Después de más de cuatro meses encuartelados los 71 agentes de Tránsito y 120 policías municipales de Chilpancingo dijeron que no les han informado cuándo o si regresarán a las calles, mientras que los agentes estatales aún se encargan de la seguridad y de las vialidades en esta ciudad.
El 4 de enero la Policía Municipal de Chilpancingo fue desarmada junto a los agentes de Tránsito por soldados del Ejército, policías estatales y federales, luego de ser señalados de la desaparición de siete jóvenes en la última semana del año pasado, dos de los cuales aparecieron muertos.
Un policía municipal quien se reservó su nombre contó que el gobierno estatal y el municipio no les han notificado cuándo regresarán a las calles, “para proteger la integridad física de la población”.
Dijo que continúan encuartelados los 120 policías municipales, que reciben capacitación y adiestramiento, además cobran su salario de manera normal.
“Todos los policías recibimos capacitación para mejorar el servicio de seguridad, las autoridades no nos han dicho cuándo vamos a regresar a la calle a trabajar, pero eso sí, la gente nos va a catalogar como bichos raros, ya vez lo que pasó en diciembre (las desapariciones de jóvenes a manos de policías), pero no todos somos así”, declaró.
El agente expuso que esperarán las indicaciones de las autoridades para saber su situación, si regresarán a trabajar o no, “como policías nos conviene estar aquí encerrados sin trabajar y cobrar nuestro salario, pero no es eso, el asunto es salir a la calle para bajar la violencia que hay en la ciudad”.
Un policía de Tránsito municipal informó que han acudido a la Fiscalía General del Estado (FGE) para pedir información de por qué los agentes de esa corporación están encuartelados, “sólo nos dicen que no saben cómo van las investigaciones del caso y desconocen por qué no salimos a trabajar, no saben nada, estamos jodidos”.
Dijo que 71 agentes de la corporación continúan concentrados en el cuartel de la Policía Municipal y desconocen cuándo regresarán a las calles a trabajar, y también cobran de manera normal su salario.
El alcalde de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas dijo que están bajo investigación de la Fiscalía General del Estado por la desaparición de los jóvenes, y que regresarán a laborar de manera paulatina.
El Sur publicó el 23 de enero que familiares de los policías municipales que fueron desarmados el 4 de enero tras ser acusados de la desaparición de siete jóvenes, protestaron en la explanada de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), para exigir a los tres órdenes de gobierno investigaciones conforme a la ley, que se responsabilice a los policías involucrados pero no al resto de la corporación, y de los desaparecidos no se ha dado a conocer información. (Luis Blancas / Chilpancingo).
Joaquina García y Emiliano Navarrete, padres de dos de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, participan en una audiencia ante la CIDH, ayer en Santo Domingo, República Dominicana; a su lado, el abogado Vidulfo Rosales Foto: EFE
Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externaron su preocupación por el cuestionamiento del gobierno de México al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reportó el uso de tortura en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
En una audiencia pública sobre el caso ante el mecanismo de seguimiento de la CIDH en Santo Domingo, República Dominicana, las familias de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes legales advirtieron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República.
Mientras que el Gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos información adicional sobre los mensajes de jefes de la organización criminal Guerreros Unidos involucrados en la desaparición, informó el fiscal especial del caso, Alfredo Higuera Bernal.
En la audiencia el comisionado Luis Ernesto Vargas defendió el trabajo de la ONU en materia de derechos humanos, en especial del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, y su equipo.
“Me preocupa bastante que en un comienzo se nos haya manifestado que hubo descalificaciones a ese trabajo”, expresó.
“Cuando un organismo de derechos humanos plantea la posibilidad con base en investigaciones previas, que puede que no sean judiciales, pero sí son de un organismo que supone trabaja con la misma objetividad con el que lo hace la Comisión Interamericana Derechos Humanos, plantea la posibilidad de que haya torturas con respecto a personas que están siendo procesadas, pues yo creo que hay que prestarle más atención al tema”, añadió.
Dijo que la indagatoria se iría al traste si alguna de las declaraciones de las personas que están vinculadas fueron afectadas por tortura.
“Me preocupa muchísimo que en vez de prestarle el máximo de atención a este llamado atención, de pronto estemos buscando la descalificación”, reiteró.
El mecanismo de seguimiento de la CIDH tiene información de que hay 128 denuncias de tortura
La comisionada Flávia Piovesan detalló que el mecanismo de seguimiento de la CIDH tiene información de que hay 128 denuncias en relación a la tortura en el caso, y que solamente 53 están siendo analizadas o han sido concluidas, además de que sólo dos han tenido una conclusión positiva en conformidad con la aplicación del Protocolo de Estambul.
Enfatizó “la importancia de la ONU, de su autoridad, de su expertise, de este informe”.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas convocó a todos los comisionados a leer la postura del Estado mexicano, que fue entregada ayer a la CIDH y a la ONU-DH.
