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No apoya la secretaria de Obras a mujeres constructoras, dice empresaria

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Como integrante de un frente de mujeres constructoras, la empresaria Africa Leonor Moreno Santana informó que hubo un acercamiento con la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPOT), Irene Jiménez Montiel, y no se nota interés de apoyar a las mujeres del sector.
En entrevista telefónica, aclaró que la funcionaria trabaja sólo con hombres, incluso en su equipo de la dependencia, “no le interesan las mujeres, no nos incluye”.
Ayer, con un boletín de prensa, la SDUOPOT informó que realizará talleres con perspectiva de género para un desarrollo sostenible, de transformación de espacios públicos en zonas seguras y libres de violencia en el marco del programa Territorio Violeta, en coordinación con la Colectiva con Equidad AC.
Jiménez Montiel consideró que las políticas de igualdad en esta Secretaría deberían abocarse a tener estrategias para la inclusión de las mujeres constructoras.
“Nosotras sobrevivimos porque nadie tiene en sus políticas públicas un porcentaje de recursos para nosotras, que somos parte importante de un sector que detona las economías de varios lugares, y damos empleos”.
Recrimina que la funcionaria no tiene mujeres ni en el equipo de su oficina, ni como asesoras, está rodeada de hombres, “no le interesamos y no nos incluye, sólo nos margina y nos engaña, porque ya estuve en diferentes mesas de trabajo con una asociación de hombres y en lo particular ni grupal, habla de llamar a las mujeres a trabajar”.
La demanda que se le ha planteado por este frente de constructoras, afiliadas a diferentes cámaras empresariales, es que haya un porcentaje de los presupuestos en obra pública, para las mujeres empresarias, “no lo ha tocado, y sabe que tenemos las habilidades para la construcción”.

 

Demandan vecinos de la Progreso que se clausure una lavandería que contamina

Vecinos de la colonia Progreso pidieron al Ayuntamiento que clausure una lavandería, porque aseguraron que el negocio ocasiona contaminación ambiental.
La lavandería se ubica entre las calles Nuevo León y Colima. El establecimiento está entre viviendas de material, que en su mayoría son de dos niveles.
En voz de los vecinos, Eduardo Rivera Galeana, pidió a la alcaldesa Abelina López Rodríguez clausurar el negocio, porque aseguró que contamina.
“Yo tengo esperanza en la alcaldesa, porque Adela Román Ocampo no hizo caso. Bueno, desde 2003 no hay respuesta de los alcaldes”, puntualizó.
Denunció que la lavandería funciona de manera clandestina, debido a que no tiene los permisos del Ayuntamiento.
Añadió que el negocio tampoco paga el servicio de agua potable, porque compra pipas de agua privada, “no paga ningún impuesto al municipio”.
El adulto mayor, de 80 años, contó que la lavandería desprende vapor contaminado, además de que genera contaminación auditiva, por el ruido constante de las máquinas.
Aseguró que son más de 20 las casas afectadas por la contaminación y manifestó que hay seis adultos mayores postrados en sus camas, por diferentes enfermedades, y “la contaminación no ayuda a su recuperación”.
Indicó que la lavandería trabaja para varios hoteles y moteles de Acapulco, “ya se imagina toda la contaminación de las sábanas y toallas de los huéspedes”. Además, afirmó que la lavandería opera casi las 24 horas.
Contó que dos de sus familiares tenían enfermedades terminales, “la contaminación de la lavandería fue el detonante de su muerte”.
Llamó a la presidente municipal para que ayude a los vecinos, “para no permitir esta clase de negocios en zonas habitacionales y urbanas”.
“Así no es la cuarta transformación, como dice el presidente de la República, aquí hay un problema de contaminación”, concluyó. (Argenis Salmerón).

