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Protestan maestros y alumnos del campus Costa Chica de la UAG; exigen un terreno

Maestros y alumnos del campus de Costa Chica, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), protestaron y bloquearon la carretera Ayutla-Cruz Grande, por cuatro horas, a causa de un conflicto por ocho hectáreas de terreno con la Secundaria 13.
El bloqueo en la carretera estatal fue total, en la salida de Cruz Grande, donde unos cien estudiantes y maestros se apostaron desde la 8 de la mañana y hasta las 12 del día. La protesta provocó que las personas que iban de un municipio a otro tuvieran que caminar para poder transbordar en el transporte público.
El coordinador del Campus, José Maclovio Sautto Vallejo, indicó que desde hace seis años el terreno fue donado por el municipio y por los Bienes Comunales; sin embargo, las actuales autoridades comunitarias no quieren reconocer esa donación y por tal razón, la institución no ha podido construir una barda que le dará mayor seguridad al campus.
Por la protesta, dijo que una comisión sería atendida en Acapulco por representante del Tribunal Agrario, así como representantes del gobierno del estado, en compañía del jurídico de la UAG.
El campus de la UAG en Cruz Grande tiene las carreras de Energía Limpias y Tecnología de Alimentos. Los tres edificios que tienen fueron inaugurados el pasado 11 de febrero, y tiene una matrícula de cien estudiantes. (Jacob Morales Antonio / Chilpancingo).

 

Marcha y bloquea la UPOEG la carretera en Ayutla; defiende las elecciones por usos y costumbres

Luego de una protesta en las principales calles de Ayutla y un bloqueo intermitente en la carretera estatal a Cruz Grande para exigir respeto a las elecciones por usos y costumbres, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) retuvieron al delegado de la colonia Barrio Nuevo, Rutilio Castro Espíndola.
Minutos antes de las 10 de la mañana unos mil habitantes de las colonias y barrios de Ayutla como La Villa, Piedra de Zopilote, San José y Cruz Alta salieron a marchar por las principales calles de la ciudad e hicieron un mitin frente al Ayuntamiento, para exigir a la alcaldesa Hortensia Aldaco Quintana que saque las manos del proceso de usos y costumbres.
A las 11:30 se dirigieron a la carretera Ayutla-Cruz Grande donde bloquearon la vía de forma intermitente para exigir al Instituto Estatal y de Participación Ciudadana (IEPC), su intervención en las asambleas de selección de representantes a la asamblea general, donde se elegirán a las nuevas a autoridades municipales.
Según videos difundidos en redes sociales, el delegado de la colonia Barrio Nuevo fue detenido por pasar por el lugar y haber tomado fotografía a los manifestantes.
En una llamada telefónica a las 2 de la tarde el diputado local con licencia del PRD, Raymundo García denunció la retención del delegado, a quien –dijo- los integrantes de la UPOEG golpearon y le colgaron una cartulina con la leyenda “estoy aquí por traicionar al pueblo, y ahora soy representante de Barrio Nuevo”.
El delegado fue liberado y entregado al Ministerio Público. Se buscó por teléfono al abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero quien lleva el proceso legal e impulsó el proceso normativo por usos y costumbres, pero no fue localizado.
En un comunicado de Vázquez Quintero firmado por el Consejo de Autoridades Civiles y Agrarias y Promotores del Desarrollo Comunitario del municipio de Ayutla de los Libres, se solicitó que la alcaldesa deje de intervenir en el proceso electoral, “para que se conduzca con respeto a la ley y a los lineamientos emitidos por el organismo electoral local”.
En el comunicado las autoridades denunciaron que en las asambleas de las colonias San José, La Villa, Piedra de Zopilote, Cruz Alta y Barrio Nuevo, las autoridades elegidas como representantes a la asamblea general no fueron reconocidas. En esas colonias las autoridades han denunciado la imposición de delegados paralelos de la alcaldesa.
“Los ciudadanos y las autoridades civiles y agrarias de diferentes localidades manifiestan que la actual administración municipal les ha condicionado los servicios, los programas y demás apoyos que por ley deben de ser entregados, con la finalidad de que se abstengan a participar en el citado presente proceso electivo de nuestra autoridad municipal, obligándolos a apoyar a determinado partido político, generando con ello divisionismo entre las familias, las comunidades y pueblos vecinos, así como a radicalizar dicha confrontación con la pretensión de impedir que se instalen las casillas el día de la elección constitucional a celebrarse el primero de julio del presente año”.
Las autoridades exigieron a los actores políticos que se sumen a la suscripción de un acuerdo de respeto, civilidad, diálogo y congruencia con los principios democráticos que deben observarse en el proceso de elección, donde se comprometan a respetar los principios de la libertad del sufragio en todos los niveles, la secrecía del voto y los resultados.
Convocaron a los dirigentes estales de los partidos políticos, a las autoridades federales, estatales y municipales que manejan y distribuyen recursos y programas sociales en el municipio de Ayutla, a los organismos electorales, a la Fiscalía encargada de la persecución y prevención de los delitos electorales, a los organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que representan a las mujeres, a los jóvenes, los estudiantes, los maestros, la tercera edad, transportistas, ganaderos y demás sectores, a sumarse al esfuerzo de organización que contribuya a lograr que “las próximas elecciones sean verdaderamente libres y auténticas en nuestro municipio”.
Además solicitaron seguridad para el personal del Instituto Nacional Electoral (INE) que da visitas y capacitación electoral a quienes resultaron seleccionados para formar parte de las casillas electorales, pero no se precisa por qué la petición.
En el comunicado las autoridades comunitarias llamaron a la “suma de esfuerzos para generar las condiciones de diálogo y consenso con los diversos sectores que participan en esta contienda electoral, con la finalidad de coadyuvar a garantizar la estabilidad y la paz social, la libertad de los ciudadanos para que acudan a elegir a sus representantes de manera pacífica y sin presión alguna, evitando en lo posible la confrontación y la violencia”.