“Simplemente estamos manifestando algunos desacuerdos con el contenido del informe la oficina”, aseveró. “Tenemos todo el respeto para las Naciones Unidas y para la Oficina del Alto Comisionado”.
Piden a EU más datos de Guerreros Unidos
El Gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos información adicional sobre los mensajes de jefes de la organización criminal Guerreros Unidos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó el Fiscal especial del caso, Alfredo Higuera Bernal.
En la audiencia de la CIDH la representación del Estado mexicano aseveró que para la PGR esa información es valiosa, porque permite incorporar datos adicionales a la investigación.
“Se considera que es necesario profundizar en algunos aspectos y formular peticiones adicionales de información”, afirmó.
“Además de realizar acciones muy directas para corroborar y descartar aspectos contenidos en esas conversaciones, esas peticiones han sido ya planteadas ante las autoridades que dan trámite de ello y se han incluido los aspectos específicos que la representación de las víctimas nos planteó”, añadió.
“Por la naturaleza pública de esta audiencia no es factible particularizar los detalles de lo que se está requiriendo, pero consideramos que es sumamente importante tener esa información adicional”, expuso Higuera.
“Para nosotros es muy importante seguir contando con la cooperación de las autoridades estadounidenses y de cualquier otra que nos pueda aportar datos, detalles o cualquier información que pueda servirnos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos”, dijo.
La representación del Estado fue cuestionada por el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, quien afirmó que existen dos narrativas sobre Guerreros Unidos.
Rosales acusó que el gobierno mexicano presentó la versión de que la organización delictiva tenía un alcance regional, y que después de la desaparición de los jóvenes había sido disuelta.
“La segunda versión es la que se corrobora con los propios mensajes. De acuerdo con esta perspectiva se trata de un grupo criminal en expansión con capacidad de acción trasnacional que introduce heroína los Estados Unidos para distribuirla en ciudades norteamericanas”, explicó.
“Ambas narrativas no pueden ser ciertas. Alguien miente”, dijo Rosales y aseguró que la red criminal no puede operar sólo con la participación de autoridades locales, sino que supone la participación de funcionarios estatales y federales.
“Los mensajes confirman que detrás de la desaparición de los 43 está una organización de gran alcance que coordinó y supone la participación de funcionarios del ámbito estatal y federal”, manifestó.
“No podemos dejar de preguntarnos si no ha sido el encubrimiento de esta organización criminal una de la razones para no llegar a la verdad del caso”.
“Saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo”, señala el padre de uno de los 43
En un boletín el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que acompaña legalmente a los padres de los 43 desaparecidos, informó que en la audiencia de oficio por el caso Ayotzinapa las familias y sus representantes legales advirtieron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República.
“Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan”, dijo Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, quien pidió a las y los comisionados que el próximo informe de la CIDH sobre el caso se presente en México.
La representación legal de las familias destacó cuatro señales que advierten de un posible cierre del caso: el rechazo del gobierno federal al informe de la ONU, que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la teoría oficial, la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados proporcionados por la DEA con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales, el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones y el rechazo a cumplir el diagnóstico sicosocial.
El comisionado Ernesto Vargas destacó que entienden el dolor de las familias al no encontrar resultados sustanciales a 43 meses, y pidió al gobierno mexicano que informara detalladamente si hubo avances significativos en el cronograma de trabajo.
Los representantes de las víctimas exigieron respeto al trabajo de la ONU en México y señalaron que el documento circulado por el Estado, unas horas antes de la audiencia, tiene señalamientos propios de un gobierno autoritario.
Los abogados de las víctimas detallaron que los mensajes filtrados a la prensa, interceptados la noche del 26 de septiembre de 2014, indican que pasada la medianoche, cuando de acuerdo con las “confesiones” que sustentan la teoría del caso los estudiantes ya estarían reducidos a cenizas, los presuntos criminales aún hablaban de ellos como detenidos.
“Destacaron que esta información muestra que el poder transnacional y los vínculos con el gobierno de la organización criminal sobrepasan por mucho el ámbito municipal, de forma contraria a la narrativa oficial del caso, y llegan hasta el ámbito estatal y federal, señaladamente a la Policía Federal y al Ejército. Por ello se deben recabar más de 60 pruebas pedidas por la defensa”, se lee en la misiva.
Agrega que se denunció que se siguen acumulando rezagos en la atención a las víctimas, y que el gobierno federal se niega a firmar una declaración de intención que buscaba que se cumplieran las recomendaciones en esta área.
Joaquina Velázquez pidió a la Comisión que no abandone a las familias en este escenario. La CIDH anunció que en breve presentará un balance del trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento.