Impugnará regidor de Morena sesión que aprobó el presupuesto para Chilpancingo

Luis Blancas

Chilpancingo

El regidor de Morena, Ricardo Iván Galíndez Díaz. informó que impugnará ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa los acuerdos de la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria del Cabildo de Chilpancingo, por aprobar de manera irregular el presupuesto del ejercicio 2023 y las percepciones para servidores públicos.
En declaraciones a reporteros en una cafetería en el centro de la ciudad, Galíndez Díaz se quejó que no le notificaron de manera formal sino verbal ese mismo día de la realización de esta sesión, que se llevó a cabo el pasado jueves. No le entregaron la orden del día, documentos de información para discutir los puntos, lo cual no se presentó en la reunión.
Dijo que a pesar de la ausencia de miembros del Cabildo, los que asistieron a la sesión aprobaron de manera unilateral y arbitraria el presupuesto del ejercicio 2023 y las percepciones para servidores públicos, es decir la asignación de sueldo base, compensaciones, prestaciones y funciones de los ediles y funcionarios, en la que desconoce esa información de estos dos punto de acuerdo.
Señaló que la secretaria general, Xóchitl Heredia Barrientos, violó los reglamentos de sesiones y de la Ley Orgánica del Municipio por no notificarles de manera formal sino de palabra, ese día de la sesión, y no otorgarles los documentos de las propuestas para analizarlas y aprobarse, “de esta manera irregular se aprobaron estos acuerdos”.
El regidor de Morena informó que por estas irregularidades, impugnará ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, los acuerdos de la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria del Cabildo de Chilpancingo, para echar abajo los puntos de acuerdo, porque hubo violaciones graves.
Indicó que la administración que encabeza la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez tampoco publicó la información de la sesión extraordinaria en el portal de internet del municipio y redes sociales, para que esté informada la población y los miembros del Cabildo, “la sesión la hicieron a escondidas, duró 30 minutos y aprobaron esos puntos de manera irregular”.
Recordó que esa día también se llevó a cabo la Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, nueve miembros votaron para la aprobación de una línea de crédito de 22 millones de pesos, cinco regidores votaron en contra y uno más de abstención.
El regidor de Morena señaló que hubo irregularidades al aprobar este punto porque se violó la Ley Orgánica del Municipio, “este punto debió ser aprobada por las dos terceras partes del Cabildo, sí somos 15 miembros, debieron autorizar diez, sólo votaron nueve favor , por lo tanto se violaron los estatutos”.
Indicó que no hay condiciones para adquirir un crédito porque impactará la Hacienda Pública Municipal y agregó que se está analizando para que sea también impugnado este acuerdo, “lo hacen con la finalidad de tener mayor recursos económicos, que supuestamente serán destinados no sabemos donde, es necesario que el municipio busque estrategias para la recaudación de recursos y así solventar las deudas que tiene esta administración”.
Señaló que en las sesiones de Cabildo ha insistido a la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, que estas reuniones sean públicas y las transmitan en los portales de internet, lo cual no han atendido su petición.
Exhortó al gobierno del estado, el Congreso local y la Secretaría de Hacienda que analice lo que está sucediendo en la administración que encabeza Hernández Martínez en el manejo de los recursos públicos, y “a la dirigencia de Morena que tenga conocimiento lo que está realizando el Cabildo del municipio, hay falta de transparencia, opacidad y la rendición de cuentas es muy sesgada”.

 

Toma sindicato la sede del Congreso; señala hostigamiento de la presidenta de la Jucopo

El secretario general del sindicato de trabajadores del Congreso local Sentimientos de la Nación, Fernando Martínez Román en el acceso principal al recinto legislativo acompañado por compañeros que gritan “justicia laboral” Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El nuevo sindicato de trabajadores del Congreso local tomó la sede del Poder Legislativo por presuntos actos de hostigamiento por parte de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna. Posteriormente funcionarios de la actual administración informaron que se trata de procedimientos e investigaciones en contra del secretario general Fernando Martínez Román por la presunta sustracción de recibos de nómina que se exhibieron en redes sociales.
Yoloczin Domínguez negó las acusaciones en su contra y manifestó su respeto a los agremiados a este sindicato, mientras que a su dirigente Fernando Martínez le pidió que “responda a la misma en las instancias correspondientes y con apego a las leyes que nos rigen” sobre la demanda que se presentó por la vía jurídica por la sustracción indebida de documentos oficiales.

