El cuerpo de un hombre desmembrado fue hallado la mañana de ayer en la orilla de la carretera federal en la comunidad de Zacacoyuca, Iguala.
Con este nuevo hecho de violencia en lo que va del año suman 22 personas ejecutadas en este municipio, ataques en los que presuntamente ha estado relacionada la delincuencia organizada, según un recuento de notas periodísticas publicadas en El Sur.
Los restos humanos dejados en bolsas negras y la parte del tronco a la intemperie fueron localizados a las 7:20 de la mañana de ayer por pobladores y automovilistas, que reportaron el hecho al número de emergencias 911.
A unos cinco metros en la orilla de la carretera federal frente al restaurante en desuso Adriana, fueron localizados en dos bolsas de plástico negro los brazos, las piernas y la cabeza de un hombre, y unos dos metros adelante estaba el tronco que vestía un bóxer azul.
Abajo de las bolsas con los restos desmembrados fue localizada una cartulina amarilla con el mensaje: “Esto va para todos los chapulines que anden nadando fuera del agua, así quedarán todos”.
El perímetro de la zona del hallazgo fue acordonado por policías municipales, estatales, federales y soldados del Ejército.
Más tarde llegaron peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público para las diligencias, las cuales concluyeron minutos antes de las 11 de la mañana y los restos humanos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense de esta ciudad, sin ser identificado.
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Dejan tres cuerpos desmembrados en bolsas negras al lado de la autopista en Chilpancingo
Cinco muertos, entre ellos tres jóvenes desmembrados y depositados en seis bolsas de plástico negras, y un herido fue el saldo de una jornada de violencia en distintos hechos ayer en esta ciudad según fuentes policiacas, pero el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia afirmó que son seis asesinados en la capital, incluyendo al que estaba herido.
Entre las víctimas están un trabajador de la Secretaría de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Chilpancingo, Antonio de 72 años y el joven Luis de 16 vecino de la cabecera municipal de Chilapa.
En lo que va del año han ocurrido 58 asesinatos en Chilpancingo, en los que presuntamente está involucrada la delincuencia organizada, según un recuento de la información publicada en El Sur.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez informó en un boletín de prensa que la lucha por el narcomenudeo y el trasiego de las drogas son los posibles móviles detrás de los homicidios cometidos en los últimos días en el estado.
En Chilpancingo, dejaron tres cuerpos desmembrados en seis bolsas en la Autopista del Sol en la colonia El Mirador. Asimismo, en la colonia Los Manantiales abandonaron el cuerpo de un hombre que presentaba varios impactos de bala, “más tarde, entre las colonias Panorámica y San Lucas de Chilpancingo, fueron localizados dos cuerpos privados de la vida por arma de fuego”, abunda el comunicado.
Álvarez Heredia informó que los grupos del crimen organizado dejaron en distintos sitios de la capital “bolsas con restos de reses y cerdos como formas para distraer la acción policiaca o infundir miedo”.
Afirma que la Fiscalía General del Estado (FGE), “inició las carpetas de investigación correspondientes y realiza las indagatorias y actuaciones periciales para esclarecer los hechos, detener y llevar ante la justicia a los responsables”
A las 7:30 de la mañana encontraron a los descuartizados
El primer hecho ocurrió a las 7:30 de la mañana, en la orilla de la Autopista del Sol con dirección a Acapulco, a unos cien metros de la entrada del fraccionamiento El Mirador donde viven damnificados de la tormenta Manuel, había restos humanos depositados en seis bolsas negras.
Al lugar acudieron policías municipales y federales quienes hallaron las seis bolsas de plástico, y en primer momento informaron que eran dos personas.
La operación de la policía en la escena del crimen asombró a los automovilistas y pasajeros de autobuses que pasaban por la carretera.
Los restos humanos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad para las pruebas de genética para ser identificados, después de 7 horas de la necropsia de ley los peritos de criminalística de la FGE determinaron que eran tres cuerpos de jóvenes de entre 25 y 30 años de edad.
Cerca de este fraccionamiento ubicado a unos 15 minutos en automóvil desde el centro de la capital, es común que dejen cuerpos de personas desmembradas.
Hace nueve días los cuerpos decapitados y desmembrados de una mujer y dos hombres depositados en bolsas de plástico negras fueron hallados en ese lugar.
Hallan a un joven ejecutado y a otro herido en la colonia Panorámica
A las 8 de la mañana se informó que había dos jóvenes ejecutados a balazos en la colonia Panorámica, ubicada en la parte alta de la ciudad.
Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja quienes hallaron a una de las víctimas con vida y la trasladaron al hospital general Raymundo Abarca Alarcón.
El cuerpo del otro joven estaba boca abajo entre la maleza en las faldas de un cerro, las manos estaban atadas hacia atrás y tenía el tiro de gracia en la cabeza.
Policías municipales y ministeriales acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía hicieron las diligencias correspondientes.
Los familiares de la víctima lo identificaron como Luis de 16 años originario de la comunidad Xochimilco, y el herido se llama Cristian de 14 años, ambos vecinos de la cabecera municipal de Chilapa.