Escatima la PGR información de los 43 a la CNDH
La PGR está dificultando el acceso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a nueva información sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
El ombudsman Luis Raúl González Pérez denunció ayer que personal de la CNDH que pide acceso a los documentos es obligado por la PGR a copiarlos a mano.
“Hemos pedido la información, y ¿saben qué?, nos hacen copiarla, nos permiten el acceso para copiar y nos faltan 300 páginas para copiar, cuando algunos medios ya dieron cuenta de ello, pero nosotros queremos la respuesta oficial”, afirmó González Pérez.
“Con formalismos de que esta no es la ventanilla nos mandan a otra ventanilla, vamos a otra ventanilla y el resultado es ‘no, estamos analizando el planteamiento’. Yo quiero recordar al encargado de la PGR (Alberto Elías Beltrán) la circular que sacó recientemente donde se comprometió a que nos iban a facilitar toda la información para nuestro trabajo”, expuso entrevistado luego de rendir su informe anual ante la Suprema Corte de Justicia.
González Pérez dijo que se refería a la información recientemente publicada por “filtraciones de diálogos” sobre Ayotzinapa, que contienen conversaciones grabadas por el FBI en Estados Unidos en las que integrantes del cártel Guerreros Unidos que operaban en Chicago discutieron sobre la desaparición de los normalistas.
De las elecciones dijo que “México no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad. Respetemos siempre la institucionalidad democrática, impulsando el cumplimiento de la ley y el reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos”.
Familiares de víctimas de la violencia de los municipios de Chilapa y Zitlala que representa el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y de los colectivos de Chilpancingo y Acapulco reclamaron este martes en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud atención médica plena como lo establece la Ley General de Víctimas.
La mayoría de los familiares llegaron desde de Zitlala y Chilapa, se trata de indígenas nahuas que tienen parientes desaparecidos o asesinados, a quienes por el problema que viven se les han complicado padecimientos, sobre todo de diabetes, hipertensión, enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel.
Los más de 20 ciudadanos fueron acompañados por el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández, el representante del Colectivo de Víctimas de Acapulco Ciro Fuentes Urióstegui, del Colectivo Chilpancingo Lamberto Castro de la Cruz y la representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Olivia Cortez Cerón.
Olivares Hernández informó que a raíz de la reunión del 7 de marzo con el gobernador Héctor Astudillo Flores en Casa Guerrero, convinieron brigadas médicas para la atención de las familias de víctimas de Zitlala y Chilapa. Se hicieron el 15 de marzo en Chilapa en donde se realizaron 26 consultas pero se dejaron sólo 15 recetas sin medicamentos, mientras que de las 15 consultas del 15 de marzo en Zitlala, cuatro quedaron sin receta.
Para Olivares Hernández la actitud de la dependencia es una burla porque de nada sirve a las víctimas una receta si no cuentan con los medicamentos, y denunció que el gobierno estatal no cumple la Ley General de Víctimas que establece una atención integral.
Informó que a partir de que desaparecieron o les asesinaron a un familiar, a los familiares de las víctimas se les han agravado padecimientos crónicos como diabetes o hipertensión arterial, otros han adquirido estas enfermedades a raíz del problema que viven, mientras que la mayoría sufre de enfermedades gastrointestinales, respiratorios o de la piel y requieren de una atención permanente y adecuada.
Al respecto el director del Centro Morelos demandó que al subsecretario de Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Armando Bibiano que los atendió, que no solamente les garantice las consultas y los medicamentos, sino que haya brigadas permanentes y calendarización de las visitas del personal médico de la dependencia.
El representante del Colectivo Chilpancingo, Lamberto Castro entregó una relación de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados o secuestrados que pertenecen a ese colectivo para que reciban atención médica.
Se quejó ante el funcionario que desde 2017 que el colectivo de Chilpancingo trabaja a favor de las víctimas de la violencia, cada acuerdo que asumen con el gobierno del estado, “se lo lleva el viento”.
A su vez, Ciro Fuentes del colectivo de Acapulco le espetó al subsecretario que los familiares de las víctimas no están actuando por capricho al reclamar sus derechos, sino porque existe una Ley de Víctimas que las autoridades deben cumplir. Y se quejó de que en Guerrero no hay instituciones que atiendan a las víctimas, que por eso la atención es muy lenta.
Reclamó: “No nos dejen solos”, y dijo que los familiares de las víctimas no se podrán reincorporar plenamente a la sociedad si continúan con estos problemas.
Olivia Cortés del CCTI le dijo al funcionario que las víctimas de la violencia no son pacientes normales, porque están viviendo un problema social y como consecuencia sus padecimientos emocionales o físicos se les complican.
Reclamó atención sobre todo para los niños y las personas adultas mayores, quienes, dijo, tienen derecho a la salud.