La toma

Ayer desde las 8 de la mañana unos 50 trabajadores tomaron la sede del Poder Legislativo donde colocaron lonas en las que demandan a Yoloczin Domínguez respeto a sus derechos laborales y cese al hostigamiento.
En un mensaje en la entrada del estacionamiento del Congreso local, trabajadores denunciaron hostigamiento responsabilizaron de lo que suceda a cualquier integrante de esta agrupación a la presidenta de la Jucopo. Martínez Román denunció que en su contra se inició un procedimiento en la Contraloría del Congreso, y lo acusan de filtrar información sobre presuntos actos de nepotismo de la diputada morenista.
Fernando Martínez Román dijo que la Contraloría del Congreso le informó que dos trabajadores presentaron denuncias en su contra, además de que se le notificó que “se está procesando una denuncia en materia penal contra su servidor”.
Señalaron que desde la llegada de Yoloczin Domínguez “el hostigamiento laboral no ha parado, llegan los funcionarios con la venia y la autorización de la presidenta de la Jucopo, amedrentando, hostigando a las compañeras, tratando de dividir de manera permanente desde que inició esta administración”.
Llamaron a los diputados y principalmente a los integrantes de la Jucopo a establecer una mesa de diálogo con el sindicato, incluso a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda “para que hable” con Yoloczin Domínguez “para que se respeten los derechos humanos y laborales”.
Martínez Román dijo que uno de los primeros actos de hostigamiento fueron los cambios de adscripción laboral de él y de la secretaria de Organización del sindicato Leopoldina Rodríguez.
Dijo también que no se les autorizó la licencia sindical para que los integrantes del comité se dedicaran “de tiempo completo a la promoción y mejoramiento de las condiciones de trabajo” de los agremiados.
En este acto estuvieron algunos trabajadores cercanos a Alfredo Sánchez Esquivel quien en su periodo fue muy cercano al nuevo sindicato. Incluso la única diputada que se acercó a los trabajadores, fue la morenista Leticia Castro Ortiz, cercana y defensora del ex presidente de la Jucopo.

Dos trabajadores denunciaron al líder, dice Recursos Humanos

Después en conferencia de prensa en el restaurante El Señorial que está a unos pasos del Congreso local, el secretario de Servicios Financieros y Administrativos Andrés Rosendo Orozco Pintos, acompañado de la subdirectora de Recursos Humanos Juanita Avilez Rodríguez y del director de Comunicación Social Roberto Ramírez Bravo, negaron todos los señalamientos realizados por el líder sindical.
Andrés Rosendo Orozco lamentó que Fernando Martínez “esté utilizando y engañando” a los agremiados para defenderse ante la investigación que se realiza en su contra por su presunta responsabilidad en la sustracción de información del área de Recursos Humanos.
Al respecto, Juanita Avilez explicó que dos trabajadores del Congreso local denunciaron ante el órgano interno de control, que unos recibos de nómina que contenían sus datos personales fueron exhibidos en redes sociales el 3 de diciembre.
Tras la denuncia presentada, el 25 de enero la Contraloría le informó a Recursos Humanos que había iniciado un procedimiento contra el líder sindical por la presunción de su responsabilidad en la filtración de esta información, “es una investigación, no es un despido, no es algo personal, no vamos a cesar al compañero si la investigación está en curso”, dijo Juanita Avilez.
La subdirectora precisó que los procedimientos son contra Martínez Román y no contra el sindicato, “le pedimos que sea claro con sus agremiados”.
A pesar de la reiterada pregunta de reporteros sobre quiénes fueron los trabajadores que denunciaron al dirigente sindical, los funcionarios del Congreso no quisieron mencionarlos, pero se sabe que se trata de familiares de la presidenta de la Jucopo que trabajan o trabajaban en el Legislativo.
Juanita Avilez explicó que Fernando Martínez trabajaba en el área de Recursos Humanos y a pesar de que tenía acceso a la nómina no tenía autorización para imprimir recibos, e insistió en que será el órgano de control interno el que determine si tuvo o no responsabilidad en la sustracción de esta información.
Andrés Rosendo Orozco comentó que los integrantes del otro sindicato de trabajadores plantearon a la administración del Congreso que no era correcto que un líder sindical estuviera en un área con acceso a la nómina, por lo que plantearon a Fernando Martínez que eligiera si continuaba al frente del sindicato o estaba en Recursos Humanos, y la decisión del dirigente fue mantenerse como secretario general, por lo que fue asignado a otra área.
Ambos funcionarios negaron que haya una diferencia política con el líder sindical investigado por la Contraloría. Dijeron que desconocen si hay vínculos entre este sindicato y el ex presidente de la Jucopo Alfredo Sánchez Esquivel.
Afirmaron que la instrucción de Yoloczin Domínguez fue dar el mismo trato a ambos sindicatos, y que han tratado de atender de la misma manera a todos los trabajadores a partir de las posibilidades presupuestales.