 

Viola y mata un adolescente de 17 años a una mujer de 59 el viernes en Cruz Grande

Un adolescente de 17 años mató y violó el viernes a una mujer de 59 años en Cruz Grande, en la Costa Chica de Guerrero.
El adolescente Alejandrino fue detenido por la Policía Municipal y fue entregado a las autoridades ministeriales y presentado al Ministerio Público (MP).
Según fuentes de Seguridad Pública el cuerpo de la señora Guadalupe fue localizado la mañana del viernes en un callejón cerca de la calle Benito Juárez de la colonia Sultana del Sur, en la cabecera municipal.
La víctima presuntamente fue interceptada por el adolescente quien la violó, el cuerpo de la mujer vestía una blusa azul abierta a la altura de los pechos.
Cerca de 2 metros quedó un rosario, un celular y una sombrilla rosa de la mujer quien según los vecinos se dirigía a un rezo cuando fue atacada por el adolescente.
Este caso es el tercer asesinato cometido contra mujeres en la Costa Chica de Guerrero, el primero ocurrió el martes de la semana pasada en Tlacoachistlahuaca donde una trabajadora de la Secretaría de Salud (Ssa) de 57 años fue asesinada a balazos.
El segundo caso ocurrió el miércoles en Ayutla de los Libres donde una anciana de 70 años fue localizada asesinada en un estanque. En este último municipio desde junio hay una declaratoria de Alerta de Género.

Protestan vecinos de Cruz Grande en la Cdmx para exigir al Fonhapo que construya 50 casas