Los familiares de las víctimas fueron recibidos en la sala de juntas de la Secretaría de Salud y el subsecretario Bibiano se comprometió a “corregir las circunstancias” y a cumplir con lo que se comprometió la dependencia en la reunión con el gobernador, y anunció que las brigadas médicas y la atención a las víctimas van a ser de manera permanente y garantizó el abastecimiento de medicamentos, como lo exigieron los representantes de los colectivos de víctimas y del Centro Morelos.
Las diligencias que ayer harían peritos y antropólogos de la Procuraduría General de la República (PGR) con familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala en la comunidad de Laguna Seca, Teloloapan, fueron suspendidas a causa de un accidente automovilístico que tuvieron dos camionetas de la agencia federal, debido a las lluvias.
En estas páginas se dio a conocer que el lunes un grupo de buscadores de fosas clandestinas del colectivo de Iguala con agentes de la PGR y resguardo de policías federales de la Gendarmería, reiniciaron la búsqueda de entierros clandestinos.
La búsqueda se realizó en los mismos sitios del cerro Gordo al poniente de Iguala, donde el grupo que lleva el caso Ayotzinapa hizo diligencias entre el 17 y el 24 de abril, sin que se informara oficialmente de los resultados.
La semana pasada el grupo de la PGR acompañado por policías comunitarios del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) realizaron diligencias en cerros de la comunidad de Laguna Seca, Teloloapan, donde ubicaron posibles fosas clandestinas, derivado de denuncias de familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala que son originarios de ese poblado, del que huyeron sus más de 200 habitantes a causa de la violencia, desapariciones y secuestros que cometían miembros del grupo delictivo La Familia Michoacana.
Ayer, según información obtenida con miembros del colectivo de familiares de víctimas de desaparición de Iguala, se dio a conocer que el grupo de la PGR, Gendarmería y buscadores de fosas fueron hacia Laguna Seca, pero a unos 10 minutos de llegar al lugar ocurrió un choque entre dos camionetas de la PGR a causa de la lluvia, por lo que la diligencia se suspendió al no poder llegar al sitio donde se ubicaron los posibles entierros.
Se dio a conocer que el accidente no fue grave ni hubo agentes lesionados, pero por el choque entre las dos camionetas y el reblandecimiento de la tierra a causa de las lluvias, la diligencia se canceló y se espera que se pueda reanudar para este miércoles.
En tres años y medio del surgimiento del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala que aparecieron después del caso Ayotzinapa, con el apoyo de la PGR y la Fiscalía del estado han ubicado y recuperado de más de 150 cuerpos de fosas clandestinas, de los cuales hasta ayer habían sido identificados y entregados a sus familiares 39 de ellos. (Alejandro Guerrero / Iguala).
La tasa nacional de homicidios se queda corta con la registrada en Chilapa, y detrás de esas cifras hay una historia de dramatismo y ruptura que se refleja en las miradas de los familiares de la víctimas, expuso ayer en esta ciudad el oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García Campos.
Indicó que los asesinatos y desapariciones no son fatalidades naturales, sino conductas humanas que gozan de la complicidad de las autoridades pero que se pueden erradicar.
Recomendó a las autoridades aceptar el problema y sus circunstancias, revertir, suprimir y erradicar el modelo de seguridad policiaco y militar así como que el Estado mexicano, sobre todo los gobiernos locales, adopten marcos regulatorios internacionales en materia de derechos humanos.
Ayer alrededor de las 11 de la mañana en el centro de la ciudad fue el primero de dos días del Foro Nacional para la implementación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, ante la Ley 701 del Estado de Guerrero.
El foro fue organizado por el colectivo Siempre Vivos, coordinado por el profesor José Díaz Navarro quien propuso una mesa de trabajo entre autoridades, representantes de los organismos de derechos humanos y las víctimas para que los dos días del foro salgan resultados.
No llegaron colectivos invitados de Veracruz, Michoacán, Coahuila y Morelos por temor a la inseguridad, informó José Díaz.
Participó el vicecoordinador de Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), Rey Yañez quien explicó el procedimiento para la identificación de las víctimas, y reveló que de diciembre de 2016 a la fecha cuenta con 2 mil 315 perfiles en la base de datos de genética.
El oficial del Alto Comisionado de la ONU-DH, Alan García Campos dijo que se ha demostrado que en Chilapa se vive una tragedia.
“Una vivencia cotidiana para muchos y muchas de ustedes, están cargando sobre sus hombros una tragedia”.
Dijo que el Estado debe garantizar la justicia, la verdad y la reparación del daño para evitar que las familias enfrenten circunstancias catastróficas como las que padecen en Chilapa, Zitlala y sus alrededores.
Indicó que en México hay una crisis en materia de derechos humanos pero la que enfrentan las comunidades de Chilapa han transcendido a nivel internacional, pues son un epicentro del dramatismo aunado a la corrupción y la ausencia del Estado, que socavan los tratados internacionales de derechos humanos.
