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Asesinan al velador de un salón donde habría una actividad del candidato del PRI-PVEM en Iguala

 

El velador del salón de eventos Vic, propiedad del ex secretario general del Comité Directivo municipal del PRI en Iguala, Davic López Rodríguez, fue ejecutado a balazos; mientras que en hechos distintos una mujer policía ministerial de Iguala resultó herida de un rozón en la cabeza.
Por otro lado, tras un enfrentamiento con civiles armados en la carretera estatal Huitzuco-Copalillo, en la comunidad de Apanguito, Atenango del Río, policías estatales frustraron la privación de la libertad de dos comerciantes de la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
En lo que va del año, en Iguala suman ya 64 ejecuciones en hechos en los que presuntamente estuvieron relacionados miembros de la delincuencia organizada, de acuerdo con el recuento de notas publicadas en El Sur.
Según reportes de fuentes policiacas, después de las 4 de tarde de ayer, se denunció al 911 la agresión a balazos al joven velador del salón Vic, identificado como Carlos Noé de 19 años.
Minutos después se confirmó su muerte adentro del salón, donde más tarde el candidato del PRI-PVEM, David Gama Pérez tendría una actividad proselitista con mujeres, que por este hecho fue suspendido.
El salón ubicado en el bulevar Heroico Colegio Militar, entre el cuartel del 27 Batallón de Infantería y las instalaciones de la Fiscalía regional, que lleva hacia la comunidad de Tuxpan y la caseta de peaje de la autopista Iguala-Cuernavaca, es propiedad del priista Davic López Rodríguez, quien es parte de su estructura de campaña del candidato a la alcaldía y diputado local con licencia, David Gama.
Según los primeros reportes, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al lugar para asaltar al velador, quien presuntamente se resistió y fue atacado a balazos. Los agresores huyeron y el joven murió en el lugar a causa de un impacto de bala en el cuello.
La zona fue acordonada por policías ministeriales, estatales y municipales. Durante las diligencias, peritos y agentes del Ministerio Público hallaron un casquillo percutido calibre .45 milímetros. Después el cuerpo fue llevado a las instalaciones de la morgue de esta ciudad.
Por separado, fuentes policiacas informaron que alrededor de las 3:15 de la tarde de ayer, hombres armados intentaron asaltar a una agente ministerial en la colonia Las Américas II, cerca de la comunidad de Tuxpan.
Minutos después se dio a conocer que la agresión fue contra una agente de la Policía Ministerial adscrita a la Coordinación de Delitos Sexuales del Distrito Judicial de Hidalgo, de nombre Rebeca, quien fue lesionada de un rozón de bala en la cabeza.
Según versión de testigos, cuando la mujer viajaba en su carro Chevrolet Spark color azul, en la calle Tlatel, de la colonia Américas II, rumbo a Tuxpan, al oriente de la cabecera municipal, se le acercaron por el lado del conductor tres hombres que iban en una motocicleta, quienes le apuntaron con pistola para obligarla a detenerse.
Al percatarse, la agente ministerial subió la ventanilla del carro y los pistoleros le dispararon, logrando que una bala le rozara la cabeza.
Los delincuentes, que presuntamente la quisieron asaltar, huyeron, y la agente se trasladó a un hospital para recibir atención médica, donde más tarde fue reportada estable y fuera de peligro.

Frustran secuestro de dos comerciantes en Apanguito, Atenango del Río

Policías estatales pertenecientes a la región Norte, que hacían un recorrido de vigilancia en la carretera estatal, al llegar al poblado de Apanguito, municipio de Atenango del Río, vieron una camioneta Ford de carga atravesada en la carretera y a cuatro hombres portando armas de grueso calibre que, presumiblemente, estaban asaltando a los tripulantes de la camioneta.
De acuerdo con un comunicado difundido por el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, los civiles armados atacaron a balazos a los policías y estos repelieron la agresión, iniciando un enfrentamiento.
Momentos después, los hombres armados se internaron entre la maleza, llevándose con ellos a una de las víctimas, con la intención de privarlo de la libertad, pero al ver que no iban a lograr si objetivo lo liberaron metros adelante y se dieron a la fuga.
Se informó que las víctimas eran un joven de 20 años y un hombre de 57, quienes dijeron ser vendedores de una empresa independiente y que viajaba de la localidad de Copalillo hacia la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
Relataron que los cuatro hombres estaban escondidos entre la maleza, y al pasar por el lugar les marcaron el alto y los amagaron con sus armas, despojándolos de 90 mil pesos en efectivo y documentos personales.
Se informó que la camioneta marca Ford tipo F-350, cabina color rojo con caja blanca y placas de circulación NW-11-695 del estado de Morelos presentaba 11 impactos de arma de fuego en el costado derecho, y dentro de la cabina se hallaron cuatro cartuchos percutidos calibre 7.62×39, usados para fusil AK-47 o cuerno de chivo.
Se informó que los hombres rescatados y la camioneta fueron presentados ante la autoridad competente para abrir una carpeta de investigación.