“Engañaron” a los trabajadores con 63 plazas

En la conferencia los funcionarios también revelaron que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje echó abajo las 63 plazas que otorgó la anterior administración porque no se realizó el procedimiento de manera correcta. A pesar de que no lo mencionaron, se trata del periodo en el que estuvo al frente de la Jucopo Sánchez Esquivel.
Además de que quien firmó por parte de la administración del Congreso estatal “no pudo acreditar personalidad jurídica” debido a que no tenía un nombramiento oficial.
Juanita Avilez recordó que en julio pasado los trabajadores del sindicato Sentimientos de la Nación anunciaron que recibieron sus plazas de base, y en septiembre cuando llegó la actual administración de Yoloczin Domínguez se acercaron a entregar su minuta y pliego petitorio.
Por lo que la nueva administración consultó de manera interna y al Tribunal sobre el estatus y la legalidad del sindicato, y la presidenta del Tribunal Miriam Cortez Cisneros respondió que el nuevo sindicato solicitó toma de nota de la minuta de acuerdos el 15 de julio pasado entre la organización sindical y el Congreso local, “mismo que este tribunal laboral acordó no favorable su petición al no haberse acreditado la personalidad de quien representó al Congreso”.
También el sindicato pidió la toma de nota del expediente sindical por el que se le otorgaron las plazas, pero tampoco se realizó, “no se acordó favorable tomando en cuenta que no exhibieron los nombramientos, incumpliendo con lo establecido en los artículos 3 y 6 de la ley de trabajo de los servidores públicos”.
La subdirectora de Recursos Humanos insistió en que la diputada Yoloczin Domínguez no es responsable de que el Tribunal no haya reconocido estas plazas y que el problema fue el mal procedimiento que se realizó.
Andrés Rosendo Orozco dijo también que no existen las condiciones financieras en el Congreso local para otorgar las 63 plazas y en referencia a Sánchez Esquivel dijo que “quien las intentó otorgar –no juzgo a nadie ni pongo nombres en la mesa– sabían que no era financieramente viable y no era legal lo que estaban haciendo, que los oficios no los estaban firmando, es una irresponsabilidad dar esa cantidad de bases”, por lo que “engañaron” a los trabajadores de este nuevo sindicato.
La diputada Yoloczin Domínguez por su parte en un posicionamiento se refirió a la toma del Congreso local por integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación y a los señalamientos de Fernando Martínez los cuales negó.
Comentó que se ha reunido con el líder sindical porque así lo ha solicitado Fernando Martínez, aunque ella ha planteado que sea con “la dirigencia integral del sindicato”.
“Por cuanto hace a los señalamientos de hostigamiento a que hace referencia, y en lo particular a una demanda que se presentó por la vía jurídica contra Martínez Román, por la sustracción indebida de documentos oficiales, le hacemos un llamado para que responda a la misma en las instancias correspondientes y con apego a las leyes que nos rigen” se lee en el texto que firmó Yoloczin Domínguez.
Finalmente manifestó su respeto al sindicato “y reitero mi disposición a establecer con todos los miembros de la dirigencia de esta organización, una mesa de revisión de sus demandas, tal y como se hace con otras expresiones sindicales en este Congreso”.
Posteriormente en un boletín del Congreso se señala que la presidenta de la Jucopo dijo que tras la notificación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje por el que no se reconocieron las plazas de base, la Jucopo emitió un documento donde se desconocía que hubiera sustento para su otorgamiento, “y es que no se llevó a cabo ninguna convocatoria, además de que hay compañeros que forman parte de ese sindicato que tienen menos de un año laborando en el Poder Legislativo”.