“Las desapariciones, ejecuciones y torturas son totalmente inadmisibles bajo los estándares internacionales de derechos humanos, y no pueden justificarse por ninguna circunstancia”, señaló.
El oficial de la ONU-DH dijo que para un país que no está en un conflicto armado o en guerra, las cifras oficiales de homicidios son escalofriantes.
En 2017, añadió, se registró a nivel nacional la mayor tasa de homicidios con un promedio al día de 80 personas privadas de la vida, “esta cifra en un municipio como Chilapa se queda corta. De ese tamaño es el dramatismo al que se enfrenta México”.
“Detrás de estas cifras hay una historia de dramatismo, de ruptura, las historias que empezamos a identificar en los ojos, en las miradas de ustedes”, dijo.
Agregó que la impunidad en el país es del 96 al 98 por ciento en los delitos denunciados, con lo que advirtió que en un contexto en el que no hay castigo se repite el ciclo de violencia.
Comentó que las autoridades tienen la obligación de prevenir, pero cuando ya son cometidos los delitos la obligación es investigar, perseguir, enjuiciar y castigar a todas las personas que participaron y la sanción debe ser apropiada a la gravedad de la conducta. “El castigo debe corresponder al daño y a la lesión cometida”.
Además de reparar de manera integral y adecuada a las víctimas, para aminorar el cambio de vida que padecen.
Saludó el proyecto de la Ley de Desaparición Forzada y conminó a hacerlo con organismos de la sociedad civil, de derechos humanos y familiares de las víctimas, además de que posteriormente los congresos locales se apropien de las leyes sin que se desentiendan como, dijo, regularmente sucede.
Deslizó que el origen de la violencia es producto de conductas sociales y de la complicidad con autoridades, pero que se pueden erradicar.
“Las ejecuciones, asesinatos, desapariciones de las personas, no son fatalidades naturales ante las cuales el ser humano no tengan ningún recurso para enfrentarlos, no, estamos hablando de conductas humanas perpetradas desde la maldad pero que gozan lamentablemente, la complicidad entre muchas circunstancias, de las autoridades, que deben erradicarse.
“Y esta obligación (de erradicar) reposa en las autoridades, este estado de cosas puede transformarse porque estamos frente a conductas humanas y como cualquier conducta humana es susceptible de modificarse, de erradicarse”.
“Esto es justamente lo que se tiene que hacer, gobierno, sociedad civil, organismos internacionales: reformar nuestro empeño y conducta para transformar”, indicó.
Los elementos para construir una agenda, dijo, son reconocer el problema, modificar el modelo de seguridad pública e implementar los estándares internacionales de derechos humanos.
“Conocer el problema y sus dimensiones como paso indispensable para enfrentarlo, es fundamental que las autoridades acepten las circunstancias por las que pasa la sociedad”.
“Modificar el modelo de seguridad imperante y recientemente reforzado, de un modelo militar de seguridad a uno de seguridad ciudadano. La guerra contra las drogas, científicamente se demuestra que el paradigma no sólo no ha materializado lo concebido, sino que ha agravado la circunstancia crítica de violencia e inseguridad por la que atraviesa el país”.
“Es fundamental poder revertir ese modelo, suprimir, erradicarlo e instaurar un modelo de seguridad ciudadano que haga compatible el anhelo legítimo de la sociedad con la obligación que tiene el estado de proteger y respetar los derechos humanos”.
Además, Alan García Campos llamó a implementar modelos y marcos regulatorios compatibles con estándares internacionales de derechos humanos, “en México no existen algunos marcos regulatorios, por lo que se permite la violación de los derechos humanos”.
Por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) acudieron Román Jaimes Contreras, tercer visitador general y Adelaido Memije, visitador adjunto. Del gobierno del estado Luis Camacho Mancilla y del gobierno municipal, el secretario general del Ayuntamiento, Aldy Esteban.
Familiares de víctimas de desaparición en Chilapa, Acapulco, Chilpancingo, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y activistas pidieron al gobernador Héctor Astudillo Flores que renuncie a la gubernatura de Guerrero, si no es capaz de resolver los crímenes y la violencia.
A las 2 de la tarde los familiares de los desaparecidos, el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández, la integrante del Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos del 60, Roberta Campos Adame, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y otros activistas se reunieron en el antimonumento a los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, en la avenida Lázaro Cárdenas de esta ciudad, e hicieron un mitin en el que se solidarizaron con las madres y padres de familia de los jóvenes.
Campos Adame dijo que la manifestación fue en la víspera del Día de las Madres para reivindicar a las mujeres que luchan por la vida de sus hijos, “desde el momento en que se da a luz está en riesgo la vida, hoy nos ha convocado la solidaridad con esas madres que llevan tres años luchando”, dijo de las madres de los 43 normalistas.