Reporta como desaparecidos a su esposa y a su hijo de dos años; no sabe de ellos desde la semana pasada

En hechos distintos, la mañana del lunes se denunció en la agencia del Ministerio Público con sede en Iguala, la desaparición de una mujer y su hijo de dos años, ocurrida el martes de la semana pasada.
Fuentes de seguridad pública informaron que el esposo de una mujer de nombre Edilene, de unos 25 años, denunció la desaparición de ella y de su hijo de dos años de edad.
Informó que la última vez que los vio fue alrededor de las 3 de la tarde del martes de la semana pasada, cuando salieron de su casa, ubicada en el barrio de San Miguel hacia el centro de la cabecera municipal de Cocula; sin embargo, ya no regresaron y no ha sabido nada de ellos.
El esposo de la mujer informó a las autoridades que la ha buscado con familiares, amigos y en clínicas de Cocula e Iguala, sin embargo no los ha localizado. De acuerdo con las fuentes consultadas hasta la tarde de ayer la mujer con su hijo seguían desaparecidos.

Detienen en distintos hechos a hombres armados en Chilpancingo y Zihuatanejo

La Policía Estatal detuvo el lunes a un hombre que portaba un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, cocaína, mariguana, dinero y un carro, en Zihuatanejo; y en hecho distintos, policías detuvieron a un hombre con un arma en Chilpancingo.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal difundió un comunicado la tarde de ayer, para informar que los uniformados recibieron una llamada el lunes, para avisar que en la colonia Aeropuerto de Zihuatanejo habían un coche Seat Ibiza blanco con dos hombres armados, los policías se trasladaron al lugar y, en una “calle de terracería los oficiales visualizaron el vehículo que circulaba hacia ellos”.
Agregan que el copiloto del carro descendió y corrió hacia la maleza, logrando huir, mientras que el conductor hizo “una maniobra para huir en sentido opuesto, pero fue alcanzado por los oficiales, quienes le solicitaron mediante el altavoz de la unidad patrulla que se detuviera, atendiendo a la indicación”.
El hombre se identificó como Juan Manuel, de 31 años de edad, al ser revisado se le halló fajada en la cintura un arma de fuego tipo escuadra calibre 45 milímetros, un cargador metálico abastecido con siete cartuchos útiles, en una bolsa de hombre 500 dosis de cocaína, un teléfono celular, y 3 mil 500 pesos en efectivo.
En los asientos delanteros del carro había una bolsa negra con 13 bolsas de plástico con marihuana, con un peso 400 gramos.
En otro hecho, policías estatales detuvieron a un hombre armado, más de 50 cartuchos útiles, 9 mil 525 pesos en efectivo en la colonia Jardines del Sur, en Chilpancingo; en el mismo hecho fueron detenidos dos hombres por alterar el orden público.
En un boletín de prensa, la dependencia indicó que, a las 8:55 de la noche del lunes recibió un reporte de que había hombres en estado de ebriedad a bordo de motocicletas que alteraban el orden público en este asentamiento.
Los policías ubicaron afuera de un negocio de reparaciones de celulares en la calle Fresno, en esta colonia, a “tres hombres con actitud agresiva, motivo por el cual se les solicitó realizarle una revisión”.
En el lugar fueron detenidos Miguel Ángel de 29 años, a quien le fue hallada fajada en la cintura una pistola tipo escuadra calibre 22 milímetros, abastecido con 10 cartuchos; en una bolsa del pantalón llevaba un cargador desabastecido y una caja con 46 cartuchos útiles del mismo calibre y 9 mil 525 pesos.
“En tanto, los otros dos hombres identificados como Flavio de 32 años y Luis Rey de 24, a quienes no se les localizó objetos ni sustancias ilícitas, fueron presentados ante un Juez Calificador por alteración al orden público”, indica el boletín.