Pobladores del municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande), en la Costa Chica, protestaron en las instalaciones del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), para exigir la construcción de 50 casas del programa Vivienda Digna que debieron entregarles en la administración pasada, pero que fueron vendidas por el ex alcalde, Ociel Hugar García Trujillo, que actualmente es diputado perredista.
La dirigente de los inconformes, Silvia Gallardo Gatica acusó que desde 2015 piden a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que devuelva el dinero para la construcción de casas de más de 300 beneficiarios, pero nadie les ha hecho caso, y advirtió que seguirán en la ciudad hasta que tenga respuesta.
Silvia Gallardo recordó que desde inicios de agosto interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra el diputado local, Ociel Hugar García Trujillo, a quien culpan de un presunto fraude y usurpación de funciones, cuando fue presidente municipal. La dirigente aseguró que el diputado vendió las 50 casas y que aún hay beneficiarios que están a la espera de una vivienda.
Dijo que son 50 vecinos que durante su administración, 2012-2015, fueron beneficiados del programa Vivienda Digna del Fonhapo, un programa de aplicación tripartita, en el que la federación aporta la mayor parte del dinero. Estas casas nunca, según denunció, se entregaron a los solicitantes.
“Seis meses y no nos han podido liberar la vivienda, no nos dan nada, por eso estamos aquí. En Guerrero no nos hacen caso, porque José Manuel Armenta Tello (el delgado de Sedatu) tiene tomada la delegación. El apoyo debió salir en enero, desde hace tres años se firmaron minutas y no hay resultados”, lamentó.
Una comisión de inconformes llegó a la dependencia, donde la atendieron secretarios particulares de funcionarios, pero no les dijeron nada en concreto.
Silvia Gallardo Gatica explicó que este programa social es de vivienda rural, “estamos tristes; el gobernador Héctor Astudillo, sólo va y se toma las fotos en las zonas más inundadas, es todo lo que sabe hacer, salir en la televisión en este año, el peor de todos los años; en el 2015 estuvo feo pero ahorita estuvo peor”.
Lamentó que el diputado, de quien dice tener pruebas de que vendió las casas, que correspondían a vecinos de escasos recursos, a otros de su partido, el PRD, siga en la impunidad.
La dirigente comentó que los quejosos viajaron a la Ciudad de México con sus propios recursos porque pusieron dinero para sus casas, aunque una mínima parte.

El esposo de la alcaldesa de Cruz Grande pretende despojar 3 hectáreas, denuncia

 
El esposo de la alcaldesa de Florencio Villareal (Cruz Grande), Emisel Liosol Molina González, Jesús Genchi Ozuna, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de despojo y abuso de confianza por la señora Emilia Torres Cisneros a quien pretende quitarle un predio.
La nieta de la afectada, Ana María Gallardo Lorenzo acudió a la redacción de El Sur y entregó las copias de la denuncia hecha el lunes pasado ante el Ministerio Público (MP) de Cruz Grande que consta en la carpeta de investigación 12180750100009020217, además de un oficio enviado a la alcaldesa perredista de ese municipio de la región de la Costa Chica donde se le informó de los hechos cometidos por su esposo quien se desempeña como presidente del DIF municipal.
Consultada por teléfono, la nieta de la afectada dijo que son unas 3 hectáreas las que pretenden quitar a su abuela. En la denuncia se indicó que hace ocho meses la afectada regresó al municipio y se percató que en el predio Finca Rústica y Pico de Monte, en al menos 8 mil 568 metros cuadrados fue construida una vivienda propiedad de Genchi Ozuna, además de una telesecundaria.
En la denuncia, la propietaria del predio sostuvo que la señora Leopoldina Pérez Arredondo sin ser la propietaria autorizó la construcción de los inmuebles, “suponemos que mediante una remuneración económica”, exclamó la nieta de la afectada.
La afectada aseguró en la denuncia que el predio está a su nombre y está registrado en el Registro Público de la Propiedad, además de que paga los impuestos por los terrenos. Torres Cisneros negó que la señora Pérez Arredondo sea la propietaria a pesar de que ha mostrado un documento “falso” donde una autoridad ejidal le sede los derechos del predio y que por ellos pagó la cantidad de 500 mil pesos.
Además indicó que la señora Pérez Arredondo trató de vender el predio antes a una persona quien investigó y al percatarse de las irregularidades decidió no comprarlo.
Torres Cisneros indicó en la denuncia que también procederá contra la señora Pérez Arredondo ante autoridades federales por la construcción de la telesecundaria.

No atendió el arzobispo Garfias la petición de cambio del cura de Cruz Grande, se quejan

 

Feligreses de la parroquia La Patrona de Cruz Grande, cabecera municipal de Florencio Villarreal, denunciaron que, a más de dos años de solicitar el cambio del párroco Daniel Martínez López, el arzobispo, Carlos Garfias Merlos jamás puso atención al caso.
En una visita a la redacción de El Sur, la tarde de ayer la señora Carmen Román Gómez, a nombre de los inconformes recordó que desde 2015 han denunciado los malos tratos del cura y su comportamientos con las mujeres jóvenes en la iglesia.
La mujer dijo que la principal queja de los feligreses es el comportamiento del sacerdote con las jóvenes, y ahora lo señaló de encerrarse en su oficina con su secretaria y hacer caso omiso a las peticiones de misa y celebraciones.

