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Pide la ONU-DH “redirigir de manera profunda” la investigación de Ayotzinapa

Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa

Concuerda con el cuadro manifiesto de graves irregularidades al que hace referencia la sentencia del tribunal de Tamaulipas, dice el representante del organismo, Jan Jarab

Agencia Proceso

Ciudad de México

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.

La PGR buscará “aclarar” la sentencia del caso Ayotzinapa, dice Navarrete Prida

El gobierno federal buscará la manera de aclarar la sentencia emitida por un tribunal federal sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, indicó el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de impugnar el fallo que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Existen mecanismos jurídicos para, sobre todo, clarificarla (la sentencia)”, respondió.
“A qué se refieren los magistrados con una resolución que, cuyo contenido, no existe esas figuras en el orden constitucional mexicano y generan muchas dificultades”, agregó en referencia a la Comisión de la Verdad que los jueces ordenaron instalar.
Según la sentencia esta Comisión de la Verdad estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, pero sólo los primeros podrían indicar las líneas de investigación a seguir y tendrían autorización para ingresar a zonas militares para buscar a los desaparecidos.
“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes”, dijo Navarrete Prida.
“En este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés, es encontrar la verdad y hacer justicia”.
El funcionario evitó responder si el tribunal se extralimitó y sólo dijo que respetaba la sentencia.
“Corresponde en el marco de la ley a las instituciones encargadas de hacerla valer (la PGR), responder ante cualquier circunstancia que se da donde son parte procesal”, agregó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

La PGR buscará “aclarar” la sentencia del caso Ayotzinapa, dice Navarrete Prida

El gobierno federal buscará la manera de aclarar la sentencia emitida por un tribunal federal sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, indicó el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de impugnar el fallo que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Existen mecanismos jurídicos para, sobre todo, clarificarla (la sentencia)”, respondió.
“A qué se refieren los magistrados con una resolución que, cuyo contenido, no existe esas figuras en el orden constitucional mexicano y generan muchas dificultades”, agregó en referencia a la Comisión de la Verdad que los jueces ordenaron instalar.
Según la sentencia esta Comisión de la Verdad estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, pero sólo los primeros podrían indicar las líneas de investigación a seguir y tendrían autorización para ingresar a zonas militares para buscar a los desaparecidos.
“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes”, dijo Navarrete Prida.
“En este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés, es encontrar la verdad y hacer justicia”.
El funcionario evitó responder si el tribunal se extralimitó y sólo dijo que respetaba la sentencia.
“Corresponde en el marco de la ley a las instituciones encargadas de hacerla valer (la PGR), responder ante cualquier circunstancia que se da donde son parte procesal”, agregó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Revisará la Suprema Corte el amparo de Pineda Villa contra el auto de formal prisión por cohecho

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) revisará el amparo de la ex primera dama de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, contra la formal prisión que se le dictó en 2015 por cohecho, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la sentencia que revisará la Primera Sala en fecha aún por definir, el magistrado de circuito Sabás Pérez García resolvió que Pineda tiene derecho a ser procesada por jueces federales de Morelos, donde está recluida, y no por los tribunales de Tamaulipas donde se concentran los casos contra los involucrados en el caso.
El amparo de Pineda Villa, esposa del ex Alcalde de Iguala José Luis Abarca, era uno de los cinco acusados por el caso Ayotzinapa que en 2017 llegaron al mismo tiempo al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en Ciudad Reynosa.
El 1 de febrero los magistrados acordaron enviar ese amparo a la Corte para que resuelva un tema de Constitucionalidad planteado por Pineda Villa, que no fue incluido en las demandas de los otros acusados. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Es “de locos” la sentencia por el caso Ayotzinapa, dice Miranda de Wallace y anuncia amparos

La activista Isabel Miranda de Wallace calificó como “de locos” la resolución de un tribunal que concluye que la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, y ordena crear una Comisión de la Verdad.
Anunció que la organización Alto al Secuestro que preside interpondrá amparos contra de la sentencia,“ no estamos de acuerdo en que cada vez se le reste más potencia al Estado, es decir que el Estado pierda facultades para poder investigar”.
En un hecho inédito el 4 de junio un tribunal colegiado ordenó crear -en 10 días- una Comisión de la Verdad integrada por representantes de las víctimas, de la CNDH y del MP de la federación, a fin de investigar la desaparición de los 43 normalistas.
En conferencia ayer Miranda de Wallace sostuvo que contrario a la Constitución y a la ley, la resolución del tribunal convierte al Ministerio Público en un mero observador y permite a quienes no tienen facultades realizar las investigaciones.
Consideró que el grupo criminal Guerreros Unidos, que según las investigaciones está detrás de la desaparición de los jóvenes, “metió las manos por medio de mucha gente” para tratar de liberar a sus líderes detenidos y procesados. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Exigen justicia para Antonio Vivar y la presentación de los 43 en la UPN en Tlapa

La Licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral (LDCI) de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) con sede en Tlapa, organizó el panel Víctimas de la violencia donde participaron familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y del activista asesinado por policías federales el 7 de junio de 2015, Antonio Vivar Díaz para exigir justicia en ambos casos.
En la actividad para recordar que hace tres años fue asesinado Vivar Díaz estuvieron Calixta Valerio y Jorge, madre y hermano de Mauricio Ortega Valerio, normalista de Ayotzinapa desaparecido el 26 de septiembre de 2014, quienes dijeron que esperan justicia porque su familiar se fue con la ilusión de aprender para ser maestro, y ahora está desaparecido lo que les causa dolor.
Pidieron que los sigan apoyando en la exigencia de justicia y presentación con vida de su hijo me’phaa de la comunidad Montealegre, Malinaltepec, que egresaría este año.
Avertano Vivar Díaz hermano de Antonio comentó que al recordarlo le asalta la rabia y el dolor por la falta de justicia y ante la impunidad del caso, y que se han mantenido al margen de las acciones para recordarlo por el temor de ser agredidos.
Mencionó que las historias de Antonio y Mauricio se enlazaron cuando el primero se involucró en la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes, que llevó al intento de boicot electoral ante la falta de respuestas del Estado de presentarlos con vida, y en Tlapa derivó en el desalojo del Ayuntamiento por un grupo de choque, la represión a los profesores, la detención de civiles el día de la jornada electoral y el asesinato de su hermano a manos de policías federales.
Dijo que se metió a la lucha en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) porque la consideró justa al exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que le da el seguimiento al caso de su hermano en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera dijo que esas familias han colocado en el país un tema importante, el de los desaparecidos en México, y puesto en descredito a las autoridades federales en el plano internacional que se coluden con el crimen para blanquear el dinero y seguir en el poder. (Carmen González Benicio / Tlapa).

 

Celebran ONG el fallo por el caso Ayotzinapa y califican de “histórica” la sentencia

Las asociaciones civiles de derechos humanos que representan a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, calificaron de “histórica” la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordenó reponer el procedimiento de la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y la creación de una Comisión para la Justicia y la Verdad para este caso.
Destacaron entre otros puntos de la sentencia, “la actuación parcial y sin autonomía” de la Procuraduría General de la república (PGR) que no exploró líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército y a la Policía Federal, ni posibles actos de tortura que también se atribuyen a la Secretaría de Marina Armada de México.
En un comunicado Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideraron importante la resolución como un aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso, frente a múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Mencionan que el gobierno federal siempre dijo que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria, “hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible, y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.
Aclararon que los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 que motivaron la sentencia Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito fueron presentados por algunos acusados, que señalaron haber sido objeto de tortura, no fueron promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

La investigación de la PGR estuvo dirigida

De la sentencia destacaron que el tribunal “pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes”.
La resolución “insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía, por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma”.
Señalaron la ausencia de independencia e imparcialidad de PGR que se plasma en el párrafo 1033 de la sentencia, donde dice que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal, y encima de ello tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.
Asimismo, en el párrafo 1148 de la sentencia se indica que la investigación de la PGR “estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan”.
En el 1149 agrega que “al conceder un peso excesivo a la referida versión se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.
Por lo anterior el tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párrafo. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR.
Puntualiza que en su conformación debe haber participación de las víctimas, de sus representantes, de la CNDH y de organismos internacionales, y recomienda un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó dos periodos en la investigación.
Las ONG exigieron un compromiso público del gobierno federal en lo que resta del sexenio de que no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del caso, y que la implementación del fallo sea previamente consultada con las víctimas y sus representantes.