 

Conmemoran maestros, normalistas, activistas y organizaciones los 45 meses de los ataques en Iguala

Integrantes de la CETEG, de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la marcha en Chilpancingo para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos, a 45 meses de los ataques en Iguala Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Luego de 45 meses de los ataques a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, maestros, normalistas, activistas y defensores de derechos humanos marcharon en la capital e hicieron un mitin en el antimonumento a los 43 jóvenes desaparecidos, para exigir su presentación con vida y el esclarecimiento de los hechos.
En las acciones participaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero y normalistas de Ayotzinapa, quienes se reunieron en la alameda Granados Maldonado, para marchar hasta el antimonumento a los 43, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas.
“Porque el color de la sangre no se olvida, los masacrados serán vengados”, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Ayotzi vive, la lucha sigue” y “no somos todos, nos faltan 43”, fueron algunas de las consignas que los manifestantes corearon al unísono durante el recorrido. Al llegar al antimonumento, un agente de Gobernación que tomó fotos de la protesta fue ubicado por los inconformes, quienes exigieron a las autoridades que cese el hostigamiento en su contra.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, expresó que durante 45 meses la lucha es por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los más de 36 mil desaparecidos en el país, que llevan más de 5 años sin volver a sus hogares, por ello “las luchas deben hermanarse” y lamentó que en la protesta hubo pocos participantes.
Señaló que la mayoría de las personas están concentradas en el proceso electoral y tienen la esperanza de que con un nuevo gobierno cambiará la situación en el país, pero “la lucha de las madres, padres y los hijos de los desaparecidos va más allá de las urnas electorales”. Dijo que cuando terminen las elecciones “volverán a la realidad, se darán cuenta de que las urnas no dan libertad ni igualdad social, nunca nos van a hacer iguales unos con unos”, la burguesía será la que mandará, mientras el pueblo no se decida a movilizarse.
Declaró que en la lucha “están los que realmente sienten el compromiso con las mamás, con los papás, con todos los que han sufrido los estragos de la delincuencia organizada, del narcotráfico, de la corrupción y la impunidad que han sembrado los gobernantes”.
Consideró que “es realmente indignante” que los procuradores y fiscales del país estén en contra del fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la reposición de la investigación y la creación de una Comisión para la Verdad y la Justicia, porque los detenidos fueron torturados para declarar “lo que al gobierno le convenía”. Aseguró que “con esto” se acaban los intentos del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de cerrar el caso.
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, dijo que “la tarea fundamental es la unidad”, pues a pesar de la actual efervescencia política, “gane quien gane habrá necesidades, habrá pobrezas, habrá perseguidos, habrá encarcelamientos y habrá asesinatos”, por ello es necesario que todos los sectores actúen de manera conjunta.
Recordó que ya viene la conmemoración de las matanzas de El Charco y Aguas Blancas, y en ese sentido reconoció la labor del Centro Morelos y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; así como “los compañeros que a nivel internacional han evidenciado al Estado” pues la exigencia de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “es legítima”, pues el Ejército y el Estado están involucrados en los hechos.
Por su parte, un representante de la Normal Rural de Ayotzinapa expresó que “no es posible” que el sexenio de Peña Nieto esté por terminar, sin que haya resuelto el caso de la desaparición “de nuestros 43 hermanos”. Coincidió en que es necesaria la unidad de las organizaciones sociales y que es lamentable que la sociedad esté enfocada en el proceso electoral y se olvide de lo que está pasando en México, donde “ya sólo falta que nos privaticen el derecho a la vida”. Al concluir el mitin, los manifestantes entonaron el himno Venceremos.

 

Las procuradurías reciben línea del Ejecutivo, responde Vidulfo del fallo del caso Ayotzinapa