 

La violencia y las reformas son para justificar la militarización, advierte Cirino Plácido

 

El delegado en el Congreso Nacional Indígena (CNI), Cirino Plácido Valerio dijo que la violencia generalizada y las reformas que atentan contra el pueblo son estrategias para destruir el tejido social y justificar la militarización del país, para que el actual régimen político se mantenga en el poder.
Sin embargo, el también asesor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PCPF) expresó en entrevista que el levantamiento armado no es la solución, sino que debe de existir una transición política donde todos los sectores sociales participen, y se pronunció a favor de la creación del Concejo Indígena de Gobierno impulsado por el CNI.
El na’savi asistió al Cuarto Congreso de la creación del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Cruz Grande el 4 y 5 de enero. El dirigente a quien no se le había visto en actividades de su hermano Bruno Plácido, llamó a la unidad en su participación.
Abordado, el fundador del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, dijo que ante el escenario del país los indígenas han propuesto un concejo para reconstruir la nación, “para empujar juntos y rescatar este país que está siendo destruido”, ponderando los principios del CNI: servir y no servirse, representar no suplantar, construir no destruir, donde el pueblo manda el gobierno obedece.
Opinó que es mejor apostar por la salida política que la militar, al considerar que “no tiene caso quitar una dictadura y poner otra dictadura. El que toma el poder por las armas no deja de ser una dictadura, pero entonces nosotros tenemos que transitar por la vía política, construir”.
“¿Por qué tenemos que hacer todo esto?, porque 100 años después es la misma política que aplicó Porfirio Díaz, la misma explotación y pobreza, la misma persecución, la misma traición al país, el mismo uso del Ejército para hacer un papel que no le corresponde. Se repite la historia 100 años después, con la misma política represiva”, sostuvo.
Abundó que la violencia generalizada “es propiciada como una estrategia para destruir todo el tejido social, para justificar la militarización y justificar una guerra civil de pobres entre pobres, para que se mantenga este régimen que está destruyendo al país, y estar otros 100 años en el poder, que no está dispuesto a cometer el mismo error que en 1917 cuando la burguesía fue derrotada por los revolucionarios”.
“Hoy –el régimen político– se está preparando a no ceder el poder, mediante la guerra sucia, mediante la represión, mediante la explotación y mediante el uso del Ejército. Nosotros lo que planteamos es el diálogo, respeto y tolerancia y un análisis para reconstruir el país”.
Dijo que inicia un proceso de lucha, de recuperación de pensamiento y forma de gobierno del pueblo originario, “vemos muy bien esa iniciativa del Congreso del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) de incursionar en la vía política para reconstruir este país”, en un concejo de gobierno que estará constituido por una mujer y un hombre de cada región, para que haya equidad, porque es un sistema colectivo que se rige por usos y costumbres.
Recordó que los pueblos indígenas aglutinados al CNI han buscado el reconocimiento real constitucional de los pueblos originarios.
Mencionó que en la segunda sesión del Quinto Congreso celebrado del 29 diciembre al 2 de enero, se acordó que para el 28 de mayo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, será constituido el Concejo Indígena de Gobierno, y de ahí se definirá la candidata para las elecciones de 2018, quien será vocera del Consejo Indígena que a la vez será subordinada del Congreso Nacional Indígena y éste será subordinado al pueblo de México .
El delegado opinó que la propuesta del Partido Obrero Social de México, de postular como candidata a la esposa del preso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera, Agustina García, fue una “imprudencia”, una estrategia del gobierno para dividir a las organizaciones sociales, “nosotros esperamos que no se sigan cometiendo esos errores, porque tenemos que ser prudentes y no hacerle el juego al gobierno”

Impulsar candidaturas independientes y la defensa de la Ley 701, acuerda la UPOEG en su cuarto congreso