El trabajador del Ayuntamiento
El trabajador de la Secretaría de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Chilpancingo, Antonio de 72 años, fue ejecutado a balazos en la orilla de un canal en la colonia Los Manantiales ubicada entre las colonias Tomatal y Tribuna Nacional en la zona urbana de la ciudad.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 8:30 de la mañana recibieron un reporte de que el cuerpo de un hombre asesinado a balazos estaba en la calle Lago de Técnico.
Según testigos que caminaban por la calle donde esta un canal y un tiradero de basura observaron el cuerpo de un hombre tendido boca abajo.
Cerca de donde fue encontrado el cadáver había restos de carne de cerdo y antes de llegar a la escena del crimen estaban esparcidas tres cabezas de marrano.
Al lugar acudió un familiar de la víctima, llorando agarró el cuerpo, lo volteó para reconocerlo y le dijo en tres ocasiones, “padre lindo”, los policías se acercaron a él y le pidieron que se retirara de la zona acordonada.
Los vecinos de la colonia Los Manantiales salieron de sus viviendas y se acercaron en la zona resguardada por los policías estatales y ministeriales cuando los peritos de la Fiscalía realizaban las diligencias de ley.
El cuerpo fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley, y después ser entregado a sus familiares.
El viernes un hombre que estaba sentado en una silla de plástico en uno de los pasillos del mercado central Baltazar R Leyva Mancilla, fue ejecutado a balazos.
La tarde del miércoles dos jóvenes fueron ejecutados a balazos con armas de grueso calibre, a una cuadra de la secundaria técnica No. 185 en la colonia Amate, a unos 300 metros de la aeropista donde pernocta la Policía Federal, al norte de la ciudad.
Los Rojos, Los Ardillos y el cártel del Sur provocan la violencia, dice el vocero
La violencia ocurrida este lunes en Chilpancingo es debido al enfrentamiento que existe entre tres bandas delictivas que operan en la capital, aseguró el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.
En cuanto a los ejecutados insistió en que “yo he señalado que es una continuación de los hechos de violencia producto de este enfrentamiento que existe entre diversas bandas delictivas, se habla de aproximadamente de tres grupos delictivos, “los sierreños (el cártel del Sur Sierra Unida), Los Jefes que antes eran Los Rojos y al parecer Los Ardillos”.
Consultado al finalizar los honores a la bandera en la explanada de Palacio de Gobierno, afirmó que existe una “férrea” confrontación violenta, irracional y extrema para hacerse escuchar y para establecer su dominio en la capital, en la sierra, en Tixtla y en Chilapa.
Además calificó como grupos armados a los policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que vigilan los pueblos del valle del Ocotito en Chilpancingo.
Dijo que éstos que se hacen llamar policías comunitarias deberán de ser regularizados conforme a la Ley 701, para que respeten los derechos humanos de los ciudadanos que pretenden proteger.
“Son grupos armados que actúan como policías comunitarios los que están en el valle de El Ocotito, lo digo con toda responsabilidad, porque no están debidamente regularizados por la Ley 701, por lo que deberán de participar en los foros de consulta para ver de qué manera son regularizados, para que no exista la amplia posibilidad de que puedan relacionarse con grupos delictivos”, agregó el vocero.
No respaldarán los padres de los 43 a ningún candidato presidencial, informa Vidulfo Rosales
El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra aseguró que no respaldarán a ningún candidato en las elecciones presidenciales de 2018, porque “la ruta está con el ciudadano, no con los partidos”.
“Hay una crisis en los partidos y el sistema político de cargos. Son instituciones que se están colapsando en todos los niveles de gobierno, porque están infestados por la corrupción y el crimen organizado. El ciudadano común debe repensar y diseñar un nuevo modelo de gobierno”, dijo.
Destacó que son “respetuosos” de las aspiraciones presidenciales del presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y de la candidatura independiente de Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino.
Según el abogado los padres de familia de los normalistas “no han analizado aún si se va a ir por la ruta del boicot electoral o no, pero desde nuestro punto de vista el boicot del 7 de julio del 2015 fue muy costoso y trae rupturas dentro del propio movimiento. Tuvimos presos, asesinados y estamos luchando contra un sistema político que es difícil remontar”.
Añadió: “Los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa se mantienen en la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, y creemos que quienes apoyan la búsqueda de los muchachos son del movimiento ciudadano independiente, no son los candidatos ni los partidos políticos. Nosotros respetamos a (Emilio) Álvarez Icaza y a (Andrés Manuel) López Obrador, pero creemos que la ruta está con el ciudadano, no con los partidos”.
Según información difundida en Noticias MVS, Rosales también consideró que hacia 2018 el papel de la delincuencia organizada “será preponderante”. Es algo que no se quiere ver pero en México hay territorios gobernados por la delincuencia organizada.
“El actual sistema de partidos en México ha perdido las ideologías y las plataformas electorales porque han puesto al dinero en el centro de la lucha política. El que tiene más dinero en las campañas es el que gana”, lamentó.
Aseguró que para los padres de los normalistas hay un intento deliberado de un rompimiento de la institucionalidad misma en Estados Unidos con el régimen de Donald Trump.