“Es una visión equivocada” dijo el abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, sobre el pronunciamiento de procuradores y fiscales del país en contra del fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordena una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para resolver el caso.
El jueves procuradores y fiscales que participaron en la 39 asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Acapulco, consideraron que el tribunal se “excedió” en sus atribuciones y que “vulnera el principio de Supremacía Constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público”.
Ayer vía telefónica Rosales Sierra dijo que las procuradurías no son independientes y reciben “línea” del poder Ejecutivo, además de que sus fallas en cuanto a la falta de acceso a la justicia, los abusos y las investigaciones imparciales e ineficientes “dan cuenta de la ineficacia del Ministerio Público, de la ineficacia y de las irregularidades de las procuradurías en su conjunto, incluyendo a la PGR”.
Dijo que en el país “se tienen que poner controles” a los ministerios públicos “que se han convertido en jueces instructores” y que el fallo del tribunal colegiado “pone el dedo en la llaga”.
Aseguró que los magistrados de Tamaulipas de ningún modo trasgreden el orden constitucional, “es una resolución y un criterio que tiene una interpretación amplia de la Constitución y de los derechos humanos”.
Expuso que los procuradores y fiscales están inconformes con la creación de la Comisión de la Verdad, pues consideran que el tribunal sólo debió ordenar la ilegalidad de las pruebas obtenidas bajo tortura y la liberación de los implicado, pero los magistrados interpretaron de manera amplia la constitución y están facultados a hacerlo conforme a los derechos humanos, así como a la ley.
Explicó que el tribunal analizó las pruebas ilegales que pesan sobre los detenidos, la utilización de la tortura, lo excluye y ordena la reposición de proceso pero también no deja en estado de indefensión a las víctimas.
Además los magistrados consideraron el protocolo de Minnesota que ordena la creación de comisiones independientes cuando hay casos de graves violaciones a los derechos, estos son la tortura, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial, y en el caso de Ayotzinapa ocurrieron los tres.
Por ello el tribunal ordenó la creación de la comisión no de manera independiente pero sí dentro de un marco “totalmente legal, constitucional” y no lo deben olvidar los procuradores: estará integrada principalmente por el Ministerio Público, no se le desplaza sino que “se le van a poner contrapesos dado que se observa en el caso Ayotzinapa una investigación sesgada, parcial, poco independiente” pues se investigó una sola línea, que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
“Para que no vuelva a ocurrir” se le ponen contrapesos al Ministerio Público, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los representantes legales de las familias de los normalistas, precisó que el tribunal no va a coordinar el trabajo de la comisión, lo hará el MP “y eso también debe quedar claro”.
“Desde nuestro punto de vista no habría razón para que hoy en día el ejecutivo, la PGR, estén soslayando el cumplimiento de esta resolución, sin embargo lo que estamos viendo es una estrategia” del gobierno federal encabezado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de la PGR “para omitir el cumplimiento de esta resolución”.
Informó que conoce que “en el plano formal”, la PGR recurrió a “incidentes” de incumplimiento del fallo y la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión a uno de aclaración, mientras que en el “plano mediático” se expresa que el fallo es inconstitucional, así como lo manifestaron los procuradores y fiscales en Acapulco.
Declaró que los siguientes días habrá “una cascada de opiniones conservadoras de carácter restrictivo de nuestro derecho constitucional, que van a tratar de socavar la resolución y sus efectos”, así como a la Presidencia de la República, a los diputados federales y la PGR, “queriendo avasallar a los padres”.
Lamentó la situación y añadió que habrá una disputa legal y mediática pues “a este gobierno no le bastó desaparecer a los estudiantes, no le bastó manipular las investigaciones, no le bastó cometer diversas irregularidades y tener en la impunidad a sus funcionarios, sino que ahora pretenden cuestionar la legalidad de un fallo judicial” e incumplirlo, “nos parece delicada la situación”.
Del planteamiento de la ONU-DH para que se deje en libertad a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, detenido equivocadamente por el caso Ayotzinapa, expresó que ilustra las irregularidades en la investigación.

 

 

Urge crear la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, dicen ONG ante el error de la PGR

La reciente revelación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la detención ilegal de Erick Sandoval Rodríguez por la Procuraduría General de la República (PGR), y presentarlo erróneamente como partícipe de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, es un elemento más que confirma la urgencia de cumplir la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para este caso, consideraron organizaciones que representan a los familiares de las 43 víctimas.
En un comunicado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Servicios y Asesoría para la Paz y Fundar Centro de Análisis e Investigación alertaron que la información dada a conocer por la CNDH en la víspera constituye “un nuevo y preocupante agravio contra las víctimas”, debido a que “viola el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad en su conjunto”.
Para los defensores resulta “indignante que a estas alturas, pese a que subsiste la atención de la opinión pública sobre el caso e incluso un monitoreo estrecho por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la PGR intente sorprender a las víctimas y a la sociedad”.
Los familiares de los 43 normalistas y las organizaciones que los representan exigieron “el acatamiento de la sentencia en sus términos”, al confirmarse las irregularidades halladas por el Tribunal Colegiado.
Las ONG puntualizaron que la revelación de la CNDH “es una prueba más de que asiste la razón al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito y que ha sido objeto de un amplio debate público”.
Igual recordaron que en la sentencia inapelable del tribunal se determinó que en la investigación del caso “se ha suscitado retraso, ineficiencia y falta de imparcialidad en las indagaciones respectivas”.
Entre los asuntos evidenciados por la CNDH, las organizaciones destacaron el control que mantiene la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) sobre la indagatoria del caso Ayotzinapa, a pesar de que de manera formal es responsabilidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Los representantes reprobaron la participación de la SEIDO, “a pesar de las múltiples irregularidades que han sido documentadas por la propia CNDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
También resaltaron que de acuerdo con la CNDH, “el propio detenido presentó a agentes de la SEIDO elementos que acreditaban la equívoca detención, y advierten que ésta no fue formalizada, por el contrario, se informó al público en general que Erick N ‘tuvo una intervención decisiva en los hechos en contra de los estudiantes”.
Al recordar que “no es la primera ocasión en la que queda comprobada la ausencia de buena fe en las acciones del Ministerio Público en este caso”, las organizaciones que representan a las 43 familias de estudiantes desaparecidos subrayaron que “deben investigarse las irregularidades denunciada por la CNDH en su reciente documento y sancionarse a las autoridades responsables”, como instruyó el organismo a la PGR.