El cuarto congreso de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) culminó ayer con una misa, en la que se pidió a los integrantes de la organización no corromperse.
El asesor de la Policía Comunitaria de los Pueblos Originarios, Cirino Plácido Valerio llamó a la unidad para impedir que el gobierno siga entregando en charola de plata las riquezas del país.
Unos 300 integrantes de la organización, comisarios, presidentes de comisariados, delegados, promotores, y policías comunitarios armados con escopetas volvieron ayer a la cancha de la unidad deportiva de Cruz Grande, cabecera del municipio Florencio Villareal, donde fueron leídas y aprobadas las discusiones y las propuestas de las mesas de trabajo: Cuarto orden de gobierno, Derecho a la consulta y la representación popular, y Defensa de los derechos de los pueblos originarios.
A la actividad acudió el Comisionado Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz.
En una misa celebrada a la 1 de la tarde el padre de la parroquia de Santa Cruz, Daniel Martínez López llamó a los integrantes de la UPOEG a no corromperse, porque es el mayor mal que enfrentan luego de lograr la organización en las comunidades marginadas y abandonadas del estado. Además oró por los integrantes de la organización.
En su participación en la clausura el promotor de la Policía Comunitaria de los Pueblos Originarios y hermano del dirigente de la UPOEG Bruno Plácido, Cirino llamó a crear un frente y a la unidad, porque “divididos no llegamos a ningún lado, juntos no hay quién nos pare”.
Dijo que el gobierno prepara y trabaja con militares y narcomilitares contra la población que se organiza, que “el gobierno, el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) siempre ha buscado por dónde chingarnos, nos acusa que somos guerrilla, que somos narcos, buscan por dónde y nosotros no vamos a dar ningún motivo. Si es delito luchar por un proyecto alternativo, un proyecto de vida, pues entonces que nos metan a la cárcel a todos, pero nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto de la muerte”.
“Por eso esta lucha de ustedes y de los pueblos originarios, en el camino vamos a ir mejorando muchas cosas, hablar de la restitución de derechos y caminar como pueblos, para que su soberanía resida en el pueblo”, agregó.
El dirigente recriminó la política actual de gobierno, “este régimen que está destruyendo el destino del país y a todos nosotros. Por lo tanto todos los guerrerenses tenemos el derecho de organizarnos y plantear un nuevo modelo o de comunidad, de pueblo, un nuevo modelo de Estado, de país, en nuestra mano está la solución”.

El poder debe residir en el pueblo

Luego de las participaciones fueron compartidos los resultados de las tres mesas de análisis. De la discusión de la mesa Cuarto orden de gobierno, los integrantes se pronunciaron por un cambio de la forma de elegir a las autoridades, al considerar que el sistema de partidos políticos no cumple los objetivos para el que fue creado, y darle vida a social a los pueblos, hacerlos más participativos en la toma de decisiones porque los partidos se han convertidos en “delincuentes autorizados para someter a la población”.
Manifestaron que uno de los casos más visibles de éxito de los gobiernos nacidos desde el pueblo es el caso de Cherán, Michoacán, que su autoridad está conformada por un concejo de gobierno elegido por el pueblo y que puede ser revocado cuando no cumple sus funciones.
Los integrantes de la mesa Derecho a la consulta y a la representación popular, ponderaron que se debe de devolver el poder al pueblo, pero para ello se debe de organizar a las comunidades y estar unificados en una visión.
Esto permitirá el empoderamiento del pueblo sobre sus autoridades para que no se dé autoritarismo, además de tener un mejor control del dinero público y el sueldo de las autoridades, porque en el actual sistema ser gobernante significa enriquecerse, además este modelo permitirá una cultura de iguales entre hombres y mujeres.
También se propuso impulsar las candidaturas independientes como una forma de empoderar el sistema de elecciones por usos y costumbres, para ir quitando fuerza a los partidos políticos.
En la mesa Defensa de los derechos de los pueblos originarios, los participantes insistieron en que el Estado debe de garantizar los derechos básicos a las comunidades que no cuentan con centros de salud, y tampoco se les garantiza la educación.
En la mesa acordaron la defensa de la Ley 701, impulsar la educación bilingüe, el fortalecimiento de las policías ciudadanas y comunitarias, la autorización y el funcionamiento de una radio y televisión comunitaria para la difusión de la lengua materna que ayude a la comunicación entre las comunidades.