Todos los días Trump aumenta su beligerancia contra México, y para los padres de familia de Ayotzinapa eso “es riesgoso”. Por eso, agregó Rosales, “pensamos que debe darse un cambio del modelo económico que incluya a la clase empresarial, si quiere sobrevivir, para que fortalezca la economía interna”.
Asimismo recordó que el próximo jueves 9, familiares y la defensa de Ayotzinapa se reunirán con autoridades de la Procuraduría General de la Republica, y el viernes 17 se dará seguimiento al mecanismo del Sistema Interamericano sobre el caso Ayotzinapa.
En Zitlala, ejecutan a dos jóvenes en Topiltepec; en Tlaltempanapa se enfrentan vecinos a Paz y Justicia
Dos jóvenes fueron ejecutados a balazos y otro más resultó herido en un ataque armado cometido por hombres a bordo de una motoneta en la comunidad de Topiltepec, municipio de Zitlala.
En el mismo municipio, en Tlaltempanapa se dio un enfrentamiento entre vecinos de la comunidad y el grupo Paz y Justicia (autodenominado policía comunitaria, presuntamente vinculado al cártel de Los Ardillos), que dio lugar a la intervención de efectivos del Ejército que detuvieron a dos hombres de esa agrupación.
Sobre los dos ejecutados, fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 7:40 de la noche recibieron un reporte al número de emergencia 911, en el que se informó que atrás de la iglesia del barrio del Dulce había tres jóvenes heridos de bala.
Las fuentes dijeron que al llegar efectivos de la Policía Estatal hallaron los cuerpos de dos jóvenes asesinados a balazos frente a la casa del joven que resultó herido, y que con sus propios medios se trasladó al hospital general de Chilapa.
Testigos informaron que los dos jóvenes esperaban afuera de su casa a su compañero para salir a trabajar al campo, y dos hombres a bordo de una motoneta los atacaron a balazos.
A la comunidad de Topiltepec llegaron policías estatales y ministeriales que acordonaron la zona, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias. Los cuerpos de los dos jóvenes fueron entregados a sus familiares.
Civiles armados intentan rescatar a los detenidos pero les impiden el paso en un retén militar
Un enfrentamiento entre vecinos de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, con policías del grupo Paz y Justicia de esa misma comunidad motivó la intervención del Ejército que detuvo a dos hombres de esa agrupación.
Las fuentes confirmaron el enfrentamiento pero no precisaron si hubo muertos o heridos en este episodio violento, que ocurrió después de las 6 de la tarde de este lunes.
La detención de los dos civiles del grupo Paz y Justicia por el Ejército movilizó a unos 70 u 80 miembros de ese grupo civil armado de las comunidades El Jagüey, San Ángel, Xiluxuchicán y Tlanicuilulco, quienes a bordo de 10 camionetas intentaron llegar a Zitlala para rescatar a sus compañeros.
Los civiles armados fueron retenidos en el punto conocido como Los Ajos, a unos 10 minutos de Chilapa, por soldados del Ejército que mantienen allí un retén permanente. Los civiles armados seguían allí hasta las 11 de la noche.
El grupo Paz y Justicia ha sido vinculado públicamente con el grupo criminal Los Ardillos que tiene su base en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
El jueves de la semana pasada, vecinos de la comunidad de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, acusaron a los miembros de Paz y Justicia de ser los responsables del ataque que sufrieron el 6 de enero de 2016 cuando mataron a seis habitantes, cuatro de ellos a balazos con arma AK-47, AR-15 y 9 milímetros y dos fueron degollados.
A las 11 de la noche de ayer había tensión entre Chilapa y Zitlala ante el riesgo de que los llamados comunitarios de Paz y Justicia, quisieran entrar a rescatar a sus compañeros que, se informó, los mantenía el Ejército en Zitlala.
A esa hora el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia confirmó en un reporte que desde las 9 de la noche estaban en Los Ajos unas 80 personas armadas con escopetas y rifles calibre 22, “de la policía comunitaria, mismos que se encuentran de manera pacífica”.
En esta zona en la mañana un hombre fue asesinado y otro herido de bala en la comunidad de Topiltepec, que se encuentra en un lugar intermedio entre Chilapa y Zitlala.
Estos hechos de violencia ocurrieron en la víspera de la pelea ritual denominada Los Xochimilcas que se celebra cada martes de carnaval en Zitlala, la cabecera municipal cuando llegan visitantes de varias partes del estado e incluso del país a presenciar la tradicional pelea entre los habitantes de este municipio nahua.
Sin agua, alimentos ni salud y con la amenaza de sicarios sobreviven los vecinos de Quetzalcoatlán
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Prácticamente secuestrados sobreviven 11 familias (54 habitantes) en la comunidad nahua de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, en donde el 6 de enero del año pasado irrumpieron civiles armados de la comunidad de Tlaltempanapa que pertenecen al auto llamado grupo Paz y Justicia, vinculado con el grupo criminal Los Ardillos, y mataron a seis habitantes.
Las 11 familias de un total de 42 que vivían aquí carecen de servicios elementales como el agua potable, y no tienen la posibilidad de salir a surtirse de los productos y artículos de la canasta básica para alimentarse, por temor a ser asesinados o levantados en el camino por el grupo civil armado.