 

El fallo sobre Ayotzinapa sí respeta al MP y no es anticonstitucional, afirma Vidulfo

Hay quienes enfrentan investigaciones por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y “se escandalizan” por el fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordena la formación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, escribió el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra en su cuenta de Facebook.
El representante legal de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos publicó tres estados acerca del fallo, en el que señala que no es aceptado pero no precisa por quién o quiénes.
El fallo judicial desde que se hizo público (el 4 de junnio) fue recibido con resistencia, el mismo día la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
Ayer en un primer mensaje Rosales Sierra señaló que los que se oponen a la comisión, “dicen que no respeta la garantía de presunción de inocencia, la autonomía y facultades del Ministerio Público (MP) y hasta dicen que a un servidor se le investigue por prevaricato”, que es un delito que comete una autoridad, juez o servidor público al dictar una solución arbitraria sobre un caso a pesar de que la misma es injusta o contraria a la ley.
Después dijo que: “la resolución es inédita y garantista. Respeta las facultades del MP por eso forma parte de la investigación. Pone en el centro a las víctimas por eso les da un papel protagónico en las investigaciones. La lucha de las víctimas ha sido histórica para conquistar un papel relevante en el proceso penal. Entonces no es inconstitucional que proponga líneas de investigación y aporte pruebas”.
Aseguró que “el Tribunal ordena realizar dictámenes independientes para verificar tortura, lo cual es correcto, pues no es objetivo que la Procuraduría General de la República (PGR) se investigue a sí misma”.
Por último publicó: “Si queremos sentar las bases de un estado democrático tenemos que empezar por exigir el cumplimiento del fallo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito. Es la única garantía de acceso a la justicia para los Padres de los 43 y todas las víctimas de este País, México”.
La inconformidad pública de Rosales Sierra ocurre 11 días después de que se dio a conocer el fallo del tribunal, sin embargo, el mismo abogado informó que a la fecha los representantes legales de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos no han sido notificados oficialmente al respecto, por lo que para ellos el plazo de los 10 días para formar la comisión todavía no inicia.
Según el fallo la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Sin embargo, aunque no se ha dicho si las instancias correspondientes ya fueron notificadas de manera oficial, la CNDH y la PGR dijeron en días pasados que analizan los términos del fallo.

 

 

No notifican a los padres de los 43 el fallo que ordena una Comisión de la Verdad, dice Vidulfo

A 10 días de que el Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenara la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que los representantes legales de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos no han sido notificados oficialmente del fallo.
El 5 de junio los magistrados emitieron el fallo en el que especifican que la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Dicha comisión debía formarse diez días después de que las partes involucradas fuesen notificadas.
Consultado vía telefónica sobre la formación de la comisión y el seguimiento jurídico del fallo, Rosales Sierra declaró que los representantes legales de los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos no han sido notificados de manera oficial.
“Seguimos teniendo reuniones para poder seguir estructurando esta comisión, sin embargo a la fecha (ayer) no hemos sido notificados todavía de tal manera que el plazo no ha empezado a correr para nosotros, tendrían que notificarnos pero no ha ocurrido”, explicó.
Dijo que desconoce si la PGR ya fue oficialmente notificada mientras que los padres y madres de familia con los abogados que los representan siguen con el análisis del fallo, así como de los posibles integrantes de la Comisión de la Verdad de quienes prefirió no entrar en detalles pues “sería muy incipiente, muy aventurado”.
Por último señaló que seguirán a la espera de que se les notifique de manera oficial así como a la respuesta de las autoridades para saber, “si van a cumplir o no van a cumplir” lo establecido en el fallo que faculta a la Comisión de la Verdad para tener acceso libre e inmediato “a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

Reciben familias los cuerpos de 5 desaparecidos que estuvieron 3 años en la morgue de la capital

 