 

Denuncia la alcaldía de Acapulco bloqueo a Abelina por escoltas de la gobernadora

La alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez, en una imagen de video del forcejeo durante el cual la escolta de la gobernadora Evelyn Salgado le impidió acercarse a un acto en la Secundaria 6 Foto: Carlos Carbajal

Redacción

Un elemento del personal de seguridad de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda empujó y obstruyó el paso a la alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez durante el lanzamiento del programa Territorio Violeta que pretende asistir a las mujeres en caso de sufrir una agresión o sentirse en peligro, dio a conocer el Ayuntamiento en un comunicado de prensa en el que señala que no es la primera vez que ocurre.
También en un comunicado de prensa, el gobierno del estado dijo que “en todo momento” la alcaldesa fue tratada con respeto y negó “categóricamente” que haya existido agresión alguna del personal de seguridad de la gobernadora, pero dijo que de todos modos se investigará para verificar que no haya ocurrido una “situación extraordinaria”.
El hecho ocurrió una vez que culminó el acto protocolario de los discursos oficiales, y luego de la improvisada conferencia que dio la gobernadora, en compañía de la alcaldesa y el secretario de seguridad pública Evelio Mendez.
Cuando la gobernadora y el senador Félix Salgado Macedonio se trasladaron a la zona de murales pintados en la barda de la Secundaria Federal 6, la alcaldesa quedó metros atrás en el tumulto de personas, y entonces trató de abrirse paso, pero fue ahí cuando un elemento de seguridad se interpuso para impedirle avanzar.
Acto seguido y según lo que se aprecia en un video, la alcaldesa le dice al hombre: “¡cálmate, cálmate!, estás en territorio de Acapulco. Maldita la forma que tienen siempre”.
Luego de esto la alcaldesa optó por no seguir hacia donde se daría el banderazo de las unidades pintadas de violeta para uso exclusivo de mujeres y se retiró hacia su camioneta.
En un comunicado, la vocería del Ayuntamiento señaló que desde el inicio y durante el evento “no se aplicaron los protocolos de entrada y salida de las autoridades invitadas al mismo”.
Después del acto y la entrevista que se ofreció a los medios de comunicación, fue complicada la salida hacia los murales que se ubicaron en el lugar, toda vez que se colocaron vallas para evitar el paso de la gente. Sin embargo, la aglomeración fue incontrolable para el equipo de logística del gobierno del estado.
“El equipo de escoltas del gobierno del estado, en todo momento complicó y entorpeció el paso de las demás autoridades, pero se enfocaron personalmente en el recorrido que hizo la alcaldesa y la bloquearon durante su trayecto, lo que provocó la reacción que se observa en las imágenes”, dice en alusión al brevísimo video que circuló en redes.
El comunicado señala que “el momento que se muestra en el video, es cuando uno de los escoltas de la gobernadora empuja y encara a la presidenta municipal durante su complicada salida, por lo cual, la alcaldesa reacciona defendiéndose de la agresión sufrida, a pesar que se había identificado”.
Y subraya que “no es la primera ocasión en que la presidenta municipal y su equipo de trabajo son víctimas de alguna agresión o discriminación por parte de los escoltas de la gobernadora o del personal de logística y avanzada del gobierno del estado, por lo que queremos dejar constancia de ello”.
Por eso “luego de los hechos, la presidenta municipal optó por retirarse del lugar y no participar en el banderazo de inicio del programa para salvaguardar su integridad física, sin embargo algunos escoltas lejos de la posición de la gobernadora hostigaron y agredieron a la alcaldesa provocando su reacción”.
Se subraya que López Rodríguez “reitera su rechazo total a cualquier tipo de agresión, violencia u hostigamiento contra cualquier persona y lamentamos profundamente que se presente en el marco de un evento que tiene como objetivo erradicar estas prácticas, principalmente contra las mujeres”.
Además se informó que el Ayuntamiento a través de la Secretaría General del Ayuntamiento ha iniciado los procedimientos administrativos correspondientes ante los organismos protectores de los derechos humanos para que se lleve a cabo una investigación y se sancione a los responsables de esta agresión.