 

Se deteriora su salud y no tienen ayuda del gobierno, denuncian familiares de asesinados y desaparecidos

Organizaciones y colectivos de familiares de desaparecidos y asesinados señalaron la falta de atención médica, y que su salud cada vez se agrava por las secuelas y el desgaste por buscar a sus parientes y exigir justicia.
Además, si les dan la atención médica en el sector salud hay medicamentos que no se los surten, sobre todo los controlados, y si tienen que ser remitidos sus casos a clínicas fuera de sus ciudades de origen la falta de recursos económicos les impiden trasladarse.
Desde hace tres años la indígena nahua Reyna Hernández clama justicia y la aparición de su esposo Miguel Heredia, un taxista que desapareció en Chilapa, dejó desamparados a sus cuatro hijos, uno de ocho años, otro de seis y dos más de cuatro.
Reyna padece un cuadro de depresión severo por la ausencia de su esposo, y tuvo que ser remitida de urgencia con un psiquiatra
“Yo también ando buscando a mi marido, está desaparecido, por eso sigo aquí buscando, además tengo cuatro hijos… yo ya estoy enferma, la verdad yo quisiera que el gobierno nos escuchara, que nos apoyara, no me puedo atender porque no tengo dinero, no puedo venir para atenderme y a luchas me alcanza para mis hijos”, expresó la mujer con su voz quebrada entre sollozos.
Agregó que tiene problemas con la familia de su esposo, con quienes vive violencia que no puede soportar más.
Dijo que quisiera que las autoridades apoyaran a las familias porque en su caso no puede salir adelante con sus hijos, ya no sabe qué hacer porque el gobierno no los ayuda, e insistió que seguirá asistiendo con el resto de las víctimas, porque no se va a quedar callada.
“La verdad yo sufro mucho por mi familia y por mis hijos… a veces no tengo qué les voy a dar de comer, a veces que tortilla con sal porque no nos apoyan con nada, si nos apoyaran cada mes ya nos apoyan con algo”, insistió.
Dijo que trabaja en casas para poder darles de comer a sus hijos, le diagnosticaron una enfermedad psicológica grave que prefirió no decir, pero tuvo que ser remitida a la Unidad de Atención Psicológica en Chilpancingo, donde le informaron que tiene que ir cada dos días, pero no le financian el traslado que es de unos 300 pesos por día.

La situación de las víctimas

El director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández expuso que las víctimas, sobre todo mujeres indígenas de la región Montaña bajas es grave en distintos sentidos, tienen una situación de salud deteriorada porque no han podido localizar a sus familiares desaparecidos, que va de la cuestión física a la psicológica.
Abundó que es preocupante que las autoridades y las diferentes instituciones que se han creado para atender a las familias no den resultados, y que por derecho corresponde a las víctimas directas de la desaparición y ejecución.
El médico del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) Raymundo Díaz Taboada expuso que han venido acompañando a las víctimas de Chilapa y Zitlala desde hace medio año, por lo que vienen rastreando los impactos de la violencia y en particular las desapariciones forzadas y ejecuciones han dejado en las familias.
“Nosotros hemos podido ver que lo que se llaman secuelas psicosociales, tiene que ver con ansiedad, con miedo, con preocupación, pero no son las preocupaciones cotidianas… se trata de una angustia por el estado de salud, por la vida del desaparecido, es una preocupación que afecta el sueño, el apetito de las personas, afecta las funciones intelectuales, las capacidades físicas, este permanente estado de estrés provoca un cansancio permanente”, detalló.
Abundó que ocasiona un desgaste psicológico y físico, esta situación de angustia permanente agudiza las enfermedades que ya había en las personas antes de las desapariciones, como la hipertensión, la diabetes, dolores reumáticos y la artritis, y facilita la aparición de enfermedades agudas que podrían ser problemas respiratorios, digestivos o de la piel.
Agregó que está la falta de recursos económicos, pues los desaparecidos generalmente eran los proveedores económicos de las familias, por lo tanto la familia se tiene que recomponer para buscar el sustento económico y hacer la búsqueda y localización de su desaparecido.
Dijo que en la cuestión médica como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Secretaría de Salud (Ssa) y los programas sociales a los que no todas las familias tienen acceso, no ven que las familias son víctimas y los siguen tratando mal, a pesar de que requerirían atención especializada porque están en una situación vulnerable.
Reprochó que ha pasado que a los familiares les dan una receta que no pueden surtir en sus pueblos, que es un gasto más, la Ssa les sigue diciendo durante 20 días que no tiene el medicamento, con la escusa de que la dependencia no tiene dinero.
Resaltó que el estado mexicano debería dar los recursos suficientes para personas que viven un hecho traumático tengan el apoyo necesario para sobrellevar la situación.
Manuel Olivares contó que el 11 de mayo sostuvieron una reunión en la CEAV y que resulta indignante y frustrante que no se entienda desde el punto de vista de víctimas.
Mencionó que esa comisión ejerce 19 millones de pesos, 10 millones debieron de haber sido canalizados al fondo de ayuda para las víctimas, y resulta preocupante que una de las cuestiones burocráticas e inhumanas es que les digan que a las personas no se les puede dar el apoyo si no comprueban el recurso.
Agregó que en caso de que a alguna familia se le notifique que algunos restos pertenecen a su familiar desaparecido, ellas mismas deben costear el gasto.
Expuso que el 16 de este mes se llevó a cabo la jornada de salud en Chilapa, después se trajeron a la capital 16 recetas que no fueron surtidas, esto cinco días después de la consulta, cuando la obligación de la Ssa era llevar los medicamentos. Quedaron seis medicamentos pendientes que son controlados.
“Exigimos que las instancias y el gobierno sean más flexibles, más sensibles con las víctimas, no es posible que si no fueron capaces de garantizar la seguridad personal, el derecho a la vida, hoy ni siquiera tengan la capacidad de proporcionar esos apoyos a los familiares de los desaparecidos”.