Familiares de cinco desaparecidos de los municipios de Chilapa, Zitlala y Atlixtac recibieron ayer los restos de sus parientes identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que hizo los estudios de ADN en marzo y en septiembre del año pasado.
Personal del EAAF tomó muestras a 34 familias de igual número de personas desaparecidas para la confronta de datos con los cadáveres que están en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo.
Con los resultados entregados el 11 y el 12 de junio fueron identificadas 6 víctimas de esos tres municipios, desaparecidas desde finales de 2015.
Mientras tanto los familiares de una sexta persona se rehusaron a recibir sus restos por la falta de apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para pagar los gastos funerarios.
Los familiares reclamaron la entrega de los restos a la Fiscalía General del Estado (FGE) con el apoyo del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y aproximadamente a las 5 de la tarde recibieron lo que quedaba de sus familiares, tras más de tres años depositados en el Semefo porque la FGE no hacía los estudios y la confronta de datos para su identificación.
“No son cuerpos los que están recibiendo los familiares, son restos por la negligencia tanto de la Procuraduría General de la República (PGR) como de la Fiscalía. Los cuerpos fueron localizados desde el 5 de enero del 2016, apenas pocos días después de su desaparición, y si las instituciones hubieran realmente hecho su trabajo las familias no tendrían que haber esperado más de 3 años para saber que los resultados eran positivos”, denunció el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández.
Ayer los familiares de cinco de los seis identificados tuvieron que esperar de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde para recibir a sus familiares fallecidos. Durante casi 6 horas hicieron trámites para solicitar la entrega de sus familiares muertos y trasladarlos a sus lugares de origen para sepultarlos.
Olivares Hernández informó que los restos de una sexta persona serán entregados el 28 de junio debido a que sus familiares se inconformaron ante la CEAV porque solamente les ofrecieron apoyo para el ataúd, el traslado y un cheque de 3 mil 500 pesos para gastos funerarios.

Hijos, albañiles, jóvenes, se cuentan entre las víctimas de la violencia

Los restos de uno de los desaparecidos son de Bonifacio Ramírez Hermelindo, quien tenía 35 años cuando desapareció el 25 de diciembre del 2014. Era de Alpoyeca, municipio de Atlixtac.
Alejandra, su madre, declaró ante la FGE cuando presentó la denuncia, que el día que desapareció su hijo fue a vender tomate a Chilapa, que él mismo cultivaba.
Después de vender su producto el joven se trasladó a la tienda Chedraui en donde un taxista de su pueblo lo vio parado con un garrafón de agua en la mano y cuando le dijo que se fueran, el ahora finado le dijo que se quedaría un rato más, desde entonces ya no lo volvieron a ver vivo.
Otro de los identificados es Miguel Sánchez Mateos quien tenía 24 años cuando desapareció el 12 de diciembre del 2014. Era originario de San Lucas Teocuitlapa, municipio de Acatepec, pero vivía en la colonia Los Chapulines de Chilapa.
El padre de Miguel informó que su hijo era albañil y que el 12 de diciembre de 2014 salió de su casa a la escuela primaria Dominga Sánchez en donde trabajaba en la construcción de unas aulas.
Contó que ese día el ingeniero de la obra le llamó para que fuera a abrir el portón porque llevarían material. Su hijo ya no regresó, y el 15 de diciembre desaparecieron otros dos albañiles que trabajaban en la misma obra.
También fue identificado Mauro Migueleño Joaquín de 26 años, quien desapareció el 24 de diciembre de 2014. Era originario de Alcozacán, municipio de Chilapa. Rosalinda, su madre, relató que el día que desapareció su hijo fue a “pasear” a Chilapa a donde los jóvenes de su pueblo acostumbran ir ese día a la celebración de una posada, y ya no regresó.
El tercero es Juan Santos Santiago, quien tenía 19 años cuando desapareció el 30 de diciembre de 2014. El ahora occiso era de El Terrero I, municipio de Chilapa, y aproximadamente a las 8 de la mañana del día que desapareció se encontraba en la base de las camionetas que dan el servicio de transporte a su pueblo, acompañado de su primo Roberto Santos Cruz, y las mamás de ambos quienes traían a vender al mercado productos de su comunidad. Los cuatro acordaron reunirse a las 12 del día para regresar juntos a su pueblo.
La mamá de Juan dijo que minutos después vio a su hijo que discutía con unos desconocidos y cuando a señas le preguntó qué pasaba el joven le respondió, también con ademanes, que se siguiera de largo.
A las 12 cuando regresaron al lugar que quedaron de verse los dos jóvenes no llegaron, y las dos mujeres fueron a buscar a sus hijos hasta las 4 de la tarde pero no los encontraron.
El quinto de los cadáveres que fue reclamado por sus familiares fue el de Roberto Santos Cruz de 24 años, quien desapareció el mismo día, en el mismo lugar y en las mismas circunstancias que su primo Juan Santos, también era originario de El Terrero I.
Manuel Olivares informó que los restos de la sexta persona que fue identificada tras el cotejo de las muestras del ADN aplicadas por personal del EAAF serán entregados el 28 de junio como fue el acuerdo de sus familiares con el presidente de la CEAV, Luis Camacho Mancilla, en una reunión la tarde del jueves pasado.
Los restos de estos cinco hombres fueron hallados el 5 de enero de 2015 en el paraje conocido como El Huizache, municipio de Chilapa. En ese lugar había seis fosas clandestinas de las que fueron exhumados 10 cuerpos completos y 11 cabezas, pero la FGE no realizó a tiempo los estudios para conocer los perfiles genéticos de las víctimas, y no fue posible identificar los cadáveres hasta que aplicó los estudios el EAAF, insistió Olivares Hernández.
La CEAV contrató los servicios de la funeraria Chilpancingo para el traslado a los lugares de origen de las víctimas a fin de que sus familiares finalmente los sepulten.