Se investigará promete el gobierno del estado

En un comunicado de respuesta, el gobierno del estado negó que haya existido una mala intención o algún ánimo de complicar la presencia de la alcaldesa López Rodríguez o de alguno de sus colaboradores durante el evento realizado en la colonia Emiliano Zapata, “por el contrario en todo momento la autoridad municipal fue tratada con el respeto que su investidura merece”.
El gobierno del estado reconoció que la organización del evento se vio por momentos “comprometida por la algarabía de la ciudadanía que buscaba acercarse tanto a la gobernadora como a la alcaldesa” lo que provocó en algunos momentos complicaciones en el trayecto para todos los asistentes.
Y “desmiente categóricamente que en algún momento hay existido una agresión por parte del personal de seguridad del gobierno del estado”, no obstante informó que se iniciará un proceso de investigación interno para verificar que no haya ocurrido alguna “situación extraordinaria a lo que se ve en las fotos y videos que registran el momento en el que la alcaldesa refiere sufrir una agresión”.
El gobierno del estado reiteró su respeto para todas las autoridades municipales con quienes ha trabajado a lo largo de este primer año “de manera coordinada y respetuosa” y “manifiesta su total disposición para deslindar responsabilidades sobre el tema en cuestión ante las instancias competentes”.
Por último señala “la absoluta coordinación, apertura al diálogo, la cordialidad, el humanismo y el pleno respeto a la autonomía municipal, y a los poderes del Estado, son principios que rigen a la presente administración estatal que reitera su compromiso irrestricto de servir con transparencia honestidad al pueblo de Guerrero”.

 

Seguirán en paro por 58 plazas y la promoción de maestros en activo de la normal urbana federal

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Alumnos y maestros de la normal urbana federal Rafael Ramírez dijeron que mantendrán el paro de labores hasta que los atienda la gobernadora y darle a conocer sus peticiones: 58 plazas y que se continúe con el proceso de promoción de ocho docentes.
En conferencia de prensa en su escuela, ubicada en la colonia Jardines del Sur, también denunciaron sin más detalles que hubo 15 lesionados, entre estudiantes y docentes, en el desalojo violento que sufrieron por parte de agentes de la Policía Estatal.
Recordaron que el pasado viernes sufrieron la agresión, luego de que bloquearon la Auto-pista del Sol en esta ciudad capital, para exigir una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
El dirigente de la agrupación de los alumnos, quien omitió su nombre, dijo que la coordinación estatal de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (Usicamm) les informó que en Guerrero existen 150 aspirantes a plazas de telesecundarias, y los que egresaran este año estarían en el lugar 151 de prelación para la entrega de una de éstas.
Destacó: “Nos informan que en la entidad no sería posible la entrega de una plaza, y con ello nos bajan la moral y nos dicen que vamos a estar desempleados. Estudiamos cuatro años y ahora nos dicen que no habrá plazas”.
En su participación, la delegada sindical Josefina Hereosay Salinas reiteró que exigen a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), que se agilice el proceso de promoción para ocho de sus compañeros.
Manifestó que desde el año pasado solicitaron a las autoridades educativas su intervención y lo lograron, luego de que se manifestaron en varias ocasiones, pero este año el proceso se detuvo.
Los maestros pidieron la destitución de la titular de la Dirección de Registro y Control de Plazas de la SEG, Silvia Tecoapa, y de la jefa de Operaciones de Servicios Escolares de Educación Media Superior y Superior, Erika Lizeth Urióstegui Cuenca, porque son las responsables de obstaculizar el proceso.
Por lo anterior, los inconformes demandaron la destitución del titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, por no resolver la demanda de los maestros y estudiantes de la escuela normal.