Mencionó que durante la lucha por la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero en 1960, las madres de familia se movilizaron al lado de sus hijos, Hermelinda López y Dorotea Jacobo murieron en la masacre del 30 de diciembre, “cada una de las compañeras o madres dieron una lucha ejemplar, gracias a ellas tenemos una universidad disque autónoma, hoy los que la dirigen la han entregado poco a poco al Estado”, expresó en referencia al rector Javier Saldaña Almazán y el Grupo Universidad Guerrero y sus vínculos con el PRI y el gobernador.
Manifestó que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa unió a las madres que piden en las calles la presentación con vida de sus hijos, y “queremos decirle fuerte a Astudillo (el gobernador) que estamos cansados de que sigan apareciendo cuerpos en la carreteras, de las persecuciones, si no es capaz de parar los secuestros y las muertes que renuncie”.
Por su parte Olivares Hernández dijo que el mitin fue para solidarizarse con las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, ayer una comisión protestó en la Ciudad de México y otra acudió a la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el caso no se cierre hasta que los encuentren y los devuelvan con vida.
“Vamos a cumplir 44 meses sin que el gobierno federal tenga la voluntad de encontrarlos, le exigimos a Astudillo que si no es capaz de solucionar” la violencia e inseguridad “renuncie”, y que el gobierno elabore estrategias particulares en contra de los delitos para mejorar la situación en el estado.
Puntualizó que este 10 de mayo las madres de familia no van a celebrar de la misma forma, como los hijos de los desaparecidos no festejaron el 30 de abril el Día del Niño.
Los representantes de los colectivos de familiares de desaparecidos se sumaron a la exigencia de que el gobernador demuestre que puede solucionar los crímenes en Guerrero o bien, se retire porque su promesa de orden y paz está lejos de la realidad, prueba de ello son los constantes asesinatos y desapariciones en las que las víctimas son criminalizadas por las autoridades de manera irresponsable.
Antes de retirarse los manifestantes corearon las consignas “vivos se los llevaron, vivos los queremos” e “hijo, escucha, tu madre está en la lucha”.
Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) con familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos buscaron fosas clandestinas en cerros al poniente de Iguala y en parajes cercanos a Laguna Seca, municipio de Teloloapan, en este lugar fueron con policías comunitarios del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), donde fueron hallados presuntos entierros.
Según información de un miembro del MAAC, de quien se reserva su nombre por razones de seguridad, el jueves acompañaron a un grupo de la PGR a una zona cercana a la comunidad de Laguna Seca, en un cerro cerca de las comunidades de Tlajocotla y Puerto del Vigilante, conocido en el lugar como El Filo, por ser una de las partes más altas de esa zona serrana.
En el lugar, dijo, fueron halladas posibles fosas clandestinas. Informó que el día de la búsqueda a la cual acudieron a petición de la PGR, pues los comunitarios conocen bien la zona, no hubo hallazgo de cuerpos, pero hay zonas marcadas como posibles entierros clandestinos.
A finales de enero de 2014 más de 200 familias de Laguna Seca, fueron desplazadas por la ola de violencia, robos y asesinatos que cometían miembros del grupo criminal La Familia Michoacana. El pueblo quedó totalmente abandonado.
Según la fuente la búsqueda de posibles entierros en esta zona obedece a denuncias que familiares de desaparecidos en la PGR, ya que algunos son miembros del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Además, presuntos miembros de la delincuencia detenidos han señalado a las autoridades federales de la posible ubicación de las fosas donde sepultaron a sus víctimas.
En consulta con familiares de Los Otros Desaparecidos confirmaron que esta diligencia inició la semana pasada en Laguna Seca, Teloloapan, pertenece a sus denuncias por desaparición y se espera que hoy martes se reanude la búsqueda y excavación de los posibles entierros hallados la semana pasada.
Por separado, familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron que ayer reanudaron el plan de búsqueda de fosas clandestina en cerros de Iguala, pero en el primer día no hallaron nada.
Según miembros del colectivo, la búsqueda de ayer con el acompañamiento de agentes de la PGR y con seguridad de policías federales de la Gendarmería fue en los mismos parajes donde hace dos semanas la PGR tuvo diligencias como parte de las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Se busca descartar la posibilidad de que en la zona haya más entierros clandestinos, ya que es un sitio ubicado entre al menos siete parajes donde los familiares hallaron y recuperaron 150 cuerpos de fosas, entre 2014 y 2017.
De esas diligencias del caso Ayotzinapa realizadas por la PGR entre 17 y el 24 de abril no dieron a conocer resultados, pero trascendió que se logró el hallazgo y exhumación de al menos cuatro cuerpos. (Alejandro Guerrero / Iguala).