 

Un taxista que dejó cinco menores huérfanos, entre los identificados por los forenses argentinos

Ángel Lara Hernández era taxista en Chilapa, dejó a cinco huérfanos. El 30 de noviembre de 2015 le solicitaron el servicio, abordaron su unidad y él los trasladó con rumbo desconocido. Desde entonces sus familiares no sabían de él hasta que sus restos se los entregaron ayer a pesar de que fueron encontrados el 5 de enero del 2016 en una fosa clandestina un mes y seis días después de que desapareció.
Sus familiares: “ya estamos enojados hasta la madre”, explotó ayer Reyna Hernández, prima de la víctima, en la antesala de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en donde acompañaba a la viuda de Ángel, una indígena nahua que no habla español.
Dijo que recibir el cadáver más de 3 años después es una prueba de que el gobierno no trabaja bien, “y ahora todavía no nos quieren apoyar para sepultarlo, después de que estuvimos esperando más de tres años para que nos dieran su cuerpo”, dijo la joven mujer a nombre de los familiares de la víctima.
Ángel Lara Hernández es uno de los seis desaparecidos cuyos restos fueron identificados mediante el trabajo de marzo y septiembre del año pasado de personal del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para la confronta de su perfil genético con el de sus familiares para su identificación, debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) no había hecho los estudios.
Su cuerpo fue encontrado el 5 de enero de 2016 en una fosa clandestina en el punto conocido como El Huizache, municipio de Chilapa, y no se había obtenido su perfil genético ni el de sus familiares, por lo que estuvo como desconocido hasta el 11 de junio que se dieron a conocer los resultados de la confronta de datos del finado con el de sus familiares, que hizo el EAAF.
“Sentimos feo que nos lo entreguen después de tanto tiempo. Antes pensábamos que estaba vivo y nos preocupábamos si comía, o a lo mejor no, pero ahorita que sabemos que está muerto nos remueve la tristeza”, contó Reyna a un lado de la viuda, quien permaneció todo el tiempo con la vista clavada en el piso.
Ayer finalmente los familiares de Ángel recibieron lo que aún quedaba de su cuerpo, un envoltorio no mayor a 10 kilogramos en una caja de archivero de plástico en donde estuvo almacenado desde enero del 2016.
Reyna Hernández insistió: “es responsabilidad del gobierno, imagínese cuánto tiempo tuvimos que esperar para encontrarlo y después para que nos lo dieran. De verdad ya estamos cansados, y ahora no nos quieren apoyar, imagínate, nos quedamos sin dinero y ahorita tenemos que gastar para enterrarlo”.
Contó que Ángel era padre de cinco hijos menores de edad y que tienen que ir a la escuela, añadió que quien se hizo cargo fue la ahora viuda quien en adelante se hará cargo por completo de los niños por la ausencia definitiva del padre.
El jueves en una reunión con el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Luis Camacho Mancilla, la misma Reyna le reclamó: “por qué no nos quiere apoyar, ¿que el dinero que tiene es para ustedes?, ese dinero es para nosotros, se lo dieron para las víctimas”.
Ayer cuando esperaba recibir a su familiar muerto reprochó que no pidieron ser víctimas, se quejó que lo son porque el gobierno no da seguridad, “y a ver, a los niños (sus sobrinos) les quitaron a su padre, y ahorita no sabemos si van a seguir estudiando porque no tenemos dinero”.
Triste, agregó: “los niños nos preguntaban, ¿a dónde está mi papá?” y contó que ellas les respondían que estaba trabajando, “pero nosotros no sabíamos que lo íbamos a encontrar muerto, ¿ahora qué les vamos a decir?”.