Además los familiares de las seis víctimas no han tenido justicia porque la síndica del Ayuntamiento de Zitlala, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas les aconsejó que no presentaran la demanda penal, “porque si la presentan van a encabronar más a la gente (que los atacó) y van a ir a matarlos más rápido, entonces mejor que todo se quede así para que se calmen las cosas”, les pidió.
Las familias fueron obligadas a regresar de Zitlala, la cabecera municipal donde se encontraban, a esta comunidad en marzo del año pasado por los gobiernos estatal y municipal quienes incumplieron los compromisos que asumieron con ellas, y ahora sobreviven sin servicios, sin víveres suficientes y en medio del temor de ser nuevamente atacados.
Este jueves las familias denunciaron que fueron engañadas para que se regresaran a vivir nuevamente aquí, en donde están olvidados por las autoridades y en riesgo.
El 6 de enero de 2016 un grupo de entre 20 y 30 hombres armados irrumpieron a las 6 de la mañana en Quetzalcoatlán y mataron a seis personas. Murieron a tiros de rifles de asalto AR-15, AK-47 y pistola calibre 9 milímetros los hermanos Julián y Andrés Lara Tlatempa, Reynaldo Lara Marbel (de 15 años) y Federico Tlatempa Marbel. Otros dos, Gerardo Lara Zapoteco y Salvador Flores Tlatempa fueron degollados.
Tras esos hechos las 42 familias que hasta entonces vivían en este pueblo ubicado a una hora en vehículo al norte de Zitlala, abandonaron el lugar ese día y se refugiaron en la cabecera municipal. También trasladaron a los seis cuerpos para sepultarlos allí por el temor de que los civiles armados regresaran a matar al resto de los habitantes durante el sepelio.
Pero las familias desplazadas regresaron a Quetzalcoatlán el 12 de marzo, después de que los gobiernos estatal y municipal asumieron varios compromisos con ellos.
El gobierno estatal mediante la Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos entregó 8 mil pesos a cada una de las familias para que aceptaran regresarse a su comunidad, a pesar de los riesgos que implicaba para ellas.
A cambio obligó a las familias a firmar un acta en la que se establece que la cantidad “servirá para cubrir algunas de las necesidades, para quienes de manera voluntaria deciden retornar a su lugar de origen en Quetzalcoatlán de las Palmas, para continuar con sus actividades normales”.
Mientras tanto el Ayuntamiento que preside el priista Roberto Zapoteco Castro entregó a cada una de las familias 70 colchonetas, 70 cobertores y 48 despensas alimenticias.
También se acordó que el Ayuntamiento entregaría mensualmente despensas a las familias y una costalilla de maíz.
Les dotaría agua en pipas debido a que la comunidad carece de un sistema de distribución, porque su red se destruyó durante las lluvias de las tormentas Ingrid y Manuel en septiembre de 2013.
Sin embargo a casi un año, los gobiernos estatal y municipal incumplieron los acuerdos y ahora de las 42 familias sólo quedan 11. El resto han emigrado por las malas condiciones en que viven, mientras que las que se quedaron lo hicieron obligadas porque no tienen a dónde ir, ni los recursos para hacerlo.
Uno de los vecinos, Román Lara Cuevas, denunció que quienes se quedaron a vivir aquí, además del temor constante de que regresen los civiles armados que irrumpieron el 6 de enero del año pasado, sufren la escases de agua y de alimentos y reprochó que las autoridades se hayan olvidado de sus compromisos.
Las 11 familias tienen que captar el agua de lluvia en canalejas de los techos de sus casas, la mayoría de asbesto, galvanizada o de cartón para almacenarla en depósitos de cemento con capacidad de 5 mil litros y puedan utilizarla toda la temporada de secas.
Hasta antes del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel contaban con una red de agua pero se destruyó por las lluvias y tras la irrupción violenta de los hombres armados, el gobierno estatal se comprometió a construirles una red mediante sistema de gravedad y almacenar el agua en una olla que construyó a la orilla de la localidad.
El problema fue que los técnicos no incluyeron en el presupuesto la manguera por la que se debe canalizar el agua a una distancia de 5 kilómetros, y los vecinos siguen sin el servicio, a pesar de que la obra está terminada desde hace dos meses.
Este jueves la mayoría de las familias mostraron sus depósitos en los que almacenan la lluvia casi vacíos, y en medio de la angustia esperan que inicie la temporada de lluvias para poder almacenar el agua.
Lara Cuevas denunció que el Ayuntamiento incumplió con su promesa de que les surtiría el agua por medio de pipas. Dijo que los primeros meses llevaron agua pero solo para los policías estatales que vigilan la comunidad.
La temporada pasada no pudieron sembrar
El vecino Román Lara Cuevas informó que las familias también sufren desabasto de alimentos debido a que la temporada pasada no pudieron sembrar, porque regresaron fuera del tiempo para la preparación de las tierras, pero además porque temen salir al campo porque pueden ser víctimas de la gente armada que llegó a atacar a la localidad.
Lara Cuevas, declaró que desde que regresaron en marzo del año pasado tampoco pueden viajar a Zitlala por temor a pasar por Tlaltempanapa, en donde los civiles armados que los atacaron tienen un retén.