Plantea Bruno Plácido un nuevo modelo de gobierno en el cuarto aniversario de la Policía Ciudadana

El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio afirmó que los ciudadanos se movilizan hasta que el golpe les llega, en referencia a las protestas contra el aumento al precio de las gasolinas y la energía eléctrica, tema que desde la fundación de esa organización se puso en debate pero que sólo tuvo resonancia en las comunidades que siguen pagando recibos muy caros.
También dijo que la gente debe de proponer un nuevo modelo de gobierno donde el pueblo sea el que decida, y no quien esté en el poder, “donde ganemos todos”.
Ayer la organización celebró su cuarto congreso. El 4 y 5 de enero de 2013 la UPOEG creó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) del que depende la Policía Ciudadana.
Unos 400 integrantes entre comisarios municipales, presidentes de comisariados, delegados, comandantes regionales, promotores y policías ciudadanos armados con sus escopetas participaron en la actividad en la cancha de la unidad deportiva de Cruz Grande, la cabecera del municipio de Florencio Villareal.
En su participación el dirigente recordó que la UPOEG nació hace cinco años, cuando comenzaron a exigir la construcción de carreteras ante las muertes de mujeres embarazadas que no alcanzaban a llegar a hospitales, después se sumó la exigencia para bajar los altos precios que los campesinos indígenas tenían que pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Plácido Valerio expresó “los ciudadanos se organizan hasta que el golpe les da”, en referencia a las protesta que se han extendido en todo el país en rechazo al aumento de los precios de las gasolinas y de la energía eléctrica, tema que la UPOEG trae desde sus inicios.
Dijo que las comunidades no se oponen a pagar la electricidad pero como “resistencia” buscan pagar lo justo y no más. Pese a ello hay quienes piensan que lo correcto es levantar las armas contra el gobierno “nosotros decimos que no, porque la historia nos ha hecho saber que la guerra y la revolución siempre la ganan los ricos, porque venden armas y el pobre es el que paga con sangre para ser historia”.
Agregó  “y seguramente hoy se va a repetir la historia, porque sólo vamos a protestar los pobres por el  alza a las gasolinas, porque como quiera los ricos le suben y le suben y nosotros qué vamos a subir”.
Plácido Valerio llamó a un cambio de actitud entre la población y a la reflexión del porqué la gasolina y la luz es más cara y cada vez hay más impuestos, “porque en campaña nos compran los votos y después nos cobran caro, nos dividen y nos meten miedo para que no pensemos en lo que están haciendo, por eso debemos de cambiar un modelo de gobierno donde los pueblos y los ciudadanos decidan, eso es usos y costumbres”.
Recordó que en 2015 en la consulta en el municipio de Ayutla “a muchos nos satanizaron en regresar a los tiempos de atrás. Por eso queremos cambiar este sistema, hoy a cuatro años en el 2017 muchos se espantan y dicen nada con el gobierno, creo que sí, sí con el gobierno”.
Explicó a los presentes que “la asamblea es un gobierno, ¿quien va a llevar la voz de la asamblea?, el comisario o el comisariado municipal”.
Dijo que no se puede seguir caminando con armas “cuando no revisamos el origen del problema que tiene que ver con el gobierno. Muchos critican que nada con el gobierno, pero todas las manifestaciones que hemos visto a lo último concluyen dialogando con el gobierno, de la expresión que sea”.
Afirmó que no es lo mismo que subordinarse, “no confundamos el diálogo con agachados, porque hay gente que confunde, que cree que gritar más es que tiene la razón”.
“Nosotros queremos construir un gobierno diferente, donde no haya corrupción, compra de votos, no haya división, manipulación, donde ganemos todos, otros le llaman democracia participativa”, agregó.
En su discurso Plácido Valerio hizo también referencia que la creación del SSJC en comunidades de Ayutla y Tecoanapa, fue por la inseguridad que había pero que “en ningún momento quiso suplantar” a ninguna autoridad, sino que cada quien haga lo que le corresponda.
“Reconocemos que no hemos sido capaces de cumplir los objetivos de gestión y desarrollo, y se le ha dado prioridad a la seguridad para levantar la dignidad de cada uno de ustedes”, mencionó.
“A cuatro años no es fácil decirlo, porque hemos tenido enemigos internos y externos. Hemos tenido bajas porque es una organización de carácter fuerte”, expuso.
Dijo que la UPOEG también ha educado a los pueblos, donde ahora muy difícilmente los campesinos son humillados.
“Muchos de los que nos han querido imitar no han podido, a cuatro años hemos avanzado sí, tenemos errores sí, pero no es culpa de los promotores sino del actuar de cada uno de nosotros”, advirtió.
Cerró su discurso afirmando que a pesar de las órdenes de aprehensión vale la pena “seguir sacrificando cada uno de nosotros nuestros tiempo y nuestro esfuerzo, para dejarle un buen ejemplo a nuestros hijos”.