Familiares de José Luis Hernández Gaspar, desaparecido desde noviembre de 2014, identificaron su cuerpo entre los 70 restos humanos hallados a finales de 2015 cerca de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
Hernández Gaspar era de Xochipala, municipio de Eduardo Neri, y tras el reconocimiento de sus restos que fueron reclamados al Servicio Médico Forense (Semefo), fue velado la noche del sábado en la funeraria Santa Cruz, y el domingo fue sepultado en el panteón de Xochipala.
La presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País (Colectivo Chilpancingo), Guadalupe Rodríguez Narciso denunció que el retraso de 2 años y medio en la identificación del cuerpo se debe a la negligencia de las autoridades federales y estatales para los peritajes con oportunidad.
Informó que de los 70 cuerpos encontrados en ese lugar solamente han sido identificados cuatro, tres que fueron reclamados por otros colectivos del estado y el de Hernández Gaspar cuyos familiares están en el Colectivo Chilpancingo.
Entre diciembre de 2015 y septiembre de 2016 fueron hallados y rescatados 70 cadáveres de una barranca cerca de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo, una zona que se encuentra en disputa entre los grupos criminales Cártel del Sur que encabezan Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I, y el de Juan Castillo Jaimes, El Teniente.
La presidenta del Colectivo Chilpancingo dijo que entre esos 60 cuerpos fue identificado el de José Luis Hernández Gaspar, que fue denunciado como desaparecido desde noviembre de 2014.
Agregó que los restos fueron identificados mediante la confronta de las muestras del ADN que le tomaron a los restos y a su madre e hija por la Procuraduría General de la República (PGR).
Lamentó que los resultados de los estudios se hayan dado a conocer después de casi 2 años y medio, pues dijo que esos restos fueron de los primeros hallados en diciembre de 2015 y trasladados a la PGR, “no se trabaja con toda la responsabilidad por parte de servicios periciales de la PGR, hay muchas irregularidades”.
Rodríguez Narciso denunció que en la averiguación previa que se integró por el caso de José Luis hubo muchas deficiencias, por ejemplo el Ministerio Público federal que se llevó los cuerpos no integró la denuncia correspondiente, y le “colgó” el caso a otro de Iguala que nada tenía que ver uno con el otro.
Informó que como consecuencia quienes llevaban el caso de Iguala no tenían conocimiento del hallazgo de cuerpos en Leonardo Bravo. El cuerpo lo entregaron pero los médicos de la PGR que autorizaron su salida no quisieron entregar el certificado de defunción a sus familiares.
Agregó que agentes de la PGR dijeron a los familiares que no estaban seguros de que José Luis estuviera muerto, debido a que no se encontraron todas las partes de su cuerpo, y denunció que esa fue otra irregularidad, pues cuando fueron hallados los primeros 20 cuerpos en la barranca de El Naranjo, el 15 de diciembre de 2015, el Ministerio Público no pudo rescatarlos el mismo día y se retiró sin dejar seguridad para su resguardo.
Añadió que al día siguiente que las autoridaes regresaron con el equipo necesario para el levantamiento de los cuerpos los encontraron incinerados, algunos seguían consumiéndose.
“Un día antes abandonaron los cuerpos que estaban todavía reconocibles, y como fue un operativo grande de policías federales y elementos de la Marina solamente calentaron la zona, por eso cuando se retiraron fueron a quemar los cadáveres”.
Informó que del cuerpo de José Luis solamente se encontraron enteras las piernas “y se recibió el cuerpo porque uno de sus familiares lo identificó bien, y dijo que efectivamente los restos eran los de José Luis, pero en realidad los peritos no realizaron un trabajo como debía de ser”, reprochó.
Dijo que son muchas las irregularidades del gobierno con las víctimas y sus familiares, “a pesar de que hay protocolos para tratar los cadáveres nadie los aplica, y se siguen cometiendo irregularidades”.
Añadió que estas irregularidades son la causa de que se retarde la identificación de los cuerpos. Por ejemplo dijo que de los 70 cadáveres que fueron hallados y rescatados a finales del 2015 y en el transcurso del 2016 cerca de El Naranjo, solamente han sido identificados cuatro, tres que reclamaron otros colectivos y el de José Luis, cuyos familiares participan en el Colectivo Chilpancingo.
Los restos humanos que resultaron de 70 personas fueron rescatados en tres ocasiones, la primera vez fue en diciembre de 2015, la segunda en enero de 2016 y la tercera en septiembre del 2016.
En Chilapa nadie está exento de sufrir una desgracia, porque hay una total impunidad, afirmó el coordinador del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
Calculó que en la región hay mínimo 500 niños desamparados, desde primaria a nivel medio superior, como consecuencia de los homicidios o desapariciones de sus padres.