Contó que algunas veces salen por el rumbo de Copalillo pero que por esa ruta no hay servicio de transporte, así que tienen que hacerlo caminando o esperar hasta que haya transporte, y que igual transitan con temor a ser atacados en el camino.
Los habitantes sólo se surten de los productos que necesitan cuando pueden encargarlos con los policías que están a cargo del resguardo de la comunidad, o con algunos comerciantes que circunstancialmente llegan del lado de Copalillo.
Uno de los habitantes contó que los primeros meses aprovechaban el cambio de policías que están de guardia y se trasladaba en las patrullas a Zitlala, pero que cuando la gente de Tlaltempanapa se dio cuenta impidieron a los agentes que los llevaran y ahora sólo pueden encargarles los víveres que necesitan.
Dijo que también permanece cerrado el centro de salud y que carecen de medicamentos. Cuando alguien se enferma tienen que trasladarlo a pie hacia Tlalcozoltitlán y de allí a la cabecera municipal, Copalillo, a una hora y media o dos en vehículo.
Lara Cuevas informó que hasta antes de los hechos de violencia de enero del año pasado iba un médico cuando menos una vez a la semana, y el resto de los días dejaba a su auxiliar que era el que se encargaba de atenderlos en caso de emergencia, pero ahora por la violencia está abandonada la casa de salud.
Entre las 54 personas que integran las 11 familias hay 16 niños registrados en la escuela multigrado que atiende la maestra Elisa Solís Castellano, sin embargo informó que sólo asisten nueve debido al desplazamiento del resto de las familias.
Ella es originaria de Zitlala, pero por el conflicto tampoco puede tomar la ruta directa que pasa por Tlaltempanapa y tiene que dar vuelta hasta Copalillo y de allí se traslada hasta Tlatehualapa, una comunidad vecina, de donde paga un “servicio especial” de transporte de 250 pesos para llegar a Quetzalcoatlán. La maestra viaja cada ocho días.
Agregó que las autoridades educativas le han recomendado que no dé de baja a los niños registrados a pesar de que no asisten a clases, con la esperanza de que éstos regresen.
Sin embargo los pocos vecinos que quedan en esta comunidad contaron que de las 42 familias que vivían algunas se fueron a vivir a la cabecera municipal y otras se fueron de jornaleras a estados como Sinaloa y Sonora, y que por las condiciones en que se encuentran aquí es difícil que regresen.
Este jueves representantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) llevaron víveres, ropa y calzado a las 11 familias que quedan.
El director del organismo, Manuel Olivares Hernández se quejó de que ha hecho gestiones ante el gobierno del estado para que cumpla su promesa de apoyarlos, “pero no hay respuesta”, dijo.
“Pareciera que al gobierno no le interesa si ustedes viven o mueren, es más, preferiría que todos ustedes hubieran muerto, así no tendría un problema”, les dijo en una reunión.
El temor de los vecinos ante un nuevo ataque es justificable porque el gobierno estatal también incumplió con darles seguridad. Al principio envió a dos grupos con 12 elementos de la Policía Estatal, pero medio año después se retiró uno y sólo quedaron seis agentes.
Consideran que son muy pocos policías porque cuando los civiles armados que los atacaron se reúnen en Tlaltempanapa suman más de 200.
Torturan y dejan con narcomensajes a dos hombres en Zumpango y Chichihualco
La madrugada del sábado, fueron hallados dos hombres vivos con huellas de tortura, amarrados de pies y manos, en distintos hechos, ambos con un narcomensaje, en Zumpango, municipio Eduardo Neri, y Chichihualco, municipio Leonardo Bravo.
Un primer hecho ocurrió en el centro de Chichihualco, fue hallado un hombre de unos 50 años, amarrado en un poste de luz, tenía una cartulina naranja en la que se leyó: “Esto me paso por robarme un celular”.
En otro hecho, en el centro de Zumpango, fue localizado un joven con las manos atadas hacia atrás, tenía la cabeza cubierta con su playera, también tenía un narcomensaje en el que se leyó: “Esto me paso por pasarme… con las mujeres”.
Denuncian defensores de derechos humanos ante el relator de la ONU riesgos en su labor e impunidad
El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst se reunió ayer por separado en Chilpancingo con autoridades estatales y representantes de organismos civiles de derechos humanos, los últimos denunciaron impunidad, denegación de justicia y una situación difícil y riesgosa para desempeñar su trabajo debido a la violencia e inseguridad.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montana, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que expuso ante el relator de la ONU que en Guerrero existe un patrón sistemático de agresiones a los defensores por las autoridades, pero ahora también por el crimen organizado, lo cual hace mucho más peligrosa su participación en la defensa de los derechos humanos.
Todas las reuniones de Forst fueron en privado y no dio declaraciones.
El personal que lo acompaña informó que el 24 de enero cuando termine su visita oficial en el país, ofrecerá una conferencia de prensa en la ciudad de México, en la que dará a conocer su diagnóstico de las quejas y denuncias que recibió.
En la mañana se reunió con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, con el fiscal Xavier Olea y con el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, quienes le entregaron un informe de la protección a personas defensoras de derechos humanos en el estado, se informó en un boletín.