La ponen a disposición de Personal por denunciar a acosador, señala empleada

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La trabajadora supernumeraria del gobierno del estado desde hace 13 años,  Magdalena Romero Julián, fue puesta a disposición de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, como si hubiera cometido falta, por denunciar a un acosador con función de sicólogo en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, informó.
Consultada en el Congreso local, donde participó en una reunión con la Red para el Avance Político de las Mujeres, de la que también es parte, explicó que supo por una integrante de un colectivo de personas desaparecidas de las conductas del trabajador de nombre Jorge a usuarias víctimas que fueron canalizadas a través de su organización.
Desde el 19 de octubre de 2022, la representante del colectivo le dijo que informó de esta situación al comisionado estatal, Arturo Solís Felipe, a través de un oficio de esa fecha, donde señala “trato de acoso”,  y de hablar “sólo de sexo”.
En el documento que se tuvo a la vista, la buscadora de personas dice que “esperaban que  (la terapia) realmente ayudaría con los problemas emocionales que estamos viviendo, pero realmente está provocando todo lo contrario, más problemas en las personas y por ende en las familias. Como representante del Colectivo no voy a tolerar que esta persona que se dice sicólogo siga tratando a las personas de esa manera, sin ética”.
Romero Julián aclaró que ella supo de este caso a principios de enero, cuando de la Secretaría General de Gobierno fue enviada a dicha  Comisión, y la representante del colectivo fue más explícita al hablar que en las del sicólogo también hubo tocamientos.
De acuerdo con el registro nacional de profesionistas, el agresor tampoco está calificado para atender a las víctimas, porque no está titulado, no aparece con cédula profesional y su ejercicio es un delito.
Sin embargo, la representante del colectivo sólo pedía que separaran al presunto sicólogo de la atención a víctimas. Quería evitar complicaciones adicionales a las que ya enfrentan las familias de personas desaparecidas
Romero Julián aclaró que buscó al delegado y le respondió que ya estaba atendiendo este asunto. Sin embargo generó disgusto en quienes lo metieron a laborar a la Comisión. Luego de unos días fue puesto a disposición de la Dirección de Personal para cambiarlo de área.
La activista, quien cambió el año pasado su puesto laboral de la Secretaría de la Mujer a la Secretaría General de Gobierno, y el 9 de enero de 2023 a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, indicó que también recibió un oficio de la delegada Administrativa para informarle que terminaba su comisión en esa área y se pusiera a  disposición de la Dirección de Personal.

Desconocen cuándo reconstruirán el plantel, denuncian padres de primaria Rafael Ramírez

Padres y maestros de la primaria Rafael Ramírez, denunciaron que los alumnos siguen tomando clases en aulas provisionales y exigieron a las autoridades agilizar la reconstrucción del plantel.
En conferencia de prensa en las canchas de la colonia Galeana, donde están las aulas provisionales, los padres se quejaron de que no hay avance en la reconstrucción de la escuela, que fue afectada por la tormenta Manuel y por los recientes sismos.
El maestro Miguel Ángel Ventura Ramos recriminó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno los han mantenido en la incertidumbre, porque aún desconocen dónde van a construir el plantel.
“Seguimos dando clases en aulas móviles, en condiciones deplorables. Los niños sufren porque están incomodos, porque no tienen un espacio idóneo para recibir clases”, dijo.
Por lo que manifestó que los maestros y padres se han visto en la necesidad de emplazar a las autoridades educativas, para que asuma compromisos formales y les den una respuesta firme. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Se aseguraron seis vehículos, cinco con reporte de robo, en Apaxtla: SSP estatal