El gobernador se negó a recibir a las víctimas, denuncia colectivo

La representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, Guerrero y el país, María Guadalupe Rodríguez Narciso resaltó que tienen muchas quejas principalmente en contra del gobernador Héctor Astudillo Flores, porque quisieron reunirse con él para evitar los problemas que están pasando las víctimas y se negó a recibirlos.
Antes los recibió dos veces pero les dijo que sólo tenía media hora para atenderlos y que desde ese momento se vio la negativa de atender a las víctimas.
Expresó que también tienen muchas quejas en contra del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, porque su personal no cumple, por ejemplo pidieron atención psicológica para una familia de Xochipala que estaba a punto de recibir el cuerpo de su hijo, y querían que la prepararan para levantarse de la cama pues sufre de pie diabético, fue una ambulancia, le pidieron sus datos y no regresaron más.
Dijo que por eso decidieron reunirse y exigirle al gobernador que no los engañe.
“Hemos dicho de frente, se los hemos dicho: ustedes están en complicidad con el crimen organizado porque no hacen nada, no hay investigaciones”.
Olivares Hernández informó que tienen documentadas 105 desapariciones de Chilapa, Zitlala y Atlixtac desde el 2013, y el lugar donde se perpetua el hecho es en Chilapa.
Puntualizó en el caso de Chilapa, Zitlala y Atlixtac, hubo un auge de desapariciones del 2015 al 2017 y que en este año hay más ejecuciones, y que es un problema que debe darse seguimiento para saber por qué deja de haber desaparecidos pero hay una gran cantidad de ejecuciones.
En Chilpancingo se tienen documentados 400 desaparecidos desde el 2010 a la fecha, y de este año tienen un registro de seis, pero los familiares no se quieren integrar a los colectivos.
Olivares Hernández indicó que ante este panorama los han llevado a buscar otros espacios y hacer esfuerzos de coordinación a nivel nacional, por ello el miércoles en la Ciudad de México harán el foro Desaparición de Personas, Actualidad y Contexto de una Ley Ausente.

 

Detienen a ex policía de Iguala, presunto involucrado en la desaparición de los 43, difunde la Segob

Policías federales y ministeriales detuvieron en Chautengo, municipio de Florencio Villarreal, región de la Costa Chica, a un ex policía municipal de Iguala que es señalado como uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos el 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con reportes, la noche de la desaparición de los estudiantes, el ex agente, identificado como Alejandro, fungía como supervisor de turno.
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo ayer domingo en una rueda de prensa que el arresto se llevó a cabo en el estado de Guerrero por parte de personal de la Policía Federal y elementos de la Fiscalía de ese estado.
El sujeto, identificado únicamente como Alejandro “N”, cuenta “con una orden de aprehensión vigente por los delitos de delincuencia organizada y secuestro”.
El ex policía es “probable responsable de los hechos ocurridos en septiembre de 2014”, agregó el secretario.
Durante la detención, que se dio dentro del operativo de seguridad Escudo Titán, “no fue necesario realizar un solo disparo”, aseguró Navarrete.
De acuerdo con la versión oficial, la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías corruptos y entregados a miembros de un grupo criminal, los Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula.
No obstante, esta versión ha rechazada por los familiares como por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes después de hacer una investigación manifestaron las incoherencias del relato del gobierno y resaltaron la necesidad de desarrollar otras líneas de investigación.
Hasta el momento, 129 personas han sido imputadas dentro de la indagatoria del caso Iguala, y el Ejecutivo ha expresado su intención de llegar a conclusiones este mismo año (Agencias EFE y Reforma / Ciudad de México).