Después de la 1 de la tarde se reunió casi media hora con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
Al terminar el ombudsman informó que le planteó que el trabajo del organismo es “difícil” debido a la inseguridad que se vive en la entidad, y por la escasez de recursos.
Agregó que precisó que en este organismo “no hemos sido agredidos de manera directa, pero que sí las condiciones en que trabajamos son adversas”.
Dijo que otra de las causas por las que trabajan en condiciones adversas es la falta de recursos económicos, “no tenemos los recursos suficientes para atender la totalidad de los problemas que surgen en el estado. Lo hacemos con muchas dificultades, no obstante hemos tenido resultados importantes”.
Se reunió por separado y en privado unos minutos con el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, así como con representantes de organismos civiles de derechos humanos, colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados y de violación a sus derechos humanos.
Asistieron el director de Tlachinollan Abel Barrera Hernández, el representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa Alejandro Ramos Gallegos, el secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Manuel Olivares Hernández, y el presidente del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada.
También representantes de colectivos de familiares de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, hija del líder campesino desaparecido en 1974 en Atoyac, Rosendo Radilla Pacheco.
Se reunieron con el relator de la ONU los directivos del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) que encabeza Javier Monroy, las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, encabezados por Catalina Pérez, una comisión de habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, encabezados por Quintín Salgado y el dirigente del sindicato de mineros de Taxco que están en huelga, Roberto Hernández Mojica.
Además se reunieron con Michel Forst la esposa del dirigente de Unidad Popular (UP) de Iguala asesinado en 2013, Arturo Hernández Cardona, Sofía Lorena Martínez, la hermana de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino, Norma Mesino y el abogado de Gonzalo Molina González, Hegel Mariano.
A la llegada del relator a la casa Diocesana, conmovió a los asistentes que la nahua de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, María Guadalupe Tepetitlán abrazó al enviado de la ONU y en su idioma (no habla español) le pidió ayuda entre sollozos para encontrar a su esposo Guillermo Limpa Torres y a su hijo José Lauro Limpa Tolentino, ambos desaparecidos el 25 de febrero de 2015 en Chilapa. Ese día con ellos desapareció el indígena de Acahuehuetlán, municipio de Chilapa, Juan Campos Regino, denunció la esposa de éste, Paula Ahuejote Gutiérrez.
Las dos mujeres llegaron con el colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, que preside José Díaz Navarro, quien minutos después entregó al relator un álbum con los 100 casos de desaparecidos que tiene documentados ese grupo solamente de los municipios de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo.
Díaz Navarro denunció que la violencia sigue en Chilapa y que sólo en la última semana se cometieron siete homicidios.
Reprochó al gobierno del estado “que su estrategia que está implementando es un fracaso” y le exigió que la cambie porque se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, “porque no hay peor cosa que nos quiten la vida”.
Las agresiones del gobierno y del crimen
Otro de los problemas que se denunció al relator es el caso de la denegación de la justicia en los casos de asesinatos de dirigentes, como el líder de la UP de Iguala, Arturo Hernández Cardona y de Rocío Mesino, ambos asesinados en 2013.
Norma Mesino denunció que en el caso de su hermana desde el 18 de septiembre del 2014 solicitó a la Procuraduría de Justicia del estado (hoy Fiscalía General del Estado) copia del expediente, mismo que le fue negado con el argumento de la secrecía en la investigación.
Sin embargo denunció que en diciembre pasado la Fiscalía emitió un boletín del caso en donde se dan a conocer las supuestas actuaciones que hace, cuando en realidad no se está investigando y no hay avances.
Norma Mesino y Sofía Lorena expusieron el caso de los asesinatos de Rocío Mesino y Arturo Hernández. Denunciaron que la FGE no los ha esclarecido y que como consecuencia el gobierno estatal les ha negado la justicia.
El abogado Hegel Mariano también expuso el caso del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, quien está preso debido a la falta de voluntad del gobierno para liberarlo.
A su vez las familias desplazadas de La Laguna denunciaron el abandono y la inseguridad jurídica en que viven en los lugares donde se encuentran refugiadas después de que abandonaron su comunidad asolada la delincuencia organizada.
El director de Tlachinollan declaró entrevistado al final de las reuniones con los distintos grupos, que el diagnóstico que fue presentado al relator es que existe un patrón sistemático de agresión a defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, como consecuencia de que no hay un reconocimiento público a su trabajo en cuanto a su labor en favor de las víctimas, y para subsanar las fallas estructurales que hay en el sistema de justicia y de seguridad.
“Más bien hay una estigmatización al trabajo de los defensores”, reprochó Barrera Hernández quien agregó que en muchos de los casos “se usa el derecho para castigar a los defensores”.
Se quejó de que en este ambiente, actualmente los defensores sufren agresiones de las autoridades pero también por agentes no estatales, como el crimen organizado, “y ahora el peligro es mayor para los defensores porque se ha perdido la línea divisoria entre los agentes del Estado y los no estatales”.