José Díaz acudió a Chilapa este lunes y martes, bajo resguardo de cuatro patrullas de la Policía Federal. Durante su estancia, organizó junto con integrantes del colectivo las actividades para recordar la desaparición de 14 personas, la mayoría jóvenes, del 9 al 14 de mayo de 2015.
Consultado el lunes por la mañana, informó que los próximos días 8 y 9 de mayo se realizará un foro nacional, donde está confirmada la participación del primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez.
Se prepara, dijo, una ponencia sobre la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
Del 10 al 14 de mayo organizarán una búsqueda de campo, en lugares donde tienen indicios de que existen fosas clandestinas.
También se dará a conocer un diagnóstico general, a tres años de la creación del colectivo.
A pregunta sobre la situación de los niños desamparados por la violencia, respondió que hace más de un año tenían un registro de 110, pero que no se le ha dado seguimiento por la movilidad de los familiares de las víctimas.
En la actualidad, calculó, habrá en Chilapa, Zitlala y municipios colindantes, unos 500 menores desamparados, la mayoría estudiando desde la primaria a nivel medio superior.
Consultado sobre el homicidio de dos policías municipales, cuyos cuerpos fueron hallados este lunes por la tarde, el profesor José Díaz lamentó que en un mes hayan ocurrido cuatro casos de asesinatos contra preventivos y lo achacó a la impunidad.
“Nadie está exento de lo que le pueda pasar porque no hay investigación, sanción ni justicia. Hay una total impunidad”.
Dijo que desde la creación de Siempre Vivos han buscado la justicia, conocer la verdad de los distintos casos y la reparación del daño, sin lograrlo.
Como parte de sus actividades para restaurar el tejido social y fortalecer a las familias que han vivido la desaparición de alguno de sus integrantes, el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala celebró a 176 niños que han sufrido la pérdida de uno o sus dos padres, así como a 250 mujeres que en su mayoría sufrieron la desaparición de sus esposos.
Durante la mañana de este martes, en el terreno destinado para lo que será la Ciudad Víctima, familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos se reunieron para tener su asamblea, que ahora realizan los martes cada 15 días, y ya no cada semana, como era una tradición desde su surgimiento.
En la asamblea, la secretaria del colectivo, Adriana Bahena Cruz, acompañada del presidente, Joel Díaz Díaz, dio a conocer que hasta este 1 de mayo suman 39 cuerpos que han sido identificados y entregados por la PGR a sus familiares. El jueves pasado fue entregado el más reciente.
A pesar de que han pasado muchos años desde las desapariciones de sus familiares, las personas siguen con el miedo de dar a conocer sus testimonios, y sólo reciben los restos de sus familiares para nuevamente sepultarlos, pero ahora de manera legal.
A diferencia de otras ocasiones, el día fue para pasar una mañana amena, pues el comité del colectivo, con la ayuda de autoridades municipales, la Universidad Iberoamericana y la Procuraduría General de la República (PGR) celebraron a los niños y las mamás por su día.
Bahena Cruz precisó que de acuerdo con sus registros, hay 176 niños que son hijos de desaparecidos. Algunos de ellos son huérfanos de padre, otros de madre y unos pocos no tienen ni a uno ni otro y viven con sus abuelos.
En el caso de las mujeres, tienen un padrón de 250, en su mayoría esposas de hombres jóvenes que han sido desaparecidos entre 2010 y 2017. Otras más son madres de estos desaparecidos, que forman la estadística de más de 500 víctimas de desaparición con la que cuenta sólo el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Este martes se vio felicidad entre los niños rompiendo piñatas y algún juguete que, aunque austero, fue donado por estudiantes de la Universidad Iberoamericana. En el caso de las mujeres del colectivo, sólo algunas fueron las afortunadas de llevarse uno de los 10 obsequios que fueron donados por autoridades locales y que fueron sorteados.
En una actividad, realizada por los psicólogos de la PGR, se colocó un mural, en el que las madres de desaparecidos escribieron emotivos mensajes de cariño para sus hijos.
En declaraciones hechas, Bahena Cruz dijo que en una de las cosas que han insistido como colectivo, y en lo que han trabajado mucho, es en la restauración del tejido social, lo cual impulsan desde adentro de la asociación con actividades como la celebrada este martes.
Señaló que una de las cosas que han tratado de fomentar es fortalecer a todas las compañeras del colectivo, por todos los sucesos que han vivido, que al igual que ella, tienen desaparecido a su esposo, algún hijo o un hermano.
“Siempre hemos querido trabajar y sabemos que el cambio se va a provocar trabajando en la restauración del tejido social. Ahorita estamos trabajando al interior de la asociación, pero si queremos hacerlo hacia afuera, una de las partes fundamentales es despertar en nuestra gente que el dolor no te tiene que limitar, sino impulsar para ayudar a otros para que no vivan lo que nosotros vivimos”.