 

Protestan padres de los 43 en la Cdmx; este año concluirían sus estudios los desaparecidos

En punto de las 5 de la tarde familiares y amigos de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la capital del país.
Acompañados por estudiantes de la normal, integrantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, el colectivo Rosas Rojas Juárez —contra el feminicidio en Ciudad Juárez—, la Preparatoria Popular Tacuba Obrera y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, así como ciudadanos que no pertenecen a ninguna organización civil, padres y madres de los 43 recordaron que hoy se cumplen 44 meses de la desaparición forzada de sus hijos.
Este año, hicieron notar, habrían concluido sus estudios en la Normal.
La marcha a la cual acudieron al menos mil personas cruzó Paseo de la Reforma a la avenida Juárez. En el camino estudiantes de la normal reclamaron que a unos meses de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto, no existe interés de investigar el caso.
Específicamente los estudiantes denunciaron la negativa de investigar la participación del 27 Batallón de Infantería y de agentes de la Policía Federal, municipal y ministerial en los ataques ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Tampoco se ha dado a conocer a los familiares de las víctimas los análisis de geolocalización ni los contenidos de las conversaciones de los teléfonos celulares de los estudiantes.
Además la Procuraduría General de la República no ha investigado el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión que sufrieron los estudiantes.
Al llegar al Antimonumento a los 43 en la esquina de Reforma y Bucareli, los contingentes hicieron un pase de lista y exigieron la presentación con vida de los 43 desaparecidos. Posteriormente se dirigieron al Hemiciclo a Juárez, a donde llegaron a las 6:15 de la tarde.
Melitón Ortega, vocero de los padres, lamentó que a cuatro meses de los hechos ocurridos en Iguala las autoridades no tienen interés ni voluntad política de esclarecer el caso, “lo único que queremos decir es que los queremos de regreso”.

 

No saben si volverán a las calles, dicen policías de Chilpancingo a más de cuatro meses encuartelados

Después de más de cuatro meses encuartelados los 71 agentes de Tránsito y 120 policías municipales de Chilpancingo dijeron que no les han informado cuándo o si regresarán a las calles, mientras que los agentes estatales aún se encargan de la seguridad y de las vialidades en esta ciudad.
El 4 de enero la Policía Municipal de Chilpancingo fue desarmada junto a los agentes de Tránsito por soldados del Ejército, policías estatales y federales, luego de ser señalados de la desaparición de siete jóvenes en la última semana del año pasado, dos de los cuales aparecieron muertos.
Un policía municipal quien se reservó su nombre contó que el gobierno estatal y el municipio no les han notificado cuándo regresarán a las calles, “para proteger la integridad física de la población”.
Dijo que continúan encuartelados los 120 policías municipales, que reciben capacitación y adiestramiento, además cobran su salario de manera normal.
“Todos los policías recibimos capacitación para mejorar el servicio de seguridad, las autoridades no nos han dicho cuándo vamos a regresar a la calle a trabajar, pero eso sí, la gente nos va a catalogar como bichos raros, ya vez lo que pasó en diciembre (las desapariciones de jóvenes a manos de policías), pero no todos somos así”, declaró.
El agente expuso que esperarán las indicaciones de las autoridades para saber su situación, si regresarán a trabajar o no, “como policías nos conviene estar aquí encerrados sin trabajar y cobrar nuestro salario, pero no es eso, el asunto es salir a la calle para bajar la violencia que hay en la ciudad”.
Un policía de Tránsito municipal informó que han acudido a la Fiscalía General del Estado (FGE) para pedir información de por qué los agentes de esa corporación están encuartelados, “sólo nos dicen que no saben cómo van las investigaciones del caso y desconocen por qué no salimos a trabajar, no saben nada, estamos jodidos”.
Dijo que 71 agentes de la corporación continúan concentrados en el cuartel de la Policía Municipal y desconocen cuándo regresarán a las calles a trabajar, y también cobran de manera normal su salario.
El alcalde de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas dijo que están bajo investigación de la Fiscalía General del Estado por la desaparición de los jóvenes, y que regresarán a laborar de manera paulatina.
El Sur publicó el 23 de enero que familiares de los policías municipales que fueron desarmados el 4 de enero tras ser acusados de la desaparición de siete jóvenes, protestaron en la explanada de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), para exigir a los tres órdenes de gobierno investigaciones conforme a la ley, que se responsabilice a los policías involucrados pero no al resto de la corporación, y de los desaparecidos no se ha dado a conocer información. (Luis Blancas / Chilpancingo).