Antes de que llegara Michel Forst el obispo Rangel Mendoza platicó con los representantes de los distintos grupos. Les dijo que “se pone la camisa de los padres de los desaparecidos” y les manifestó que él ha propuesto un diálogo “con la gente que provoca el mal” pero que no ha sido atendida esa petición.
El relator de la ONU quería informarse si existen casos de hostigamiento o tortura, informa el gobierno estatal
La reunión de Michel Forst con las autoridades fue en la mañana en la Secretaría de Gobierno, y se dio a conocer en un boletín de prensa.
Se informó que estuvieron el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas.
“El interés de Michel Forst por reunirse con las autoridades del Estado es por la preocupación que tiene sobre la protección de personas defensoras de los derechos humanos, para informarse sobre si existen casos de hostigamiento o tortura”, se informó en la misiva.
Agrega que el relator pidió a las autoridades reconocer la labor públicamente de los defensores y defensoras y a su vez tener voluntad para resolver los casos que pudieran presentarse.
Afirma que el secretario general de Gobierno le explicó al enviado de la ONU que el gobernador le instruyó que “expresara con claridad y transparencia la situación que guarda el cumplimiento de medidas cautelares y de protección a las personas defensoras de los derechos humanos en el Estado, ya que ésta es una política prioritaria para esta administración”.
Se informó que en la presentación se señaló que desde el 2011 a la fecha existen 21 medidas solicitadas y que la administración de Astudillo Flores sólo ha recibido una solicitud de medidas cautelares, solicitada por la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Se destacó que se envió al Congreso del Estado una iniciativa para la creación de un mecanismo de protección eficaz, garantizando los derechos fundamentales y de libertad de expresión. Dentro del mismo informe se detallaron por nombre, organismos solicitantes las medidas cautelares y el nombre de quien tiene la calidad de personas Defensoras de Derechos Humanos en el estado”, agrega.
En el boletín se informa que las autoridades presentaron un informe de la protección a personas Defensoras de Derechos Humanos .
El asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa en octubre fue premeditado y ordenado por una estructura: Vidulfo Rosales
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, declaró que en la actual etapa de investigación complementaria en el proceso que se sigue a cuatro detenidos por el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa ocurrido el 4 de octubre pasado, se han podido reunir pruebas para demostrar que los imputados pertenecen al crimen organizado y que actuaron de manera premeditada para asesinar a los estudiantes.
El abogado informó que estas pruebas las presentará en la audiencia de la etapa intermedia que será a finales de marzo y que espera que sean valoradas para que se tomen en cuenta durante el juicio oral que se prevé sea en el mes de abril.
Los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, fueron ejecutados la tarde del 4 de octubre cuando viajaban en una Urvan del servicio de transporte público de la ruta Chilpancingo-Tixtla.
En ese episodio también fueron asesinados el trabajador del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (IEEJAG), Juventino Carranca Tejacal y después cuando los homicidas se daban a la fuga también asesinaron en la colonia Reforma de Chilpancingo al chofer de la Urvan de la ruta Reforma-Mercado, Marco Antonio Organista Lorenzo.
El 13 de octubre, el juez de Control, Celso Ubaldo de la Sancha, resolvió en una audiencia la vinculación a proceso, con prisión preventiva, a cuatro de los acusados por el múltiple asesinato
Los imputados son Israel de 32 años, Carlos de 26, Ismael de 20 y Antonio de 18 años, mientras que un menor de edad fue turnado al juez para adolescentes en donde dos días antes también fue vinculado a proceso.
Consultado ayer, el asesor de los familiares de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa Vidulfo Rosales Sierra, informó que actualmente corre el plazo de cuatro meses a partir del 13 de octubre, cuando se realizó la audiencia para vinculación a proceso, en el que se realiza la investigación complementaria.
En esta etapa la Fiscalía General del Estado (FGE) y el asesor de los familiares de las victimas reúnen pruebas para fortalecer la responsabilidad de los imputados, quienes enfrentan el proceso con prisión preventiva, en tanto se realiza el juicio oral en el que se determinará su situación legal.
El abogado Rosales Sierra informó este jueves que en esta etapa en la que se realiza una investigación complementaria, la asesoría de los familiares de las víctimas han seguido reuniendo pruebas para demostrar que hubo “premeditación” en el asesinato cuando menos de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Reconoció que ha habido muy poca colaboración de los testigos, porque “hay mucho temor”, pero insistió que “existen algunos elementos de prueba que estarían indicando eso”.
Dijo: “Lo más importante para nosotros es, primero, establecer que hubo intención deliberada de agredir a los estudiantes y que hay una estructura por arriba de estas personas que ocasionaron el homicidio. Queremos demostrar que no sólo se trata de ellos, que no actuaron de manera espontánea. Hubo una planeación, un modus operandi y que hay una estructura delictiva por arriba de ellos.
–¿Quieres demostrar que ellos pertenecen a la delincuencia organizada?.
–Es correcto, para nosotros ellos pertenecen a la delincuencia organizada y eso estamos tratando de averiguar para poder acreditarlo en el juicio oral.
La FGE ha sostenido que el móvil del asesinato de los dos estudiantes, el trabajador del IEEJAG y del chofer de la Combi del servicio de transporte público, fue el asalto.