Presenta a los policías ciudadanos de los pueblos turísticos

En su participación Plácido Valerio presentó a 28 policías ciudadanos de los poblados turísticos de Barra Vieja con seis integrantes, de Lomas de Chapultepec con 10, y de San José Guatemala municipio de San Marcos con 12, quienes asistieron ayer al cuarto congreso.
En breves declaraciones dijo que las poblaciones tenían un año pidiendo el respaldo de la organización para formar sus guardias comunitarias, y que a partir del 15 de diciembre comenzaron las reuniones en las comunidades, donde la gente los apoyó con sus firmas.
Precisó que desde el 24 de diciembre los policías ciudadanos tienen actividades de vigilancia en las comunidades, y luego de una reunión con los restauranteros de Barra Vieja el 31 de diciembre comenzaron los recorridos en la zona de restaurantes.
Ayer en estas páginas se informó que desde el 31 de diciembre 19 policías ciudadanos comenzaron recorridos en la zona de restaurantes en la mañana, tarde y noche para la seguridad de turistas y pobladores. Los comandantes de la Policía Ciudadana indicaron que se conformaron luego del hartazgo de la población a las extorsiones, cobro de cuota, robos, asaltos, secuestros y asesinatos.
Antes de que terminara la actividad, el director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM) José Manuel del Val y la historiadora Margarita Warnholtz, presentaron un libro donde se explica desde una visión de los pueblos la creación de la UPOEG y su sistema de seguridad.
Después de las 2 de la tarde fueron instaladas las mesas de discusión: Cuarto orden de gobierno comunitario, Derecho a la consulta y la representación popular, Elección por sistema normativo y Candidaturas independientes, además de la mesa de defensa de los derechos de los pueblos originarios.
Al cuarto congreso asistió el hermano de Bruno, Cirino Plácido Valerio quien es asesor de los Policías Comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Originarios. También estuvieron el comandante regional Ernesto Gallardo, los promotores Manuel Vázquez, Eneida Lozano, Crisóforo García y Esteban Ramos Gallardo.

Aumentan 10 pesos a las tarifas de taxis colectivos de Acapulco a municipios de la Costa Chica

 

Viajar de Acapulco a algún municipio de la Costa Chica en los taxis colectivos que hacen sitio en Las Cruces cuesta 10 pesos más, luego de que transportistas de las rutas a San Marcos, Cruz Grande, Marquelia, Ometepec, y Cuajinicuilapa aumentaron el costo de las tarifas ante el aumento a la gasolina.
Los taxistas rechazaron el aumento y reprocharon que el presidente Enrique Peña Nieto prometió que no habría más aumentos a los combustibles.
Indicaron que, de forma paulatina, desde el 1 de enero todas las rutas que van a los municipios de la Costa Chica aumentaron 10 pesos al pasaje. Así, viajar de Acapulco a San Marcos cuesta 60 pesos con la nueva tarifa, de Acapulco a Ometepec pasó de 170 a 180, a Cruz Grande de 100 a 110 pesos. De Acapulco a Cuajinicuilapa aumentó de 180 a 190 pesos.
Asimismo, viajar de Acapulco a San Luis Acatlán pasó de 170 a 180 pesos y de Acapulco a Las Vigas de 80 a 90 pesos.
Sólo la ruta de Acapulco a Ayutla se mantuvo sin aumento de la tarifa hasta ayer, en 130 pesos.
Por otro lado, viajar de San Luis Acatlán a Tlapa cuesta 20 pesos más por pasajero en los colectivos, de 150 a 170 pesos, y de San Luis Acatlán a Marquelia pasó de 50 a 60 pesos. En tanto que viajar de Cruz Grande a Ayutla pasó de 50 a 60 pesos.
Las combis que circulan en Cruz Grande aumentaron el pasaje de 5 a 7 pesos.