 

Notifican de tres amparos más a favor de detenidos acusados de la desaparición de los 43

Un tribunal federal de Reynosa, Tamaulipas, notificó ayer oficialmente tres sentencias de amparo en favor de acusados de secuestrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, que se suman a la difundida el 4 de junio y ordenan crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar de nuevo el caso.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito oficializó los amparos 204 al 206/2017 en favor de Salvador Reza Jacobo, El Wereke, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, El Gil, presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que confesaron el secuestro, asesinato y quema de los normalistas, al parecer, bajo tortura.
El amparo previo, el 203/2017 fue a favor de Miguel Angel Bahena Landa, El Chequel, y la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que esperaba la notificación de las demás sentencias para decidir cómo impugnarlas.
El amparo 204/2017 en favor de El Wereke también incluye a otros cuatro quejosos, cuyos nombres fueron tachados por el tribunal colegiado en la versión pública de la sentencia, pese a que las identidades de todos los acusados son conocidas desde hace años.
Igual que este caso, el tribunal colegiado revisó amparos contra autos de formal prisión dictados por delincuencia organizada y otros delitos en la causa penal 123/2014, y ordenó reponer los procesos desde el inicio con la condición de que la PGR presente un dictamen independiente con base en el Protocolo de Estambul, para probar que los acusados no fueron torturados.
De no presentarse este dictamen en 10 días, el tribunal colegiado ordenó tener por hecho que hubo tortura, lo que implicaría la libertad de los acusados.
Además, en una larga sección de la sentencia que no tiene precedentes en la justicia mexicana, el tribunal desconoció la investigación de la PGR y ordenó crear una Comisión en la que representantes de las víctimas y la CNDH tendrían el mando.
Esta parte de la sentencia es la que PGR podría intentar impugnar por invasión a la esfera de atribuciones que le otorga el artículo 102 de la Constitución, pues en lo que se refiere a la protección en favor de los acusados, los fallos de los tribunales colegiados en amparos en revisión son inatacables.
Supervisar la ejecución de los amparos corresponde al Tercer Tribunal Unitario con sede en Reynosa, a cargo del magistrado Sabás Pérez García.
Hasta ahora Pérez no ha requerido al juez de Distrito que lleva los procesos en Matamoros, David Calderón, ni a las demás autoridades señaladas por el tribunal colegiado para que acaten la sentencia.
El proceso de cumplimiento del amparo en la parte que corresponde a la Comisión de la Verdad podría tomar años, y tendrá la dificultad logística de que los desacuerdos entre sus integrantes tendrían que ser arreglados ante el tribunal unitario en Reynosa.
Reforma publicó el martes que Calderón absolvió a otros cuatro involucrados en el caso Ayotzinapa, tres de Guerreros Unidos y un policía de Iguala, pero sólo uno salió de prisión.

 

No debe ser liberado ni un detenido hasta que se esclarezca el caso Ayotzinapa, dice Melitón Ortega

El vocero de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega dijo que mientras no se resuelva el caso ninguno de los detenidos debería de ser liberado.
El juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros, David Calderón Blanc dictó la libertad bajo reservas de ley a Marco Antonio Ríos Berber, El Cuasi, Luis Alberto José Gaspar, El Tongo, y Martín Alejandro Macedo Barrera, El Becerro, presuntos integrantes de Guerreros Unidos, así como a Honorio Antúnez Osorio, El Patachín, ex policía municipal de Iguala, al concluir que no existen elementos probatorios para sostener un juicio en su contra.
Los cuatro fueron acusados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, El Tongo podrá salir en libertad y los otros tres seguirán en el penal de El Rincón en Nayarit, porque también están acusados de otros delitos.
Vía telefónica, informó que los padres y madres se enteraron de la liberación por los medios de comunicación pero no se han reunido para discutir el tema y emitir una postura, pero consideran que quienes están en prisión es porque tienen una responsabilidad que aclarar. “Tenemos esa convicción de que queremos verdad, justicia, que las cosas se esclarezcan, no es nuestra intención tener gente adentro de la prisión, pero mientras no haya esclarecimiento no puede estar alguien fuera sin haber aclarado la desaparición de los 43”, expresó, y reiteró que aún no hay una postura definitiva, pero se reunirán los próximos días para discutir el tema. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).