Incluso los mismos imputados han sido vinculados a proceso por otros asesinatos ocurridos en las semanas anteriores al homicidio de los estudiantes de Ayotzinapa, en asaltos cometidos a tiendas y en lugares públicos de Chilpancingo.
Rosales Sierra reconoció que en el expediente que se abrió por el caso de los estudiantes efectivamente han encontrado elementos comprobatorios de que los mismos acusados incurrieron en los otros delitos. “Ya los reconocieron las víctimas, ya los señalaron como los mismos que participaron en aquellos actos”, dijo el abogado.
Sin embargo, insistió que también cuentan con pruebas de que en el caso del asesinato de los dos estudiantes no actuaron por sí solos y que hubo una estructuran por arriba de ellos que los motivó a actuar y que actuaron con premeditación para asesinar a los normalistas.
Informó que todas estas pruebas se desahogarán en la audiencia de juicio oral previsto para el mes de abril y que espera que sean admitidas por el juez en el juicio de la etapa intermedia, que sería a finales de marzo.
“Nosotros como asesores jurídicos estaremos presentando el conjunto de pruebas y el juez determinará cuáles de todas estas pruebas se van a desahogar en el juicio oral”, explicó.
Fue liberado por El Tequilero gracias a que se formó la autodefensa, dice el ingeniero
El ingeniero secuestrado en San Miguel Totolapan, por quien se formó un movimiento de autodefensa, Isauro de Paz Duque, se dijo agradecido con Dios porque fue liberado y porque se encuentra con su familia, afirmó que “volvió a nacer”.
En la mañana recibió la visita de varios familiares y amigos, los saludó y abrazó. Estuvo afuera de su casa a pocos metros de la comandancia policiaca donde se encuentra el movimiento de autodefensa.
No presenta golpes aparentes, se queja de dolores en los brazos y los pies por los cientos de picaduras de mosquitos y otros insectos, pues estuvo durmiendo en el piso.
De como está expuso que “gracias a Dios bien contento porque volvimos a nacer, el señor nos dio otra oportunidad, Jehová Dios nos dio otro oportunidad de vivir porque estas oportunidades se dan una de mil, me queda claro. Si pasara las noches allá serían negras, aquí son blancas con la familia, duermo con mis hijos suelto en la cama y allá durmiendo en el suelo. Estuve completamente aislado solamente una persona me cuidaba, con los ojos vendados”.
“Me golpearon lo normal, quizás para nosotros no es normal pero para ellos creen que golpearte es quitarse los problemas, es un asunto psicológico, yo sí lo entiendo pero uno está consciente de lo que está pasando, creo que poco a poco vamos madurando y vamos viendo esta situaciones de los secuestros como comunes”, expresó.
Dijo que “pensaba que podía o no podía regresar a mi casa, pensé por el momento que mi familia me daba por muerto, pensé que me podrían asesinar, eso es indiscutible, no estás tratando con curas no estás tratando con los hijos de Dios en iglesia, estás tratando con delincuentes”.
Dijo que no tuvo contacto con el líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, o no lo pudo ubicar debido a que siempre estuvo con los ojos vendados, escuchó varias voces pero que no lo pudo ubicar.
Insistió en que no sabía qué era lo que estaba pasando en San Miguel Totolapan y que una vez que fue liberado a pocos metros de la ciudad, llegó caminando y de pronto se sorprendió con lo que estaba encontrando.
Confirmó que lo soltaron cerca de la comunidad La Gavia donde lo tenían secuestrado.
Del movimiento que surgió dijo que “cuando la gente se decide por un cambio se decide no solamente en cuestiones políticas sino también en cuestiones culturales, en cuestiones académicas, en movimientos sociales, la gente no se equivoca, eso me ha quedado bien claro. Hemos visto que la gente de pronto se enfada de algunos políticos y los bota y vemos que la sociedad tiene un pulso social, un termómetro que lo está midiendo. Creo que el pueblo está sintiendo algo por eso se está manifestando y creo que tengo un compromiso moral con ellos”.
“Estamos tratando apenas de asimilar muchas cosas, sin embargo creo que me queda claro que tengo un gran compromiso moral con ellos porque si no hubiera una presión de parte de ellos, creo que yo seguiría todavía allá”.
Aseguró que se quedará en San Miguel Totolapan, “desde hace mucho tiempo me hacen la pregunta si me voy a ir de San Miguel Totolapan, antes de mi secuestro, y la respuesta de antes es la misma de ahora: no me voy de San Miguel Totolapan porque amo a mi tierra, este es mi tierra. Yo creo que de pronto esta palabra suena muy grande porque implica muchas cosas pero a mi me nace y estoy aquí porque yo de aquí soy, y no es lo mismo que me vaya vivir a otro lado”.
A las 4 de la tarde el ingeniero Isauro de Paz Duque llegó en una ambulancia de la Cruz Roja custodiado por tres patrullas de la Policía Federal al sanatorio América en Chilpancingo, ahí recibió atención médica luego de ser secuestrado por integrantes de grupo delictivo Los Tequileros en San Miguel Totolapan.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que el ingeniero acudió a la clínica para saber su estado de salud, y a las 4:40 de la tarde se retiró del lugar. (Luis Blancas / Chilpancingo).