Alejandro Guerrero / Israel Flores

Iguala / Ciudad Altamirano

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que como resultado de los recorridos realizados el fin de semana en Apaxtla, fueron asegurados seis vehículos, entre ellos cinco con reporte de robo y algunos rotulados por la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
Mientras que este lunes, pobladores de la cabecera municipal de Apaxtla y el vocero del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), Heliodoro Ocampo Blas, denunciaron presuntos cateos sin autorización en casas y negocios, durante los cuales acusan que policías estatales y ministeriales robaron dinero, alhajas y otros objetos, como herramientas de trabajo.
Asimismo, se informó que los ocho policías comunitarios detenidos en el recorrido implementado el sábado en Apaxtla, fueron puestos a disposición en el Ministerio Público de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente, y también se pusieron a disposición en el Ministerio Público federal en Ciudad Altamirano, cuatro armas largas de cacería, decomisadas en Apaxtla por policías estatales el viernes, las cuales fueron traídas a Tierra Caliente debido a los bloqueos que había en Iguala.
En un comunicado de prensa, difundido a las 12:30 de la tarde de este lunes, por la SSP estatal, se informó que los aseguramientos se realizaron durante recorridos de vigilancia en Apaxtla, aunque no se precisa el día.
Indica que fue asegurada una camioneta Nissan pick up, con placas de Oaxaca, sin reporte de robo, en la que se hallaron cuatro balas, sin mencionar el calibre. Asimismo, cinco vehículos con reporte de robo: dos camionetas pick up, una Nissan Frontier y otra Ford Ranger, ambas sin placas; otra camioneta Nissan pick up y un automóvil Nissan Versa blanco, los dos con placas de Morelos.
El aseguramiento se da como parte del programa desplegado desde la mañana del sábado en Apaxtla, en coordinación con la Policía Estatal, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Marina y Ejército.
De acuerdo con el vocero del MAAC, Helidoro Ocampo Blas, algunos de los vehículos fueron confiscados el sábado, luego de los recorridos desplegados y otros durante operaciones realizadas este domingo. Dijo que algunos de ellos, los rotulados, pertenecían a la autodefensa de Tlacotepec y otros dos al MAAC, pero de la anterior administración.

“Literal, vinieron a robar”, dice una mujer en un video

El coordinador del MAAC informó por teléfono que pobladores de Apaxtla denunciaron que efectivos de la Policía Estatal y de la Ministerial del estado, estaban entrando a las casas y negocios para realizar cateos, pero sin presentar una orden judicial.
Dijo que durante estas irrupciones ilegales, que empezaron a realizar desde la noche del domingo, los uniformados han robado dinero, alhajas, objetos “y todo lo que puedan”, pero que la gente tiene miedo a presentar las denuncias por temor a las represalias.
Mediante videos que fueron difundidos por los vecinos en las redes sociales, se denunció que los policías que entraron a sus casas, robaron todo lo que pudieron, “literal, vinieron a robar”, se escucha decir a una mujer.
En otra grabación, se denuncia que “no es justo” que hagan eso y que en un negocio se robaron máquinas para hacer tatuajes y cables, además de que robaron cadenas que tenían guardadas en un alhajero de metal, también de hacer un desorden, “vinieron a robar aquí, es gente ratera la que viene a Apaxtla”, denunciaron.

Los ocho detenidos trasladados a Coyuca de Catalán

El vocero del MAAC informó que los ocho policías comunitarios detenidos el sábado, durante el recorridoo, fueron trasladados y puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, y no en el distrito judicial de Teloloapan o el de Iguala.
Entre los detenidos, dijo, están seis comunitarios de Heliodoro Castillo y dos de la autodefensa del MAAC.

Ponen a disposición en Ciudad Altamirano armas decomisadas en Apaxtla

Personal de la Fiscalía Regional de Coyuca de Catalán puso a disposición, en el Ministerio Público federal de Ciudad Altamirano, cuatro armas largas de cacería decomisadas por policías estatales en Apaxtla el sábado, las cuales fueron llevadas a Tierra Caliente debido a los bloqueos que había en Iguala.
Fue hasta el lunes cuando el personal de la Fiscalía de Coyuca de Catalán trasladó a la oficina del Ministerio Público federal en Altamirano las armas que fueron decomisadas, para continuar con el procedimiento legal.
Se trata de las armas que fueron aseguradas por la Policía Estatal y el Ejército al ingresar a Apaxtla, en donde se informó de la detención de ocho personas, de las cuales se desconoce su situación legal.
Entre las armas que decomisaron se encuentran dos rifles calibre 22, una de ellas tipo mosquetón; y dos escopetas, todas de calibres autorizados para cacería.
Este material iba a ser puesto a disposición en la misma región Norte, en Iguala; sin embargo, debido a las protestas de transportistas que cerraron esa ciudad, la Policía Estatal trasladó todo el material a Coyuca de Catalán, para ser puesto a disposición en la agencia del Ministerio Público del fuero común, donde a su vez recibieron el material y este lunes lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público federal.
La fiscalía turnó el caso a la federación, para que le dé continuidad a la investigación de las armas.