florencio Salazar, quien arremetió contra el presidente de Acapulco, a quien acusó de incumplir sus obligaciones en materia de seguridad, y responsabilizó a las administraciones perredistas de la violencia que vive el estado.
Al respecto, el diputado Sebastián de la Rosa Peláez exigió al secretario general que “cerrara la boca” y mejor atendiera los problemas que enfrenta el estado, además pidió a la fracción del PRI aclarar con qué recursos se movilizaron todos los diputados de ese grupo parlamentario a Acapulco, para dar una conferencia en la que exigieron la renuncia de Evodio Velázquez, y criticó que impidieran que Florencio Salazar compareciera ante el Legislativo.
Por su cuenta, la fracción del PRI defendió la postura del secretario de Gobierno, de quien dijeron tiene el derecho a manifestar su opinión, acusó al alcalde de Acapulco de haber actuado como un dirigente partidista yendo a la Ciudad de México, para cuestionar el actuar del gobierno del estado y dejando a un lado sus responsabilidades como presidente, y reiteraron lo dicho por Florencio Salazar, en el sentido de que la crisis de violencia que enfrenta Guerrero es producto de los gobiernos del PRD.
La diputada Pilar Vadillo Ruiz pidió a los perredistas que en lugar de defender a Evodio Velázquez, hablaran con él, lo orientaran y enseñaran a defenderse solo, “déjenlos que vayan solitos al frente, a que se defiendan, déjenlos que se hagan hombrecitos, porque Acapulco y Guerrero necesitan mujeres con los ovarios donde Dios se los puso y caballeros con los cojones en su lugar”.
Este jueves se celebraron las últimas dos sesiones del tercer periodo ordinario de sesiones, y tomaron protesta los diputados que integrarán la Mesa Directiva, que dirigirá y coordinará los trabajos legislativos del segundo año de ejercicio constitucional de la actual legislatura.
En la primera sesión, que comenzó a las 4 de la tarde y concluyó poco antes de las 10 de la noche, se aprobó el dictamen por el que se exhorta a Miguel Ángel Osorio Chong y al comisionado de Seguridad, Renato Sales, a que se coordinen con el secretario de Seguridad, Pedro Almazán, y con el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, para que de manera conjunta refuercen las acciones de seguridad y prevención en ese municipio para la protección de sus pobladores.
El dictamen corresponde a la propuesta que presentó el 12 de abril la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC).
Previo a la votación del dictamen, el coordinador de la fracción parlamentaria de MC, Ricardo Mejía Berdeja, aclaró que su propuesta fue presentada en abril, a manera de deslinde del intercambio de acusaciones que existe actualmente entre el secretario general de gobierno y el PRD.
En su intervención manifestó que “no se vale” que ninguna autoridad, federal, estatal o municipal se deslinde de sus responsabilidades en materia de seguridad, pues dijo que se trata de una responsabilidad compartida.
“Hemos señalado que lo que ha faltado en Acapulco es una policía eficaz, si no se depura la policía, seguirá habiendo problemas y no habrá estrategia de seguridad suficiente mientras se mantenga el estatus inalterable (de la policía)”.
Subió a tribuna el diputado Sebastián de la Rosa Peláez, quien dijo que no porque el exhorto incluyera al alcalde de Acapulco, que es perredista, ese grupo parlamentario se opondría a su aprobación.
Dijo que para los perredistas es importante el tema de seguridad pública, pero cuestionó que el exhorto sólo incluyera a Acapulco, a pesar de que según estadísticas del Inegi, los municipios de Chilpancingo, Chilapa, Iguala y Zihuatanejo, también enfrentan problemas serios de violencia, los tres primeros gobernados por el PRI, y arremetió en contra de Florencio Salazar.
“Les hemos dicho aquí que partidizar el tema nos lleva a la aberración y torpeza política del secretario de gobierno, Florencio Salazar. Ahora parece que el secretario de este estado no es sólo defensor de su patrón (Héctor Astudillo), que es legítimo, sino también defensor de su partido (el PRI)”.
Criticó también que los diputados del PRI “corrieron” a Acapulco para dar una conferencia de prensa en la que exigieron la renuncia de Evodio Velázquez, “porque les tocaron la piel”, y defendió que el alcalde de Acapulco se haya trasladado a la Ciudad de México para hablar a nombre de los presidentes municipales.
Los acusó de actuar en mancuerna con Florencio Salazar, a quien acusó de estar actuando como un líder partidista y no como funcionario de gobierno, pues dijo que estuvo en varias radiodifusoras denostando el gobierno municipal de Acapulco.
“Supongo que conocen Proceso, que conocen Reforma y el Universal, que informaron de los últimos detenidos, ahí están los malos, en clara alusión a la secretaria general de la Red de Jóvenes por México del PRI, y media hermana de la secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal, Ximena Bernal, detenida junto al presunto narcotraficante Carlos Alberto, El Ruso, y otras cinco personas el viernes”.
Criticó también que la fracción parlamentaria del PRI haya evitado la comparecencia de Florencio Salazar, a quien pidió “cerrara la boca” y en lugar de hacer esas declaraciones en medios de comunicación, mejor compareciera ante el Congreso con las pruebas en mano de lo que dice.
“Ojalá cerrara la boca el secretario y se pusiera a trabajar por los guerrerenses o que venga a esta tribuna, desde abril pedí su comparecencia ¿por qué no viene aquí a decir lo que no se cansa de decir en los medios o en la radio? Yo estoy pidiendo que venga. ¿Por qué se resiste a decirlo aquí o por qué la fracción del PRI le niega esa oportunidad?”.
Las críticas de Sebastián de la Rosa motivaron un largo debate entre las fracción del PRD y del PRI, sin embargo, la más crítica fue la diputada Pilar Vadillo, quien dijo que cuando gobernaba el PRD, éste no escuchó críticas de sus diputados ante “lo que estaba resultando una atrocidad y el peor gobierno de Guerrero”.
Dijo que si bien Iguala enfrenta situaciones complicadas, es producto de un gobierno emanado del PRD que detonó el mayor conflicto social que ha enfrentado el estado, con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
También defendió al gobierno del estado tras la detención de la media hermana de una funcionaria del gabinete, “deberían reconocer que este gobierno no está metiendo la mano para salvar a quien cometa errores, tenga o no militancia, está permitiendo que las autoridades actúen”.
Pilar Vadillo dijo que si no se cuestionaba a otro municipio perredista, era porque solamente el de Acapulco estaba haciendo funciones de un dirigente de partido, en referencia a la conferencia que dio en Ciudad de México el pasado martes, y pidió al resto de los perredistas lo dejen defenderse solo.
“Déjenlos que vayan solitos al frente a que se defiendan, déjenlos que se hagan hombrecitos, porque Acapulco y Guerrero necesitan mujeres con los ovarios donde Dios se los puso y caballeros con los cojones en su lugar”.
En la segunda sesión, que comenzó a las 10 de la noche y continuaba hasta las 11:30, se aprobó en lo general y por unanimidad el exhorto por el que cita a comparecer el próximo 2 de agosto ante comisiones al secretario de Seguridad, Pedro Almazán; al secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Daniel Pano, y al fiscal Xavier Olea, para que informen de las acciones emprendidas por esas instituciones para atender el problema de violencia en la entidad.
A las 11:40 de la noche, Sebastián de la Rosa presentaba ante el pleno una reserva a la Mesa Directiva, para que compareciera también Florencio Salazar, por ser la cabeza del gabinete de seguridad, y no así Daniel Pano Cruz.